sábado, 17 de julio de 2010

ZP, presidente de Cataluña. Por Edurne Uriarte

Está dispuesto a sortear una sentencia con el fin de contentar a una minoría, los nacionalistas catalanes, ampliados con los dirigentes del PSC.

Zapatero parecía el presidente de Cataluña y no el presidente de todos los españoles, resumió un oyente de Punto Radio el debate del Estado de la Nación. Resumen muy atinado al que añadiría un matiz. Zapatero parecía el presidente de los nacionalistas catalanes, ni siquiera de Cataluña.

Es la otra cara de la insumisión socialista a la sentencia del Constitucional. La que da una idea más clara aún de la grave degradación de nuestro sistema democrático en manos de este presidente. No sólo está dispuesto a encontrar maneras de sortear una sentencia. Pretende hacerlo, además, con el fin de contentar a una minoría de españoles, los nacionalistas catalanes, ahora ampliados con los dirigentes del PSC. Con lo que el gobierno de las mayorías, esencia de la democracia, se convierte en gobierno de las minorías. Y no en la protección de los derechos de las minorías, propia también de una democracia, sino en imposición a las mayorías de las exigencias de las minorías.


El fondo del asunto, una gobernación nacional condicionada por los nacionalistas, no es un problema nuevo de nuestra democracia. Pero sí es nuevo que un presidente asuma como mensaje político central en el debate sobre el Estado de la Nación una oferta a los nacionalistas catalanes para darles aquello que les ha negado una sentencia del Constitucional. De espaldas y en contra de la inmensa mayoría de los españoles. Y en un abierto fomento de la insumisión a toda nueva sentencia del Constitucional. ¿Por qué no van a poder burlar una sentencia los demás españoles si el presidente fomenta que lo hagan los nacionalistas catalanes?

No contento con todo esto, Zapatero remata la maniobra con un disparate político y constitucional asegurando que Cataluña es una nación política, exactamente lo que es España y únicamente puede ser España. Una profunda ignorancia corona la insumisión y la desfachatez.


ABC - Opinión

Cajas. Un problema de credibilidad. Por Emilio J. González

La confianza es la piedra fundamental para que nuestros bancos y cajas superen sus problemas porque a lo que se enfrentan no es tanto a una crisis de solvencia como de liquidez, derivada de la falta de credibilidad de nuestra economía.

Si en tiempos de crisis el Gobierno no se puede andar con jueguecitos, mucho menos aún debe hacerlo cuando se trata del sistema financiero porque si el crédito no circula con fluidez, la crisis se agrava. Esto es lo que le está sucediendo en estos momentos a la economía española: nuestros bancos y cajas de ahorros no tienen liquidez porque el mercado les ha cerrado el grifo. En principio, se podría pensar que ello se debe a la mala situación de nuestro sistema crediticio, que, en buena medida, lo es ya que se estima que los bancos y cajas necesitan entre 35.000 y 50.000 millones para sanear sus cuentas. No obstante, si bien hay algunas entidades con problemas, en especial algunas cajas de ahorros, hay otras harto solventes, como ha reconocido esta semana Standard & Poor’s al Santander y al BBVA; pero, aún así, el mercado no discrimina entre buenos y malos y la sequía de recursos es la misma para todos, aunque sea injusto.

El problema es que el mercado no se fía de España, y buena parte de la culpa la tiene el Gobierno por querer tapar como sea las vergüenzas de unos y otros, en lugar de dejar que quiebre quien tiene que quebrar. Este es el quid de la cuestión. Los responsables de la quiebra de la Caja de Castilla-La Mancha se están marchando de rositas mientras el Banco de España ha tenido que enterrar allí miles de millones de euros para salvar la cara a los socialistas, en vez de permitir, como hubiera sido lo lógico, la quiebra de CCM. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene mucho más dinero para repetir la operación y se ha dedicado a promover fusiones de cajas de ahorros que han levantado aún más dudas. Los mercados contemplan los SIP como simple ingeniería financiera para maquillar las cuentas de quienes participan en ellos, en vez de verlos como una verdadera fusión, y, por tanto, dudan de lo que haya dentro de esas operaciones. Básicamente lo que dicen es que reunir varios agujeros hace un agujero más grande. Y, en otros casos, como la insistencia de los gobiernos regionales de Galicia y Andalucía, de no permitir fusiones interregionales de cajas para preservar intactos sus cotos de poder financiero, o el de la Junta de Castilla y León queriendo impedir a cualquier precio que Caja Ávila y Caja Segovia se unan al SIP encabezado por Caja Madrid, que es su salida natural, y los mercados sospechan que, además, pretenden esconder algo.

Para complicar más las cosas, el ajuste del sector inmobiliario sigue sin producirse porque el Gobierno ha intervenido de forma equivocada. Trató de salvar a las inmobiliarias y a los bancos y cajas comprometidos con ellas y con el crédito hipotecario y lo único que ha conseguido ha sido crear una rueda de refinanciaciones que agrava más la situación, tanto del acreedor como de la entidad crediticia. Los mercados, atentos como están a todo cuanto implique una pérdida potencial de dinero, contemplan con temor lo que puede pasar en el futuro el día que al sistema financiero español le falte la financiación privilegiada del Banco Central Europeo. Saben que, entonces, esa bola creciente que están creando entre unos y otros va a estallar y, como es lógico, no quieren que les coja la explosión. Y para evitarse males mayores no prestan a las entidades crediticias españolas. Esto pasa porque el Gobierno, en su empeño de que no quebraran ni cajas de ahorros ni inmobiliarias, intervino de forma equivocada y aquellos lodos trajeron estos polvos.

Ahora el Ejecutivo trata por todos los medios de limpiar la imagen del sistema crediticio español pidiendo insistentemente que se publiquen los test de resistencia del sector en la Unión Europea, con el fin de que, con la comparación, se pueda aliviar la presión que hoy sufren los bancos y cajas españoles y se vuelva a abrir el grifo del crédito para ellos. Porque lo que padecen muchos de ellos no es un problema de solvencia, sino de liquidez. Sin embargo, es posible que no baste con ello, ni con la intención del Gobierno de comprar a bancos y cajas activos sanos para facilitarles liquidez, con cargo al FROB, entre otras cosas porque el FROB se financia con emisiones de deuda pública y España, en este terreno, se encuentra cerca de ese punto en el que se disparan todas las alarmas respecto a la capacidad de pago del Estado, sobre todo como se confirmen los presagios de una nueva desaceleración mundial provocada por una nueva caída de Estados Unidos en la recesión, y como nuestro país siga sin crear empleo.

La estrategia del Gabinete, por tanto, ha de ser la de restaurar la confianza en nuestro sistema financiero, lo que, en gran medida, equivale a decir en la economía española. Lo cual implica un ajuste presupuestario drástico, una verdadera reforma laboral y otras medidas que el Gobierno se resiste a tomar. Igualmente, el Ejecutivo debe arrojar luz sobre el verdadero estado del sistema crediticio y sus compromisos relacionados con el sector inmobiliario, dejando que quiebre quien tenga que hacerlo para que se acabe de una vez todo este lío de refinanciaciones y permitiendo que se produzca el verdadero ajuste del sector inmobiliario, con el fin de que salga a la superficie la verdadera realidad del mismo y, de paso, se pueda empezar a reactivar el sector de la construcción. Es la confianza, por tanto, la piedra fundamental para que nuestros bancos y cajas superen sus problemas porque a lo que se enfrentan hoy por hoy no es tanto a una crisis de solvencia como de liquidez, derivada de la falta de credibilidad en nuestra economía y su sistema financiero.


