REINTA años de uso y abuso han dejado la Constitución del 78 hecha unos zorros. No hay más que verla, pobrecita, vaciada del espíritu que la alentó y convertida en un mero recurso retórico para el poder central del Estado. Su Título VIII, tan voluntarioso como ambiguo, ha sido la mecha provocadora de una explosión que ha conseguido vaciar de contenidos un Estado muchas veces centenario y sin consistencia a toda una vieja Nación. Para mayor paradoja, una de las instituciones que más ha contribuido a que así sea, a que la Constitución se convierta en referencia vaga y a que salten sobre ella, y la despiecen, los Estatutos de Autonomía que rompen muchos de los supuestos de la unidad del Estado, es el Tribunal Constitucional.Estoy pensando en la próxima Ley de Educación de Cataluña que acaba de aprobar la Comisión correspondiente del Parlament. Es el gran fruto de un Govern tripartito y disparatado que, con un cordobés como president y al amparo de una de las muchas zapateradas que ya padecemos, sacó adelante un nuevo Estatut, en vigor, que tres años después de su refrendo por uno de cada tres catalanes, todavía no ha merecido la valoración del TC. Una Ley totalmente rompedora con la letra y el espíritu constitucionales, que establecen que el catalán es «la lengua propia» de Cataluña y que debe ser «la única vehicular» en la enseñanza. Nada de bilingüismo. Nada de idiomas co-oficiales. El castellano, tras la votación del mes próximo en el Parlament, será en Cataluña un poco menos que el francés, como el inglés: un idioma «extranjero».
Abrumados por las crisis económicas que padecemos y ante el creciente y doloroso problema del paro, no reparamos con la suficiente intensidad en los problemas que, fecundados por el germen confederal de José Luis Rodríguez Zapatero, están resquebrajando el Estado. Cataluña, con la complicidad, activa o pasiva, del Constitucional, en donde parecen esperar que el tiempo alivie los problemas que ellos no quieren abordar con la diligencia debida, se establece por su cuenta en la educación de sus ciudadanos y rompe con el principio del castellano como idioma oficial de España. Es todo un cataclismo previsible y no previsto que pone en evidencia, además de la deslealtad constitucional de la Generalitat, la irresponsable incapacidad del Gobierno de España y del tan pomposo como innecesario Tribunal Constitucional.
ABC - Opinión
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