Lo más hospitalario que se puede decir de la visita a España del ministro del Interior de Marruecos, Taib Charkaui, es calificarla de inoportuna. No parece que el principal responsable de las fuerzas policiales que protagonizaron los sangrientos episodios de El Aaiún sea el más indicado ni el más decoroso para explicar lo sucedido con objetividad. Sobre todo si se tiene en cuenta que previamente puso en circulación un video con versiones tan peregrinas como que el campamento saharaui desmantelado albergaba terroristas de Al Qaida. Si a lo que aguardaba el Gobierno español para adoptar una postura nítida y contundente era que se esclareciera la verdad de los hechos, debería haber aplazado esta visita. O si accede a recibir al representante de una parte, está obligado a hacer lo mismo con la otra. Lo que de ningún modo es aceptable es darle credibilidad al mismo que censura a la Prensa y expulsa a los periodistas que pretendían informar verazmente. Sin embargo, el Gobierno sigue empantanado desde que estalló la crisis, hace dos semanas, y cada día que pasa incurre en nuevos despropósitos, incoherencias y ambigüedades. El guirigay de los dirigentes socialistas va en aumento, y al desliz inicial del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, atribuyendo la soberanía del Sáhara a Marruecos, se han sumado media docena de opiniones dispares, como la de Marcelino Iglesias confundiendo con indolencia las fechas de la «Marcha Verde», los balbuceos de una Trinidad Jiménez claramente sobrepasada por los acontecimientos y la inaudita irrupción de la ministra Sinde exigiendo que sobre este asunto sólo «opinen los expertos», entre los que cuenta naturalmente a sus actores afines. La falta de coordinación, ese mal que parece endémico en los equipos de Zapatero, es el síntoma visible de una política exterior confusa, acomplejada y víctima de unos prejuicios ideológicos que el PSOE arrastra como un pecado original desde que hace tres décadas apoyó al Frente Polisario, sin que entonces primaran los intereses de España sobre los de partido. Por eso, si ya resulta chocante que el estallido del conflicto sorprendiera a la ministra de Exteriores perdida en una visita muy menor a Bolivia, como si este país fuera su prioridad diplomática, lo es aún más que haya ido a remolque de los dictados de Rabat, dando la imagen de que Madrid carece de ideas y reniega de su compromiso moral en el contencioso saharahui. El vicepresidente Pérez Rubalcaba trató ayer de enderezar el desaguisado, no sin antes ser presionado por el PP para que explicara ante la Prensa la entrevista con su homólogo marroquí. Pero es muy dudoso que lo haya conseguido. Al afirmar que la versión oficial de Marruecos, «detallada y minuciosa», refuta las graves acusaciones de los saharauis, Rubalcaba le ha dado carta de naturaleza y verosimilitud a Rabat. También ha sugerido el vicepresidente que el régimen alauita autorizará en breve la entrada y libre circulación de periodistas españoles en el Sáhara. Precisamente por ello, Rubalcaba podría haber esperado a emitir su veredicto absolutorio. Nunca antes la causa saharaui había sufrido en España tal humillación.
La Razón - Editorial
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