Libertad Digital - Opinión

Terroristas sufragados. Por Hermann Tertsch

Venezuela, Nicaragua y Cuba sirven de bases operativas para diversos grupos terroristas. Con sufragio, apoyo y cobertura de los respectivos Gobiernos.

Hugo Chávez se ha enfadado con Colombia. Ha llamado a consultas a su embajador en protesta porque Bogotá ha hecho públicas imágenes y fotografías que demuestran una vez más, la presencia de terroristas de las FARC en Venezuela. En su día ya tuvimos pruebas concluyentes de que las FARC también cuentan con bases en Ecuador, otro aliado de Chavez en el llamado Socialismo del Siglo XXI. Tan rimbombante nombre solo soslaya precariamente un proyecto del izquierdismo totalitario que, como es evidente, se sirve del terrorismo allá donde puede. Habrá quien piense que eso no nos afecta. Para salir del error recomiendo la lectura del libro «Las conexiones de ETA en America Latina» de Florencio Domínguez, presentado hace unos días en Bilbao. El territorio de Venezuela, Nicaragua y Cuba ha servido y sirven de bases operativas y puntos de repliegue para diversos grupos terroristas. Con sufragio, apoyo y cobertura de los respectivos Gobiernos. Al Gobierno español no parece importarle. Al Gobierno de Colombia sí. Por fuertes razones. El próximo día 7 de agosto asume la presidencia José Manuel Santos que releva al que sin duda ha sido el mejor presidente de la historia de Colombia. Con su firmeza democrática ha librado una guerra inteligente contra el terrorismo de las FARC y el ELN al que infligido serias derrotas. Santos era el ministro de defensa de Uribe. Su solidez política queda reflejada en el más de 65% de los votos que logró en las pasadas elecciones. Cierto, Santos ha hablado de su voluntad de limar asperezas y evitar una escalada de la tensión con su vecina Venezuela. Para que esto sea posible ciertas «anomalías» han de corregirse de inmediato. La principal está en el apoyo estratégico y logístico de Venezolano al terrorismo colombiano. Y su cooperación en el narcotráfico tan útil para financiar armas y favores. Es probable por tanto que, antes de mejorar, las relaciones empeoren. Esperemos que no demasiado.

ABC - Opinión

Estatut. Rajoy se escapa. Por Maite Nolla

Dice Soraya que Zapatero está agotado. Puede ser, pero los que alguna vez han votado al PP empiezan a estar agotados, hartos, de su líder.

¿Sabían ustedes que en tevetrés al Debate sobre el Estado de la Nación lo llaman el "debate de política general"? Y ¿saben por qué? Pues para evitar utilizar el término "nación" referido a España. Es decir, la televisión pública resulta que tiene línea editorial; eso sí, inconstitucional, nacionalista y minoritaria. Urge una casilla junto a la de la Iglesia Católica, sin descartar otras medidas de fomento del ahorro. Tevetrés, la tele favorita de Alicia Sánchez Camacho, por si se les había olvidado.

La verdad es que la fórmula nacionalista pagada tiene parte de razón. Es cierto que de política general no se ha hablado nada y también lo es que de la única nación de la que se HA hablado ha sido de la catalana. El debate era previsible en todo y así sucedió. Zapatero nos atizó un discurso que ni entiende, ni sabe de qué va, ni le importa. Luego llegó el club de los ofendidos, insultando al prójimo en general y al PP en particular. Zapatero les dio la razón, declarándose también insumiso de la Constitución, porque éste es su estatuto; aunque segundos antes había prometido cumplir y hacer cumplir la sentencia. Y la escapada de Rajoy dejó el campo libre a Rosa Díez. Por cierto, alguien le tendrá que decir a Zapatero que Rosa Díez se presenta a las elecciones y los del editorial conjunto a lo único que se presentan es a la convocatoria de subvenciones.

Volviendo al tema, el PSOE es coherente: aprobó el estatuto y lo defiende. Seguramente Zapatero acabará engañando a Montilla y se saltará la sentencia con Mas o con Duran; lo que más le convenga. Pero el PP no. El PP obtuvo más de diez millones de votos, consiguió cuatro millones de firmas y presentó el recurso. Ahora que la sentencia deja las cosas como estaban, desaparecen. Decía una oyente de esRadio que si lo llega a saber no hubiera pasado frío pidiendo firmas. Y es que ésa es la nueva postura: "No vamos a dar batalla", "deje eso en paz", "¡cuidado con el Estatut!" o "¡sólo fútbol!". Pero aceptando que a sus señorías no les queda otra que someterse al líder, bajo el riesgo y la amenaza de que su nombre se suprima de las listas, me pregunto si a los señores diputados del PP les molesta o no que Durán, Ridao o Joan Herrera insulten al PP por presentar el recurso y nadie les conteste.

Dice Soraya que Zapatero está agotado. Puede ser, pero los que alguna vez han votado al PP empiezan a estar agotados, hartos, de su líder.


Libertad Digital - Opinión

El artista de la engañifa. Por M. Martín Ferrand

Es evidente que la intención de Zapatero es de mera distracción, y los pardillos somos quienes entramos al trapo.

NO diré yo que José Luis Rodríguez Zapatero es el mayor engañabobos del Reino porque el título se lo disputan, y con mérito, unas cuantas docenas de aspirantes; pero puede afirmarse, con toda justicia, que es de los mejores capacitados para merecerlo. No hay más que fijarse en su proceder. En circunstancias que debieran resultarle difíciles, como el Debate sobre el estado de la Nación, no solo consigue trasladarle a los demás responsabilidades que son exclusivamente suyas, sino que las aprovecha para sembrar nuevas inquietudes capaces de distraernos de los asuntos fundamentales. Nadie como él en el arte de la engañifa y la distracción.

En un momento de graves problemas sociales y económicos y frente a dificultades que parecen insalvables y comprometen el futuro de la Nación, la maña de Zapatero consiste en sortear los unos y las otras para ponernos a todos a hablar sobre asuntos marginales capaces de excitar la pasión de las partes implicadas en ellos y, por eso mismo, lo suficientemente ruidosos y mediáticos. Supo, por ejemplo, aprovechar el Debate para sugerir que deben «eliminarse» los anuncios de prostitución en los medios informativos. A mayor abundamiento, y con la parvedad intelectual que le define, razonó el presidente: «Mientras sigan existiendo anuncios de contactos, se estará contribuyendo a la normalización de la explotación sexual».

Parece ser que en el Código de Hammurabi, en el siglo XVIII antes de Cristo, ya se reconocían determinados derechos a las prostitutas. Ese es, como afirma el tópico, el oficio más antiguo de la humanidad. Podrá estarse a favor o en contra de su legalización y control, pero nada más falaz que centrar el problema en su publicidad. El razonamiento de Zapatero podría compararse, por reducción al absurdo, con la propuesta de eliminar las esquelas mortuorias de los diarios para que de ese modo se reduzca el número de difuntos.

