El mensaje de que España no es Grecia, Irlanda o Portugal ya resulta pueril porque no resuelve los problemas específicos de nuestra crisis particular.
LA Europa del euro vuelve a jugarse su futuro con la situación de países como Irlanda y Portugal, poniendo a prueba sus mecanismos de rescate financiero y, sobre todo, la fortaleza de su proyecto político, amenazado por el distanciamiento evidente entre las grandes potencias económicas, especialmente Alemania, y el resto de países. La probabilidad de que Bruselas tenga que rescatar a ambos países demuestra que la crisis financiera sigue en estado grave y obliga al Gobierno español a actuar con mayor realismo frente a los riesgos que se mantienen sobre su deuda pública. Ayer, nuevamente, se encareció la colocación de deuda emitida por el Tesoro, lo que refleja la exposición de la economía española a las turbulencias del pelotón de cola en el que, quiera o no reconocerlo el Gobierno, aún nos hallamos. El mensaje de que España no era Grecia, ni tampoco ahora es Irlanda o Portugal, ya resulta pueril porque no resuelve los problemas específicos de nuestra crisis. El mal de muchos —y en este caso no son tantos— ya se sabe a quién sirve, pero es un consuelo irresponsable conformarse con que otros tengan una situación peor. Por lo pronto, España se mantiene como líder en tasa de desempleo, y sin perspectivas sólidas de mejora a corto o medio plazo. La producción industrial ha vuelto a caer y el consumo privado se ha reducido. En el plano social, por mucho que se intenta rebajar el impacto del desempleo apelando a la economía sumergida, la crisis se mide por desahucios de las familias y por la extensión de la pobreza. Unicef hizo público ayer un informe sobre la infancia en España en el que alerta de que dos millones de menores están en riesgo de pobreza en nuestro país.
Mientras los mercados sitúen a España como el socio menos enfermo del club de los países en riesgo, los discursos de complacencia que lanza el Gobierno seguirán aumentando la desconfianza. Sigue sin ordenarse el sector financiero, que mantiene cerrado el grifo de la financiación, y sigue sin abordarse la reforma de las administraciones públicas. La reforma laboral pende de que el Gobierno quiera contentar a los sindicatos con una contrarreforma encubierta, mientras se veta —a medias— el debate de las pensiones y se aplaza al año que viene la revisión de su viabilidad. España, en efecto, no es Irlanda ni Portugal, como no era Grecia, pero no hay que acercarse siquiera a los niveles de crisis que padecen estos países para afrontar las reformas urgentes que hacen falta.
ABC - Editorial
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