La costumbre de morir. Por Ignacio Camacho

El Gobierno se siente incómodo en ese crudo conflicto que desnuda las contradicciones de su argumentario pacifista.

SI fuese por el discurso oficial del Gobierno, los españoles no entenderíamos por qué nuestros compatriotas mueren en Afganistán. El zapaterismo no ha sido capaz todavía de articular una explicación coherente y sincera de la presencia militar en un conflicto armado que el Gobierno empezó negando torpemente para continuar cubriéndolo de eufemismos y paños calientes con tal de no aceptar la evidencia sangrienta que el sacrificio de nuestros soldados está imponiendo en la conciencia de la opinión pública. Y sigue aferrado a tópicos voluntaristas —la misión de paz y otros lugares comunes de su repertorio de ambigüedades— y a artificios retóricos para evitar su obligación de ofrecer al país un argumento claro que justifique el amplio coste de vidas de esa guerra remota que parece incomodar la retórica pacifista del presidente y sus acólitos. Zapatero tiene pendiente desde hace medio año una comparecencia parlamentaria en la que afronte de una vez y sin tapujos la responsabilidad de solventar una contradicción flagrante de su mandato. Parapetado en la anuencia del PP —de eso no se puede quejar en este caso— elude de manera permanente la necesidad de dar la cara ante la nación para explicarle por qué es menester afrontar este reiterado tributo de sangre.

Noventa y dos soldados muertos —casi cinco veces más que en Irak— merecen ese esfuerzo político. Morir en Afganistán ya no es para nuestros militares un riesgo eventual de una misión auxiliar sino una costumbre macabra que no se puede disimular con circunloquios dialécticos y rostros contritos en el telediario. La presencia de España en esa guerra necesita un soporte moral e intelectual más sólido que las divagaciones —a menudo falaces— del impreciso discurso gubernamental. Obama, tan admirado por el presidente, lo ha buscado para su país en la teoría de la guerra justa que estructuró su discurso del Nobel de Oslo. Hay más razones: la lucha contra el terrorismo islámico, el compromiso internacional con los aliados del mundo libre, la cobertura de la ONU, la solidaridad con la causa democrática en Oriente Medio. Pero hay que explicarlas. En eso consiste el liderazgo.

La sensación es que el Gobierno se siente incómodo, embarazado en ese conflicto que desnuda con su crudeza las incongruencias de su simple argumentario pacifista. Lo manifiesta en sus elocuentes silencios y ausencias —¿dónde estaba ayer la ministra Chacón, tan propensa a las fotos sonrientes y al estilismo de campaña?—, en sus evasivas sinuosas, en las versiones edulcoradas de episodios dramáticos. Pero las muertes van a continuar y ese goteo siniestro requiere la valentía de un debate sin fingimientos, sin melindres, sin falsos complejos. Zapatero tiene, además del respaldo del PP, razones suficientes para ganarlo. Sólo le falta voluntad para afrontarlo y coraje para abandonar su endeble fetichismo ideológico.

ABC - Opinión

Pensiones. Los políticos nos condenan a la pobreza. Por Emilio J. González

Lo que nos espera en el futuro es la pobreza en nombre de eso que denominan conquista social en forma de sistema público de pensiones.

El Ministerio de Trabajo está considerando ampliar el periodo de cálculo de la pensión de quince a veinte años, lo que implica un recorte de la prestación por jubilación del 5% con respecto al nivel actual. Este no es más que el primer paso de un proceso de rebaja de las pensiones que se irá materializando a medida que se vaya avanzando en la ampliación del periodo de cálculo a toda la vida laboral, lo cual supondrá una reducción de la pensión del 35% con respecto a los niveles actuales. Dicho sencilla y claramente, cuando nos retiremos, vamos a ser la tercera parte más pobres que los jubilados actuales, gracias a que la nefasta clase política de este país siempre se ha negado a afrontar la reforma de la Seguridad Social.

Quienes no quieren ni oír hablar de semejante reforma siempre argumentarán que la ampliación del periodo de cómputo es algo que ya figura en el Pacto de Toledo y que de lo que se trata, en última instancia, es de salvar el sistema público de pensiones. Y dicen bien, porque lo que pretenden es que las pensiones sigan siendo públicas y, por tanto, controladas por el Gobierno –que siempre puede estar tentado de obtener réditos electorales con su manejo– y por los sindicatos –a los que les encanta todo lo que huela a Estado porque, a través de él, siempre encuentran forma de beneficiarse de ello. Lo que importa, por tanto, no es el sustantivo pensiones, que se pueden y se podrían salvar mediante la reforma del sistema, sino el adjetivo público, es decir, que sigan en el ámbito del poder político y sindical, aunque ello implique el condenar a quienes hoy trabajan para ganarse el pan a una pensión de miseria mañana. Todo sea por el Estado.

La cosa, además, se agrava porque la estructura del sistema público se viene abajo en cuanto suben las cifras del paro. La Seguridad Social paga las pensiones actuales con las cotizaciones de hoy de los trabajadores y empresarios. Así es que, en tiempos de crisis, cuando desaparecen empresas y puestos de trabajo, como sucede en España, el sistema se viene abajo porque fallan los ingresos. Todo esto se agrava aún más en un contexto como el español en el que el número de jubilados crece más rápidamente que el de nuevas incorporaciones al mercado de trabajo debido al envejecimiento de la población. Por supuesto, esto no es nuevo. Hace ya bastantes años que se sabía perfectamente lo que iba a pasar pero cuando llegó el momento de que los políticos hablaran del sistema de pensiones, todos se pusieron de acuerdo en mantener el modelo dentro del ámbito público a toda costa, condenando con ello a generaciones de trabajadores a ver recortada drásticamente su pensión cuando lleguara el momento de la jubilación.

Todo esto se podía haber evitado si, en su momento, se hubieran asumido los compromisos pertinentes con los trabajadores de más edad y se hubiera dado al resto la oportunidad de pasar a un sistema privado de capitalización, es decir, aquel por el cual la pensión de cada uno depende de sus aportaciones a planes de pensiones a lo largo de su vida laboral. Sin embargo, esto significaba que los políticos y los sindicatos perdieran el control del sistema y se negaron en rotundo a ello, todos sin excepción, porque, como digo, lo importante es que el sistema sea público, no que funcione mejor o peor.

Pues bien, puestos a que el sistema tenga que ser público por narices, lo que tendrían que hacer ahora los políticos y los sindicatos es sentarse a hablar de cómo recortar miles y miles de millones de euros de gasto público inútil, en todos los niveles de la Administración e incluyendo las subvenciones a los sindicatos, para poder dotar de más recursos a la Seguridad Social de forma que no haya que tocar a la baja las pensiones futuras. Es lo que cabría esperar de ese compromiso con lo público que unos y otros han manifestado tan vehementemente. Pero como eso significa recortarles drásticamente otras partidas de poder, no están dispuestos a ello. Este es el drama de la política y el sindicalismo español: que empobrecen a los ciudadanos para satisfacer sus intereses, que es lo único que les importa. Así, no sólo hacen recaer sobre las espaldas de los jubilados futuros el coste de su falta de compromiso real con el ciudadano, sino que, con estas actitudes, cierran de par en par las puertas a cualquier posibilidad de reforma porque como no están dispuestos a renunciar a gastar, no van a tener recursos para financiar la Seguridad Social y, al tiempo, permitir que los trabajadores actuales busquen en planes privados esa prestación por jubilación decente que unos y otros les niegan. Y quien piense que todo se puede arreglar con estimular que los trabajadores, además de cotizar a la Seguridad Social, suscriban planes privados, se equivoca, porque con el nivel de endeudamiento actual de las familias a cuenta de las hipotecas, con unos tipos hipotecarios que empiezan a crecer, con sueldos que comienzan a apuntar a la baja y con cifras de paro de escándalas, es imposible que nadie con unos ingresos que no sean muy altos pueda permitirse el lujo de cotizar al sistema público y, además, al privado. O sea, que lo que nos espera en el futuro es la pobreza en nombre de eso que denominan conquista social en forma de sistema público de pensiones.

