La tumba de Zapatero no será la crisis, será Montilla. Por Federico Quevedo

Y no se imaginan lo que me alegra que eso sea así porque de alguna manera significará volver a poner las cosas en su sitio. Prácticamente toda la estrategia política de Rodríguez ha estado dirigida a consolidar el granero socialista catalán, que es el que le dio la victoria en 2004 -junto a Andalucía- y, sobre todo, en 2008 cuando el PP, pese a tener el mejor resultado electoral de su historia, no consiguió arrebatarle el poder porque en aquella circunscripción se produjo un resultado radicalmente distinto al del resto de España. Ese año, ni siquiera Andalucía hubiera salvado a Rodríguez de la derrota si no llega a ser por los 20 escaños de diferencia que se contabilizaron entre las cuatro provincias catalanas.

La Hoja de Ruta ya venía de atrás, del Pacto del Tinell y la conjura antidemocrática contra la derecha, y exigía la ruptura de los consensos de la Transición porque para poder consolidar ese granero de votos el socialismo necesitaba aliarse con el nacionalismo. El experimento se intentó trasladar a Galicia y País Vasco, pero con resultados mucho menos satisfactorios, cuando no totalmente contrarios a lo que se pretendía en ambos casos. Por eso todos los esfuerzos se centran en Cataluña, y de ahí la razón de todo lo que estamos viviendo y del hecho de que ayer el presidente del Gobierno y su partido miraran para otro lado mientras en el Parlamento Catalán se perpetraba una de las mayores afrentas a la libertad que se recuerden en este país desde tiempos del franquismo.

No les quepa ninguna duda: prohibir la fiesta de los toros es exactamente igual a la prohibición de hablar catalán que, según dicen los nacionalistas -yo no tengo comprobado que fuera así-, regía durante la dictadura. Lo que se hizo ayer en Cataluña fue instalar definitivamente un régimen fascista y prohibicionista, y eso es independiente de que haya gente que le gusten los toros más o menos, porque de lo que estamos hablando no es de una cuestión relativa al maltrato animal, sino que de lo que estamos hablando es de una cuestión que afecta, por un lado, a la libertad y, por otro, al conflicto que algunos quieren hacer valer entre Cataluña y el resto de España.

Atrapado en su propia trampa

Esto es lo que pasa cuando las cosas se llevan al extremo, que es lo que está haciendo Rodríguez para intentar salvar los muebles. Atrapado en la espiral de radicalismo en la que le ha metido el presidente catalán, José Montilla, ayer permitió que los diputados de su grupo parlamentario en el Parlamento regional votaran a favor de una ley prohibicionista de graves consecuencias, en primer lugar porque afrenta la libertad individual y colectiva, en segundo lugar porque busca el enfrentamiento civil y en tercer lugar porque supone un ataque sin precedentes a los usos y costumbres que nos son propios y que conforman nuestras señas de identidad como pueblo. La realidad es que la de ayer no fue una victoria de los defensores de los derechos de los animales, sino que fue una victoria del nacionalismo más radical que contó con la complacencia de Rodríguez Zapatero.

Porque, independientemente de la naturaleza jurídica que una al PSC con el PSOE, lo cierto es que forman parte de un mismo todo sobre el que manda, como secretario general, el presidente del Gobierno, luego éste tenía en su mano haber impuesto, de haber querido, una votación disciplinaria como la que impuso, por ejemplo, para la Ley del Aborto que, sin duda, crea muchos más problemas de conciencia que ésta. Al menos a mí no me parece lo mismo matar a un toro que matar a un niño… Creo.

Todo esto lo que está haciendo es presentar ante la opinión pública a un Rodríguez Zapatero atrapado en su propia trampa hasta el punto de que él, como presidente del Gobierno de España, es quien está trabajando activamente en contra de todo lo que nos une como país y, aunque tarde, parece que una buena parte de la sociedad catalana se ha dado cuenta de que Rodríguez les está conduciendo a un abismo del que van a tener difícil salida. Es bastante dudoso que la mayoría de la sociedad catalana esté de acuerdo con la prohibición de los toros, porque entre otras cosas les va a pasar a los catalanes lo que ya nos ocurría a los españoles durante el franquismo: que teníamos que emigrar a Francia para ver determinadas películas que estaban prohibidas en España. Esas son las consecuencias de un política dirigista que asfixia los escasos espacios de libertad que les quedan a los catalanes.

Y esa es la razón por la que en las próximas elecciones catalanas el tripartito va a sufrir una severa derrota, y sino al tiempo. Y es también la razón por la que, lejos de conseguir lo que ansiaba desde el principio, Rodríguez ha estrujado tanto a aquella sociedad que ahora le rechaza y le va a hacer perder las próximas elecciones generales. Y como en el resto de España la brecha con el PP ya es demoledora, el hundimiento de sus expectativas electorales en Cataluña va a darle la puntilla llevando a su partido a un resultado que no se esperan. Y si, obligado por el chantaje de Montilla y la factura que todavía tiene que pagar con el nacionalismo catalán, en el Parlamento Nacional vota en contra de la propuesta de Ley que va a presentar el PP para devolver a la Fiesta Nacional el espacio que se le ha cerrado por culpa de unos cuantos políticos míopes y totalitarios, entonces es más que probable que esa brecha vaya en aumento, porque si algo le está quedando claro al todo el país es que Rodríguez ya no es un político libre ni autónomo, sino que es una marioneta que en lo económico actúa movido por los hilos de sus socios europeos, y en lo político lo hace al son que le tocan los nacionalismos más radicales. Y esa imagen no es que le perjudique, es que es la pala que está cavando su tumba política.

El Confidencial - Opinión

Cataluña. Y ahora las veguerías. Por José García Domínguez

La inexcusable marabunta de asesores áulicos. Ujieres, chóferes, secretarios, palmeros, jefes de área, departamentos mil. Siempre múltiplos de siete. Por fin, seremos una nación. De chupatintas, claro.

Tras larga y atormentada espera, al fin, los catalanes podrán disfrutar de ese matasellos administrativo que, generación tras generación, habían soñado recuperar sus ancestros: el de las veguerías del siglo XII (después de Cristo). Así, disponían ya de las preceptivas subdelegaciones del Gobierno en cada una de las cuatro provincias de la demarcación. Como todo hijo de vecino, también estaban surtidos de las correspondientes diputaciones. Generoso en extremo, el Parlamento doméstico igual los había premiado con cuarenta y un consejos comarcales. De antiguo gozan, pues, de los impagables saberes de varios centenares de consejeros de las dichas comarcas, todos cargos políticos, amén de los presidentes, vicepresidentes y la consiguiente legión de funcionarios sujetos a su arbitrio.

Por lo demás, cuantos sobrevivimos en Barcelona y su perímetro de influencia acabamos de recuperar otro negociado, la llamada Área Metropolitana; suprema conquista que nos permitirá sufragar noventa aconsejadores sobrevenidos, los que habrán de facturar dietas, condumios y demás gastos de representación a ese nuevo ente. Al tiempo, tan perentorio organismo transmunicipal se dotará de una junta de gobierno que, tal como prevé la ley que lo alumbró, estará integrada por sólo treinta miembros; a pan y cuchillo, huelga decir. Añádase a ese envidiable privilegio el de contar, además, con las prestaciones de los doscientos mil empleados a sueldo de la Generalidad, a su vez esparcidos por las nominadas delegaciones territoriales.

Para mayor deleite, repárese en los innúmeros servidores de los 946 excelentísimos ayuntamientos que componen la ínsula Barataria de Don José. Podrá entonces el lector formarse una idea aproximada del indecible dolor con que los catalanes sufrían en silencio la falta de unas cuantas veguerías. Mas la angustiosa espera está a punto de concluir. Apenas resta que Zapatero, fiel a su hondo sentir catalanista, fabrique siete provincias en el BOE, las imprescindibles con tal de dotar de coartada legal a la criatura. Quién nos vera presumir entonces ante el resto de España. Siete flamantes virgueros, vagueros, o como se llamen los barandas del asunto. 184, que ya los han contado, consejeros de veguería. Siete parques móviles, of course. Siete jefes de protocolo. La inexcusable marabunta de asesores áulicos. Ujieres, chóferes, secretarios, palmeros, jefes de área, departamentos mil. Siempre múltiplos de siete. Por fin, seremos una nación. De chupatintas, claro.

Libertad Digital - Opinión

La lógica del mercado

Ganan la economía de mercado y el interés legítimo de compradores y vendedores frente a ciertas tentaciones intervencionistas poco justificadas en esta época de globalización.

