viernes, 10 de diciembre de 2010

Tal para cual. Por José María Carrascal

Después de oír al presidente, queda más claras que nunca la cerrazón de los controladores y la imprevisión del Gobierno.

TANTO el caos de los aeropuertos el fin de semana como el debate de ayer en el Congreso nos confirman dos cosas que sabíamos de sobra: que los controladores son un minicolectivo privilegiado, insolidario y obtuso, y que el gobierno es otro de improvisadores erráticos y temerarios. Lo de los primeros veníamos sufriéndolo los españoles desde hace años. Lo del segundo, desde que ocupa el poder, como muestran la negociación con ETA, el estatuto catalán y la crisis económica. A irresponsabilidad, allá se irán ambos. No se puede ser más antisocial que dejando tiradas en los aeropuertos a cientos de miles de personas, como hicieron los controladores, ni más incapaz que permitiendo que se llegase esa situación, como hizo el gobierno. Y lo más grave es que continuará, al continuar ambos en sus puestos, unos en las torres de control, el otro al frente del país. Pues incluso si quisiéramos meter a los controladores en la cárcel, no podríamos al no haber nadie que pueda sustituirles. Reagan pudo enviar a sus controladores civiles a casa, donde siguen, porque tenía personal militar que los sustituyese. Zapatero, Rubalcaba y Blanco no pueden hacerlo por no haberse preocupado de adiestrar ese personal, pese a saber de sobra lo que se avecinaba.

Después de haber oído al presidente, queda más claro que nunca la cerrazón de los controladores y la imprevisión del gobierno. Si conocía la determinación de aquéllos de echarse al monte, ¿por qué aprobó el recorte de sus sueldos y el aumento de sus horas de trabajo justo el día que comenzaba el mayor puente del año? Si no era una torpeza, era una provocación. Y si fue una provocación, le salió el tiro por la culata, al desencadenar precisamente lo que quería evitar.

Por no hablar ya de cómo lo hizo. Echando mano del estado de alarma, esa bomba atómica del orden constitucional. Es más, la militarización de los controladores se decretó antes del estado de alarma, lo que arroja dudas sobre su legalidad. Con el agravante de que esa militarización se basa en una ley franquista, la de Movilización Nacional de 1969, superada por la Constitución de 1978, que sólo permite militarizaciones en estado de sitio, no decretado por el gobierno. ¿Porque el estado de sitio requiere la aprobación del Congreso, y el estado de alarma, no? Dada la forma temeraria e incompetente que tiene de actuar el gobierno, la pregunta es legítima.

La sesión de ayer en el Congreso no la respondió. Lo único claro que salió de ella es que el conflicto no ha terminado. Ni éste ni ninguno de los que tenemos planteados en tierra, mar y aire. Así, ya no extraña tanto que Rubalcaba, dicen que el más listo, se sienta en los últimos metros de su carrera. Aunque el listo fue Solbes.


ABC - Opinión

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