Libertad Digital - Opinión

El último cartucho. Por Pedro Pitarch

«En Afganistán, la capital importancia de algunas cosas en juego —las vidas de nuestros soldados y guardias civiles en primer lugar— exige de nuestros responsables que, de una vez por todas, abandonen toda ficción».

Míster Obama recuerda al típico sheriff justiciero de las novelas de Marcial Lafuente Estefanía, tan populares en los años 60. En mayo de 2009, para cambiar de estrategia en Afganistán, el presidente muescó las cachas de su revólver tras freír al general McKiernan. A éste le sucedió el general McChrystal, hasta junio de 2010, cuando Obama desenfundó otra vez y también lo liquidó. Las opiniones sobre su presidente atribuidas a McChrystal en el famoso reportaje de la revista «Rolling Stone» fueron las razones «oficiales» para ese dramático desenlace. Pero releyendo con calma esa crónica, el espectador no niega que lo dicho sobre el presidente fue algo indiscreto e inoportuno, posiblemente una falta, pero de una gravedad controvertible. La inmediata algarabía modulada sobre la onda de la «supremacía del poder civil sobre el militar», que orquestaron los habituales descubridores de lo obvio, facilitó apretar un engrasado gatillo.

La chunga relación entre Obama y sus generales no es algo fortuito. Se inscribe en el sensible marco de las relaciones entre lo político y lo militar e impele a reflexionar, con respeto y seriedad, sobre ellas. La estrategia política emplea una mezcla de decisiones revisables, regates, amenazas, firmeza y concesiones para alcanzar los objetivos políticos con la mayor rentabilidad, o al menor coste, no sólo en términos económicos, sino también de imagen y, especialmente, electorales: la lógica política está gobernada por el principio de economía. La estrategia militar, por su parte, se concentra en el empleo de los medios para lograr los objetivos asignados por la política de la manera más rápida y rotunda: la lógica militar está regida por el principio de eficacia. Esta desemejanza de principios lógicos fundamenta una siempre latente desconfianza recíproca, que emerge pujante ante la ausencia de éxitos, de la que Afganistán es paradigma. Aceptando los riesgos asociados a las generalizaciones, se podría decir que el político sentiría alguna recóndita prevención hacia el uniformado, al entender (con cierta razón) que un fuerte y eficaz «poder» militar erosiona los valores democráticos y complica el ejercicio del «poder» civil. Y el militar recelaría del político al barruntar (no sin algún fundamento) que el interés del «poder» civil no va siempre más allá de procurar perpetuarse, al margen de la eficacia de su gestión. Sin embargo, cualquier militar de un país democrático suscribe, sin restricción mental alguna, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder ejecutivo en los términos previstos en las leyes. Tampoco cuestiona que la actividad militar debe estar sometida al control político. Lo cuestionable sería la manera como este dominio es ejercitado. En román paladino: hasta qué punto el Mando, especialmente en operaciones, debe estar intervenido por quienes, desde fuera de la cadena de mando, no solamente intentan imponerle lo que debe lograr sino incluso cómo tiene que hacerlo. Y en el argumento de McChrystal subyacen dos relevantes aspectos ignorados por los «analistas»: la legítima defensa de la razonable libertad de acción que todo militar necesita para cumplir las misiones encomendadas; y la serena protesta por la permanente intrusión en la cadena de mando, de políticos intermedios que medran metiendo su cuchara en la sopa del mando militar. Por cierto, ¿no es algo cínico que algunos que después de abroncar a los militares si, en situación de activo, osan filtrar la más mínima crítica sobre el poder, también les increpen si el comentario lo hacen estando en otra situación, por no haberse manifestado públicamente cuando estaban en activo? ¿En qué quedamos?

En Afganistán, la capital importancia de algunas cosas en juego —las vidas de nuestros soldados y guardias civiles en primer lugar— exige de nuestros responsables que, de una vez por todas, abandonen toda ficción. El nuevo comandante de ISAF, el general Petraeus, está tratando de armar su propia estrategia de contrainsurgencia, la cual, aunque me tilden de herético (ya estoy acostumbrado), demanda también ciertas dosis de contraterrorismo. Y para tener éxito necesita un mayor volumen de tropas y más tiempo. El primero parece hoy fuera de cuestión y, al menos de momento, el general no lo ha mencionado. Sí lo ha hecho con el segundo, el tiempo, que es el talón de Aquiles de la actual estrategia, de la que forma parte integral. No ha aclarado Petraeus si el tiempo del que habla ha de medirse con el reloj digital de la OTAN o con el de arena del talibán. En cualquier caso, tampoco será fácil obtenerlo y la negativa verbal ya ha salido de Washington. Obama está atrapado por su compromiso público sobre los plazos de repliegue. Promesa que sirvió de palanca impulsora para la adhesión a la nueva estrategia de los gobiernos contribuyentes a ISAF. Alguno, como el español, llegó a más: se abalanzó, en diciembre de 2009, a santificar la nueva estrategia que iba a ser presentada oficialmente a los aliados en la conferencia de Londres un mes después. Y así, España, ausente de la elaboración de esa estrategia, se co-responsabilizó de ella a tope innecesariamente, bajo el eslogan «vamos más para volver antes». En este escenario, si al final, el Gobierno estadounidense quebrara su compromiso con los plazos de repliegue de sus fuerzas ¿estaría dispuesto el español a hacer lo propio? Desgraciadamente, el estancamiento de las operaciones —Helmand y Kandahar son dos ejemplos, que tienen mucho que ver con la salida de McChrystal— no está aportando más efectos visibles que el incremento de los muertos y, como mucho, una cierta contención. Esta «vietnamización afgana» está reventando las costuras de algunos países que, participando en el esfuerzo de guerra, son paradójicamente incapaces de aceptar bajas; pero no ya solo las propias, sino incluso las del adversario. En la retaguardia, la guerra es percibida como excesivamente larga y, al no estar ganándose, se está perdiendo. Las filtraciones publicadas por «WikiLeaks» sobre presuntos crímenes de guerra, y que confirman la complicidad de los servicios pakistaníes con el talibán, incrementan exponencialmente el cansancio general.

No nos engañemos, el relevo de comandantes significa la revisión de una estrategia que, vendida hace unos meses como longeva panacea, está resultando estéril y fugaz terapia. El reciente repliegue del contingente de los Países Bajos, uno de los Estados históricamente más comprometidos con la OTAN, es una señal de grave deterioro de la solidaridad que cimenta el edificio atlántico. La credibilidad de la Alianza está amenazada en Afganistán y, consecuentemente, también lo está la de la defensa colectiva en Europa. En todo caso, sería conveniente contraponer las consecuencias de la no ampliación de los plazos de repliegue, con las de minar los fundamentos de la Alianza por hacer lo contrario. El espectador piensa que la estrategia inteligente pasa ahora por encontrar pronto una ventana de oportunidad para, salvando la cara, evadirse de la prisión afgana. Con la opción Petraeus, Míster Obama ha introducido en el tambor de su coltel último cartucho disponible hasta su próximo año electoral. Antes de gastarlo, tendrá que calibrar cuidadosamente lo que uno de sus antecesores en la Casa Blanca, Abraham Lincoln, afirmaba: «Una papeleta de voto es más fuerte que una bala».

Pedro Pitarch, es Teniente General del Ejército Español.

ABC - Opinión

Reforma sin consenso

La reforma laboral es insuficiente y nace lastrada por la falta de consenso político y social, porque los empresarios no avalan las propuestas incoherentes y los sindicatos se sienten obligados a reaccionar con una huelga general.

