PP. El bluf del autobús. Por Maite Nolla

Cuando le preguntaron a Sánchez-Camacho por las ganas de independencia de Pujol, dijo que ahora lo que tocaba era estar unidos contra la crisis. Igual que comparan sus resultados con los de Vidal-Quadras, deberían empezar a comparar sus opiniones.

En la portada de El Mundo del pasado domingo aparecía una foto de los dirigentes del PP con un titular que rezaba: Autobús hacia el poder. La verdad es que la estampa podía ser la de la foto de una excursión de COU de los Maristas a Lloret de Mar o la del equipo de gimnasia deportiva del Mater Salvatoris. La Convención Nacional del PP quería ser el reflejo de la imagen de un partido unido, sin desconfianzas internas y preparado, mejor dicho, obligado a gobernar. Propuestas no hubo muchas y propuestas concretas menos, pero estamos hablando del PP, no de Alberto Recarte. Además, consiguieron durante ese fin de semana acaparar la atención de los medios, cosa rara.

Todo salió según lo previsto, hasta que llegó el lunes y volvieron a la realidad. Esperanza Aguirre se negó por carta a hacer campaña en Asturias, algo que no sé si sabían los demás al hacerse la foto. Arenas fue a Veo7 y habló sobre el 11-M intentando agradar a los de Veo7, aunque Rajoy ha dicho que él no es un comentarista y que ya fijó su posición; vamos, que no está por la labor. Alicia Sánchez-Camacho se comporta como las candidatas de Miss Agente Especial; lo que para las mises es "la paz en el mundo", para los del PP es "salir de la crisis". Y es que cuando le preguntaron por las ganas de independencia que le han sobrevenido a Pujol, dijo que ahora lo que tocaba era estar unidos contra la crisis. Igual que comparan sus resultados con los de Vidal-Quadras, deberían empezar a comparar sus opiniones. Y pese a que supongo yo que algo se diría en Sevilla sobre la posición del partido en relación a las pensiones, en el momento de picar este artículo aún no se sabe cuál es la postura del PP respecto a la reforma del sistema. Digo yo que si dijeron algo el sábado o el domingo, lo podrán cotejar fácilmente y comprobar si están de acuerdo, poco de acuerdo o nada de acuerdo.

De todas formas, de las decepciones que han acompañado a esta semana siguiente a la Convención del PP, la mayor es el acuerdo sobre la Ley Sinde. Un partido como el PP, con súper población de abogados del Estado, ha acabado aceptando que un organismo administrativo y un juez del contencioso puedan resolver sobre una cuestión civil; algo que por absurdo deberían haber detectado como juristas, como hizo el Consejo Fiscal. Además, es algo que rechazan sus electores y gran parte de los que no son sus electores, y eso lo deberían haber detectado como políticos.

En contra de lo que se decía en el editorial que acompañaba a la foto del autobús, la imagen de confianza que quería dar el PP no se ha contagiado a la calle. El PP sigue siendo un partido preocupante.

Libertad Digital - Opinión

Egipto, hora cero. Por Hermann Tertsch

Cada hora que pasa se refuerza más la impresión de que se ha puesto en marcha un inmenso movimiento tectónico en el norte de África que puede cambiar la faz política de toda la región. Y cuyas consecuencias serán con toda seguridad dramáticas y no sólo para aquella zona sino para el mundo entero. El primer seísmo, en Túnez, ha puesto en movimiento la falla y hoy ya tenemos el siguiente epicentro, incomparablemente mayor, en el país que es piedra angular de todo el precario equilibrio de la región: Egipto. Con la decisión de imponer el toque de queda en todo el país y sacar al ejército a las calles, el presidente Hosni Mubarak reconoce que las protestas han dado ya un salto cualitativo y son una amenaza directa e inminente para el régimen. Como le sucedió a Ben Alí, Mubarak asiste al rápido desmoronamiento del pacto que lo ha mantenido tres décadas en el poder. El ejército, ya desplegado, aun no ha disparado contra los manifestantes. Si lo hiciera la violencia podría alcanzar pronto dimensiones dantescas. La neutralidad del ejército es clave para intentar reconducir la crisis hacia una transición que desde ayer es inevitable, pero que aun ahora podría afrontarse sin que el país se hunda en el caos. El presidente apareció anoche en televisión, anunció el cese del Gobierno; esa misma medida no le sirvió de nada al presidente tunecino Ben Alí hace tres semanas.

Egipto ha entrado en ebullición y puede ya descartarse el retorno a la situación previa. La ira democrática en Egipto tendrá efectos seguros en Jordania y otros países de la región. La desestabilización general, la amenazante victoria islamista, la guerra para Israel, son todo escenarios ya no remotos. El terremoto en Egipto, que todo indica se extenderá por el norte de África puede cambiar el mundo. Es evidente que no necesariamente para bien.

ABC - Opinión

El Pacto del Lunes Negro: ¿a qué -o quién- le tiene miedo el PP?. Por Federico Quevedo

El pasado domingo, durante la Convención del PP en Sevilla, me acerqué un momento al diputado popular y portavoz en la Comisión de Cultura, José María Lasalle, para informarme sobre cómo iban las negociaciones con el Gobierno respecto de la Ley Sinde y si iba a producirse algún acuerdo. “Yo estoy aquí”, me dijo, dándome a entender que había pocas probabilidades para el pacto mientras el Gobierno no se aviniera a las condiciones que, aparentemente, estaba poniendo el PP, que no eran otras que la garantía de una tutela judicial absoluta en todo el proceso y la supresión del canon digital o ‘compensación por copia privada’, que es como muy eufemísticamente llaman el Gobierno y los cuatreros de la SGAE a este impuesto preventivo, que parte de la base de que todos los que compramos tecnología somos unos ladrones y lo hacemos para estafar a los autores.

Eso era el domingo, y más o menos seguía siendo así el lunes por la mañana, según mis fuentes en el PP, aunque ya entonces estaban haciendo efecto las presiones que sobre el Partido Popular venían haciendo editores, autores y productores para que cambiara de postura y aceptara la Ley Sinde. Quiero recordarles a ustedes, para que a nadie se le olvide que, por ejemplo, la supresión del canon digital fue un compromiso adquirido personalmente por el propio Mariano Rajoy, líder del PP y candidato a presidente del Gobierno en las próximas elecciones generales.

De hecho, en la enmienda que el Partido Popular presentó a la Ley de Economía Sostenible en la que iba anexa la disposición sobre el cierre de páginas web también conocida como Ley Sinde, el PP exigía la supresión, sin condiciones, del Canon Digital. En aquel momento lo que el Partido Popular pretendía era que se negociara otro mecanismo de compensación, porque lo que no tenía, ni tiene, sentido era que al penalizar la copia privada y privar, por lo tanto, al usuario de ese derecho, se mantuviera vivo este impuesto preventivo que engorda las arcas nada transparentes y sí muy sospechosamente corruptas de la SGAE y los amigos de Teddy Bautista. Sin embargo, entre los partidarios de la Ley Sinde, es decir, de cerrar páginas web sin tutela judicial y seguir cobrando el canon, se encontraba en aquel entonces el presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia. Pero después de que el Congreso rechazara, con los votos del PP y de los nacionalistas, la Ley Sinde y ‘apeara’ esa disposición de la Ley de Economía Sostenible, comenzaron las presiones a los partidos políticos por parte de los editores y productores y, sobre todo, por parte de la Embajada de Estados Unidos ya que lo que más se descarga en nuestro país es producto americano cien por cien.

«El caso es que Álex de la Iglesia comprendió que las razones de los internautas eran de peso, y mientras él se acercaba a las posiciones de un colectivo de millones de personas, en el Partido Popular se empezaba a recorrer el camino contrario.»

A su vez, De la Iglesia se reunía con los internautas en un intento por comprender sus posiciones, que no eran otras que la garantía de que no se pudiera cerrar ninguna página web sin que la tutela judicial estuviera presente a lo largo de todo el proceso, de principio a fin, lo que dejaba fuera del mismo a la Comisión Administrativa prevista en la Ley por tratarse de un organismo de clara significación política y sospechoso de actuar de modo arbitrario, y la supresión del canon digital hasta que se pudiera encontrar otro mecanismo que compensara a los autores sin que eso significara tratar a todos los ciudadanos como delincuentes en potencia. El caso es que Álex de la Iglesia comprendió que las razones de los internautas eran de peso, y mientras él se acercaba a las posiciones de un colectivo de millones de personas, que es verdad que resulta difícil de coordinar fuera de la Red, pero que en Internet puede ser muy activo y, si quieren, peligroso, en el Partido Popular se empezaba a recorrer el camino contrario. ¿Por qué? ¿Qué hay de fondo en este cambio de postura?

