Ventanas. Internet machaca a los huelguistas. Por Antonio José Chinchetru

Internet puso a los dirigentes sindicales frente a los ciudadanos y estos les dieron hasta en el carné de identidad. Será interesante ver cuándo se atreven a someterse a otro chat.

Permítame, estimado lector, que comience este artículo con una expresión castiza. Los internautas han dado a los huelguistas hasta en el carné de identidad. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y el unas horas después "capo" de los sindicalistas del Metro de Madrid, Vicente Rodríguez, aceptaron participar en sendos chats con los lectores de un destacado periódico y hablar de la huelga salvaje en el suburbano. El resultado no pudo ser peor para ambos.

Suponemos que acostumbrados a la suavidad con la que se suele tratar a los representantes sindicales en los medios de comunicación, no debían de imaginar que el enfado de los ciudadanos es monumental. Mientras en las televisiones pululan periodistas que en las tertulias siguen tratando de justificar el castigo colectivo al que los sindicatos han sometido a los ciudadanos madrileños por tener a Esperanza Aguirre de presidenta, los internautas se erigieron como portavoces de la sociedad española. La mayor parte de las preguntas a las que tuvieron que hacer frente Toxo y Rodríguez, aquel que amenazaba con "reventar Madrid", demostraban lo evidente. Quienes viven o trabajan en la capital de España se sienten víctimas de una extorsión sindical.

Ambos sindicalistas usaron el tono habitual en ellos. Se autoerigían en representantes de unos trabajadores que no les consideran como tales y trataban de demonizar a todos aquellos que no les dan la razón. Sin embargo, por una vez estaban realmente expuestos a la opinión pública. No eran unos periodistas más o menos complacientes los que les interrogaban. Los que preguntaban y también acusaban eran ciudadanos normales que no se sentían atados por esa corrección política que lleva a considerar a los sindicatos como unos "agentes sociales" a los que se debe tratar con sumo cuidado y hasta cariño.

Gracias a internet, a estos chats, por una vez los sindicalistas han escuchado lo que no suelen querer oír. Lo que en ellos se les dijo es lo mismo que se comenta en las colas de la compra, las paradas de autobús, las conversaciones de bar o los diálogos de las salas de estar de numerosos hogares españoles. Y eso no es otra cosa que los sindicatos no representan a los trabajadores ni se preocupan por ellos.

A través de la red, decenas de internautas les dijeron a la cara lo que opinan millones de españoles. Les recordaron a los sindicalistas que no es aceptable una huelga salvaje que trastoca la vida de la mayor parte de los madrileños al tiempo que no hacen nada contra un Gobierno responsable de una tasa de paro escandalosa. Internet permitió que los sindicalistas tuvieran que aguantar que se les reprochara el papel de los "liberados" y la violencia de los piquetes. En definitiva, una par de chats bastaron para demostrar que los españoles están cansados de los mal llamados "representantes de los trabajadores".

Internet puso a los dirigentes sindicales frente a los ciudadanos y estos les dieron hasta en el carné de identidad. Será interesante ver cuándo se atreven a someterse a otro chat.

Libertad Digital - Opinión

Por el mar corren las liebres. Por José María Carrascal

Que el Gobierno intente burlar al Estado para congraciarse con los nacionalistas asombra y asusta.

QUE los nacionalistas traten de burlar al Estado es casi normal. Que lo intente el Gobierno para congraciarse con ellos, asombra y asusta. Pero es lo que intenta Zapatero, según El País, dispuesto a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir a las Autonomías tener su propio Consejo General del Poder Judicial, tachado por el Tribunal Constitucional del Estatut. Pese a que el propio Zapatero ha dicho que la sentencia «ponía fin al proceso de ampliación de la descentralización política». Pero lo que dice Zapatero no vale arriba de 24 horas. También su vicepresidenta primera ha dicho que la subida del IVA apenas tendría repercusión en los ciudadanos, después de decir la segunda que supondría recaudar 5.150 millones de euros más. ¿De dónde van a sacarlos? Porque el IVA sale del bolsillo de los españoles. Miente la una o miente la otra. Posiblemente, las dos, pues ni se recaudará tanto ni será tan liviano a los ciudadanos. Este gobierno está instalado en el engaño y la ocultación. Cada vez que uno de sus miembros abre la boca, miente, sin importarle contradecir a la realidad o a sí mismo, como acaba de ocurrir al presidente.

Lo más indignante es que nos toman por idiotas, incapaces de distinguir lo negro de lo blanco, el día de la noche. Claro que muy listos no debemos de ser cuando les hemos aguantado seis años. Pero hay diferencia entre la ingenuidad y la estupidez. Diferencia que se ha sobrepasado conforme la crisis avanzaba y apoderaba del país como una inmensa marea de chapapote. Porque a los españoles puede engañársenos, dada nuestra tendencia a dejar todo para mañana y no ocuparnos jamás de él. Pero al resto del mundo, no. ¿Cómo queremos que las agencias de calificación no rebajen la nota de España? ¿Cómo vamos a pagar una deuda cada vez mayor y más cara? ¿No se dan cuenta nuestros gobernantes de que al engañar a su pueblo, se están engañando a sí mismos, al tiempo que cavan la sepultura de todos? ¿Qué pretenden con prolongar la ficción de que las cosas están encauzadas con las medidas que han tomado, si al mismo tiempo se descalifican negando lo obvio y proclamando lo inviable? ¿No advierten nuestras vicepresidentas de que no pueden anunciar al mismo tiempo un aumento considerable de la recaudación fiscal y una incidencia mínima de la fiscalidad? ¿No se percata el presidente de que no puede aceptar la sentencia del TC y disparar un torpedo contra ella?

No sé si los niños cantan todavía aquello de «Vamos a contar mentiras/En el mar corren las liebres/y en el monte, las sardinas/tra,la,la». Sólo temo que, a este paso, no queden liebres ni sardinas en España.

ABC - Opinión

A España se le atraganta Cataluña. ¿Culpable? Rodríguez. Por Federico Quevedo

Cuando a la muerte del dictador los padres de la patria y autores de la Constitución se plantearon el nuevo modelo de Estado, llegaron a la conclusión de que frente al exceso de centralismo vivido en la dictadura, había que contraponer un modelo similar al federalismo existente en otros países como Estados Unidos, donde lo que prima es el acercamiento de la Administración a los ciudadanos por la vía de la descentralización política. El modelo casaba a la perfección con la idea de Estado liberal que fundamentó aquel proceso: un Estado abierto, plural, diverso y próximo al ciudadano, pero que en ningún caso se alejaba del principio esencial de unidad de la nación española. Se buscaba, en definitiva, la mayor participación de los ciudadanos en la vida política por la vía del acercamiento de ésta a la sociedad, al tiempo que se pretendía garantizar un mejor y más accesible servicio por parte de la burocracia administrativa. Esa idea descentralizadora se completó con un paso más que los constituyentes dieron en el caso de las llamadas comunidades históricas, fundamentalmente Cataluña y el País Vasco, a las que por una razón sentimental se dotó de algo más de autogobierno que al resto –aunque luego se fueron igualando todas las autonomías-, aun sabiendo que al abrir esa puerta se corría el riesgo de que el nacionalismo nunca estuviera satisfecho, como así ha ocurrido.

La ‘cesión’ a la presión nacionalista se completó con una ley electoral que ha permitido que partidos realmente minoritarios en términos de representación nacional tengan, sin embargo, una presencia en el Parlamento que supera con mucho la que en justicia les toca, otorgándoles un papel moderador de la política nacional que no les pertenece en la medida que su anhelo nunca es el interés general, sino el particular que les caracteriza. Con todo, los constituyentes, conscientes del riesgo, siguieron adelante confiados en que la firmeza de principios de los partidos nacionales llamados a gobernar España –el PSOE por la izquierda y la UCD, primero, y el PP, después, por el centro-derecha- nunca les llevaría a traicionar la Constitución y el espíritu unitario que la impregna. Hasta que llegó Rodríguez. Seguramente los padres de nuestra Carta Magna nunca pudieron imaginar que alguna vez este país pudiera estar gobernado por un hombre sin principios y absolutamente dispuesto a todo por el poder, pero así ha sido. Lo cierto es que durante toda la Transición y los distintos gobiernos que la han protagonizado, la unidad de la Nación ha sido de las pocas cosas que ha logrado importantes consensos, de tal manera que nunca se ha llevado a cabo reformas que afectaran al modelo territorial sin el concurso de las dos principales fuerzas políticas, fueran estas reformas estatutarias o legislativas.

«Tal era su entrega a la ofensiva nacionalista, que los primeros borradores del Estatuto implicaban, en la práctica, la separación definitiva de Cataluña de España.»