JUGANDO al límite de la aritmética parlamentaria, el PSOE sacó adelante ayer en el Senado su proyecto de reforma laboral. Gracias a la abstención de CiU y PNV y aplicando en comisión el voto ponderado correspondiente al número total de escaños de cada grupo parlamentario, los socialistas lograron rechazar todas las propuestas del Partido Popular e introducir, entre otras cosas, una reducción de cien a treinta días del «periodo de gracia» de los parados para rechazar cursos de formación. Nadie pone en duda la necesidad de una reforma del mercado laboral y los sectores más conscientes de la sociedad española saben que la crisis exige actuar sobre la edad de jubilación o el cómputo del tiempo para calcular las pensiones si se quiere impedir una quiebra técnica del sistema a medio plazo. Sin embargo, una vez más, Rodríguez Zapatero impulsa una política errática a base de una política de ocurrencias, y sólo pretende salir del paso «como sea» al servicio de fines oportunistas.

En efecto, esta reforma es insuficiente y nace lastrada por la falta de consenso político y social, porque los empresarios no avalan un conjunto de propuestas incoherentes y los sindicatos —antes complacientes— se sienten obligados a reaccionar con una huelga general convocada con sospechosa antelación. La reforma laboral merece un gran acuerdo de todos los partidos y agentes sociales, pero el Ejecutivo ha preferido dejar al margen incluso el Pacto de Toledo y jugar otra vez a la improvisación, el lanzamiento de «globos sonda» y las contradicciones permanentes. Insuficiente en el fondo y deficiente en la forma, ésta no es ni mucho menos la reforma laboral para flexibilizar un mercado de trabajo excesivamente rígido exigida por la grave situación de la economía española.

ABC - Editorial

La verdad sobre Afganistán

La guerra contra el terrorismo islamista se cobró ayer tres nuevas víctimas españolas en un atentado en la antigua base de Qala-i-Now, en la provincia afgana de Badghis. Un talibán infiltrado, que trabajaba como chófer del jefe de policía afgano, disparó contra el capitán José María Galera Córdoba, el alférez Abraham Leoncio Bravo y el intérprete nacionalizado español Ataollah Taefi Kalili, que murieron prácticamente en el acto. Los talibán reivindicaron el atentado.

Por encima del resto de valoraciones, nos parece de justicia en estas horas de intenso dolor, especialmente para las familias y los compañeros de las víctimas, agradecer y reconocer el trabajo y el sacrificio de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas destacados en el país asiático, y su compromiso en la defensa de la libertad y la seguridad en un escenario bélico a miles de kilómetros de casa.

Muy distinto, y mucho más complejo, es el debate político sobre la participación española en la guerra de Afganistán. Superados los tiempos en los que el Gobierno insistía torpemente en hablar de misiones de paz, el ataque de ayer y el día a día de la operación siembran cada vez más dudas sobre la evolución del conflicto y la gestión del mismo por parte del Ejecutivo.

Algunas circunstancias han dejado en evidencia en las últimas horas la verdad oficial. Sólo un día antes del atentado, se ofreció la imagen de la entrega de sus armas por parte de unos talibán en la base de Qala-i-Now. El mensaje de la propaganda era que los islamistas casi comenzaban a rendirse. La maniobra de desinformación se desmontó dramáticamente con los disparos del talibán infiltrado y, en un hecho de honda repercusión y sin precedentes, con la revuelta popular posterior al atentado contra los guardias civiles, cuando cientos de afganos intentaron tomar la base española y se desató una dura refriega.

¿Cuál es la verdad de Afganistán? Los hechos han demostrado de forma contumaz que el Gobierno oculta o «cocina» la dureza de un conflicto en un territorio que demuestra una hostilidad creciente. En LA RAZÓN hemos informado de numerosos incidentes armados de nuestras tropas que no habían trascendido públicamente, de las durísimas condiciones en las que los militares desarrollan su trabajo y de una seguridad mejorable, tanto operativa como material. Duran i Lleida reclamó ayer un debate para «valorar» la presencia española en el territorio, pero ése es un atajo equivocado. España está obligada a cumplir con sus compromisos internacionales desde el convencimiento de que la guerra contra el terrorismo no se ganará mirando para otro lado, aunque es cierto que el errático discurso de Barack Obama sobre la futura retirada no ayuda.

Lo que toca ahora es analizar de forma crítica si los militares españoles disponen de lo necesario para alcanzar los objetivos de la misión y si los intereses políticos del Gobierno no están perjudicando a ésta. Y también hay que abordar el deber público de la transparencia. Se dice que la verdad es la primera víctima de la guerra, pero en una democracia los ciudadanos tienen el derecho a conocerla. El Parlamento está para eso.

La Razón - Editorial

Luto en Afganistán

El atentado en Qala-i-Naw y la revuelta posterior prueban el éxito de la estrategia talibán

Dos guardias civiles y su intérprete murieron ayer en la base española Qala-i-Naw, en Afganistán. Pese a tratarse de una acción individual y perpetrada por el chófer de uno de los agentes, el Gobierno la interpretó desde los primeros instantes como una acción terrorista premeditada, un extremo confirmado apenas unas horas después por un portavoz de los talibanes. Los compañeros de los dos guardias civiles muertos abatieron al agresor, lo que desencadenó una manifestación de civiles afganos y un intento de asaltar la base española.

El capitán José María Galera y el alférez Abraham Leoncio Bravo realizaban labores de adiestramiento de las fuerzas de seguridad afganas. El atentado y la reacción posterior de los civiles afganos demuestran hasta qué punto los talibanes se proponen explotar en su propio beneficio la presencia de fuerzas extranjeras con distintas misiones. Algunas de ellas, como la que realizaban los dos guardias civiles asesinados, no están en relación directa con la guerra, sino con el intento de la comunidad internacional de reconstruir el país.

De todas las dificultades a las que se enfrentan las fuerzas desplegadas en Afganistán, esta coincidencia entre la misión de guerra y la de reconstrucción es una de las que más está dificultando los progresos en la lucha contra los talibanes. No porque las fuerzas internacionales no hayan perfeccionado la coordinación, sino porque los talibanes se apuntan como éxito militar acciones que no van dirigidas contra tropas en misión de guerra, sino contra las dedicadas a la reconstrucción. Al mismo tiempo, y como consecuencia de los errores que provocan bajas civiles, extienden el rechazo a la presencia de fuerzas extranjeras, sea cual sea su misión. La manifestación contra la base española, resultado, al parecer, de un rumor interesado, prueba la eficacia de esa estrategia.

La presencia de tropas españolas en Afganistán tiene fecha de salida, como la tienen las fuerzas estadounidenses y de las restantes nacionalidades. Para la comunidad internacional, y para el presidente Obama en particular, se trata de una operación más delicada que la de Irak. Desde el punto de vista político, esta última guerra se consideró como parte de la herencia de Bush que convenía desactivar; la de Afganistán fue, en cambio, asumida desde la Casa Blanca y sus aliados como un conflicto propio, en el que había que desterrar el fracaso. Las cosas no están marchando como se esperaba, y es difícil que se produzca un vuelco radical.

Ayer, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españoles añadieron nuevas víctimas a su abnegada contribución a la estabilidad de Afganistán, por lo que merecen el máximo reconocimiento. El esfuerzo debe continuar, pero es importante haber fijado un plazo. Tanto para que los afganos puedan asumir las responsabilidades en las que ninguna misión internacional podrá sustituirlos, como para evitar que las fuerzas desplegadas en el país se eternicen en una situación cada vez más estancada.

El País - Editorial

Más caídos en una guerra silenciada.

El hecho de que Chacón no haya comparecido junto a Rubalcaba, al margen de sus muy desiguales capacidades, no es más que un intento –uno más– de disimular la situación bélica en la que está inmerso nuestro contingente destacado en Afganistán.

El capitán de la Guardia Civil José María Galera, el alférez Abrahm Leoncio Bravo y el intérprete nacionalizado español, Ataollah Taefi Kalili, han fallecido este miércoles en el noroeste de Afganistán después de que un talibán infiltrado, que trabajaba desde hacía cinco meses como chófer del jefe de la policía afgana, les disparará con un fusil de asalto durante una clase de formación a policías afganos.

Aunque lo primero que hagamos sea transmitir el pésame a las familias y unirnos al merecido elogio que el Gobierno y el principal partido de la oposición han hecho de la labor que lleva a cabo todo el contingente destinado en Afganistán, no podemos dejar de criticar la ausencia de la ministra de Defensa en la rueda de prensa que, abierta a muy pocas preguntas, ha ofrecido Rubalcaba, no sin antes haber dado la primicia de la noticia a la cadena SER.