Porque, seamos sinceros: una vez leída la enmienda conjunta PSOE-PP con detenimiento, hay que concluir que el PP se la ha envainado, como se dice popularmente, y se ha dejado llevar al terreno en el que se mueve como pez en el agua la ministra de Cultura, facilitándole a ésta una victoria que nunca debería de haberse producido, y ofreciendo los populares, sin embargo, la imagen de una bajada de pantalones sin precedentes, y sin que nadie entienda a cuento de qué. Y es que donde antes decía digo, ahora el PP dice Diego y se ha quedado tan pancho: la tutela judicial es de risa porque, al final, la batuta del proceso sigue quedando en manos de una Comisión Administrativa cuyos integrantes va a nombrar el Gobierno, y donde antes pedía que se retirara el canon digital ahora se limita a darle tres meses al Gobierno para que lo modifique, supuestamente adaptándolo a la sentencia de los tribunales europeos, pero tampoco eso queda claro. O sea, que el único partido con posibilidades de hacer naufragar la intención del Gobierno de practicar y aplicar la censura previa, de vulnerar el artículo 20 de la Constitución y de llevarse por delante la inviolabilidad constitucional de la propiedad privada, se ha bajado del caballo y se ha subido al carro de los enemigos de la libertad. ¡Manda huevos!, que diría Trillo.

¿Tenía algo que ver el Pacto del Lunes Negro con la entrevista que ese mismo día, por la noche, le iba a hacer -y le hizo- Gloria Lomana a Mariano Rajoy en Antena 3? No lo sé, eso dicen por ahí, pero si es así no llega ni a plato de lentejas y se queda en un aperitivo de kilos. Lo que me pregunto es por qué el PP siempre se deja seducir por los mismos… ¿Qué tienen los editores? ¿Qué tienen los de la FAPE? ¿Qué tienen los de la SGAE? ¿Por qué les dan tanto miedo al PP? ¿De verdad piensa Mariano Rajoy que este pacto le va a dar un solo voto de quienes nunca jamás van a votarle ni a él ni al PP? ¿Por qué la derecha siempre cede ante los mismos, por qué lo hizo Aznar con PRISA, y por qué lo hace ahora Rajoy con Lara y sus amigos editores, productores y autores?

Me consta que lo ocurrido el pasado lunes ha generado mucho malestar en el PP, porque una gran parte de los dirigentes, y ya no digamos de los militantes, de ese partido no lo entienden. Por eso, desde estas líneas, y dado que todavía queda tiempo en la tramitación parlamentaria, animo a todos ellos a que exterioricen ese malestar para que el PP de marcha atrás y vuelva a la senda de la que nunca debió haber salido y que, aunque no lo crea, puede causarle un serio disgusto.

El Confidencial - Opinión

La guerra de los socialistas. Por Edurne Uriarte

ENCABEZAMIENTO

Cuando un partido cultiva la adoración al líder como el PSOE desde la victoria de 2004, lo normal es que el líder se crea la trascendencia de su figura y de su papel y se niegue a reintegrarse en la mediocridad de los simples mortales. Y mucho menos a aceptar su responsabilidad en el hundimiento del partido. De ahí que la sucesión vaya a producirse a la fuerza. Tan a la fuerza que Rubalcaba y los suyos se la han tenido que anunciar al afectado a través de los medios de comunicación. Pues la campaña de humillación puesta en marcha por Rubalcaba desde otoño no había sido suficiente para hacerle desistir.

Otra cosa es que la sucesión a la fuerza tenga éxito. No solo en defenestrar a Zapatero sin mayores problemas sino en consolidar la candidatura de Rubalcaba sin un conflicto interno. Lo primero parece más fácil por muy poco que le guste a Zapatero. Ni siquiera todo el poder acumulado a lo largo de estos años es suficiente para hacer frente a las catastróficas encuestas de intención de voto. En estos casos, la democracia tiende a realizarse en todos los partidos, es decir, la crítica popular provoca la caída del líder. Falta saber si ocurrirá con resistencia del caído en desgracia o con una elegante adaptación a su fracaso.

Es más complicada la segunda parte, la de la consolidación de la candidatura de Rubalcaba. Las durísimas críticas de ayer de uno de sus enemigos, Tomás Gómez, a la operación sucesoria de esta semana, muestran que esas supuestas primarias sin candidato alternativo que dibuja en el horizonte el aspirante a sucesor no están tan claras. Pues Rubalcaba, que sabe que la victoria electoral es prácticamente imposible, aspira sobre todo a quedarse con el control del partido que es donde está el futuro del poder socialista.

Y habrá unos cuantos que intentarán disputarle ese poder, siempre, claro está, que el Faisán no desbarate antes sus planes.

ABC - Opinión

Vaticinio. Por Alfonso Ussía

Me atrevo al vaticinio. Rubalcaba no será el sustituto de Zapatero. Es demasiado listo como para meterse en una cacharrería en ruinas. Además que, como vicepresidente, ministro del Interior y portavoz del Gobierno, no es ajeno a la bancarrota, sino sujeto activo de la descomposición socialista. Y tiene un pasado que nada le apetece que se lo restrieguen por la cara durante la campaña electoral que se avecina. Rubalcaba calla, pero de ser preguntado, contestaría negativamente. Y no por estrategia. Sería una respuesta sincera. «No, porque no me conviene». A estas alturas –o bajuras– de la cosa, después de cuarenta años en la política, Rubalcaba no quiere un fracaso peligroso. Sería tonto, y no lo es. Que Zapatero se va está más claro que el agua. Que Rubalcaba no va a seguir entra en los espacios de la adivinanza y la intuición, pero no creo estar equivocado.

No me encaja en la personalidad de Rubalcaba la ambición económica, pero de abandonar la política, le lloverían ofertas de asesoramiento o de pertenencia a consejos de administración de importantes empresas. Un trabajo relajado y bien retribuido. España olvida con mucha facilidad, y en el olvido está su sosiego. El sucesor o sucesora de Zapatero sabe que su inmediato futuro no es otro que el ejercicio de la oposición. Un ejercicio sin excesiva fuerza por cuanto el descenso del socialismo no lo podría igualar ni el inolvidable Paquito Fernández-Ochoa en la mejor pista de esquí. Tiene que ser, por ello, un candidato con menos años y más ilusión que Rubalcaba. Téngase en cuenta que aún tiene tiempo Zapatero para destrozar con más ahínco lo que está quedando de España. Las encuestas de hoy pueden considerarse favorables para el PSOE comparadas con las que vendrán. Y Rubalcaba no está para esos menesteres. Para colmo, es el vicepresidente del Gobierno del caos, y aunque su inteligencia y listeza están hartamente demostradas, con los mimbres que le van a dejar no podrá hacer ni el culo de la cesta. La inteligencia no tiene por qué ir de la mano de la insensatez y la heroicidad. No es Rubalcaba de los que se sacrifican por el bien común, y menos aún cuando ha colaborado con el mal común durante los seis últimos años, sin contar las bóvedas negras de sus tiempos felipistas, que el propio Felipe González se ha encargado de recordar.

Rubalcaba no seguirá. Blanco o Chacón, también coautores del escoñamiento general, sí podrían atreverse con el desbarajuste del futuro.

Alfredo Pérez Rubalcaba es montañés. Siempre nos dejamos en el tintero su primer apellido, Pérez, que es el de su padre, un formidable piloto de líneas aéreas fallecido pocos años atrás. Claro que lo mismo nos sucede con Zapatero, que es Rodríguez, y con Cascos, que es Álvarez. Bueno, que me lío. A Pérez Ru-balcaba le viene muy bien reencontrarse con sus verdes milagrosos de la Montaña de Cantabria. De elegir la senda de la trifulca y de una campaña electoral, el vicepresidente del Gobierno puede ser el blanco de muchos dardos justicieros, y todo ello para perder. Lo que he escrito. Será un político más joven y con fuerza para sobrevivir en la oposición. Me juego lo que mis lectores quieran, hasta mi colección de fotografías de María Antonia Iglesias, que para mí, supone un tesoro.
Rubalcaba no será el sucesor. Tiempo al tiempo.