Parece evidente que la intención de Zapatero es de mera distracción y los pardillos somos quienes entramos al trapo y amplificamos un problema que, siendo real, es mínimo en la tabla de las inquietudes ciudadanas. Si se quiere abordar la cuestión, mejor sería hacerlo sin andarse por las ramas. La publicidad de las artes de tan viejo oficio deberá ser consecuencia de su reconocimiento, definición legal, protección sanitaria y cuantas consideraciones enjundiosas son del caso. Utilizarlo para darle un pellizco de castigo a las cuentas de explotación de los diarios es ridículo, además de mezquino, en un país en el que no faltan televisiones generalistas que exhiben juguetes sexuales en horario infantil.


ABC - Opinión

Ofrecimiento. Por Alfonso Ussía

Ofrezco mi verdad al Tribunal Supremo. A pesar de encontrarme fuera de Madrid me pongo, faltaría más, a disposición de la Justicia. No deseo que mi silencio pueda causar perjuicio a una tercera persona, en el caso que me ocupa y preocupa, el futuro del ex juez Baltasar Garzón. Y considero conveniente que otros españoles sigan mi ejemplo con el fin de silenciar chismes y rumores a todas luces injustos.

Creo que he contado mi trayectoria empresarial. En la actualidad soy el presidente de una Sociedad Limitada que está al corriente del día, del pago y de todo lo demás gracias al director de mi agencia bancaria, don Antonio, que me recomienda y cuida, y de mi asesor fiscal. En caso contrario, mi Sociedad Limitada sólo tendría un límite seguro. La bancarrota.


En mi segunda juventud, un ciudadano francés de heroica osadía, Edmond Marcel Ferrié Granier, convenció a sus socios ingleses de un «broker» de Reaseguros domiciliado en España, de mi enorme influencia y penetración social. Fui nombrado presidente de «Ferrie & Rowbothan», que suena fenomenal. Franceses e ingleses nunca se han entendido, y mi labor consistía en apagar fuegos verbales y asistir en septiembre, como flamante presidente, a la cita de los reaseguradores de todo el mundo que se celebra en Montecarlo. Se conoce a ese coñazo como el «Rendez-Vous de Montecarlo», y no se lo recomiendo a nadie medianamente normal. Gracias a mis gestiones, la empresa experimentó una peligrosa senda hacia la quiebra, hasta que al fin la quiebra se produjo.

Previamente, mi inolvidable amigo Juan Garrigues Walker, al que tantísimo debo por su confianza en mi persona, me designó presidente de una sociedad cuya razón social era «Arte y Diseño S.A.». Aquella sociedad no creó arte alguno ni diseñó nada que mereciera la pena, e incluso, que no la mereciera. Hasta aquí mi impresionante trayectoria empresarial, de la que me siento moderadamente orgulloso.

Pues bien. Ni como Presidente de mi actual Sociedad Limitada, ni como máximo responsable en el internacional «broker» de reaseguros «Ferrie & Rowbothan», ni como presidente de pega de «Arte y Diseño S.A.», he recibido peticiones de don Baltasar Garzón Real para financiar sus cursos en Nueva York. Y tengo un gran amigo, filatélico, y presidente de una próspera sociedad dedicada a la compraventa de elegidas colecciones de sellos, y cuya identidad me reservo hasta contar con su permiso de revelación, que en cuarenta años, desde que fue licenciado del Servicio Militar como sargento del Cuerpo de Intendencia, hasta el día de hoy, tampoco ha sido receptor de sablazo alguno por parte de nuestro juez-magistrado de la Audiencia Nacional en lamentable situación confusa.

Escribo el presente texto en mi calidad de empresario. Cada día que pasa, sale a la luz una nueva empresa a la que el juez Garzón ha pedido algún tipo de mangoleta. El Banco Santander, Cepsa, Endesa, el BBVA, y ahora, Telefónica. La media de las mangoletas se establece en unos doscientos cincuenta mil dólares por entidad, lo cual no deja de ser sorprendente. Claro, que Nueva York es muy caro. Menudos son los taxis en Nueva York. Los taxistas de Nueva York se creen que todos los turistas van a Nueva York a divertirse, y no reparan en que hay personas importantes como el juez Garzón que viajan a Nueva York a dirigir cursos. El eterno desconocimiento neoyorquino de la realidad de España.

Por ello escribo en mi calidad de hombre de empresa. Ni Garzón me ha llamado, ni me ha pedido un euro, ni me he sentido presionado para financiar sus cursos. Y para que conste en el Tribunal Supremo, lo declaro y firmo en el día de hoy, sin reserva alguna por mi parte. ¡Ya está bien!


La Razón - Opinión

Estatut. Entre la prevaricación y el fraude de ley. Por Pablo Molina

La gravísima responsabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero en el enjuague legislativo que el PSOE tiene previsto realizar a cuenta del estatuto de Cataluña no debería pasar inadvertida para los españoles.

Supongamos que un concejal de urbanismo tiene la brillante idea de colocar un vertedero justo al lado de un colegio público. Es una barbaridad, claro, pero resulta que los dueños de esa empresa de tratamientos de basuras mandan mucho en el partido del concejal, y de su apoyo depende que en la próxima legislatura siga apareciendo en las listas electorales. El expediente para la construcción se inicia, los padres de los alumnos acuden lógicamente a los jueces y obtienen una sentencia que declara la ilegalidad de construir ese tipo de industrias junto a un centro de enseñanza en virtud de la legislación actual sobre urbanismo e industria. Los padres de los niños correrían al concejal a gorrazos por las calles del pueblo, el tipo no volvería a presentarse a las elecciones y aquí acabaría la historia.

Acabaría ahí, en efecto, salvo que en lugar de un concejal y un juzgado ordinario se trate de Zapatero y el Tribunal Constitucional, en cuyo caso se procede a cambiar la legislación todo lo necesario para llevar a cabo la instalación declarada inicialmente ilegal, aunque la consecuencia sea la indefensión de todos los afectados.


La gravísima responsabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero en el enjuague legislativo que el PSOE tiene previsto realizar a cuenta del estatuto de Cataluña no debería pasar inadvertida para los españoles. Se trata, ni más ni menos, de que el presidente del Gobierno está dispuesto a cometer un enorme fraude de ley, por más que el juego de las mayorías parlamentarias avale el despropósito.

El deterioro de la imagen de España en el exterior no puede ser muy profundo porque ya está suficientemente dañada en todos los órdenes, pero es evidente que muy pocos inversores van a confiar su dinero a un país cuyo principal mandatario vulnera los principios constitucionales que ha jurado cumplir y hacer cumplir. Sin seguridad jurídica no hay confianza y sin ésta, pocas posibilidades de contar con dinero de fuera. A ver cómo consigue Zapatero, después de consumar su operación del Estatut, que nos llegue un solo euro a un precio no demasiado astronómico.


Libertad Digital - Opinión

El del bombo y el bombero. Por Tomás Cuesta)

La estólida solidez de Zapatero tal vez radique en la ausencia de bagaje intelectual que lleva consigo en sus vagabundeos.