Pero al final de la última legislatura del PP las cosas empezaron a cambiar. El proceso de traición al espíritu constitucional se puso en marcha con el Pacto del Tinell, avalado por Rodríguez, todavía en la oposición, y se completó a partir de 2004, aunque todavía las dos principales fuerzas políticas llegaron a un último acuerdo en esta materia: parar el Plan Ibarretxe, pero no por convicción de Rodríguez, sino porque no le convenía a sus planes que el País Vasco se adelantara a Cataluña. Superado ese escollo, Rodríguez –el Rodríguez que dijo aquello de que respaldaría el Estatuto que saliera del Parlamento de Cataluña- abrió la puerta al proceso secesionista catalán, impulsado por un Partido Socialista que, traicionando su propia idea de España, en aquella comunidad se hizo más nacionalista que el propio nacionalismo –algo que, por cierto, ya hizo en otras fechas de infausto recuerdo hace un siglo-. De hecho, tal era su entrega a la ofensiva nacionalista, que los primeros borradores del Estatuto implicaban, en la práctica, la separación definitiva de Cataluña de España. Consciente de que ni su propio partido aceptaría semejante reto, se propuso rebajar el tono de la reivindicación y, dejando de lado a los socios de su partido en el Tripartido, pactó con Artur Mas, en aquella famosa noche en que ambos se fumaron un cartón de Marlboro, un nuevo Estatuto más dulcificado pero que, en la práctica, era tan inconstitucional y tan provocador como lo que proponía ERC con palabras más gruesas.

El Estatuto se aprobó en las Cortes –pese a que muchos socialistas votaron tapándose la nariz- y en un referéndum que puso de manifiesto el escaso interés de la sociedad catalana por el asunto. Entonces no solo el PP, sino también otras instituciones, recurrieron ante el TC una norma que claramente suponía una reforma encubierta de la Constitución sin los trámites obligados para llevarla a cabo. Lo primero que hay que decir es que tanto el PP, como el resto de los recurrentes, cumplen una doble obligación moral, la de responder a la demanda de una parte muy importante de la sociedad española, y la de hacer valer la ley y el Estado de Derecho, razón por la que no puede ser censurable su actitud salvo que se haga desde una posición sectaria y, como bien dijo el jueves la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, fascista. Y es que, independientemente de lo ofendidos que se sientan algunos, cuando a un partido político o un grupo de personas se les pretende negar el derecho a discrepar, eso se llama fascismo, lo miren por donde lo miren. Y el caso es que, finalmente, después de una eternidad, el TC le ha venido a dar la razón al PP: había motivo para presentar el recurso, y eso es probablemente lo que más les ha incordiado. La sentencia, para que voy a negárselo a ustedes, deja mucho que desear, porque abre muchas puertas a que Cataluña mantenga una relación con España diferente a la del resto de Comunidades Autónomas, pero al menos anula los capítulos más secesionistas del Estatuto.

Si todo esto se quedara así, y se emplazara a un debate posterior, cuando en este país las aguas bajen más tranquilas, ya no esté Rodríguez en el poder y se pueda entonces hablar de una reforma de la Constitución que sirva para blindar al propio Estado de estas ofensivas nacionalistas, podríamos decir que bien está lo que, probablemente, bien acabe. Pero no es así. Lejos de dejar reposar la sentencia –a la espera de conocer la parte interpretativa de la misma-, el presidente Rodríguez se ha mostrado dispuesto a ir más allá y, como le pide Montilla, desarrollar la parte anulada del Estatuto por la puerta de atrás, es decir, mediante leyes que vulneren claramente la doctrina del Tribunal Constitucional. De nuevo nos encontramos en manos de un irresponsable que, dispuesto a todo por mantenerse en el poder, quiere hacer saltar por los aires el Pacto Constitucional y el modelo de Estado. Miren, cuando algunos advertimos de que este tipo de aventuras son peligrosas porque rompen la unidad de la Nación, no lo decimos por decir, ni pretendemos con ellos que esa ruptura se vaya a visualizar en un mapa distinto del territorio nacional. No, miren, esa ruptura se produce cuando resulta que un ciudadano español no puede hablar en su idioma natal en Cataluña, ni rotular en su tienda en castellano, ni ver una película de cine doblada al español. Y el único responsable de que el Estado haya dado un paso atrás y haya cedido en sus funciones de defensa de la legalidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos en aquella región, se llama José Luis Rodríguez Zapatero.

El Confidencial - Opinión

Huelga. El cinismo de CCOO. Por Emilio J. González

Quien no respeta los servicios mínimos incumple la ley y quien incumple la ley debe ser castigado por ello. Es así cómo funcionan las cosas en un estado de derecho, por mucho que esto no les guste a los sindicatos.

Si uno escucha lo que dicen los sindicatos y no tiene en cuenta otras cosas, o simplemente no se para treinta segundos a pensar en lo que se dice, pensaría que los huelguistas del metro de Madrid y los sindicatos que les han arrastrado a una huelga tan salvaje como política son unas hermanitas de la caridad. Nada más lejos de la realidad. Quienes convocaron el paro, quienes decidieron incumplir los servicios mínimos, sabían muy bien lo que hacían y lo que pretendían, que no era otra cosa que desgastar al Gobierno de Esperanza Aguirre. No merecen ninguna disculpa por ello.

Lo primero que han hecho estos angelitos ha sido tachar a Aguirre de "hitleriana" y "fascista", unos adjetivos injustos para con la presidenta de la Comunidad de Madrid que, por lo visto, solo la izquierda española está legitimada para utilizar, porque cuando los ha empleado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en referencia al presidente de la Generalitat, José Montilla, por su actitud dictatorial en relación con el Estatut de Cataluña y la sentencia del Tribunal Constitucional, estos ‘paladines’ de la libertad se le han echado encima cargados de ira. Valiente ejercicio de cinismo.

El ‘pecado’ de Aguirre ha consistido, ni más ni menos, que en aplicar en la Comunidad de Madrid lo que el Gobierno de Zapatero ha aprobado para toda España, que no es otra cosa que la rebaja salarial del 5% a los empleados públicos, frente a la cual nuestros sindicatos subvencionados han preferido mirar hacia otra parte en lugar de convocarle a ZP la huelga que le han preparado a Aguirre. Dicen los sindicatos que el presidente del Gobierno ha dejado fuera del recorte salarial a los empleados de las empresas públicas. Eso es simplemente porque teme la reacción de los sindicatos, pero si hay que reducir el déficit público, hay que hacerlo con todas las consecuencias, sin andarse con chiquitas y sin excepciones de naturaleza política. Esta ha sido la forma de actuar de Aguirre, que tiene lo que a ZP y a muchos otros políticos españoles les falta, por la cual se ha ganado las iras de unos sindicatos que no representan a los parias de la Tierra, a los desposeídos, sino a las castas privilegiadas.

De casta privilegiada es, precisamente, como se puede definir a los conductores del metro de Madrid, los que decidieron incumplir los servicios mínimos decretados por la Comunidad y tomar como rehenes para sus intereses políticos a los ciudadanos. Porque mientras la mitad de los españoles no llega a los 12.000 euros al año, según los datos de la Agencia Tributaria, y el 75% no pasa de los 30.000 euros, ellos superan este nivel con holgura y, encima, tienen garantizado el puesto de trabajo de por vida. Por defender a estos ‘señoritos’ es por lo que los sindicatos han montado la que han montado, mientras millones y millones de españoles no tienen ni trabajo ni empleo. Ante ese drama social, CCOO y UGT callan. Vaya cinismo.

Dicen los de CCOO que la Comunidad de Madrid dictó unos servicios mínimos ilegales a sabiendas de que lo son. ¿Ilegales? Si no me falla la memoria, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo que unos servicios mínimos del 50% en el transporte público se ajustaban a la legalidad. Entonces, ¿de qué están hablando? Pues de lo de siempre, de querer imponer a todo el mundo su santa voluntad, digan lo que digan los demás, sin importarles ni un pimiento los derechos de las personas, entre ellos el de no querer hacer huelga, derecho que vulneran una y otra vez esos mal llamados piquetes informativos. Quien no respeta los servicios mínimos, por tanto, incumple la ley, y quien incumple la ley debe ser castigado por ello. Es así cómo funcionan las cosas en un estado de derecho, por mucho que esto no les guste a los sindicatos. Por este mismo motivo, no se debe readmitir a aquellos trabajadores que incumplieron o forzaron el incumplimiento de los servicios mínimos. Es más, el Gobierno de Esperanza Aguirre, y todo el Partido Popular, deben mantenerse firmes en esa postura porque, de no hacerlo, en el futuro tendrán que soportar más huelgas políticas que sólo buscan alejarles del poder porque quienes las convoquen sabrán perfectamente que, hagan lo que hagan, no tendrán después responsabilidad alguna ni se verán obligados a asumir las consecuencias de sus actos. Donde impera la libertad, conductas como las que están manifestando los sindicatos estos días en Madrid son inadmisibles. Aquí también deberían serlo.

