La guerra contra el terrorismo islamista se cobró ayer tres nuevas víctimas españolas en un atentado en la antigua base de Qala-i-Now, en la provincia afgana de Badghis. Un talibán infiltrado, que trabajaba como chófer del jefe de policía afgano, disparó contra el capitán José María Galera Córdoba, el alférez Abraham Leoncio Bravo y el intérprete nacionalizado español Ataollah Taefi Kalili, que murieron prácticamente en el acto. Los talibán reivindicaron el atentado.
Por encima del resto de valoraciones, nos parece de justicia en estas horas de intenso dolor, especialmente para las familias y los compañeros de las víctimas, agradecer y reconocer el trabajo y el sacrificio de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas destacados en el país asiático, y su compromiso en la defensa de la libertad y la seguridad en un escenario bélico a miles de kilómetros de casa.
Muy distinto, y mucho más complejo, es el debate político sobre la participación española en la guerra de Afganistán. Superados los tiempos en los que el Gobierno insistía torpemente en hablar de misiones de paz, el ataque de ayer y el día a día de la operación siembran cada vez más dudas sobre la evolución del conflicto y la gestión del mismo por parte del Ejecutivo.
Por encima del resto de valoraciones, nos parece de justicia en estas horas de intenso dolor, especialmente para las familias y los compañeros de las víctimas, agradecer y reconocer el trabajo y el sacrificio de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas destacados en el país asiático, y su compromiso en la defensa de la libertad y la seguridad en un escenario bélico a miles de kilómetros de casa.
Muy distinto, y mucho más complejo, es el debate político sobre la participación española en la guerra de Afganistán. Superados los tiempos en los que el Gobierno insistía torpemente en hablar de misiones de paz, el ataque de ayer y el día a día de la operación siembran cada vez más dudas sobre la evolución del conflicto y la gestión del mismo por parte del Ejecutivo.
Algunas circunstancias han dejado en evidencia en las últimas horas la verdad oficial. Sólo un día antes del atentado, se ofreció la imagen de la entrega de sus armas por parte de unos talibán en la base de Qala-i-Now. El mensaje de la propaganda era que los islamistas casi comenzaban a rendirse. La maniobra de desinformación se desmontó dramáticamente con los disparos del talibán infiltrado y, en un hecho de honda repercusión y sin precedentes, con la revuelta popular posterior al atentado contra los guardias civiles, cuando cientos de afganos intentaron tomar la base española y se desató una dura refriega.
¿Cuál es la verdad de Afganistán? Los hechos han demostrado de forma contumaz que el Gobierno oculta o «cocina» la dureza de un conflicto en un territorio que demuestra una hostilidad creciente. En LA RAZÓN hemos informado de numerosos incidentes armados de nuestras tropas que no habían trascendido públicamente, de las durísimas condiciones en las que los militares desarrollan su trabajo y de una seguridad mejorable, tanto operativa como material. Duran i Lleida reclamó ayer un debate para «valorar» la presencia española en el territorio, pero ése es un atajo equivocado. España está obligada a cumplir con sus compromisos internacionales desde el convencimiento de que la guerra contra el terrorismo no se ganará mirando para otro lado, aunque es cierto que el errático discurso de Barack Obama sobre la futura retirada no ayuda.
Lo que toca ahora es analizar de forma crítica si los militares españoles disponen de lo necesario para alcanzar los objetivos de la misión y si los intereses políticos del Gobierno no están perjudicando a ésta. Y también hay que abordar el deber público de la transparencia. Se dice que la verdad es la primera víctima de la guerra, pero en una democracia los ciudadanos tienen el derecho a conocerla. El Parlamento está para eso.
¿Cuál es la verdad de Afganistán? Los hechos han demostrado de forma contumaz que el Gobierno oculta o «cocina» la dureza de un conflicto en un territorio que demuestra una hostilidad creciente. En LA RAZÓN hemos informado de numerosos incidentes armados de nuestras tropas que no habían trascendido públicamente, de las durísimas condiciones en las que los militares desarrollan su trabajo y de una seguridad mejorable, tanto operativa como material. Duran i Lleida reclamó ayer un debate para «valorar» la presencia española en el territorio, pero ése es un atajo equivocado. España está obligada a cumplir con sus compromisos internacionales desde el convencimiento de que la guerra contra el terrorismo no se ganará mirando para otro lado, aunque es cierto que el errático discurso de Barack Obama sobre la futura retirada no ayuda.
Lo que toca ahora es analizar de forma crítica si los militares españoles disponen de lo necesario para alcanzar los objetivos de la misión y si los intereses políticos del Gobierno no están perjudicando a ésta. Y también hay que abordar el deber público de la transparencia. Se dice que la verdad es la primera víctima de la guerra, pero en una democracia los ciudadanos tienen el derecho a conocerla. El Parlamento está para eso.
La Razón - Editorial
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