LAS presiones del Gobierno y del PSOE al Tribunal Supremo para favorecer al juez Garzón son una temeridad que pone en crisis la división de poderes y la estabilidad del sistema democrático.
Es inaceptable que el máximo responsable del Poder Ejecutivo destaque «la valentía» de Garzón frente al terrorismo y que el presidente de Las Cortes califique de «disparate» la situación procesal de este juez. Ambos pronunciamientos demuestran la intolerancia endémica que muestra el socialismo hacia la independencia judicial cada vez que llega al poder y la preferencia que da a sus intereses políticos sobre el respeto a la reglas del juego democrático y, especialmente, al principio de legalidad. La actitud maniquea del Gobierno y de los socialistas al retratar a Garzón como víctima de una conspiración es un desprecio a todos los que, con el máximo respeto a la legalidad, demostraron ser, al menos, tan valientes como este juez frente a ETA. Muchos no viven para contarlo. Pero esta «valentía» no exime de responsabilidad a nadie cuando ha podido cometer un delito.
Nadie tan valiente frente a ETA como algunos de los miembros de la Guardia Civil destinados en Intxaurrondo, luego condenados por delitos muy graves cometidos en las personas de terroristas. Y valientes lo son otros muchos jueces y fiscales que, sin tanta protección política o mediática, se han enfrentado a ETA con todo en contra, como hizo el juez Grande Marlaska, que mantuvo la acción judicial contra el terrorismo etarra mientras el Gobierno negociaba políticamente con los terroristas y éstos recibían «chivatazos» que los alertaban de una inminente detención entre sus filas de extorsionadores. Hay que acordarse ahora de las acusaciones brutales que se dirigían contra Marlaska por ser coherente con su función constitucional, lo que a punto estuvo de costarle la vida en 2007, cuando un grupo de terroristas quiso matarlo con una bomba en su casa de Ezcaray. No es ningún «disparate» que un juez responda de sus actos, sea quien sea el que lo acuse. Gustarán más o menos las ideologías de quien lo acuse, pero la igualdad ante la Ley y la independencia judicial no puede eximir de culpas penales atendiendo a quién sea el acusador. Las palabras de Rodríguez Zapatero y José Bono -al fin contestadas ayer por el CGPJ con acierto- son impropias de los cargos que ocupan y retratan la deslealtad del socialismo español hacia las instituciones que no se pliegan a sus intereses políticos. No aprenden de sus errores.
ABC - Editorial
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