Estatuto. Caamaño cuenta palabras. Por Cristina Losada

Alegrémonos, ya que el ministro acaba de dar libertad a los gallegos para expresar sus sentimientos en el preámbulo de un nuevo Estatuto. Si es cuestión sentimental, tenemos la morriña identitaria.

El currículo del ministro Caamaño nos lo presenta como doctor en Derecho, pero hasta ahora desconocíamos que su habilidad jurídica es del mismo tenor que la de aquellos empleados de Correos que contaban las palabras de un telegrama. La tecnología ha puesto esa tarea al alcance de cualquiera que disponga de ordenador y sabemos que el ministro tiene uno, por lo menos. Así, cuando salió el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, don Francisco no tuvo que realizar mayor esfuerzo que acudir al contador de palabras a fin de hacerse con una valoración científica. Contando palabras como quien cuenta calorías, calculó que el texto era constitucional en un 99 por ciento. De 39.000 palabras aprobadas por las Cortes, sólo 350 habían merecido algún reproche, se ufanaba.

Con esa capacidad innovadora que ha demostrado el titular de Justicia a la hora de evaluar leyes y sentencias, parece increíble que no obtuviera la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, cuando se postuló para la plaza. Fueron más sensibles a sus destrezas en la de Valencia. Y fue también sensible, cómo no, Zapatero. Le designó para cepillar al Estatut de cierta cantidad de palabras, contenidas, tal vez, en los 47 folios que ocupan las 62 enmiendas que el grupo parlamentario socialista, Montilla incluido, presentó al texto evacuado por el parlamento de Cataluña.

Caamaño, sin embargo, no sólo es perito en el arte del recuento y se ha atrevido con una interpretación cualitativa de la sentencia. El núcleo de su tesis es que el TC ha dictaminado que no cabe en la Constitución la "visión aznariana" de España. Díganos entonces el ministro cuál era la "visión" a la que respondía el anterior Estatuto catalán, porque nos tememos lo peor. Y es que se deduce de su cogitación, que hasta el instante germinal de este nuevo Estatuto, vivíamos dentro de la visión de España de Aznar –incluso cuando no gobernaba– y fuera de la Constitución. De hacerle caso a Caamaño, tampoco la "visión felipista" de España cabía en la Carta Magna.

Alegrémonos, no obstante, ya que el ministro acaba de dar libertad a los gallegos para expresar sus sentimientos en el preámbulo de un nuevo Estatuto. Si es cuestión sentimental, tenemos la morriña identitaria. Si se trata de definirse, podemos hacerlo como nos dé la real gana. La "nazón de Breogán" que los socialistas proponen, aconsejados por el finísimo Caamaño, es una intolerable limitación a la fantasía galaica. Total, sólo serán palabras.

Libertad Digital - Opinión

Retorno al pujolismo. Por Ignacio Camacho

Zapatero le ofrece el caramelo a Montilla, pero está mirando de reojo a Mas, que será el que se coma la golosina.

CUANDO emprendió su incontrolable juego de aprendiz de brujo con el Estatuto de Cataluña, Zapatero buscaba una alianza de poder que le permitiese asentar su ventaja electoral en Cataluña a costa de reformar de tapadillo una Constitución en la que no cree porque la considera una reliquia de un tiempo superado. En ésas sigue después de varios años de enredos cada vez más pertinaces, dispuesto ahora a lograr por la vía de las leyes orgánicas estatales lo que el Tribunal Constitucional le ha vetado hacer a través de una norma de rango autonómico aunque de corte confederalista. La pregunta que queda en el aire es si para ese viaje de ida y vuelta se necesitaban las cargantes alforjas de una reforma estatutaria, que ha complicado de manera sensible una cuestión tan delicada y antigua como el encaje catalán, que ya Ortega consideraba en 1932 imposible de solventar más que a través de una relativa «conllevancia».

La estrategia de concesiones competenciales continuas sin tocar el Estatuto de Sau la desarrolló con habilidad Jordi Pujol en sucesivos pactos con González primero y con Aznar después. Fue Zapatero el que, subido en su frívola carroza de irresponsabilidad, otorgó al proyecto delirante de Maragall unas alas que luego hubo de cortar de mala manera porque había propiciado una escalada soberanista que se le escapaba de las manos. Su intención era mantenerse en el poder a través de un pacto que asentase el tripartito en Cataluña y proporcionase al PSOE los escaños necesarios para consolidar una ventaja electoral decisiva. Pero la torpeza de Montilla, la incompetencia del Gobierno en la crisis económica y la sentencia del TC han reventado ese statu quo y propiciado una crecida del nacionalismo convergente al que también engañó ZP cuando se trajinó a Artur Mas en el pacto del tabaco. Mas se perfila al fin como nuevo presidente de la Generalitat y está al caer un nuevo chivo expiatorio: la cabeza de Montilla pende de un débil hilo que el Maquiavelo de León cortará en cuanto le convenga para volver a los acuerdos que satisfagan la reclamación nacionalista a cambio de apuntalar la precaria mayoría del PSOE hasta el final de la legislatura.

Eso es lo que hay detrás de la promesa presidencial de desarrollar mediante leyes orgánicas los aspectos del Estatuto revocados por el TC. Zapatero le ofrece el caramelo compensatorio al rebotado Montilla pero está mirando de reojo a Mas, que será el que se acabe comiendo la golosina. Sólo que Mas ya se dejó engañar una vez y como ahora no se fía mantiene la posibilidad de entenderse con Rajoy en la recámara. Al final, después de tantas vueltas, tantos experimentos y tantas traiciones, todo vuelve al principio: el egoísmo nacionalista en el eje de la estabilidad del Estado. Pero sin Pujol y con ZP, menuda diferencia.

ABC - Opinión

Más firmeza con Cuba

Miguel Ángel Moratinos viaja por tercera vez a Cuba en un momento especialmente delicado, con el disidente Fariñas en estado agonizante tras más de cuatro meses en huelga de hambre ante la indiferencia de la dictadura castrista. El titular de Exteriores ha manifestado que no piensa visitar a Fariñas y también ha confirmado que no va a tener contacto alguno con los representantes de la disidencia. Moratinos se escuda en que no quiere ninguna, así lo ha definido, «foto de oportunidad», cuando lo cierto es que sería una instantánea que reflejaría el apoyo y el compromiso, aunque no se esté de acuerdo con los métodos, del Gobierno español con la defensa de los derechos humanos en la isla. Quizá la razón última de esta negativa a reunirse con la disidencia se corresponda al deseo del Gobierno socialista de no «molestar» al régimen castrista, siguiendo así con esa postura condescendiente y tibia que, por ahora, ha dado unos resultados que, siendo amables, sólo se pueden calificar como pobres.

Moratinos dijo ayer que «tengo otros objetivos en mi estancia en Cuba». Éstos –y cabe subrayar que son estimables y no merecen, a priori, una reprobación– pasan por apoyar las gestiones que ha emprendido la Iglesia Católica con el Gobierno cubano. En el último mes, la Iglesia católica se ha apuntado un logro nada baladí, ya que la dictadura castrista ha accedido a liberar a dos disidentes, Ariel Sigler y Darsi Ferrer, y también ha aprobado el acercamiento de una docena de presos políticos a las cárceles más cercanas a sus lugares de origen. Bienvenidas sean estas acciones, pero sin duda tienen un cortísimo alcance. El Gobierno español va a hacer lo que debe: apoyar a la Iglesia católica en su diálogo y sus negociaciones con el régimen pero no debe olvidar que, con esta iniciativa, también se le está dando un balón de oxígeno a la dictadura. Ésta, a cambio de excarcelar a algunos presos de manera simbólica, maquilla también su nula predisposición a encarar reformas de más calado y verdaderamente relevantes para sus ciudadanos.