Es cierto que la Benemérita es un cuerpo dependiente del Ministerio del Interior, pero no es menos cierto que los guardias civiles han caído en Afganistán, en el interior de una base militar y llevando a cabo una misión de adiestramiento de la OTAN. El hecho de que Chacón no haya comparecido junto a Rubalcaba, al margen de sus muy desiguales capacidades, no es más que un intento –uno más– de disimular la situación bélica que padece Afganistán y en la que participan nuestros soldados. Otro tanto se podría decir del intento del Gobierno por silenciar las informaciones sobre el posterior intento de asalto de la base española por parte de un nutrido grupo de integristas, y que nuestros soldados habrían repelido abriendo fuego y causando una veintena de heridos.

Lo que es evidente es que Rubalcaba no debe remplazar a Chacón en lo que a la ministra de Defensa le compete ni, menos aun, al presidente del Gobierno, quien debe dar una inmediata explicación en el Congreso, no ya sólo para ofrecer detalla información de lo que ha ocurrido, sino también para que los ciudadanos tengan todos los criterios para valorar el sentido de permanecer o no en Afganistán. Como bien ha señalado el portavoz de CiU, el Gobierno, y especialmente Zapatero y Chacón, actúan "como si el Ejército hiciera de ONG en Afganistán e ignorando la existencia de una guerra que muy posiblemente la comunidad internacional tenga perdida".

No sabemos si perdida, pero desde luego la de Afganistán es una guerra y, ciertamente, hemos de advertir que la decisión del Gobierno de Obama de fijar en 2011 la fecha de la retirada no augura nada bueno. Como recientemente advertían nuestros analistas del GEES, "lo cierto es que no hay guerra en el mundo que se haya ganado con fecha de caducidad".

Es por ello por lo que Zapatero debe dar inmediatas explicaciones sobre la presencia española y sobre el nivel de coordinación con nuestros aliados, muy especialmente con los EEUU. Nosotros, a diferencia de los socialistas y de los que les secundaron, no salimos ahora con el "no a la guerra", como sin duda ellos estarían haciendo en estos mismos momentos si el PP estuviera en el Gobierno. Seguimos considerando que esta guerra es justa y que ganarla es esencial tanto par el futuro de los afganos como para la seguridad del mundo libre. Pero, para que el sacrificio de nuestros soldados y guardias civiles no resulte estéril, nuestro Gobierno, como el conjunto de los gobiernos aliados, debe demostrar que hay voluntad y determinación a la hora de hacer de Afganistán un sitio más libre y más seguro. Gracias a ellos se ha podido celebrar elecciones en el país, tal y como las que se celebrarán el próximo septiembre. No son las primeras, esperemos que no sean las últimas.

Libertad Digital- Editorial

Una guerra sin estrategia

Las muertes de ayer en Qala-i-Naw testimonian que en la guerra —sí, guerra— de Afganistán no hay frentes definidos y que todas las tropas de la fuerza aliada están en misión de combate.

EL asesinato de dos guardias civiles y un traductor iraní nacionalizado español demuestra que en Afganistán no es posible diferenciar la intervención militar de la misión humanitaria, y que empeñarse en hacerlo, tras el atentado ayer en la base de Qala-i-Naw, sólo es una forma de engañar a la opinión pública. El atentado terrorista, ya asumido por los autores, fue perpetrado por un conductor local al servicio de un oficial de la Policía afgana acreditado para acceder a la base. Fue, en palabras del ministro del Interior, «un atentado premeditado». En efecto, lo fue porque el asesino llevaba varios meses infiltrado en la base sin levantar sospechas y porque, después de ser abatido por miembros del propio Ejército de ese país, decenas de civiles afganos se enfrentaron a ellos, como una segunda parte de la jornada criminal que habían preparado los talibanes. Estas muertes testimonian que en la guerra —sí, guerra— de Afganistán no hay frentes definidos y que todas las tropas de la fuerza aliada están en misión de combate. La extrema gravedad de la situación queda reflejada en esta novedosa hostilidad contra nuestras tropas, en una zona donde se decía oficialmente que su trabajo de reconstrucción y aseguramiento contaba con el respaldo de la población. Pese a la evidencia de la situación crítica que se vive en Afganistán, el Gobierno no asume su responsabilidad de informar a la opinión pública con sinceridad y transparencia sobre la gravedad de todo lo ocurrido. En vez de este ejercicio de rigor democrático, que descarga en Rodríguez Zapatero, y sólo en él, el compromiso de dar cuenta a la sociedad en sede parlamentaria, el Gobierno se ha instalado además en una estrategia de subversión de sus ministros, entregando al de Fomento mensajes más propios de uno de Hacienda; y al Interior, credenciales que correspondían al de Exteriores (Melilla) o Defensa. Es comprensible en cualquier ciudadano la tendencia a huir de las malas noticias, pero no en el presidente del Gobierno.

Además de información, para Afganistán hace falta una estrategia, que es lo que prometió el presidente Obama para ganar las elecciones, hace ahora un año y nueve meses, y que tanto entusiasmó a Zapatero, dispuesto a preguntarse en público qué podía hacer él por Obama y no al revés. Pues bien, en Afganistán no se sabe cuál es la estrategia que se está aplicando y esta incógnita es la primera que hay que despejar no sólo para recabar apoyo político y social, sino para seguir allí. Porque lo que hace falta es una planificación auténticamente militar, y no más discursos ocurrentes sobre el carácter seráfico de nuestra presencia en un tierra hostil, donde el enemigo es implacable y ataca alevosamente.

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Ardor claudicante. Por Edurne Uriarte

Las graves la política exterior y de seguridad del Gobierno van se caracterizan por la inacción y la claudicación.

De la Vega ignora que Ardor Guerrero, el concepto con el que ha pretendido descalificar a los críticos del Gobierno en materia de seguridad y exterior, es el himno del Arma de Infantería, con lo que una vicepresidenta del Gobierno realiza la singular proeza de burlarse del Ejército más que de sus críticos. Y, una vez más, pone de manifiesto las graves deficiencias de su política exterior y de seguridad que van mucho más allá de la ignorancia y se caracterizan por la inacción y la claudicación.

Y, lo que aún es peor, por la reivindicación de esa inacción y claudicación. Zapatero, con una rueda de prensa para «felicitarse» por la labor diplomática y de inteligencia en la liberación de los secuestrados Villalta y Roque. Es decir, por la brillante operación de pagar millones de dólares al terrorismo islámico y gestionar la liberación de un terrorista. Cosa que el presidente no duda en exhibir y reivindicar sin el menor átomo de vergüenza ni duda moral, reiterando que la política claudicante es su principio político.

De la misma forma que el ministro de Interior presume de la cesión ante las provocaciones de Marruecos. Y lo reivindica como una alternativa a «la política a cabezazos» de la derecha en Melilla frente a su política inteligente y sensata que consiste en una ridícula visita a Rabat para dar finalizado un conflicto que, según el propio Gobierno, no existía. Y en el abandono de su propia policía y en la aceptación de los intolerables ataques machistas a las mujeres.

Brice Hortefeux, el homólogo francés que está en sus antípodas, ha hecho una perfecta definición de todo lo anterior este lunes en Le Monde dirigiéndose a la izquierda francesa: «Ustedes están cegados por el sentimiento dominante de los sedicentes bien pensantes que, regodeándose en su propio pensamiento, renuncian a actuar».

ABC - Opinión

Lo que nos espera. Por Andrés Aberasturi

Aseguran quienes saben de eso que en economía no hay milagros: hay soluciones o políticas socialista, socialdemócratas, liberales etc. pero milagros, los justos. Una crisis como la que estamos viviendo se puede afrontar de muy diversas formas y de ahí la imposibilidad de un acuerdo entre el PP y el PSOE. Las propuestas de Rajoy están por probar porque, pese a lo que digan en Génova, las situación a la que tuvo que hacer frente Aznar cuando llegó a la presidencia no es la de ahora aunque algunas datos puedan aparentar lo contrario. Sus soluciones funcionaron entonces pero no sé hasta qué punto serían válidas ahora.