DETRÁS del torpe aliño indumentario que envuelve a la retórica de Rodríguez Zapatero hay más alevosía de lo que se supone y menos incuria de lo que parece. El presidente del Gobierno ha convertido la política en un rito incivil, en una migración perpetua, en un ir y venir continuo de la insignificancia a la delicuescencia. Su hábitat no es la «polis» —la ciudad construida sobre las normas y las leyes— sino el inabarcable desarraigo de la estepa. Zapatero es un nómada, un líder huidizo, un fortín sin cimientos. Es, dando curso a lo cursi a efectos de endulzar lo trascendente, una estrella fugaz (¿una furtiva lágrima?) que centellea en el hondón de las tinieblas. Aun así, ni se extingue ni flojea y, aunque le echen el alto con palabras gruesas, hasta la fecha nadie le ha parado los pies o le ha afeitado en seco. «Sólo lo fugitivo permanece y dura». En eso, aunque lo ignore, es un trasunto de Quevedo.

Dicho lo cual —redicho si se quiere—, no hay que escamotear la paradoja impertinente. La estólida solidez de Zapatero tal vez radique en la completa ausencia de bagaje intelectual que lleva consigo en sus vagabundeos. No es demasiado probable que el presidente del Gobierno haya leído (leído de verdad, purgando el sudor del alma al que hace alusión Steiner) más allá de dos o tres libros completos en su no corta existencia. Y, de los que ha leído, no ha extraído lección alguna, ni en lo conceptual, ni en lo sintáctico, ni en lo estético. Pero puede que, en política, la inopia no sea un defecto. Al menos, en la política regida por el gran espectáculo de masas que es la de nuestro tiempo.

Atrincherado en el mostrenco empeño de sobrevivirse cueste lo que cueste, al necio le presta alas el torbellino identificador que los televisores vierten sobre la abotargada sensibilidad del ciudadano medio. Y es que, a fin de cuentas, la fuerza del resentimiento, que Nietzsche calibró como la maldición más degradante de la especie, se manifiesta en tales trapicheos: tener a un perfecto ignaro pavoneándose en la estratosfera, hace que nos sintamos un poco menos berzas de lo que nos sabemos: «¡pues, anda tú que ése…!»

Una vez más, el debate enfrentó al señorón solemne y al trilero risueño. Al pedernal adusto y al liviano zoquete. A la estrategia con las estratagemas. Y, una vez más, el escapista salió indemne. Evasión y victoria. De nuevo el señor Rajoy ha disparado a bulto (con postas, bien es cierto) y la pieza, de nuevo, ha vuelto a escabullirse como el agua de un cesto. Vamos, que, el otro día, ocurrió lo de siempre: que al vivo le faltó fuelle y que al muerto le sobró aliento. A Mariano el del Bombo —¡aúpa!— no le llovieron nueces y el Bombero Torero no perdió la cabeza. ¡Un catorce de julio! Mira que estaba a huevo.

No obstante, según los oidores de las berreas dialécticas, Rodríguez Zapatero ya es un púgil sonado, una titubeante marioneta. ¿Sonado? Pudiera ser. El son cubano, al menos, lo interpreta de muerte. Lo de la marioneta, en cambio, no cae por su propio peso. El títere, en este caso, es quien mueve los hilos del titiritero y el ventrílocuo ejerce de muñeco del muñeco. O sea, el «delirium tremens». Pero Pinocho ahí sigue, embaucando a Gepeto. Y ahí se las den todas. Y lo que te rondaré, morena.


ABC - Opinión

Cubanos en libertad

La España democrática debe apoyarles porque representan la esperanza de que todos los cubanos llegarán a ser también ciudadanos libres.

LAS decisiones que se obligan a tomar a una persona cuando ésta no goza de su entera libertad no pueden considerarse como expresiones genuinas de su voluntad, y aunque es mejor estar en un hotel de Vallecas —por modesto que sea— que en una cárcel castrista, es necesario subrayar que los disidentes cubanos que han sido traídos a España no están aquí por su propia iniciativa, sino como parte de un acuerdo en el que no han sido tenidos en cuenta. Antes de decidir cuál es el tratamiento administrativo que ha de aplicárseles, lo primero que tiene que hacer el Gobierno que ha asumido la responsabilidad de sacarlos de su país es preguntarles a ellos cuál es la opción que mejor se acomoda a sus intereses.

La España democrática tiene el deber de apoyarles porque representan la esperanza de que todos los cubanos llegarán a ser también ciudadanos libres. Lo que no sería aceptable es que el Ejecutivo se limite a instrumentalizar la salida forzosa de Cuba de los presos políticos como parte esencial de su estrategia para lograr el cambio de la posición común de la Unión Europea hacia el régimen cubano y se olvide de que se trata de seres humanos que fueron encarcelados injustamente y a los que se ha obligado a elegir entre el exilio o la cárcel.

Si hasta ahora han sido tratados como un elemento pasivo en las negociaciones entre el castrismo y la Iglesia cubana, es absolutamente necesario que el país que los acoge les conceda la libertad y la dignidad que les ha sido negada en el suyo, empezando por reconocer su condición de perseguidos por la defensa de la democracia y, sobre todo, escuchando su punto de vista antes de promover la errónea idea de que la dictadura cubana merece un premio por lo que les ha hecho.


ABC - Editorial

La Cataluña real

El Parlamento de Cataluña acogió ayer un pleno extraordinario sobre el Estatut, en el que los grupos del Tripartito y CiU apenas pudieron ponerse de acuerdo a última hora en presentar como resolución conjunta contra la sentencia del Tribunal Constitucional el preámbulo de la norma estatutaria que define a Cataluña como nación. Sin embargo, el apaño no tapó el desencuentro que quedó patente el día anterior cuando la reunión de estos líderes catalanes fue la expresión de sus diferencias. El desacuerdo entre los avalistas de la norma estatutaria está marcado por el horizonte electoral, del mismo modo que la abrupta toma de posiciones es imposible interpretarla al margen de la cita con las urnas. Del pleno en el Parlament quedó claro que los grupos catalanes insisten, por una u otra vía, en la necesidad de cambiar las reglas de juego con el propósito de que el orden constitucional se adapte al Estatut y no al contrario. Suena a despropósito, porque lo es. José Montilla reclamó una reforma profunda de la Constitución que reconozca la pluralidad nacional de España y las reformas de las leyes necesarias para que el Estatut no se resienta, mientras que CiU aspira a un gran salto adelante soberanista y ERC proclama la ruptura y el independentismo. El objetivo es arañar votos o no perderlos. Montilla es muy libre de entender que lo mejor para los intereses de Cataluña sea realizar una catarsis constitucional, pero abrir ese melón es una temeridad que no compartimos y que nos parece injustificada. La clase política catalana se ha embarcado en un bucle melancólico del que los problemas reales de los ciudadanos –la crisis, el paro, la vivienda, la inseguridad– no forman parte. La verdad es que el Estatut nunca fue una demanda de la ciudadanía ni una inquietud general, sino un proyecto de los políticos para los políticos.

Lo cierto es que las prioridades de la ciudadanía son otras y que su concepto de Cataluña y de España tiene poco que ver con el que expresan una parte de esos dirigentes. Los resultados del último barómetro del CIS, publicados ayer, son esclarecedores y confirman la secuencia de otros estudios de opinión. El 65,7 por ciento de los catalanes está orgulloso de ser español, mientras que, cuando se les pregunta qué significa España para ellos, la respuesta mayoritaria es la de que es su país. Tan sólo un ínfimo 7% siente a España como un «Estado ajeno». Ésa es la Cataluña real, la de la calle.