La Razón - Opinión

Espías en la mancha. Por M. Martín Ferrand

Está claro que Rubalcaba, aunque sea ministro de Interior y esté cerca del CNI, no sabe mucho de espías.

AUNQUE la experiencia demuestra la afición del poder socialista a mirar por el ojo de las cerraduras ajenas, pienso que María Dolores de Cospedal ha traspasado la raya de las buenas maneras al afirmar que el PSOE de Castilla-La Mancha ha desplegado un número indeterminado de detectives privados para espiar a los notables del PP en la circunscripción. A la pluriempleada secretaria general del partido de la gaviota le gustaría saber «si el dinero con que se paga a los detectives» procede de la Junta o de las cuotas de los afiliados. Si, como supongo, las sospechas de De Cospedal son fundadas y evidentes, mejor haría la candidata a la presidencia de la Autonomía en llevar el asunto ante el juez y no presentarlas como inquietud en una reunión del partido que, en vísperas electorales, podría tener más de demonización del adversario que de frío análisis de la realidad. En cuanto a lo del pago, hemos llegado a un relajo ético generalizado que tiende a matizar poco. O nada.

Tratándose del lugar del que se trata, quizá sería útil reclamar la asistencia de Plinio, el guarda municipal de Tomelloso al que Francisco García Pavón convirtió en detective y abrió un capítulo rural en la novela negra española. Está claro que Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque sea ministro de Interior y esté cerca del CNI, no sabe mucho de espías. Cuando fue ministro portavoz con Felipe González, en el apogeo del GAL, negó siempre la más mínima conexión entre tan siniestro grupo de terrorismo de Estado con el Gobierno y, de hecho, debió de ser de los pocos que no supieron del negro vínculo entre los actores de la violencia y los cargos gubernamentales —José Barrionuevo, Rafael Vera, ...— que les alentaron y financiaron. Si no advirtió algo tan grave, ¿cómo ha de estar ahora al corriente de un espionaje menor, «de provincias»?

Exista o no el espionaje manchego que dice De Cospedal y que, páguelo quien lo pague, carece de sentido pragmático, es notable el caso por lo que tiene de constante en la política del PP. En el fragor del drama del paro, con 4,7 millones de problemas humanos graves a la vista, y mientras se cuece —¡fuera del Parlamento!— una reforma de las pensiones que, de hecho, supone una reducción del 20 por ciento de su cuantía, lo que le interesa al número dos del partido, al menos en su ademán, es un caso chusco de espionaje hipotético que, si se confirma, descalificaría a los promotores de la disimulada vigilancia por cuanto ésta pueda tener de inútil y ridícula. Cuando se debate sobre el número de ángeles que cabe en la cabeza de un alfiler es inevitable que lleguen los turcos y tomen Constantinopla.

ABC - Opinión

Pensiones. Méndez, Toxo y ZP nos hacen un "chamosa". Por Pablo Molina

Queremos que Chamosa gestione nuestra jubilación y luego nos escandalizamos de la magnitud del latrocinio, una reacción absurda porque es lo que ocurre invariablemente cuando entregamos a los políticos la capacidad de decidir sobre nuestras finanzas.

El régimen público de previsión social, eso que los pusilánimes llaman "uno de los vértices del Estado del Bienestar", es una estafa piramidal en función de la cual el Gobierno te roba una parte de tu salario para pagar los subsidios actuales, a cambio de la promesa de que cuando tú te jubiles habrá los suficientes pardillos en activo como para hacer lo propio contigo. En el proceso desaparece el ochenta por ciento de todo lo que has pagado a lo largo de tu vida laboral, pero asombrosamente es un robo que el español medio acepta con la mejor de sus sonrisas, porque encargarse de su propia jubilación le produce un pánico insuperable.

Queremos que López i Chamosa gestione nuestra jubilación y luego nos escandalizamos de la magnitud del latrocinio, una reacción absurda porque es lo que ocurre invariablemente cuando entregamos a los políticos la capacidad de decidir sobre nuestras finanzas. Si, además, en el conciliábulo parlamentario en que se decide la cuantía del robo una de las voces autorizadas es la de la oronda académica del PSC, el resultado no puede ser otro que el que finalmente han rubricado los sindicatos y ZP tras la tradicional cena copiosa y los dos paquetes reglamentarios de tabaco.

Es preocupante que los chamosas decidan cuándo tenemos que dejar de trabajar y a cambio de cuánto dinero, pero mucho más lo es que el borrador de intenciones surgido de la comisión parlamentaria de la que forman parte deba ser validado por los sindicatos llamados mayoritarios. Méndez y Toxo, junto al presidente del "sindicato de productores" y ZP, acuerdan la reforma del sistema público de pensiones aumentando la intensidad del robo institucional, y asombrosamente no hay una manifestación espontánea de los dieciocho millones de cotizantes actuales exigiendo a los cuatro que saquen sus sucias manos de nuestro dinero.

Está visto que la estafa de las pensiones públicas va a perdurar en España durante muchas generaciones, por eso lo único que cabe exigir es que nos dejen fuera del sistema a los que no queremos permanecer en él ni un segundo más. Queremos sufrir los rigores del capitalismo y depositar nuestro dinero únicamente en planes de ahorro privados como ZP, que los contrata a pares. Y si nos arruinamos lo asumiremos con gallardía. Preferimos compartir el destino financiero de ZP a continuar sometidos al despojo solidario del clan de los chamosas. Cuestión de gustos.

Libertad Digital - Opinión

El McGuffin. Por Ignacio Camacho

El debate sobre la edad de la jubilación ha ocultado como un McGuffinla rebaja inmediata de las pensiones.

EL debate de los 67 años ha funcionado en la reforma de las pensiones como los célebres McGuffinsde Hitchcock: un elemento de suspense argumental que parece centrar la trama y la hace avanzar pero carece en el fondo de relevancia. Una excusa, un señuelo, un truco, una liebre eléctrica, que en el caso de la jubilación ha servido para focalizar el debate y otorgarle apariencia de densidad política, minimizando la verdadera dimensión del asunto, que no es tanto la del aplazamiento de la pensión como la de la drástica —e inmediata— rebaja de su cuantía.

El Estado del Bienestar está en quiebra y no tiene dinero para sostener la protección social, en parte porque lo ha dilapidado en años de irresponsabilidad y despilfarro. La reforma de las pensiones se ha planteado porque los prestamistas de deuda exigen garantías de cobro a plazo medio y largo y porque la caja pública tiene telarañas imposibles de limpiar con cuatro millones largos de personas expulsadas del mercado de trabajo. Los avales diferidos se pueden respaldar con el alargamiento de la vida laboral, pero las dificultades contables perentorias exigían una disminución urgente del gasto, instrumentada a través del incremento de los períodos de cálculo. Las pensiones van a bajar ya en función de ese aumento de 15 a 25 años en las bases de la media, y al margen de la edad en que las pueda cobrar cada uno: en 2013 la cuantía se calculará ya sobre 16 años, y a partir de ahí en escala creciente, un año más por cada ejercicio. En total, y por diversos conceptos, acabarán reduciéndose entre un 15 y un 20 por ciento. En conjunto, la reestructuración del sistema no es nada trivial: se trata de lograr un futuro con menos pensionistas cobrando menos dinero. Pero la polémica sobre el momento de la jubilación ha eclipsado todo lo demás actuando como un polo de atracción para la opinión pública. Los que dentro de un par de años se retiren a los 65 creyendo haber escapado de la quema encontrarán ya en sus nóminas los primeros efectos del recorte.

Al final, como casi todos los ajustes elaborados por este Gobierno en su fase de reconversión forzosa, se trata de un objetivo publicitario que ofrecer a los mercados financieros y sus representantes políticos. Cuando la próxima semana llegue a Madrid la señora Merkel, Zapatero le servirá en bandeja el pedido: jubilación a los 67 «como sea». Y en el paquete, junto al mcguffinde la fecha simbólica que garantiza un cierto alivio en la solvencia del Estado —que es lo que importa a los acreedores externos—, irá la depreciación a corto plazo de los ingresos de las clases pasivas. El siguiente paso, que acaso este Gobierno trate de diferir a su sucesor, puede consistir en ir también a por la rebaja de los subsidios de desempleo.

