sábado, 13 de noviembre de 2010

Sostenible. Por Alfonso Ussía

Es el vacío mensaje «progre». Se encaja en cualquier esquina. Sostenible. El adjetivo de Zapatero. En Seúl, sin que se le agriete la cara y manteniendo una seriedad solemne ajena al lógico ataque de risa, Zapatero ha anunciado la creación en España de un millón de puestos de trabajo con empleos de la «economía verde sostenible». También se refirió a la edificación sostenible, que no termino de entender lo que es. Toda edificación tiene la obligación de ser sostenible. En caso contrario sería una edificación derrumbable, y no tendría sentido. En los ríos de España se ha impuesto la gestión sostenible de las truchas, y en las sierras y dehesas, de los conejos y los jabalíes. Nos hallamos en la era de la economía sostenible que no se sostiene por ninguna parte.

Economía ecológica sostenible y un millón de puestos de trabajo. Los asistentes a la cumbre del G20 en Seúl han demostrado una exquisita educación. Nadie se ha reído. Con toda probabilidad porque no lo han entendido. Un problema de la traducción simultánea. Resulta curioso el desenfado de Zapatero cuando se halla a miles de kilómetros de Rodiezmo. Zapatero ha demostrado que no está capacitado para crear puestos de trabajo, y menos aún un millón de ellos, ya sean ecosostenibles verdes o consecuencia de sus auroras boreales, de sus portentosas mentiras. Pero temo que el único que lo cree es él mismo, víctima de su facilísima falsedad. Para mí, que Zapatero confía en la necedad sostenible de la sociedad española, y apura su donaire en el engaño para sostenerse en el poder.


Me pasa con la economía verde, ecológica y sostenible lo mismo que cuando oigo que una persona es muy cultivada. Que me la figuro con las orejas abarrotadas de rábanos, zanahorias y espinacas. Hasta la fecha, la energía llamada blanca, la energía supuestamente limpia, es ruinosa por cara. Y los ecologistas no han mostrado su malestar por la destrucción de los paisajes de España. No hay altozano, ni cumbre, ni cuerda montañosa, ni páramo alto en nuestra tierra que no haya sido violado por esos terroríficos molinos blancos que tantos beneficios dan a unos pocos. Protestan por una valla que impide el paso a un sapo partero y no por el aniquilamiento de nuestros paisajes. Un horror perfectamente sostenible, como la afonía indigna de los ecologistas «sandía».

Pero lo del millón de puestos de trabajo no resulta aceptable ni desde le sentido del humor. A los parados les importa un bledo la economía verde, azul, violeta o naranja. Lo que desean es un puesto de trabajo, después de que los gobiernos de Zapatero hayan destrozado dos millones de ellos. Zapatero es el creador de la angustia sostenible en millones de hogares de España. A este pobre hombre no se le puede tomar en serio. Y menos en Seúl, a miles de kilómetros de Rodiezmo.

Economía sostenible, ecologismo sostenible, gestiones sostenibles, adecuación sostenible de la interacción autonómica, edificación sostenible, impulso sostenible y al final, mentira sostenible. Una mentira perversa camuflada en su proverbial cursilería semántica. Los empresarios que le acompañaban se miraban con estupor mientras oían sus oquedades. Aquí, en Rodiezmo, lo único sostenible es la ruina.


La Razón - Opinión

G-20. Je-20. Por Pablo Molina

Si Felipe González prometió crear ochocientos mil, y encima contaminantes, a ver por qué no va a poder ZP generar un millón de plazas de vigilante de aerogeneradores o de responsable del grupo electrógeno que alimenta a los paneles solares cuando anochece.

Es fácil imaginar la expectación que la presencia de ZP en cualquier foro debe despertar entre sus asistentes, porque como humorista involuntario el tipo no tiene rival. Cualquier cumbre internacional se convierte automáticamente en el Club de la Comedia cuando ZP sube al estrado, con el añadido de que nuestro presidente, al contrario que los cómicos profesionales, jamás repite un show.

Su capacidad para provocar la risa con cualquier motivo hace que el repertorio presidencial sea prácticamente inagotable, aunque forzoso es reconocer que haciendo chistes sobre economía es donde ha cosechado sus principales éxitos. Es lógico que sea en las cumbres de las organizaciones económicas donde su presencia adquiere mayor relevancia.


Antes de acudir al G-20, es decir, antes de convertir el encuentro en el Je-20, ya avanzó las líneas fundamentales con las que pretendía trazar su intervención, a saber, el apoyo a los desempleados y la creación de un millón de puestos de trabajo, pero verdes.

Si Felipe González prometió crear ochocientos mil, y encima contaminantes, a ver por qué no va a poder ZP generar un millón de plazas de vigilante de aerogeneradores o de responsable del grupo electrógeno que alimenta a los paneles solares cuando anochece, que es curiosamente cuando más energía solar producimos en España. Total, sólo se trata de conceder las subvenciones necesarias que hagan factible, por la vía del expolio ajeno, un negocio al que sólo el fanatismo alocado de los progres terminales permite subsistir.

Con los graves problemas a que se enfrentan los líderes mundiales, escuchar al presidente del país que peores resultados está cosechando dar lecciones sobre la forma de salir de la crisis tiene una gran utilidad. Después de unas risas escuchando a ZP, el ambiente se relaja y las ideas fluyen con más facilidad. Falta les hace.


Libertad Digital - Opinión

El caudillo que no pudo ser. Por Xavier Pericay

«Los hechos han demostrado, con parecida insistencia, que en esta parte de España no existe otra transversalidad que la constituida por el nacionalismo catalán. Así fue con Pujol y Maragall, así ha sido con Montilla, y así será, presumiblemente, con Artur Mas».

EL 10 de septiembre de 2009, coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento de Francesc Macià, el Parlamento catalán acogió un homenaje a su figura. Que el homenaje tuviera lugar en aquella fecha y no once días más tarde —que es cuando se cumplía en verdad el siglo y medio conmemorado— obedecía, por supuesto, a la voluntad de entreverar la efeméride en los fastos de la Diada. La Cataluña política llevaba ya entonces tres largos años sin vivir en sí, atenta al menor suspiro del Tribunal Constitucional, por lo que reforzar los actos del día de la patria catalana con la evocación de quien fuera primer presidente de la Generalitat republicana e impulsor del primer Estatuto de Autonomía de la era moderna —y de todas las eras imaginables— no solo permitía conjuntar pasado y presente, sino también, y muy especialmente, seguir calentando motores. De ahí que el presidente del Parlamento, Ernest Benach, reuniera para la ocasión a los sucesores vivientes del homenajeado, o sea, a Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla, y les invitara a hablar. Como es natural, quien más, quien menos, todos hablaron del «abuelo» Macià y de su ejemplo. Y todos enlazaron el —a su juicio— glorioso ayer republicano con el sombrío presente de hace poco más de un año. El Estatuto y sus miserias, claro. Pero también la necesidad de contar con un Macià redivivo, con alguien que acaudillara, llegada la hora, un movimiento unitario de respuesta a una sentencia adversa del Constitucional, que cada vez se presumía más probable.

Ese hombre, ese nuevo caudillo catalán, no podía ser otro —legalidad obliga— que José Montilla. Así lo indicaron, así lo reclamaron entonces públicamente, tanto Pujol como Maragall. Y así lo asumió el propio afectado: «Estaré al frente de la respuesta institucional que haga falta». Quizá por ello, cuando hizo falta —esto es, diez meses más tarde, tras conocerse el fallo y el consiguiente alcance de la tijera y de la lima—, el presidente de la Generalitat se puso, resuelto, al frente del movimiento. Y convocó una manifestación. Pero —lo recordarán, sin duda— las cosas se torcieron y en vez de terminar la marcha en loor de multitud, como hubiera sido su deseo y como habría cabido esperar de un guía supremo, conductor de su pueblo, tuvo que abandonarla fuertemente escoltado, entre el griterío y los insultos de los manifestantes, para refugiarse en la sede del Departamento de Justicia.

Ignoro, por supuesto, qué le pasó por la cabeza aquel infausto 10 de julio de 2010 mientras aguardaba allí dentro a que la marabunta escampara. Pero no me extrañaría lo más mínimo que pensara ya entonces en pisar el freno. Y, si no entonces, al cabo de poco. No era solo aquel fin de fiesta inesperado, aquel caudillaje que no pudo ser. Estaban también las encuestas. Desde mediados de marzo dibujaban un panorama francamente distinto al de meses anteriores: el tripartito ya no sumaba lo necesario, y, aunque el principal batacazo se lo llevaban los independentistas de ERC, los socialistas también recibían lo suyo. Total, que, en los pronósticos demoscópicos, CIU se hallaba muy cerca de esa mitad más uno del Parlamento autonómico que permite no tener que gobernar en comandita. Por otro lado, el número dos del Gobierno y máximo representante del ala nacionalista del PSC, el consejero de Economía Antoni Castells, había empezado a expresar por lo bajín a quien quisiera oírle que con él ya no contaran. Así las cosas, el fracaso del todavía presidente de la Generalitat era un hecho. Ni había podido erigirse en el caudillo de todos los catalanes, ni había sido capaz de conservar la mayoría parlamentaria surgida de las urnas y de los pactos a tres ni había logrado, en fin, que el sector catalanista de su partido, al que se había entregado en cuerpo y alma, siguiera secundándole. En lo sucesivo, ya slo le quedaba cambiar de rumbo.