POR fin se han impuesto la lógica del mercado y el sentido común. Telefónica consigue su objetivo de hacerse con el control de Vivo después de una dura negociación, pagando 7.500 millones de euros a Portugal Telecom y superando el veto fuera de lugar interpuesto por el Gobierno portugués. El Ejecutivo que preside el socialista José Sócrates ha optado por desbloquear una operación aprobada por los accionistas y avalada por las instituciones comunitarias, en particular tras la última sentencia del Tribunal de Luxemburgo en contra de la llamada «acción de oro». Telefónica se convierte ahora en líder del mercado brasileño de telecomunicaciones y se sitúa en posición muy ventajosa en un país emergente llamado a un creciente protagonismo político y económico. La empresa que preside César Alierta da un nuevo paso para colocarse en primera fila a escala internacional, como consecuencia de una gestión brillante capaz de conjugar la ambición con la prudencia.

De hecho, la multinacional española ha llevado con tacto y buen sentido esta negociación hasta conseguir el resultado deseado, evitando incluso la incómoda sensación de que existen vencedores y vencidos. En todo caso, ganan la economía de mercado y el interés legítimo de compradores y vendedores frente a ciertas tentaciones intervencionistas poco justificadas en esta época de globalización. En cambio, el Ejecutivo español ha mostrado una actitud excesivamente tibia a la hora de defender la postura de Telefónica, amparada por las reglas del juego de la UE. Hemos llegado a un final feliz que los accionistas de las empresas y los mercados bursátiles saben valorar como merecen. A partir de ahora, será cada vez más difícil poner trabas a la libre competencia.

ABC - Editorial

Blindar la libertad

Como estaba previsto después de que el PSC concediera libertad de voto para la sesión, el Parlamento catalán aprobó ayer, con 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones, prohibir las corridas de toros en esa comunidad a partir del 1 de enero de 2012. La brecha fue de 13 votos, cinco más que los ocho de diferencia que hubo en diciembre cuando se votó y aprobó la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular, impulsada por la izquierda de ERC e ICV. El apoyo mayoritario de CiU y de su líder, Artur Mas, así como la fractura dentro del PSC y el Gobierno, con tres diputados que respaldaron la abolición (Josep Maria Balcells, Antoni Comín y Núria Carreras) y otros tres que se abstuvieron (el consejero Antoni Castells, Joan Ferran y Rosa Maria Ferrer), dieron la puntilla a los toros en Cataluña. El pleno representó para una comunidad autónoma, históricamente faro de libertades, un retroceso en tolerancia y pluralismo. Esa mayoría parlamentaria, que recogió el sentir de 180.000 ciudadanos de una población de varios millones, cercenó libertades individuales y pasó por encima del más básico respeto a la gente. El académico y poeta Pere Gimferrer lo definió en LA RAZÓN unas horas antes como «la más grave agresión cultural desde la Transición».

La tramitación en el Parlamento regional demostró que no era un debate animalista, sino una estrategia identitaria, con el propósito de acentuar el diferencial con España, y qué mejor símbolo que erradicar la Fiesta Nacional. Por no hablar de la doble moral que ha permitido a los nacionalistas jalear al mismo tiempo las fiestas de los «corre bous», donde los pitones de los astados se convierten en antorchas durante horas.

Los toros tienen un valor artístico, cultural y social indiscutible, y, desde este punto de vista, la decisión de la Cámara autonómica supone una pérdida irreparable. Pero Cataluña tendrá además que soportar la factura de una industria , unos puestos de trabajo y unos intereses arruinados, así como los efectos sobre el turismo y el comercio para una comunidad que corre el peligro de generar antipatía en el resto del país por la miopía de parte de sus dirigentes.

Decíamos ayer que la clase política y la sociedad civil no podían resignarse ante este ataque a la libertad y que existían respuestas parlamentarias en las Cortes Generales para reconducir el despropósito. Celebramos que Mariano Rajoy hiciera ayer suya la propuesta de blindar las corridas de toros con una declaración de Interés Cultural General y una moción «en defensa de la libertad». En coherencia con sus planteamientos en el debate, el Gobierno y el PSOE deben compartir un acto de justicia que responde al interés de una inmensa mayoría de los españoles. Sería muy positivo que los dos grupos mayoritarios dejaran fuera del debate partidista un asunto en el que, por lo demás, hasta el propio José Montilla ha estado de acuerdo. La opinión pública no entendería vacilaciones ni tacticismos. No se puede consentir sin más que triunfen iniciativas que fomentan una Cataluña uniforme, una Cataluña oficial, una Cataluña políticamente correcta que ahoga a la Cataluña real, la de los ciudadanos.

La Razón - Editorial

Menos España es menos libertad, también en los toros

Debería haber sido la conciencia y la sensibilidad de cada ciudadano, y no unos pocos diputados que actúan según sus propios intereses, las que deberían respaldar o rechazar el espectáculo de los toros.

Con 68 votos a favor, 55 en contra, 9 abstenciones y tres ausencias, el Parlamento catalán ha prohibido finalmente la celebración, a partir de 2012, de las corridas de toros en dicha comunidad autónoma. Aunque con esta prohibición se ponga fin a siglos de historia en una región que en otros tiempos fue cuna y referencia mundial de la fiesta de los toros, no estamos únicamente ante una agresión a la cultura catalana, tal y como han denunciado, entre otros, no pocos artistas e intelectuales catalanes. A lo que hemos asistido, sobre todo, es a una agresión contra la libertad individual de los ciudadanos y a un atentado contra la diversidad y pluralidad de Cataluña, donde, como en el resto de España, hay gente a la que les desagrada y gente a la que les gusta la fiesta de los toros.

Aunque este atentado a la libertad individual de los catalanes haya utilizado de excusa la causa de la defensa de los animales, lo cierto es que su objetivo no es otro que erradicar de la realidad catalana todo aquello que la una y la asemeje al resto de España.

Al margen del disparate que supone considerar al animal como si de un ser humano se tratara, si de verdad esta legislación prohibicionista estuviera motivada por los maltratos a los animales, también habría sido menester erradicar de Cataluña la práctica de la caza y la pesca deportiva, los célebres correbous, o la fabricación y el consumo de foie, por poner sólo unos ejemplos. Y es que la defensa de los animales tiene tan poco que ver con esta prohibición como lo tuvo que ver con la desaparición del Toro de Osborne de las carreteras de Cataluña. Es tan solo una excusa como lo ha sido la seguridad en el tráfico para justificar la reciente pretensión de algunos nacionalistas de multar a los taxistas que lucieron en sus vehículos banderas españolas tras la victoria de la selección de fútbol en el Mundial.

De lo que se trata a la hora de prohibir este espectáculo, al que el toro de lidia debe su supervivencia como especie, es de defender el delirante y agresivo "hecho diferencial" nacionalista que convierte en disidentes o en anómalos a todos los que no comparten ese homogéneo molde identitario. Y frente a esa pulsión identitaria poco importa sacrificar la libertad individual o el empobrecimiento económico y cultural de los catalanes.

Al margen de que ninguna iniciativa ciudadana ni ningún programa de partido debería tener legitimidad para pretender cercenar libertades individuales, esta ley prohibicionista no sólo supone una falta de respeto a la minoría, sino que ha sido votada, además, por los diputados de CiU y del PSOE que lo hacían, no en defensa de un programa y en representación de los ciudadanos, sino con libertad de voto, en función de su "conciencia" y "sensibilidad". Una libertad de conciencia y de sensibilidad que, por cierto, no se ha concedido recientemente con respecto a la ley del aborto, cuando lo que estaba en juego era la protección de la vida de los seres humanos en el seno materno.

Lo cierto es que debería haber sido la conciencia y la sensibilidad de cada ciudadano, y no unos pocos diputados que actúan según sus propios intereses, las que deberían respaldar o rechazar el espectáculo de los toros.

Aun así, a nadie debería sorprenderle esta deriva liberticida que algunos ya denunciaron estérilmente hace décadas cuando se comenzó a prohibir en Cataluña la enseñanza en castellano, lengua propia de más de la mitad de los catalanes. Y es que la tarea de erradicar de Cataluña todo lo que la asemeja con el resto de España está abocada indefectiblemente a cercenar no pocas de sus libertades.

Libertad Digital - Editorial

Despropósito consumado

La indolencia del Gobierno ante la campaña antitaurina catalana ha sido una muestra más de su incapacidad para actuar como una institución orientada a vertebrar y cohesionar el país.

