El cabreo de la izquierda. Por José María Carrascal

Zapatero ha demostrado de la forma más palpable que la izquierda no tiene fórmulas para cuando vienen mal dadas.

SI ustedes creen que los madrileños están cabreados, no saben cómo está el resto de los españoles. Me he tragado mil y pico de kilómetros hasta uno de los extremos de la Península y por todas partes no he encontrado más que indisimulada indignación, solo suspendida durante los partidos del Mundial. Lo más curioso es que se trata de una cólera que no distingue de sexos, de edades, de estatus económico, de niveles culturales, de regiones ni, esto es lo más gordo, de filiaciones políticas. No he visto ni oído a nadie alabar al gobierno, e incluso los socialistas de toda la vida, aquellos amigos que ya en la adolescencia eran de izquierda, no se atreven a defenderle, notándose en ellos una furia sorda, una rabia contenida, una desazón personal, que nada tiene que envidiar a la de los conservadores declarados, mucho menos imaginativos, que se limitan a llamar a Zapatero «marxista-leninista» y algún otro adjetivo personal impublicable.

Esto es nuevo. El presidente del Gobierno ha conseguido no ya desilusionar, sino irritar a la izquierda más genuina, que nunca votaría derecha e incluso es posible vuelva a votarle, pero será tapándose las narices y no mirándose al espejo en unos cuantos días. He tenido ocasión de charlar con algunos de ellos, aunque prefieren obviar el tema y si bien manejan los argumentos más simples como escudo —la nula colaboración del PP en una emergencia nacional, las culpas del neoliberalismo desbordado en la crisis—, en cuanto uno escarba, se da cuenta de que al fondo hay un cabreo enorme por haber sido estafados. Zapatero les ha traicionado, les ha embaucado, les ha hecho hacer el ridículo, que es lo que menos aguanta un español de izquierdas, derechas o de centro, si hay alguno de centro.

Zapatero ha demostrado de la forma más palpable que lo del socialismo-social es un cuento, que la izquierda no tiene fórmulas para cuando vienen mal dadas, que lo único que sabe hacer es derrochar el dinero acumulado por la derecha, hacer nuevos ricos al amparo del gobierno, convertir la cultura en un pesebre, crear una generación de ignorantes y despreocuparse de los trabajadores que verdaderamente lo necesitan: aquellos con empleo temporal o en paro. Esas son las vergüenzas de Zapatero que la crisis ha dejado al descubierto, eso es lo que pone roja de ira a la izquierda, que aprieta los dientes y arroja venablos envenenados contra todo y contra todos en tertulias de café y de la radio, en periódicos de la capital y de provincias, conteniéndose, eso sí, en el último segundo para no pedir su dimisión. Y es que la izquierda de hoy es todavía más hipócrita que la derecha de ayer.

ABC - Opinión

Sócrates envenena el mercado

La semana que comiezan se presenta como decisiva para que se desbloquee la accidentada venta a Telefónica de Vivo, una de las principales empresas de telefonía móvil de Brasil, con más de 50 millones de clientes. El Tribunal de Luxemburgo debe pronunciarse este jueves sobre el insólito veto impuesto a la operación por el Gobierno de Portugal, que preside el socialista José Sócrates, al utilizar la obsoleta e ilegal «acción de oro» en contra de la decisión que adoptó el 73,9% del accionariado. La operación de compraventa fue planteada hace varias semanas por la compañía española a Portugal Telecom (PT), copropietaria al 50% de Vivo. Desde entonces, ambas empresas han mantenido un tira y afloja por la valoración y Telefónica fue subiendo su oferta desde los 5.700 millones iniciales hasta los 7.150 que puso encima de la mesa horas antes de que la junta general de accionistas de PT se reuniera para votar la operación. Todo se desarrollaba dentro de los habituales cauces legales y mercantiles, como corresponde a dos grandes compañías, y se habría culminado una compraventa muy beneficiosa para ambas partes si no se hubiera entrometido inesperadamente el Gobierno portugués. Por motivos que todavía no ha explicado de modo convincente, pues se ha escudado en la manoseada excusa de «los intereses nacionales», el primer ministro Sócrates decidió oponerse a la voluntad mayoritaria de los accionistas de PT y emplear la llamada «acción de oro», un mecanismo de veto que la UE ha declarado ilegal, pero que subsiste de manera residual aunque ya nadie la utilice. El revuelo causado por esta invasión gubernamental llegó hasta el corazón de Bruselas e incluso los medios de comunicación lusos la calificaron de «extorsión» y de «indecencia propia de un país subdesarrollado». Si los mecanismos comunitarios responden como es debido y estiman los recursos interpuestos por Telefónica, la compraventa de Vivo llegará a buen puerto, por más que el Gobierno intervencionista de Sócrates se empeñe en ponerle puertas al campo o en romper la baraja con la que se juega en Europa. Pero este lamentable episodio ha puesto de relieve que la unidad de mercado en la UE tropieza demasiado a menudo con la arbitrariedad y prepotencia de ciertos gobernantes, que suelen utilizar a compañías connacionales para sus estrategias políticas, casi siempre contrarias al libre mercado. Además, el veto de Sócrates envenena las relaciones con España al establecer un precedente del que nada bueno se puede derivar para ambas naciones. Hasta ahora, el Gobierno de Zapatero ha mantenido una prudente distancia, sintetizada en una declaración del ministro de Industria de que se trataba de «una decisión soberana» de Portugal. Sería deseable que, aun contando con que el Tribunal de Luxemburgo dé la razón a Telefónica, Sócrates recondujera la situación creada y devolviera las aguas del libre comercio a su cauce antes de que los daños sean irreversibles. En la Europa comunitaria no hay impunidad para quienes rompen las reglas del juego y Portugal no está, precisamente, en la mejor de las posiciones para tales audacias irresponsables.

La Razón - Editorial

Los silencios cómplices de Rajoy y Zapatero

La oposición a la marcha nacionalista resulta imprescindible, porque la nación española es algo más que el colectivo al que pueden adscribirse éxitos deportivos: es la base de nuestras libertades.

El presidente del Gobierno y el líder de la oposición han tratado, cada uno a su manera, de pasar página una vez hecho público el fallo del Estatut. Ambos abogan por "mirar al futuro" y tratan de aparentar que con la sentencia del Constitucional el estado de las autonomías queda plenamente normalizado y estabilizado. A Zapatero le interesa desviar la atención de un texto que él mismo promovió a sabiendas de que era claramente inconstitucional en la gran mayoría de su articulado. Rajoy, más interesado en llegar al poder a lomos de los nacionalistas que en preservar la democracia, trata de hacernos olvidar las cinco millones de firmas contra el Estatut que recogió por todos los rincones de España.

Y, sin embargo, si algo no ha logrado el fallo del Constitucional ha sido calmar los ánimos de aquellos a quienes se quiso contentar con el Estatut primero y con una absurda sentencia después. Los nacionalistas de todos los partidos, incluyendo esa sucursal catalana del PSOE que es el PSC de Montilla y Chacón, han convocado una manifestación para el próximo sábado no ya contra el Constitucional, sino contra la legitimidad misma que tiene el soberano pueblo español para retocar cualquier texto aprobado por el parlamento catalán. Es decir, el objeto de la marcha del 10 de julio no es el de exhibir las discrepancias de tipo jurídico sobre la sentencia, como muchos ingenuos quieren pensar, sino socavar la mismísima soberanía del pueblo español. De ahí que Montilla llame a los catalanes a "envolverse en la señera", transformando los símbolos regionales de Cataluña en todo un ariete contra las instituciones políticas de España.

Teniendo en cuenta que no sólo las Cortes y el Gobierno de España o el parlamento y el gobierno catalán, sino también todo el régimen jurídico que supuestamente garantiza los derechos y libertades de los españoles, dependen de la Constitución del 78 que, a su vez, se funda sobre la soberanía nacional, sería deseable y exigible que Zapatero y Rajoy defendieran con más ahínco la legalidad vigente frente a la deriva insurreccional en la que ha caído la mayor parte de la casta política catalana. Hasta la fecha, PP y PSOE evitan hacer cualquier referencia a la marcha nacionalista, como si lo que pasara en Cataluña formara parte del folclore regional.