Poco cabe esperar de este viaje de Moratinos a Cuba. Ni a corto plazo ni a medio plazo. El ministro comete un error al no entrevistarse en la Embajada española con los disidentes. Discretamente si se quiere, pero sus opiniones también merecen ser consideradas y ponderadas. Menospreciarlos como interlocutores es deslegitimarlos aún más frente a la dictadura castrista. Puede que se pierda otra oportunidad para ser más firmes y contundentes en la defensa de los derechos humanos en la isla en la que tan pocos, por no decir nulos, avances ha habido en estos últimos años. La estrategia de suavizar la presión contra el régimen con la esperanza de que éste emprenda las reformas deseables es un fracaso. Es verdad que se está ante una situación compleja que exige prudencia, pero no se puede ir a Cuba con unas objetivos bajo mínimos y sí con un discurso claro y rotundo de defensa de las libertades. El resto, es hacerle el juego al régimen para que siga perpetuándose a costa de la represión de miles de cubanos.

La Razón - Editorial

El Constitucional no puede llegar tarde de nuevo

Es imperativo que el TC paralice de inmediato la aplicación de la ley porque, de lo contrario, las consecuencias podrían ser funestas e irreparables al tratarse de vidas humanas, y los fetos de 14 semanas lo son se ponga la ministra Aído como se ponga.

absoluta de debate, acaba de entrar en vigor una de las leyes más polémicas, innecesarias e inmorales del Gobierno Zapatero. Un Gobierno que ya va por su segunda legislatura y cuya marca de fábrica es impulsar multitud de iniciativas radicales, aprobadas a golpe de decreto y con medio país en contra. Es la otra cara de ese talante del que Zapatero presumía poco después de llegar al poder, una cara amarga que coloca al socialismo dirigente frente al espejo, retratándole certeramente como déspotas iluminados que gobiernan para una minoría radicalizada y para satisfacer sus instintos de ingenieros sociales.

La del aborto, redactada por las feministas al servicio de Zapatero, es una ley más que discutible desde el punto de vista moral y de la fría perspectiva jurídica. El aborto no debe nunca ser un método anticonceptivo, ni una solución de urgencia para parchear una irresponsabilidad cometida por adultos en uso pleno de sus facultades. Tampoco debe ponerse al alcance de las menores de edad ni fomentarse desde el poder como una presunta liberación para las mujeres. La ley que entró en vigor ayer consagra todo lo anterior y lo hace violentando los principios jurídicos que, hasta el momento, han fundamentado todas las cuestiones relativas al aborto.

El aborto no es un derecho, no puede serlo porque eso implicaría entregar todos los derechos a la madre retirándoselos al nasciturus, y la vida de éste está protegida por el Tribunal Constitucional desde hace más de veinte años. O, al menos lo estaba, porque seguimos a la espera de que este mismo tribunal se manifieste sobre los recursos a la ley que han interpuesto desde diversas instancias. Lo que no sea alcanza a entender es por qué el alto Tribunal no ha suspendido cautelarmente la entrada en vigor de la ley hasta que disponga de un veredicto final al respecto. Es imperativo que el TC paralice de inmediato su aplicación porque, de lo contrario, las consecuencias podrían ser funestas e irreparables al tratarse de vidas humanas, y los fetos de 14 semanas lo son se ponga la ministra Aído como se ponga.

En este estado de cosas es comprensible que la Región de Murcia haya decidido esperar por su cuenta a que el Constitucional se pronuncie. Comprensible pero desaconsejable. La autonomía murciana carece de competencias para desobedecer una ley por mucho que la razón y el sentido común le amparen. No se puede reclamar el cumplimiento de la legalidad a la vez que se violenta la aplicación de una ley, por muy injusta o inmoral que nos pueda parecer. Sienta un precedente demasiado parecido al de Montilla que pide que se cumpla es Estatut advirtiendo que va a incumplir lo que dice el Constitucional. La ley no se sirve a la carta, ha de ser la misma para todos o se transforma el papel mojado.

Libertad Digital - Editorial

La peor ley posible

La premisa inmoral de negarle humanidad al feto contamina toda la construcción del discurso proabortista y explica la falta de escrúpulos del Gobierno socialista.

LA ley que implanta en España el aborto libre entró ayer en vigor, a la espera de que el Tribunal Constitucional decida si la suspende cautelarmente, como ha pedido el PP en su recurso y como aconseja el sentido común. Las cuestiones jurídicas están, por tanto, planteadas en la sede que corresponde —al margen de la decisión de varias comunidades gobernadas por el PP de obstaculizar la aplicación de una norma que consagra y legitima el asesinato—, porque el aborto libre es, ante todo, una vulneración del derecho constitucional a la vida. Pero sea cual sea la resolución que dicte el TC, esta ley representa un punto de inflexión para la sociedad, en un sentido regresivo y empobrecedor de sus valores. Todos los análisis morales y éticos sobre esta ley, sean a favor o en contra, no deben confundir sobre cuál es el problema de fondo: la banalización de la muerte de un ser humano. Cuando la ministra de Igualdad dijo que no hay base científica para considerar humano a un feto de catorce semanas, asumió el coste de pasar a la historia de la necedad con tal de lanzar el mensaje clave de esta ley, que es la deshumanización del feto. A partir de esta premisa, la eliminación de una «cosa» no humana no debe tener mayor reproche legal ni moral. Sin embargo, la base científica y la simple experiencia cotidiana demuestran que lo que una mujer concibe sólo puede ser un ser humano. La premisa inmoral de negarle humanidad al feto contamina toda la construcción del discurso proabortista, pero explica la falta de escrúpulos con los que este Gobierno se vanagloria de introducir en la sociedad la muerte legal de decenas de miles de seres humanos. Incluso la ministra Aído ha dado un paso más al defender el aborto como un método de planificación familiar para «evitar embarazos no deseados», cuando lo cierto es que el aborto no evita embarazos, sino que los elimina, y que todos los expertos desaconsejan emplear el aborto como método contraconcepctivo.

Esta nueva ley persevera también en la discriminación legal injusta de los enfermos, legitimando la muerte del feto de mala salud, supuesto con innegable sesgo depurador de la raza. Es, en definitiva, una ley de mala intención, que busca el debilitamiento de valores esenciales en toda sociedad, cuales son la vida y la maternidad, y que convierte al Estado en un promotor de abortos, en vez de dar prioridad a la conservación de la vida humana y a una solución positiva de los conflictos que provocan los embarazos no deseados, que es lo que cabe esperar de una sociedad que presume de moderna, asistencial y solidaria.

ABC - Editorial

Estatut. La bravata del fanfarrón. Por Emilio Campmany

Incluso en el improbable supuesto de que el PSOE promoviera la sustitución de Zapatero, su primer salvavidas sería CiU.

Los políticos de Cataluña que son nacionalistas, que lo son casi todos los que allí pacen, se han tomado muy mal la sentencia del estatuto. Habrían denostado cualquier sentencia, incluso una que hubiera dicho que el estatuto es constitucional, porque lo que niegan es la legitimidad de nadie para constreñir lo que el soberano pueblo de Cataluña haya refrendado. Sin embargo, el pueblo catalán no existe como titular de ninguna soberanía. Como tampoco existe el murciano o el gallego. Por eso, la Constitución entra en contradicción cuando, después de decir que la soberanía nacional reside en el pueblo español, regula la modificación de los estatutos de autonomía exigiendo un referéndum entre los electores "inscritos en los censos correspondientes". Los electores inscritos en los censos correspondientes no deberían tener nada que refrendar en una nación donde el único soberano es el pueblo español. En cualquier caso, de este resbalón del artículo 152.2 no puede deducirse que el pueblo catalán tenga constitucionalmente reconocida ninguna soberanía en conflicto con la del pueblo español.

Partiendo de estas premisas, no puede extrañar que los políticos nacionalistas se hayan vestido con la túnica de la cofradía de la santa indignación y hayan salido en procesión por todas las televisiones llevando con irritación la pesada cruz de ser español. El más divertido de ver ha sido Montilla, con ese mohín de niño contrariado que tan bien sabe poner cuando se le disgusta. Da risa verlo andar por el claustro del palacio de la plaza de San Jaime con paso corto y algo apresurado, el ceño y los labios fruncidos, negando con la cabeza y aparentando resolución a tomar la más grave de las decisiones.