Pero para eso, claro, necesitaba tiempo. Mucho más del que tenía por delante. De ahí que empezara creándolo. Y como no podía estirar el calendario añadiéndole algún mes más, apuró hasta límites insospechados el margen de que disponía para fijar la fecha de las elecciones. Al fin y al cabo, no pesan igual cien días de campaña que sesenta. Porque lo que Montilla emprendió nada más volver de vacaciones fue una verdadera campaña. Eso sí, harto singular. Y no tanto por su duración exagerada como por su insólita naturaleza. Lejos de basarse en una suma de propuestas, más o menos razonadas, sobre lo que los socialistas catalanes piensan hacer en la próxima legislatura autonómica como prolongación de sus siete años de gobierno de presunto progreso, la campaña ha consistido hasta la fecha en un goteo incesante de renuncias. En soltar lastre, vaya. Y en nada más.

Bien es cierto que ese desprendimiento doctrinal no ha sido en modo alguno aleatorio. Al contrario. Ya sea por boca del presidente de la Generalitat en alguno de sus esforzados discursos; ya sea a través de las declaraciones de algún palafrenero; ya sea mediante vídeos o comunicados; ya sea, en fin, porque el programa electoral así lo recoge, el partido se ha ido desasiendo poco a poco de muchos de los oropeles identitarios con que había adornado en los últimos años su discurso y sus obras. Sobre todo en el frente lingüístico. Tras apoyar durante el septenio tripartito cuantas medidas coactivas iba tomando el Gobierno de la Generalitat, y ello tanto si correspondían a un departamento propio como si concernían a uno de ERC, los dirigentes socialistas se han destapado ahora como unos firmes partidarios del bilingüismo y de una política para la lengua catalana basada en el estímulo, el convencimiento y el imprescindible consenso. Ver para creer.

¿Significa ello que Montilla y los suyos han llegado a la conclusión de que la vía identitaria no conduce a ninguna parte? O, en otras palabras, ¿puede inferirse de ese cambio de rumbo que las famosas dos almas del PSC, la españolista y la catalanista, van a quedar reducidas en el futuro a una sola, y no precisamente la segunda? En absoluto. Si algo han evidenciado esos siete años de tripartito es el carácter meramente instrumental —y, en consecuencia, oportunista— de la bipolaridad socialista. Por más que los rectores del partido hayan insistido, una y otra vez, en la transversalidad del PSC en tanto que supremo garante de la cohesión social en Cataluña, los hechos han demostrado, con parecida insistencia, que en esta parte de España no existe otra transversalidad —es decir, otra instancia de poder político y social— que la constituida por el nacionalismo catalán. Así fue con Pujol y Maragall, así ha sido con Montilla, y así será, presumiblemente, con Artur Mas. Si ahora el partido opta por esconder su cara más autonomista en vísperas de unas elecciones autonómicas es tan solo porque está convencido de que las va a perder. Y porque considera que, ya puestos, más vale perder por poco tratando de recuperar unos votos, los del cinturón de Barcelona, que en otro tiempo fueron suyos, que hacerlo por goleada. Al fin y al cabo, aquel caudillo que no pudo ser aspira a seguir viviendo, mejor o peor, del cuento. Y, con él, toda la tropa.


ABC - Opinión

Papelón en el Sáhara

El Gobierno rompió ayer su silencio sobre la situación del Sáhara, aunque no fue ni para condenar los sucesos en ese territorio ni para exigir una investigación por el fallecimiento del ciudadano español Baby Hamday Buyema, cuya nacionalidad fue confirmada por la ministra Trinidad Jiménez después de una llamativa resistencia por parte del Ejecutivo. Tampoco se apuntaron las iniciativas de nuestro país sobre el deterioro de la situación humanitaria y el atropello sistemático que sufren los periodistas españoles por parte de las autoridades de Rabat. Desde Seúl, Rodríguez Zapatero se limitó a insistir en un mensaje tan obvio como insuficiente, como es que la relación con Marruecos es un asunto de Estado, que la relación con nuestro vecino es «prioritaria» y que «los intereses de España son lo que el Gobierno tiene que poner por delante». Sin duda, esas premisas son indiscutibles y no seremos nosotros quienes cuestionen ese vínculo preferente y privilegiado con Rabat.

Pero también en diplomacia el término medio suele ser la virtud, y en este caso la reacción española ha sido decepcionante por su parcialidad a favor de Marruecos. Como potencia descolonizadora del territorio, España tiene una responsabilidad histórica extraordinaria que no puede desatender ni difuminar en el silencio diplomático cuando la magnitud de los altercados ha alcanzado las cotas actuales. Algo más habrá que hacer además de mostrar la lógica preocupación, lamentar lo sucedido y reclamar una solución negociada entre las partes. Escudarse, como intentó la ministra Trinidad Jiménez, tras la confusión y la falta de información para mantenerse a distancia resulta una actitud impropia de un país con nuestras obligaciones.

El Gobierno tampoco puede ignorar que entre las víctimas de los sucesos de El Aaiún hay un español, y que su caso puede ser investigado en la Audiencia Nacional, como ayer avanzó la familia. Otra complicación más que demuestra que la pasividad ha sido y es un mala estrategia.

España no puede andar desaparecida en este conflicto ni apelar a la manida «realpolitik» para sustentar su posición conformista y de debilidad ante Marruecos. Es cierto que la complejidad de nuestras relaciones con Rabat aconsejan prudencia, porque Ceuta y Melilla, las pateras o el terrorismo islamista son elementos del escenario geoestratégico a tener en cuenta. Pero no es menos verdad que Marruecos también necesita de manera sustancial a España y no digamos ya a la UE. Su estabilidad política y su desarrollo económico dependen de la relación con Madrid y Bruselas, y ésa es una baza a explotar.

Un futuro estable y pacífico para el Sáhara sólo será posible cuando todos los actores internacionales del proceso –desde la ONU a España– asuman su responsabilidad y fuercen un acuerdo justo. Mientras tanto, al menos, deberían impedir la impunidad, los abusos y la vulneración de los derechos humanos en el territorio. Por lo demás, esta nueva crisis ha demostrado de nuevo la lenidad de nuestra desnortada diplomacia en manos ahora de la insólita bicefalia Jiménez-Moratinos.


La Razón - Editorial

Decepción en Seúl

Tras el fracaso cambiario del G-20, el FMI debe coordinar las políticas para salir de la crisis.

La cumbre del G-20 en Seúl no ha contribuido a eliminar los riesgos que pesaban sobre la recuperación económica global. Tampoco se ha puesto fin a las guerras cambiarias. Ni el Gobierno de EE UU ha podido comprometerse a una suavización de la inundación de dólares que está llevando a cabo en el contexto de su política monetaria agresiva, ni el de China ha dejado ver su intención de flexibilizar el régimen de flotación muy limitada del yuan. Tampoco los bancos centrales de otros países de la OCDE han anunciado que dejarán de intervenir en los mercados de divisas para neutralizar la apreciación de sus monedas, ni los que han introducido controles de cambio han proclamado su levantamiento.

Todas esas prácticas son contraproducentes para la recuperación económica y pueden sentar las bases de una escalada peligrosa. Las políticas de empobrecimiento del vecino fueron las responsables de la oleada de proteccionismo que, además de profundizar la Gran Depresión, causaron las tensiones que condujeron a la II Guerra Mundial.


En ninguna de las dos líneas complementarias que tenían que haber trabajado los asistentes a esa cumbre -la definición de regulaciones vinculantes para neutralizar las peores consecuencias de las futuras crisis financieras y el alejamiento de los brotes de proteccionismo- los avances han sido reseñables. Aunque la importancia de ese propósito de fortalecimiento de la regulación bancaria sigue vigente, lo más urgente ahora era volver al juego limpio: concretar la cooperación internacional en torno a la necesaria recuperación económica y del empleo, evitando los atajos que empobrecen a los vecinos con prácticas distantes del juego limpio.

Pero tampoco ha habido avances en el frente bancario. La regulación que debería haberse aprobado en esa reunión debería haber tenido en cuenta la nefasta gestión de riesgos. A los bancos han de exigírseles requisitos de capital suficientes, posiciones de liquidez mínimas y topes al margen de apalancamiento. Y esas exigencias han de ser tanto mayores cuanto mayor sea el potencial desestabilizador de las empresas financieras. Es razonable, como propuso Paul Volcker, que sean los mayores (too big to fail: demasiado grandes para dejarlos quebrar) y los que llevan a cabo una actividad transfronteriza más intensa, los que tengan una regulación más estricta.

No debería esperarse a la próxima reunión del G-20 para coordinar las políticas económicas que sacarán al mundo de la crisis y reducirán el desempleo. Puede hacerlo perfectamente el Fondo Monetario Internacional, empezando por la redefinición de nuevos esquemas de regímenes cambiarios y la supervisión de las prácticas al respecto de sus países socios. No se trata tanto de una segunda edición de Bretton Woods como de la definición de un proceso por parte de las economías más integradas internacionalmente hacia un sistema de flotación de los tipos de cambio, libre de las intervenciones excesivas que generan las tensiones actuales.