ABC - Opinión

Más parados y más pobres

ENCABEZAMIENTO

Horas después de que el Gobierno anunciara de madrugada un pacto social sobre la reforma de las pensiones, las cifras del paro dieron un baño de realismo a los gobernantes. Decíamos ayer en esta misma página que el acuerdo serviría de poco si el país no crea el trabajo suficiente, porque el futuro del sistema está condicionado por la creación de empleo. Y bajo esa premisa incuestionable, garantizar la sostenibilidad del sistema con el nivel de destrucción de puestos de trabajo conocido ayer parece una ecuación irresoluble. La Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2010 confirmó el grave deterioro del mercado de trabajo. El desempleo subió en 370.100 personas en 2010 respecto a 2009, un 8,5% más, situándose el número total de desempleados en 4.696.600 personas y la tasa de paro en el 20,33%, cifra que no se alcanzaba desde el segundo trimestre de 1997. Esos casi 4,7 millones son también un récord negativo. La cascada de estadísticas de la EPA describe la extrema debilidad de la economía española y la ausencia de resultados de una gestión gubernamental, aferrada a la retórica de unas reformas que no acaban de tocar tierra. La «línea de cierta recuperación» en el empleo, defendida ayer por el ministro de Trabajo con cierta osadía, no encaja con una evolución que ha deparado casi tres millones de parados más en los últimos cuatro años ni con un horizonte sin perspectiva de cambio de tendencia.

Por si fuera poco, estamos en un país con casi la mitad de las personas de menos de 25 años en paro. Es una realidad que amenaza a una generación que puede perderse entre la frustración y la autoexclusión. La resignación expresada esta semana por Zapatero ante el desempleo juvenil, cuando lo vinculó a un fenómeno estructural, fue la viva imagen de la impotencia de quien parece sentirse superado. La radiografía social del paro retrata a una sociedad cada vez más pobre y con mayores dificultades para sostener un nivel de vida vigoroso. La prosperidad de antaño se ha transformado hoy en necesidad y precariedad. Los hogares con todos sus miembros sin trabajo subieron en 2010 en 107.900, lo que supone un 8,8% más que en 2009, hasta situarse en 1.328.000. El paro de larga duración superó la barrera de los dos millones de personas, prácticamente la mitad del desempleo total en el país, lo que refleja el grado de desgaste de nuestro mercado laboral. La realidad es que no existen indicios de mejora, sino más bien todo lo contrario. España no crecerá lo suficiente para invertir la tendencia del desempleo, y el Gobierno lo sabe. Por eso, en la enésima rectificación, resucitó ayer la subvención para los parados de larga duración sin rentas, la misma que había enterrado hace unos días porque las arcas públicas estaban exhaustas. Un guiño a los sindicatos y otro a sus bases electorales que, sin embargo, constituyeron el reconocimiento de su resignación y su fracaso. El resultado de la política social del Gobierno, en complicidad con los sindicatos, es sobre todo esos 4,7 millones de parados y el drama de sus familias. Y contra esa realidad, no sirven ni piruetas ni demagogias.

La Razón - Editorial

La depresión continúa

La EPA confirma que la caída de la ocupación no ha terminado y que en 2011 se creará poco empleo.

La evolución del empleo durante el cuarto trimestre de 2010 ha venido a ratificar que el mercado laboral español sigue en una situación alarmante y que 2010 no ha sido precisamente el año en el que comenzaría a apreciarse una cierta recuperación del empleo, como pretendían los cálculos optimistas del Gobierno. Por el contrario, el panorama del mercado de trabajo sigue siendo desolador. Durante 2010 el número de parados aumentó en 370.000, hasta situar el número total en casi 4,7 millones, el mayor número de personas sin trabajo desde 1976. La tasa de paro ha aumentado en el cuarto trimestre hasta el 20,33% y la ocupación ha descendido en 237.000 personas, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre. No es, como dicen las descripciones más complacientes del Gobierno, que el mercado laboral se recupere con mayor lentitud de lo previsto; es que permanece sumido en una depresión de la que probablemente no saldrá hasta finales de 2011, y eso tan solo si atisba una recuperación de la actividad económica a partir del segundo trimestre.

Porque, con ser mala, la del crecimiento del paro no es la peor de las noticias. Todo apunta a que la ocupación seguirá cayendo en los primeros meses de 2011 hasta alcanzar el mínimo de todo el ciclo recesivo a finales del primer trimestre. Y, aunque la ocupación no caiga más a partir de marzo, lo cierto es que durante 2011 la creación de empleo, si acaso existe, será inapreciable. No hay una senda de recuperación económica clara, que es la condición imprescindible para crear empleo. Sea cual sea el ritmo de aumento del PIB este año, resultará insuficiente para cambiar el signo del empleo.

Cuando se analizan los números de la EPA aparecen indicios de desequilibrios graves. Aumenta de nuevo el número de hogares que tienen en paro a todas las personas que los componen (1,3 millones, sobre un total de algo más de 17); la tasa de paro juvenil sigue siendo escandalosamente alta para los estándares europeos (afecta al 38,4% en los jóvenes de entre 20 y 24 años y el 25,9% en las edades comprendidas entre 25 y 29 años); y, en fin, los parados de larga duración amenazan con convertirse en un problema social. Hay más de dos millones de personas que no han encontrado empleo en el último año o más.

A la luz de este diagnóstico, resulta evidente que la reforma laboral no está sirviendo aún para crear empleo. La creación de puestos de trabajo depende en primera instancia de la tasa de actividad económica; el cambio en las condiciones laborales solo es útil para facilitar la recuperación económica, puesto que favorecerá la contratación (cuando la haya) y mitigará el efecto inflacionista procedente de los salarios. Por el momento, la única virtud que cabe atribuir a la reforma laboral es un tímido descenso de la temporalidad. Los asalariados con contrato temporal han descendido en casi 150.000 y los que tienen contrato fijo han aumentado en 7.400.

Todo lo anterior dibuja un perfil macroeconómico y laboral conocido. Ya en 2009 se advirtió que la recesión española sería duradera y que la sociedad española tendría que soportar tasas muy elevadas de paro al menos hasta finales de 2011; la predicción se está cumpliendo. Se argumentó que sólo con tasas de crecimiento superiores al 2% empezaría a crearse empleo neto y la evolución del PIB y de la EPA durante 2011 confirmará la exactitud de tal relación. Los planes parciales para incentivar la contratación han fracasado. Aunque desde el Gobierno se celebre con entusiasmo cualquier décima de crecimiento intertrimestral, la sociedad española no podrá hablar de recuperación económica hasta que se cree empleo neto.

El País - Editorial

El paro, la tragedia que no cesa

Es hora de acometer reformas en profundidad sobre el rígido y obsoleto sistema de relaciones laborales que impera en España desde tiempos del franquismo.

Los datos extraídos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) van más allá del peor de los escenarios que el Gobierno había dibujado hace solo dos años. Cerca de 4,7 millones de desempleados, un 20,4% de la población activa, 1,32 millones de hogares sin trabajo, 1,6 millones de desempleados que no perciben ningún tipo de prestación, más de dos millones de parados de larga duración, un paro juvenil que supera cómodamente el 40% entre los trabajadores que tienen entre 16 y 25 años, siete comunidades autónomas con la tasa de desempleo por encima del 20%, dos de ellas por encima del 25%... y un largo etcétera que sitúa a España a la cola de Europa en todos los indicadores estadísticos que analiza la encuesta.

Nos encontramos, pues, más que ante un problema de orden económico, ante un drama humano de primera categoría que podría traer consecuencias imprevisibles y necesariamente dañinas para nuestro país. En los casi tres años que llevamos de crisis, la economía española ha destruido empleo a una velocidad vertiginosa. Nuestro mercado laboral no ha sido capaz siquiera de tomar aliento durante los dos últimos veranos, temporadas en las que las contrataciones temporales aumentan de un modo significativo. En definitiva, el galopante desempleo es, más que ninguna otra cosa, la constatación más clamorosa del absoluto fracaso de la política económica de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los planes de "estímulo" trazados por el Gobierno han conseguido exactamente lo contrario de lo que se proponían. En lugar de crear empleo, anestesiaron ligeramente el mercado al principio de la crisis, que continuó su inexorable rumbo cuando el dinero de las innecesarias obras de los planes E se había esfumado. A día de hoy el Gobierno, quemadas las naves del gasto público y las políticas expansivas de endeudamiento, se encuentra en estado de shock y no sabe como atajar la sangría.