Artur Mas, como no es tan teatral, se ha limitado a hacer lo que llevan treinta años haciendo los nacionalistas, amenazar al presidente del Gobierno con dejarle caer si se le ocurre volver a alabar la sentencia.

Pues bien, la amenaza no es más que una bravata. Ningún nacionalista, y menos aun Mas, va a dejar caer a Zapatero por la sencilla razón de que con ningún otro presidente podría el nacionalismo catalán estar mejor. No ya es que teman la llegada a la Moncloa de un PP que, después de todo, está más aguado que el vino que tiene Asunción. Es que en todo el PSOE no es posible encontrar un sustituto más dispuesto a inclinarse ante los nacionalismos como lo está Zapatero por naturaleza. Si encima se cae en que esa natural tendencia a satisfacer cualquier cosa que salga del Parlamento de Cataluña se ha convertido hoy en una necesidad de supervivencia, se concluye que es imposible que Mas vaya a abandonarlo a su suerte. Incluso en el improbable supuesto de que el PSOE promoviera su sustitución, el primer salvavidas de Zapatero sería CiU.

El oxígeno que el catalán administró al moribundo absteniéndose en la convalidación del decretazo contra pensionistas y funcionarios no estuvo motivado por ningún interés general, sino por la conveniencia de conservar con vida al presidente para extraerle tantas concesiones como su necesidad de apoyos permitan a partir del momento en que CiU vuelva a pisar moqueta después de las catalanas de este otoño. Sus amenazas contra Zapatero no se las cree nadie. Bueno, a lo mejor, se las creen en el PP, donde se fantasea con entrar en el gobierno de CiU. Algún día escarmentarán.

Libertad Digital - Opinión

La tercera vía de ZP. Por César Alonso de los Ríos

Se impone un modelo confederal al tiempo que se ridiculiza a quienes denuncian la ruptura del modelo autonómico.

«Objetivo cumplido» dijo Zapatero, y añadió que nunca en la historia de España se habían atendido tanto las exigencias de autogobierno de Cataluña como en el Estatut . Pero ¿por qué utilizó unos términos tan grandilocuentes cuando lo relevante del fallo del TC eran los recortes? Porque se darán nuevas leyes que vendrán a reparar las lesiones infligidas a éste. En definitiva, se entrará en las cuestiones más graves por la puerta de atrás. Como en la unidad de jurisdicciones. Lo que no tendrá arreglo es el problema de las lenguas. La negación del carácter «preferente» al catalán no devolverá al castellano la condición «vehicular» en la enseñanza. Que es lo que importa. Así que una nueva legislación vendrá a anular los «desmanes» producidos por el TC, y así se sigue en la línea del tratamiento que viene mereciendo nuestra Constitución desde el primer día. La introducción del término «nacionalidades» y la indefinición del Estado permitieron pensar a los nacionalistas que aquella respondía a un «pacto» implícito en relación con una fórmula a largo plazo confederal. De hecho han actuado siempre en esa línea.

En la realidad se pisotea la Constitución y se critica a quienes lo denuncian. Es un comportamiento hipócrita especialmente repugnante por cuanto se trata de un hecho colectivo. Se impone un modelo confederal al tiempo que se ridiculiza a quienes denuncian la ruptura del modelo autonómico. Pero ¿acaso no fue el propio ZP el que defendió la revisión de los Estatutos como paso obligado hacia un sistema confederal? A pesar de ello tanto para los socialistas como para los populares la Constitución ha salido reforzada con el fallo del TC, y el ministro de Justicia proclama que se afirma «la unidad en la diversidad». ¿No habrá querido decir «unidad en la desigualdad»?

ABC - Opinión

Estatut. Fouché Montilla. Por José García Domínguez

De ahí los esforzados malabarismos de la prensa del Movimiento a fin de ocultar al común las sesenta y dos enmiendas al Estatut que promovió un tal Montilla, por entonces ministro de Industria del Reino de España.

Al modo de cualquier piquetero bolivariano de los arrabales de Caracas, la máxima autoridad del Estado en Cataluña acaba de llamar a la réplica callejera contra una sentencia firme emitida por el supremo tribunal de la nación. Atrabiliario desafío al orden legal que comienza a ser tradición en la plaza. Y es que ni siquiera hay que remontarse a Macià y Companys para dar con antecedentes de un proceder parejo. Repárese en que otro presidente de los nacionalistas ya invocó a la masa con tal de eludir determinados preceptos del Plan General de Contabilidad Financiera en las calzadas de Barcelona. Y con gran éxito de crítica y público, por cierto. Al punto de que alguno de esos españoles profesionales que pululan por la Villa y Corte le procuraría el título de ídem del año.

Así, por mor de un interés mercantil estrictamente privado, Jordi Pujol alzaría la señera contra las acongojadas puñetas de los jueces. Un afán comercial no muy distinto al que ahora impulsa a su igual a tomar de nuevo las aceras en nombre de la patria y el patrimonio, conceptos siempre inextricables a esta orilla del Ebro. Mas nadie se llame a engaño: el airado catalanismo de don José es tan sincero y profundo como el sentimiento republicano de aquel Fouché que votó la guillotina para Luis XVI antes de traicionar a Robespierre, venderse más tarde a Napoleón, y terminar como jefe de la policía de los Borbones, una vez aposentados de nuevo en el trono de Francia.

De ahí los esforzados malabarismos de la prensa del Movimiento a fin de ocultar al común las sesenta y dos enmiendas al Estatut que promovió un tal Montilla, por entonces ministro de Industria del Reino de España. Esquizoides objeciones del PSC en Madrid al proyecto remitido por el PSC desde Barcelona, como cierto alegato firmado por el actual Muy Honorableque, lacónico, rezaba: "Creemos que el término nación aplicado en el articulado no es compatible con el artículo 1.2 de la Constitución". U otros donde el mismo maulet proponía anular el carácter "preferente" del catalán, amén de la bilateralidad y la secesión del poder judicial. Ya sabe, pues, don José contra quien debe gritar sus consignas en la manifestación: contra Montilla.

Libertad Digital - Opinión

El cabreo de la izquierda. Por José María Carrascal

Zapatero ha demostrado de la forma más palpable que la izquierda no tiene fórmulas para cuando vienen mal dadas.

SI ustedes creen que los madrileños están cabreados, no saben cómo está el resto de los españoles. Me he tragado mil y pico de kilómetros hasta uno de los extremos de la Península y por todas partes no he encontrado más que indisimulada indignación, solo suspendida durante los partidos del Mundial. Lo más curioso es que se trata de una cólera que no distingue de sexos, de edades, de estatus económico, de niveles culturales, de regiones ni, esto es lo más gordo, de filiaciones políticas. No he visto ni oído a nadie alabar al gobierno, e incluso los socialistas de toda la vida, aquellos amigos que ya en la adolescencia eran de izquierda, no se atreven a defenderle, notándose en ellos una furia sorda, una rabia contenida, una desazón personal, que nada tiene que envidiar a la de los conservadores declarados, mucho menos imaginativos, que se limitan a llamar a Zapatero «marxista-leninista» y algún otro adjetivo personal impublicable.

Esto es nuevo. El presidente del Gobierno ha conseguido no ya desilusionar, sino irritar a la izquierda más genuina, que nunca votaría derecha e incluso es posible vuelva a votarle, pero será tapándose las narices y no mirándose al espejo en unos cuantos días. He tenido ocasión de charlar con algunos de ellos, aunque prefieren obviar el tema y si bien manejan los argumentos más simples como escudo —la nula colaboración del PP en una emergencia nacional, las culpas del neoliberalismo desbordado en la crisis—, en cuanto uno escarba, se da cuenta de que al fondo hay un cabreo enorme por haber sido estafados. Zapatero les ha traicionado, les ha embaucado, les ha hecho hacer el ridículo, que es lo que menos aguanta un español de izquierdas, derechas o de centro, si hay alguno de centro.