ABC - Opinión

¿Y si Israel hubiese atacado El Aaiún?

Para ser antisemita no es necesario hacer apología neonazi; basta para ello con disimular las propias pulsiones antijudías detrás de un doble lenguaje que permite censurar siempre y en todo momento la actuación de los israelíes.

Apenas unas horas después de que el ejército israelí matara en defensa propia a una decena de activistas de la mal llamada Flotilla de la Libertad, el Gobierno español no dudó un momento en llamar al embajador israelí, Rafael Schutz, para exigirle explicaciones por los "graves", "preocupantes" y "desproporcionados" hechos acaecidos. El propio PSOE, por boca de Elena Valenciano, no tardó ni unas horas en "condenar energéticamente (...) este inadmisible ataque". Posteriormente supimos que el Mavi Marmara era un buque organizado por Hamas para provocar precisamente una reacción sangrienta con la que volver a incitar el odio hacia Israel por parte de la comunidad internacional.

No en vano, Hamas sabía que su estrategia no caería en saco roto, pues el ambiente antisemita que se respira en la mayoría de Gobiernos occidentales (no hablemos ya de los no occidentales) propicia que cualquier actuación discutible del Estado de Israel se convierta en una causa general contra todo lo judío.


Mejor le habría ido a Israel de haberse transmutado en Marruecos. Cinco días después de que el ejército marroquí entrara en El Aaiún y asesinara a varios saharauis –incluido uno de origen español–, el Gobierno español sigue sin condenar su actuación. La nueva ministra de Exteriores ha justificado su pusilanimidad en que "hay un flujo de informaciones contradictorias, y no se conoce el recuento". En otras palabras, para el Ejecutivo español la condena de los asesinatos no depende de las circunstancias en que éstos se produzcan –si suponen una iniciación de la violencia o una respuesta legítima a la misma– sino de la cuantía de los cadáveres.

Se podrá pensar que el doble rasero del PSOE, que condena al Estado de Derecho israelí con las mismas prisas con las que disculpa a la dictadura marroquí, se debe a una simple táctica comercial. Zapatero ya lo dejó claro en su momento al firmar que "el Gobierno pone por delante los intereses de España", lo que sólo puede significar o que los intereses de España pasan por promocionar las autocracias o que está dispuesto a vender nuestra dignidad y nuestros principios por 30 monedas de plata.

Sin embargo, esta ingenua interpretación no casa demasiado bien con un Gobierno tan ideologizado y tan despreocupado por la economía como el de Zapatero. En realidad, la explicación a tamaña hipocresía hay que buscarla en otra parte: en la judeofobia, esa actitud tan típicamente occidental de enjuiciar a los judíos con una vara de medir distinta que al resto del mundo.

Para ser antisemita no es necesario militar en un partido neonazi ni hacer apología del odio contra Israel; basta para ello con excusar a los antisemitas activos y con disimular las propias pulsiones antijudias detrás de un doble lenguaje que permite censurar siempre y en todo momento la actuación de los israelíes. Nunca nos cansaremos de denunciar esta sofisticada hipocresía detrás de la que se esconde la secular judeofobia de la izquierda y de la derecha. En momentos como éstos, es imprescindible recordarlo.


Libertad Digital - Editorial

Violación de derechos básicos

A la cancelación de la acreditación del corresponsal de ABC se suma la denegación del derecho a defenderse de cargos no especificados.

LA libertad de información empieza a resentirse ante la obsequiosidad con la que el Gobierno español ha actuado con el marroquí en las dos últimas semanas. Cuando el ministro de Asuntos Exteriores, Taieb Fassi Fihri, compareció en el Palacio de Santa Cruz la pasada semana y denunció a la prensa española sin que su contra parte, Trinidad Jiménez, le pidiese una rectificación, se sentó la base del atropello que sufrió ayer la Prensa libre en la persona del corresponsal de ABC, Luis de Vega.

El Gobierno marroquí acusa al corresponsal de este diario de «la difusión de informaciones falsas» sobre lo sucedido en la capital del Sahara y sostiene que De Vega muestra «falta de respeto» a unas reglas de la profesión que no enumeró y «falta de todo profesionalismo», cualidad sobre la que el Gobierno marroquí se atribuye la capacidad de determinar quién posee y quién no. Es evidente el paso atrás que dio ayer Marruecos, que sumó la retirada de la acreditación al corresponsal de ABC a la expulsión horas antes de los enviados especiales de la cadena SER. Pero hay una violación de los más básicos derechos de cualquier ciudadano que agrava esta muy seria anulación del derecho a la libertad de información. La retirada de la acreditación del corresponsal de ABC no le fue comunicada por las autoridades marroquíes pertinentes, sino que fue anunciada por medio de la agencia oficial de prensa. Y ello a pesar de que Marruecos firmó el 19 de enero de 1977, y ratificó el 3 de mayo de 1979, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dispone que toda persona objeto de una acusación sea informada previamente y juzgada según las reglas de un proceso equitativo, especialmente en lo que concierne a la igualdad de derecho a la defensa. Es evidente que ese principio básico en cualquier estado de Derecho ha sido violado por Marruecos.

ABC siempre ha informado sobre la realidad marroquí de forma objetiva y ha mantenido una corresponsalía desde enero de 1988. ABC ha elogiado los numerosos progresos habidos en Marruecos durante los últimos veintidós años y ha criticado lo que de censurable ha tenido la actuación del Gobierno marroquí, como cualquier otro gobierno. Y desde Rabat o desde Madrid seguiremos haciendo lo uno y lo otro.


ABC - Editorial

viernes, 12 de noviembre de 2010

PSOE. La hora de las facas. Por Emilio Campmany

Que Rubalcaba sea parte del felipismo no significa que goce de su protección. La vieja guardia debe de tener su propio candidato. Así que muy bien podría haber decidido el ministro del Interior actuar por su cuenta con la ayuda de Jáuregui y Blanco.

Es impresionante la cola que ha traído la entrevista a Felipe González que el domingo pasado publicó El País. Los hay que tienen desde entonces al ex presidente por confeso y quieren verlo también convicto. Otros, como Rafael Vera, ven en él la altruista intención de atraer las balas sobre sí mismo para sacar de la línea de tiro a Rubalcaba. Y algunos, como los barones socialistas, no ven en ello más que un error.

Lo que no cabe dudar es que reconocer que el gatazo no tenía límites morales a la hora de cazar ratones y que sólo se imponía consideraciones estratégicas con total desprecio a las leyes es algo que perjudica gravemente al PSOE, al de aquellos años y al actual. ¿A qué entonces volver a sacar ahora el tema del GAL, que es, entre los recientes, el muerto más pestilente de los muchos que abarrotan el armario de los socialistas? La aparente metedura de pata ha obligado a Juan Luis Cebrián a sacar, a toro bien pasado, un editorial defendiendo a su amigo (y de paso a Rubalcaba) con la vieja tesis de que lo del GAL fue algo que González se encontró ya en marcha, con otro nombre, al llegar a La Moncloa y que el estadista se limitó a liquidarlo tan pronto como pudo. Olvidan en la calle Miguel Yuste que quienes acabaron con el GAL fueron algunos jueces y periodistas y nadie sabe qué hubiera ocurrido sin sus investigaciones.


Pero interesa plantearse si Rafael Vera tiene razón y si será verdad que Felipe González está haciendo todo esto para proteger a Rubalcaba. Casimiro García Abadillo, el martes pasado, decía lo mismo: "La intención de González es rehabilitar a una generación marcada por aquellos años de oprobio. Preparar el terreno para uno de los suyos (Rubalcaba), en la convicción de que Zapatero no llegará a 2012".

No me lo creo. Es posible que al sevillano le importe una higa Zapatero, Rubalcaba y el futuro de España y lo único que quiera es dejar bien claro que sí, que fue él quien dirigió el GAL, prefiriendo a estas alturas pasar por inmoral que por incompetente (aunque cuando había posibilidad de que tuviera que responder penalmente eligió lo contrario). El caso es, me parece a mí, que llevar ahora a la primera página de los periódicos los asesinatos del GAL no es el mejor modo de proteger a Rubalcaba, pues es el único socialista con alguna responsabilidad en todo ello que sigue en activo.

Yo creo que, Rubalcaba, una vez firmada una alianza con José Blanco, amortajado Bono en sus áticos, amenazada Chacón con el chalé en el Caribe y ninguneado Zapatero, sólo tiene enfrente al viejo felipismo. Que él sea parte de él no significa que goce de su protección. La vieja guardia debe de tener su propio candidato. Así que muy bien podría haber decidido el ministro del Interior actuar por su cuenta con la ayuda de Jáuregui y Blanco. Perdió la batalla de Madrid, que los felipistas vencieron apoyando a Tomás Gómez. Pero el astuto cántabro les ha devuelto la jugada convenciendo a Zapatero de que se aparte y le entregue todo el poder. Los felipistas contraatacan sacando a relucir el GAL, que es lo peor que podía ocurrirle al todopoderoso vicepresidente. Veremos con qué maniobra responde éste. Como decía ese viejo comentarista de Fórmula 1, si pestañean, se lo van a perder.