SEGÚN lo previsto, el Parlamento catalán aprobó ayer la prohibición de las corridas de toros a partir de 2012. La mayoría parlamentaria a favor de la iniciativa prohibicionista se vio reforzada definitivamente con la libertad de voto que dio el Grupo Socialista a sus diputados. Aunque su opción fue mayoritariamente en contra de la abolición, las abstenciones y los votos favorables debilitaron cualquier posibilidad de mantener la Fiesta en Cataluña. Esta opción por la libertad de voto, aplicada normalmente a cuestiones graves de conciencia, ha sido un lavado de manos del PSC para no fijar un criterio único ante lo que ha constituido un desafuero contra la cultura, la historia y la tradición taurina de Cataluña. Y es, además, una hipocresía insuperable, porque tergiversa el respeto a la conciencia, aplicándolo a una fiesta multisecular, regulada administrativamente y con una proyección universal, y lo niega a cuestiones esenciales, como la instauración del aborto libre —es decir, de la impunidad de decenas de miles de muertes de seres humanos al año—, al que no ha llegado la extrema sensibilidad naturista de los antitaurinos catalanes. El ejemplo de la prohibición en Canarias, hace diecinueve años, es impertinente, porque en esta comunidad no había tradición taurina, ni se aprobó una norma específica contra las corridas de toros.

Esta prohibición antitaurina es otra muesca que puede hacer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la lista de prohibiciones y restricciones impuestas a la sociedad española durante sus mandatos. La agenda social de la izquierda, empeñada en crear una sociedad a la medida de sus prejuicios, se está cumpliendo sin concesiones. Por otro lado, la indolencia del Ejecutivo central ante la campaña para la eliminación de las corridas de toros en Cataluña ha sido una muestra más de su incapacidad para actuar como una institución orientada a vertebrar y cohesionar el país. Aquel Zapatero que llegó al poder para calmar las crispaciones y las separaciones provocadas por los Gobiernos del Partido Popular es hoy una fuente de problemas para los ciudadanos y de tensiones para los territorios. El PP ha anunciado que presentará en el Congreso una proposición de ley para declarar las corridas de toros como fiesta de interés general, lo que trasladaría al Parlamento y al Gobierno nacionales la competencia para decidir sobre los espectáculos taurinos. Por tanto, el PSOE tendrá que retratarse ante un asunto que, para muchos millones de españoles, con argumentos más o menos apropiados, es una prueba de la indefensión en la que el socialismo ha dejado la idea nacional de España.

ABC - Editorial

Acosando a Al Qaida. Por Gabriel Albiac

No todos los Estados son iguales. Los hay que invierten en hacer que ningún acto terrorista salga gratis.

MICHEL Germaneau fue decapitado anteayer por los islamistas de Al-Qaida en el Maghreb. Ayer mismo, Nicolas Sarkozy declaró solemnemente que los asesinos no quedarán impunes. Ni en Mauritania, ni en Malí. Dichas por un Zapatero, palabras así hubieran provocado un sofocón de risa a los mártires de Alá. Que tienen la fea costumbre de estar bastante informados de lo que pasa en territorio enemigo. Y de saber cuál diferencia marca el riesgo de asesinar a un ciudadano de un país cuyo Estado defiende a sus contribuyentes y un Estado para el cual los contribuyentes son cajeros automáticos a cuya costa financiar la alianza de las civilizaciones, esto es, las armas y munición —espiritual como física— con que Al-Qaida ejecuta.

Moratinos, claro está, ha declarado lo de siempre: ¿y qué otra cosa puede hacer, el pobre? Que eso de matar rehenes es cosa que nuestros civilizatorios aliados sólo harán con los franceses, cuyo Gobierno se empecina en la fea costumbre utilizar a su ejército y sus servicios de inteligencia para combatir, en vez de plegarse al ejemplo humanitario de los nuestros: «antes morir que matar», Bono dixit. Sarkozy no sabe de eso. Ni su primer ministro, que anunció, tras el crimen, cómo «la lucha contra el terrorismo continuaría…, para acosar a los asesinos y llevarlos ante los jueces». ¿Se imagina alguien a Zapatero o Moratinos —de la señora Chacón, mejor ni hablo— dictando órdenes para que el ejército español «acose» a humanitarios guerreros de Al-Qaida? No, por Dios. Sería un inmoral sabotaje islamófobo contra la angélica alianza de las civilizaciones.

¿Retóricas diferentes? Puede. Pero también otra cosa. En la prisión de Poissy se pudre Ilich Ramírez Sánchez. Se pudrirá de por vida, por más que el colega Hugo Chávez se desgañite en Caracas exigiendo a Francia la libertad de su guerrillero heroico. No hay riesgo de que a Chávez nadie se lo tome en serio: esas cosas quedan sólo para la humillada diplomacia de la España socialista. Ilich Ramírez Sánchez fue, durante veintiún años, más conocido por su alias como jefe de operaciones exteriores del FPLP palestino: Carlos. Aunque la prensa francesa lo apodó «el Chacal», tras el asesinato en 1975 de dos policías en París. Diecinueve años después, el héroe de Chávez entraba en el quirófano de Jartum para una cirugía estética que garantizase su cambio de identidad. Era el 14 de agosto de 1994. Cuando salió de la anestesia, se encontró en París. Ni el mejor penalista de Francia —y también el más caro— pudo salvarlo de lo inexorable. Para el asesinato con premeditación, el código francés prevé cadena perpetua. Esa que fue dictada contra Ramírez Sánchez. Esa que cumplirá, hasta el último de sus días, el guevariano reciclado en islamista. Sin redención posible de pena.

No, no todos los Estados son iguales. Los hay que apuestan por socorrer a quien tortura y mata a ciudadanos propios que pagan sus impuestos. Los hay que, en la paciencia y el tiempo largo que es el de los servicios de inteligencia, invierten el dinero de los ciudadanos en defenderlos de místicos matarifes. Lo que es lo mismo, en hacer —con la ley por delante— que ningún acto terrorista salga gratis. Ninguno. Que cada cuál elija cuál Estado prefiere.

ABC - Opinión

Cataluña. De vuelta a la aldea. Por Agapito Maestre

Yo, por supuesto, no quiero saber nada de esta chusma en este día de verano. Creo que lo mejor que podría hacerse con este personal es concederles la "independencia".

Cataluña es una pequeña dictadura. Los "ciudadanos" gozan de menos libertades que en el resto de España. Por eso, precisamente, sus politicastros proponen constantemente "normas" para restringir las libertades individuales y derechos subjetivos. La voluntad prohibicionista es propia de estas pequeñas dictaduras. Se trata de prohibir, prohibir y prohibir a cualquier precio con tal de que los ciudadanos se conviertan en súbditos.

Por ejemplo, estos días los politicastros de la zona deciden, con más pena que gloria, si prohíben o no que un arte grandioso, la fiesta de los toros, pueda ser contemplada por quien así lo desee. El resultado de esta votación no me interesa. Sólo plantear el asunto dice mucho sobre quiénes son y de qué va esta gente. No son nada; porque nada es, desde el punto de vista moral, quien actúa y vive determinado por el resentimiento, es decir, el odio a todo lo grande y excelente. El odio a España, por suerte para ellos, es lo que les da vida. ¿Qué sería de esta gente sin España? Nada. El resentimiento secesionista lleva al abismo.

Pero no nos pongamos solemnes para hablar de esta gente. Son pobres aldeanos; seres incultos, incapaces de sobrevivir fuera de su terruño, que incluso desconocen las raíces de su aldea. Cataluña sin toros apenas es nada. Imposible hallar un arte relevante, por ejemplo, pintura y literatura, que no esté "imbuido" e influido de una u otra forma por esa fiesta ancestral que se ha mantenido por puro milagro. Pero, ya digo, no escribamos de política ni de arte, y trasladémonos de lo solemne a lo cotidiano. Contemplemos cómo un español de Cataluña, un genuino catalán, cruza por el azul de España, cómo va, incesable, su imaginación hacia la inteligencia. Leamos, sí, las declaraciones de Albert Boadella a la pregunta: ¿Qué se pierde si desaparecen los toros en Cataluña? "El arte más importante del mundo occidental. Prefiero una buena corrida antes que la mejor obra de Shakespeare".

Después de ese juicio estético, quién tiene ganas de hablar con esos aldeanos de un parlamento regional. Yo, por supuesto, no quiero saber nada de esta chusma en este día de verano. Creo que lo mejor que podría hacerse con este personal es concederles la "independencia", sí, uno a uno, y pagando al resto de los españoles todo lo que les hemos costeado. ¡Cuándo llegara el día, ay, que alguien sensato mande a esta gente una temporada a otras tierras para que sientan la suya de verdad! Ya lo dijo Caro Baroja: el nacionalismo se cura viajando.

Libertad Digital - Opinión

La batalla de Madrid. Por M. Martín Ferrand

Lo de Zapatero en Madrid cursa con valores de síntoma de las muchas tensiones internas que vive el PSOE.

MADRID es, para José Luis Rodríguez Zapatero, igual que Barcelona para Mariano Rajoy: un imposible electoral. Aun sabiendo que, en política, todos los imposibles terminan sucediendo, los dos lideres saben también que esas son piedras angulares fundamentales para fortalecer sus edificios de poder. A corto plazo, peor lo tiene Rajoy en Barcelona que Zapatero en Madrid. Con mayor distanciamiento temporal, a la espera de la escisión del PSC del todo socialista español, pueden invertirse los supuestos; pero esas cosas de la política ficción son más válidas para meditarlas a la sombra, en las siestas del verano, que para sustentar un análisis político de fundamento.