La consecuencia de ello es la desafección de la sociedad catalana hacia sus dirigentes. Es llamativo y censurable cómo los partidos no han dedicado el mínimo esfuerzo a interpretar la creciente abstención en las citas electorales en Cataluña, cuyo máximo exponente fue el referéndum sobre el Estatut, por no citar el de las denominadas consultas soberanistas. Este desapego es peligroso. Las sociedades necesitan políticos responsables y sensatos, que solucionen problemas y no que los creen o los alimenten. Que PSOE y PSC, por ejemplo, hayan pactado hacer una «fuerte acción política» para desarrollar el Estatut no sólo supone desafiar la autoridad del Tribunal Constitucional, sino que es el mensaje de que los intereses partidistas están muy por encima de los de las familias catalanas.


La Razón - Editorial

PP y PSOE ceden de nuevo al chantaje nacionalista

Fracasada la ingenua vía de la pacificación del independentismo, parece que, si queremos conservar nuestras libertades, debemos reestructurar el estado de las autonomías, blindándolo de la extorsión sistemática a la que lo someten los secesionistas.

Desde que el célebre "café para todos" inspirara la redacción de la Constitución y de los distintos estatutos de autonomía, la vertebración nacional de nuestro país ha consistido en una continua búsqueda del encaje de las "sensibilidades nacionalistas" dentro de España a través de una cesión permanente ante sus reivindicaciones. Se creía, de manera tremendamente ingenua, que si se satisfacían sus exigencias de mayor autogobierno, su insaciable apetito podría contentarse y todos, en última instancia, compartiríamos una cierta idea de España en torno a la cual convivir.

Sin embargo, tras 30 años de democracia, el error no ha podido mostrarse mayor. Desde luego, resultaba absurdo pensar que diluyendo la idea de España hasta volverla irreconocible se conseguiría agrupar a todos los ciudadanos y políticos en torno a ella. Pero el disparate convenció a unos mandatarios siempre dispuestos a traficar con los escaños del Congreso a cambio de seguir desmembrando lo que quedaba de España.


Pocos políticos, por no decir ninguno, se libraron de esta tentación de desarmar la nación a cambio de conservar el poder sobre sus escombros. El último, y probablemente el más escandaloso, ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde un principio prometió a la casta política catalana otorgarle el estatuto de autonomía que aprobara el parlamento catalán, por muy abiertamente inconstitucional que éste fuera. Más tarde, atascadas las negociaciones en Cataluña, fue Zapatero quien se tomó la norma como un proyecto personal a impulsar de la mano de Artur Mas.

Una vez aprobado en las Cortes españolas un texto estatutario que socavaba la Constitución de la que éstas obtenían la legitimidad para aprobarlo, Zapatero se dedicó a presionar al Tribunal Constitucional para que simplemente cerrara sus ojos a la realidad y declarara conforme con nuestra Carta Magna la mayor parte del Estatut. Pero ni semejante concesión ha servido para contentar a la plutocracia nacionalista de Cataluña que, después de la manifestación del pasado sábado contra el Estado de Derecho, se dedicó el miércoles a exigir a Zapatero una ley orgánica para subvertir la sentencia del Constitucional y ayer viernes aprobó en el Parlamento catalán una resolución contra la soberanía nacional de los españoles y, por ende, contra las instituciones democráticas.

La respuesta del PSOE a esta escalada en el desafío no es que haya sido timorata, sino que en todo momento ha tratado de legitimarla e impulsarla. Zapatero, de este modo, vuelve a situarse deliberadamente fuera de la Constitución; motivo más que suficiente para que, si tuviéramos una democracia que se respeta a sí misma y que, sobre todo, respeta a los ciudadanos, se instara y aprobara de inmediato una moción de censura que lo apartara del poder.

Debería ser el PP quien, al margen de la gravísima crisis económica, liderara esta iniciativa, así como la oposición frontal a las amenazas soberanistas de Cataluña, en la que no debería rechazarse ninguna opción, incluyendo el recurso al artículo 155 de la Constitución. Sin embargo, como en tantos otros asuntos, en buena medida el PP no es parte de la solución, sino del problema. Después de la loable iniciativa de promover la inconstitucionalidad del Estatut recabando millones de firmas entre los españoles, el PP ha eliminado de su discurso la denuncia de la flagrante incompatibilidad del texto con las instituciones democráticas. Parece que Rajoy, al igual que hiciera Zapatero, busca llegar a La Moncloa –o a lo que quede de ella– a hombros del nacionalismo catalán y ello implica pagar ciertos peajes demasiado onerosos para el conjunto de los españoles.

Nuestra democracia no resistirá mucho más el proceso de balcanización que los nacionalistas llevan impulsando desde hace tres décadas. Fracasada la ingenua vía de la pacificación del independentismo, parece que, si queremos conservar nuestras instituciones y nuestras libertades, ha llegado el momento de reestructurar el estado de las autonomías, blindándolo de la extorsión sistemática a la que lo someten los secesionistas y oportunistas de todos los partidos. El problema es que ni el PP ni el PSOE parecen ni dipuestos ni capacitados para hacerlo.


Libertad Digital - Editorial

Montilla se echa al monte

Montilla optó ayer por liderar un movimiento catalanista de quiebra de relaciones con el resto de España, que sitúa a los socialistas catalanes en la vanguardia más radical del soberanismo.

EL discurso de ruptura y confrontación que pronunció ayer el presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla, abre una brecha en el socialismo español y pone a Rodríguez Zapatero en la disyuntiva de apoyar la deriva soberanista de los socialistas catalanes o de rechazarla con el riesgo de un cisma. Lo que Montilla propuso ayer en el Parlamento catalán es una estrategia de pura insumisión anticonstitucional, basada en la contradicción de amenazar al Estado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto y afirmar a continuación que «el Estatuto sigue plenamente operativo». En todo caso, su compromiso de acatar la sentencia es una declaración engañosa, porque no va seguida del compromiso realmente importante, que es el de cumplirla. Por lo pronto, Montilla ha decidido no darse por enterado sobre la interpretación del Estatuto en materia de competencias y del uso del castellano en la enseñanza. La fórmula de «se acata, pero no se cumple» es inaceptable en un Estado de Derecho que tiene en la Constitución el fundamento único del ordenamiento jurídico e institucional. En definitiva, Montilla optó ayer por liderar un movimiento catalanista de quiebra de relaciones con el resto de España, que sitúa a los socialistas catalanes en la vanguardia más radical del soberanismo.

La inminencia de las elecciones autonómicas no disculpa estos mensajes extremistas en quien ostenta la máxima representación del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña, ni los reduce a un exabrupto pasajero. Por el contrario, suponen la concreción de una posición política con pretensión de liderazgo, con vocación frentista y cuyo resultado sería el afianzamiento de un régimen de monopolio soberanista. Además, Montilla no tiene duda sobre el alcance inconstitucional de su discurso nacional, porque pidió incluso la reforma de la Constitución para que sea ésta la que se ajuste al Estatuto revisado por el TC.

La indolencia del Gobierno central ante estas embestidas desleales del tripartito catalán y del nacionalismo, bajo la insólita batuta de un socialista, no debería provocar equívocos sobre la trascendencia de lo que está sucediendo. Zapatero se fijó como objetivo hacer que «Cataluña se sienta cómoda en España» y transigió sobre el orden constitucional para impulsar un Estado confederal, que ahora, mal que bien, el TC ha frenado. Quien dijo llegar al Gobierno para traer la paz territorial, alcanza la mitad de su segundo mandato con la crisis autonómica más grave de la democracia, y con el agravante de que no es un partido nacionalista, sino uno socialista el que lidera, agita y empuja el enfrentamiento de Cataluña con el resto de España.