Zapatero ha demostrado de la forma más palpable que lo del socialismo-social es un cuento, que la izquierda no tiene fórmulas para cuando vienen mal dadas, que lo único que sabe hacer es derrochar el dinero acumulado por la derecha, hacer nuevos ricos al amparo del gobierno, convertir la cultura en un pesebre, crear una generación de ignorantes y despreocuparse de los trabajadores que verdaderamente lo necesitan: aquellos con empleo temporal o en paro. Esas son las vergüenzas de Zapatero que la crisis ha dejado al descubierto, eso es lo que pone roja de ira a la izquierda, que aprieta los dientes y arroja venablos envenenados contra todo y contra todos en tertulias de café y de la radio, en periódicos de la capital y de provincias, conteniéndose, eso sí, en el último segundo para no pedir su dimisión. Y es que la izquierda de hoy es todavía más hipócrita que la derecha de ayer.

ABC - Opinión

Sócrates envenena el mercado

La semana que comiezan se presenta como decisiva para que se desbloquee la accidentada venta a Telefónica de Vivo, una de las principales empresas de telefonía móvil de Brasil, con más de 50 millones de clientes. El Tribunal de Luxemburgo debe pronunciarse este jueves sobre el insólito veto impuesto a la operación por el Gobierno de Portugal, que preside el socialista José Sócrates, al utilizar la obsoleta e ilegal «acción de oro» en contra de la decisión que adoptó el 73,9% del accionariado. La operación de compraventa fue planteada hace varias semanas por la compañía española a Portugal Telecom (PT), copropietaria al 50% de Vivo. Desde entonces, ambas empresas han mantenido un tira y afloja por la valoración y Telefónica fue subiendo su oferta desde los 5.700 millones iniciales hasta los 7.150 que puso encima de la mesa horas antes de que la junta general de accionistas de PT se reuniera para votar la operación. Todo se desarrollaba dentro de los habituales cauces legales y mercantiles, como corresponde a dos grandes compañías, y se habría culminado una compraventa muy beneficiosa para ambas partes si no se hubiera entrometido inesperadamente el Gobierno portugués. Por motivos que todavía no ha explicado de modo convincente, pues se ha escudado en la manoseada excusa de «los intereses nacionales», el primer ministro Sócrates decidió oponerse a la voluntad mayoritaria de los accionistas de PT y emplear la llamada «acción de oro», un mecanismo de veto que la UE ha declarado ilegal, pero que subsiste de manera residual aunque ya nadie la utilice. El revuelo causado por esta invasión gubernamental llegó hasta el corazón de Bruselas e incluso los medios de comunicación lusos la calificaron de «extorsión» y de «indecencia propia de un país subdesarrollado». Si los mecanismos comunitarios responden como es debido y estiman los recursos interpuestos por Telefónica, la compraventa de Vivo llegará a buen puerto, por más que el Gobierno intervencionista de Sócrates se empeñe en ponerle puertas al campo o en romper la baraja con la que se juega en Europa. Pero este lamentable episodio ha puesto de relieve que la unidad de mercado en la UE tropieza demasiado a menudo con la arbitrariedad y prepotencia de ciertos gobernantes, que suelen utilizar a compañías connacionales para sus estrategias políticas, casi siempre contrarias al libre mercado. Además, el veto de Sócrates envenena las relaciones con España al establecer un precedente del que nada bueno se puede derivar para ambas naciones. Hasta ahora, el Gobierno de Zapatero ha mantenido una prudente distancia, sintetizada en una declaración del ministro de Industria de que se trataba de «una decisión soberana» de Portugal. Sería deseable que, aun contando con que el Tribunal de Luxemburgo dé la razón a Telefónica, Sócrates recondujera la situación creada y devolviera las aguas del libre comercio a su cauce antes de que los daños sean irreversibles. En la Europa comunitaria no hay impunidad para quienes rompen las reglas del juego y Portugal no está, precisamente, en la mejor de las posiciones para tales audacias irresponsables.

La Razón - Editorial

Los silencios cómplices de Rajoy y Zapatero

La oposición a la marcha nacionalista resulta imprescindible, porque la nación española es algo más que el colectivo al que pueden adscribirse éxitos deportivos: es la base de nuestras libertades.

El presidente del Gobierno y el líder de la oposición han tratado, cada uno a su manera, de pasar página una vez hecho público el fallo del Estatut. Ambos abogan por "mirar al futuro" y tratan de aparentar que con la sentencia del Constitucional el estado de las autonomías queda plenamente normalizado y estabilizado. A Zapatero le interesa desviar la atención de un texto que él mismo promovió a sabiendas de que era claramente inconstitucional en la gran mayoría de su articulado. Rajoy, más interesado en llegar al poder a lomos de los nacionalistas que en preservar la democracia, trata de hacernos olvidar las cinco millones de firmas contra el Estatut que recogió por todos los rincones de España.

Y, sin embargo, si algo no ha logrado el fallo del Constitucional ha sido calmar los ánimos de aquellos a quienes se quiso contentar con el Estatut primero y con una absurda sentencia después. Los nacionalistas de todos los partidos, incluyendo esa sucursal catalana del PSOE que es el PSC de Montilla y Chacón, han convocado una manifestación para el próximo sábado no ya contra el Constitucional, sino contra la legitimidad misma que tiene el soberano pueblo español para retocar cualquier texto aprobado por el parlamento catalán. Es decir, el objeto de la marcha del 10 de julio no es el de exhibir las discrepancias de tipo jurídico sobre la sentencia, como muchos ingenuos quieren pensar, sino socavar la mismísima soberanía del pueblo español. De ahí que Montilla llame a los catalanes a "envolverse en la señera", transformando los símbolos regionales de Cataluña en todo un ariete contra las instituciones políticas de España.

Teniendo en cuenta que no sólo las Cortes y el Gobierno de España o el parlamento y el gobierno catalán, sino también todo el régimen jurídico que supuestamente garantiza los derechos y libertades de los españoles, dependen de la Constitución del 78 que, a su vez, se funda sobre la soberanía nacional, sería deseable y exigible que Zapatero y Rajoy defendieran con más ahínco la legalidad vigente frente a la deriva insurreccional en la que ha caído la mayor parte de la casta política catalana. Hasta la fecha, PP y PSOE evitan hacer cualquier referencia a la marcha nacionalista, como si lo que pasara en Cataluña formara parte del folclore regional.

Sin embargo, la condena y oposición a la misma resultan imprescindibles porque, como decimos, la nación española es algo más que el colectivo al que pueden adscribirse éxitos deportivos: es la base de nuestras libertades. Los liberales de Cádiz lo tenían bien claro ya en 1812 y así lo plasmaron en el artículo 3 de nuestra primera constitución: "La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales".

Permitir que un grupo de presión organizado, como son los nacionalistas, trocee y rehaga a su gusto esa Nación es permitirles que nos impongan las leyes que les plazcan; es, en contra de lo que establecía el artículo 2 de la Pepa, convertir la Nación y nuestras libertades en el patrimonio de una casta.

PSOE y PP están obligados a defender a la soberanía nacional de cualquier banda que pretenda subyugarla. El problema es que muy probablemente Zapatero y Rajoy son, junto a los nacionalistas, los primeros interesados en subvertir y patrimonializar el orden constitucional. La limitación del poder les incomoda. Es mucho más fácil negociar y entenderse con los señores feudales de las regiones de España que rendir cuentas ante el pueblo soberano. Zapatero así lo viene demostrando desde 2004 y Rajoy parece que comprendió la lección cuatro años después.

Libertad Digital - Editorial

El efecto dominó del Estatut

La sentencia del TC también condicionará futuras reformas estatutarias, porque marca los límites constitucionales del desarrollo autonómico.