Sin embargo, la condena y oposición a la misma resultan imprescindibles porque, como decimos, la nación española es algo más que el colectivo al que pueden adscribirse éxitos deportivos: es la base de nuestras libertades. Los liberales de Cádiz lo tenían bien claro ya en 1812 y así lo plasmaron en el artículo 3 de nuestra primera constitución: "La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales".

Permitir que un grupo de presión organizado, como son los nacionalistas, trocee y rehaga a su gusto esa Nación es permitirles que nos impongan las leyes que les plazcan; es, en contra de lo que establecía el artículo 2 de la Pepa, convertir la Nación y nuestras libertades en el patrimonio de una casta.

PSOE y PP están obligados a defender a la soberanía nacional de cualquier banda que pretenda subyugarla. El problema es que muy probablemente Zapatero y Rajoy son, junto a los nacionalistas, los primeros interesados en subvertir y patrimonializar el orden constitucional. La limitación del poder les incomoda. Es mucho más fácil negociar y entenderse con los señores feudales de las regiones de España que rendir cuentas ante el pueblo soberano. Zapatero así lo viene demostrando desde 2004 y Rajoy parece que comprendió la lección cuatro años después.

Libertad Digital - Editorial

El efecto dominó del Estatut

La sentencia del TC también condicionará futuras reformas estatutarias, porque marca los límites constitucionales del desarrollo autonómico.

CUANDO se conozca el texto de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, podrá valorarse su incidencia en la cadena de reformas estatutarias que puso en marcha el PSOE y en la que participó el Partido Popular de manera decisiva allí donde los socialistas no antepusieron sus pactos con los nacionalistas. Aquella oleada de reformas de estatutos fue forzada por la necesidad del PSOE de dar cobertura a la del catalán, lo que puso al Estado autonómico en una carrera de agravios, como se ha visto, por ejemplo, en relación con el agua. La participación del PP en esas reformas, criticada por algunos sectores, fue un ejercicio de pragmatismo que evitó su marginación de unos procesos legislativos que, en todo caso, iban a producirse. En la encuesta que ha realizado ABC entre diversos presidentes autonómicos, es unánime la opinión de que el Estado de las Autonomías se ha reforzado en el sentido previsto por la Constitución, es decir, como organización territorial del Estado español y sobre la base de la unidad de la nación española. Y, en general, la encuesta denota alivio político por el reequilibrio impuesto por el TC al recortar el Estatuto catalán. La falta de conocimiento de la sentencia del TC impide mayores concreciones a los presidentes encuestados, pero entre los del PP hay un claro respaldo al recurso presentado por su partido, que lo consideran justificado por el hecho de que haya más de cuarenta artículos del Estatuto catalán afectados por la resolución. Incluso, como destaca el presidente valenciano, Francisco Camps, quedan aún pendientes otros recursos que pueden aportar más precisiones a la sentencia del Estatuto. La Comunidad Valenciana ha impugnado este Estatuto por sus previsiones sobre el agua y el régimen de financiación autonómica, asuntos que, para muchos españoles, fueron despachados en el Estatuto catalán con criterios privilegiados y discriminatorios.

La sentencia del TC también condicionará futuras reformas estatutarias, porque marca los límites constitucionales del desarrollo autonómico. Uno de los Estatutos que no pudo ser reformado en la anterior legislatura fue el gallego, por el empeño del gobierno social-nacionalista de Pérez Touriño de dar a Galicia el tratamiento de nación, cuestión que ya queda zanjada con la sentencia del TC al negar cualquier relevancia jurídica a la inclusión de este término para definir a una comunidad autónoma. Sin embargo, la reforma estatutaria no parece ser una prioridad inmediata del actual presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, quien, con buen criterio, prefiere centrarse en la superación de la crisis. Es evidente que la sentencia del TC ha reforzado el discurso nacional y homogéneo del PP, por más que la versión oficial del Gobierno hable puerilmente de «derrota» de los populares.

ABC - Editorial

Ventanas. Internet machaca a los huelguistas. Por Antonio José Chinchetru

Internet puso a los dirigentes sindicales frente a los ciudadanos y estos les dieron hasta en el carné de identidad. Será interesante ver cuándo se atreven a someterse a otro chat.

Permítame, estimado lector, que comience este artículo con una expresión castiza. Los internautas han dado a los huelguistas hasta en el carné de identidad. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y el unas horas después "capo" de los sindicalistas del Metro de Madrid, Vicente Rodríguez, aceptaron participar en sendos chats con los lectores de un destacado periódico y hablar de la huelga salvaje en el suburbano. El resultado no pudo ser peor para ambos.

Suponemos que acostumbrados a la suavidad con la que se suele tratar a los representantes sindicales en los medios de comunicación, no debían de imaginar que el enfado de los ciudadanos es monumental. Mientras en las televisiones pululan periodistas que en las tertulias siguen tratando de justificar el castigo colectivo al que los sindicatos han sometido a los ciudadanos madrileños por tener a Esperanza Aguirre de presidenta, los internautas se erigieron como portavoces de la sociedad española. La mayor parte de las preguntas a las que tuvieron que hacer frente Toxo y Rodríguez, aquel que amenazaba con "reventar Madrid", demostraban lo evidente. Quienes viven o trabajan en la capital de España se sienten víctimas de una extorsión sindical.

Ambos sindicalistas usaron el tono habitual en ellos. Se autoerigían en representantes de unos trabajadores que no les consideran como tales y trataban de demonizar a todos aquellos que no les dan la razón. Sin embargo, por una vez estaban realmente expuestos a la opinión pública. No eran unos periodistas más o menos complacientes los que les interrogaban. Los que preguntaban y también acusaban eran ciudadanos normales que no se sentían atados por esa corrección política que lleva a considerar a los sindicatos como unos "agentes sociales" a los que se debe tratar con sumo cuidado y hasta cariño.

Gracias a internet, a estos chats, por una vez los sindicalistas han escuchado lo que no suelen querer oír. Lo que en ellos se les dijo es lo mismo que se comenta en las colas de la compra, las paradas de autobús, las conversaciones de bar o los diálogos de las salas de estar de numerosos hogares españoles. Y eso no es otra cosa que los sindicatos no representan a los trabajadores ni se preocupan por ellos.

A través de la red, decenas de internautas les dijeron a la cara lo que opinan millones de españoles. Les recordaron a los sindicalistas que no es aceptable una huelga salvaje que trastoca la vida de la mayor parte de los madrileños al tiempo que no hacen nada contra un Gobierno responsable de una tasa de paro escandalosa. Internet permitió que los sindicalistas tuvieran que aguantar que se les reprochara el papel de los "liberados" y la violencia de los piquetes. En definitiva, una par de chats bastaron para demostrar que los españoles están cansados de los mal llamados "representantes de los trabajadores".

Internet puso a los dirigentes sindicales frente a los ciudadanos y estos les dieron hasta en el carné de identidad. Será interesante ver cuándo se atreven a someterse a otro chat.

Libertad Digital - Opinión

Por el mar corren las liebres. Por José María Carrascal

Que el Gobierno intente burlar al Estado para congraciarse con los nacionalistas asombra y asusta.

QUE los nacionalistas traten de burlar al Estado es casi normal. Que lo intente el Gobierno para congraciarse con ellos, asombra y asusta. Pero es lo que intenta Zapatero, según El País, dispuesto a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir a las Autonomías tener su propio Consejo General del Poder Judicial, tachado por el Tribunal Constitucional del Estatut. Pese a que el propio Zapatero ha dicho que la sentencia «ponía fin al proceso de ampliación de la descentralización política». Pero lo que dice Zapatero no vale arriba de 24 horas. También su vicepresidenta primera ha dicho que la subida del IVA apenas tendría repercusión en los ciudadanos, después de decir la segunda que supondría recaudar 5.150 millones de euros más. ¿De dónde van a sacarlos? Porque el IVA sale del bolsillo de los españoles. Miente la una o miente la otra. Posiblemente, las dos, pues ni se recaudará tanto ni será tan liviano a los ciudadanos. Este gobierno está instalado en el engaño y la ocultación. Cada vez que uno de sus miembros abre la boca, miente, sin importarle contradecir a la realidad o a sí mismo, como acaba de ocurrir al presidente.