Libertad Digital - Opinión

De Bruselas a Seúl. Por José María Carrascal

«Zapatero vuelve a enarbolar la bandera de las energías limpias cuando acaba de comprometerse con el carbón».

TAMBIÉN es mala suerte. Ahora que nos aceptan, como invitados, en el G-20, el foro de las economías emergentes se convierte en campo de Agramante, con Estados Unidos contra China, Europa contra Estados Unidos, Alemania contra el resto de los europeos y China contra todos, que puede convertirse en guerra comercial a escala planetaria. Lo que nos faltaba. Pero China está inundando los mercados con productos baratísimos y Alemania mantiene los suyos gracias al severo ajuste que ha hecho, mientras el resto sufren déficit intolerables. Ante lo que Washington ha echado mano del más viejo de los remedios: inyectar dinero público a su economía, devaluando de hecho el dólar, para abaratar sus productos. El resto ha puesto el grito en el cielo. Así llegamos a Seúl, no para regular los mercados financieros ni para poner sobre nuevas bases la economía mundial, ni para atacar el paro, sino para evitar una guerra de divisas. En vez de avanzar, parece que retrocedemos. Lo que priva hoy en el mundo no es la globalización, sino el «¡Sálvese quien pueda!». Y como no parece haber salvación conjunta, lo que se impone es el salvarse cada cual como mejor pueda. Todo un campo admirable para los especuladores.

¿Cuáles son las propuestas que nuestro presidente ante esta grave situación? Pues como no podía desilusionarnos, Zapatero se presenta con un remedio milagroso, con una fórmula mágica, con el bálsamo de Fierabrás contra el paro: las energías renovables, que crearán, dice, un millón de puestos de trabajo en España y, se supone, millones, mundo adelante.

Parece un chiste. Presentar las energías renovables como remedio de la crisis es como recetar aspirinas contra el cáncer. De entrada, no se trata de algo nuevo. Escribí mi primer artículo sobre la energía solar hace cuarenta años, y sobre la eólica, hace treinta. Y todavía siguen siendo un complemente de las energías tradicionales -el petróleo, el gas, el carbón, la nuclear-, para cubrir las necesidades energéticas del mundo desarrollado. Aparte de resultar muchísimo más caras, por lo que hay que subvencionarlas para hacerlas competitivas y ¿de dónde va a salir el dinero para ello, si no lo hay? Pero es que, además, Zapatero ha vuelto a caer en otra de sus famosas contradicciones: vuelve a enarbolar la bandera de las energías «limpias» justo cuando acaba de comprometerse con el carbón nacional, que contamina más que ningún otro producto, lo que ha llevado a la CE a prohibir las subvenciones al mismo. Contaminador en Bruselas y ecologista en Seúl. ¡Viva la contradicción y muera la realidad! Ese es nuestro hombre.

Imagino la cara de nuestros socios europeos al oírle, si es que se tomaron la molestia de escucharle. Y nos reíamos del bigote de Aznar.


ABC - Opinión

Otegi centra y el PP remata en la portería de Zapatero. Por Antonio Casado

Don Fernando Díaz Nicolás, el presidente del tribunal que desde ayer juzga en una Audiencia Nacional llena hasta la bandera a tres acreditados amigos de ETA, lo tiene muy claro. En el territorio de la Justicia rige el principio de legalidad. Ahí no hay sitio para el ejercicio de la política, que se rige por el principio de oportunidad y casa bien con la soflama.

Ayer, este magistrado, discreto, introvertido, experimentado (16 años en la AN), silencioso, sereno, poco amigo de periodistas, de salud quebradiza y al borde de la jubilación, le paró los pies a Arnaldo Otegi, el preso “político” número 303 en las listas de ETA, cuando el ex líder de Batasuna quiso hacer en la sala del juicio una segunda entrega de la agenda de Anoeta, en la que la llamada izquierda abertzale propuso por enésima vez su particular receta para la resolución del “conflicto”.

Pero a Otegi y compañía (Permach y Álvarez, también viejos conocidos en esta confusa historia de política y tiros en la nuca) nadie le juzga por sus recetas para resolver tal o cual conflicto. No es conducta tipificada en el Código Penal. Sí lo es la que se practicó en el cacareado mitin de Anoeta el 14 de noviembre de 2004. Así la describe el artículo 578: “El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos (de terrorismo) o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares”.

«El ex portavoz de Batasuna ha logrado colocar en el circuito mediático el mensaje tóxico de que el Gobierno y el PSOE apadrinaban el acto de Anoeta.»
De eso se trata en la vista pública que ayer comenzó con nutrida asistencia de independentistas vascos, por un lado, y familiares de víctimas del terrorismo por otro (también víctimas del terrorismo que, afortunadamente, aún lo pueden contar). En el mentado mitin de Anoeta, Otegi expuso su particular doctrina “ikea” (recuerden las dos mesas), mientras sus seguidores vitoreaban a ETA, unos encapuchados repartían el Zutabe (la hoja parroquial de la banda) y se exhibían fotos de conocidos etarras. Sólo por eso, no por sus recetas independentistas, Otegi puede cumplir hasta año y medio de cárcel como pide el fiscal.

A pesar de todo, el ex portavoz de Batasuna ha logrado colocar en el circuito mediático el mensaje tóxico de que el Gobierno y el PSOE apadrinaban el acto de Anoeta por si aquello podía ser el principio de una gran amistad encaminada a terminar con el cáncer de la violencia en el País Vasco. Siempre hay gente dispuesta a tomar la palabra de su peor enemigo como argumento de autoridad o fuente segura de la verdad. Si sirve para apedrear al adversario político, bienvenido sea el mensaje de alguien tan poco recomendable como Arnaldo Otegi, aunque en el viaje se alimente la estrategia de ETA y sus amigos al poner en riesgo la sintonía antiterrorista de las dos fuerzas centrales del aparato político del Estado.

Al PP le ha faltado tiempo para rematar el balón centrado desde la extrema izquierda del nacionalismo vasco. El portavoz, González Pons, pide al Gobierno que confirme o desmienta a Otegi cuando éste afirma que Rodríguez Zapatero estaba pendiente del referido mitin de Anoeta. Y si lo hubiera estado, ¿qué? Nada tendría de particular. Dicho sea desde el punto de vista político, en cuyo ámbito tienen derecho a moverse legalmente tanto Zapatero como Otegi.

No es ningún delito estar pendiente de un acto político que se anuncia hasta en los medios de comunicación. Lo que es delito es hacer cama redonda con los terroristas o jalearles públicamente. De eso se juzga a Otegi. Pero eso, al parecer, ha pasado a un segundo plano en la preocupación del PP. Por no desaprovechar la ocasión de seguir inoculando en la opinión pública la sospecha de que Zapatero se sigue entendiendo por debajo de la mesa con ETA y sus amigos. Qué disparate.


El Confidencial - Opinión

La ministraza. Por Alfonso Ussía

Con la excepción de los pantalones que se pone habitualmente, a la ministra de Asuntos Exteriores todo le viene grande. Espero no ser ajusticiado por machista, porque en mi preámbulo no hay opinión, sino evidencia. A la ministra le vienen grandes los cargos, las responsabilidades y las elecciones. No ha ganado ninguna, y gracias a ello ocupa en la actualidad una cartera ministerial fundamental. Es simpática, no lo pongo en duda. Y amiga de Rubalcaba. Y de Zapatero. Méritos culminantes.

La señora ministra doña Trinidad Jiménez, no se ha enterado de lo que ha pasado en el viejo Sahara Español. Resulta curiosa la facilidad de nuestra izquierda para columpiarse en la ética y la estética. Quedó muda cuando su colega marroquí pisoteó la libertad de expresión de la prensa española. Eso lo soporta una tontaina, pero no la ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno democrático de un Estado de Derecho. Y ahora, con muertos marroquíes y saharauis durante la revuelta de El Aaiún, solicita prudencia. La señora ministra era muy amiga del Frente Polisario en su reciente juventud. La señora ministra ha defendido siempre la facultad del pueblo saharaui para alcanzar su independencia y su libertad. La señora ministra, al fin, se ha apercibido de que los eslóganes y los lugares comunes de la retroprogresía, chocan frontalmente con los intereses internacionales de España. No somos nadie. Y lo que es peor. No somos nada. Desde el año 2004, España es un cero a la izquierda en la política internacional. Los Castro, Chávez, los palestinos y Marruecos. La ministra está en Bolivia.