Lo de Zapatero en Madrid cursa con valores de síntoma de las muchas tensiones internas que vive el PSOE. Con el número uno de la formación dedicado a la presidencia del Gobierno y a la búsqueda de la grandeza intergaláctica y con el dos entregado a Fomento y sus recortes, es mucho pollo el que le queda para digerir a la número tres, Leire Pajín, más voluntariosa que profunda, menos prudente que ambiciosa e igual de inconsistente que faltona. El Partido Socialista de Madrid siempre, desde Pablo Iglesias, ha sido un problema para el PSOE en función de la fuerza y notoriedad de sus más destacados militantes. Justo lo contrario de lo que ahora ocurre. A los sabios de Ferraz les parece poca la entidad y escasa la potencialidad de Tomás Gómez, secretario general por elección del PSM y teórico aspirante a disputarle a Esperanza Aguirre la presidencia de la Comunidad y, con escaso respeto a sus bases, han desatado el mangoneo para ningunearle y aparcarle en vía muerta. La práctica de la democracia interna en los partidos es una de las grandes carencias de nuestro momento político y de ella brota y crece la mala calidad democrática que, como una enredadera, crece por todo el edificio institucional.

Uno de los rumores más afianzados en los mentideros capitalinos de sonsonete socialista señala la pretensión de la cúpula del PSOE de colocar a la actual ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, como cabeza de lista para la Autonomía de Madrid y de ahí las tensiones y maniobras, algunas impresentables, con las que se trata de disuadir a Gómez, un «numantino» a decir de Zapatero. Sólo una pregunta: ¿se merece Madrid una desertora? Cuando la candidata Jiménez aspiraba a la Alcaldía de Madrid y no salió elegida, lejos de cumplir con su compromiso representativo, se dio a la fuga. Aunque la memoria y los antecedentes parezcan descorteses en nuestra práctica política, conviene recordar que no estamos en un conventillo.

ABC - Opinión

Stress test. La farsa bancaria continúa. Por Manuel Llamas

Corrigiendo algo a la baja las previsiones macroeconómicas de los stress test, un total de 54 entidades suspenderían el examen de solvencia (el 60% de los bancos analizados), con un déficit acumulado de capital de hasta 75.000 millones de euros.

El pasado sábado toda la prensa generalista española, con independencia de su tendencia ideológica, coincidió en destacar los buenísimos resultados obtenidos por la banca española en los stress test (pruebas de resistencia) efectuados a las grandes entidades financieras europeas. Daba pena, por no decir sonrojo, leer los titulares publicados al unísono por todos los grandes medios de comunicación. Cualquiera que se hubiera acercado aquel día a un quiosco habría concluido, a la vista de las portadas expuestas, que nuestro sistema financiero es sólido y solvente como una roca. Sin duda, un día negro y aciago para la prensa nacional.

El engaño perpetrado por las autoridades públicas, con la inestimable ayuda de periódicos y telediarios, ha sido bochornoso. La realidad dista mucho de esos mensajes de optimismo y autocomplacencia. Por desgracia, tal y como temíamos, la farsa de los stress test se ha llevado a término. Tan sólo siete entidades –cinco españolas– de las 91 analizadas no han superado las pruebas de solvencia bancaria, y apenas precisarán de una inyección extra de 3.500 millones de euros para restaurar su falta de capital en caso de que se materialice el peor escenario contemplado en dichos test. La cuantía del rescate supone, simplemente, un insulto a la inteligencia.

En primer lugar, los bancos y cajas españoles parten de una tasa irreal de morosidad y cobertura para hacer frente a las pérdidas derivadas de los impagos crediticios. El nivel de créditos dudosos que acumula el sistema no es del 5,5% sino muy superior, próximo al 8% de media. Además, los stress test, si bien contemplan un cierto descuento en los bonos soberanos, éste tan sólo se aplica a la deuda pública que las entidades europeas pretenden vender a corto plazo (apenas 108.000 millones de euros) y no en la que mantienen hasta su vencimiento (cerca de 400.000 millones).

Es decir, las autoridades han descartado por completo la posibilidad de que un Estado miembro de la zona euro suspenda pagos, pese a que la reestructuración de la deuda griega es algo que los mercados dan, prácticamente, por descontado, y el riesgo de que otros países (como España, Portugal o Irlanda) sigan la misma senda no se puede descartar, al menos por el momento. Así, por ejemplo, según Citi, si el descuento que incluyen los stress test se aplicara a toda la deuda pública que los bancos analizados acumulan en sus balances 24 entidades no alcanzarían los límites mínimos de capital establecidos (6% de Tier 1), con lo que suspenderían la prueba. En tal caso, precisarían 15.000 millones de euros para ser rescatados.

Pero vayamos un poco más allá. Incluso dando por buenas las pérdidas estimadas en los stress test, el problema fundamental consiste en que las autoridades han inflado artificialmente los recursos propios de la banca (futuros beneficios y ratios de cobertura) para hacer frente a los impagos, con lo que la necesidad de capital extra será, sin duda, muy superior a la declarada oficialmente. En el caso de España rondaría, como mínimo, los 80.000 millones de euros (la cuantía actual del FROB).

Además, si bien la atención se ha centrado en las entidades suspendidas, apenas se ha tenido en cuenta que otras muchas han aprobado el test por los pelos. Así, Caixa Catalunya, Banca Cívica, CajaSur, España-Duero y Unimm no alcanzarían el Tier 1 del 6%, pero es que Caja Madrid-Bancaja, Banco Pastor, CajaSol, Caja3, Guipuzcuano y Pollença se quedarían por debajo del 6,5% en caso de que se materialice el escenario más adverso de los stress test. Es decir, más de la mitad de las cajas que existen en la actualidad (tras los procesos de fusión de los últimos meses) estarían al borde de la insolvencia.

Por si ello fuera poco, ¿cómo es posible que los reguladores hayan establecido el límite mínimo de capital en el 6% cuando estas mismas autoridades trabajan en la actualidad para elevar el Tier 1 al 8% en el marco de Basilea III? Es decir, han exigido a la banca europea una ratio de solvencia inferior al que pretenden aplicar en el futuro inmediato. ¿Qué pasaría si elevamos el Tier 1 al 8%? El panorama cambia de forma radical: 39 bancos europeos (frente a los 7 anunciados) no superarían las pruebas ya que estarían, oficialmente, descapitalizados; los activos deteriorados ascenderían a la friolera de 2,6 billones de euros (y no a 246.000 millones); y precisarían un capital extra de 30.000 millones frente a los 3.500 declarados en los test del pasado viernes (10 veces más). Y eso, manteniendo intactas las variables y escenarios contemplados en las pruebas.

Por último, los analistas de JP Morgan incluyen en su último análisis algunas de las dudas aquí expuestas, y su conclusión arroja escaso margen para el optimismo: corrigiendo algo a la baja las previsiones macroeconómicas de los stress test (lo cual es más que razonable) un total de 54 entidades suspenderían el examen de solvencia (el 60% de los bancos analizados), con un déficit acumulado de capital de hasta 75.000 millones de euros. En resumen, una broma, una farsa, un engaño... Una vergüenza que, tarde o temprano, será castigada por el mercado.

Libertad Digital - Opinión

Se trata de la libertad. Por Ignacio Camacho

Un intento de desespañolización simbólica que intenta prevalecer sobre el libre albedrío personal.

NO hay nada más cansino que discutir sobre lo evidente. El debate de la fiesta de toros en Cataluña no es un nuevo episodio de la vieja polémica —tan española, por otra parte— de taurinos y antitaurinos sino una vuelta de tuerca del impulso soberanista en el marco de un recorte de libertades. Se trata de un intento de desespañolización simbólica, una maniobra de independentismo virtual, un puyazo a la identidad común, como dice Boadella. Es un pulso político mal disfrazado de buenismo ecologista. La demanda abolicionista ha prosperado hasta el final por el inequívoco carácter de seña cultural española que tiene la lidia en el imaginario colectivo; lo que hoy se va a votar en el Parlamento catalán no es la simple prohibición de un espectáculo más o menos discutido sino la amputación política y social de un rasgo de la identidad de España. Y a ese objetivo han supeditado sus promotores la ultima ratio de la libertad individual de los ciudadanos.