Lo más indignante es que nos toman por idiotas, incapaces de distinguir lo negro de lo blanco, el día de la noche. Claro que muy listos no debemos de ser cuando les hemos aguantado seis años. Pero hay diferencia entre la ingenuidad y la estupidez. Diferencia que se ha sobrepasado conforme la crisis avanzaba y apoderaba del país como una inmensa marea de chapapote. Porque a los españoles puede engañársenos, dada nuestra tendencia a dejar todo para mañana y no ocuparnos jamás de él. Pero al resto del mundo, no. ¿Cómo queremos que las agencias de calificación no rebajen la nota de España? ¿Cómo vamos a pagar una deuda cada vez mayor y más cara? ¿No se dan cuenta nuestros gobernantes de que al engañar a su pueblo, se están engañando a sí mismos, al tiempo que cavan la sepultura de todos? ¿Qué pretenden con prolongar la ficción de que las cosas están encauzadas con las medidas que han tomado, si al mismo tiempo se descalifican negando lo obvio y proclamando lo inviable? ¿No advierten nuestras vicepresidentas de que no pueden anunciar al mismo tiempo un aumento considerable de la recaudación fiscal y una incidencia mínima de la fiscalidad? ¿No se percata el presidente de que no puede aceptar la sentencia del TC y disparar un torpedo contra ella?

No sé si los niños cantan todavía aquello de «Vamos a contar mentiras/En el mar corren las liebres/y en el monte, las sardinas/tra,la,la». Sólo temo que, a este paso, no queden liebres ni sardinas en España.

ABC - Opinión

A España se le atraganta Cataluña. ¿Culpable? Rodríguez. Por Federico Quevedo

Cuando a la muerte del dictador los padres de la patria y autores de la Constitución se plantearon el nuevo modelo de Estado, llegaron a la conclusión de que frente al exceso de centralismo vivido en la dictadura, había que contraponer un modelo similar al federalismo existente en otros países como Estados Unidos, donde lo que prima es el acercamiento de la Administración a los ciudadanos por la vía de la descentralización política. El modelo casaba a la perfección con la idea de Estado liberal que fundamentó aquel proceso: un Estado abierto, plural, diverso y próximo al ciudadano, pero que en ningún caso se alejaba del principio esencial de unidad de la nación española. Se buscaba, en definitiva, la mayor participación de los ciudadanos en la vida política por la vía del acercamiento de ésta a la sociedad, al tiempo que se pretendía garantizar un mejor y más accesible servicio por parte de la burocracia administrativa. Esa idea descentralizadora se completó con un paso más que los constituyentes dieron en el caso de las llamadas comunidades históricas, fundamentalmente Cataluña y el País Vasco, a las que por una razón sentimental se dotó de algo más de autogobierno que al resto –aunque luego se fueron igualando todas las autonomías-, aun sabiendo que al abrir esa puerta se corría el riesgo de que el nacionalismo nunca estuviera satisfecho, como así ha ocurrido.

La ‘cesión’ a la presión nacionalista se completó con una ley electoral que ha permitido que partidos realmente minoritarios en términos de representación nacional tengan, sin embargo, una presencia en el Parlamento que supera con mucho la que en justicia les toca, otorgándoles un papel moderador de la política nacional que no les pertenece en la medida que su anhelo nunca es el interés general, sino el particular que les caracteriza. Con todo, los constituyentes, conscientes del riesgo, siguieron adelante confiados en que la firmeza de principios de los partidos nacionales llamados a gobernar España –el PSOE por la izquierda y la UCD, primero, y el PP, después, por el centro-derecha- nunca les llevaría a traicionar la Constitución y el espíritu unitario que la impregna. Hasta que llegó Rodríguez. Seguramente los padres de nuestra Carta Magna nunca pudieron imaginar que alguna vez este país pudiera estar gobernado por un hombre sin principios y absolutamente dispuesto a todo por el poder, pero así ha sido. Lo cierto es que durante toda la Transición y los distintos gobiernos que la han protagonizado, la unidad de la Nación ha sido de las pocas cosas que ha logrado importantes consensos, de tal manera que nunca se ha llevado a cabo reformas que afectaran al modelo territorial sin el concurso de las dos principales fuerzas políticas, fueran estas reformas estatutarias o legislativas.

«Tal era su entrega a la ofensiva nacionalista, que los primeros borradores del Estatuto implicaban, en la práctica, la separación definitiva de Cataluña de España.»

Pero al final de la última legislatura del PP las cosas empezaron a cambiar. El proceso de traición al espíritu constitucional se puso en marcha con el Pacto del Tinell, avalado por Rodríguez, todavía en la oposición, y se completó a partir de 2004, aunque todavía las dos principales fuerzas políticas llegaron a un último acuerdo en esta materia: parar el Plan Ibarretxe, pero no por convicción de Rodríguez, sino porque no le convenía a sus planes que el País Vasco se adelantara a Cataluña. Superado ese escollo, Rodríguez –el Rodríguez que dijo aquello de que respaldaría el Estatuto que saliera del Parlamento de Cataluña- abrió la puerta al proceso secesionista catalán, impulsado por un Partido Socialista que, traicionando su propia idea de España, en aquella comunidad se hizo más nacionalista que el propio nacionalismo –algo que, por cierto, ya hizo en otras fechas de infausto recuerdo hace un siglo-. De hecho, tal era su entrega a la ofensiva nacionalista, que los primeros borradores del Estatuto implicaban, en la práctica, la separación definitiva de Cataluña de España. Consciente de que ni su propio partido aceptaría semejante reto, se propuso rebajar el tono de la reivindicación y, dejando de lado a los socios de su partido en el Tripartido, pactó con Artur Mas, en aquella famosa noche en que ambos se fumaron un cartón de Marlboro, un nuevo Estatuto más dulcificado pero que, en la práctica, era tan inconstitucional y tan provocador como lo que proponía ERC con palabras más gruesas.

El Estatuto se aprobó en las Cortes –pese a que muchos socialistas votaron tapándose la nariz- y en un referéndum que puso de manifiesto el escaso interés de la sociedad catalana por el asunto. Entonces no solo el PP, sino también otras instituciones, recurrieron ante el TC una norma que claramente suponía una reforma encubierta de la Constitución sin los trámites obligados para llevarla a cabo. Lo primero que hay que decir es que tanto el PP, como el resto de los recurrentes, cumplen una doble obligación moral, la de responder a la demanda de una parte muy importante de la sociedad española, y la de hacer valer la ley y el Estado de Derecho, razón por la que no puede ser censurable su actitud salvo que se haga desde una posición sectaria y, como bien dijo el jueves la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, fascista. Y es que, independientemente de lo ofendidos que se sientan algunos, cuando a un partido político o un grupo de personas se les pretende negar el derecho a discrepar, eso se llama fascismo, lo miren por donde lo miren. Y el caso es que, finalmente, después de una eternidad, el TC le ha venido a dar la razón al PP: había motivo para presentar el recurso, y eso es probablemente lo que más les ha incordiado. La sentencia, para que voy a negárselo a ustedes, deja mucho que desear, porque abre muchas puertas a que Cataluña mantenga una relación con España diferente a la del resto de Comunidades Autónomas, pero al menos anula los capítulos más secesionistas del Estatuto.

Si todo esto se quedara así, y se emplazara a un debate posterior, cuando en este país las aguas bajen más tranquilas, ya no esté Rodríguez en el poder y se pueda entonces hablar de una reforma de la Constitución que sirva para blindar al propio Estado de estas ofensivas nacionalistas, podríamos decir que bien está lo que, probablemente, bien acabe. Pero no es así. Lejos de dejar reposar la sentencia –a la espera de conocer la parte interpretativa de la misma-, el presidente Rodríguez se ha mostrado dispuesto a ir más allá y, como le pide Montilla, desarrollar la parte anulada del Estatuto por la puerta de atrás, es decir, mediante leyes que vulneren claramente la doctrina del Tribunal Constitucional. De nuevo nos encontramos en manos de un irresponsable que, dispuesto a todo por mantenerse en el poder, quiere hacer saltar por los aires el Pacto Constitucional y el modelo de Estado. Miren, cuando algunos advertimos de que este tipo de aventuras son peligrosas porque rompen la unidad de la Nación, no lo decimos por decir, ni pretendemos con ellos que esa ruptura se vaya a visualizar en un mapa distinto del territorio nacional. No, miren, esa ruptura se produce cuando resulta que un ciudadano español no puede hablar en su idioma natal en Cataluña, ni rotular en su tienda en castellano, ni ver una película de cine doblada al español. Y el único responsable de que el Estado haya dado un paso atrás y haya cedido en sus funciones de defensa de la legalidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos en aquella región, se llama José Luis Rodríguez Zapatero.

