viernes, 10 de diciembre de 2010

Rajoy pone en su sitio a los controladores y al Gobierno. Por Antonio Casado

Como era previsible, y así lo anticipé ayer en esta esquina de El Confidencial, Mariano Rajoy, víctima del desbarajuste aeroportuario del pasado fin de semana y líder del principal grupo de la oposición (con el PSOE suma el 83,8 % de los votos y el 92 % de les escaños) apoyó las medidas adoptadas por el Gobierno sin dejar de reprocharle imprevisión y desidia desde que el Congreso puso en sus manos la herramienta legal (decreto-ley del 5 de febrero, tramitado en abril como ley) que, según la presentó entonces el ministro de Fomento, José Blanco, iba a servir para terminar de una vez por todas con el poder conminatorio de este privilegiado colectivo profesional.

Inequívoco alegato del presidente del PP contra los únicos culpables directos de lo ocurrido. “Nuestra condena no conoce atenuantes de ninguna clase. Si alguna razón pudo haber asistido a los controladores, ellos mismos se encargaron de fulminarla con su conducta”, dijo ayer Rajoy en el pleno parlamentario en el que Rodríguez Zapatero rindió cuentas sobre las decisiones del Gobierno. Especialmente la militarización de las torres, el viernes por la noche, y la declaración del estado de alarma, el sábado por la mañana.


Según Rajoy, el Gobierno cumplió con su deber de restablecer la normalidad ante la actitud intolerable, por ilegal e ilegítima, de “unos controladores aéreos que abandonan su puesto de trabajo, bloquean el espacio aéreo español y menosprecian los derechos de sus compatriotas”. Lo cual no impidió al presidente del PP señalar con datos y argumentos el pobre balance de las actuaciones previstas e indicadas en aquel decreto-ley que cambió el régimen jurídico-laboral de estos profesionales y fue presentado en rueda de prensa del Consejo de Ministros como la solución definitiva “para evitar que los controladores volvieran a tomar a los ciudadanos como rehenes para mantener sus privilegios” (José Blanco, viernes, 5 de febrero).
«Rajoy devuelve a Zapatero la doctrina Prestige, aplicada por el PSOE al Gobierno Aznar. El culpable es otro, pero la responsabilidad política es del Ejecutivo.»
Todo lo demás está en los manuales. De la política, se entiende. Rajoy devuelve a Zapatero la doctrina Prestige, aplicada por el PSOE al Gobierno Aznar. El culpable es otro, pero la responsabilidad política es del Ejecutivo. O una gran parte de la misma. Por supuesto. Y quien está institucionalmente obligado a exigirla en el Parlamento es la oposición. En este caso, por imprevisión y desidia del actual Gobierno en relación con los proveedores civiles de este servicio, la homologación de controladores militares, la formación de nuevos profesionales (hasta 500 se anunciaron entonces), las aclaraciones que no se hicieron a su debido tiempo sobre el significado de las horas “operativas” en el cómputo anual, etc.

Rajoy, en fin, puso en su sitio a los controladores y al Gobierno, pero no amontonados. Cada uno en el suyo. Fue, a mi juicio, una buena intervención. La de alguien con sentido del Estado. En su condición de aspirante a la Presidencia del Gobierno no podía mimetizarse con quienes más a su derecha hacen caldo de cerebro sobre una supuesta trastienda de la crisis de los controladores que sólo está en su imaginación. Incluidos los que se rasgan las vestiduras por si el estado de alarma puede ser declarado anticonstitucional (hay quien habla de “golpe de estado”). Seguro que viven angustiados por los posibles efectos de este palo a la democracia. Seguro que duermen con los ojos abiertos por si en cualquier momento Zapatero acaba con las libertades “manu militari”. Manda huevos.


El Confidencial - Opinión

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