ABC - Editorial

viernes, 16 de julio de 2010

Debate. Del vicio al crimen. Por Agapito Maestre

Quien dijo que el crimen no tenía moral, en mi opinión, se equivocó, y si no miren el Estatut y el "Estado" de la inexistente unidad de España.

El debate del "estado de la nación" ha dejado claro, según el convencionalismo periodístico al uso, que Zapatero es un killer de la política y Rajoy un buen parlamentario. Eso significaría que Zapatero tendría muchas posibilidades de agotar la legislatura, e incluso remontar sus bajísimos niveles de aceptación popular, y Rajoy correría serios peligros antes de alcanzar la presidencia del Gobierno. Puede que así sea; pero mientras todas esas zarandajas de tipo "electoral" pasarán e incluso cambiarán sin remedio, hay algo que nunca deberíamos olvidar de estas tristes jornadas en el Congreso de los Diputados. Las sesiones del 14 y 15 de julio serán históricas, porque se ha institucionalizado un crimen.

No, no me refiero al posible asesinato "político", retórico y formal que, una vez más, perpetró Zapatero contra Rajoy, especialmente al ejercer el turno de las réplicas y las duplicas. Sería más que fácil, extremadamente irónico, comentar el debate parlamentario refiriéndome al enfrentamiento dialéctico entre un killer y un pasmao de la secta política, pero prefiero hablar, más que nada por motivos estéticos y éticos, del crimen que anima ese intercambio de palabras y discursos, que descalifican a sus propios usuarios y desprecian a sus representados. Hablo, en verdad, de crimen y no de un vicio o defecto del que un político depredador o estulto puede lamentarse más o menos sinceramente.


Los socialistas y populares ya no se lamentan de ese vicio que corroe a España, desde la transición hasta hoy; a saber, soportar, pastelear y sufrir con resignación a los nacionalistas y separatistas, sino que se ponen al frente de sus "causas". "Del vicio al crimen" así titularía yo el debate parlamentario de esta semana. La casta política de los dos grandes partidos ha pasado de la queja a la defensa de un crimen, de considerarse chantajeada por los nacionalistas y separatistas, en las últimas décadas, ha transitado a defender con ardor la causa criminal de los nacionalistas contra España. Ésa es, en mi opinión, la esencia, lo que permanecerá de ese debate en el futuro. Con toda razón, decía un titular de El Mundo, ganan todos, "pierde España"; cierto, aunque quizá sería mejor decir "muere, un poco más, España", o mejor, "muerta España, dominan los criminales.

La principal prueba de ese crimen está a las vista de todos: Nadie en las Cortes Española pone en cuestión el Estatut de Cataluña. El Estatut mata a España, sin embargo, nadie, nadie, nadie se queja del crimen. He ahí la fuerza, la virtud interior, del crimen frente al vicio. Mientras que el vicioso se lamenta de su hábito, el criminal se enorgullece de su crimen. Todo crimen, como dijo Santayana, tiene su virtud interior; lo ocultamos celosamente, con un terror que en parte es amor; o, si se descubre y estamos obligados a confesarlo, lo hacemos con cierta vehemencia de orgullo desafiante. Tan verdad es que Rajoy lo oculta con terror como que Zapatero lo impone desafiando, o mejor, traicionado a su propia nación.

Quien dijo que el crimen no tenía moral, en mi opinión, se equivocó, y si no miren el Estatut y el "Estado" de la inexistente unidad de España. Santayana vuelve a tener razón: "La moralidad interior del crimen aparece claramente cuando el criminal no es un individuo aislado, sino una banda o una secta o una nación. Dentro de esa sociedad, el más intrépido criminal es el hombre más virtuoso". Rosa Díez fue la excepción de esa regla terrible que institucionaliza el crimen contra España; sí, fue la única que le dijo la verdad al virtuoso criminal: "Zapatero ha liquidado con este Estatut la unidad política española".


Libertad Digital - Opinión

La moción de censura. Por M. Martín Ferrand

El problema reside en que los dos grandes líderes españoles, los que deciden hasta los nombres del TC están cruzados.

SANTA Bárbara y Lord Acton, cada cual en su estilo y en su reino, son buenos para recordarles cuando truena. La primera suele venírsenos a la memoria de los artilleros el cuatro de diciembre, su trono en el santoral, y el segundo cuando la vida parlamentaria se obstruye por la rigidez de las posturas de quienes la protagonizan. El verdadero autor del aforismo con más padres entre todos los que integran los dichos políticos al uso —«El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente»— dejó escrito que «el objetivo de la minoría en la oposición es expulsar a la mayoría del poder y el de la mayoría es mantener su dominio sobre la oposición». Tomando como reglamento tan sabio y viejo principio, debemos reconocer que, en el Debate sobre el estado de la Nación, los dos grandes partidos cumplieron con su función canónica. Ahora bien, concluida la función, ¿cabe sacar alguna conclusión de aplicación práctica?

Según Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero no está en condiciones de gobernar y lo que debiera, para bien servir a España, es «disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas». A tan platónica y vaporosa solicitud, tan legítima como inane, respondió el presidente del Gobierno provocando a su principal oponente a presentar una moción de censura, pero «para eso hay que tener un programa y el valor de explicarlo». El problema reside en que los dos grandes líderes españoles, los que en función del exceso partitocrático deciden a pachas quién es el alcalde de Albacete, el presidente de Aragón, los diputados y senadores que mayoritariamente pueblan las dos Cámaras y hasta los nombres del CGPJ y el TC, están cruzados. Rajoy parece mejor dotado para ejercer la presidencia y Zapatero para encabezar la oposición, pero no fue eso lo que sentenciamos los ciudadanos en las últimas legislativas y, en eso no le falta razón a Zapatero, la moción es el camino para un nuevo reparto de papeles.

Cuando a Rajoy se le menta la hipótesis de una moción de censura, crispa el gesto como lo hacía la niña de El exorcista, pero ese es el camino reglamentario para expulsar a Zapatero de La Moncloa antes de las próximas legislativas. Es más, aún en la seguridad de salir escaldado del intento, entra en la responsabilidad del líder de la oposición el hacernos saber, con detalles, su plan alternativo. Zapatero no merece la confianza de Rajoy; pero, ¿cuál es el proyecto concreto de Rajoy para que los demás le otorguemos la nuestra? Mientras no se cumpla ese trámite, o lleguemos al otoño de 2012, el PSOE estará en su derecho de «mantener el dominio» sobre la oposición.


ABC - Opinión

Aborto. ¿La diferencia son vidas?. Por Guillermo Dupuy

No conozco un solo caso de una mujer que alegando "perjuicios psíquicos" no haya podido abortar con total tranquilidad. La diferencia está en que ahora esos abortos se podrán perpetrar sin tener que recurrir al coladero de la hipócrita ley anterior.

Los partidarios de la suspensión de la nueva ley del aborto durante el tiempo en el que el Tribunal Constitucional decide si es o no acorde a nuestra Carta Magna alertan sobre el "daño irreparable" que supondría aplicar esta ley si luego el Alto Tribunal dictaminara su inconstitucionalidad. Lo cierto es que, con excepción de los abortos que ahora se pudieran perpetrar en embarazadas menores de edad sin conocimiento de sus padres, no hay ninguna diferencia respecto a la ley anterior en lo que a la protección de la vida del no nacido se refiere.