Libertad Digital - Opinión

La desnacionalización. Por Ignacio Camacho

El difuso proyecto político de ZP se ha basado desde el principio en la descreencia del concepto de nación española.

AUNQUE ha sido la crisis económica el factor determinante del desplome de Zapatero en la opinión pública, desnudando ante la mayoría de los ciudadanos españoles y los dirigentes extranjeros su incompetencia como gobernante y su frívola temeridad política, el doble mandato zapaterista contiene un elemento mucho más pernicioso que su manifiesta incapacidad para hacer frente a una profunda quiebra social y financiera: la desvertebración del Estado que tenía la responsabilidad de dirigir como primer ministro. El pésimo manejo de la recesión sólo demuestra al fin y al cabo su falta de preparación para ejercer la responsabilidad de Gobierno, una clamorosa ineptitud que cuestiona los filtros de selección de la vida pública española; la desnacionalización de España, sin embargo, constituye una estrategia de grave inconsciencia que ha comprometido, por intereses tácticos de corto vuelo, la urdimbre que sostenía la cohesión de nuestra sociedad democrática.

El Estatuto catalán es la pieza clave de esa intención disgregadora, afortunadamente embridada por el Tribunal Constitucional en una sentencia que al menos fija doctrina sobre unos mínimos infranqueables que el presidente permitió rebasar para establecer una alianza de intereses con los grupos soberanistas. Su difuso proyecto político se ha basado desde el principio en la descreencia del concepto de nación española, que todavía siendo jefe de la oposición consideró «discutido y discutible». Una vez en el poder aplicó ese relativismo suicida hasta unos términos nihilistas que suponían de hecho la transformación del modelo constitucional en un vago territorialismo confederativo, aflojando de forma decidida —mediante una oleada de reformas estatutarias regionales— los pernos que sujetaban desde 1978 el equilibrio del Estado de las autonomías. Para ello no tuvo reparos en mentir y engañar a unos y a otros, incluyendo a los propios nacionalistas, sorteando los obstáculos que él mismo levantaba con fintas improvisadas que han ido cuarteando las reglas y compromisos de la convivencia colectiva. Todavía esta semana, enfrentado a la realidad de un veredicto que pone freno a parte de su deriva fragmentadora, se ha permitido decir que el Estatuto es «básicamente» constitucional —como si un presidente pudiese conformarse con eso— y que da por cumplido el impreciso objetivo que le llevó a abrir la demencial carrera de soberanismo a la carta.

No parece, empero, que la exigencia del nacionalismo catalán se conforme ahora con el recorte del impulso al que dio alas la irresponsable dejación de las funciones presidenciales. Los primeros indicios apuntan a que, lejos de cerrar la desconstitucionalización encubierta, Zapatero se dispone a entregar, para mantenerse a flote, nuevas concesiones que avancen en esa inquietante deriva sin freno.

ABC - Opinión

Alejamiento peligroso

De la encuesta que hoy publica LA RAZÓN en torno a los efectos que ha tenido en la opinión pública el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán se desprende un preocupante divorcio de percepción entre los catalanes y el resto de los españoles. Es comprensible, y a nadie debería extreñar, que existan diferencias de sensibilidad y que la emotividad se exprese a veces de manera opuesta. Pero lo que se deja traslucir a propósito del Estatuto va más allá y ningún político o gobernante responsable debería archivarlo a beneficio de inventario y, menos aún, aprovecharlo para sacar tajada partidista. La encuesta tiene especial interés cuando plantea una pregunta clave: ¿a quién perjudica más la sentencia, a Zapatero o a Rajoy? Las respuestas son muy nítidas: la mayoría de los españoles estima que el más perjudicado es el presidente del Gobierno, que se erigió en el gran impulsor del Estatuto, mientras que en Cataluña se considera que el peor parado es el líder del PP, aunque el TC le haya dado en parte la razón y, sobre todo, haya avalado su decisión de recurrir. Más allá de la valoración ad hóminem, lo que subyace a estas respuestas es que el Estatuto catalán se ha vendido como un pulso entre el PP y el PSOE, en vez de lo que fue: una respuesta que los socialistas ofrecieron a las demandas nacionalistas para garantizarse el poder tanto en Madrid como en Barcelona. Las alianzas tejidas en torno a la reforma son las mismas que han permitido a Zapatero estos seis años de gobierno y a Montilla, los últimos cuatro. En vez de abordarse con el espíritu de consenso que configuró el mapa autonómico hace treinta años, con el apoyo de los dos grandes partidos nacionales, el nuevo Estatuto se planteó como un trágala al centro derecha, sobrepasando las costuras del traje constitucional. Esta polarización premeditada y alimentada por intereses partidistas ha hecho mella en la sociedad catalana, hasta el punto de que hoy, cuatro años después de abierto el proceso, el distanciamiento con el resto es mucho más acusado, más agrio y más visceral. Así lo atestigua, por ejemplo, el hecho de que la gran mayoría de los españoles encuestados esté conforme con el actual desarrolo autonómico, mientras que una mayoría catalana reclame más soberanía. Todo ello nos lleva a redoblar el llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad que venimos haciendo desde que se publicó el fallo del Tribunal Constitucional. Salvo los que se aferran dogmáticamente a sus errores, como el PSOE, todas las demás fuerzas políticas coinciden en que esta reforma estatutaria ha sido una experiencia nefasta para la convivencia, negativa para la salud del Estado y desestabilizadora para Cataluña. En contra de lo que prometió Zapatero, que acusaba a Aznar de envenenar la convivencia con los nacionalismos, hoy existe más crispación, más suspicacias y más incomprensión mutua que entonces. Pero llegado a este punto, se debe exigir a los socialistas, como gobernantes en ambas orillas, que actúen con sentido de Estado, no azuzen más a una sociedad catalana necesitada de otras políticas para salir de la crisis, y retomen el camino del consenso constitucional con el PP, que nunca debieron abandonar por cordones sanitarios y pactos de exclusión.

La Razón - Editorial

Un semestre europeo a la altura de Zapatero

A pesar de que desde el Gobierno se ha calificado de sobresaliente la gestión de Zapatero en su semestre presidencial, su imagen ha sido la de un político mediocre, superado por las circunstancias e incapaz de proponer una idea válida sobre economía.

José Luis Rodríguez Zapatero recogió el pasado mes de enero el testigo de la presidencia rotatoria de la Unión Europea, entregado por el ministro de Asuntos Exteriores de Suecia. Sobrecogido por la magnitud del desastre de su gestión económica y con la vista puesta en las elecciones autonómicas y locales del año próximo, Zapatero entendió que era la ocasión propicia para compensar sus errores domésticos ofreciendo a los españoles la imagen de un político respetado en Europa y al mando de sus instituciones.

Nada más lejos de la realidad. Sólo comenzar su turno presidencial, quedó sobradamente evidenciado el escaso peso de Zapatero en los esquemas de toma de decisiones de la Unión Europea, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la crisis económica. El ninguneo de Zapatero se veía agudizado por la existencia de un cargo permanente desempeñando las mismas funciones que el presidente de turno, pero no es ya que las opiniones de Zapatero para combatir la crisis, el objetivo fundamental de la UE, no le hayan importado a nadie fuera de nuestras fronteras, sino que ni siquiera el contenido más liviano de su voluntariosa agenda europea ha tenido el más mínimo resultado.

Sin ir más lejos, mientras los presidentes rotatorio y permanente competían para llevarse a su país la cumbre UE-EEUU, Obama decidía que tenía cosas más importantes que hacer en su país, de forma que los réditos en imagen pública que hubiera producido una foto de suya con Zapatero en Madrid desaparecieron por voluntad del presidente norteamericano.

Tras este primer sofoco, y a la vista de que las decisiones importantes en materia económica –algunas de la trascendencia del rescate de Grecia– se tomaban sin contar no ya con su opinión, sino tan siquiera con su presencia simbólica, Zapatero se puso su uniforme de feminista para intentar que la UE validara dos ideas de Bibiana Aído relativas a la violencia doméstica: la creación de un observatorio europeo sobre la violencia contra las mujeres y la aprobación de una orden europea de protección para las mujeres maltratadas. Nuevamente sus propuestas fueron rechazadas con el recado piadoso de que ya existen suficientes "observatorios" europeos y, en cuanto a la parte legislativa, la unificación de la normativa en materia de apoyo a estas víctimas cuenta con el obstáculo insalvable de las diferencias técnicas y jurídicas entre las normas internas de todos los estados miembros.

A pesar de que los miembros del gobierno han calificado de sobresaliente la gestión de Zapatero en su semestre presidencial, con un voluntarioso Moratinos calculando que los objetivos previstos se habían cumplido al cien por cien, la imagen que el presidente del Gobierno ha ofrecido a Europa y al resto del mundo ha sido la de un político mediocre, superado por las circunstancias e incapaz de proponer una idea válida para solucionar los graves problemas que padece la economía internacional.