CUANDO se conozca el texto de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, podrá valorarse su incidencia en la cadena de reformas estatutarias que puso en marcha el PSOE y en la que participó el Partido Popular de manera decisiva allí donde los socialistas no antepusieron sus pactos con los nacionalistas. Aquella oleada de reformas de estatutos fue forzada por la necesidad del PSOE de dar cobertura a la del catalán, lo que puso al Estado autonómico en una carrera de agravios, como se ha visto, por ejemplo, en relación con el agua. La participación del PP en esas reformas, criticada por algunos sectores, fue un ejercicio de pragmatismo que evitó su marginación de unos procesos legislativos que, en todo caso, iban a producirse. En la encuesta que ha realizado ABC entre diversos presidentes autonómicos, es unánime la opinión de que el Estado de las Autonomías se ha reforzado en el sentido previsto por la Constitución, es decir, como organización territorial del Estado español y sobre la base de la unidad de la nación española. Y, en general, la encuesta denota alivio político por el reequilibrio impuesto por el TC al recortar el Estatuto catalán. La falta de conocimiento de la sentencia del TC impide mayores concreciones a los presidentes encuestados, pero entre los del PP hay un claro respaldo al recurso presentado por su partido, que lo consideran justificado por el hecho de que haya más de cuarenta artículos del Estatuto catalán afectados por la resolución. Incluso, como destaca el presidente valenciano, Francisco Camps, quedan aún pendientes otros recursos que pueden aportar más precisiones a la sentencia del Estatuto. La Comunidad Valenciana ha impugnado este Estatuto por sus previsiones sobre el agua y el régimen de financiación autonómica, asuntos que, para muchos españoles, fueron despachados en el Estatuto catalán con criterios privilegiados y discriminatorios.

La sentencia del TC también condicionará futuras reformas estatutarias, porque marca los límites constitucionales del desarrollo autonómico. Uno de los Estatutos que no pudo ser reformado en la anterior legislatura fue el gallego, por el empeño del gobierno social-nacionalista de Pérez Touriño de dar a Galicia el tratamiento de nación, cuestión que ya queda zanjada con la sentencia del TC al negar cualquier relevancia jurídica a la inclusión de este término para definir a una comunidad autónoma. Sin embargo, la reforma estatutaria no parece ser una prioridad inmediata del actual presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, quien, con buen criterio, prefiere centrarse en la superación de la crisis. Es evidente que la sentencia del TC ha reforzado el discurso nacional y homogéneo del PP, por más que la versión oficial del Gobierno hable puerilmente de «derrota» de los populares.

ABC - Editorial

Ventanas. Internet machaca a los huelguistas. Por Antonio José Chinchetru

Internet puso a los dirigentes sindicales frente a los ciudadanos y estos les dieron hasta en el carné de identidad. Será interesante ver cuándo se atreven a someterse a otro chat.

Permítame, estimado lector, que comience este artículo con una expresión castiza. Los internautas han dado a los huelguistas hasta en el carné de identidad. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y el unas horas después "capo" de los sindicalistas del Metro de Madrid, Vicente Rodríguez, aceptaron participar en sendos chats con los lectores de un destacado periódico y hablar de la huelga salvaje en el suburbano. El resultado no pudo ser peor para ambos.

Suponemos que acostumbrados a la suavidad con la que se suele tratar a los representantes sindicales en los medios de comunicación, no debían de imaginar que el enfado de los ciudadanos es monumental. Mientras en las televisiones pululan periodistas que en las tertulias siguen tratando de justificar el castigo colectivo al que los sindicatos han sometido a los ciudadanos madrileños por tener a Esperanza Aguirre de presidenta, los internautas se erigieron como portavoces de la sociedad española. La mayor parte de las preguntas a las que tuvieron que hacer frente Toxo y Rodríguez, aquel que amenazaba con "reventar Madrid", demostraban lo evidente. Quienes viven o trabajan en la capital de España se sienten víctimas de una extorsión sindical.

Ambos sindicalistas usaron el tono habitual en ellos. Se autoerigían en representantes de unos trabajadores que no les consideran como tales y trataban de demonizar a todos aquellos que no les dan la razón. Sin embargo, por una vez estaban realmente expuestos a la opinión pública. No eran unos periodistas más o menos complacientes los que les interrogaban. Los que preguntaban y también acusaban eran ciudadanos normales que no se sentían atados por esa corrección política que lleva a considerar a los sindicatos como unos "agentes sociales" a los que se debe tratar con sumo cuidado y hasta cariño.

Gracias a internet, a estos chats, por una vez los sindicalistas han escuchado lo que no suelen querer oír. Lo que en ellos se les dijo es lo mismo que se comenta en las colas de la compra, las paradas de autobús, las conversaciones de bar o los diálogos de las salas de estar de numerosos hogares españoles. Y eso no es otra cosa que los sindicatos no representan a los trabajadores ni se preocupan por ellos.

A través de la red, decenas de internautas les dijeron a la cara lo que opinan millones de españoles. Les recordaron a los sindicalistas que no es aceptable una huelga salvaje que trastoca la vida de la mayor parte de los madrileños al tiempo que no hacen nada contra un Gobierno responsable de una tasa de paro escandalosa. Internet permitió que los sindicalistas tuvieran que aguantar que se les reprochara el papel de los "liberados" y la violencia de los piquetes. En definitiva, una par de chats bastaron para demostrar que los españoles están cansados de los mal llamados "representantes de los trabajadores".

Internet puso a los dirigentes sindicales frente a los ciudadanos y estos les dieron hasta en el carné de identidad. Será interesante ver cuándo se atreven a someterse a otro chat.

Libertad Digital - Opinión

Por el mar corren las liebres. Por José María Carrascal

Que el Gobierno intente burlar al Estado para congraciarse con los nacionalistas asombra y asusta.

QUE los nacionalistas traten de burlar al Estado es casi normal. Que lo intente el Gobierno para congraciarse con ellos, asombra y asusta. Pero es lo que intenta Zapatero, según El País, dispuesto a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir a las Autonomías tener su propio Consejo General del Poder Judicial, tachado por el Tribunal Constitucional del Estatut. Pese a que el propio Zapatero ha dicho que la sentencia «ponía fin al proceso de ampliación de la descentralización política». Pero lo que dice Zapatero no vale arriba de 24 horas. También su vicepresidenta primera ha dicho que la subida del IVA apenas tendría repercusión en los ciudadanos, después de decir la segunda que supondría recaudar 5.150 millones de euros más. ¿De dónde van a sacarlos? Porque el IVA sale del bolsillo de los españoles. Miente la una o miente la otra. Posiblemente, las dos, pues ni se recaudará tanto ni será tan liviano a los ciudadanos. Este gobierno está instalado en el engaño y la ocultación. Cada vez que uno de sus miembros abre la boca, miente, sin importarle contradecir a la realidad o a sí mismo, como acaba de ocurrir al presidente.

Lo más indignante es que nos toman por idiotas, incapaces de distinguir lo negro de lo blanco, el día de la noche. Claro que muy listos no debemos de ser cuando les hemos aguantado seis años. Pero hay diferencia entre la ingenuidad y la estupidez. Diferencia que se ha sobrepasado conforme la crisis avanzaba y apoderaba del país como una inmensa marea de chapapote. Porque a los españoles puede engañársenos, dada nuestra tendencia a dejar todo para mañana y no ocuparnos jamás de él. Pero al resto del mundo, no. ¿Cómo queremos que las agencias de calificación no rebajen la nota de España? ¿Cómo vamos a pagar una deuda cada vez mayor y más cara? ¿No se dan cuenta nuestros gobernantes de que al engañar a su pueblo, se están engañando a sí mismos, al tiempo que cavan la sepultura de todos? ¿Qué pretenden con prolongar la ficción de que las cosas están encauzadas con las medidas que han tomado, si al mismo tiempo se descalifican negando lo obvio y proclamando lo inviable? ¿No advierten nuestras vicepresidentas de que no pueden anunciar al mismo tiempo un aumento considerable de la recaudación fiscal y una incidencia mínima de la fiscalidad? ¿No se percata el presidente de que no puede aceptar la sentencia del TC y disparar un torpedo contra ella?

