Oportuna, sensata, medida y absolutamente necesaria la declaración institucional que ayer hizo pública el Consejo General del Poder Judicial en defensa de la función de los jueces y los tribunales españoles. Nos regaña con razón. Y nos ayuda a recuperar la perspectiva. La perdemos, empezando por el abajo firmante, cuando nos empeñamos en acampar donde lo judicial se cruza con lo político. El cambiante viento de la oportunidad siempre se lleva por delante los anclajes fijos de la legalidad sobre la que se asienta el llamado Estado de Derecho. España no es Venezuela. Ni Cuba.
Esos vicios ocultos se detectaron en las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero (PSOE), en las que apoyaba al juez Garzón y olvidaba al juez Velasco. Pero también en las de Mariano Rajoy (PP), en las que apoyaba al juez Velasco pero se olvidaba de conceder al juez Garzón no ya el beneficio de la duda sino la presunción de inocencia, una institución del Estado tan respetable como el fuero de un juez español mancillado por el Gobierno de Venezuela y su extravagante presidente.
Esos vicios ocultos se detectaron en las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero (PSOE), en las que apoyaba al juez Garzón y olvidaba al juez Velasco. Pero también en las de Mariano Rajoy (PP), en las que apoyaba al juez Velasco pero se olvidaba de conceder al juez Garzón no ya el beneficio de la duda sino la presunción de inocencia, una institución del Estado tan respetable como el fuero de un juez español mancillado por el Gobierno de Venezuela y su extravagante presidente.
No nos vendrá mal un poco de pedagogía. Marca de la casa de Carlos Dívar, tan poco amigo de los vientos ocasionales. En su declaración de ayer el CGPJ exige “el máximo respeto nacional e internacional hacia la independencia y la función jurisdiccional”. Aunque es de general aplicación, el recado se dirigía a políticos españoles y extranjeros (Hugo Chávez, Maduro, Zapatero, Rajoy, Bono) que han comentado en clave política o partidista las querellas tramitadas en el Tribunal Supremo contra Garzón y el auto del juez Eloy Velasco sobre los indicios de cooperación del Gobierno venezolano con ETA y las FARC.
Esos comentarios y sus ecos mediáticos tratan de influir en los procedimientos judiciales en curso y tienden a producir “un inmerecido efecto deslegitimador de la labor de los jueces, provocando la desconfianza en un poder básico del Estado”. Amén. Y como de respetar los procedimientos se trata, por encima de simpatías o antipatías que anidan en el órgano de gobierno de los jueces, donde conviven dos “sensibilidades”, vamos a atenernos a los trámites a seguir por el CGPJ de cara a la rumoreada suspensión de funciones del Garzón.
Hoy mismo se reúne la comisión permanente del CGPJ, en la que muy posiblemente se tratarán algunos aspectos del escrito de alegaciones presentado por Garzón con el fin de evitar su suspensión. Las recusaciones planteadas, por ejemplo. Pero no de la suspensión misma. Por dos razones. Primera, porque eso debe hacerlo el pleno (el próximo se celebrará el miércoles 24), Y segunda, porque no es el momento procesal de hacerlo, en contra de lo que se está diciendo.
A saber: el órgano de gobierno de los jueces sólo suspenderá a Garzón de sus funciones jurisdiccionales si el Tribunal Supremo decide abrir juicio oral contra él, por las tres causas que tiene abiertas, o por alguna de ellas, según fuentes seguras que ayer tuve ocasión de consultar. Insisto: el CGPJ suspenderá a Garzón en sus funciones sólo cuando el Tribunal Supremo le comunique la apertura del juicio oral, que en el procedimiento abreviado equivale al procesamiento.
Eso es lo que dice la jurisprudencia, lo que se ha hecho en otras ocasiones. Es verdad que en el caso juez Ferrín Calamita bastó la admisión a trámite de la querella para ser suspendido de sus funciones judiciales. La diferencia es que entonces el fiscal no solamente acusaba sino que se sumó a la querella. En el caso de Garzón, como es sabido, el fiscal no solamente no ha presentado acusación en el Tribunal Supremo, que es la vía jurisdiccional, sino que ante el Consejo General del Poder Judicial, que es la vía disciplinaria, ha presentado un escrito en el que estima improcedente la suspensión de funciones.
Esos comentarios y sus ecos mediáticos tratan de influir en los procedimientos judiciales en curso y tienden a producir “un inmerecido efecto deslegitimador de la labor de los jueces, provocando la desconfianza en un poder básico del Estado”. Amén. Y como de respetar los procedimientos se trata, por encima de simpatías o antipatías que anidan en el órgano de gobierno de los jueces, donde conviven dos “sensibilidades”, vamos a atenernos a los trámites a seguir por el CGPJ de cara a la rumoreada suspensión de funciones del Garzón.
Hoy mismo se reúne la comisión permanente del CGPJ, en la que muy posiblemente se tratarán algunos aspectos del escrito de alegaciones presentado por Garzón con el fin de evitar su suspensión. Las recusaciones planteadas, por ejemplo. Pero no de la suspensión misma. Por dos razones. Primera, porque eso debe hacerlo el pleno (el próximo se celebrará el miércoles 24), Y segunda, porque no es el momento procesal de hacerlo, en contra de lo que se está diciendo.
A saber: el órgano de gobierno de los jueces sólo suspenderá a Garzón de sus funciones jurisdiccionales si el Tribunal Supremo decide abrir juicio oral contra él, por las tres causas que tiene abiertas, o por alguna de ellas, según fuentes seguras que ayer tuve ocasión de consultar. Insisto: el CGPJ suspenderá a Garzón en sus funciones sólo cuando el Tribunal Supremo le comunique la apertura del juicio oral, que en el procedimiento abreviado equivale al procesamiento.
Eso es lo que dice la jurisprudencia, lo que se ha hecho en otras ocasiones. Es verdad que en el caso juez Ferrín Calamita bastó la admisión a trámite de la querella para ser suspendido de sus funciones judiciales. La diferencia es que entonces el fiscal no solamente acusaba sino que se sumó a la querella. En el caso de Garzón, como es sabido, el fiscal no solamente no ha presentado acusación en el Tribunal Supremo, que es la vía jurisdiccional, sino que ante el Consejo General del Poder Judicial, que es la vía disciplinaria, ha presentado un escrito en el que estima improcedente la suspensión de funciones.
El Confidencial - Opinión
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