En la escena doméstica, el fracaso de Zapatero no supone ninguna sorpresa porque, tras seis años dirigiendo el país, todos los españoles conocen sobradamente la capacidad del personaje. Para su desgracia, y gracias a este semestre en la presidencia europea, ahora también lo saben en toda la UE.

Libertad Digital - Editorial

Sindicatos fallidos

UGT y CC.OO. deberían reflexionar sobre la desafección notoria de un sector muy amplio de las clases trabajadoras hacia sus teóricos representantes.

DE acuerdo con la Constitución, los sindicatos son un elemento básico del Estado social y democrático de derecho en tanto que contribuyen a la defensa de los intereses que le son propios. Así pues, se trata de una institución esencial para encauzar las reivindicaciones legítimas de los trabajadores en una sociedad dinámica y desarrollada. Aquí y ahora, la opinión pública exige a los sindicatos que cumplan de forma adecuada sus funciones, sin someterse a las conveniencias de los partidos más o menos afines. Por ello, muchos ciudadanos muestran perplejidad e indignación ante la desviación intolerable con respecto a estas reglas básicas por parte de UGT y CC.OO. En efecto, lo mismo que un sector de la clase política se distancia de las preocupaciones de los ciudadanos, es fácil percibir que algunos dirigentes sindicales dan prioridad al interés particular de la organización sobre la defensa objetiva de los trabajadores.

Unos y otros han sido cómplices de Rodríguez Zapatero durante demasiado tiempo, contribuyendo a una política económica errática que ha disparado el paro hasta niveles inaceptables. En las negociaciones sobre la imprescindible reforma del mercado laboral, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo han mostrado actitudes inflexibles, propias de ideologías trasnochadas y de una concepción de sindicato como gestor de privilegios ya consolidados. Cuando el Ejecutivo —forzado por la situación de emergencia— aprueba el decreto ley de reforma, los líderes sindicales mueven ficha con sospechosa lentitud mediante la convocatoria de una huelga general a medio plazo.
Por ahora, las amenazas de romper la paz social solo se concretan en la huelga salvaje desarrollada en el Metro de Madrid que se dirige políticamente contra un gobierno del PP. Así las cosas, UGT y CC.OO. deberían reflexionar sobre la desafección notoria de un sector muy amplio de las clases trabajadoras hacia sus teóricos representantes. Así lo ponen de manifiesto la asistencia muy reducida a las manifestaciones que convocan, el fracaso sin paliativos de la huelga en el sector público o las críticas en voz alta a la función de los «liberados» sindicales, cada vez más alejados del ámbito diario en que desarrollan su labor muchos millones de trabajadores y, por supuesto, de los parados que carecen de expectativas a corto plazo. Los sindicatos no son correo de transmisión de los partidos políticos ni agentes de unos intereses parciales, sino organizaciones con una larga trayectoria histórica que deberían estar a la altura de las circunstancias para contribuir a encauzar esta grave crisis económica.

ABC - Editorial

Estatut. Mucho cura de paisano. Por Maite Nolla

En democracia la representatividad se cuenta en votos; incluso en Cataluña, aunque aquí cualquiera se arrogue legitimidades que electoralmente no va a tener en la vida.

Para determinar el verdadero alcance de la sentencia del Constitucional sobre el estatuto, sólo hay que reflexionar un minutito de nada sobre si la misma obliga a los nacionalistas a desandar un paso del camino que Pujol hizo durante veintitrés años y que el tripartit ha hecho durante siete, que desde luego parecen doscientos. En total, treinta años de imposición irreversible por la vía de los hechos en la mayoría de ocasiones, con alguna norma entre medio para disimular. Es posible que el Constitucional les impida ir más allá en algunas cuestiones y darle otra vuelta de tuerca a lo que ya tenían, pero ni la educación, ni la lengua, ni la financiación, ni las embajadas, ni el deporte, sufren el más mínimo menoscabo respecto a su situación actual. Por eso el Gobierno está tan contento. La sentencia no comporta ninguna carga, ni obliga a enfrentarse al gobierno autonómico. Y en el peor de los casos, el Constitucional deja en manos del Gobierno y del gobierno de la Generalitat decidir cómo se ejecuta la sentencia y si interpretan bien lo que sus señorías han declarado interpretable.

Luego están las reacciones de los políticos. Podemos distinguir cinco grupos. Primero están los nacionalistas, indignadísimos y dispuestos a salir a la calle, cuando acaben de hacer cálculos electorales y determinar, aproximadamente, si unas elecciones marcadas por el nacionalismo y no por la crisis hacen subir a ERC e igual permiten repetir el tripartit o no. Por otro lado, el Gobierno satisfecho, como les he dicho. En tercer lugar, el PP, aliviado, que asume como propio este estatuto y así puede hablar sólo de los problemas reales de la gente, es decir, del fútbol. En cuarto lugar está Cospedal que no se entera de nada, para variar, y, finalmente, estamos los que no somos nacionalistas, divididos entre los que vemos esto como más de lo mismo, y los que lo ven como un freno, aunque estemos todos de acuerdo en que las instituciones y la oposición han desertado de sus obligaciones.

Pero lo que plantea un problema de primer orden es lo siguiente: los nacionalistas van a salir a la calle a defender la dignidad del pueblo de Cataluña, PSC incluido. Por otro lado, está Carmen Chacón que como líder del PSC logró un resultado increíble, con casi un millón setecientos mil votos, un millón más de lo que habitualmente saca el PSC en las autonómicas. Carmen Chacón no sólo considera esta sentencia como buena, sino que pasa de ir a la manifestación nacional. Lo que les quiero decir es, ¿qué les hace pensar a los señores del PSC que poniéndose ultra nacionalistas representan más a sus votantes que cuando no lo hacen? En democracia la representatividad se cuenta en votos; incluso en Cataluña, aunque aquí cualquiera se arrogue legitimidades que electoralmente no va a tener en la vida. Y a falta de prueba en contrario, los indicios nos dicen que los que pueden votar en Cataluña están más cerca de lo que piensa Chacón que de lo que piensa Montilla. Es como el tipo éste de la Diputación de Lérida que retira la bandera española, aunque gobierna con sólo tres diputados por la vergonzosa deserción del PSC local. Vamos, que no se me ofenda nadie, pero si no representan ni a sus votantes, me da que les falta un poquito para representar a todo un pueblo. Mucho cura de paisano.

Libertad Digital - Opinión

Volvemos a Perpiñán. Por M. Martín Ferrand

Sin la cobertura del «hecho diferencial», los partidos nacionalistas se quedarían en algo menos que nada.

ALGUNOS, por razones generacionales y caprichos dictatoriales, perdimos una parte de nuestra juventud en viajes a Perpiñán, la vieja capital del Rosellón, para ver películas y comprar libros prohibidos en la España de la época. Es posible que El último tango en París, la peor de las películas de Bernardo Bertolucci, y los libros de Jesús Ynfante sobre el Opus Dei, editados por Ruedo Ibérico, le produjeran a ese lugar del sudeste francés, en los sesenta y setenta, más ingresos que cualquiera de los muchos atractivos turísticos del lugar. Toda prohibición política, tanto más cuanto menor sea su fundamento, da paso a una industria derivada de su no observancia y así fue entonces como, lamentablemente, volverá a ser ahora. Los efectos de los nacionalismos son siempre empobrecedores.

La nueva Ley del Cine en catalán, ya aprobada por el Parlament, obliga a las distribuidoras cinematográficas a doblar, también en catalán, las películas dobladas al castellano que quieran exhibirse en Cataluña. Eso tiene un coste que difícilmente puede absorber la recaudación de las taquillas y, en consecuencia, las grandes películas internacionales, Hollywood incluido, se proyectarán en los cines de Cataluña en su idioma original. Quién quiera, además de verlas, oírlas en castellano tendrán que repetir la ceremonia impuesta por el franquismo: acercarse a Perpiñán y, después de dar una vuelta y admirar la catedral de San Juan Bautista o la Lonja —igualita que la de Valencia—, meterse en un cine para ver, en un idioma cinematográficamente proscrito en las cuatro provincias catalanas, Piratas del Caribe III o cosa parecida.

La Unión Europea sostiene la libre circulación de las personas y los capitales. Un dentista de Frankfurt puede establecerse en Andújar y un topógrafo siciliano irse a trabajar, con su teodolito bajo el brazo, a Copenhague; pero lo que resulta inadmisible para la defensa de la identidad catalana, y así lo entienden el Parlament y el Govern, es ver a Clint Eastwood en Sabadell con la voz prestada por Constantino Romero. Concuerda un despropósito de esa naturaleza con la realidad que, contra el sentir general de la sociedad catalana, tratan de inventar e instalar unos partidos nacionalistas que, sin la cobertura del «hecho diferencial», se quedarían en algo menos que nada. Lo único sorprendente es la falta de reacción social ante semejantes memeces y el disimulo electorero con que se enfrentan a la situación los partidos, especialmente el PP y la franquicia catalana del PSOE, que se dicen nacionales. Tanta Transición y tanta historia para terminar volviendo a Perpiñán a ver películas.