El Confidencial - Opinión

Huelga. El cinismo de CCOO. Por Emilio J. González

Quien no respeta los servicios mínimos incumple la ley y quien incumple la ley debe ser castigado por ello. Es así cómo funcionan las cosas en un estado de derecho, por mucho que esto no les guste a los sindicatos.

Si uno escucha lo que dicen los sindicatos y no tiene en cuenta otras cosas, o simplemente no se para treinta segundos a pensar en lo que se dice, pensaría que los huelguistas del metro de Madrid y los sindicatos que les han arrastrado a una huelga tan salvaje como política son unas hermanitas de la caridad. Nada más lejos de la realidad. Quienes convocaron el paro, quienes decidieron incumplir los servicios mínimos, sabían muy bien lo que hacían y lo que pretendían, que no era otra cosa que desgastar al Gobierno de Esperanza Aguirre. No merecen ninguna disculpa por ello.

Lo primero que han hecho estos angelitos ha sido tachar a Aguirre de "hitleriana" y "fascista", unos adjetivos injustos para con la presidenta de la Comunidad de Madrid que, por lo visto, solo la izquierda española está legitimada para utilizar, porque cuando los ha empleado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en referencia al presidente de la Generalitat, José Montilla, por su actitud dictatorial en relación con el Estatut de Cataluña y la sentencia del Tribunal Constitucional, estos ‘paladines’ de la libertad se le han echado encima cargados de ira. Valiente ejercicio de cinismo.

El ‘pecado’ de Aguirre ha consistido, ni más ni menos, que en aplicar en la Comunidad de Madrid lo que el Gobierno de Zapatero ha aprobado para toda España, que no es otra cosa que la rebaja salarial del 5% a los empleados públicos, frente a la cual nuestros sindicatos subvencionados han preferido mirar hacia otra parte en lugar de convocarle a ZP la huelga que le han preparado a Aguirre. Dicen los sindicatos que el presidente del Gobierno ha dejado fuera del recorte salarial a los empleados de las empresas públicas. Eso es simplemente porque teme la reacción de los sindicatos, pero si hay que reducir el déficit público, hay que hacerlo con todas las consecuencias, sin andarse con chiquitas y sin excepciones de naturaleza política. Esta ha sido la forma de actuar de Aguirre, que tiene lo que a ZP y a muchos otros políticos españoles les falta, por la cual se ha ganado las iras de unos sindicatos que no representan a los parias de la Tierra, a los desposeídos, sino a las castas privilegiadas.

De casta privilegiada es, precisamente, como se puede definir a los conductores del metro de Madrid, los que decidieron incumplir los servicios mínimos decretados por la Comunidad y tomar como rehenes para sus intereses políticos a los ciudadanos. Porque mientras la mitad de los españoles no llega a los 12.000 euros al año, según los datos de la Agencia Tributaria, y el 75% no pasa de los 30.000 euros, ellos superan este nivel con holgura y, encima, tienen garantizado el puesto de trabajo de por vida. Por defender a estos ‘señoritos’ es por lo que los sindicatos han montado la que han montado, mientras millones y millones de españoles no tienen ni trabajo ni empleo. Ante ese drama social, CCOO y UGT callan. Vaya cinismo.

Dicen los de CCOO que la Comunidad de Madrid dictó unos servicios mínimos ilegales a sabiendas de que lo son. ¿Ilegales? Si no me falla la memoria, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo que unos servicios mínimos del 50% en el transporte público se ajustaban a la legalidad. Entonces, ¿de qué están hablando? Pues de lo de siempre, de querer imponer a todo el mundo su santa voluntad, digan lo que digan los demás, sin importarles ni un pimiento los derechos de las personas, entre ellos el de no querer hacer huelga, derecho que vulneran una y otra vez esos mal llamados piquetes informativos. Quien no respeta los servicios mínimos, por tanto, incumple la ley, y quien incumple la ley debe ser castigado por ello. Es así cómo funcionan las cosas en un estado de derecho, por mucho que esto no les guste a los sindicatos. Por este mismo motivo, no se debe readmitir a aquellos trabajadores que incumplieron o forzaron el incumplimiento de los servicios mínimos. Es más, el Gobierno de Esperanza Aguirre, y todo el Partido Popular, deben mantenerse firmes en esa postura porque, de no hacerlo, en el futuro tendrán que soportar más huelgas políticas que sólo buscan alejarles del poder porque quienes las convoquen sabrán perfectamente que, hagan lo que hagan, no tendrán después responsabilidad alguna ni se verán obligados a asumir las consecuencias de sus actos. Donde impera la libertad, conductas como las que están manifestando los sindicatos estos días en Madrid son inadmisibles. Aquí también deberían serlo.

Libertad Digital - Opinión

La desnacionalización. Por Ignacio Camacho

El difuso proyecto político de ZP se ha basado desde el principio en la descreencia del concepto de nación española.

AUNQUE ha sido la crisis económica el factor determinante del desplome de Zapatero en la opinión pública, desnudando ante la mayoría de los ciudadanos españoles y los dirigentes extranjeros su incompetencia como gobernante y su frívola temeridad política, el doble mandato zapaterista contiene un elemento mucho más pernicioso que su manifiesta incapacidad para hacer frente a una profunda quiebra social y financiera: la desvertebración del Estado que tenía la responsabilidad de dirigir como primer ministro. El pésimo manejo de la recesión sólo demuestra al fin y al cabo su falta de preparación para ejercer la responsabilidad de Gobierno, una clamorosa ineptitud que cuestiona los filtros de selección de la vida pública española; la desnacionalización de España, sin embargo, constituye una estrategia de grave inconsciencia que ha comprometido, por intereses tácticos de corto vuelo, la urdimbre que sostenía la cohesión de nuestra sociedad democrática.

El Estatuto catalán es la pieza clave de esa intención disgregadora, afortunadamente embridada por el Tribunal Constitucional en una sentencia que al menos fija doctrina sobre unos mínimos infranqueables que el presidente permitió rebasar para establecer una alianza de intereses con los grupos soberanistas. Su difuso proyecto político se ha basado desde el principio en la descreencia del concepto de nación española, que todavía siendo jefe de la oposición consideró «discutido y discutible». Una vez en el poder aplicó ese relativismo suicida hasta unos términos nihilistas que suponían de hecho la transformación del modelo constitucional en un vago territorialismo confederativo, aflojando de forma decidida —mediante una oleada de reformas estatutarias regionales— los pernos que sujetaban desde 1978 el equilibrio del Estado de las autonomías. Para ello no tuvo reparos en mentir y engañar a unos y a otros, incluyendo a los propios nacionalistas, sorteando los obstáculos que él mismo levantaba con fintas improvisadas que han ido cuarteando las reglas y compromisos de la convivencia colectiva. Todavía esta semana, enfrentado a la realidad de un veredicto que pone freno a parte de su deriva fragmentadora, se ha permitido decir que el Estatuto es «básicamente» constitucional —como si un presidente pudiese conformarse con eso— y que da por cumplido el impreciso objetivo que le llevó a abrir la demencial carrera de soberanismo a la carta.

No parece, empero, que la exigencia del nacionalismo catalán se conforme ahora con el recorte del impulso al que dio alas la irresponsable dejación de las funciones presidenciales. Los primeros indicios apuntan a que, lejos de cerrar la desconstitucionalización encubierta, Zapatero se dispone a entregar, para mantenerse a flote, nuevas concesiones que avancen en esa inquietante deriva sin freno.

