La reforma laboral es insuficiente y nace lastrada por la falta de consenso político y social, porque los empresarios no avalan las propuestas incoherentes y los sindicatos se sienten obligados a reaccionar con una huelga general.
JUGANDO al límite de la aritmética parlamentaria, el PSOE sacó adelante ayer en el Senado su proyecto de reforma laboral. Gracias a la abstención de CiU y PNV y aplicando en comisión el voto ponderado correspondiente al número total de escaños de cada grupo parlamentario, los socialistas lograron rechazar todas las propuestas del Partido Popular e introducir, entre otras cosas, una reducción de cien a treinta días del «periodo de gracia» de los parados para rechazar cursos de formación. Nadie pone en duda la necesidad de una reforma del mercado laboral y los sectores más conscientes de la sociedad española saben que la crisis exige actuar sobre la edad de jubilación o el cómputo del tiempo para calcular las pensiones si se quiere impedir una quiebra técnica del sistema a medio plazo. Sin embargo, una vez más, Rodríguez Zapatero impulsa una política errática a base de una política de ocurrencias, y sólo pretende salir del paso «como sea» al servicio de fines oportunistas.
En efecto, esta reforma es insuficiente y nace lastrada por la falta de consenso político y social, porque los empresarios no avalan un conjunto de propuestas incoherentes y los sindicatos —antes complacientes— se sienten obligados a reaccionar con una huelga general convocada con sospechosa antelación. La reforma laboral merece un gran acuerdo de todos los partidos y agentes sociales, pero el Ejecutivo ha preferido dejar al margen incluso el Pacto de Toledo y jugar otra vez a la improvisación, el lanzamiento de «globos sonda» y las contradicciones permanentes. Insuficiente en el fondo y deficiente en la forma, ésta no es ni mucho menos la reforma laboral para flexibilizar un mercado de trabajo excesivamente rígido exigida por la grave situación de la economía española.
ABC - Editorial
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