ABC - Opinión

Estatut. Con Carter se complica la independencia. Por Pablo Molina

Con Jimmy Carter enredando, los partidarios de la independencia de España respecto a Cataluña vamos a tener un problema añadido con el que no contábamos.

En Estados Unidos existe la opinión prácticamente unánime de que Jimmy Carter ha sido el peor presidente en toda la historia del país. De hecho, cada vez más analistas intentan discernir si Obama tiene capacidad para destronar a Carter, aunque todavía es pronto para dar un veredicto definitivo. Como presidente, Carter llevó la imagen exterior de su país a las cotas más bajas nunca vistas con episodios como su contribución a la caída del Sha de Persia y la consiguiente subida al poder de los ayatolás, pero lo asombroso es que no existe ninguna duda de que el vendedor de cacahuetes es el peor ex presidente del Gobierno que jamás han producido los Estados Unidos de América.

Las actuaciones de Carter a lo largo y ancho del planeta han tenido como eje común oponerse diametralmente a los intereses norteamericanos, sea cual fuera el signo político del ocupante de la Casa Blanca, pero en lo que respecta a España y Cataluña, el peligro más evidente de las intromisiones de Carter es que las causas que defiende con su fundación acaban siendo un desastre en la mayoría de los casos.

Y es un motivo serio para preocuparnos, porque con Jimmy apoyando la secesión de Cataluña, es más que probable que la independencia de esa comunidad autónoma se retrase otro siglo más.

Carter se ha deshecho en alabanzas hacia los dirigentes catalanes, no antes de trincar los cien mil dólares correspondientes al premio que le ha entregado Montilla, pero el hecho de que el ex presidente norteamericano hable bien de un dirigente político no es precisamente un mérito que convenga incluir en el currículum. No hay ni un solo tirano contemporáneo que no haya recibido los halagos de Carter ensalzando su preocupación por los derechos civiles y su talla de estadista, desde Caucescu a Kim Jong II pasando por Fidel Castro. Sobre el dictador rumano, sin ir más lejos, dijo "compartir plenamente sus objetivos en política, economía y derechos humanos" y todos sabemos cómo acabaron él y su esposa.

Con Jimmy Carter enredando, los partidarios de la independencia de España respecto a Cataluña vamos a tener un problema añadido con el que no contábamos. A ver si le dan otro premio mejor dotado económicamente en el otro extremo del globo y se queda por allí unos añitos junto con el staff de su fundación. Con lo cerca que estamos de la secesión, sería una pena que todo se fuera al traste por culpa de un productor de cacahuetes.

Libertad Digital - Opinión

Aroma de Guerra Fría. Por Hermann Tertsch

En la era de internet puede haber más gente robando y traficando con información que durante la Guerra Fría.

Fue John Le Carré, uno de los grandes escritores de la novela de espías, el que dijo años después de la caída del Muro que el espionaje clásico se había acabado. Y que en realidad llevaba años siendo un mero juego para la supervivencia de los agentes y las organizaciones. Le Carré erraba. En la era de internet, de la cibernética y de la inteligencia oficial puede haber fácilmente más gente robando y traficando con información que durante la Guerra Fría. Tanto en la industria como en los centros de investigación se invierte cada vez más en seguridad para evitar el robo de información. Se trata ya de espías altamente cualificados, expertos en la materia que tratan. Su reclutamiento muchas veces sí obedece a las formas tradicionales, el chantaje por vulnerabilidad u ofertas para satisfacer el afán de lucro. Pero el perfil habitual es ya distinto a los espías del mundo del agente Smiley y su adversario ruso, Karla.

Por eso ha sorprendido tanto la detención hace unos días de once espías rusos que durante más de una década han sido agentes durmientes en EE.UU. Ellos sí son un producto clásico del KGB —ahora SWR— y lo son desde el mismo comienzo de la Cheka bajo su fundador Feliks Dzershinski, tras la Revolución y durante la guerra civil que la siguió. Células durmientes activadas jugaron un gran papel en las estrategias soviéticas en Occidente. Los espías rusos ahora detenidos , contra los que la Fiscalía norteamericana tiene ingentes cantidades de pruebas tras años de investigación, llevaban una década haciéndose pasar por perfectos americanos de clase media. Todos con estudios académicos, un inglés americano impoluto además de otros idiomas, eran espías clásicos en el sentido de que buscaban información y fórmulas de acceder a influencia política. Como clásica fue la forma de espionaje del estonio Hermann Simm, detenido en 2008, que durante años suministró información de máxima seguridad de la OTAN a Moscú. Los espías siguen siendo necesarios. Para quitarle información al adversario o doblegar voluntades en beneficio propio. Siempre lo serán.

ABC - Opinión

Estatut. Los nuevos consensos. Por José María Marco

Ante tamaño giro histórico con el que arranca –con todos los parabienes– la nueva España utópica, socialista y nacionalista al fin, ¿qué iba a decir un magistrado, por muy miembro que fuera del Tribunal Constitucional?

Hay quien se ha preguntado cómo es que un magistrado como Manuel Aragón no ha encontrado capacidad para resistir el envite nacionalista que culmina en el texto del Estatuto de Cataluña. Hay varias razones que permitan comprender esto.

Debe de ser difícil soportar las presiones que se han ejercido –por hablar sólo de las que conoce todo el mundo– sobre los jueces del Tribunal, y más en particular sobre Aragón. A diferencia de lo que ocurre con el Tribunal Supremo norteamericano, por ejemplo, las instituciones jurídicas españolas no ponen a sus miembros a salvo de la presión política. Los miembros están nombrados por los partidos, los mandatos también dependen de estos... No hay un muro de separación entre la política y la judicatura. Así las cosas, la capacidad de resistencia moral forzosamente habrá de ser limitada, más aún en respetables empleados públicos como son los miembros del Tribunal Constitucional.

Manuel Aragón había sido propuesto para este cargo por el Partido Socialista. A la debilidad institucional del Tribunal, se añade la falta de una tradición intelectual y moral de adhesión al concepto de nación española. Nunca el socialismo español se ha tomado en serio la idea de la nación. Mucho antes que Rodríguez Zapatero dejara esculpido en los anales del Congreso de los Diputados su frase inmortal sobre la idea de nación, "discutida y discutible", el PSOE había descartado siempre la elaboración de un concepto propio de nación.

Para los socialistas, la nación española se ha movido entre la confederación, la federación (a lo Pi y Margall), la mixtificación para engañar al proletariado y la mentira al servicio de los intereses de la burguesía. Rodríguez Zapatero ha añadido a esta tradición un matiz postmoderno, según el cual la realidad no existe: sólo existen convenciones, maneras de ver las cosas que el poder político puede variar a su gusto. En consecuencia, ¿qué es España? Una idea, una perspectiva... no más que lo que nosotros queramos que sea. Como dice Rubalcaba, no ha pasado nada después de aprobada la sentencia. Prueba que la nueva España que funda el Estatuto es sólida, tan sólida al menos como la anterior, que habitaba sólo en los sueños de unos cuantos nostálgicos...

En Aragón se había puesto alguna esperanza porque, más que la tradición socialista, la suya era azañista. Por algo Aragón se había encargado en su tiempo de una reedición de La velada en Benicarló, un texto en el que Azaña lamentaba, por boca de algunos personajes de ficción situados en plena guerra civil, que la idea de nación no tuviese virtud normativa en España, es decir que sirve para poco. Esa esperanza suponía desconocer la auténtica dimensión de la obra de Azaña. Sin duda las frases sobre España, como las que Azaña pronunció en algunos de los discursos de esos años, contienen hermosas y nobles reflexiones acerca de la patria.

No se busque más, sin embargo. Azaña tampoco elaboró nunca una idea política de la nación. Su especialidad fue la destrucción, la devastación mediante la palabra, instrumento que utilizaba como pocos. Las reflexiones de sus últimos años, como las de La velada en Benicarló, son un último intento para no dejar sólo ruinas de su paso por la política española. No sirven –como en este aspecto no sirve nada de su obra anterior– para construir y continuar la historia de España. La tragedia de Azaña, por así llamarla, sintetiza la naturaleza del republicanismo en España, de índole nihilista. Así que tampoco por este lado Aragón tenía mucho dónde agarrarse.

Menos aún lo tenía si, como tal vez se confirme con el tiempo, la sentencia sobre el Estatuto cierra la etapa de ruptura de los grandes consensos que el Partido Socialista abrió durante la segunda legislatura de Aznar. La sentencia parece inaugurar un nuevo consenso, propuesto por los partidos nacionalistas, promocionado por los socialistas y ahora aceptado por el PP. El Estatuto traza el diseño de la nueva Constitución española, plasmada en los diversos estatutos "de segunda generación", no todos impugnados ante el Tribunal Constitucional.