No sé si los niños cantan todavía aquello de «Vamos a contar mentiras/En el mar corren las liebres/y en el monte, las sardinas/tra,la,la». Sólo temo que, a este paso, no queden liebres ni sardinas en España.

ABC - Opinión

A España se le atraganta Cataluña. ¿Culpable? Rodríguez. Por Federico Quevedo

Cuando a la muerte del dictador los padres de la patria y autores de la Constitución se plantearon el nuevo modelo de Estado, llegaron a la conclusión de que frente al exceso de centralismo vivido en la dictadura, había que contraponer un modelo similar al federalismo existente en otros países como Estados Unidos, donde lo que prima es el acercamiento de la Administración a los ciudadanos por la vía de la descentralización política. El modelo casaba a la perfección con la idea de Estado liberal que fundamentó aquel proceso: un Estado abierto, plural, diverso y próximo al ciudadano, pero que en ningún caso se alejaba del principio esencial de unidad de la nación española. Se buscaba, en definitiva, la mayor participación de los ciudadanos en la vida política por la vía del acercamiento de ésta a la sociedad, al tiempo que se pretendía garantizar un mejor y más accesible servicio por parte de la burocracia administrativa. Esa idea descentralizadora se completó con un paso más que los constituyentes dieron en el caso de las llamadas comunidades históricas, fundamentalmente Cataluña y el País Vasco, a las que por una razón sentimental se dotó de algo más de autogobierno que al resto –aunque luego se fueron igualando todas las autonomías-, aun sabiendo que al abrir esa puerta se corría el riesgo de que el nacionalismo nunca estuviera satisfecho, como así ha ocurrido.

La ‘cesión’ a la presión nacionalista se completó con una ley electoral que ha permitido que partidos realmente minoritarios en términos de representación nacional tengan, sin embargo, una presencia en el Parlamento que supera con mucho la que en justicia les toca, otorgándoles un papel moderador de la política nacional que no les pertenece en la medida que su anhelo nunca es el interés general, sino el particular que les caracteriza. Con todo, los constituyentes, conscientes del riesgo, siguieron adelante confiados en que la firmeza de principios de los partidos nacionales llamados a gobernar España –el PSOE por la izquierda y la UCD, primero, y el PP, después, por el centro-derecha- nunca les llevaría a traicionar la Constitución y el espíritu unitario que la impregna. Hasta que llegó Rodríguez. Seguramente los padres de nuestra Carta Magna nunca pudieron imaginar que alguna vez este país pudiera estar gobernado por un hombre sin principios y absolutamente dispuesto a todo por el poder, pero así ha sido. Lo cierto es que durante toda la Transición y los distintos gobiernos que la han protagonizado, la unidad de la Nación ha sido de las pocas cosas que ha logrado importantes consensos, de tal manera que nunca se ha llevado a cabo reformas que afectaran al modelo territorial sin el concurso de las dos principales fuerzas políticas, fueran estas reformas estatutarias o legislativas.

«Tal era su entrega a la ofensiva nacionalista, que los primeros borradores del Estatuto implicaban, en la práctica, la separación definitiva de Cataluña de España.»

Pero al final de la última legislatura del PP las cosas empezaron a cambiar. El proceso de traición al espíritu constitucional se puso en marcha con el Pacto del Tinell, avalado por Rodríguez, todavía en la oposición, y se completó a partir de 2004, aunque todavía las dos principales fuerzas políticas llegaron a un último acuerdo en esta materia: parar el Plan Ibarretxe, pero no por convicción de Rodríguez, sino porque no le convenía a sus planes que el País Vasco se adelantara a Cataluña. Superado ese escollo, Rodríguez –el Rodríguez que dijo aquello de que respaldaría el Estatuto que saliera del Parlamento de Cataluña- abrió la puerta al proceso secesionista catalán, impulsado por un Partido Socialista que, traicionando su propia idea de España, en aquella comunidad se hizo más nacionalista que el propio nacionalismo –algo que, por cierto, ya hizo en otras fechas de infausto recuerdo hace un siglo-. De hecho, tal era su entrega a la ofensiva nacionalista, que los primeros borradores del Estatuto implicaban, en la práctica, la separación definitiva de Cataluña de España. Consciente de que ni su propio partido aceptaría semejante reto, se propuso rebajar el tono de la reivindicación y, dejando de lado a los socios de su partido en el Tripartido, pactó con Artur Mas, en aquella famosa noche en que ambos se fumaron un cartón de Marlboro, un nuevo Estatuto más dulcificado pero que, en la práctica, era tan inconstitucional y tan provocador como lo que proponía ERC con palabras más gruesas.

El Estatuto se aprobó en las Cortes –pese a que muchos socialistas votaron tapándose la nariz- y en un referéndum que puso de manifiesto el escaso interés de la sociedad catalana por el asunto. Entonces no solo el PP, sino también otras instituciones, recurrieron ante el TC una norma que claramente suponía una reforma encubierta de la Constitución sin los trámites obligados para llevarla a cabo. Lo primero que hay que decir es que tanto el PP, como el resto de los recurrentes, cumplen una doble obligación moral, la de responder a la demanda de una parte muy importante de la sociedad española, y la de hacer valer la ley y el Estado de Derecho, razón por la que no puede ser censurable su actitud salvo que se haga desde una posición sectaria y, como bien dijo el jueves la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, fascista. Y es que, independientemente de lo ofendidos que se sientan algunos, cuando a un partido político o un grupo de personas se les pretende negar el derecho a discrepar, eso se llama fascismo, lo miren por donde lo miren. Y el caso es que, finalmente, después de una eternidad, el TC le ha venido a dar la razón al PP: había motivo para presentar el recurso, y eso es probablemente lo que más les ha incordiado. La sentencia, para que voy a negárselo a ustedes, deja mucho que desear, porque abre muchas puertas a que Cataluña mantenga una relación con España diferente a la del resto de Comunidades Autónomas, pero al menos anula los capítulos más secesionistas del Estatuto.

Si todo esto se quedara así, y se emplazara a un debate posterior, cuando en este país las aguas bajen más tranquilas, ya no esté Rodríguez en el poder y se pueda entonces hablar de una reforma de la Constitución que sirva para blindar al propio Estado de estas ofensivas nacionalistas, podríamos decir que bien está lo que, probablemente, bien acabe. Pero no es así. Lejos de dejar reposar la sentencia –a la espera de conocer la parte interpretativa de la misma-, el presidente Rodríguez se ha mostrado dispuesto a ir más allá y, como le pide Montilla, desarrollar la parte anulada del Estatuto por la puerta de atrás, es decir, mediante leyes que vulneren claramente la doctrina del Tribunal Constitucional. De nuevo nos encontramos en manos de un irresponsable que, dispuesto a todo por mantenerse en el poder, quiere hacer saltar por los aires el Pacto Constitucional y el modelo de Estado. Miren, cuando algunos advertimos de que este tipo de aventuras son peligrosas porque rompen la unidad de la Nación, no lo decimos por decir, ni pretendemos con ellos que esa ruptura se vaya a visualizar en un mapa distinto del territorio nacional. No, miren, esa ruptura se produce cuando resulta que un ciudadano español no puede hablar en su idioma natal en Cataluña, ni rotular en su tienda en castellano, ni ver una película de cine doblada al español. Y el único responsable de que el Estado haya dado un paso atrás y haya cedido en sus funciones de defensa de la legalidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos en aquella región, se llama José Luis Rodríguez Zapatero.

El Confidencial - Opinión

Huelga. El cinismo de CCOO. Por Emilio J. González

Quien no respeta los servicios mínimos incumple la ley y quien incumple la ley debe ser castigado por ello. Es así cómo funcionan las cosas en un estado de derecho, por mucho que esto no les guste a los sindicatos.