Hasta la entrada en vigor de la nueva ley, a cualquier mujer le bastaba alegar que el nacimiento de su hijo le podía acarrear "perjuicios psíquicos" para poder acabar con su vida en el seno de su vientre. Yo no conozco un solo caso de una mujer que alegando este motivo no haya podido abortar con total tranquilidad. La diferencia está en que ahora esos abortos se podrán seguir perpetrando sin tener que recurrir al coladero que les permitía la hipócrita ley anterior. Vamos, que la diferencia está en si hay que rellenar o no casillas en el momento en el que se solicita ese criminal eufemismo que constituye la "interrupción voluntaria del embarazo".


Es cierto, tal y como ya reconocí, que la diferencia entre ambas leyes sí se puede cifrar en vidas si tenemos en cuenta los abortos en embarazadas menores de edad sin consentimiento y conocimiento de sus padres. Sólo por esas vidas estaría justificada la suspensión de la nueva ley. Sin embargo, no por ello me resulta menos hipócrita la actitud de un partido como el PP que ha terminado siendo condescendiente con una ley que sí permitía acabar con los no nacidos cuando sus madres eran mayores de edad. Estas criaturas son "abortables" aunque el Constitucional hubiera suspendido la nueva ley, como lo seguirían siendo aunque luego la declarara inconstitucional. Sólo basta alegar, insisto, en que el nacimiento de la criatura constituye un riesgo para la salud psíquica de quien la engendró para poder acabar con su vida.

Por otra parte, me parece sorprendente que el PP, si cree que lo que está en juego son vidas, todavía confíe en que el mismo tribunal, que evidentemente no las ha tenido en cuenta al no querer suspender la nueva ley, termine declarándola contraria a nuestra Ley de Leyes. Claro que, bien pensado, no será la primera vez que vemos cómo, en una sentencia del Constitucional, el vicio rinde homenaje a la virtud.


Libertad Digital - Opinión

El cadáver que anda. Por José María Carrascal

Los dos próximos años serán aún más peligrosos política que económicamente. Que ya es decir.

¡QUÉ poco nos ha durado la alegría! No se habían apagado los ecos de la fiesta del fútbol, y ya estábamos de nuevo enzarzados en la pelea cainita, diría más feroz que nunca. El último Debate sobre el Estado de la Nación se convirtió muy pronto en debate sobre el estado de las nacioncitas españolas, que quieren ser naciones y que están que trinan porque el Tribunal Constitucional no se lo permite. Durán Lleida se quitó la careta de hombre de Estado español, para arremeter contra Zapatero por haberlo consentido. De lo menos que habló fue de la crisis económica, cargando en cambio contra esa sentencia. Hoy se ve claro que lo que buscaban era cambiar la Constitución a través del estatut, con la connivencia de Zapatero. Al no conseguirlo, arremeten contra él, aunque dejándole la posibilidad de que lo consiga usando sus poderes ejecutivos. Otro tanto puede decirse de los nacionalistas vascos, con su eterna demanda de nuevas transferencias, sean o no constitucionales o lesivas para el conjunto de la nación. Y lo más grave es que Zapatero sigue dispuesto al diálogo con ellos, dice que les comprende y da a entender que el cerrojo del TC puede abrirse a través de «normas», dictadas por decreto. Concretamente, la pretensión catalana de tener su propia justicia, al margen y a la altura de la española. O sea, su «Estado de Derecho».

Al fondo de todo ello está aquella maldita frase de «os daré lo que me pidáis», que Zapatero pronunció en el Palau Sant Jordi, cuando él no puede dar lo que es anticonstitucional. Entonces engañó a España con los nacionalistas catalanes. El TC le ha obligado a engañar a los nacionalistas catalanes con España. Y ahora se dispone a engañar de nuevo a España con los nacionalistas.

Ayer les decía que Zapatero es, políticamente, un cadáver. Pero les advertía que es un cadáver que anda, lo que le hace doblemente peligroso. Sabe que del PP y de la auténtica izquierda, a la que ha traicionado, no puede esperar ayuda. Sólo le quedan los nacionalistas. Pero los nacionalistas no se contentarán esta vez con promesas. Quieren realidades. Y ya sabemos la última realidad que buscan los nacionalistas: dejar de ser españoles. Con menos que eso no van a contentarse. Es lo que van a exigir a Zapatero para permitirle seguir gobernando.

Y Rajoy, a todo ello, sin enterarse, con su rimbombante discurso de siempre, pidiendo a Zapatero que se vaya. Cuando todos sabemos que ni se va, porque ya no tiene nada que perder, ni los nacionalistas le dejarán irse, porque es el único que puede darles su nación. Quiero decir que los dos próximos años serán aún más peligrosos política que económicamente. Que ya es decir.


ABC - Opinión

Debate. En la inopia. Por Florentino Portero

Dejamos que los políticos de la Transición configurasen un sistema de partidos que se caracterizan por la falta de democracia interna y ahora padecemos sus resultados. Viven para sus intereses.

Mientras los analistas de política interior valoran el Debate sobre el Estado de la Nación, si Rajoy ganó y por cuánto, el español de a pie ve con resignación que todo sigue igual. Ya sabíamos que Zapatero es un irresponsable, un mentiroso, alguien carente del menor pudor intelectual y, por lo tanto, capaz de decir una cosa y la contraria. Ahora, con la ayuda de Rajoy y otros destacados parlamentarios, lo hemos podido corroborar. Bien está. Pero lo importante, lo que realmente nos afecta, que es cómo salir de la gravísima crisis económica en la que nos encontramos y cómo rehacer una Constitución violada por el Gobierno y el Tribunal Constitucional, eso ha quedado fuera del interés de sus señorías.

El tiempo pasa y el Gobierno no es capaz de proponer un Plan de Estabilización que nos permita salir de la situación de insolvencia en la que nos encontramos. Nuestro presidente se limita a adoptar las medidas que le imponen desde el exterior, pero sin la premura ni la coherencia política que la situación exige.

Mientras por estos lares vivimos entre el subidón de autoestima del Mundial y la depresión por un presente con cinco millones de parados y un futuro incierto, en Bruselas y en las grandes capitales europeas se trabaja para perfilar el futuro de la Eurozona. ¿Cómo es posible que nuestros parlamentarios vivan de espaldas a esta realidad, a un proceso político de enorme trascendencia para el proceso de integración europea y, sobre todo, para nuestra economía y ese conjunto de servicios públicos a los que hemos dado en llamar "estado de bienestar"? ¿Qué va a ser de nuestras pensiones? ¿Cómo se va a ver afectada nuestra sanidad? Lo único seguro es que tendremos que enfrentarnos a ajustes drásticos.

Dejamos que los políticos de la Transición configurasen un sistema de partidos que se caracterizan por la falta de democracia interna y ahora padecemos sus resultados. Viven para sus intereses. Uno trata de aguantar y corteja descaradamente a los nacionalistas para lograrlo. El otro intenta desgastar al partido en el Gobierno para asegurarse un vuelco electoral. Pero, ¿quién se ocupa de hacer frente a nuestras crisis constitucional y política?