Lo que si parece mas claro es que el Gobierno de Zapatero va de un lado a otro sin decidirse por nada que dure mas de un par de semanas. Y eso, me temo, los mercados no lo entienden. Lo que nos espera va a ser un otoño duro y un invierno frío. Los brotes verdes son realidades que duran lo que duran los sueños de una noche de verano pero que se empeñan convertir en realidad y que, además, estaban previstos: desde la creación de empleo estacional a la subida de turismo que, lejos de ser una buena señal, nos deja claro que algunos de los países de nuestro entorno, están ya saliendo de la crisis y se permiten el lujo de volver a veranear en España.

Pero el Gobierno se enfrenta a muchas patatas calientes, unas propias y otra ajenas. La buena marcha de la economía alemana terminará subiendo los tipos y esto repercutirá sobre las hipotecas que todos tenemos y muchos no pueden ya pagar. Los desmentidos sobre una posible subida de impuestos sólo se entiende ya desde la certeza de que van a subirlos, entre otras cosas porque ya nos conocemos esa película y lo que dice José Blanco es mucho mas creíble que lo que desmiente la vicepresidenta económica.

Y el crédito que no llega. Y la reforma laboral que vaya usted a saber. Y la huelga que se va a quedar en nada. Y el recorte en el gasto en obra pública que ya no va a ser el que era. Y unos presupuestos generales para todo el estado que los aprobara, o no, el PNV. Demasiadas incertidumbres y muchas realidades que no favorecen ni un clima de confianza ni un futuro inmediato especialmente optimista. Hasta no es descartable que volvamos a la recesión.

No sé si entretenidos como están con las primarias en particular y las municipales en general, tendrán tiempo para otras cosas que no sea prometer y prometer para ganar. Pero tanto el PSOE como el PP tienen por encima del poder la obligación de trabajar para toda la sociedad española y muy especialmente para esos casi cinco millones de parados que ningún milagro ni ninguna promesa van a devolver al mercal laboral.

Periodista Digital - Opinión

Pasteleros gubernamentales. Por M. Martín Ferrand

Nuestro CNI pone las guindas donde los franceses instalan la autoridad y la dignidad. Empalaga.

SON tantos los pasteleros que trabajan en el obrador de José Luis Rodríguez Zapatero que, más que un Gobierno, eso parece una repostería. Pastelear —contemporizar con miras interesadas— es la actividad principal de un equipo que, en función de su actividad edulcorante y falsaria, consigue aliviar el deterioro que ya se hubiera llevado por delante a cualquier otro Gabinete capaz de instalarse en el paro millonario, la deuda creciente y el déficit suicida. Pero donde más luce la capacidad pastelera del zapaterismo es en cuanto se relaciona con la política exterior. Ignoro si las recetas son del propio presidente, las perpetra Miguel Ángel Moratinos, colaboran en su factura Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Salgado o si son más, y menos conocidas, las manos del poder que hacen la masa y dosifican la miel y el azúcar que, en demasía, nos diferencian del proceder de otros países, como Francia y el Reino Unido, con más larga experiencia en la especialidad y mayor rigor en sus actuaciones.

En las últimas horas, el viaje del titular de Interior a Marruecos y la liberación de Albert Vilalta y Roque Pascual constituyen un alarde pastelero sin parangón entre las cancillerías occidentales. El ministro ha resuelto un conflicto que, según el Gobierno en el que se integra, nunca existió y los rehenes de Al Qaeda del Magreb se les aparecieron, de repente, a los periodistas como si se tratara de un espectáculo de David Copperfield.

El ministro que no quiso ir a Melilla para respaldar moralmente a la Policía que de él depende, viajó a Casablanca para cumplimentar a Mohamed VI y, con gran destreza en las mañas pasteleras, convirtió en «cosa del pasado» unos sucesos que todavía no han concluido. Si no le ponemos condiciones a la eficacia, que le caben las éticas y las estéticas, lo de Rubalcaba sería de nota; pero la realidad es panorámica, no se concreta en un único punto y el pastel resultante, sin negar su dulzura, no favorece el aspecto del escaparate exterior de España.

Lo de los cooperantes de la ONG secuestrados el pasado noviembre en una caravana en la que no lucía ninguna bandera española y sí varias cuatribarradas, es otra tartita de la pastelería monclovita. La vergüenza es algo que, parece, ya no se lleva en la vida política; pero resultaría exigible el sonrojo gubernamental después de conocer el mensaje emitido por los secuestradores-libertadores de Vilalta y Pascual. Es, dijeron, «una lección a los servicios secretos franceses para que lo tengan presente en el futuro». Nuestro CNI pone las guindas donde los franceses instalan la autoridad y la dignidad. Empalaga.

ABC - Opinión

Izquierda. Zapatero y la violencia. Por Agapito Maestre

Zapatero es el único político de referencia que sigue teniendo una cierta "izquierda intelectual" europea con Zizek a la cabeza, que hace de la rehabilitación del momento violento de la revolución su principal argumento político.

Entre la inmensa bibliografía existente en castellano sobre la estatura moral de Rodríguez Zapatero, dejo a un lado su altura política, noto un déficit importante. No existe biógrafo, crítico, o analista político español, hasta donde yo alcanzo, que haya estudiado en algún capítulo de su obra la valoración que la izquierda intelectual europea más totalitaria ha hecho del presidente del Gobierno de España. Es, sin embargo, una tarea extremadamente instructiva para saber cual es la relación política y, por supuesto, moral de Rodríguez Zapatero con el fenómeno de la violencia en general, y del terrorismo en particular.

La sustitución de la política por la violencia, o mejor, la apología de la violencia como vía para acabar con el esfuerzo ciudadano, es decir, político para construir espacios comunes de convivencia, es el principal argumento de esta izquierda para reivindicar su pasado criminal, especialmente estalinista, por una parte, y por otra le sirve para justificar todos los fenómenos de violencia antisistema a los que hemos asistido en los últimos años en Francia o Inglaterra. Es necesaria, pues, la violencia para acabar con la pobreza y la marginación. La política se queda corta. Es menester la revolución.

Curiosamente, la visión que tiene Rodríguez Zapatero de la pobreza, la violencia y el terrorismo no difiere mucho de esa "vieja-nueva" izquierda. Hay terror y violencia, según el presidente del Gobierno, porque existe pobreza. Así pues, no es la concepción de Rodríguez Zapatero de la violencia, como alguno pudiera sospechar, oscura y retorcida, sino que es, por el contrario, transparente, diría más, diabólicamente transparente. Todo vale, emulando a Trotsky, para acabar con la pobreza, es decir, para hacer la revolución. La consecuencia inmediata que se desprende de esa concepción es obvia: la violencia deja de ser el monopolio legítimo del Estado; en efecto, de acuerdo con una de las premisas fundamentales en el actual proceso de reideologización de la izquierda intelectual europea, Rodríguez Zapatero ha demostrado con creces que el monopolio legítimo de la violencia ya no es algo único, como nos enseñara Weber, de los Estados de Derecho, sino de cualquier grupo violento que haga valer el terror como vía política.

He ahí el preciso contexto en el que hemos de analizar la negociación del gobierno de España con la banda terrorista Al Qaeda para liberar a los cooperantes de Barcelona. Ya sé, es obvio, que Rodríguez Zapatero ha negociado varias veces de tú a tú con violentos y terroristas, especialmente dramático es el largo, tortuoso y aún vigente proceso de negociación con los criminales de ETA, pero es que el último caso, el de los cooperantes de Barcelona, no sólo ha sido alabado por Al Qaeda, sino que ha sido convertido por los terroristas en el modelo, en el arquetipo, que debería imitar Occidente para tratar con ellos de tú a tú... Terrible.