La señora ministra, que mantiene en los pasillos de su ministerio a ilustres y competentes diplomáticos por el solo hecho de no ser socialistas –los diplomáticos, como los militares, son ante todo españoles y leales al Gobierno de España–, se ha largado a Bolivia mientras el Sahara estallaba de cólera. Y en Bolivia, encantadora, ha visitado a Evo Morales y le ha regalado un jamón. Allí, a cuatro mil metros de altura, ha inaugurado un complejo de ingeniería en el que nada ha colaborado para abastecer de agua a los aymaras. Es de esperar que con anterioridad a su ascenso a tan considerable altura, se haya desprendido del jamón. Un jamón de Jabugo, a cuatro mil metros sobre el nivel del mar, pesa más que la melancolía de Manuel Chaves. Ha sido nombrada «Princesa de los aymaras», mientras los marroquíes y saharauis estaban liados a tiros. Por respeto a sus ideas pasadas, podría haber estado algo más pendiente de la situación. Aunque quizá, lo mejor para España, para Marruecos y para los saharauis, sea que reparta jamones por el altiplano de Bolivia. Porque España, por culpa de la desastrosa política internacional llevada a cabo por Moratinos y Zapatero, es un cero a la izquierda en el sentido más traducible. Cero y a la izquierda. Pero una ministra no huye. El Sahara fue nuestro, y los saharauis, aunque no lo merezca el Frente Polisario del último tramo colonial, son los nuestros. Los nuestros de antes. Los de la señora ministra que ha inaugurado su enchufe con jamones en Bolivia. Todo le viene grande.

Su sonrisa, su olvido, su ruina en el criterio, su bancarrota «progre», sus derrotas en las urnas y su regalo ministerial. Más que ministra de Asuntos Exteriores, es la cautiva del cacique, o del sultán almoreví que cantó Jorge Cafrune, allá en Jujuy, mirando a Bolivia, inspirado en un viejo romance español del siglo XVII. Hasta las huidas le vienen grandes. ¡Ministraza!


La Razón - Opinión

Inmigración. Un gran tabú y un mal contrato. Por Cristina Losada

Resulta que en España, como en el resto de Europa, el propósito de poner coto a la inmigración y seleccionarla no se puede formular abiertamente. Es tabú, ¡xenofobia!

En la escena política española, la problemática de la inmigración no es abordada: es abordaje. Cualquier propuesta restrictiva se recibe con una salva de acusaciones de racismo. Y el doble rasero da gusto. Aunque la izquierda, desde luego, evita mojarse. Prefiere mandar a su adversario, envuelto en llamas, al infierno fascistoide. La inmigración sólo sirve de pretexto para la agitación. En Cataluña es materia candente de campaña, pero en lugar de argumentos, disparan anatemas. El ex presidente González arengaba días atrás a las bases del PSC en Badalona contra los "demagogos xenófobos" y de "extrema derecha" del PP. Qué previsible, qué triste.

Lejos de la gresca y el alboroto espera la discusión necesaria. Las dificultades prácticas no se resolverán al grito de ¡racistas! El PP viene proponiendo un "contrato de integración" que merece un examen. Sánchez Camacho acaba de presentar un proyecto, idéntico al que llevó Rajoy a las elecciones del 2008, con una adaptación a su geografía política: el inmigrante ha de aprender el español y el catalán. Así, el PP introduce de rondón para los extranjeros el deber de conocer el catalán que rechaza, por inconstitucional, para los españoles. Mas, ¿por qué se ha de obligar a los inmigrantes al aprendizaje de una o dos lenguas? Los hay que ya lo hacen por su cuenta, pero si no fuera así, ¿por qué forzarles? Entonces aparece la palabrita mágica: "integración". Se pretende que el idioma cumpla una función integradora –¿cultural?– cuando el idioma es nada menos, pero nada más que un instrumento de comunicación.

Otros deberes que el contrato del PP impondría el inmigrante resultan menos discutibles, pero superfluos. Cumplir las leyes y pagar impuestos, va de suyo. Nadie se escapa o nadie debería. Y "trabajar activamente por integrarse", vaya usted a saber qué significa. ¿Quién y cómo evaluará el grado de integración? ¿Habrá certificados de "buena integración"? Dejémonos de subterfugios. Todo eso es puro bullshit. Resulta que en España, como en el resto de Europa, el propósito de poner coto a la inmigración y seleccionarla no se puede formular abiertamente. Es tabú, ¡xenofobia! De modo que, a fin de sortear la tácita prohibición, se erige un muro disuasorio de trabas burocráticas que se legitima con la resbaladiza idea de la "integración". Así, por huir de la incorrección política, se cae en la ciénaga identitaria. Peor el remedio.


Libertad Digital - Opinión

Txusito. Por Ignacio Camacho

Eguiguren se ha autoinculpado al admitir sus idas y venidas con Josu Ternera, ese mocetón tan simpático y jatorra.

ALEGRE, espontáneo y dicharachero, Jesús Eguiguren se ha autoinculpado de al menos dos delitos al admitir sus idas y venidas con Josu Ternera, ese mocetón tan simpático y jatorra que tiene el defectillo —«nadie es perfecto», decía Joe E.Brown en «Con faldas y a lo loco»— de ser o haber sido uno de los jefes de la ETA. Uno de lo delitos es el muy obvio de reunirse con terroristas y el otro podría ser, dada la condición de prófugo de Ternera, el de denegación de auxilio a la justicia. Por ello, en puridad jurídica, cuando Eguiguren comparezca hoy como testigo de la defensa en el juicio contra Arnaldo Otegi —otro chico estupendo algo descaminado—, el fiscal o el juez deberían pedir que se le dedujera aparte testimonio de sus confesas andanzas, con advertencia expresa de la posibilidad de resultar imputado. Por tomarse un café con el citado Otegi acabaron empapelados el actual lendakari Patxi López y su antecesor Ibarretxe, ahora memorialista de su propio delirio. Ninguno de los dos llegó a proclamar su «afecto» por el procesado, un etarra en comisión de servicio como presunto activista político.

Aunque sus compañeros socialistas lo desautorizan con la boca chica y lo consideran un verso suelto imposible de rimar con la estrategia del partido, Eguiguren hace tiempo que va y viene cruzando, como Cyrano de Bergerac, las líneas del enemigo para llevar mensajes de no se sabe quién a no se sabe dónde. También cruza a menudo, cargado de buena intención según quienes le conocen, las líneas rojas que la dignidad y el sentido común han impuesto en la resistencia contra el terrorismo, y en el vaivén pisotea alguna que otra hoja suelta sin notar el crujido de la memoria de las víctimas de sus amigotes. Da gusto entenderse, ha declarado en la tele, con Josu Ternera, un vasco jovial amante del vino y la buena mesa con el que fluye la charla de modo natural y, literalmente, cómplice. Hasta tal punto ha persistido en su trajín de chácharas que algún documento etarra alude a la «vía Txusito» como línea de diálogo nunca interrumpida. Cuando todos los caminos se cierran y la Guardia Civil siempre aparece al fondo de la encrucijada, queda la «vía Txusito» para continuar manteniendo la esperanza. El Estado aprieta pero Txusito no ahoga.

Si fuese por Txusito, el conflicto vasco llevaría años resuelto. Él mismo lo dice: el entendimiento es fácil si se prescinde de los muertos, que son 860 muerto arriba, muerto abajo. Nos olvidamos de ellos y ya está, a vivir que son dos días y en Euskadi son «cuatro gatos» (sic) y acaban cogiéndose afecto. No pocos de esos muertos eran compañeros de filas de Eguiguren aunque los muchachotes del otro lado no les dieron tiempo a tomarles estima. Pero como ya es inevitable qué se le va a hacer, pelillos a la mar brava de Bermeo y a tomarse unos potes con la peña. Que son buenos chicos y han cambiado. Palabra de Txusito.


ABC - Opinión

La derrota efectiva de ETA

El juicio por enaltecimiento del terrorismo contra Arnaldo Otegi y otros dirigentes políticos de ETA que se abrió ayer en la Audiencia Nacional ha alimentado durante estos días toda suerte de especulaciones sobre oscuras negociaciones con la banda terrorista que pasaría por una supuesta legalización de facto de Batasuna para que pudiera presentarse a las elecciones municipales. El hecho de que el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, acuda hoy a declarar a petición de la defensa de Otegi ha acentuado todavía más las incertidumbres y sospechas que rodean la hora actual de la lucha contra los pistoleros y su brazo político. No conviene, sin embargo, dar carta de naturaleza a lo que son sólo temores ni desconfiar de que el PP y el Gobierno no estén haciendo lo correcto para terminar con ETA. Por fortuna, el Pacto Antiterrorista goza de buena salud, como lo demuestra la tramitación parlamentaria de nuevos filtros electorales para taponar a Batasuna, y así conviene que siga. Lo cual no quiere decir que el discurso del Gobierno, al que le corresponde liderar la política antiterrorista, adolezca de la claridad y contundencia que reclaman los ciudadanos, como si el final de la banda fuera una pieza más del tablero electoral en el que caben diferentes jugadas. Tampoco ayudan ni confortan confesiones extemporáneas como las de Felipe González sobre la «guerra sucia». Por el contrario, resulta muy esclarecedor el discurso que ayer pronunció José María Aznar como doctor honoris causa por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. La tesis del presidente de FAES es que ETA ya está derrotada histórica y socialmente, de ahí que la cuestión clave sea hacer efectiva esa derrota e impedir que escapen a ella los terroristas en un gesto de cesión disfrazado de falsa generosidad. No basta, nunca ha bastado, que los pistoleros y sus cómplices renuncien ahora a la violencia, sino que están obligados a reconocer que nunca debió emplearse porque nunca ha estado justificada. El más grave peligro que corren el Estado de Derecho y la Nación en esta fase terminal de ETA es que se plantee como un debate de dos equivalentes, de dos proyectos igualmente legítimos: el de la Nación española que se renueva en la Constitución de 1978 y el terrorismo independentista. Es lo que llama Aznar «perder en la victoria», esto es, vencer sin que haya vencidos. Si el Estado democrático no culmina su victoria con la visualización palpable e inequívoca de la derrota de los terroristas, de modo que se demuestre la inutilidad absoluta de 50 años de asesinatos, la banda etarra se sentirá legitimada para volver a intentarlo dentro de unos años. Por decirlo con un ejemplo histórico, la derrota de ETA no puede ser nunca un «Abrazo de Vergara», como proponen los nacionalistas y cierta izquierda federalista, porque sumiría al Estado de Derecho en la indignidad y porque si el precio de la derrota es un «abrazo» habrán salido muy baratos los casi mil españoles asesinados. Como subrayó Aznar, la derrota efectiva de ETA ha de ser la culminación del pacto constitucional. Por eso son los terroristas y sus cómplices los que tienen una deuda que pagar a la Nación. Y Otegi no es ninguna excepción.