Ante tamaño giro histórico con el que arranca –con todos los parabienes– la nueva España utópica, socialista y nacionalista al fin, ¿qué iba a decir un magistrado, por muy miembro que fuera del Tribunal Constitucional?

(Ni que decir tiene que para los nacionalistas hay todavía demasiada España).

Libertad Digital - Opinión

Qué objetivo. Por Eduardo San Martín

El rompecabezas territorial compuesto con paciencia de orfebre durante tres décadas, descuajaringado.

Ah, pero ¿había un objetivo? Y si lo había y se ha cumplido, entonces ¿el objetivo era esto? El rompecabezas territorial compuesto con paciencia de orfebre durante tres décadas, descuajaringado; las comunidades autónomas lanzadas a una subasta imposible; media Cataluña cabreada con el resto de España; la aparición como actor político relevante de una opción independentista hasta entonces marginal. ¿Era ese el objetivo que se ha cumplido? Y si no lo era, ¿a qué se refería Zapatero? Los designios del presidente del Gobierno son inescrutables. Sobre todo para él mismo.

Concedámosle, pues, el beneficio de la duda. Lo que no le deja en mejor lugar. Ni él mismo sabía a dónde iba. Había, sí, un objetivo de partida. Prestar cobertura política al candidato Maragall, que no había encontrado mejor discurso para acabar con la hegemonía nacionalista que arrebatarle la antorcha del agravio. Maragall y el PSC habían sido decisivos en la elección de Zapatero como líder del PSOE. Así que nobleza obligaba. La reunión de Santillana del verano de 2003 trató de enfriar el calentón de Maragall; de fijar límites y poner orden en una hipotética revisión territorial. Ni caso. El estrambótico dirigente catalán se llevó a Zapatero atado de su ronzal («Apoyaré cualquier estatuto que apruebe el parlamento catalán»). Después vino todo lo demás.

Pero no había un propósito final, más allá de unas cuantas vaguedades sobre la España plural. Se equivocaban quienes atribuían a Zapatero pérfidos propósitos; la ruptura de España y toda esa cantinela. Ni siquiera eso. El propio presidente presumía de no saber hasta dónde se podía llegar. Se hacía camino al andar. La negociación y la transacción, no como método, sino con fin en sí mismo. Como en tantas otras ocasiones. Lo importante era abrir el melón. Y ha sido el TC quien se lo ha tenido que cerrar. De mala manera. Una víctima más.

ABC - Opinión

El Estatut bien vale cinco millones de parados

Mientras Zapatero le siga siendo útil a la casta nacionalista, ésta no propiciará su caída, por mucho que su nefasta gestión deteriore la salud de nuestra economía y el bienestar de los españoles –incluidos los catalanes– a ritmos acelerados.

Un sector muy importante de la sociedad española tiende a considerar a CiU como una especie de partido responsable depositario del seny catalán. Un nacionalismo "moderado" que, pese a todo, posee una cierta visión de Estado y sabe sacrificarse en nombre del bien común.

Desde luego, los dirigentes de CiU han sabido cultivar esa imagen fuera de Cataluña, pretendiendo ser, como ya lo buscara Cambó, Bismarck en Madrid y Bolívar en Barcelona. La convalidación en el Congreso del tijeretazo de Zapatero, al que todos los otros partidos se opusieron, supuso un nuevo espaldarazo a esta visión de los convergentes como serios estadistas que sabían anteponer los intereses de la nación ante Europa sobre el revanchismo cortoplacista que podía suponer derrocar a Zapatero. Muchos incluso han llegado a proponer al líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, como eventual presidente de un gobierno de concentración en la España postzapateril.

Y, sin embargo, al final resulta que esa pose de responsabilidad no era más que un humo que, como siempre han hecho desde tiempos de Pujol, se han encargado de vendernos muy caro.

Lo que no ha facilitado CiU con un Estado al borde de la quiebra, cinco millones de parados y un Zapatero totalmente desacreditado, amenaza ahora con provocarlo porque el presidente del Gobierno no ha mostrado el más secesionista de los discursos posibles al afirmar que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut "garantiza el máximo autogobierno posible para Cataluña".

Ha advertido Artur Mas, líder de ese partido tan moderado que acudirá a la próxima manifestación contra la legalidad constitucional del próximo 10 de julio, que Zapatero debe "medir" sus palabras, pues en caso contrario "forzará su caída". Pocos deberían dudar ya de cuáles son las prioridades de los "nacionalistas moderados". Si hasta ahora han venido sosteniendo al Gobierno socialista apoyando las reformas decisivas que llevaba a la Cámara Baja, no es porque creyeran en la bondad y necesidad de las mismas, sino porque Zapatero les sigue resultando de utilidad para sus objetivos independentistas.

Zapatero no sólo abrió el melón soberanista concediendo a los nacionalistas –y en especial a Artur Mas– un estatuto que en muchos sentidos convertía al resto de España en una colonia de Cataluña, sino que presionó activamente a los miembros del Tribunal Constitucional para que obviaran los aspectos que de un modo más flagrante contradecían nuestra Carta Magna. Pero tampoco les bastó con eso y Zapatero ya se ha puesto a negociar con Montilla cómo hallar una solución a las pequeñísimas trabas que el Constitucional le ha puesto al desarrollo estatutario.

Mientras Zapatero siga siendo útil para los intereses de la casta nacionalista, parece claro que ésta no propiciará su caída, por mucho que a causa de su nefasta gestión la salud de nuestra economía y el bienestar de los españoles –incluidos los catalanes– sigan deteriorándose a ritmos acelerados. Como siempre, sus privilegios son más importantes que los derechos y la prosperidad de la ciudadanía. Lo cual, por desgracia, no impedirá que los mismos de siempre sigan repitiendo las mismas sandeces sobre la moderación y responsabilidad de CiU a las que ya nos hemos acostumbrado.

Libertad Digital - Editorial

Caliente y frío. Por Ignacio Camacho

Si no se legisla en caliente, el Gobierno se pone a descongelar por su cuenta ideas que estaban mejor en el frigorífico.

CUANDO algún violador reincidente o un menor de precoz encono criminal cometen alguna fechoría más o menos impune o se cuelan por las rendijas de un sistema legal agrietado, la clase política suele responder al clamor de la indignada opinión pública con el prudente consejo de enfriar los sentimientos antes de abordar cualquier reforma legislativa. No es bueno legislar en caliente, dicen los dirigentes interpelados por las lagunas de las normas que están obligados a perfeccionar. Pero como las pasiones suelen tender a desbordarse entre los ciudadanos menos propensos a la gelidez temperamental, siempre sucede algún otro desmán clamoroso antes de que se templen los ánimos, y la corrección de las leyes que los permiten se queda en un país tan tórrido como el nuestro al albur de un hipotético e imposible enfriamiento de la irritación colectiva. Para reparar ciertos resquicios jurídicos o dar amparo suficiente a las víctimas habría que vivir en Suecia o Noruega, y tampoco es seguro que así ocurriese porque, como muestran las novelas escandinavas en boga, en los países nórdicos también se recalientan los instintos letales.

Ahora han sido los sindicatos los últimos en incorporarse a la demanda de una refrigeración térmica de la temperatura social… que ellos han puesto a hervir con sus huelgas montaraces. Hay que legislar en frío sobre los conflictos colectivos, dicen al pairo de la demanda de una regulación pendiente desde la Transición democrática. De acuerdo, camaradas, pero empezad vosotros a refrescar el ambiente, y no os olvidéis del asunto cuando esté en la nevera de la agenda pública. Porque una cosa es enfriar y otra congelar, y la Ley de Huelga lleva más de treinta años escarchada. Quizá sea a las propias centrales a quienes más convenga meterla en el microondas legislativo, porque se podrían afinar esos servicios mínimos que suelen considerar desmedidos. Es cierto que para debatir en un clima adecuado se necesita cierta paz de espíritu incompatible con la indignación general ante un sabotaje; sólo que el sindicalismo español ha tenido seis años de pacífico idilio exento de conflictividad y no se ha acordado de regular una cuestión que le compete tan de cerca. La gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, y la tormenta de estos días promete emociones fuertes. De momento, se han calado dos millones de usuarios del Metro de Madrid, y los comerciantes de Vigo y el País Vasco. Cuando llegue el «otoño caliente», otra reliquia de la Transición, a ver cómo atemperamos la atmósfera.

Porque ocurre, además, que si no se legisla en caliente sobre asuntos de urgencia el Gobierno se pone a descongelar por su cuenta ciertas ideas —el estatuto catalán, el aborto, la memoria histórica, etcétera— que estaban mucho mejor en el frigorífico.

ABC - Opinión

Estatut. La nación catalana a debate. Por Jorge Vilches

El problema no es que quieran "romper España", sino lo discutible que resulta su condición nacional y el perjuicio claro que para los derechos individuales supondría (y supone) su proyecto de futuro.