Y es que Zapatero, cosa que ha pasado desapercibida entre los analistas políticos españoles, es el único político de referencia, reitero, que sigue teniendo una cierta "izquierda intelectual" europea con Zizek a la cabeza, que hace de la rehabilitación del momento violento de la revolución su principal argumento político. El rearme ideológico, o mejor, la vuelta al vale todo, incluida la violencia y el terror, del estalinismo y, por supuesto, del trotskismo, que también en esto coinciden estos dos ismos, tiene en Rodríguez Zapatero uno de sus iconos contemporáneos. El terror jacobino, esa violencia institucional que se toma como medida temporal y de emergencia, o sea, como si fuera algo extraordinario para hacer frente simultáneamente a la insurrección interna y a la agresión exterior, se convierte en definitiva.

Daré otro ejemplo de violencia, ahora de carácter institucional, esgrimido por Zapatero el pasado viernes en el último Consejo de Gobierno que señala el inicio del curso político. Zapatero, como si se tratara de un nuevo Robespierre, experimentado en el terror bolchevique, nos amenaza con adoptar todo tipo de medidas para que lo injusto, lo violento y lo anticonstitucional del Estatuto de Cataluña sea el patrón de comportamiento de todas las leyes, especialmente de la Constitución, para el nuevo régimen que él lidera. He ahí la tarea que le ha encomendado al titular del Ministerio de Justicia: adapte la legalidad a la ilegalidad. Baja la apariencia zen de Zapatero se esconde uno de los "gobernantes" más violentos que ha dado España, y mira que ha dado, en su historia.

>Libertad Digital - Opinión

Fin bueno, ejemplo malo. Por José María Carrascal

Da la impresión de que los ciudadanos del primer mundo hemos perdido el sentido del riesgo físico.

QUE Albert Villalta y Roque Pascual estén de nuevo en casa sanos y salvos es un alivio para todos. Pero es lo único bueno del episodio. Solucionar un secuestro pagando el rescate exigido y poniendo en libertad al jefe de los secuestradores es rendirse ante el chantaje, lo que, según los expertos, lo promueve, al mostrarles que somos chantajeables. Claro que intentar el rescate por la fuerza puede ser peor, y costar la vida de los secuestrados, como ha ocurrido con el rehén francés. Lo que se recomienda es aguantar, ya que a los secuestradores tampoco les interesa perder su mejor y única baza: el rehén. Pero es más fácil pagar. No ha sido por tanto un éxito, sino una capitulación ante los terroristas. La renuencia de Mauritania a dejar en libertad a su jefe detenido y condenado deja muy claro cuáles son las consecuencias: mayor prestigio en el Magreb de Al Qaeda, que si destina el rescate recibido —estimado en varios millones de euros— a procurarse material más sofisticado, podrá ampliar su radio de acción, con lo que la seguridad y estabilidad de aquellos gobiernos se hará aún más precaria. Así que, repito, alivio. Pero de tirar cohetes o enhorabuenas, nada de nada.

Una lección, sin embargo, podemos sacar del episodio y es que la mejor forma de evitarlos es no propiciarlos. Pero da la impresión de que los ciudadanos del primer mundo, cuyo mayor peligro es quedarnos sin empleo, hemos perdido el sentido del riesgo físico. E igual nos tiramos del balcón del hotel a la piscina que nos marchamos a los lugares más remotos a hacer senderismo u obras de caridad. Sin enterarnos antes de los riesgos, e incluso enterándonos, como son las lluvias torrenciales en el subcontinente asiático o la situación explosiva en el África subsahariana. No ya los periódicos, la televisión nos muestra a diario escenas dramáticas de lo que allí ocurre. Pero el blanco, europeo, desde su alto nivel de vida, parece pensar que aquello no va con él. Y cuando esos riesgos le atrapan, se queda tan sorprendido como impotente. Entonces, sí, entonces todo son llamadas al gobierno, a los gobiernos mejor dicho, movilización de la diplomacia, marchas de solidaridad, vigilias emotivas y gastos cuantiosos para procurar el rescate. Todo porque a unos ciudadanos hechos y derechos les ha dado por ir adonde no se recomienda ir.

Ya sabemos que la vida en el mundo desarrollado es aburrida y escasa de emociones fuertes. Pero conviene no pasarse con ellas. Lo que intento decir es que si alguien quiere hacer senderismo u obras de caridad, tiene abundantes oportunidades de hacerlo en su propio país sin ponernos en vilo a todos, empezando por sus familias y, desde luego, sin salir en el telediario.

ABC - Opinión

Celebrar el fracaso. Por Ignacio Camacho

No ha lugar al triunfalismo. Cuando media un rescate fracasa el principio de legalidad y sólo triunfa el del mal menor.

EL único final feliz posible de un secuestro consiste en la rendición, entrega o captura de los secuestradores después de haber puesto en libertad a sus víctimas. Cuando media un rescate fracasa el principio de legalidad y triunfa el del mal menor, ante lo que sólo cabe una alegría matizada por el retorno salvo de los rehenes, que se produce a costa de una quiebra del orden y del derecho. En el caso de los cooperantes catalanes nadie que albergue sentimientos decentes puede dejar de compartir su alivio por el final de la pesadilla, pero el Gobierno no tiene nada que celebrar porque sencillamente ha claudicado. La comparecencia del presidente Zapatero fue un gesto de triunfalismo inaceptable; no admitió preguntas porque él mismo sabía que no tenía respuestas. Respuestas presentables en un líder democrático.

El pago de rescates es un viscoso dilema ético —elegir entre dos males— en el que resulta difícil encontrar respuestas claras. Quienes parecen hallarse en posesión de contundentes certezas de barra de bar deberían contrastarlas situándose con honestidad en la posición de las víctimas o en la de las autoridades encargadas de decidir sobre el chantaje. La preservación de la vida de los rehenes como bien de protección prioritaria suele entenderse como la solución más razonable desde el punto de vista pragmático; todas las demás son sangrientas. En España ha habido sentencias judiciales que han apreciado en la entrega del dinero atenuantes de fuerza mayor, y a ellas conviene atenerse antes de emitir veredictos morales genéricos. Ahora bien: si hay que pagar se paga aceptando que no queda más remedio, pero con discreta resignación y sin sacar pecho encima. Presumir de gestionar adecuadamente el sometimiento a una amenaza es ufanarse de hacer bien lo que no está bien hecho. Y aunque ha habido precedentes —en el episodio del «Alakrana»— en que hasta eso se ha resuelto de forma incompetente y chapucera, el Estado no se puede vanagloriar de una derrota. Para jactarse ya están los terroristas, cuyo arrogante comunicado constituye una humillación tan penosa como la libertad negociada del responsable del secuestro.

Ni el Gobierno ni su presidente pueden ignorar que este desenlace va a tener consecuencias. Los terroristas son ahora más fuertes y disponen de más medios, y los ciudadanos somos de alguna forma menos libres, por no hablar del enojoso agravio comparativo con otros Estados menos transigentes. El mensaje de debilidad es evidente, y bajo la alegría elemental del retorno de nuestros compatriotas queda el sinsabor amargo de un fracaso moral y político que no merece autocomplacencia ni euforia. Quizá tengamos que resignarnos a admitir que a veces nos toca perder como fórmula de supervivencia. Sea, pero preservemos al menos la dignidad de no celebrar nuestras propias frustraciones.

ABC - Opinión

Cooperantes. Cuentos crueles sobre ONGs. Por José Antonio Martínez-Abarca

Así son ciertas Oenegés, determinadas togas cándidas del universalismo. Se ofrecen a salvar a los países pobres y al final los países pobres deben salvarles a ellos, volviéndose de paso más pobres.