Para forzar ese simulacro de emancipación identitaria, ante el que el Partido Socialista no ha tenido el coraje de plantarse, la nomenclatura política catalana ha permitido un ensayo prohibicionista que intenta prevalecer sobre el albedrío personal. La absurda prioridad de esa clase dirigente desquiciada por sus obsesiones impone una agenda liberticida para eliminar la presencia de un rito universalmente asociado a la cultura española. Para ello se pretende pasar por encima del arraigo popular de la fiesta, de su acervo histórico, de su tradición artística y de su valor económico, y sobre todo laminar la autonomía personal y la capacidad de decisión de cientos de miles de aficionados catalanes.

No me gustan los toros. A lo largo de medio siglo de vida en una tierra tan taurina como Andalucía no habré asistido a más de ocho o diez corridas, y ninguna de ellas ha logrado conmoverme ni provocarme una emoción estética o espiritual relevante. Me aburro. Admiro el valor de los toreros, aprecio la belleza del ceremonial, sus ricos matices sensoriales y su compleja encarnadura expresiva, pero como espectáculo me parece premioso, largo, incómodo y discontinuo. Sospecho que una amplia porción de compatriotas participa de un criterio similar, poco o nada entusiasta de la fiesta, pero a ninguno se nos ha pasado por la cabeza prohibirla, ni limitar a los demás el derecho a disfrutarla, ni despreciar su valor cultural y sociológico, ni mucho menos imponer su desaparición en nombre de ningún fundamentalismo ideológico o moral. Por eso lo último que podíamos imaginar era que nos íbamos a ver obligados a defenderla como reducto simbólico de una libertad amenazada. Porque lo que está en juego no es la libertad parcial de ir o de no ir a los toros, ni siquiera la de sentirse español en Cataluña; se trata de una libertad única y esencial que no se puede dividir en pedazos ni administrar en nombre de ningún designio.

ABC - Opinión

Sinde. El impuesto robolucionario del cine español. Por Pablo Molina

Los que identifican a los subvencionados del cine español con José María "El Tempranillo" cometen una grave injusticia, porque el famoso bandolero evitaba darles a sus víctimas una lección de moral.

González-Sinde, la ministra más prescindible del departamento más inane del Gobierno de España (excluido el de Igualdad por razones evidentes), se lamenta profundamente de la resistencia de las televisiones privadas a pagar el impuesto "robolucionario" que les obliga a comprar películas españolas y, lo que es más perjudicial para las audiencias de las distintas cadenas, a emitirlas dentro de su programación.

Como el Estado les concede una licencia para ocupar el espacio radioeléctrico, sostiene la ministra, las televisiones deben devolver el favor a "la sociedad" financiando a la facción cinematográfica del clan de la ceja al margen de cualquier razonamiento empresarial o de simple buen gusto. El argumento es, dentro de su absurdez, típico de una mentalidad totalitaria, pues identifica a toda la sociedad con la ministra de Cultura y sus compañeros del Consejo de Ministros, que son, al parecer, los únicos que saben lo que conviene a cada uno de los cuarenta y seis millones de ciudadanos españoles

Gobierno y sociedad no tienen nada que ver entre sí. El primero está formado por un pequeñísimo reducto de demagogos que intenta mantenerse en el poder financiando con dinero ajeno a los grupos de presión con los que comparte ideología, mientras que la segunda es el acumulado de millones de individuos que hacen uso de su libertad en función de los fines particulares que pretenden alcanzar.

Pero es que, además, a poco que se eche un vistazo a las estadísticas del Ministerio de Cultura, incluso González-Sinde será capaz de percibir que lo que experimenta "la sociedad" por el cine financiado con nuestro impuestos es más bien un fuerte rechazo, acreditado en unas cifras de audiencia cada vez más paupérrimas en relación con el total de películas exhibidas en nuestro país.

Pues bien, como a la gente con cierto apego a la estética y a su dinero no le da la gana de pagar doblemente por ver un producto en general detestable, el Gobierno de Zapatero traslada a las televisiones privadas la carga de sostener financieramente a unos profesionales incapaces de vivir exclusivamente de su esfuerzo y su talento.

Lo más enervante es que, como buena socialista, a González-Sinde no le basta con coaccionar a las entidades privadas utilizando la fuerza del Estado en función de sus propios deseos, sino que, progre al fin y al cabo, riñe a las víctimas por no dejarse despojar de su dinero poniendo la mejor de sus sonrisas.

Los que identifican a los subvencionados del cine español con José María "El Tempranillo" cometen una grave injusticia, porque el famoso bandolero que robaba a sus víctimas en las estribaciones de Sierra Morena evitaba darles a continuación una lección de moral, lo que supone una gran diferencia. Él era consciente de la vileza de sus acciones. Estos no. Y la ministra Sinde menos aún.

Libertad Digital - Opinión

Toros, caballos y asnos. Por Luis Francisco Esplá

Sé que el taurino catalán tiene las horas contadas. Y lo peor no es perder la posibilidad de disfrutar de tu Fiesta, sino que desde la prohibición pasarán a ser ciudadanos cuestionados, señalados por su propio entorno como gente rara, transgresores. Las listas de sospechosos sociales se incrementarán con la incorporación de estos.

Arnold Hauser fue un singular crítico y ensayista de arte, conocido sobre todo por la teoría de relacionar las producciones artísticas con los fenómenos socioeconómicos del momento. De no haber muerto, en el cuarto volumen de su «Historia social de la literatura y el arte» nos habría dado los pormenores y porqués de la prohibición en Cataluña de los toros.

Pero tampoco es preciso el método científico del prestigioso esteta húngaro para aproximar ciertas evidencias.

Haciendo un poco de historia, es fácil reconocer a finales del XIX y principios del XX un crecimiento industrial y económico en Cataluña, que coincide plenamente con la llamada Edad de Oro del Toreo. Era precisamente allí donde los incontables aficionados estaban considerados como los más rigurosos del orbe taurino: «Toro grande, escuetas ovaciones y espléndida caja». Esto y la frase de Joselito «El Gallo» —«Dios me libre de una tarde aciaga o de cortar una oreja en Barcelona», pues suponía una inminente repetición— son el reflejo de la intransigencia con la cual custodió «sus» corridas de toros el aficionado catalán.

Tras la Guerra Civil se produce un éxodo de todas las regiones deprimidas de España a la próspera Cataluña. Las plazas de toros empiezan a llenarse de otro público, un personal ávido de diversión y con la urgente necesidad de olvidar las miserias y calamidades de la contienda. Un aficionado sin las aspiraciones ni las exigencias del oriundo.

Aliviados las empresas y los toreros por la dulzura de este nuevo clima, se abren a un nuevo espectáculo con menos toro, más alegría y no menos caja. El taurino catalán cede al charnego su sitio en los tendidos, por ver en esta nueva versión atropellados sus más rancios preceptos.

Pero al filo de los 60 surge el turismo, y con él, un nuevo cliente. Las empresas de la costa hacen su agosto organizando corridas de chicha y nabo. Ahora el que sale disparado de las plazas es el charnego, pues es incapaz de soportar otra mano de agua sobre el ya diluido caldo de la Fiesta. Pero, claro, lo del «guiri» no podía durar mucho, y a finales de los 70 la Cataluña taurina entra en la profunda crisis, que la sume en la lenta e inexorable agonía de estos últimos años.
Si la dejan, solita se hubiese muerto, y si de verdad querían acabar con ella, simplemente gravándola con un impuesto especial estaríamos ahora celebrando misas de réquiem.

Pero el simbolismo de ciertos políticos es más fuerte —incluso que el de los toros— y peor intencionado, por supuesto. Declarando el toreo enemigo de los acervos y tradiciones catalanas, solo quedaba atravesarle el costado con la pica que enarbola la senyera.

Y aunque la victoria es tan miserable como paupérrima, y el agravio a las libertades no cabría en una sociedad que dice que defiende la tolerancia cultural y étnica, el mestizaje y las religiones, parece no tener importancia frente a la urgente necesidad de extirpar el ideograma del toro.

Aquello que no puedo explicar —y dudo que Arnold Hauser lo hiciese— es cómo en estos momentos, en los cuales la crisis parece ir adquiriendo visos de cataclismo y lo apremiante debería ser la economía, el trabajo y salvaguardar de asaltos la poca caja que está quedando... digo que no puedo entender cómo ahora, precisamente, viendo los palos del sombrajo venirse abajo en la proverbial Cataluña, el debate político esté varado en toros sí, toros no.

Sé que el taurino catalán tiene las horas contadas. Y lo peor no es perder la posibilidad de disfrutar de tu Fiesta, sino que desde la prohibición pasarán a ser ciudadanos cuestionados, señalados por su propio entorno como gente rara, transgresores. Las listas de sospechosos sociales se incrementarán con la incorporación de estos. La afición de tantos años pasará a ser consignada por sus conciudadanos como depravación, y, por supuesto, toda la producción artística que recabó en el toreo inspiración será simplemente perversión.