Ahora que se ha dado vía libre al nuevo Estatuto de Cataluña, es frecuente oír que el nacionalismo catalán es nocivo o malo porque quiere "romper España". En realidad, sostener que quiere “romper España” es seguirle el juego al victimismo independentista y reforzar la imagen estereotipada del españolista, lleno de tópicos que al catalanista le es fácil vincular con el viejo discurso del franquismo. No; ese nacionalismo es rechazable por otras razones más poderosas y ciertas: el tipo de Estado catalán que propugna y la invención forzada de su nación.

Todo parte de la construcción de la nación catalana por parte de unas élites políticas que tomaron la cultura y la lengua como hechos diferenciales, e interpretaron la historia, maleándola a su conveniencia, para que diera un anclaje secular a "la nación de los mil años", como un día dijo Jordi Pujol. Antes de 1898 ya se fue configurando un catalanismo que buscaba su redención a través de la crítica a "la capital", a la ciudad y a su vida urbanita, epicentro del vicio y de la corrupción de la vida natural, y ajena a la naturaleza verdadera del hombre. Esto fue moneda común en todos los movimientos nacionalistas conservadores, que en algunos casos derivaron hacia el autoritarismo y el fascismo, como fue el caso japonés. Por ese camino transitó, por ejemplo, el catalanista Valentín Almirall, que en su libro España, tal como es, se despachaba groseramente con Madrid, una ciudad que nunca le negó nada, ni siquiera el ser federal en 1868.

Al repudio al supuesto "centralismo" le siguió la pretensión, expuesta por Prat de la Riba y luego por Cambó con matices, de ordenar España desde Cataluña, pero motivada por un sentimiento de superioridad. No faltó entonces la xenofobia y el racismo de, entre otros, Gener y el doctor Robert. Por aquellos días surgieron voces sobre el “troceamiento” del país que, lejos de convencer a alguien, alimentaron el independentismo.

La élite política catalanista se dedicó a incentivar la invención de la nación catalana a través de las expresiones culturales y del idioma propio. A esa "nación" se le añadió, además, un pasado histórico, que permitía conferirle una personalidad que, naturalmente, había sido mancillada por un Estado más poderoso, el español, y que era preciso recuperar. En su competencia por el poder, dicha élite política local atribuyó al pueblo catalán la misión de restablecer un Estado-nacional basado cultural, jurídica e históricamente en artificios, exageraciones o falsedades creadas por los mismos políticos. De esta manera, los partidos catalanistas recrearon en el primer tercio del siglo XX la necesidad del autogobierno, con la excusa de escapar del supuesto "fracaso español", pero con el ánimo claro de tener el poder en exclusiva.

Y esa es la clave, expresada con mucha brevedad, del segundo motivo para rechazar ese tipo de nacionalismo: su vínculo con el poder. El reconocerse nacionalista es una coartada, un salvoconducto para acceder y permanecer en la vida política, social, cultural o académica. Se ha convertido en obligatorio. Los nacionalistas entienden que sólo hay una voluntad, un deseo y, por tanto, un interés, y de ahí sacan leyes, normas y reglamentos que destruyen la separación y contrapeso entre poderes, y que limitan los derechos individuales, sobre todo de aquellos que no creen en la obligación de ser nacionalista. El tipo de Estado que propugnan está, en consecuencia, muy alejado de las modernas formas de las democracias liberales y occidentales, adquiriendo los tics de uno autoritario.

El problema no es, por tanto, que quieran "romper España", sino lo discutible que resulta su condición nacional y el perjuicio claro que para los derechos individuales supondría (y supone) su proyecto de futuro.

Libertad Digital - Opinión

Tiempo de mudanza. Por Fernando Fernández

España no se puede permitir provocar el enfrentamiento territorial y eternizar el conflicto constitucional.

LOS tres proyectos que definen al gobierno Zapatero han fracasado. La estrategia de negociación con ETA se hundió con el aparcamiento de Barajas, su política de ampliación de derechos sociales se estrelló con la realidad de un déficit público que no encontraba financiación y su proyecto de cambio constitucional por la puerta trasera de los estatutos de autonomía ha sido vapuleada por diez hombres y mujeres justos que han cumplido con su obligación. Estamos ante un gobierno acabado, sin proyecto y que balbucea sus rectificaciones con la mala conciencia del alumno suspendido. No sería especialmente grave si solo tuvieran que examinarse en septiembre los responsables de tanto desaguisado. Pero los errores los pagamos todos los españoles.

El gobierno ha rectificado con intensidad desigual en los tres temas. Completamente en materia antiterrorista, donde el ministro Rubalcaba recoge los frutos de una política de derrota sin concesiones que nunca debió abandonarse. Hay de vez en cuando cantos de sirena en forma de pactos que permitan al gobierno la ansiada foto. Pero afortunadamente un ministro experto no es susceptible a la alquimia. En materia económica, la rectificación es vergonzante y disimulada en compromisos internacionales. No surge de la convicción propia, sino del sometimiento a esos especuladores que ayer perseguían y hoy pretenden embelesar.

El problema es que es demasiado tarde y parece poco probable que la economía española recupere el crédito internacional sin algún tipo de ayuda internacional. Está colaborando de tapadillo al frente del FMI Strauss Kahn, que a la vez que exige transparencia a la banca privada estudia extender un manto de silencio sobre los gobiernos que acudan a sus cofres en busca de rescate. La simple mención de una línea de crédito secreta a disposición de los gobiernos con problemas de liquidez, entre los que sin duda figura en primera línea de salida el español, es insultante y revela una mezcla de desprecio y desconocimiento total del funcionamiento de los mercados financieros. Ningún funcionario del FMI puede creer seriamente que una vez utilizada, permanezca desconocida salvo que vaya acompañada de la ocultación de las necesidades de financiamiento de los Tesoros y de sus calendarios de emisiones. No va a pasar, porque sería una invitación oficial al secreto bancario y a todo tipo de prácticas irregulares.

Queda por ver la reacción del gobierno a la sentencia del Estatuto una vez que se apague el rugido soberanista proveniente del tripartito catalán y del propio PSC. Puede rectificar e intentar encauzar el proceso autonómico mediante leyes orgánicas de armonización con el concurso del otro gran partido nacional, aunque a más de un socialista le produzca urticaria reconocer que la arquitectura del Estado no puede construirse al margen de los populares. O puede echarse al monte con Montilla e intentar desarrollar por decreto y reglamento lo que el Constitucional ha fallado en contra. De hacerlo sería extremadamente grave, porque si cuatro millones y medio de parados y cinco años de estancamiento económico son una pesada herencia, provocar el enfrentamiento territorial y eternizar el conflicto constitucional es algo que España no se puede permitir. Para entenderlo solo hace falta un poco de Memoria Histórica.

ABC - Opinión

Cataluña como problema o por qué lo peor de Zapatero no es la Economía. Por Jesús Cacho

Seguramente serán millones los españoles que a partir de hoy comenzarán a visualizar en toda su dimensión la tragedia que para el porvenir colectivo van a terminar significando los ocho años de presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Porque lo malo del personaje, que también, no es su penosa no-gestión de la crisis económica, con ser ello grave en tanto en cuanto afecta directamente al bienestar de todos. Al final, la crisis que padecemos se terminará superando, por duros que sean los años de estancamiento que debamos superar por delante. Lo peor de los seis años y pico que lleva ZP de presidente del Gobierno es el fenomenal lío político en que ha metido a la nación con la ruptura del marco constitucional pactado entre todos en 1978. Lo de la Economía tiene remedio; tardío, pero tiene remedio. Lo de Cataluña, no. Mucho me temo que no. Es la herencia de discordia que este personaje infame deja a España y a los españoles.

Dejó escrito Pío Baroja en sus Memorias que, poco antes de la proclamación de la II República, Ortega y Gasset pensaba en un cambio mágico para el país. “Yo auguraba algo muy malo y acerté”, dice el novelista de Vera de Bidasoa. “Estaba inclinado a pensar que sólo los Gobiernos viejos y llenos de experiencia pueden dar una vida tranquila a los pueblos. Este convencimiento mío procedía de que, en mi juventud, había leído varias historias de la Revolución francesa, lo que no habían hecho mis compañeros, y a mí aquella Revolución me parecía un esquema que se repetiría en los pueblos de Europa siempre que se intentase un cambio político de esa índole, con sus tres fases: utopía, revolución y reacción”.

Al margen de su empeño en reescribir la Guerra Civil desde la exclusiva óptica de quienes la perdieron, nadie sabe lo que hay de utopía en el magín de un tipo tan pobremente avituallado desde el punto de vista intelectual. El caso es que este licenciado en Derecho por León, que no es precisamente Yale, en su empeño por reformar la Constitución del 78 por la puerta de servicio preparó en 2006 un desaguisado -la revolución- con el Estatuto de Cataluña, cuyas consecuencias –la reacción- ayer noche empezamos ya a calibrar tras el encendido discurso del presidente de la Generalitat, José Montilla. Zapatero dejará a los españoles empobrecidos para una década y políticamente divididos, enfrentados, para varias generaciones, y ello en el mejor de los casos.