Hace un tiempo saltó el escándalo de las Oenegés cuyo objeto social no era realmente el que decían, o que se embolsaban el dinero incauto para dedicarlo a otros fines no especificados, como por ejemplo el enriquecimiento privado. Ahora, a propósito de esos sospechosos activistas de Barcelona por los que hemos tenido que pagar siete millones de euros a Al Qaeda en concepto de rescate, debería saltar el escándalo de las Oenegés que no ayudan a quien dicen ni a lo que dicen sino al contrario, que se dedican a entorpecer las misiones para las que teóricamente se encomiendan. Las Oenegés que aseguran, con su atolondrado cuando no criminoso deambular por el mundo, de que los países que dicen estar arreglando se mantengan rigurosamente en peores condiciones de las que existían con anterioridad a recibir a esas Oenegés en su territorio. El planeta no necesita aficionados. Y tontos que viajen tampoco faltan: siempre hay los suficientes en origen.

Los buenos sentimientos de según qué Oenegés me recuerdan a aquel "cuento cruel", especialmente cruel, del dandi Villiers de L'isle Adam, la tortura de la esperanza. La historia de un judío enmazmorrado por los monjes de la Inquisición en espera de su tortura y muerte se escapaba, en un descuido de sus rectores, de su salvífica prisión, y en el último momento antes de alcanzar la libertad se veía postrado débilmente ante el abrazo afectuoso de un religioso que no podía contener las lágrimas por la egoísta tentativa del purgado, atrayéndolo hacia sí con amor y susurrándole: "¿Qué, hijo mío, en la víspera, probablemente, de tu salvación deseas dejarnos?". La esperanza de haber casi escapado de sus "benefactores" era la atroz forma de hacer sufrir a base de buenos sentimientos. Como aquel condenar "a toda la eternidad menos un día" de Ramón Gómez de la Serna: la esperanza de que llegara el día lo hacía perfectamente insufrible.

Así son ciertas Oenegés, determinadas togas cándidas del universalismo. Se ofrecen a salvar a los países pobres y al final los países pobres deben salvarles a ellos, volviéndose de paso más pobres. Someten a esos países pobres a la "tortura de la esperanza", restregándoles por los morros lo bien equipados que van, el confortable tedio occidental del que han tenido que escapar y lo rico que es el Gobierno al que hacen intervenir cuando su pellejo está en juego. Y, mientras, la teocracia terrorista engorda gracias a ellos, teniendo muchas más posibilidades de hacerse con el control del país que antes de la llegada de los que iban tan resueltamente a mejorarlo.

Cuidado con los buenos sentimientos, porque según qué Oenegés superan en resultados cualquier crueldad imaginada. Dos o tres expediciones más que salgan desde el confortable nacionalismo catalán para hacer un mundo mejor y nos quedamos sin mundo que arreglar.

Libertad Digital - Opinión

CiU, insumisa fiscal

CiU comete el error de alentar agravios comparativos que sólo perjudican a los ciudadanos y generan reacciones de antipatía que los catalanes no merecen.

LA sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto y la precampaña electoral en Cataluña han desencadenado una competición entre los partidos políticos para ver cuál formula una propuesta más estrambótica y ajena a la realidad. A falta de un hipotético referéndum sobre la autodeterminación —la reincidente ensoñación identitaria del nacionalismo catalán alimentada irresponsablemente por el Gobierno central durante estas dos legislaturas—, el dirigente de CiU Oriol Pujol se ha descolgado animando a los catalanes a declararse «insumisos» fiscales al modo en que lo hicieron en 1898 los empresarios, cuando el Gobierno de Francisco Silvela ordenó una subida de impuestos para cubrir el déficit derivado de la pérdida de colonias en el exterior. No es que CiU, que presume de rozar ya el poder por el enorme desgaste sufrido por el tripartito, proponga ideas inasumibles basadas en una mezcla de chantaje y victimismo. Es que CiU, sencillamente, apela a la ilegalidad como recurso electoralista incurriendo en una profunda contradicción: la de exigir un día la regulación de un concierto económico para Cataluña similar al vigente para el País Vasco o Navarra, y pedir sin tapujos, al día siguiente, la independencia. El «cierre de cajas» planteado por Oriol Pujol sin que haya sido corregido por Artur Mas no es más que otra burda expresión de la imperiosa necesidad que tiene CiU, tras dos legislaturas alejada de la Generalitat, de recuperar el poder con mensajes extremos que le permitan restar votos al PSC y a ERC. Envuelto en una «profunda catalanidad» para evitar que Cataluña «acabe siendo una gran Murcia», CiU comete el error de alentar agravios comparativos que sólo perjudican a los ciudadanos y generan reacciones de antipatía que los catalanes no merecen.

ABC - Editorial

Solidaridad amenazada

El secuestro de los tres cooperantes españoles en el Magreb ha iluminado dramáticamente el lado más oscuro y peligroso al que se enfrentan las ONG en los países subdesarrollados y en las zonas conflictivas. Según datos de la Comisión Europea difundidos ayer por la comisaria de Ayuda Humanitaria, Kristina Georgieva, en los últimos diez años se ha mutiplicado por tres el número de cooperantes muertos (de 30 a 102) y casi por cinco el de los secuestrados (de 20 a 92). «La seguridad está más comprometida que nunca», ha sentenciado Georgieva. Aunque el trabajo de los cooperantes nunca ha estado a salvo de la violencia, engendrada precisamente por la pobreza y la injusticia contra la que luchan, es evidente que el empeoramiento de las condiciones exige un cambio de actitud. Terroristas, bandas organizadas de delincuentes, narcotraficantes y sátrapas locales han descubierto en el cooperante occidental una tentadora fuente de ingresos y de propaganda. Minusvalorar esta realidad es un suicidio. Como es natural, no se trata de anular proyectos o de suprimir programas de ayuda, lo que sería nefasto para millones de personas que confían su supervivencia a la ayuda humanitaria de los países ricos. De lo que se trata es de planificar las acciones con el rigor y la seguridad necesarios. La experiencia de Acciò Solidaria es lo bastante concluyente como para ponerla de ejemplo de lo que no se debe hacer en una zona altamente volátil. Pero no basta con que las ONG extremen la prudencia. También es responsabilidad de los poderes públicos velar por la integridad de los ciudadanos y por la ejecución segura de sus proyectos mediante la evaluación de los riesgos, el asesoramiento y la asistencia sobre el terreno. Al mismo tiempo, es necesario que los organismos internacionales, empezando por la ONU, refuercen la figura del cooperante y le brinden mayor protección física y jurídica. Las organizaciones solidarias y de voluntariado son un activo fundamental de nuestra sociedad, y en ellas participan activamente miles de personas, la mayoría de forma altruista. España tiene una larga tradición de ayuda a los países pobres, como lo atestigua la presencia permanente en ellos de veinte mil misioneros, educadores y personal sanitario. Proteger y fortalecer este impulso solidario, que no cesa de crecer día tras día, es tarea de todos, pero también de las administraciones públicas. En este punto, convendría apelar a la responsabilidad y al rigor para que no se dé gato por liebre y no se utilice la generosidad ajena para el beneficio personal. O, peor aún, para enjuagues ideológicos destinados a comprar voluntades políticas. Carecen totalmente de sentido y son una estafa a la sociedad esas ONG cuya principal fuente de financiación son los organismos públicos; con apoyo social muy limitado y sin peso específico, apenas son una cáscara vacía que se nutre de subvenciones «amigas» destinadas a mantener su burocracia acomodada, y cuyas actividades en el exterior se parecen más a los viajes turísticos que al duro trabajo solidario. En suma, sin caer en alarmismos, el vasto movimiento solidario deberá revisar su forma de trabajo para evitar riesgos sin frenar su actividad.

La Razón - Editorial

Solución opaca

La crisis diplomática con Marruecos se resuelve sin que se aclare cómo y por qué comenzó.

Unas conversaciones entre los ministros del Interior de España y Marruecos de las que apenas se conoce el contenido resolvieron una tensión en torno a la frontera de Melilla de la que no se sabe cómo ni por qué comenzó. Ese es el insólito resumen de una crisis diplomática que, al parecer, tampoco lo ha sido, al menos para el ministro de Asuntos Exteriores español. Las relaciones entre España y Marruecos son cruciales para la estabilidad en una región sobre la que planean algunos de los principales riesgos que enfrenta la comunidad internacional en estos momentos, desde el narcotráfico a la trata de seres humanos, pasando por el blanqueo de capitales o el terrorismo. Los asuntos son suficientemente graves como para definir un modelo de relaciones que no esté a merced de la improvisación.