Y volverán a Francia —madre de las libertades— a disfrutar de sus corridas de toros. Y como en tiempos de dictadura y rígidas censuras, fuera de sus fronteras hallarán lo prohibido. Quizá les hagan un favor, pues lo vedado conlleva implícito ese enriquecedor componente que lo hace siempre más excitante.
Curioso. Los mismos que hace cuarenta y cinco años clamaban por la libertad ahora la amordazan…

Pero…

¡No hay problema! Si la crisis persiste y el discurso de algunos políticos pierde su talante bélico por falta de enemigos, les voy a recomendar otro objetivo, otra usurpación ibérica en mitad del corazón de muchos catalanes: la de los aficionados y criadores al caballo de «Pura Raza Española».

¡Ahí hay tajada!

No hay más que volver a reclutar ecologistas y animalistas para que tiren —sin saberlo— del carro de guerra que elevará a triunfo la acción del político de campo. Tiene que simular una defensa del bienestar animal, aunque en la conciencia de Su Señoría los objetivos se perfilen en dirección totalmente opuesta. Es preciso reivindicar los derechos de la bestia, por muy española que sea y por más adaptada que esté a su labor. No se pueden tolerar la ausencia de horarios para trabajar ni la falta de descanso, así como la enajenación absoluta de su voluntad. Resumiendo, más de veinte años de auténtica esclavitud, soportando sobre el lomo los tortuosos caprichos de unos y otros, sirviendo sin recelos hasta sentir esquilmadas sus facultades; y como contraprestación a tanta generosidad, es premiada con un viaje a Francia, de donde torna inmortalizada en «saucisson».
Quede eso ahí. Sin coste alguno. No como la idea del «Che», que Sus Señorías sabrán cuánto le lleva costado a la Generalitat.

Volviendo a la propuesta, tanto el argumento ético como el ideológico, apenas difieren del secundado por la prohibición de los toros. Aunque hay un ligero matiz, los aficionados hípicos son legión en Cataluña… La sugerencia ya no es tan buena. Eso sí, el borrico catalán ni me lo toquen, y menos ahora que ha conseguido vivir gracias a la mecanización del campo sin pegar ni chapa. Además, sería el último en perder la subvención, que viene a ser —en su caso— como una especie de paro vitalicio. Solo debe preocuparle su inmaculada ascendencia, ya que si, entre el andamiaje de sus genes se tropezase alguno de los genetistas encargados de seleccionar y mejorar esta raza de parados vestigios contaminantes de lo español, entonces… entonces vendría alguna de Sus Señorías —asesorada por el foráneo de turno— a declarar guerra científica al jodido gen. Y vuelta a empezar…

Luis Francisco Esplá es Matador de Toros

ABC - Opinión

Mentira instituida. Por Alfonso Ussía

Los nacionalistas mienten. Se han inventado la gran mentira del español antivasco y anticatalán. Es su coraza. En su muy antipático proceder, ellos son libres de despreciar a quienes se sienten españoles, vascos y catalanes incluidos. Pero la mínima crítica a una acción, pensamiento o actitud nacionalista les autoriza a sentirse víctimas de una persecución en la que el perseguido es su único perseguidor. La crítica y el desacuerdo con el nacionalismo es una manera de afirmar el amor que, como español, se siente por esos territorios amordazados. Entonces se abre la nueva mentira. El nacionalista español. No puede existir el nacionalista español por cuanto el español es consecuencia de la unión y el mestizaje, no de la desunión y la elevación a alturas imposibles de las diferencias. Como madrileño, y también vasco, y catalán, y andaluz, y montañés, me considero un afortunado por formar parte de Madrid, de las Vascongadas, de Cataluña, de Andalucía y de la Montaña. Por formar parte y ser parte de todos y cada uno de los rincones de España. El español no puede ser llamado nacionalista porque no quiere distinguirse de unos u otros, y menos aún, dar una patada al resto para confirmar su separación o instinto de superioridad. Es nacionalista el que quiere separar, no el que desea unir lo que lleva unido más de mil años.

Está claro que se han cometido, a lo largo de nuestra Historia, graves errores. Pero las víctimas sufrientes de esos errores no han sido siempre las tierras vascas o catalanas. España es la grandeza de sí misma y la miseria de sí misma, por todos compartidas. Castilla, la gran y discreta callada, asiste con pasmo a la descomposición. Y el Reino de Valencia, y el de Aragón, con sus Señeras cuatribarradas que inspiraron a Carlos III, para su Armada, la institución de la Bandera de España. Eso, la Bandera de España, la «franquista», como le dicen los mentirosos y analfabetos. Así que Franco le dijo a Carlos III: «Diseñe mi Bandera». Y todavía los hay que lo entienden así.

El español está orgulloso de todas las tierras y peculiaridades de España. Somos mestizos de españoles con españoles. Y llevamos en nuestra sangre a los celtas, los visigodos, los romanos, los árabes y los judíos. También fenicios, comerciantes y mercaderes, no siempre de objetos sino de conceptos. España ha dejado su palabra, navegada por castellanos, extremeños, andaluces, vascos, catalanes, canarios, gallegos, asturianos, montañeses, valencianos, mallorquines y murcianos, en América, en Filipinas, en África… No lo hicieron discutiendo en la navegación hacia lo desconocido de este o aquel problema o diferencia local. Lo hicieron como un cuerpo compacto e irreductible. Y España se mezcló con aquello que encontró, principalmente con la maravilla de América. Instaló en el Nuevo Mundo la palabra y el cristianismo, con rotundos errores, en ocasiones con crudeza y sangre, pero hoy no se pueden entender los derechos del hombre, los avances de la justicia y la prosperidad de los pueblos sin el amparo evolucionado del humanismo cristiano. Cataluña está en América porque es España, y los vascos llegaron allí y prosperaron como españoles. Todo eso es lo que pienso cuando advierto las pequeñeces ridículas de nuestros nacionalismos, y escribo «nuestros» porque también son españoles. España está instalada en el mundo y sólo en España se siente discutida. Y quiere abrazarse, pero algunos sólo piensan en darse una patada a sí mismos despreciando a los demás. No hay un solo español anticatalán o antivasco. Sería un antiespañol. Es decir, un nacionalista.

La Razón - Opinión

Cataluña. El Cordobés prohíbe los toros. Por José García Domínguez

¿O acaso existe deporte más genuino de esta pobre península que el de prohibir? Así, contra los toros ya pugnó Jovellanos, que algo de español tenía. Y los prohibió Carlos III. Y Carlos IV ratificaría después el regio repudio a tal práctica.

No frecuento las plazas de toros, como tampoco los lupanares, los platós de TV3 o, en general, todo establecimiento consagrado a zaherir a seres vivos a cambio de dinero. Sin embargo, de ese mi hábito privado no infiero la exigencia de proscribir la televisión nacionalista, o, por más ejemplo, que se le niegue a José Montilla gozar de su única afición conocida, a saber, la lidia de reses bravas. De distinto parecer, sin embargo, es el propio don José, que, lastres de un bachiller precario, presume en la tauromaquia la quintaesencia de lo español; de ahí el entusiasmo inquisitorial del Tripartito con tal de prohibirla en las treinta y ocho comarcas bajo su soberanía.

Un afán represor, el de la Generalidad, parejo a su complacencia con los llamados correbous, garrulo atavismo consistente en atormentar a algún astado para sádico goce de una turba, por lo común, beoda. Clamorosa asimetría moral, ésa tan suya, que deja al desnudo la tartufesca coartada humanitaria en el acoso al toreo. Por lo demás, y frente a lo que barruntan nuestros pequeños polpotistas, la anulación de las corridas supondrá una prueba, otra, de su suprema españolidad. ¿O acaso existe deporte más genuino de esta pobre península que el de prohibir? Así, contra los toros ya pugnó Jovellanos, que algo de español tenía. Y los prohibió Carlos III. Y Carlos IV ratificaría después el regio repudio a tal práctica.

Y hubo de ser un extranjero, José Bonaparte, aquel gran rey, quien los restituyese a la legalidad. Por poco tiempo. Pues al punto serían de nuevo proscritos en las Cortes de Cádiz. Contra el parecer de los diputados catalanes, procede recordar. Que de tal guisa replicó el clérigo murciano Simón López, ancestro de don José en su fanatismo abolicionista, al ilustrado barcelonés Antonio de Capmany, gran defensor de la lidia: "El rufián, la ramera, el idolatra, el comediante, el lidiador ó torero, el luchador ó espadachín, el alguacil de teatros, el flautero, ó guitarrista, ó lirista, ó baylarin, el sodomita, el libertino y licencioso, el charlatán ó histrión, el encantador y agorero, el que vive como gentil, el que frecuenta los espectáculos teatrales, las venaciones, ó toros, carreras, luchas, etc. ó dexen esto, ó no sean admitidos al bautismo, dice San Clemente". Prohibir, prohibir, prohibir... ¿Acaso cabrá ser más castizo?