La Razón - Editorial

Errores marroquíes

Después del asalto al campamento de El Aaiún, Rabat bloquea toda noticia sobre el Sáhara.

Al error de asaltar el campamento de Agdaym Izik, Marruecos ha sumado el endurecimiento del bloqueo sobre las noticias procedentes de El Aaiún. La estrategia de Rabat perjudica a sus propios intereses, pues la opacidad informativa crea una presunción a favor de quienes denuncian la dureza de la represión llevada a cabo por las fuerzas marroquíes. Con el agravante de que el trato discriminatorio hacia los periodistas españoles corre el riesgo de transformarse, además, en un incidente diplomático. Como sucedió con el episodio de Aminetu Haidar, el Gobierno español está viéndose envuelto de manera directa o indirecta en decisiones inaceptables del Ejecutivo de Rabat. Si algo se demuestra con ello es la fragilidad de las bases sobre las que se mantiene la relación, inspirada para la parte española por un único y excesivo deseo de evitar los roces.

Mientras no se tenga información contrastada sobre los sucesos parecería lógico evitar los pronunciamientos oficiales más de fondo. El problema reside, sin embargo, en que la voluntad de Marruecos consiste, precisamente, en evitar que se obtenga esa información. Y es en este punto donde falta una mayor determinación por parte de la diplomacia española, que ha tardado en reaccionar ante el bloqueo informativo y que, cuando lo ha hecho, ha sido en términos ambiguos. No parece ni oportuno ni comprensible, por otra parte, que el presidente Zapatero recurra a los servicios de un titular de Exteriores recién cesado para abordar un asunto que, como la Cumbre de la Unión Euromediterránea, tiene en estos momentos puntos concomitantes con los sucesos en curso en el Sáhara. Al optar por esta fórmula al margen de los canales institucionales, Zapatero devalúa la posición internacional de la ministra Jiménez sin tener garantizado el resultado que busca recurriendo al ex ministro Moratinos.


Marruecos está añadiendo con sus acciones nuevas dificultades a la ya de por sí difícil solución autonomista que defiende para el Sáhara. Su viabilidad depende de unos avances en la democratización del régimen marroquí que no solo no acaban de cuajar, sino que hoy están más en entredicho que antes de producirse los incidentes. Sofocar las protestas de los saharauis recurriendo a la fuerza no avanza en la solución del contencioso y, en cambio, deja al descubierto el largo camino que aún debe recorrer la apertura del régimen marroquí. Al tiempo que demuestra su necesidad de buscar enemigos exteriores con los que tratar de justificar sus errores, deteriorando las relaciones con un país aliado y amigo como es España.

Las conversaciones entre Marruecos y el Polisario que se reanudaron esta misma semana han tenido que ser pospuestas. Nada indica que vayan a ser mejores las condiciones para retomarlas después de los incidentes. Más bien al contrario: Marruecos tendrá que esforzarse de nuevo en demostrar que la solución autonómica no es un disfraz para convalidar su situación de hecho en el Sáhara.


El País - Editorial

El catalán de Sánchez Camacho

Parece que la candidata del PP está mucho más cerca del nacionalismo catalán que de la defensa de los derechos lingüísticos.

En una entrevista al subvencionadísimo Avui publicada este miércoles, la candidata del Partido Popular en las elecciones autonómicas catalanas, Alicia Sánchez Camacho, aseguró que regañaba a su hijo si le hablaba en castellano. Ante el escándalo, declaró a esRadio que se habían sacado de contexto sus palabras y que la realidad era distinta: lo corregía si metía palabras en catalán cuando hablaba en castellano y viceversa. Como única prueba de la veracidad de sus palabras, aseguró que llamaría al periódico para exigir una rectificación. Un día después, Libertad Digital contacta con Avui para comprobar si lo ha hecho y la respuesta es que no. Sin embargo, el jefe de prensa de Sánchez Camacho asegura que sí lo han hecho, que en el diario les han pedido disculpas pero se han negado a rectificar y ellos lo han aceptado.

¿Por qué el escándalo en primer lugar? Al fin y al cabo, la vida privada de Sánchez Camacho es eso, privada, y no debería ser objeto de una crítica política. Sin embargo, desde el momento en que la candidata del PP usó a su hijo para ganarse las simpatías de los lectores del Avui, más que probablemente nacionalistas, lo metió en el debate. Del mismo modo, la intimidad de la familia de Zapatero pasó a ser de interés público cuando el presidente del Gobierno describió con orgullo el sectarismo que demostraban sus hijas, que ya decían aquello de que la izquierda es buena y la derecha mala.


Naturalmente, dado que el PP se presenta como un partido nacional y de derechas, parecería lógico que sus líderes se comportaran como tales. Si Sánchez Camacho defiende sinceramente en público el bilingüismo y no la imposición de ninguna lengua, no se acaba de entender que en privado obligue a su hijo a olvidarse justo del idioma objeto de las iras del nacionalismo catalán, su rival electoral e ideológico. Parece, por tanto, que la candidata del PP está mucho más cerca del nacionalismo catalán que de la defensa de los derechos lingüísticos.

Es cierto que la lengua en que educamos a nuestros hijos no debería ser objeto de debate político. La administración y, especialmente, la educación pública deberían ofrecer sus servicios en los idiomas naturales de cada territorio; en el caso de Cataluña, el castellano y el catalán. Pero los nacionalistas, incapaces de encontrar otra razón por la que justificar sus respectivos hechos diferenciales, han hecho de la lengua un elemento de división de España y de creación nacional. Con la excusa de que Franco impidió el uso normal de las lenguas regionales, los nacionalismos van a cumplir ya treinta años de imposición lingüística.

Por otro lado, al margen de cómo eduque realmente Sánchez Camacho a su hijo, lo cierto es que sus formas dejan mucho que desear. Por lo que parece, se está limitando a decir a unos y otros lo que quieren oír, deporte que no por ser tan practicado por nuestros políticos resulta menos hipócrita. Para que la democracia funcione es imprescindible saber qué piensan y qué pretenden hacer los políticos a los que votamos. En caso contrario, el sufragio se convierte en una ruleta rusa, un juego en el que participamos ciegamente, o una expresión de adhesión más propia de una hinchada de fútbol que de una ciudadanía informada y consciente de sus derechos y obligaciones.

Claro que posiblemente sea eso lo que quiere este búlgaro PP. De ahí que Sánchez Camacho sea, entre todos los candidatos posibles, la elegida para dirigir el partido en Cataluña.


Libertad Digital - Editorial

El G-20 no admite ocurrencias

Mientras los grandes líderes internacionales plantean una batalla con final incierto, Rodríguez Zapatero sigue empeñado en jugar al «buenismo».

LA reunión del G-20 en Seúl es fiel reflejo de las graves dificultades que sufren las principales economías del mundo para gestionar las secuelas de una crisis de alcance universal. La «artillería» monetaria activada por Barack Obama para aliviar las finanzas de la primera potencia internacional es la expresión de unas prácticas proteccionistas que chocan con la globalización social y económica. La llamada «guerra de divisas» enfrenta a los Estados Unidos no solo con la UE sino también con China, Brasil y otros países relevantes. Pero lo cierto es que cada uno da la batalla por su cuenta, de tal manera que la «cumbre» parece derivar en un conflicto de todos contra todos del cual no cabe esperar nada bueno para buscar una salida razonable a la crisis. Mientras tanto, crece el riesgo de colapso para Irlanda —e incluso para Portugal— con sus diferenciales de deuda respeto del bono alemán situados al límite de lo posible. La Reserva Federal se equivoca cuando otorga prioridad al interés a corto plazo de los Estados Unidos, porque la única forma de salir de la crisis es un esfuerzo conjunto en beneficio de todos.