El hecho es que, con este Gobierno o con el que venga después, los problemas del mercado laboral español van a persistir. Las empresas privadas, únicas generadoras de empleo real, han entrado en el círculo vicioso de la crisis y se ven obligadas a realizar un ajuste tras otro sobre el único factor del que disponen en una economía tan hiperregulada e hiperfiscalizada como la española. Eso las que consiguen resistir los embates de la recesión; otras directamente echan el cierre arrojando cada día a miles de nuevos parados –todos con nombre y apellidos– a ­las oficinas del INEM.

Lo peor es que ya no queda ni tiempo ni recursos para aplicar parches de urgencia o administrar aspirinas de dudosa eficacia. Es hora de acometer reformas en profundidad sobre el rígido y obsoleto sistema de relaciones laborales que impera en España desde tiempos del franquismo. Un sistema que fomenta la improductividad, nos condena a liderar siempre y en cualquier circunstancia las listas de desempleo de la OCDE y que, por culpa de los privilegios adquiridos, envía de un modo masivo al paro a las generaciones más jóvenes, provocando un síndrome de expectativas disminuidas como los que padece la juventud de muchos países del Tercer Mundo.

Lo que nos debe quedar claro es que el problema del paro, que ya ha adquirido tintes de tragedia nacional, no se va a solucionar solo ni aplicando viejas recetas. Un desafío para nuestra clase política que, de una vez por todas, debe abandonar las supercherías autocomplacientes en las que retoza desde hace más de treinta años. Ha llegado el momento de que nuestro mercado laboral haga la transición a la democracia.

Libertad Digital - Editorial

En España sólo crece el paro

Las empresas siguen sin asideros, sobreviven sin que el crédito fluya y la subida de impuestos lastra a sectores cruciales de nuestra economía.

LAS cifras de desempleo de la EPA son demoledoras y anulan cualquier expectativa de mejora a corto plazo. La dramática deriva del desempleo no alcanza nunca un punto de inflexión y la frustración social crece de manera proporcional a la destrucción del tejido productivo y la competitividad. La situación ha dejado de ser alarmante para convertirse en insostenible desde una perspectiva económica y emocional. Con 370.100 nuevos parados en 2010; con 4.696.600 españoles en edad de trabajar observando desde su casa su incierto futuro laboral; con un 20,33 por ciento de paro, el más alto en tres lustros; con autonomías como Canarias, Extremadura o Andalucía próximas al 30 por ciento de desempleo; y con 1.328.000 hogares con todos sus miembros en paro, cualquier análisis es aterrador.

La reforma laboral impuesta por el Gobierno tras dos años de indolencia y retrasos, haciendo caso omiso de las unívocas recomendaciones que alertaban de un riesgo de ruina del sistema, no sólo no ha reactivado la actividad industrial o impulsado el consumo, sino que por el momento sólo demuestra ser útil para facilitar los despidos. Las empresas siguen sin asideros a los que acogerse, sobreviven sin que el crédito fluya, el fomento de la innovación brilla por su ausencia, la creatividad y el espíritu emprendedor se penalizan en la práctica y la subida de impuestos lastra demasiadas expectativas en sectores cruciales. El diagnóstico no ofrece dudas: aboca a España a un oscuro futuro laboral a medio plazo, ya que, aun en el caso de que España llegase a crecer al 2,5 por ciento en 2013, como prevé el Gobierno —no así el FMI ni la OCDE—, la generación de empleo será escasa, precaria y sometida a un alto grado de temporalidad. Los esfuerzos del empresariado por regenerar nuestra economía siguen topándose con una legislación difusa e incompleta y con un Gobierno desgastado, cuya apuesta carece aún de la decisión que exigen las circunstancias. Sin crecimiento no hay empleo, y sin empleo cualquier reforma de las pensiones no será garantía de nada en pocos años, por presuntuoso que sea el Gobierno a la hora de sacar pecho tras su «gran pacto social». La soberbia no genera trabajo. Si acaso, fomenta una economía sumergida y de supervivencia, cuya única virtud por ahora es conjurar el riesgo de una explosión social. Pero ni rinde cuentas a la maltrecha caja común ni, por definición, puede ser eterna. La paciencia se agota.

ABC - Editorial

El caballo y el camello. Por José María Carrascal

No podían hacer otra cosa, gobierno y sindicatos, para evitar lo que ambos más temían: la huelga general.

HOY era el día de la gran decisión, la fecha señalada para que el gobierno demostrase que no le importan las próximas elecciones, sino el futuro de España, y anunciase, «con pacto o sin él», una reforma de las pensiones que garantizaría su solidez futura. Sin embargo, lo que vamos a tener es una empanada en la que cabe todo, los 67 años de jubilación para algunos, con menos para otros. Los 41 años de cotización que pueden ser 38,5. El cómputo se hará a base de los últimos 25 años cotizados con ajustes para mujeres con hijos y becarios. Total, una reforma en la que haya para todos o, como decía aquel mercader árabe, «me prometieron un caballo pura sangre y me dan un viejo camello».

Y es que no podían hacer otra cosa, gobierno y sindicatos, para evitar lo que ambos más temían: la huelga general. El gobierno, por las repercusiones mediáticas. Los sindicatos, por la escasa asistencia, como les ocurrió con el ensayo de septiembre. Así que como un tullido y un ciego, uno a horcajadas del otro, han llegado hasta el compromiso final.

El problema de verdad llega ahora: ¿lo van a comprar Bruselas y los mercados? Porque a los españoles, ¿qué remedio nos queda? Pero ¿va a tomarse fuera como muestra de que España está corrigiendo los graves defectos de su economía? Mi respuesta es que, de momento, lo aceptarán por aquello de que más vale algo que nada. Pero las dudas sobre nuestra solidez continuarán, diría incluso que se acrecentarán. Aquellas tres grandes reformas que Zapatero anunció con esa voz campanuda que saca en los momentos trascendentales se han quedado a la hora de llevarlas a la práctica en reajustes llenos de recovecos para no llegar al fondo del asunto. Se ha recortado el gasto público, pero ese ahorro se lo ha llevado el mayor coste de nuestra deuda. La reforma financiera se ha quedado en convertir las cajas en bancos, con un dinero que todos los expertos coinciden en que no llegará. Y la reforma de las pensiones, ya lo ven, un camello en vez de un caballo. Mientras que la productividad, otro de nuestros grandes problemas, ni se aborda siquiera.

En realidad, la única reforma a fondo que ha hecho Zapatero fue la de su gabinete: poner a Rubalcaba en lugar de María Teresa. No sabemos todavía si para sucederle o para que se desgastase por él hasta las próximas elecciones en espera del milagro. Pero Rubalcaba tiene demasiadas cuentas pendientes para hacerse cargo de las de otro, aparte de que ni a Bruselas ni a los mercados les interesan los cambios en el gobierno español. Le interesa saber si podremos pagar nuestras deudas o no. Algo impensable en el universo ficción de Zapatero, donde sólo cabe la armonía áulica de su creador.

ABC - Opinión

El nuevo candidato. Por Agapito Maestre

¿Es Pérez Rubalcaba el mejor dotado para hacer política a lo grande con el PP? ¿Sería capaz Pérez Rubalcaba de pactar con el PP el futuro de España? No, no y no. Hace mucho tiempo que este hombre perdió toda su legitimidad democrática.

Es plausible el relato de El Mundo: "Pérez Rubalcaba será el candidato del PSOE". Leo la información con detenimiento y descubro una cita impecable de la fuente socialista que informa al periódico de Pedro J.: "La cúpula socialista trata de cerrar el ciclo de Zapatero dando la impresión de que el PSOE y el Gobierno de Zapatero han hecho todo lo necesario para salir de la crisis, aunque sea con medidas difíciles y duras. Sólo así nos garantizamos poder volver a gobernar en un plazo no demasiado largo. Para no perder durante mucho tiempo, es mejor perder ahora, pero dejando el convencimiento a los ciudadanos de que situamos al país en el buen camino".