ABC - Opinión

Alejamiento peligroso

De la encuesta que hoy publica LA RAZÓN en torno a los efectos que ha tenido en la opinión pública el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán se desprende un preocupante divorcio de percepción entre los catalanes y el resto de los españoles. Es comprensible, y a nadie debería extreñar, que existan diferencias de sensibilidad y que la emotividad se exprese a veces de manera opuesta. Pero lo que se deja traslucir a propósito del Estatuto va más allá y ningún político o gobernante responsable debería archivarlo a beneficio de inventario y, menos aún, aprovecharlo para sacar tajada partidista. La encuesta tiene especial interés cuando plantea una pregunta clave: ¿a quién perjudica más la sentencia, a Zapatero o a Rajoy? Las respuestas son muy nítidas: la mayoría de los españoles estima que el más perjudicado es el presidente del Gobierno, que se erigió en el gran impulsor del Estatuto, mientras que en Cataluña se considera que el peor parado es el líder del PP, aunque el TC le haya dado en parte la razón y, sobre todo, haya avalado su decisión de recurrir. Más allá de la valoración ad hóminem, lo que subyace a estas respuestas es que el Estatuto catalán se ha vendido como un pulso entre el PP y el PSOE, en vez de lo que fue: una respuesta que los socialistas ofrecieron a las demandas nacionalistas para garantizarse el poder tanto en Madrid como en Barcelona. Las alianzas tejidas en torno a la reforma son las mismas que han permitido a Zapatero estos seis años de gobierno y a Montilla, los últimos cuatro. En vez de abordarse con el espíritu de consenso que configuró el mapa autonómico hace treinta años, con el apoyo de los dos grandes partidos nacionales, el nuevo Estatuto se planteó como un trágala al centro derecha, sobrepasando las costuras del traje constitucional. Esta polarización premeditada y alimentada por intereses partidistas ha hecho mella en la sociedad catalana, hasta el punto de que hoy, cuatro años después de abierto el proceso, el distanciamiento con el resto es mucho más acusado, más agrio y más visceral. Así lo atestigua, por ejemplo, el hecho de que la gran mayoría de los españoles encuestados esté conforme con el actual desarrolo autonómico, mientras que una mayoría catalana reclame más soberanía. Todo ello nos lleva a redoblar el llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad que venimos haciendo desde que se publicó el fallo del Tribunal Constitucional. Salvo los que se aferran dogmáticamente a sus errores, como el PSOE, todas las demás fuerzas políticas coinciden en que esta reforma estatutaria ha sido una experiencia nefasta para la convivencia, negativa para la salud del Estado y desestabilizadora para Cataluña. En contra de lo que prometió Zapatero, que acusaba a Aznar de envenenar la convivencia con los nacionalismos, hoy existe más crispación, más suspicacias y más incomprensión mutua que entonces. Pero llegado a este punto, se debe exigir a los socialistas, como gobernantes en ambas orillas, que actúen con sentido de Estado, no azuzen más a una sociedad catalana necesitada de otras políticas para salir de la crisis, y retomen el camino del consenso constitucional con el PP, que nunca debieron abandonar por cordones sanitarios y pactos de exclusión.

La Razón - Editorial

Un semestre europeo a la altura de Zapatero

A pesar de que desde el Gobierno se ha calificado de sobresaliente la gestión de Zapatero en su semestre presidencial, su imagen ha sido la de un político mediocre, superado por las circunstancias e incapaz de proponer una idea válida sobre economía.

José Luis Rodríguez Zapatero recogió el pasado mes de enero el testigo de la presidencia rotatoria de la Unión Europea, entregado por el ministro de Asuntos Exteriores de Suecia. Sobrecogido por la magnitud del desastre de su gestión económica y con la vista puesta en las elecciones autonómicas y locales del año próximo, Zapatero entendió que era la ocasión propicia para compensar sus errores domésticos ofreciendo a los españoles la imagen de un político respetado en Europa y al mando de sus instituciones.

Nada más lejos de la realidad. Sólo comenzar su turno presidencial, quedó sobradamente evidenciado el escaso peso de Zapatero en los esquemas de toma de decisiones de la Unión Europea, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la crisis económica. El ninguneo de Zapatero se veía agudizado por la existencia de un cargo permanente desempeñando las mismas funciones que el presidente de turno, pero no es ya que las opiniones de Zapatero para combatir la crisis, el objetivo fundamental de la UE, no le hayan importado a nadie fuera de nuestras fronteras, sino que ni siquiera el contenido más liviano de su voluntariosa agenda europea ha tenido el más mínimo resultado.

Sin ir más lejos, mientras los presidentes rotatorio y permanente competían para llevarse a su país la cumbre UE-EEUU, Obama decidía que tenía cosas más importantes que hacer en su país, de forma que los réditos en imagen pública que hubiera producido una foto de suya con Zapatero en Madrid desaparecieron por voluntad del presidente norteamericano.

Tras este primer sofoco, y a la vista de que las decisiones importantes en materia económica –algunas de la trascendencia del rescate de Grecia– se tomaban sin contar no ya con su opinión, sino tan siquiera con su presencia simbólica, Zapatero se puso su uniforme de feminista para intentar que la UE validara dos ideas de Bibiana Aído relativas a la violencia doméstica: la creación de un observatorio europeo sobre la violencia contra las mujeres y la aprobación de una orden europea de protección para las mujeres maltratadas. Nuevamente sus propuestas fueron rechazadas con el recado piadoso de que ya existen suficientes "observatorios" europeos y, en cuanto a la parte legislativa, la unificación de la normativa en materia de apoyo a estas víctimas cuenta con el obstáculo insalvable de las diferencias técnicas y jurídicas entre las normas internas de todos los estados miembros.

A pesar de que los miembros del gobierno han calificado de sobresaliente la gestión de Zapatero en su semestre presidencial, con un voluntarioso Moratinos calculando que los objetivos previstos se habían cumplido al cien por cien, la imagen que el presidente del Gobierno ha ofrecido a Europa y al resto del mundo ha sido la de un político mediocre, superado por las circunstancias e incapaz de proponer una idea válida para solucionar los graves problemas que padece la economía internacional.

En la escena doméstica, el fracaso de Zapatero no supone ninguna sorpresa porque, tras seis años dirigiendo el país, todos los españoles conocen sobradamente la capacidad del personaje. Para su desgracia, y gracias a este semestre en la presidencia europea, ahora también lo saben en toda la UE.

Libertad Digital - Editorial

Sindicatos fallidos

UGT y CC.OO. deberían reflexionar sobre la desafección notoria de un sector muy amplio de las clases trabajadoras hacia sus teóricos representantes.

DE acuerdo con la Constitución, los sindicatos son un elemento básico del Estado social y democrático de derecho en tanto que contribuyen a la defensa de los intereses que le son propios. Así pues, se trata de una institución esencial para encauzar las reivindicaciones legítimas de los trabajadores en una sociedad dinámica y desarrollada. Aquí y ahora, la opinión pública exige a los sindicatos que cumplan de forma adecuada sus funciones, sin someterse a las conveniencias de los partidos más o menos afines. Por ello, muchos ciudadanos muestran perplejidad e indignación ante la desviación intolerable con respecto a estas reglas básicas por parte de UGT y CC.OO. En efecto, lo mismo que un sector de la clase política se distancia de las preocupaciones de los ciudadanos, es fácil percibir que algunos dirigentes sindicales dan prioridad al interés particular de la organización sobre la defensa objetiva de los trabajadores.

