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EN un Estado de Derecho, lo lógico y natural es cumplir y hacer cumplir las leyes y las resoluciones judiciales. Así ha ocurrido en el barrio barcelonés de Gracia, donde —en ejecución de la orden dictada por la Audiencia Nacional— los Mossos y la Guardia Urbana han actuado con eficacia para impedir el homenaje organizado por grupos radicales a la terrorista Laura Riera. Cuando cada uno hace lo que debe, las cosas funcionan de forma razonable: el fiscal solicitó la suspensión del acto, el juez Pablo Ruz la acordó con argumentos bien fundados y las fuerzas de seguridad ejercieron sus funciones en los términos legalmente establecidos. En efecto, impedir la concentración de los grupos antisistema —que ayer todavía pretendían reclamar la libertad del único detenido— era la fórmula más adecuada para que no se produjera un acto de enaltecimiento del terrorismo y para permitir a los ciudadanos disfrutar de las fiestas de su barrio en paz y libertad.
Lo sucedido estos días en la capital catalana debería mover a una seria reflexión a las autoridades autonómicas y municipales. El presidente José Montilla estuvo muy desafortunado con su afirmación de que «no le constaba» la existencia de tal homenaje a la activista de ETA, cuando todo el mundo sabía que estaba en marcha. A su vez, el alcalde Jordi Hereu se lavó las manos hasta el último momento, dejando toda la responsabilidad en manos del juez y adoptando una postura de inaceptable «neutralidad». Hay que dejar de lado extraños complejos y ejercer la autoridad democrática con absoluta normalidad y al servicio del Estado de derecho, que no puede ser alterado por la imposición de grupos antisistema. Menos mal que al final cada cual estuvo en su sitio, la ley se aplicó con absoluta normalidad y, sobre todo, se impuso el sentido común.
ABC - Editorial
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