A eso le llamo yo "hacer política" y, sin duda alguna, el PSOE lo borda, cuando se trata del futuro de su empresa. Zapatero habría preparado, junto a su sucesor, un plan minucioso para anunciar su retirada después de las municipales. El resto es cosa del partido. Se trataría de hacer el menor daño posible al PSOE por un lado, e intentar que Zapatero saliese con cierta dignidad de La Moncloa por otro lado. Estas conjeturas no son quimeras. Son estrategias de poder muy bien elaboradas. En mi opinión, el límite más grande de esta operación es, sin embargo, el nuevo candidato, que tiene un pasado discutible, un presente dudoso y, seguramente, un futuro mejorable.

¿Es Pérez Rubalcaba el mejor dotado para hacer política a lo grande con el PP? ¿Sería capaz Pérez Rubalcaba de pactar con el PP el futuro de España? No, no y no. Hace mucho tiempo que este hombre perdió toda su legitimidad democrática. Fue portavoz en la peor época de González. Dirigió la peor compaña de agitación y propaganda que se ha hecho nunca en democracia contra el PP. No ha querido investigar sobre el 11-M. Ha perseguido a las víctimas del terrorismo. Recientemente, quizá el asunto más bochornoso al que se tiene que enfrentar se llama "caso Faisán".

Precisamente, por todo eso no entiendo todavía por qué la oposición, el PP, no se ha lanzado ya a la yugular de Pérez Rubalcaba. A no ser que los dirigentes del PP, como a este cronista, les quede aún la duda de que un personaje tan despreciativo del Estado de Derecho, y sobre todo tan triste para el futuro de la democracia, pueda ser el candidato del PSOE. ¡Quién lo sabe! Sospecho que nadie. Sobre esa indeterminación juega los chamanes del socialismo español.

Libertad Digital - Opinión

La defenestración del timonel. Por Hermann Tertsch

Ya avisó Felipe González de que la decisión de presentarse no depende de Zapatero, sino del partido.

NUESTRO presidente del Gobierno llevaba ya muchos meses jugando a las adivinanzas con todos nosotros. «Que sí, que no, mientras cae el chaparrón». Demasiado tiempo coqueteando sobre su futuro que, les moleste a ustedes poco o mucho, también es en buena medida el nuestro. Pero son malos tiempos para la broma. Tras siete años de omnipresencia de Zapatero en nuestras vidas, a los españoles nos flaquea muy seriamente el sentido del humor. Ahora parece que también en el partido socialista han adquirido eso que llaman «masa crítica» los que no tienen ya ganas de reírle las gracias al presidente. Y parecen haber decidido acabar con las adivinanzas. Sin consultar al interesado. Desde hace ya semanas los medios afines al partido socialista, especialmente los más ligados al vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, sostienen una campaña perfectamente laminadora contra el presidente. Con golosas encuestas incluidas. Y afirman sin descanso que toda posible salvación para los socialistas pasa por la figura excelsa y preclara del vicepresidente Pérez Rubalcaba. Al parecer, toda esta artillería contra el pobre Gran Timonel lleva ya un tiempo generando irritación en La Moncloa. Porque se considera que la postulación de Rubalcaba —que se considera orquestada por todo el núcleo duro del viejo socialismo, Freddie Fouche incluido— es ya excesivamente descarada. Pero este jueves hemos pasado ya a una siguiente fase, es de suponer que debido a los nervios y la impaciencia de muchos. Y ya son perfectamente explícitos los mensajes que nos dicen que Zapatero no será el candidato en el 2012. Y que ya poco importa lo que él mismo quiera o pretenda decidir al respecto.

Dos periódicos salieron ayer con la misma noticia en portada. Rubalcaba será el candidato en el 2012. Y Chacón en el 2016 —largo me lo fiáis—. La fuente de esta indiscreción sería un jefe socialista que, según algunos medios socialistas decían ayer, es el ministro de presidencia, Ramón Jáuregui. Éste salió al paso con un desmentido que nada niega. Y de hecho ayer Zapatero quedó liquidado como el líder político del socialismo. Queda como pato cojo que no se volverá a presentar. No porque no quiera. Porque no le dejan. Y al que a partir de ahora obedecerán y temerán, como mucho, los bedeles de La Moncloa. Ahí queda, para gestionar las reformas pendientes. Todo indica que el partido quiere descartar que el presidente coja aire y vuelva a las ensoñaciones. Que el año próximo, sean cuales sean los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, se inocule una dosis de su optimismo antropológico, se considere recuperado y pretenda presentarse. El núcleo duro del partido lo quiere impedir. Ya avisó Felipe González, cada vez más presente en el partido para salvar los muebles, que la decisión de presentarse no depende de Zapatero sino del partido. Todo indica que la cocina felipista ya ha tomado ya la decisión. Y muchos quieren que se haga pública cuanto antes. Para intentar paliar daños en las elecciones municipales y autonómicas. El presidente del partido, Manuel Chaves, puso la guinda y habló ya ayer del presidente en tiempo pretérito. Dijo que le habría gustado que se hubiera presentado otra vez Zapatero. Le faltó un «¡Qué pena!». El partido ha amortizado al presidente. Y su defenestración está en marcha. Es previsible que se resista. Si considera ingratos a los españoles que le critican, imagínense lo que pensará de los socialistas desleales que él acaudilló al poder. Pero la puñalada trapera está dada. Le han ganado en lo único que hace bien, la intriga. Eso sí, le ha ganado un campeón. Que no dejará de elogiarle mientras lo momifica.

ABC - Opinión

Reforma. Los frutos podridos de las pensiones públicas. Por Juan Ramón Rallo

El resultado de los sistemas públicos de reparto es trabajar más y cobrar menos; el socialismo en su más clara expresión. El resultado de los sistemas privados de capitalización, trabajar menos y cobrar más; el capitalismo en su más clara expresión.

Los habrá que, tras la enésima suspensión de pagos del sistema público de pensiones –que no otra cosa significa esta quita impuesta por el Gobierno a los acreedores de la Seguridad Social, es decir, a todos nosotros–, todavía sigan diciendo que lo público funciona mejor que lo privado y que el altruista principio de solidaridad intergeneracional es preferible al egoísta principio de capitalización individual.

No voy a extenderme en repetir todos los argumentos que muestran a las claras la indiscutible superioridad de las pensiones privadas sobre las públicas. Simplemente daré unas cifras muy fáciles de entender: tras la reforma, una persona que durante 38,5 años aporte al sistema público una cotización media de 6.000 euros al año (la implícita en un sueldo medio de 21.000 euros) percibirá al jubilarse una pensión aproximada de 1.750 euros al mes. En cambio, en un sistema privado, esa misma persona, logrando una rentabilidad anual media después de inflación del 4%, percibiría una pensión de 1.800 euros al mes... y habría amasado un patrimonio de 560.000 euros.

¿Acaso, pensarán, un 4% de revalorización anual de nuestro patrimonio constituye un objetivo inalcanzable? No debería: el mercado de valores, por mero piloto automático, se ha revalorizado como media en los últimos 200 años un 7% después de la inflación; y los fondos de pensiones chilenos, bien gestionados a diferencia de la inmensa mayoría de los españoles, han logrado una rentabilidad media anual del 9% durante los últimos 30 años.

¿Que como viviría una persona habiendo invertido 6.000 euros –la cotización media a la Seguridad Social– durante 38,5 años al 7%? Pues con pensiones de 4.000 euros al mes y un patrimonio de 1,2 millones de euros. No es necesario que hagamos un ejercicio especulativo: el 7% es lo que habría logrado cualquier persona de invertir el equivalente a 6.000 euros al año en cualquier índice de la bolsa española desde 1974.

Parafraseando a Marx con respecto a la tasa de plusvalía –a ver si de este modo la izquierda retrógrada lo entiende–, esos 1,2 millones de euros "expresan el grado de explotación de los trabajadores por el sistema público de la Seguridad Social". Hoy, conviene recordarlo una vez más: el resultado de los sistemas públicos de reparto es trabajar más y cobrar menos; el socialismo en su más clara expresión. El resultado de los sistemas privados de capitalización, trabajar menos y cobrar más; el capitalismo en su más clara expresión. ¿Comprenden ahora por qué los políticos españoles no permiten, como en Chile, que cada uno elija el sistema que prefiera?

Libertad Digital - Opinión

Expiación y culpa. Por Ignacio Camacho

La filtración de la retirada de Zapatero tiende a mitigar el impacto electoral de la reforma de pensiones.