Libertad Digital - Opinión

Sin noticias de Cuba

El silencio de Raúl —comparado con los discursos que pronunció en años anteriores, con leves promesas— ha sido un clamoroso alegato en favor del inmovilismo más feroz.

EN los últimos días se había levantado cierta expectación ante las señales que pudiera enviar el régimen de La Habana con ocasión de las celebraciones del aniversario del asalto al cuartel Moncada, en el contexto de los esfuerzos del Gobierno español por convencer a sus socios europeos de la presunta existencia de cambios cualitativos en la actitud de la dictadura. En efecto, después del acuerdo entre Raúl Castro y la Iglesia cubana, que ha permitido la llegada a España de numerosos disidentes y sus familiares, muchos observadores se preparaban para analizar los matices del discurso del actual presidente cubano y, por supuesto, las intervenciones de su hermano Fidel. Sin embargo, los dos Castro ignoraron por completo la situación, al igual que el resto de los dirigentes de la dictadura. El silencio de Raúl —comparado con los discursos que pronunció en años anteriores, en los que lanzó leves promesas— ha sido un clamoroso alegato en favor del inmovilismo más feroz. La consigna de la jornada fue la de la integración económica con Venezuela, algo que no puede consolar a nadie puesto que Hugo Chávez —que, por cierto, tampoco acudió a la cita de los hermanos Castro— es un experto en llevar a un país petrolero a la ruina más absoluta.

La sociedad cubana está cansada de penurias y privaciones y merece una vida mejor que la que el régimen comunista es capaz de proporcionarle. Es necesario un cambio que tenga en cuenta las aspiraciones de los cubanos a una mayor libertad. Si Raúl Castro estuviera dispuesto a conducir al país en esa dirección, no tendría más que un camino, que es el de las reformas democráticas. Para ello es necesario aceptar el pluralismo y los mecanismos que ponen el control del ejercicio del Gobierno en la sociedad, y no al contrario. Si quiere convencer a la UE de sus buenas intenciones, a Castro no le faltan campos en los que puede tomar decisiones significativas, empezando por permitir a los cubanos salir y entrar libremente de su país. Cualquier otro circunloquio ideológico no llevará a ninguna parte y no debería servir de coartada para otorgar respetabilidad a un régimen que castiga a los ciudadanos por pedir respeto a los Derechos Humanos.

ABC - Editorial

Taurinos y antitaurinos a la sombra del frenazo al Estatut. Por Antonio Casado

El Parlamento de Cataluña decide hoy si mantiene o si prohíbe la celebración de corridas de toros en esta Comunidad Autónoma. Aunque parecen mayoritarias las posiciones de los antitaurinos, nadie se atreve a aventurar un desenlace cuando las dos principales fuerzas políticas, los nacionalistas de Artur Mas (37) y los socialistas de José Montilla (48), han dado libertad de voto a sus diputados.

Solo el PP (14) y Ciudadanos (3), como taurinos, y ERC (21) e ICV (12), como antitaurinos, tienen decidido su voto, con clara ventaja de los segundos. Más difícil es anticipar la decisión de los 85 diputados integrados en el bloque de la centralidad, formado por la suma de CiU y PSC. Las ausencias y las abstenciones pueden inclinar la balanza por pocos votos hacia un lado o hacia otro. Muchos actuarán condicionados por el malestar que dicen sentir tras los recortes decretados por el Tribunal Constitucional en el texto del Estatut.

Los medios de comunicación más importantes del mundo (France Presse, CNN, The Times, BBC, Reuters, Le Figaro,etc.) están pendientes del Parlament. Quieren conocer la suerte de una iniciativa popular que reclama la prohibición de las corridas de toros en Cataluña y ha llegado al final de su tramitación parlamentaria. Pero levantar acta del resultado en los medios internacionales siempre será insuficiente para trasladar el verdadero sentido de la controversia.

Contrariedad por el varapalo al Estatut

La controversia, por supuesto, desborda el ámbito catalán e implica al conjunto de España. Exactamente lo mismo que los inacabables debates sobre el hecho diferencial y el encaje de Cataluña en el Estado. Por tanto, no es ningún disparate relacionar el debate sobre la llamada Fiesta Nacional -ojo a las palabras, que las cargan los enredadores-, con el reciente frenazo del Tribunal Constitucional a las aspiraciones “nacionales” de esta Comunidad Autónoma. Los dos asuntos se han cruzado en el calendario. Más que un cruce es una colisión.

Quienes han sentido la sentencia del Constitucional como un agravio a Cataluña o quienes, como Montilla, creen que es “casposo” insistir en que al menos en el plano jurídico sólo existe una nación, la española, hoy tienen una ocasión de desquitarse. Les bastará recordar a los diversos personajes que, en estos últimos meses, han comparecido en el Parlament para defender la fiesta de los toros como un signo de la identidad española bien adherido a nuestra tradición y nuestra cultura.

¿Nuestra? Ahí le han dado, como dicen los castizos. Si el nacionalismo catalán se alimenta de la diferencia respecto al resto de España, la coincidencia en el tiempo de los dos debates, el de los toros y el de la sentencia, les da la oportunidad de rematar a puerta vacía. Como ya hizo ayer el Parlament al rechazar un homenaje a los siete jugadores catalanes de la selección española. Me cuesta creer que se hubiera rechazado en otras circunstancias, a la contra de los miles de catalanes que el 11 se julio se echaron a la calle para celebrar el triunfo de la Roja.

Pero esta vez sus señorías, con excepción del PP y Ciutadans, están bajo los efectos de un ataque de contrariedad por el varapalo al Estatut. Eso influyó ayer en la negativa a festejar con los Pujol, Piqué, Xavi, etc. Y me temo que influirá hoy a la hora de decidir si se prohíbe o no la fiesta de los toros en Cataluña.

El Confidencial - Opinión

Los toros, un bien colectivo

El Parlamento de Cataluña vota hoy el proyecto que recoge la Iniciativa Legislativa Popular para prohibir las corridas de toros en la comunidad autónoma. El desenlace es incierto y ha despertado una expectación a la altura de los grandes debates políticos. Es lógico, porque hablamos de una medida contra la libertad de los ciudadanos que está dispuesta a llevarse por delante una tradición ancestral, con las consiguientes consecuencias sociales, culturales y económicas. La libertad de voto de los 48 diputados de CiU y los 37 del PSC en la cámara autonómica será clave en la decisión. La aritmética parlamentaria así lo impone. Sin embargo, ambos grupos tomaron esa decisión, conscientes de las diversas sensibilidades que despierta el asunto entre sus filas, en circunstancias muy dispares. Los convergentes eliminaron la disciplina de grupo desde el principio de la tramitación, mientras que los socialistas adoptaron la medida la pasada semana, después de que la consigna oficial hubiera sido la de una oposición en bloque a la abolición de la Fiesta Nacional. La presión del sector catalanista del partido fue la suficiente como para que la dirección del PSC y el Gobierno catalán no mantuvieran la posición institucional de partida, que éra también la del Ejecutivo central y la de José Montilla. Los parlamentarios socialistas votarán, por tanto, en conciencia, aunque sin reparar en una circunstancia significativa. Los escaños no son personales, sino del partido, y el compromiso electoral del PSC no incluía una iniciativa contra los toros. Es más, las encuestas realizadas han coincidido en que el votante socialista es un abierto opositor a la prohibición de la Fiesta Nacional. Por tanto, había suficientes razones como para imponer la disciplina en una votación en la que el PSC había adquirido compromisos públicos.

En cualquier caso, es preciso pensar ya en el escenario postvotación. Si se confirma el peor de los resultados como parecen indicar la composición de las fuerzas a pocas horas para el pleno, entendemos que los grupos políticos mayoritarios del país están obligados a emprender todos los esfuerzos posibles para reparar una injusticia e impedir que Cataluña sea un poco menos libre que el resto de la nación. Y existen alternativas más que razonables. Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, ha defendido que si «hubiera una ley específica del Gobierno de la nación en la que se decretara de interés nacional la Fiesta», la «regulación básica» correspondería al Ejecutivo central y la «regulación específica» a las comunidades autónomas. Como ese vacío legal se da en la actualidad, las administraciones territoriales tienen potestad para prohibir los toros. Es una lectura jurídica muy interesante que merece ser analizada por los socialistas y populares si llega el caso. Como se ve, existen respuestas para corregir el perjuicio y la única opción desechable es la de la pasividad política mientras se vulnera el derecho de la gente a elegir su asistencia o no a un espectáculo admirable.

La Razón - Editorial

Comienza el desacato al Tribunal Constitucional

La voluntad de desacato ya la dejó de manifiesto hace quince días el propio Montilla cuando dijo que "las leyes deben aprobarse; puede que con algunas observaciones del Consell de Garanties, pero no a la luz de lo que diga la sentencia del Constitucional".