Si uno escucha lo que dicen los sindicatos y no tiene en cuenta otras cosas, o simplemente no se para treinta segundos a pensar en lo que se dice, pensaría que los huelguistas del metro de Madrid y los sindicatos que les han arrastrado a una huelga tan salvaje como política son unas hermanitas de la caridad. Nada más lejos de la realidad. Quienes convocaron el paro, quienes decidieron incumplir los servicios mínimos, sabían muy bien lo que hacían y lo que pretendían, que no era otra cosa que desgastar al Gobierno de Esperanza Aguirre. No merecen ninguna disculpa por ello.

Lo primero que han hecho estos angelitos ha sido tachar a Aguirre de "hitleriana" y "fascista", unos adjetivos injustos para con la presidenta de la Comunidad de Madrid que, por lo visto, solo la izquierda española está legitimada para utilizar, porque cuando los ha empleado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en referencia al presidente de la Generalitat, José Montilla, por su actitud dictatorial en relación con el Estatut de Cataluña y la sentencia del Tribunal Constitucional, estos ‘paladines’ de la libertad se le han echado encima cargados de ira. Valiente ejercicio de cinismo.

El ‘pecado’ de Aguirre ha consistido, ni más ni menos, que en aplicar en la Comunidad de Madrid lo que el Gobierno de Zapatero ha aprobado para toda España, que no es otra cosa que la rebaja salarial del 5% a los empleados públicos, frente a la cual nuestros sindicatos subvencionados han preferido mirar hacia otra parte en lugar de convocarle a ZP la huelga que le han preparado a Aguirre. Dicen los sindicatos que el presidente del Gobierno ha dejado fuera del recorte salarial a los empleados de las empresas públicas. Eso es simplemente porque teme la reacción de los sindicatos, pero si hay que reducir el déficit público, hay que hacerlo con todas las consecuencias, sin andarse con chiquitas y sin excepciones de naturaleza política. Esta ha sido la forma de actuar de Aguirre, que tiene lo que a ZP y a muchos otros políticos españoles les falta, por la cual se ha ganado las iras de unos sindicatos que no representan a los parias de la Tierra, a los desposeídos, sino a las castas privilegiadas.

De casta privilegiada es, precisamente, como se puede definir a los conductores del metro de Madrid, los que decidieron incumplir los servicios mínimos decretados por la Comunidad y tomar como rehenes para sus intereses políticos a los ciudadanos. Porque mientras la mitad de los españoles no llega a los 12.000 euros al año, según los datos de la Agencia Tributaria, y el 75% no pasa de los 30.000 euros, ellos superan este nivel con holgura y, encima, tienen garantizado el puesto de trabajo de por vida. Por defender a estos ‘señoritos’ es por lo que los sindicatos han montado la que han montado, mientras millones y millones de españoles no tienen ni trabajo ni empleo. Ante ese drama social, CCOO y UGT callan. Vaya cinismo.

Dicen los de CCOO que la Comunidad de Madrid dictó unos servicios mínimos ilegales a sabiendas de que lo son. ¿Ilegales? Si no me falla la memoria, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo que unos servicios mínimos del 50% en el transporte público se ajustaban a la legalidad. Entonces, ¿de qué están hablando? Pues de lo de siempre, de querer imponer a todo el mundo su santa voluntad, digan lo que digan los demás, sin importarles ni un pimiento los derechos de las personas, entre ellos el de no querer hacer huelga, derecho que vulneran una y otra vez esos mal llamados piquetes informativos. Quien no respeta los servicios mínimos, por tanto, incumple la ley, y quien incumple la ley debe ser castigado por ello. Es así cómo funcionan las cosas en un estado de derecho, por mucho que esto no les guste a los sindicatos. Por este mismo motivo, no se debe readmitir a aquellos trabajadores que incumplieron o forzaron el incumplimiento de los servicios mínimos. Es más, el Gobierno de Esperanza Aguirre, y todo el Partido Popular, deben mantenerse firmes en esa postura porque, de no hacerlo, en el futuro tendrán que soportar más huelgas políticas que sólo buscan alejarles del poder porque quienes las convoquen sabrán perfectamente que, hagan lo que hagan, no tendrán después responsabilidad alguna ni se verán obligados a asumir las consecuencias de sus actos. Donde impera la libertad, conductas como las que están manifestando los sindicatos estos días en Madrid son inadmisibles. Aquí también deberían serlo.

Libertad Digital - Opinión

La desnacionalización. Por Ignacio Camacho

El difuso proyecto político de ZP se ha basado desde el principio en la descreencia del concepto de nación española.

AUNQUE ha sido la crisis económica el factor determinante del desplome de Zapatero en la opinión pública, desnudando ante la mayoría de los ciudadanos españoles y los dirigentes extranjeros su incompetencia como gobernante y su frívola temeridad política, el doble mandato zapaterista contiene un elemento mucho más pernicioso que su manifiesta incapacidad para hacer frente a una profunda quiebra social y financiera: la desvertebración del Estado que tenía la responsabilidad de dirigir como primer ministro. El pésimo manejo de la recesión sólo demuestra al fin y al cabo su falta de preparación para ejercer la responsabilidad de Gobierno, una clamorosa ineptitud que cuestiona los filtros de selección de la vida pública española; la desnacionalización de España, sin embargo, constituye una estrategia de grave inconsciencia que ha comprometido, por intereses tácticos de corto vuelo, la urdimbre que sostenía la cohesión de nuestra sociedad democrática.

El Estatuto catalán es la pieza clave de esa intención disgregadora, afortunadamente embridada por el Tribunal Constitucional en una sentencia que al menos fija doctrina sobre unos mínimos infranqueables que el presidente permitió rebasar para establecer una alianza de intereses con los grupos soberanistas. Su difuso proyecto político se ha basado desde el principio en la descreencia del concepto de nación española, que todavía siendo jefe de la oposición consideró «discutido y discutible». Una vez en el poder aplicó ese relativismo suicida hasta unos términos nihilistas que suponían de hecho la transformación del modelo constitucional en un vago territorialismo confederativo, aflojando de forma decidida —mediante una oleada de reformas estatutarias regionales— los pernos que sujetaban desde 1978 el equilibrio del Estado de las autonomías. Para ello no tuvo reparos en mentir y engañar a unos y a otros, incluyendo a los propios nacionalistas, sorteando los obstáculos que él mismo levantaba con fintas improvisadas que han ido cuarteando las reglas y compromisos de la convivencia colectiva. Todavía esta semana, enfrentado a la realidad de un veredicto que pone freno a parte de su deriva fragmentadora, se ha permitido decir que el Estatuto es «básicamente» constitucional —como si un presidente pudiese conformarse con eso— y que da por cumplido el impreciso objetivo que le llevó a abrir la demencial carrera de soberanismo a la carta.

No parece, empero, que la exigencia del nacionalismo catalán se conforme ahora con el recorte del impulso al que dio alas la irresponsable dejación de las funciones presidenciales. Los primeros indicios apuntan a que, lejos de cerrar la desconstitucionalización encubierta, Zapatero se dispone a entregar, para mantenerse a flote, nuevas concesiones que avancen en esa inquietante deriva sin freno.