PARA tratarse de una casualidad resulta demasiado casual que ciertos miembros del Gobierno comiencen a filtrar la retirada irreversible de Zapatero el mismo día en que éste cierra el acuerdo para recortar las pensiones que había jurado por sus principios no tocar. Si no es una estrategia lo parece mucho: el anuncio oficioso de que el presidente no repetirá como candidato tiende a mitigar con un efecto purificador el demoledor impacto electoral de la reforma de la jubilación y a presentar al autor de la medida como un sacrificado reformista dispuesto a inmolarse por el interés general. Él no puede comunicarlo de primera mano porque en ese momento volaría en pedazos el último tramo de la legislatura en medio de un vacío de poder, pero sus arúspices se lanzan a aventar la certeza de que no repetirá candidatura para aventar los recelos de unos votantes desmovilizados ante las municipales y autonómicas de mayo. Y el visto bueno final de los sindicatos permite presentar como un éxito el ajuste duro que hace menos de un año constituía la infranqueable línea roja del zapaterismo. Éxito quizá sea, objetivamente, para un país que necesita de estas dolorosas reformas para apuntalar su crítica situación de emergencia financiera; para el líder que las señaló como la última frontera de su resistencia moral constituyen, sin embargo, el fracaso terminante de un liderazgo sin brújula. Sólo ha acertado, y a medias, cuando se ha visto obligado con máxima crudeza a llevarse la contraria a sí mismo.

Nadie mejor que los propios socialistas conoce la profundidad social de esta reforma jubilar que puede resumirse en un futuro inmediato con menos pensionistas cobrando menos dinero. Un tajo seco aunque necesario al Estado del Bienestar, que acaso hubiera podido ser más leve o llevadero de no haber mediado la catastrófica política de gasto desarrollada por culpa de un cálculo irresponsable de la importancia de la crisis. La ufana socialdemocracia proteccionista ha acabado claudicando en un naufragio de recortes forzados por su propia incompetencia, y sus dirigentes son plenamente conscientes del coste político de ese desengaño. Por eso la coincidencia —deliberada o contingente, táctica o impremeditada— entre las filtraciones del próximo abandono presidencial y la penosa arriada de esta bandera simbólica representa una suerte de acto de contrición, una admisión de culpa que aspira, en el fondo, a aliviar la penitencia electoral mediante la consumación expiatoria de un sacrificio. Falta por saber si será suficiente para moderar el previsible castigo. Probablemente sea demasiado tarde; en la política de partidos, por acentuados que sean los liderazgos personales, las responsabilidades y las culpas suelen recaer en sujetos colectivos.

ABC - Opinión

Pe. Por Alfonso Ussía

Se ha echado de menos un comunicado oficial anunciando la buena nueva del parto de Penélope Cruz, la Pasionaria de Alcobendas. Ha sido un niño. Enhorabuena. Ha nacido en Los Ángeles, en los Estados Unidos, y no en Cuba. Enhorabuena. De esta manera, el niño podrá optar a la nacionalidad estadounidense cuando alcance la mayoría de edad. Enhorabuena. El nacimiento ha tenido lugar en el hospital Cedars-Sinaí, uno de los más caros del mundo. Se calcula que la factura no bajará de los cien mil euros. Enhorabuena por tenerlos. En España sale más barato, pero los padres son muy dueños de decidir el lugar de acceso a la vida de sus hijos. Me aseguran mis informadores de partos ilustres que tanto el padre como la madre han luchado denodadamente contra sus ideas, y que las ideas han resultado derrotadas. De haber vencido las ideas, el parto se habría producido en Cuba, cuyo nivel médico y asistencial es altísimo, según dicen algunos. Pero no ha habido suerte. Tiene que ser muy dolorosa la militancia comunista para terminar dando a luz en el hospital más caro y exclusivo del imperio capitalista. Me estremezco cuando lo pienso. Porque el padre y la madre del niño recién nacido no son izquierdistas del montón. Forman parte de la cúpula ideológica y de agitación y propaganda del comunismo austero que todo lo comparte. En el hospital de Cuba le obligaban a la madre a compartir habitación con una camarada cubana, y hasta ahí podíamos llegar.

No hay que fiarse de las jóvenes cubanas de hoy, tan alejadas de los principios básicos de la Revolución. Además, que por culpa del bloqueo, no se garantiza en Cuba la disponibilidad de determinados medicamentos. De ahí que la pareja revolucionaria española haya decidido que su hijo nazca en el hospital más caro de la nación que impone el bloqueo a los cubanos. En España no hay bloqueo que valga, pero se entiende que en las actuales circunstancias políticas, económicas y sociales por las que atraviesa nuestra nación, lo de nacer en España les haya parecido poco. El glamour rojo también existe. Y la última opción, la de tener un hijo en un campamento saharaui con Aminatu Haidar colaborando en el parto, la verdad, y en esto les doy toda la razón, no podía ser tenida en cuenta.

La militancia comunista no obliga a tanto sacrificio. Es legítimo sentirse de la más escorada izquierda y vivir como un millonario americano. Pedir ejemplaridad y coherencia entre las ideas y la realidad, o entre la teoría y la práctica, es una impertinencia muy propia de la gente de derechas, cuyas mujeres, muchas de ellas, dan a luz todos los días en las clínicas de la Seguridad Social. Y ahí está el problema. La Seguridad Social fue obra del franquismo –el propio Franco murió en uno de sus hospitales–, y un comunista que se precie de serlo no puede consentir que su hijo nazca en un hospital del régimen anterior. Sería imperdonable.

Pe y Ja han hecho muy bien. Tiempo habrá para levantar el puño, protestar contra el Gobierno del Partido Popular, llamar asesinos a sus dirigentes, volar al Aiún cuando sea necesario, descansar en Cuba como invitados del Régimen bloqueado, y seguir viviendo en la imperialista nación que bloquea a los cubanos. Tiempo habrá. Lo importante es que el niño ha nacido en Los Ángeles, que está bien, que a la madre nadie le molesta ni interrumpe, que todo marcha de maravilla y que cien mil euros por un parto tampoco es para escandalizarse.

Arriba los pobres del mundo, en pie famélica legión.

La Razón - Opinión

Sinde. Álex, el enemigo del pueblo. Por Cristina Losada

Según esa mentalidad rudimentaria y antiliberal que equipara las decisiones de la mayoría con la razón y la verdad, hay que colgarle al díscolo el sambenito de "enemigo del pueblo".

Con la dimisión del director de la Academia de Cine, le ha salido al doméstico y domesticado establishment del ramo un temible foco de disidencia. Así se deduce de la agria reacción de quien manda en esas dependencias, que no es otra, al parecer, que la ministra de Cultura. Dónde se ha visto que un subalterno se declare en franco desacuerdo. Eso es motín y sedición y está penado por ley de Sinde. Para empezar, con la desaparición ipso facto de la oveja negra, tan desagradecida ella. Pues la ministra ha hecho saber que se sentiría incómoda si durante la Gala de los Goya aún ocupara el faccioso formalmente el cargo. Imagine cuán incómoda se sentiría una de sus predecesoras, Pilar del Castillo, en aquellos Goya dedicados a propinar garrotazos al Gobierno del PP. Pero no se vaya a perturbar la paz de la sensible guionista de Mentiras y gordas. ¡Fuera el traidor revisionista!

Aun a falta de conocer en detalle cuál es la posición de Álex de la Iglesia sobre la pactada ley antidescargas se entiende que lo suyo no tenga perdón. Alguien dispuesto a contrastar sus ideas con otras opuestas, a informarse a conciencia de la materia a debate, a cambiar de opinión por propia y soberana decisión y no por orden de nadie, es un auténtico peligro público. Si cundiera el ejemplo de albergar dudas sobre lo indudable e intentar despejarlas uno por su cuenta, ¿qué sería de la secta que se arroga la representación de la cultura? Estamos, desde luego, ante un hecho insólito. Estamos ante la aparición de un espécimen raro en estas tierras y anómalo en "el mundo del cine": ¡un individuo! En esa cofradía habrá gentecilla, habrá personajes y habrá sujetos, pero individuos, de ninguna manera. Qué excentricidad.

No quedan, ahí, sin embargo, los graves errores del renegado. La jefa de la Cultura oficialista le condena por no comulgar con "una decisión democrática" adoptada por tres partidos políticos con millones de votantes. De modo que, según esa mentalidad rudimentaria y antiliberal que equipara las decisiones de la mayoría con la razón y la verdad, hay que colgarle al díscolo el sambenito de "enemigo del pueblo". Si esto fuera Inglaterra, una pediría que al cineasta desafecto se le concediera el título de Sir. Como no lo es, que se le ponga su nombre a alguna calle. Aunque sólo fuera por el gesto excepcional de dimitir.