Mientras los grandes líderes internacionales plantean una batalla con final incierto, Rodríguez Zapatero sigue empeñado en jugar al «buenismo», lanzando ocurrencias que ya no engañan a nadie a estas alturas. Hablar de la creación de un millón de empleos «ecológicos» es un brindis al sol que no se puede tomar en serio cuando procede de un país que bate todos los récords de paro y cuyos agentes socioeconómicos no consiguen ver la luz al final del túnel, a pesar del falso optimismo gubernamental. Menos mal que el presidente del Gobierno está acompañado en Seúl por los líderes de algunas grandes empresas españolas, cuya solvencia a escala internacional ofrece una imagen muy positiva de nuestro país. De lo contrario, caemos en el grave riesgo de que España se diluya en la insignificancia o juegue un papel anecdótico en el G-20, porque los tiempos exigen una política madura y responsable, al margen de las eternas ocurrencias para salir del paso. Rodríguez Zapatero debería tomar buena nota de las posiciones de Sarkozy, Merkel y otros socios europeos, dispuestos a afrontar en serio la crisis del Estado de bienestar y a defender con argumentos eficaces los intereses de la economía europea en tiempos de turbulencia.


ABC - Editorial

jueves, 11 de noviembre de 2010

Ministros. Los últimos de la clase. Por Cristina Losada

Se ha pasado de nombrar a altos funcionarios a colocar a funcionarios del partido. La primacía del sector público se ha convertido en primacía de los aparatos partidarios.

La comparación de los currículos de varios ministros españoles con los de sus homólogos europeos aboca a preguntarse, como Zavalita en la novela de Vargas Llosa, sobre el momento en que se jodió este Perú nuestro. Teníamos ya noción de que en la era de "la generación de españoles mejor preparada de la historia" –palabra de uno de los presidentes más limpios de preparación– contábamos con el Gobierno peor pertrechado de la democracia. Pero a la vista de los historiales de unos y otros se imponen constataciones más dolorosas. A fin de cuentas, a nadie le complace que en el Consejo de Ministros se sienten los últimos de la clase. A nadie, salvo al que se encuentre en el mismo caso.

Con los últimos de la clase no se quiere significar que alguno de los ministros dejara sin terminar, y casi sin empezar, una carrera universitaria. Se trata de que no pueden lucir en su expediente ni una trayectoria notable en el sector privado ni un surtido de responsabilidades públicas relevantes. Los cuatro retratados (Sanidad, Fomento, Defensa y Exteriores) son pura carne –carné– de partido. En el partido hicieron sus carreras y desde el partido dieron el dulce salto a las poltronas. En contraste, sus colegas de Francia, Italia y Portugal responden al perfil clásico. Formación de alto nivel y experiencia de gestión en materias relacionadas con la cartera que se les encomienda. Aquí, se ha desechado, seguramente por poco progresista, la idea de que conviene disponer de algún conocimiento de los asuntos que uno va a abordar desde el ministerio.

Hace tiempo que la política, al menos, en la Europa continental, extrae a sus miembros del sector público. Se ha consolidado la opinión de que un político que provenga del sector privado es sospechoso de inconfesables intereses. ¡Cómo si los demás no los tuvieran! Ni siquiera los Estados Unidos son lo que fueron: se contaba como excepcional que un fabricante llegara, en estas últimas legislativas, al Congreso. Pero, por norma, los cargos políticos de peso proceden de las elites, sean funcionariales, profesionales o académicas. En España, procedían. Se ha pasado de nombrar a altos funcionarios a colocar a funcionarios del partido. La primacía del sector público se ha convertido en primacía de los aparatos partidarios. Y, así, se ha vuelto común la rareza: que un indocumentado llegue a ministro. O, incluso, a presidente.


Libertad Digital - Opinión

Vergüenza ajena y oprobio común. Por Hermann Tertsch

El régimen marroquí no se distrae estos días con las maravillosas relaciones que mantiene con Zapatero.

UNA de las pocas formas que nos quedan ya para intentar huir de la vergüenza que produce la actuación de nuestro Gobierno en el exterior es ejercitar la certeza de que otros españoles lo sabrían hacer de otra forma. Por desgracia es cierto que nos representan a todos en el mundo por haber sido elegidos por una mayoría. Pero también lo es que hay muchos españoles con preparación, criterio y carácter que nos representarían y defenderían los intereses de España con dignidad, eficacia y altura de miras. Decir que lo harían mejor es no decir nada, porque hoy lo difícil es encontrar a quien pueda hacerlo peor. Antes de considerarse un enviado de la Providencia Progresista, nuestro Gran Timonel le dijo a su consorte aquello de «Sonsoles, no te puedes imaginar cuantos cientos de miles de españoles podrían gobernar». Un instante único aquél, en el que brotó tamaña verdad de sus labios. A estas alturas de la tragicomedia del zapaterismo podemos decir que el listón no es ya obstáculo ni para el más torpe de los reptantes. Por lo que no son centenares de miles sino millones, señora consorte, los que gobernarían sin hacer el daño que su marido ha hecho. En nuestra política exterior estamos viviendo horas estelares del zapaterismo químicamente puro. El dislate generalizado ha alcanzado cotas orgiásticas del despropósito. El ridículo y el oprobio son ya la percepción constante en un serial interminable de torpezas y barrabasadas. Cierto, como dicen fuera, que los españoles tienen al Gobierno que han elegido. En nuestro descargo cabe alegar que nadie en su sano juicio podía prever lo que nos venía encima. Estaba claro que habríamos de pagar por una política exterior sin principios, sin profesionalidad, sin carácter, criterio ni firmeza. Una política que nos ha marginado en nuestro espacio natural de las democracias occidentales, donde España ya solo cuenta como fuente de preocupación e inseguridad económica. Solo nos tienen ya en cuenta esos regímenes dictatoriales o autoritarios que por afinidades ideológicas este Gobierno ha apoyado y financiado. No para agradecerlo. Para pagarnos con insultos, desplantes y desprecio. Venezuela o Cuba, Bolivia, Mauritania o Marruecos, ¡qué más da! Nuestra obsequiosidad es ya humillación y tiene además humillación por respuesta. Así es el mundo. Si no nos respetamos nosotros, ¿por qué iban a hacerlo otros? Ayer fue otro día de auténtica vergüenza en la gestión española de la crisis marroquí. Por un lado salía la ministra Trinidad Jiménez negando muy enfadada que hubiera sido avisada de antemano de la bárbara operación policial marroquí. El diario El Paísasegura que sí lo sabía. Dada la impotencia del Gobierno, casi da lo mismo. En el Parlamento, el ministro de la presidencia Jáuregui, se hacía tal lío al explicar dicha impotencia, que acabó atribuyendo a Marruecos la soberanía territorial sobre el Sáhara. Después dijo que no quiso decir lo que dijo. Da igual también. Miren que nos dijeron que Jáuregui venía de ministro porque se explica muy bien. Periodistas franceses pudieron viajar a Marruecos para visitar los escenarios que el régimen de Mohammed VI tenga a bien enseñarles. Los periodistas españoles poblaban los aeropuertos a la espera de que el Sultán les deje entrar a mirar un poquito. Mientras continúa la operación de terror contra la población, las detenciones y los saqueos. El régimen marroquí no se distrae estos días con las maravillosas relaciones que mantiene con Zapatero y Rubalcaba. Quizás allí crean que estas relaciones son exclusivamente para cuestiones de protocolo y privilegio de tantos líderes socialistas que han hecho de Marruecos su particular y muy privilegiada alternativa a la Costa Azul.

ABC - Opinión

Avui. Sánchez Camacho. Por José García Domínguez

Al igual que esas pequeñas orquestas cíngaras, las que se ganan la vida en las aceras interpretando la música que los viandantes deseen escuchar, a la Camacho tanto le da entonar un tango que un rock o una muiñeira.

Sostiene la señora Sánchez Camacho que el diario Avui ha sacado de contexto cierta frase muy suya, tanto que luce entrecomillada en el periódico para mayor abundamiento sobre su genuina maternidad. La sentencia en cuestión, de cuya veracidad la locuaz Camacho aún no ha concedido decir ni pío, es la siguiente: "[A mi hijo Manel, de cuatro años] le riño si me habla en castellano". Así las cosas, por el módico precio en saliva de pronunciar dos vocablos concatenados, en concreto las voces "es" y "mentira", doña Alicia se habría evitado incordios mayores. Es mentira. Tan sencillo como eso. Sin embargo, y vaya usted a saber por qué, ha preferido enrocarse en el brumoso jardín del contexto.

No es doña Alicia, por cierto, ni mejor ni peor que tantos políticos profesionales de su generación. Acaso un poco más torpe. Aunque solo un poco. Así, como sus pares, no posee el menor reparo con tal de defender cualquier causa y su contraria. Al igual que esas pequeñas orquestas cíngaras, las que se ganan la vida en las aceras interpretando la música que los viandantes deseen escuchar, a la Camacho tanto le da entonar un tango que un rock o una muiñeira. Si la llaman del Avui, les confesará risueña que, amén de velar sin descanso por la pureza fonética del pequeño Manel, cuenta con "muchos amigos soberanistas". Léase separatistas. Muchos, no uno ni dos ni tres. Ya se sabe, el contexto.

Si el interlocutor resulta ser Libertad Digital, plena de santa indignación proclamará airada que "estas cosas [las regañinas morfosintácticas descontextualizadas] pueden dar a entender lo que no es". Aunque, al tiempo, no habrá manera humana de arrancarle qué es lo que es y qué lo que no es. Si, en fin, es el plató de Tengo una pregunta para usted quien la acoge, con la más gozosa de sus sonrisas celebrará que Benedicto XVI "ha universalizado mucho (sic) nuestra lengua propia". Que no la impropia, esa intrusa en cuya defensa se redactó aquel célebre manifiesto que encabezara el Nobel Vargas Llosa, el mismo que ella se negó en redondo a rubricar. Y es que, a lo tonto, doña Alicia ha superado al mismísimo McLuhan: el texto es el contexto.