Libertad Digital - Opinión

Caballo de Troya. Por Ignacio Camacho

El Estatuto es la obra maestra de Zapatero, un monumento a la improvisación y la irresponsabilidad.

EL Estatuto de Cataluña es la obra maestra de Zapatero, el epítome que compendia como un prontuario su deslavazada forma de gobernar y su frívolo estilo político. Un monumento a la improvisación, a la incoherencia y a la irresponsabilidad; un resumen perfecto de su relativismo intelectual, de su engañosa charlatanería, de su deslealtad constitucional y de su difuso concepto de la nación española. También de su desmañada torpeza legislativa, de su tendencia al apaño circunstancial y a la finta táctica, de ese incompetente manejo de las técnicas de gobierno que no sólo crea problemas donde no los hay sino que aumenta los nuevos con una maraña de rectificaciones y enredos. Convertido por su ineptitud en un lío sin final previsible, el Estatuto condiciona la política de alianzas, el modelo de Estado y quizá la duración real del mandato zapaterista.

Por esa posición cenital que ocupa en su ya menguado proyecto, el presidente mencionó la cuestión catalana como primera prioridad en el Debate sobre el estado de la Nación —¿de qué nación?—, por delante de la recesión económica y de la crisis financiera. Lógico: es lo que más le preocupa, habida cuenta de que a punto de perder la hegemonía andaluza es en Cataluña donde aún puede aspirar a una cierta ventaja electoral respecto al PP. En realidad, todo el descalzaperros estatutario obedece desde el principio a un mero cálculo tacticista de su diseño de poder, que se le ha complicado por incapacidad para manejarlo con una mínima coherencia. Ahora su principal afán consiste en recuperar credibilidad como privilegiado cómplice del soberanismo, un rango que ha quedado en solfa tras el alboroto de la sentencia; los nacionalistas se distancian de él por estrategia electoralista y Montilla se le rebela con furia suicida en un desaforado galope hacia el abismo. Para Zapatero, cuya política esencial consiste en hacer todo lo posible, y al precio que sea, para que le quieran, no hay peor drama que contemplar cómo le dejan de querer.

Para evitarlo no le importa subvertir la legalidad que está obligado a defender y respaldar; de hecho es lo que lleva seis años haciendo al propiciar una reforma encubierta de la Constitución que ahora, fracasada la deriva estatutaria, pretende llevar a cabo mediante leyes orgánicas. En cualquier otro hombre de Estado habría resultado sangrante el lamento que dejó caer en la tribuna sobre el recurso del Estatuto y su sentencia; lo que dijo significaba que hubiese preferido que prevaleciese una ley inconstitucional. En él, sin embargo, resulta de una naturalidad desalentadora; él mismo nos ha acostumbrado a verlo como un deconstructor del sistema. Y las escasas instituciones que aún permanecen sin desguazar parecen sombrías casandras tratando de advertir en vano contra el caballo de Troya.


ABC - Opinión

Debate. Zapatero y el mau-mauing catalanista. Por Cristina Losada

Así estuvo Zapatero ante el mau-mauing catalanista en el debate: firme en su entrega al soberanismo y nulo en la defensa de la Nación común. Qué sorpresa.

Cómo ciegan los mitos. No hay más que ver a Zapatero en sus escenas de adulación a los catalanistas durante un debate que se pretendía sobre el estado de la Nación, un término que evitó emplear, por ser ajeno a su cosmología. A las amenazas secesionistas, a los ataques a la sentencia del TC, a los anuncios de desacato, el presidente fue respondiendo con suprema comprensión, con tremenda sensibilidad, con el servilismo de los que se sienten fascinados por quienes pueden cortarles la cabeza. Como si de algo fuera a servir rebajarse ante los que nunca se contentarán y, además, le desprecian. Pero la fascinación le puede. Viene de lejos.

Algunos no se enteran. Un diputado, miembro de la parroquia mentada, reprochó a Zapatero la "larga tradición jacobina" de su partido. ¿Jacobina? Quiá. El PSOE que conocemos desde las postrimerías del franquismo –aunque entonces más bien lo desconocíamos– no ha hecho honor a tal apelativo: todo lo contrario. Los socialistas fueron colonizados por el nacionalismo. Se hicieron devotos de ese dogma según el cual, los auténticos y genuinos representantes de catalanes y vascos ("identidades fuertes") son los partidos nacionalistas o, andando el tiempo, las propias sucursales conversas. Con Zapatero ha culminado ese viaje retro y su partido se encuentra en las mismas antípodas del jacobinismo que De Maistre. El ciudadano español no existe.


La genuflexión del presidente llevaba las trazas patéticas y grotescas que Tom Wolfe descubrió en aquella flor y nata de la intelectualidad que se reunió en casa de Leonard Bernstein para adorar a los Panteras Negras, una pandilla dirigida por gangsters y proxenetas. La fascinación suicida y el mito. Ese mito acunado en conciertos de Raimon y Llach a los que no asistieron. El mito que Zapatero expresaba al proclamar: "yo admiro a la sociedad catalana". ¿Qué admira en ella? ¿Acaso el alto índice de fracaso escolar, la corrupción transversal, la deuda gigantesca, la expulsión de la lengua común de las aulas, las multas lingüísticas, la prensa del Movimiento, la exclusión de los no nacionalistas? Pero no saquemos defectos, proscribamos la crítica, dispensemos sólo alabanzas, incienso y oro y mirra.

Así estuvo Zapatero ante el mau-mauing catalanista en el debate: firme en su entrega al soberanismo y nulo en la defensa de la Nación común. Qué sorpresa.


Libertad Digital - Opinión

Aborto irreversible

El derecho a la vida proclamado por la Constitución e interpretado por la propia jurisprudencia del TC es el fundamento previo a cualquier otro derecho.

EL TC ha perdido una nueva oportunidad para demostrar su independencia y capacidad de aplicar la Constitución atendiendo a su espíritu genuino y no solo a criterios formalistas. Al rechazar la suspensión cautelar de la ley del aborto con el argumento de que no está prevista para las leyes estatales, el TC desconoce la finalidad del recurso de inconstitucionalidad como garantía en un asunto de máxima relevancia moral y jurídica como es la defensa de la vida del nasciturus. Es evidente —y así lo reflejan los votos particulares— que los efectos de la puesta en marcha de esta ley serán irreversibles, aunque en su día el Tribunal llegue a declarar su inconstitucionalidad. Un asunto de naturaleza patrimonial puede ser objeto de reparación, pero nadie podrá devolver la vida a unos seres indefensos. Por lo demás, las dilaciones excesivas a la hora de dictar sus sentencias y el proceso de renovación de los magistrados, con resultados todavía inciertos hacen prever que pasará demasiado tiempo antes de que se dicte una decisión jurisdiccional.

El derecho a la vida proclamado por la Constitución e interpretado por la propia jurisprudencia del TC es el fundamento previo a cualquier otro derecho. Su protección jurídica debe tener en consideración esas características especiales que alteran en este caso específico la presunción de constitucionalidad que se aplica a otras leyes del Estado. El deterioro que sufre el Tribunal solo podrá superarse si los magistrados hacen honor a la alta responsabilidad que les atribuye el ordenamiento jurídico. En efecto, no se trata de un órgano administrativo obligado a aplicar la ley de forma mecánica, sino de un intérprete supremo que debería haber considerado los sólidos argumentos de un recurso que pretendía paralizar una ley injusta.

ABC - Editorial