Libertad Digital - Opinión

La necesaria segunda transición. Por Benigno Varela Autrán

«Tras estos treinta y cinco años desde la transición del régimen dictatorial al democrático en España, se advierte la imperiosa necesidad de un nuevo cambio que profundice en la participación democrática de la ciudadanía en el Gobierno de la nación».

HAN pasado treinta y dos años desde la promulgación de la Constitución española de 1978, que fue fruto del consenso obtenido entre todas las fuerzas políticas que afloraron tras el régimen que protagonizó el General Franco durante cuarenta años y que, en otro aspecto, vino a representar la plasmación de lo que se ha conocido como la Transición de la dictadura a la democracia.

La realidad del momento actual en España evidencia la imperiosa necesidad de un nuevo pacto supra-partidario que reconfigure nuestro sistema democrático, haciendo, si es preciso —y parece que puede serlo— los retoques constitucionales que se estimen adecuados y oportunos. Es una opinión compartida por amplios sectores de la sociedad civil y no deja de ser llamativo que, según refiere algún medio de comunicación, el propio Príncipe de Asturias, heredero de la Corona, en una reciente intervención institucional, se hubiera hecho eco de la misma, haciendo un llamamiento a la actualización y vigorización del sistema democrático alcanzado hace ya más de tres décadas. Como es obvio, los presupuestos de esta segunda Transición que parece demandarse se revelan, claramente, diferentes de los que determinaron la primera producida en la década de los setenta del pasado siglo XX, pero no menos importantes en orden a una definitiva consolidación de nuestro sistema democrático y de la organización territorial de España. El sistema de elección de los representantes políticos está demandando una reforma, indemorable ya, si es que, de verdad, se quiere que el pueblo soberano esté adecuadamente presente en las instituciones públicas representativas. Hay que alejar todo atisbo de configuración piramidal de los partidos políticos y eliminar de los mismos todo signo de autoritarismo que vaya más allá de la disciplina indispensable en toda agrupación humana llamada a prestar un servicio público.

Claro es que resulta mucho más cómodo el sistema de listas cerradas que garantiza la promoción de candidaturas que a la dirección del partido le interesa o le viene bien, como también es más expeditivo el nombramiento de cargos en el seno del propio partido por el régimen de designación discrecional. Pero, indudablemente, en uno y otro caso se violentan los principios de libertad de elección democrática, tanto externa como internamente. También, cómo no, habría que pensar en remodelar el sistema electoral a fin de conseguir una más ajustada proporcionalidad representativa, procurando, asimismo, que la fuerza política más votada fuese la que asumiera el Gobierno sin dar ocasión a que partidos minoritarios lleguen a adquirir un protagonismo no concordante con el verdadero resultado electoral.

En otro orden de temas, uno que se halla precisado de un imprescindible y ya no retardable afrontamiento es el referido a la definitiva organización territorial de España, que exige un replanteamiento a fondo que sitúe a las comunidades autónomas en el lugar que, constitucionalmente, les corresponde. Al respecto, hay que decir que cuando se promulgó la Constitución de 1978 y, consiguientemente, su Título VIII, nuestros constituyentes configuraron un mapa autonómico sobre la base de la unidad nacional de España y de un marco competencial precisamente definido que, ciertamente, ha quedado desfigurado por la realidad que se vive en el momento presente y por las reivindicaciones que se formulan para el futuro. El devenir histórico de las comunidades autónomas revela un manifiesto desbordamiento, cuantitativo y cualitativo, que es preciso frenar, mediante un acuerdo de Estado de los principales partidos políticos, si es que no se quiere romper la unidad, política e incluso, en cierta manera, administrativa de España, claramente preservadas, ambas, en las recientes sentencias del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña.

D Hay que tener en cuenta que de unas históricas particularidades de apenas tres comunidades autónomas se ha pasado a un régimen generalizado de autonomía regional que se revela de una voracidad insaciable, hasta el punto de pretender dejar vacío de competencias al Estado central. Siendo como es grave, desde una perspectiva política, el fenómeno enunciado, el mismo se agrava sobremanera cuando se contempla desde el prisma económico, y mucho más en una situación de crisis como la que, lamentablemente, se padece en estos momentos a nivel mundial y nacional. Para nadie es un secreto que entidades de ámbito internacional que examinan la solvencia de los distintos Estados están apuntando al gasto de las comunidades autónomas de España como una de las causas determinantes de los enormes déficits y deuda que se mantienen a nivel de Estado y que amenazan con la necesidad de adopción de medidas drásticas para la economía nacional. Cuando se contempla la cuadruplicidad de nuestra Administración Pública —el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos— y, lo que es peor, la duplicidad de organismos, funciones, cargos y puestos de trabajo en algunas de ellas, la verdad es que nadie con sentido común alcanza a ver la necesidad de todo ello y, mucho menos, a justificar el desbordado gasto y la complejidad administrativa que origina. Se ha sido muy tolerante hasta ahora con las comunidades autónomas, pero parece llegado el momento de poner coto a los innegables excesos que, en buena parte de ellas, se han producido. No es fácil el recorte de competencias transferidas a estas alturas del tiempo transcurrido desde la instauración de las comunidades autónomas, pero no hay otro remedio que poner manos a la obra en la reconfiguración de la organización territorial de España, y es misión y responsabilidad que incumbe a los dos partidos políticos mayoritarios que, dejando de lado sus normales e inevitables rivalidades, han de asumir, como verdadera cuestión de Estado, la nueva y definitiva estructuración territorial de la única nación española. Y cuando se afirma esto no se hace sino reflejar la doctrina constitucional sobre el tema que, pese a todas las ambigüedades atribuibles a la misma, sin embargo, viene a sentar, en definitiva, el principio de la unidad política de España y de sus instituciones fundamentales, lo que requiere para ciertas materias básicas, como pueden ser la justicia, la sanidad y la educación, un principio de unificación que, ciertamente, se ha abandonado en muchos casos.

La ya existente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la obligación en Cataluña de admitir como lengua vehicular en la educación el castellano va en la línea de unificación que se deja enunciada y es preciso, por ende, que, sin esperar a la actuación jurisdiccional y sobre la base de los pronunciamientos hechos ya por el Tribunal Constitucional, las principales fuerzas políticas del Estado asuman su responsabilidad de reconfigurar el mapa autonómico de España, adecuándolo a los principios que emanan de la Constitución de 1978, cuya modificación, en este aspecto a diferencia de otros, no se revela, en modo alguno, necesaria.

Varios otros temas debieran merecer una reconsideración seria y ponderada, y por citar alguno, dentro del limitado espacio que permite un artículo periodístico, viene a la memoria la configuración de nuestros órganos constitucionales, cuyo deterioro público resulta ya manifiesto. Las inadmisibles demoras en la renovación del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional y la, ya descarada, politización de estos órganos constitucionales tendrían que hacer pensar a los responsables políticos que la garantía máxima de un Estado de Derecho se halla, precisamente, en el imperio de la Ley por encima de todo, de tal forma que la misma se convierta en el verdadero «Poder de los Poderes». De aquí que, tras estos treinta y cinco años desde la transición del régimen dictatorial al democrático en España, se advierta la imperiosa necesidad de un nuevo cambio que, lejos de volver a denostados principios de unificación nacional o de regresión en el régimen de libertades adquiridos, sobre la base del Estado Social y Democrático de Derecho que, felizmente, alumbró la Constitución de 1978, profundice en la participación democrática de la ciudadanía en el Gobierno de la nación, tanto a nivel externo del proceso electoral en su conjunto como a nivel interno de funcionamiento de los partidos políticos, y, por otra parte, se asuma, por estos últimos, el encauzamiento adecuado del Estado de la Autonomías y la más exigente asepsia política en la conformación de los órganos constitucionales del Estado. Desde esta perspectiva, que por supuesto no agota los temas a abordar, es como se propugna la impulsión de una nueva Transición en España.

Benigno Varela Autrán es Magistrado jubilado del Tribunal Supremo. Ex Vocal Portavoz del Consejo General del Poder Judicial. Miembro del Foro Sociedad Civil.

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