Nota bene:

Tras fructífera conversación con Pep Lloveras, el periodista de Avui que realizó el reportaje de marras, el arriba firmante está en condiciones de afirmar que Alicia Sánchez Camacho aún no se ha dirigido a ese periódico para exigirle rectificación alguna. Que el diario Avui no alberga la menor intención de desdecirse. Y que el autor material de la pieza, el citado Pep Lloveras, igual se ratifica en la literalidad de lo publicado.


Libertad Digital - Opinión

Papelón. Por Ignacio Camacho

La «constatación» de que Mohamed VI es el amo del Sahara representa el punto más bajo desde la Marcha Verde.

EN los treinta años de conflicto del Sahara, aprovechados por Marruecos para imponer su política de hechos consumados, España no ha sabido ni querido enmendar el papelón de su precipitada salida descolonizadora. Antes al contrario nos hemos movido siempre en una suerte de ambigüedad culpable, que el zapaterismo ha ido reconvirtiendo en abierta connivencia con la estrategia marroquí sin abandonar el discurso ambivalente salpicado de mantras de diálogo y multilateralidad. Ocurre que el sultanato, como régimen autoritario que es, resulta poco proclive a las sutilezas y cada vez más a menudo pone a prueba las tragaderas españolas con actos de una brutalidad insoslayable. El asalto a los campamentos de El Aaiún tiene ribetes de pogrom étnico que han provocado incluso la repulsa de la muy proalauita Francia sin que el Gobierno de Zapatero/Rubalcaba sea capaz de manifestarse con el mínimo de energía que requiere la dignidad democrática.

España tiene derecho incluso a ponerse de parte de Marruecos si lo considera positivo para los intereses nacionales, pero lo que no puede hacer es renunciar a su papel de referencia en un problema que como antigua metrópoli colonial le atañe de modo directo. Y eso es exactamente lo que ha hecho este Gobierno: ponerse de perfil con abstractas apelaciones a la calma, inhibirse de sus responsabilidades históricas y actuales y hasta montar el consabido lío diplomático al reconocer primero y «constatar» después —rectificando en horas, como es costumbre— los supuestos derechos efectivos y soberanos de Rabat sobre el territorio saharaui. Hacerlo en pleno escándalo por la inaceptable y violenta razzia de El Aaiún constituye un ejercicio vergonzante de sumisión política y de denegación de amparo.

El zapaterismo aplica en el Sahara su conocido criterio de doble rasero, ese hipócrita embudo moral que determina la consideración de las cosas y los hechos según su adecuación a las conveniencias propias. La legalidad de la ONU vale para desautorizar la guerra de Irak pero no para aceptar el cumplimiento del plan Baker y otras resoluciones que llevan años en el limbo de la diplomacia. Desmantelar a sangre y fuego un asentamiento de refugiados constituye una canallada si la ejecuta Israel pero no merece condena explícita cuando es Marruecos el que la lleva a efecto. Vetar a periodistas y parlamentarios como testigos de la violencia de Estado es pecado mortal para cualquier régimen democrático y pecata minuta si lo decide nuestro amigo el sultán. Nada grave para suspender el solícito interés de la ministra de Exteriores —menudo debut el de MinisTrini— por la maltrecha rodilla de Evo Morales.

La «constatación» de que Mohamed VI es el amo del Sahara representa el punto más bajo del abandono español desde la Marcha Verde. Hasta ahora: tal vez haya ocasión de constatar que podemos hacerlo peor.


ABC - Opinión

La cobardía y la soberbia del que se sabe impune

Felipe González ya no mantiene que se enteraba de esto "por la prensa", sino que reconoce, movido por su soberbia, que "informaciones y acciones" como las referidas a la guerra sucia tenían que llegar hasta él, "por las implicaciones que tenía".

Es del todo lógico el interés de los socialistas por pasar página a un asunto como el de la guerra sucia contra ETA si tenemos en cuenta, entre muchas otras cosas, que varios de los protagonistas de su encubrimiento están ahora en activo en el Congreso, como Txiki Benegas, o incluso forman parte del Gobierno, como Rubalcaba y Jáuregui.

Aspirar, sin embargo, a que unas declaraciones como las de Felipe González, en las que prácticamente se descubre como la X de los GAL, pasen desapercibidas es del todo iluso: a la catarata de declaraciones políticas que ha provocado las palabras del ex presidente socialista, se han unido acciones en el ámbito judicial. Tal es el caso de los escritos que el ex diputado de IU Antonio Romero y la viuda de Juan Carlos García Goena han presentado ante el fiscal general del Estado, en los que se le pide una apertura de las investigaciones sobre los GAL, muchos de cuyos crímenes aun no se han esclarecido.


Al afirmar que todavía no sabe si hizo lo correcto al no autorizar a finales de los 80 la liquidación en Francia de la cúpula de ETA, Felipe González no hace sino un cobarde y falso intento de maquillar con argumentos morales lo que en realidad no fue otra cosa que una actividad criminal, en la que se malversaron fondos públicos y en la que se asesinó, torturó y secuestró a miembros de ETA y a otras personas que nada tenían que ver con la organización terrorista.

Sin embargo, lo que mayor trascendencia tenga de cara al ámbito judicial sea el hecho de que Felipe González ya no mantiene que se enteraba de esto "por la prensa", sino que reconoce, movido por su soberbia, que "informaciones y acciones" como las referidas tenían que llegar hasta él, "por las implicaciones que tenía". ¿Y no las tenía el secuestro –que González denomina "detención"– de Segundo Marey, o el entierro en cal viva de Lasa y Zabala, o el asesinato de un hombre que resultó que nada tenía que ver con ETA como García Goena?

Es increíble que González pueda utilizar expresiones como "todavía hoy no se puede contar eso" o "algún día se sabrá qué tipo de información nos daban" sin que se le conmine a contar de inmediato lo que sepa respecto a crímenes que no se han esclarecido. Como ha asegurado el ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) José María Mena, "si Felipe González tuviera datos relevantes de un hecho criminal debería ir a un juzgado a decirlo".

No cabe esperar, sin embargo, nada de una Fiscalía General del Estado que tantas muestras ha dado de subordinación al Gobierno. Tampoco, en el ámbito político, cabe esperar una petición de perdón del PSOE por este bochornoso capítulo de su historia. Zapatero sólo está interesado en pasar página, y la dignidad, la justicia y la memoria de las víctimas de los GAL le importan tan poco como las de ETA.


Libertad Digital - Editorial

Serios errores de diplomacia

El viraje que dio este Gobierno hacia Marruecos, cuyas razones no ha explicado aún, ha desencajado los tradicionales equilibrios de España en el Magreb.

A diferencia de lo que sucede con los errores en el campo de la economía, las equivocaciones en política exterior son en ocasiones difíciles de cuantificar, pero eso no impide que el precio de la mala gestión aparezca, como le sucede al Gobierno de Zapatero, que recoge ahora los amargos frutos de su decisión de apoyar incondicionalmente a Marruecos. Negándose a condenar los hechos violentos que han desencadenado los disturbios en El Aaiún para no irritar a Rabat —lo que equivale a considerarlos como aceptables— no contribuye ni a la solución del conflicto ni a la buena marcha de la sociedad marroquí hacia la democracia, y tampoco representa a la sensibilidad mayoritaria de los españoles. Al contrario, el viraje que dio este Gobierno, cuyas razones no ha explicado todavía, ha desencajado los tradicionales equilibrios de España en el Magreb y ha contribuido a alejar las posibilidades de una solución. Marruecos es un vecino con el que es conveniente desarrollar las mejores relaciones. Precisamente debido a esa vecindad, es una insensatez exponer nuestros intereses estratégicos a las maniobras de extorsión que se puedan urdir aprovechando esa proximidad con sucesivos pretextos como la pesca, la emigración ilegal, la droga, el integrismo, Ceuta y Melilla o el Sahara.

Puesto que Marruecos no es una sociedad democrática, habría sido mejor no exponerse a esta situación con una política en la que se definan nuestros intereses, tal como Marruecos hace con los suyos.

La ministra Trinidad Jiménez ha intentado recuperar el paso recordando que España no reconoce la anexión del Sahara Occidental, sin darse cuenta que lo que ha sucedido no ha sido solamente una violenta intervención de las autoridades marroquíes, que al fin y al cabo no puede decirse que sea una novedad más que en la brutalidad de sus dimensiones. Lo peor ha sido la expresión de la violenta enemistad entre la población saharaui y los ciudadanos marroquíes llevados allí por el Gobierno de Rabat. Los enfrentamientos en las calles de El Aaiún ponen de manifiesto que la brecha que separa a las dos comunidades se ha hecho más grande en lugar de difuminarse, como pretendía Marruecos, y que cualquier solución será aún más compleja ahora que cuando el Gobierno socialista creyó erróneamente que obtendría ventajas en otros campos si cerraba los ojos ante la realidad y abandonaba los intereses de España al albur de la política marroquí.


ABC - Editorial