El texto del Estatuto catalán no tenía convalidación posible desde el punto de vista Constitucional. O se derogaba la Constitución y prevalecía el Estatut o viceversa. Encajar el texto catalán en la horma constitucional era misión imposible. Y conste que han sido muchos los compatriotas que, en aras a un arreglo fraternal, han defendido una interpretación abierta de la Constitución. Ayer mismo me escribía un amigo palentino enamorado de Cataluña, como yo mismo: “Creo que debieran llegar a una solución de síntesis. A dictar una sentencia que intentara encajar lo máximo del estatuto catalán en una interpretación abierta y dinámica de la Constitución. Se trataría de interpretarla de forma que, sin traicionarla, le diera más vida y recogiera mejor la realidad. Sería una síntesis jurídicamente creativa y políticamente integradora de una compleja y real pluralidad. Sin desarmar el Estado de todos, recogería la legítima diversidad que lo compone”.

Declaración de guerra de Montilla

Tal ha sido el trabajo, en el fondo, de la denostada Maria Emilia Casas. La interpretación más favorable de la Constitución hacia el del texto autonómico, lograda después de que la presidenta del Constitucional consiguiera abducir para sus tesis al conservador Guillermo Jiménez y al progresista Manuel Aragón, los dos vocales del alto tribunal que han terminado “cambiando de bando” tal vez inmolando sus prejuicios en el altar de la concordia, no ha servido para nada. La declaración de guerra del señor Montilla anoche mismo habla a las claras del empecinamiento de una clase política –abocada, además, a elecciones autonómicas casi inminentes- que parece dispuesta a romper todas las compuertas de la convivencia dentro del marco constitucional.

Recogemos los frutos podridos de la política de un personaje que llegó en 2004 a la presidencia del Gobierno sabiendo muy poco o nada de la Historia de España y de lo peligroso que a lo largo de los siglos ha resultado siempre abrir la puerta a los demonios familiares históricos de los españoles, a los que es menester mantener en todo momento bien cerrados bajo siete llaves. Zapatero es el gran responsable del enfrentamiento que se avecina porque fue él, conviene recordarlo, quien actuó de motor de un nuevo Estatuto que apenas interesaba al 6% de la población catalana cuando estaba siendo discutido en el Parlament.

Aquel Estatuto parecía embarrancado, más muerto que vivo, hasta que el Presidente del Gobierno no tuvo mejor idea que llamar una infausta noche a Moncloa a Artur Mas (CiU) y darle nueva vida, enloquecida vida a una especie de prolija Constitución que invade algunos derechos fundamentales de la persona que en Europa se consideraban sagrados desde la Revolución francesa, un proyecto que únicamente convenía a su mentor en Madrid y a una clase política alejada de las preocupaciones diarias de la gente y empeñada en juegos de poder en su personal provecho.

El culpable tiene nombre: Rodríguez Zapatero

Aunque moleste mucho a los nacionalistas, es inevitable recordar aquí que los votantes dieron mayoritariamente la espalda al Estatuto en el referéndum celebrado en junio de 2006: únicamente votó el 48,85% de un censo electoral de 5.202.291 personas, de las cuales 1.882.650 respaldaron el texto con un “sí”, lo que equivale a decir que solo el 36,18% del censo aprobó el Estatuto o, lo que es lo mismo, uno de cada tres catalanes. Porcentajes estos, por lo demás, significativamente peores que los registrados en el referéndum celebrado en 1979 para aprobar el Estatuto nacido de la Constitución del 78, que contó con la participación del 59,7% de los catalanes, el 88,15% de los cuales aprobaron el texto.

El recordatorio anterior es doloroso, lo sé, pero la lección que cabía extraer de la consulta de junio de 2006 es que el catalán de a pié no necesitaba ningún nuevo Estatuto, porque ya tenía uno y había demostrado funcionar aceptablemente bien. Tres años de Gobierno tripartito y ríos de tinta, cientos de horas de televisión y miles de horas de radio no consiguieron movilizar a los votantes en apoyo de un texto que la inmensa mayoría consideraba innecesario. Aquella lección no fue ni escuchada ni atendida, y de aquellos polvos vienen estos lodos.

Conviene recordar, también, que ZP negó su apoyo al Plan Ibarretxe en el Parlamento de la nación por llegar a Madrid con el respaldo de solo el 51% del parlamento vasco. El daño que la irresponsable conducta política del inquilino de Moncloa ha ocasionado a los españoles tiene difícil arreglo. Y bien, ¿qué hacemos ahora, señor Zapatero? ¿Qué hará usted ahora, aparte de obsequiarnos con alguna de sus famosas frases entre lo lapidario y lo bobo? No es que sea usted el único culpable, no señor, de lo ocurrido, pero la sentencia del Constitucional conocida ayer en sus líneas maestras es una enmienda a la totalidad de su estrategia de demolición de la Constitución del 1978, un clamoroso fracaso personal que debería conducirle, si tuviera usted vergüenza, a convocar elecciones generales y a irse a su casa de inmediato. Dimisión. Los españoles, catalanes y no catalanes, no nos merecemos tanta desgracia.

El Confidencial - Opinión

Metro. ¿Qué temen de Esperanza Aguirre?. Por Emilio Campmany

Le tienen más miedo que a un nublado y dedican sus esfuerzos y desvelos a tratar, sin éxito, de arruinar su carrera política. ¿Por qué? La única explicación es que saben que Aguirre conecta con la gente mucho más de lo que están dispuestos a reconocer.

Que la huelga en el metro de Madrid es por algo más que una cuestión laboral lo saben las madres. No sólo los sindicatos se juegan su prestigio impidiendo los servicios mínimos, sino que, además, las fuerzas del orden, en manos del Gobierno del PSOE, no han hecho nada por proteger de los piquetes a los trabajadores que querían cumplir con su obligación. Es obvio que hay algo más en juego que un cinco por ciento del salario de los trabajadores del metro.

De modo que la huelga pretende sobre todo minar el prestigio de Esperanza Aguirre. Naturalmente, quienes lo pretenden son la izquierda, en general, y el PSOE y los sindicatos, en particular. La proximidad de las elecciones autonómicas podría explicarlo. Pero hay otros lugares donde el PSOE tiene la ocasión de intentar desacreditar al PP con huelgas salvajes en los servicios públicos de los que la derecha sea responsable, en Valencia, Galicia, Castilla-León o Murcia y, sin embargo, no lo hace. Ni siquiera les ha dado por socavar la figura de Gallardón, tan vulnerable como es por su prodigalidad. Es más, segar la hierba bajo los pies de líderes próximos a Rajoy como lo son el propio Gallardón, Camps o Feijóo tendría la ventaja de que los efectos alcanzarían a Rajoy ya que son líderes a los que, a diferencia de Aguirre, el presidente del PP ha apoyado explícitamente. ¿Por qué Esperanza entonces?

La primera respuesta que se viene a la boca es la de que temen que la mujer pueda un día ser la cabeza del PP. Pero enseguida se da uno cuenta de que esta respuesta no tiene sentido. Se supone que un PP dirigido por la presidenta de la Comunidad de Madrid nunca ganaría las elecciones porque el centro no la votaría. Han repetido hasta el hartazgo que España es de izquierdas y que sólo un líder de la derecha algo escorado a babor, como Gallardón, podría ganar al PSOE, y que Rajoy sólo lo logrará cuando gallardonice su discurso y gallardonee acercándose a lo que podríamos llamar poderes fácticos de la izquierda, la farándula cejatera, la mafia rosa de los homosexuales y lesbianas militantes y, por supuesto, los sindicatos. Entonces, ¿qué temen? Si fuera verdad que el mensaje y los modos de Esperanza Aguirre están tan lejos del sentir mayoritario del electorado, el PSOE debería estar encantado de que la madrileña tenga cada vez más peso en el PP, pues se la supone un lastre que facilita su derrota.

Sin embargo, no es así. Le tienen más miedo que a un nublado y dedican buena parte de sus esfuerzos y desvelos a tratar, sin éxito, de arruinar su carrera política. ¿Por qué? La única explicación es que saben que Esperanza Aguirre conecta con la gente mucho más de lo que están dispuestos a reconocer. Y, por tanto, representa un peligro, no sólo porque puede ganarles unas elecciones, sino porque, y esto es lo más importante, es la única en el PP que todavía no se ha rendido a la desnaturalización de España que Zapatero está llevando a cabo. Esta izquierda que padecemos, además de estar atacada por todos los tics totalitarios que de siempre ha padecido el PSOE y ser algo burrángana y agreste, nos ha salido lila y cobardona y nunca va de frente. Veremos si pueden con Espe.

Libertad Digital - Opinión