Unos y otros han sido cómplices de Rodríguez Zapatero durante demasiado tiempo, contribuyendo a una política económica errática que ha disparado el paro hasta niveles inaceptables. En las negociaciones sobre la imprescindible reforma del mercado laboral, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo han mostrado actitudes inflexibles, propias de ideologías trasnochadas y de una concepción de sindicato como gestor de privilegios ya consolidados. Cuando el Ejecutivo —forzado por la situación de emergencia— aprueba el decreto ley de reforma, los líderes sindicales mueven ficha con sospechosa lentitud mediante la convocatoria de una huelga general a medio plazo.
Por ahora, las amenazas de romper la paz social solo se concretan en la huelga salvaje desarrollada en el Metro de Madrid que se dirige políticamente contra un gobierno del PP. Así las cosas, UGT y CC.OO. deberían reflexionar sobre la desafección notoria de un sector muy amplio de las clases trabajadoras hacia sus teóricos representantes. Así lo ponen de manifiesto la asistencia muy reducida a las manifestaciones que convocan, el fracaso sin paliativos de la huelga en el sector público o las críticas en voz alta a la función de los «liberados» sindicales, cada vez más alejados del ámbito diario en que desarrollan su labor muchos millones de trabajadores y, por supuesto, de los parados que carecen de expectativas a corto plazo. Los sindicatos no son correo de transmisión de los partidos políticos ni agentes de unos intereses parciales, sino organizaciones con una larga trayectoria histórica que deberían estar a la altura de las circunstancias para contribuir a encauzar esta grave crisis económica.

ABC - Editorial

Estatut. Mucho cura de paisano. Por Maite Nolla

En democracia la representatividad se cuenta en votos; incluso en Cataluña, aunque aquí cualquiera se arrogue legitimidades que electoralmente no va a tener en la vida.

Para determinar el verdadero alcance de la sentencia del Constitucional sobre el estatuto, sólo hay que reflexionar un minutito de nada sobre si la misma obliga a los nacionalistas a desandar un paso del camino que Pujol hizo durante veintitrés años y que el tripartit ha hecho durante siete, que desde luego parecen doscientos. En total, treinta años de imposición irreversible por la vía de los hechos en la mayoría de ocasiones, con alguna norma entre medio para disimular. Es posible que el Constitucional les impida ir más allá en algunas cuestiones y darle otra vuelta de tuerca a lo que ya tenían, pero ni la educación, ni la lengua, ni la financiación, ni las embajadas, ni el deporte, sufren el más mínimo menoscabo respecto a su situación actual. Por eso el Gobierno está tan contento. La sentencia no comporta ninguna carga, ni obliga a enfrentarse al gobierno autonómico. Y en el peor de los casos, el Constitucional deja en manos del Gobierno y del gobierno de la Generalitat decidir cómo se ejecuta la sentencia y si interpretan bien lo que sus señorías han declarado interpretable.

Luego están las reacciones de los políticos. Podemos distinguir cinco grupos. Primero están los nacionalistas, indignadísimos y dispuestos a salir a la calle, cuando acaben de hacer cálculos electorales y determinar, aproximadamente, si unas elecciones marcadas por el nacionalismo y no por la crisis hacen subir a ERC e igual permiten repetir el tripartit o no. Por otro lado, el Gobierno satisfecho, como les he dicho. En tercer lugar, el PP, aliviado, que asume como propio este estatuto y así puede hablar sólo de los problemas reales de la gente, es decir, del fútbol. En cuarto lugar está Cospedal que no se entera de nada, para variar, y, finalmente, estamos los que no somos nacionalistas, divididos entre los que vemos esto como más de lo mismo, y los que lo ven como un freno, aunque estemos todos de acuerdo en que las instituciones y la oposición han desertado de sus obligaciones.

Pero lo que plantea un problema de primer orden es lo siguiente: los nacionalistas van a salir a la calle a defender la dignidad del pueblo de Cataluña, PSC incluido. Por otro lado, está Carmen Chacón que como líder del PSC logró un resultado increíble, con casi un millón setecientos mil votos, un millón más de lo que habitualmente saca el PSC en las autonómicas. Carmen Chacón no sólo considera esta sentencia como buena, sino que pasa de ir a la manifestación nacional. Lo que les quiero decir es, ¿qué les hace pensar a los señores del PSC que poniéndose ultra nacionalistas representan más a sus votantes que cuando no lo hacen? En democracia la representatividad se cuenta en votos; incluso en Cataluña, aunque aquí cualquiera se arrogue legitimidades que electoralmente no va a tener en la vida. Y a falta de prueba en contrario, los indicios nos dicen que los que pueden votar en Cataluña están más cerca de lo que piensa Chacón que de lo que piensa Montilla. Es como el tipo éste de la Diputación de Lérida que retira la bandera española, aunque gobierna con sólo tres diputados por la vergonzosa deserción del PSC local. Vamos, que no se me ofenda nadie, pero si no representan ni a sus votantes, me da que les falta un poquito para representar a todo un pueblo. Mucho cura de paisano.

Libertad Digital - Opinión

Volvemos a Perpiñán. Por M. Martín Ferrand

Sin la cobertura del «hecho diferencial», los partidos nacionalistas se quedarían en algo menos que nada.

ALGUNOS, por razones generacionales y caprichos dictatoriales, perdimos una parte de nuestra juventud en viajes a Perpiñán, la vieja capital del Rosellón, para ver películas y comprar libros prohibidos en la España de la época. Es posible que El último tango en París, la peor de las películas de Bernardo Bertolucci, y los libros de Jesús Ynfante sobre el Opus Dei, editados por Ruedo Ibérico, le produjeran a ese lugar del sudeste francés, en los sesenta y setenta, más ingresos que cualquiera de los muchos atractivos turísticos del lugar. Toda prohibición política, tanto más cuanto menor sea su fundamento, da paso a una industria derivada de su no observancia y así fue entonces como, lamentablemente, volverá a ser ahora. Los efectos de los nacionalismos son siempre empobrecedores.

La nueva Ley del Cine en catalán, ya aprobada por el Parlament, obliga a las distribuidoras cinematográficas a doblar, también en catalán, las películas dobladas al castellano que quieran exhibirse en Cataluña. Eso tiene un coste que difícilmente puede absorber la recaudación de las taquillas y, en consecuencia, las grandes películas internacionales, Hollywood incluido, se proyectarán en los cines de Cataluña en su idioma original. Quién quiera, además de verlas, oírlas en castellano tendrán que repetir la ceremonia impuesta por el franquismo: acercarse a Perpiñán y, después de dar una vuelta y admirar la catedral de San Juan Bautista o la Lonja —igualita que la de Valencia—, meterse en un cine para ver, en un idioma cinematográficamente proscrito en las cuatro provincias catalanas, Piratas del Caribe III o cosa parecida.

La Unión Europea sostiene la libre circulación de las personas y los capitales. Un dentista de Frankfurt puede establecerse en Andújar y un topógrafo siciliano irse a trabajar, con su teodolito bajo el brazo, a Copenhague; pero lo que resulta inadmisible para la defensa de la identidad catalana, y así lo entienden el Parlament y el Govern, es ver a Clint Eastwood en Sabadell con la voz prestada por Constantino Romero. Concuerda un despropósito de esa naturaleza con la realidad que, contra el sentir general de la sociedad catalana, tratan de inventar e instalar unos partidos nacionalistas que, sin la cobertura del «hecho diferencial», se quedarían en algo menos que nada. Lo único sorprendente es la falta de reacción social ante semejantes memeces y el disimulo electorero con que se enfrentan a la situación los partidos, especialmente el PP y la franquicia catalana del PSOE, que se dicen nacionales. Tanta Transición y tanta historia para terminar volviendo a Perpiñán a ver películas.

ABC - Opinión

Estatut. Con Carter se complica la independencia. Por Pablo Molina

Con Jimmy Carter enredando, los partidarios de la independencia de España respecto a Cataluña vamos a tener un problema añadido con el que no contábamos.

En Estados Unidos existe la opinión prácticamente unánime de que Jimmy Carter ha sido el peor presidente en toda la historia del país. De hecho, cada vez más analistas intentan discernir si Obama tiene capacidad para destronar a Carter, aunque todavía es pronto para dar un veredicto definitivo. Como presidente, Carter llevó la imagen exterior de su país a las cotas más bajas nunca vistas con episodios como su contribución a la caída del Sha de Persia y la consiguiente subida al poder de los ayatolás, pero lo asombroso es que no existe ninguna duda de que el vendedor de cacahuetes es el peor ex presidente del Gobierno que jamás han producido los Estados Unidos de América.

Las actuaciones de Carter a lo largo y ancho del planeta han tenido como eje común oponerse diametralmente a los intereses norteamericanos, sea cual fuera el signo político del ocupante de la Casa Blanca, pero en lo que respecta a España y Cataluña, el peligro más evidente de las intromisiones de Carter es que las causas que defiende con su fundación acaban siendo un desastre en la mayoría de los casos.

