Una cosa es el respaldo, con reservas, al estado de alarma y el reproche a los controladores, pero el Gobierno también es responsable del caos aéreo.
RODRÍGUEZ Zapatero pudo comprobar ayer que el apoyo de los grupos parlamentarios a sus decisiones contra los controladores fue compatible con un dura crítica a la gestión de este conflicto en los meses anteriores a la crisis del pasado fin de semana. Crisis que ya está en el Tribunal Supremo porque los controladores han recurrido los decretos de militarización y de estado de alarma. Será muy importante conocer la valoración judicial de estas medidas sin precedentes. En el plano político, el Gobierno se aferró a la gravedad de los perjuicios causados por el boicot aéreo para justificar tales medidas y buscó su exculpación responsabilizando al PP del convenio de 1999 con los controladores. Frente a esta nueva táctica de fuga, Rajoy estuvo particularmente eficaz al recordar a Zapatero que dicho convenio finalizó en diciembre de 2004 y que en seis años su Gobierno no ha sido capaz de sustituirlo por otro, de manera que, si los privilegios de los controladores se han perpetuado, la razón no es otra que la desidia del Ejecutivo. Igualmente certero estuvo Rajoy con la cifra de nuevas plazas de controladores convocadas por el Gobierno socialista, solo 150, frente a las mil del Gobierno del PP; y con la pasividad del Ejecutivo ante el incremento de vuelos y horas extraordinarias entre 2003 y 2009. El golpe retórico a cuenta de las palabras de Rubalcaba contra el ministro de Fomento, en 1999, remató una brillante intervención.
Zapatero ha recibido un generoso apoyo del PP a sus medidas de militarización y estado de alarma, pese a las reservas legales que se les pueden hacer. Y debe responder con humildad a ese apoyo, porque no hay motivos para jactarse de la gestión del conflicto con los controladores en los últimos meses, caracterizada por la ausencia de un plan de acción y de previsión. Si es cierto, como dijo Zapatero, que los controladores habían empezado a incumplir la «jornada aeronáutica» fijada en el decreto de agosto, deberá informar de lo que hizo Fomento para responder a esos incumplimientos; y si el real decreto aprobado el viernes 3 dice lo mismo que el decreto aprobado en agosto, ¿qué necesidad había de aprobar aquel? Pese a la estrechez del debate, Rajoy supo poner al Gobierno ante el espejo de sus contradicciones. El respaldo a la mano dura contra los controladores no va a significar un permanente estado de gracia, porque las responsabilidades políticas del Gobierno empiezan a ser evidentes.
ABC - Editorial
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