ABC - Opinión

Alejamiento peligroso

De la encuesta que hoy publica LA RAZÓN en torno a los efectos que ha tenido en la opinión pública el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán se desprende un preocupante divorcio de percepción entre los catalanes y el resto de los españoles. Es comprensible, y a nadie debería extreñar, que existan diferencias de sensibilidad y que la emotividad se exprese a veces de manera opuesta. Pero lo que se deja traslucir a propósito del Estatuto va más allá y ningún político o gobernante responsable debería archivarlo a beneficio de inventario y, menos aún, aprovecharlo para sacar tajada partidista. La encuesta tiene especial interés cuando plantea una pregunta clave: ¿a quién perjudica más la sentencia, a Zapatero o a Rajoy? Las respuestas son muy nítidas: la mayoría de los españoles estima que el más perjudicado es el presidente del Gobierno, que se erigió en el gran impulsor del Estatuto, mientras que en Cataluña se considera que el peor parado es el líder del PP, aunque el TC le haya dado en parte la razón y, sobre todo, haya avalado su decisión de recurrir. Más allá de la valoración ad hóminem, lo que subyace a estas respuestas es que el Estatuto catalán se ha vendido como un pulso entre el PP y el PSOE, en vez de lo que fue: una respuesta que los socialistas ofrecieron a las demandas nacionalistas para garantizarse el poder tanto en Madrid como en Barcelona. Las alianzas tejidas en torno a la reforma son las mismas que han permitido a Zapatero estos seis años de gobierno y a Montilla, los últimos cuatro. En vez de abordarse con el espíritu de consenso que configuró el mapa autonómico hace treinta años, con el apoyo de los dos grandes partidos nacionales, el nuevo Estatuto se planteó como un trágala al centro derecha, sobrepasando las costuras del traje constitucional. Esta polarización premeditada y alimentada por intereses partidistas ha hecho mella en la sociedad catalana, hasta el punto de que hoy, cuatro años después de abierto el proceso, el distanciamiento con el resto es mucho más acusado, más agrio y más visceral. Así lo atestigua, por ejemplo, el hecho de que la gran mayoría de los españoles encuestados esté conforme con el actual desarrolo autonómico, mientras que una mayoría catalana reclame más soberanía. Todo ello nos lleva a redoblar el llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad que venimos haciendo desde que se publicó el fallo del Tribunal Constitucional. Salvo los que se aferran dogmáticamente a sus errores, como el PSOE, todas las demás fuerzas políticas coinciden en que esta reforma estatutaria ha sido una experiencia nefasta para la convivencia, negativa para la salud del Estado y desestabilizadora para Cataluña. En contra de lo que prometió Zapatero, que acusaba a Aznar de envenenar la convivencia con los nacionalismos, hoy existe más crispación, más suspicacias y más incomprensión mutua que entonces. Pero llegado a este punto, se debe exigir a los socialistas, como gobernantes en ambas orillas, que actúen con sentido de Estado, no azuzen más a una sociedad catalana necesitada de otras políticas para salir de la crisis, y retomen el camino del consenso constitucional con el PP, que nunca debieron abandonar por cordones sanitarios y pactos de exclusión.

La Razón - Editorial

Un semestre europeo a la altura de Zapatero

A pesar de que desde el Gobierno se ha calificado de sobresaliente la gestión de Zapatero en su semestre presidencial, su imagen ha sido la de un político mediocre, superado por las circunstancias e incapaz de proponer una idea válida sobre economía.

José Luis Rodríguez Zapatero recogió el pasado mes de enero el testigo de la presidencia rotatoria de la Unión Europea, entregado por el ministro de Asuntos Exteriores de Suecia. Sobrecogido por la magnitud del desastre de su gestión económica y con la vista puesta en las elecciones autonómicas y locales del año próximo, Zapatero entendió que era la ocasión propicia para compensar sus errores domésticos ofreciendo a los españoles la imagen de un político respetado en Europa y al mando de sus instituciones.

Nada más lejos de la realidad. Sólo comenzar su turno presidencial, quedó sobradamente evidenciado el escaso peso de Zapatero en los esquemas de toma de decisiones de la Unión Europea, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la crisis económica. El ninguneo de Zapatero se veía agudizado por la existencia de un cargo permanente desempeñando las mismas funciones que el presidente de turno, pero no es ya que las opiniones de Zapatero para combatir la crisis, el objetivo fundamental de la UE, no le hayan importado a nadie fuera de nuestras fronteras, sino que ni siquiera el contenido más liviano de su voluntariosa agenda europea ha tenido el más mínimo resultado.

Sin ir más lejos, mientras los presidentes rotatorio y permanente competían para llevarse a su país la cumbre UE-EEUU, Obama decidía que tenía cosas más importantes que hacer en su país, de forma que los réditos en imagen pública que hubiera producido una foto de suya con Zapatero en Madrid desaparecieron por voluntad del presidente norteamericano.

Tras este primer sofoco, y a la vista de que las decisiones importantes en materia económica –algunas de la trascendencia del rescate de Grecia– se tomaban sin contar no ya con su opinión, sino tan siquiera con su presencia simbólica, Zapatero se puso su uniforme de feminista para intentar que la UE validara dos ideas de Bibiana Aído relativas a la violencia doméstica: la creación de un observatorio europeo sobre la violencia contra las mujeres y la aprobación de una orden europea de protección para las mujeres maltratadas. Nuevamente sus propuestas fueron rechazadas con el recado piadoso de que ya existen suficientes "observatorios" europeos y, en cuanto a la parte legislativa, la unificación de la normativa en materia de apoyo a estas víctimas cuenta con el obstáculo insalvable de las diferencias técnicas y jurídicas entre las normas internas de todos los estados miembros.

A pesar de que los miembros del gobierno han calificado de sobresaliente la gestión de Zapatero en su semestre presidencial, con un voluntarioso Moratinos calculando que los objetivos previstos se habían cumplido al cien por cien, la imagen que el presidente del Gobierno ha ofrecido a Europa y al resto del mundo ha sido la de un político mediocre, superado por las circunstancias e incapaz de proponer una idea válida para solucionar los graves problemas que padece la economía internacional.

En la escena doméstica, el fracaso de Zapatero no supone ninguna sorpresa porque, tras seis años dirigiendo el país, todos los españoles conocen sobradamente la capacidad del personaje. Para su desgracia, y gracias a este semestre en la presidencia europea, ahora también lo saben en toda la UE.

Libertad Digital - Editorial

Sindicatos fallidos

UGT y CC.OO. deberían reflexionar sobre la desafección notoria de un sector muy amplio de las clases trabajadoras hacia sus teóricos representantes.

DE acuerdo con la Constitución, los sindicatos son un elemento básico del Estado social y democrático de derecho en tanto que contribuyen a la defensa de los intereses que le son propios. Así pues, se trata de una institución esencial para encauzar las reivindicaciones legítimas de los trabajadores en una sociedad dinámica y desarrollada. Aquí y ahora, la opinión pública exige a los sindicatos que cumplan de forma adecuada sus funciones, sin someterse a las conveniencias de los partidos más o menos afines. Por ello, muchos ciudadanos muestran perplejidad e indignación ante la desviación intolerable con respecto a estas reglas básicas por parte de UGT y CC.OO. En efecto, lo mismo que un sector de la clase política se distancia de las preocupaciones de los ciudadanos, es fácil percibir que algunos dirigentes sindicales dan prioridad al interés particular de la organización sobre la defensa objetiva de los trabajadores.

Unos y otros han sido cómplices de Rodríguez Zapatero durante demasiado tiempo, contribuyendo a una política económica errática que ha disparado el paro hasta niveles inaceptables. En las negociaciones sobre la imprescindible reforma del mercado laboral, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo han mostrado actitudes inflexibles, propias de ideologías trasnochadas y de una concepción de sindicato como gestor de privilegios ya consolidados. Cuando el Ejecutivo —forzado por la situación de emergencia— aprueba el decreto ley de reforma, los líderes sindicales mueven ficha con sospechosa lentitud mediante la convocatoria de una huelga general a medio plazo.
Por ahora, las amenazas de romper la paz social solo se concretan en la huelga salvaje desarrollada en el Metro de Madrid que se dirige políticamente contra un gobierno del PP. Así las cosas, UGT y CC.OO. deberían reflexionar sobre la desafección notoria de un sector muy amplio de las clases trabajadoras hacia sus teóricos representantes. Así lo ponen de manifiesto la asistencia muy reducida a las manifestaciones que convocan, el fracaso sin paliativos de la huelga en el sector público o las críticas en voz alta a la función de los «liberados» sindicales, cada vez más alejados del ámbito diario en que desarrollan su labor muchos millones de trabajadores y, por supuesto, de los parados que carecen de expectativas a corto plazo. Los sindicatos no son correo de transmisión de los partidos políticos ni agentes de unos intereses parciales, sino organizaciones con una larga trayectoria histórica que deberían estar a la altura de las circunstancias para contribuir a encauzar esta grave crisis económica.

ABC - Editorial