El juicio por enaltecimiento del terrorismo contra Arnaldo Otegi y otros dirigentes políticos de ETA que se abrió ayer en la Audiencia Nacional ha alimentado durante estos días toda suerte de especulaciones sobre oscuras negociaciones con la banda terrorista que pasaría por una supuesta legalización de facto de Batasuna para que pudiera presentarse a las elecciones municipales. El hecho de que el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, acuda hoy a declarar a petición de la defensa de Otegi ha acentuado todavía más las incertidumbres y sospechas que rodean la hora actual de la lucha contra los pistoleros y su brazo político. No conviene, sin embargo, dar carta de naturaleza a lo que son sólo temores ni desconfiar de que el PP y el Gobierno no estén haciendo lo correcto para terminar con ETA. Por fortuna, el Pacto Antiterrorista goza de buena salud, como lo demuestra la tramitación parlamentaria de nuevos filtros electorales para taponar a Batasuna, y así conviene que siga. Lo cual no quiere decir que el discurso del Gobierno, al que le corresponde liderar la política antiterrorista, adolezca de la claridad y contundencia que reclaman los ciudadanos, como si el final de la banda fuera una pieza más del tablero electoral en el que caben diferentes jugadas. Tampoco ayudan ni confortan confesiones extemporáneas como las de Felipe González sobre la «guerra sucia». Por el contrario, resulta muy esclarecedor el discurso que ayer pronunció José María Aznar como doctor honoris causa por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. La tesis del presidente de FAES es que ETA ya está derrotada histórica y socialmente, de ahí que la cuestión clave sea hacer efectiva esa derrota e impedir que escapen a ella los terroristas en un gesto de cesión disfrazado de falsa generosidad. No basta, nunca ha bastado, que los pistoleros y sus cómplices renuncien ahora a la violencia, sino que están obligados a reconocer que nunca debió emplearse porque nunca ha estado justificada. El más grave peligro que corren el Estado de Derecho y la Nación en esta fase terminal de ETA es que se plantee como un debate de dos equivalentes, de dos proyectos igualmente legítimos: el de la Nación española que se renueva en la Constitución de 1978 y el terrorismo independentista. Es lo que llama Aznar «perder en la victoria», esto es, vencer sin que haya vencidos. Si el Estado democrático no culmina su victoria con la visualización palpable e inequívoca de la derrota de los terroristas, de modo que se demuestre la inutilidad absoluta de 50 años de asesinatos, la banda etarra se sentirá legitimada para volver a intentarlo dentro de unos años. Por decirlo con un ejemplo histórico, la derrota de ETA no puede ser nunca un «Abrazo de Vergara», como proponen los nacionalistas y cierta izquierda federalista, porque sumiría al Estado de Derecho en la indignidad y porque si el precio de la derrota es un «abrazo» habrán salido muy baratos los casi mil españoles asesinados. Como subrayó Aznar, la derrota efectiva de ETA ha de ser la culminación del pacto constitucional. Por eso son los terroristas y sus cómplices los que tienen una deuda que pagar a la Nación. Y Otegi no es ninguna excepción.
La Razón - Editorial
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