Y es un motivo serio para preocuparnos, porque con Jimmy apoyando la secesión de Cataluña, es más que probable que la independencia de esa comunidad autónoma se retrase otro siglo más.

Carter se ha deshecho en alabanzas hacia los dirigentes catalanes, no antes de trincar los cien mil dólares correspondientes al premio que le ha entregado Montilla, pero el hecho de que el ex presidente norteamericano hable bien de un dirigente político no es precisamente un mérito que convenga incluir en el currículum. No hay ni un solo tirano contemporáneo que no haya recibido los halagos de Carter ensalzando su preocupación por los derechos civiles y su talla de estadista, desde Caucescu a Kim Jong II pasando por Fidel Castro. Sobre el dictador rumano, sin ir más lejos, dijo "compartir plenamente sus objetivos en política, economía y derechos humanos" y todos sabemos cómo acabaron él y su esposa.

Con Jimmy Carter enredando, los partidarios de la independencia de España respecto a Cataluña vamos a tener un problema añadido con el que no contábamos. A ver si le dan otro premio mejor dotado económicamente en el otro extremo del globo y se queda por allí unos añitos junto con el staff de su fundación. Con lo cerca que estamos de la secesión, sería una pena que todo se fuera al traste por culpa de un productor de cacahuetes.

Libertad Digital - Opinión

Aroma de Guerra Fría. Por Hermann Tertsch

En la era de internet puede haber más gente robando y traficando con información que durante la Guerra Fría.

Fue John Le Carré, uno de los grandes escritores de la novela de espías, el que dijo años después de la caída del Muro que el espionaje clásico se había acabado. Y que en realidad llevaba años siendo un mero juego para la supervivencia de los agentes y las organizaciones. Le Carré erraba. En la era de internet, de la cibernética y de la inteligencia oficial puede haber fácilmente más gente robando y traficando con información que durante la Guerra Fría. Tanto en la industria como en los centros de investigación se invierte cada vez más en seguridad para evitar el robo de información. Se trata ya de espías altamente cualificados, expertos en la materia que tratan. Su reclutamiento muchas veces sí obedece a las formas tradicionales, el chantaje por vulnerabilidad u ofertas para satisfacer el afán de lucro. Pero el perfil habitual es ya distinto a los espías del mundo del agente Smiley y su adversario ruso, Karla.

Por eso ha sorprendido tanto la detención hace unos días de once espías rusos que durante más de una década han sido agentes durmientes en EE.UU. Ellos sí son un producto clásico del KGB —ahora SWR— y lo son desde el mismo comienzo de la Cheka bajo su fundador Feliks Dzershinski, tras la Revolución y durante la guerra civil que la siguió. Células durmientes activadas jugaron un gran papel en las estrategias soviéticas en Occidente. Los espías rusos ahora detenidos , contra los que la Fiscalía norteamericana tiene ingentes cantidades de pruebas tras años de investigación, llevaban una década haciéndose pasar por perfectos americanos de clase media. Todos con estudios académicos, un inglés americano impoluto además de otros idiomas, eran espías clásicos en el sentido de que buscaban información y fórmulas de acceder a influencia política. Como clásica fue la forma de espionaje del estonio Hermann Simm, detenido en 2008, que durante años suministró información de máxima seguridad de la OTAN a Moscú. Los espías siguen siendo necesarios. Para quitarle información al adversario o doblegar voluntades en beneficio propio. Siempre lo serán.

ABC - Opinión

Estatut. Los nuevos consensos. Por José María Marco

Ante tamaño giro histórico con el que arranca –con todos los parabienes– la nueva España utópica, socialista y nacionalista al fin, ¿qué iba a decir un magistrado, por muy miembro que fuera del Tribunal Constitucional?

Hay quien se ha preguntado cómo es que un magistrado como Manuel Aragón no ha encontrado capacidad para resistir el envite nacionalista que culmina en el texto del Estatuto de Cataluña. Hay varias razones que permitan comprender esto.

Debe de ser difícil soportar las presiones que se han ejercido –por hablar sólo de las que conoce todo el mundo– sobre los jueces del Tribunal, y más en particular sobre Aragón. A diferencia de lo que ocurre con el Tribunal Supremo norteamericano, por ejemplo, las instituciones jurídicas españolas no ponen a sus miembros a salvo de la presión política. Los miembros están nombrados por los partidos, los mandatos también dependen de estos... No hay un muro de separación entre la política y la judicatura. Así las cosas, la capacidad de resistencia moral forzosamente habrá de ser limitada, más aún en respetables empleados públicos como son los miembros del Tribunal Constitucional.

Manuel Aragón había sido propuesto para este cargo por el Partido Socialista. A la debilidad institucional del Tribunal, se añade la falta de una tradición intelectual y moral de adhesión al concepto de nación española. Nunca el socialismo español se ha tomado en serio la idea de la nación. Mucho antes que Rodríguez Zapatero dejara esculpido en los anales del Congreso de los Diputados su frase inmortal sobre la idea de nación, "discutida y discutible", el PSOE había descartado siempre la elaboración de un concepto propio de nación.

Para los socialistas, la nación española se ha movido entre la confederación, la federación (a lo Pi y Margall), la mixtificación para engañar al proletariado y la mentira al servicio de los intereses de la burguesía. Rodríguez Zapatero ha añadido a esta tradición un matiz postmoderno, según el cual la realidad no existe: sólo existen convenciones, maneras de ver las cosas que el poder político puede variar a su gusto. En consecuencia, ¿qué es España? Una idea, una perspectiva... no más que lo que nosotros queramos que sea. Como dice Rubalcaba, no ha pasado nada después de aprobada la sentencia. Prueba que la nueva España que funda el Estatuto es sólida, tan sólida al menos como la anterior, que habitaba sólo en los sueños de unos cuantos nostálgicos...

En Aragón se había puesto alguna esperanza porque, más que la tradición socialista, la suya era azañista. Por algo Aragón se había encargado en su tiempo de una reedición de La velada en Benicarló, un texto en el que Azaña lamentaba, por boca de algunos personajes de ficción situados en plena guerra civil, que la idea de nación no tuviese virtud normativa en España, es decir que sirve para poco. Esa esperanza suponía desconocer la auténtica dimensión de la obra de Azaña. Sin duda las frases sobre España, como las que Azaña pronunció en algunos de los discursos de esos años, contienen hermosas y nobles reflexiones acerca de la patria.

No se busque más, sin embargo. Azaña tampoco elaboró nunca una idea política de la nación. Su especialidad fue la destrucción, la devastación mediante la palabra, instrumento que utilizaba como pocos. Las reflexiones de sus últimos años, como las de La velada en Benicarló, son un último intento para no dejar sólo ruinas de su paso por la política española. No sirven –como en este aspecto no sirve nada de su obra anterior– para construir y continuar la historia de España. La tragedia de Azaña, por así llamarla, sintetiza la naturaleza del republicanismo en España, de índole nihilista. Así que tampoco por este lado Aragón tenía mucho dónde agarrarse.

Menos aún lo tenía si, como tal vez se confirme con el tiempo, la sentencia sobre el Estatuto cierra la etapa de ruptura de los grandes consensos que el Partido Socialista abrió durante la segunda legislatura de Aznar. La sentencia parece inaugurar un nuevo consenso, propuesto por los partidos nacionalistas, promocionado por los socialistas y ahora aceptado por el PP. El Estatuto traza el diseño de la nueva Constitución española, plasmada en los diversos estatutos "de segunda generación", no todos impugnados ante el Tribunal Constitucional.

Ante tamaño giro histórico con el que arranca –con todos los parabienes– la nueva España utópica, socialista y nacionalista al fin, ¿qué iba a decir un magistrado, por muy miembro que fuera del Tribunal Constitucional?

(Ni que decir tiene que para los nacionalistas hay todavía demasiada España).

Libertad Digital - Opinión

Qué objetivo. Por Eduardo San Martín

El rompecabezas territorial compuesto con paciencia de orfebre durante tres décadas, descuajaringado.