Lo que importa en las relaciones no es que sean excelentes -como no dejan de repetir ambos Gobiernos en comunicados cada vez más estereotipados-, si por ello se entiende que no existen contenciosos. De lo que se trata es, por el contrario, de que sean estables y previsibles, de manera que encuentren solución rápida, y también transparente, los inevitables contenciosos que surgen entre países vecinos y con intereses divergentes en algunos ámbitos.

Ese modelo de relaciones existía hasta que la diplomacia del ex presidente José María Aznar lo desbarató, y no ha sido sustituido por ningún otro. En líneas generales, consistía en un compromiso de abordar la solución de cada contencioso surgido dentro de su ámbito específico, evitando que se proyectara sobre el conjunto de las relaciones. Además, Ceuta y Melilla se mantenían fuera de la agenda bilateral, para lo que resultaba imprescindible que los responsables políticos evitasen gestos teatrales como los que realizó el anterior presidente estando en la oposición y también en el Gobierno, aunque disfrazándose de candidato electoral. Ahora, además, como ex jefe del Gobierno. El precio que ha habido que pagar por esos gestos es que hoy Ceuta y Melilla están en la agenda bilateral.

El ministro Rubalcaba dijo en Rabat que los recientes incidentes fronterizos de Melilla eran cosa del pasado. Es una gran noticia que España y Marruecos hayan decidido pasar página sobre ellos. Solo que falta por saber cuáles han sido esos incidentes cuya existencia ha reconocido el ministro. A lo largo de este verano, el Gobierno marroquí presentó cinco notas de protesta en las que se vertían graves acusaciones contra la policía que controla el paso fronterizo de Melilla. Hasta el momento, el Gobierno no ha desmentido esas acusaciones con la claridad y la contundencia que requieren, tanto para restablecer el buen nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles, cuyo trabajo se desarrolla en condiciones de extrema precariedad, como para que los ciudadanos puedan entender qué desencadenó la crisis y cómo se ha resuelto.

El País - Opinión

La impunidad de los "Rafitas" y de los "Rafaeles"

A la práctica impunidad que la Ley concede al menor, por horrible que sea el delito que haya cometido, se suman ahora la falta de severidad con la que se castigan los llamados "delitos menores" y los retrasos en la administración de justicia.

Hay crímenes que, con el tiempo, caen fácilmente en el olvido y que tan sólo los sacan del recuerdo algunas efemérides. No es el caso del asesinato de Sandra Palo: A la naturaleza especialmente espantosa del crimen de esta joven, que fue quemada todavía con vida tras ser violada e insistentemente atropellada por unos jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y 19 años, se une el encomiable y permanente esfuerzo de los padres de la víctima por lograr, no sólo que el crimen de su hija caiga en el olvido, sino también que sea reformada la injusta Ley del Menor por la que uno de los asesinos –"El Rafita"– quedó en libertad y sin antecedentes penales tras cumplir en un centro para menores escasos cuatro años de condena.

Hay, además, otra circunstancia que contribuye a que este crimen no deje de ser recordado por los medios de comunicación, y no es otra que la insistencia con la que este criminal ha seguido delinquiendo tras ser puesto en libertad, ya una vez alcanzada su mayoría de edad. Este martes ha vuelto a ser detenido por el robo de un vehículo, lo que supone el quinto arresto por delitos contra la propiedad desde que el pasado 25 de junio concluyeron los tres años de libertad "vigilada" que siguieron a sus cuatro años de internamiento.

Ignoramos si en el momento en que ustedes lean este editorial, "El Rafita" habrá ya sido puesto nuevamente en libertad condicional. Lo que sabemos es lo poco que los jueces tardaron en hacerlo en las cuatro ocasiones anteriores, con la excusa –desgraciadamente legal– de que se trataban de "delitos menores". Lo que sabemos, también, es que el demencial sistema de administración de justicia que padecemos no ha hecho otra cosa que reforzar la sensación de impunidad de muchos "Rafitas", tanto cuando eran menores de edad como cuando han dejado de serlo.

Y es que a la lenidad de nuestras leyes, se le une el problema no menor de la dilación de la justicia. Si la Ley del Menor prácticamente otorga impunidad a los autores de cualquier delito –por horrible que sea– cuando se trata de menores de edad, la falta de severidad de la Ley para los llamados "delitos menores" y los retrasos en la administración de justicia constituyen nuevos beneficios para los delincuentes, ya sean estos menores o mayores de edad.

Naturalmente, hay que graduar la severidad de la pena en función de la gravedad del delito, así como evitar al máximo posible la reclusión de quien no ha sido todavía juzgado. Pero la solución debe ser agilizar los procesos judiciales y elevar proporcionalmente la severidad, y no que los delincuentes entren y salgan de comisaría como de su casa y que utilicen la libertad provisional para acumular más y más causas pendientes.

Si este delincuente, antes de asesinar a Sandra Palo, hubiera sido severamente castigado por supuestos "delitos menores" como el de herir a varios viandantes con una escopeta de perdigones, tal vez nunca hubiera llegado a violar y asesinar. Y, desde luego, si la Ley del Menor no le hubiera evitado el castigo que merecía por tan horrible crimen, no habría seguido delinquiendo con posterioridad ni estaría ahora en disposición de volver a cometer crímenes tan abyectos como los que nunca pueden caer en el olvido.

Libertad Digital - Editorial

Las sombras del rescate

Como ya ocurrió en Somalia, el mensaje que captan los terroristas es que nuestro país es vulnerable a las presiones, a diferencia de otros Estados miembros de la UE.

OCHO millones de euros parece ser la cantidad desembolsada por la liberación de los cooperantes españoles en poder de la franquicia magrebí de Al Qaida, además del canje de los rehenes por el mercenario responsable del secuestro, condenado en Mauritania y trasladado a Malí. Ningún gobierno reconoce abiertamente el pago de un rescate, no sólo porque se trata de una conducta ilegal, sino también por evidentes razones de prudencia política. Sin embargo, todos los indicios apuntan en ese sentido y el silencio oficial alimenta los rumores y las suspicacias. El Ejecutivo no da explicaciones, y ello contribuye a ofrecer una muestra de debilidad que perjudica seriamente la imagen de España en una región especialmente conflictiva del planeta. Como ya ocurrió en Somalia, el mensaje que captan los terroristas es que nuestro país es vulnerable a las presiones, a diferencia de otros Estados miembros de la UE. Sin duda, la vida y la libertad de los secuestrados es un valor de máxima relevancia, pero conviene no olvidar que el dinero obtenido por los secuestradores sirve para financiar a una organización terrorista que funciona a escala global y está dispuesta a realizar nuevos atentados contra intereses españoles.

La presencia de las ONG en zonas de alto riesgo genera una lógica inquietud en la opinión pública. Nadie pone en duda las buenas intenciones de quienes prestan ayuda humanitaria a los más desfavorecidos, pero la prudencia se impone en estas circunstancias porque se trata de territorios donde los delincuentes actúan a sus anchas y ningún Estado garantiza la seguridad. Como es notorio, cualquier incidente obliga después a complejos esfuerzos diplomáticos y supone un coste notable en dinero público, por vías directas o indirectas. Si las organizaciones persisten en sus planteamientos, el Gobierno debería exigirles requisitos muy rigurosos e incluso impedir unas actuaciones que —más allá de su valoración subjetiva— suponen un perjuicio objetivo para el interés público. La sociedad española contempla con lógica satisfacción la libertad de Vilalta y Pascual, pero observa con grave preocupación las muchas zonas de sombra que concurren en este asunto y, en particular, el nuevo deterioro de la imagen internacional de España. Tal vez si el Gobierno ofreciera algunos datos más concretos, sin vulnerar las reglas de la discreción en asuntos tan delicados, habría más elementos de juicio para comparar la actuación de nuestras autoridades con la de otros países que sufren también estas agresiones injustificables.

ABC - Editorial