Aunque el Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, considerase que "nada se opone, a efectos estrictamente autonómicos, a que las provincias catalanas pasaran a denominarse veguerías, ni nada impide, tampoco, que en ese supuesto los consejos de veguería sustituyeran a las diputaciones provinciales", el Alto Tribunal fue muy claro al dictaminar que cualquier alteración de los límites provinciales o de creación y modificación de las provincias compete al Estado y que "de ninguna manera" está al alcance "del legislador autonómico". Y en esa línea, concluyó que, "para ser conformes con la Constitución", los "consejos de veguería pueden sustituir a las diputaciones en el exclusivo caso de que los límites geográficos de las vueguerías coincidan con los de las provincias".

Pues bien, el Parlamento de Cataluña acaba de aprobar la llamada Ley de Veguerías que, lejos de limitarse a un cambio de nombre, suprime la demarcación provincial en Cataluña y la sustituye por siete veguerías (Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre y Alt Pirineu i Aran), en lo que supone un claro desacato al Tribunal Constitucional. Y es que, por mucho que inicialmente sólo sean operativas cuatro de las siete veguerías, y por mucho que, a toro pasado, se acordase en Cortes Generales una modificación de la legislación estatal que incluyese cambios en los límites provinciales, la voluntad del tripartito de saltarse a la torera la sentencia del Constitucional es tan clara como ya la dejó de manifiesto el propio Montilla hace quince días cuando, al referirse a este asunto, dijo que "las leyes deben aprobarse; puede que con algunas observaciones del Consell de Garanties Estatutàries, pero no a la luz de lo que diga la sentencia del Constitucional".

El presidente de la Generalitat expresaba así, dicho sea de paso, una doble voluntad de desacato por cuanto la sentencia del Constitucional no sólo preservaba la competencia estatal en este asunto, sino que también había retirado al Consell de Garanties la capacidad de emitir cualquier dictamen vinculante porque "perjudica al monopolio de rechazo a las normas con carácter de ley reservado por el artículo 161 de la Constitución al propio Tribunal Constitucional".

Lo mas bochornoso de todo es que este acto de rebelión institucional contra nuestro estado de derecho que se ha vivido en el parlamento autonómico catalán ni siquiera ha contado con el respaldo de todos los que, dentro y fuera de él, han impulsado el soberanista estatuto catalán. Así, al voto negativo del PP y del Grupo Mixto, se ha sumado el de CiU, formación irritada con el tripartito por aprobar la ley por el trámite de urgencia y sin consensuarla con la oposición. A eso hay que sumar el hecho de que desde Lérida se ha criticado la pérdida de peso que supone que la provincia quede dividida en tres veguerías; que los ayuntamientos de Tarragona y Reus han traslado su enfrentamiento casi histórico a la capitalidad de la nueva veguería: Camp de Tarragona; que Reus exige que ambas ciudades compartan la capital (como pasa con Sabadell y Terrassa en el Vallès) y Tarragona, además de negarse en rotundo, reclama que la nueva veguería se denomine simplemente Tarragona.

Todo este reaccionario y conflictivo galimatías, con la que los nacionalistas tratan de evocar una demarcación administrativa propia de la Edad Media, no sólo desafía a nuestro estado de derecho, sino que también constituye un desprecio a los problemas reales de los ciudadanos catalanes. Aunque los redactores de este desacato en forma de ley aseguran que a las veguerías se les asignaran los mismos recursos que, en la actualidad, reciben las diputaciones provinciales, lo cierto es que ocultan todo lo referente al coste del cambio, ya sea en comisiones de traspaso, contratación o bajas de trabajadores o informes técnicos. Y eso dando por hecho que la duplicidad de la administración será solo transitoria y que el Gobierno de Zapatero accederá a una modificación legislativa estatal –que deberá incluir, por cierto, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que se basa en la circunscripción provincial– para que la burla hacia el Tribunal Constitucional que se ha producido este martes en el parlamento autonómico quede menos descarada.

Libertad Digital - Editorial

Dicen toros, pero es España

El Parlamento catalán puede cerrar su legislatura con un gesto de desplante, nada taurino y sí muy cobarde, por oportunista, a una parte de su historia común con España.

EL Parlamento catalán puede hoy certificar la defunción de la fiesta de los toros en Cataluña si finalmente aprueba, como es lo previsto, la iniciativa legislativa popular que aboga por su prohibición. Para que este objetivo prohibicionista salga adelante bastará con que se repita la mayoría que el pasado año admitió a trámite el procedimiento parlamentario instado por la denominada «Plataforma Prou». La libertad de voto que ha concedido el Grupo Socialista a sus diputados ha aumentado las posibilidades de los prohibicionistas y ha decepcionado a quienes, sean o no protaurinos, confiaban en que los socialistas actuaran como dique de una estrategia que de forma interesada y sin pudor mezcla ecologismo y nacionalismo.

Los sentimientos que generan las corridas de toros son muy diversos, todos ellos legítimos y causa de polémica no solo en Cataluña. Sin embargo, en esta comunidad autónoma se han conjugado unos movimientos ecologistas muy activos con el oportunismo nacionalista de unos grupos políticos que no pierden ocasión para acosar en Cataluña las manifestaciones culturales comunes con el resto de España. Es cierto que hay parlamentarios nacionalistas que votarán contra la prohibición y algunos socialistas que lo harán a favor, pero, excepciones al margen, la tendencia social y política de esta prohibición es evidente.

Lo más grave de esta obsesión prohibicionista es que revela un intervencionismo ético en los valores sociales incompatible con el respeto a la libertad individual y a la tradición cultural. Las justificaciones pretendidamente morales de la prohibición de los toros —crueldad, maltrato— ignoran a conciencia aspectos esenciales de la Fiesta que van desde la naturaleza misma del toro bravo, destinatario de unos cuidados que ningún otro animal recibe, hasta el sentido ritual de la lucha con el torero. La ausencia de estos contenidos en los discursos antitaurinos más radicales —que son, por otro lado, los más exitosos— es consecuencia más de la ignorancia intencionada que de la reflexión crítica. La principal motivación de estos movimientos prohibicionistas y de sus aliados políticos es el activismo intervencionista, por el que consideran legítimo uniformar a la sociedad con un ideario sedicentemente progresista, basado en criterios arbitrarios sobre lo bueno y lo malo. La cuestión no es, por tanto, discutir si el Parlamento catalán puede o no —que sí puede— legislar sobre la fiesta de los toros, o si son más o menos los ciudadanos catalanes a los que les gusta esta fiesta. No se trata de estadísticas de público, de número de corridas o, siquiera, del coste económico que conllevaría la prohibición. Es un problema fundamentalmente de respeto a la libertad y a la tradición, no de protección a los toros, utilizados como coartada para otros objetivos, y también víctimas de una evidente doble moral, que condena las corridas, pero salva los «correbous». El estruendoso silencio de la sociedad catalana ante esta agresión a las libertades —aceptado con la misma pasividad, ya reactiva, con que asiste a los recurrentes debates identitarios que marginan de la agenda regional sus verdaderos problemas— solo es comparable con el que el socialismo y el Gobierno central han manifestado durante los últimos meses para evitar el desgaste generado por un nuevo roce con el PSC.

Resulta imposible eludir el carácter político de esta iniciativa, ligada al rumbo adoptado por una clase política catalana que, empezando por los socialistas, rivaliza internamente por abanderar el soberanismo y la desafección hacia España. No son los defensores de la Fiesta, sino el segmento político de sus detractores, los que han impregnado de ideología la iniciativa prohibicionista que hoy vota el Parlamento catalán. Asociar la fiesta de los toros a la cultura y la historia de España no es hacer «españolismo», sino constatar una evidencia. Pero pretender alimentar la prohibición antitaurina con sentimientos nacionalistas es una forma de «limpieza cultural» de Cataluña, instrumental de una estrategia mucho más amplia que busca convertir en cuerpo extraño a la identidad catalana cualquier vínculo con lo español. No todos los que hoy voten a favor de la prohibición estarán animados por esta aldeanismo pseudoecologista, pero si el resultado final aprueba la prohibición esta será considerada por los nacionalistas y sus publicistas como una nueva expresión diferencial entre Cataluña y el resto de España, como otro síntoma de que la avanzada sociedad catalana quiere cortar amarras con el arcaísmo castellano que predomina en España. No hay que engañarse. Este lenguaje frentista y contendiente es el que impulsa las dinámicas centrífugas en Cataluña y el que explica la tensión con que el Parlamento de una comunidad autónoma aquejada de graves, muy graves problemas políticos e institucionales, puede cerrar su legislatura con un gesto de desplante, nada taurino y sí muy cobarde, por oportunista, a una parte de su historia común con España.

ABC - Editorial