Ah, pero ¿había un objetivo? Y si lo había y se ha cumplido, entonces ¿el objetivo era esto? El rompecabezas territorial compuesto con paciencia de orfebre durante tres décadas, descuajaringado; las comunidades autónomas lanzadas a una subasta imposible; media Cataluña cabreada con el resto de España; la aparición como actor político relevante de una opción independentista hasta entonces marginal. ¿Era ese el objetivo que se ha cumplido? Y si no lo era, ¿a qué se refería Zapatero? Los designios del presidente del Gobierno son inescrutables. Sobre todo para él mismo.

Concedámosle, pues, el beneficio de la duda. Lo que no le deja en mejor lugar. Ni él mismo sabía a dónde iba. Había, sí, un objetivo de partida. Prestar cobertura política al candidato Maragall, que no había encontrado mejor discurso para acabar con la hegemonía nacionalista que arrebatarle la antorcha del agravio. Maragall y el PSC habían sido decisivos en la elección de Zapatero como líder del PSOE. Así que nobleza obligaba. La reunión de Santillana del verano de 2003 trató de enfriar el calentón de Maragall; de fijar límites y poner orden en una hipotética revisión territorial. Ni caso. El estrambótico dirigente catalán se llevó a Zapatero atado de su ronzal («Apoyaré cualquier estatuto que apruebe el parlamento catalán»). Después vino todo lo demás.

Pero no había un propósito final, más allá de unas cuantas vaguedades sobre la España plural. Se equivocaban quienes atribuían a Zapatero pérfidos propósitos; la ruptura de España y toda esa cantinela. Ni siquiera eso. El propio presidente presumía de no saber hasta dónde se podía llegar. Se hacía camino al andar. La negociación y la transacción, no como método, sino con fin en sí mismo. Como en tantas otras ocasiones. Lo importante era abrir el melón. Y ha sido el TC quien se lo ha tenido que cerrar. De mala manera. Una víctima más.

ABC - Opinión

El Estatut bien vale cinco millones de parados

Mientras Zapatero le siga siendo útil a la casta nacionalista, ésta no propiciará su caída, por mucho que su nefasta gestión deteriore la salud de nuestra economía y el bienestar de los españoles –incluidos los catalanes– a ritmos acelerados.

Un sector muy importante de la sociedad española tiende a considerar a CiU como una especie de partido responsable depositario del seny catalán. Un nacionalismo "moderado" que, pese a todo, posee una cierta visión de Estado y sabe sacrificarse en nombre del bien común.

Desde luego, los dirigentes de CiU han sabido cultivar esa imagen fuera de Cataluña, pretendiendo ser, como ya lo buscara Cambó, Bismarck en Madrid y Bolívar en Barcelona. La convalidación en el Congreso del tijeretazo de Zapatero, al que todos los otros partidos se opusieron, supuso un nuevo espaldarazo a esta visión de los convergentes como serios estadistas que sabían anteponer los intereses de la nación ante Europa sobre el revanchismo cortoplacista que podía suponer derrocar a Zapatero. Muchos incluso han llegado a proponer al líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, como eventual presidente de un gobierno de concentración en la España postzapateril.

Y, sin embargo, al final resulta que esa pose de responsabilidad no era más que un humo que, como siempre han hecho desde tiempos de Pujol, se han encargado de vendernos muy caro.

Lo que no ha facilitado CiU con un Estado al borde de la quiebra, cinco millones de parados y un Zapatero totalmente desacreditado, amenaza ahora con provocarlo porque el presidente del Gobierno no ha mostrado el más secesionista de los discursos posibles al afirmar que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut "garantiza el máximo autogobierno posible para Cataluña".

Ha advertido Artur Mas, líder de ese partido tan moderado que acudirá a la próxima manifestación contra la legalidad constitucional del próximo 10 de julio, que Zapatero debe "medir" sus palabras, pues en caso contrario "forzará su caída". Pocos deberían dudar ya de cuáles son las prioridades de los "nacionalistas moderados". Si hasta ahora han venido sosteniendo al Gobierno socialista apoyando las reformas decisivas que llevaba a la Cámara Baja, no es porque creyeran en la bondad y necesidad de las mismas, sino porque Zapatero les sigue resultando de utilidad para sus objetivos independentistas.

Zapatero no sólo abrió el melón soberanista concediendo a los nacionalistas –y en especial a Artur Mas– un estatuto que en muchos sentidos convertía al resto de España en una colonia de Cataluña, sino que presionó activamente a los miembros del Tribunal Constitucional para que obviaran los aspectos que de un modo más flagrante contradecían nuestra Carta Magna. Pero tampoco les bastó con eso y Zapatero ya se ha puesto a negociar con Montilla cómo hallar una solución a las pequeñísimas trabas que el Constitucional le ha puesto al desarrollo estatutario.

Mientras Zapatero siga siendo útil para los intereses de la casta nacionalista, parece claro que ésta no propiciará su caída, por mucho que a causa de su nefasta gestión la salud de nuestra economía y el bienestar de los españoles –incluidos los catalanes– sigan deteriorándose a ritmos acelerados. Como siempre, sus privilegios son más importantes que los derechos y la prosperidad de la ciudadanía. Lo cual, por desgracia, no impedirá que los mismos de siempre sigan repitiendo las mismas sandeces sobre la moderación y responsabilidad de CiU a las que ya nos hemos acostumbrado.

Libertad Digital - Editorial

Caliente y frío. Por Ignacio Camacho

Si no se legisla en caliente, el Gobierno se pone a descongelar por su cuenta ideas que estaban mejor en el frigorífico.

CUANDO algún violador reincidente o un menor de precoz encono criminal cometen alguna fechoría más o menos impune o se cuelan por las rendijas de un sistema legal agrietado, la clase política suele responder al clamor de la indignada opinión pública con el prudente consejo de enfriar los sentimientos antes de abordar cualquier reforma legislativa. No es bueno legislar en caliente, dicen los dirigentes interpelados por las lagunas de las normas que están obligados a perfeccionar. Pero como las pasiones suelen tender a desbordarse entre los ciudadanos menos propensos a la gelidez temperamental, siempre sucede algún otro desmán clamoroso antes de que se templen los ánimos, y la corrección de las leyes que los permiten se queda en un país tan tórrido como el nuestro al albur de un hipotético e imposible enfriamiento de la irritación colectiva. Para reparar ciertos resquicios jurídicos o dar amparo suficiente a las víctimas habría que vivir en Suecia o Noruega, y tampoco es seguro que así ocurriese porque, como muestran las novelas escandinavas en boga, en los países nórdicos también se recalientan los instintos letales.

Ahora han sido los sindicatos los últimos en incorporarse a la demanda de una refrigeración térmica de la temperatura social… que ellos han puesto a hervir con sus huelgas montaraces. Hay que legislar en frío sobre los conflictos colectivos, dicen al pairo de la demanda de una regulación pendiente desde la Transición democrática. De acuerdo, camaradas, pero empezad vosotros a refrescar el ambiente, y no os olvidéis del asunto cuando esté en la nevera de la agenda pública. Porque una cosa es enfriar y otra congelar, y la Ley de Huelga lleva más de treinta años escarchada. Quizá sea a las propias centrales a quienes más convenga meterla en el microondas legislativo, porque se podrían afinar esos servicios mínimos que suelen considerar desmedidos. Es cierto que para debatir en un clima adecuado se necesita cierta paz de espíritu incompatible con la indignación general ante un sabotaje; sólo que el sindicalismo español ha tenido seis años de pacífico idilio exento de conflictividad y no se ha acordado de regular una cuestión que le compete tan de cerca. La gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, y la tormenta de estos días promete emociones fuertes. De momento, se han calado dos millones de usuarios del Metro de Madrid, y los comerciantes de Vigo y el País Vasco. Cuando llegue el «otoño caliente», otra reliquia de la Transición, a ver cómo atemperamos la atmósfera.

Porque ocurre, además, que si no se legisla en caliente sobre asuntos de urgencia el Gobierno se pone a descongelar por su cuenta ciertas ideas —el estatuto catalán, el aborto, la memoria histórica, etcétera— que estaban mucho mejor en el frigorífico.

ABC - Opinión