España como no país. Por Cristina Losada

Cuánto más discreto y prudente habría sido el presidente si hubiera contenido su ansia por presentarse como el salvador de los marineros. No atendió antes y como era debido a los familiares, pero se arrogó protagonismo al término del secuestro.

Aunque no lo parezca, el ministro de Justicia ha aclarado mucho al decir, desde alguna de las colinas romanas, que España "como país" no ha pagado a los piratas que secuestraron el atunero Alakrana. "Yo sólo puedo sostener que España como país no lo ha hecho", dijo con una frase que delata a la otra: miren, no querrán que deje de sostenerme en el cargo. Pero si España como país no ha pagado, quiere decirse que pagó como "no país", que es el status que le gusta a Caamaño para España. No en vano prestó sus oficios a la tarea de maquillar el Estatuto de Cataluña y es partidario de extender el modelo. Pues naciones somos todas, hasta el ayuntamiento de Bermeo con sus pancartas pro-etarras. Pero cuando toca pagar, lo hacen todos los españoles.

A lo largo del alacránico episodio, el Gobierno exigió del público la suspensión de incredulidad, la aceptación de lo inverosímil y la ceguera voluntaria, siempre con el chantaje emocional de que, en caso contrario, peligraba la vida de los rehenes. Pero ahora que, por fin, ha desaparecido ese riesgo, aún reclama con mayor histerismo prudencia, discreción y, ¡ja!, responsabilidad. De la Vega ha advertido que no hay más que dos bandos en esta guerra: los piratas y el Gobierno, y que pedirle a este último cuentas por su gestión, equivale a izar la bandera de la calavera. El maniqueísmo para todo es la enseña del partido de Zapatero.

¿Discreción? Bien. Que se hubieran aplicado el cuento. Cuánto más discreto y prudente habría sido el presidente si hubiera contenido su ansia por presentarse como el salvador de los marineros. No atendió antes y como era debido a los familiares, pero se arrogó protagonismo al término del secuestro. ¿No quedamos en que no pagó, como país, España? Y, en responsabilidad, ninguna lección ha dado un Gobierno que, tras el apresamiento del Playa de Bakio, en abril de 2008, demoró las decisiones sobre la seguridad a bordo de los pesqueros. Y, punto capital, optó por no perseguir a los delincuentes. Ahora tienen a Willy, pero dejaron escapar a unos cuantos que salieron del Alakrana. Imposible creer que un helicóptero de la Armada fuera incapaz de hundir su esquife.

Cuatro millones de dólares han salido de alguna parte. Si proceden total o parcialmente de las arcas, los contribuyentes tienen que saberlo. Hay que echar cuentas sobre los costes de la pesca del atún en el Índico. Y, en fin, imaginamos, Caamaño, que no irían hasta las costas de Somalia, a entregar el dinero, unos funcionarios españoles. Fíjese lo que les pasó a los que envió la Segunda República con el oro destinado a pagar el material de guerra soviético. Allí los retuvieron de mala manera y algunos no regresaron hasta después de la guerra.

Libertad Digital - Opinión

La humillación que no cesa. Por José María Carrascal

¿RECUERDAN el chiste de Gila? «Capitán, he hecho un prisionero». «Tráelo». «Es que no me deja». Bueno, pues eso mismo, con un helicóptero de ataque Sea Hawk incapaz de detener a dos esquifes ¿Les disparó o no les disparó, con su ametralladora GAU16A, que puede alcanzar blancos a kilómetros? Casi mejor que no les haya disparado. O que utilizase balas de fogueo. O que tuvieran órdenes de no tirar a dar. O que las fragatas no hubieran estado allí. A fin de cuentas, los piratas ya se habían largado con el dinero, y el «Alakrana», con toda su tripulación sana y salva, podía dirigirse hacia las Seychelles. Claro que entonces no podrían hacerse esas fotos tan bonitas con las fragatas, como van a hacerse con sus esposas, llevadas en avión militar. Las esposas gallegas, porque las vascas han declinado la invitación, tal vez por no querer saber nada del Ejército español, como no quieren saber nada de su bandera. ¿Es un Ejército o es una ONG? Porque si es una ONG sobran los cañones, las ametralladoras, los tanques y demás.

Aunque la ministra de Defensa no pueda pasarle revista con esa cara tan seria que pone. Pero nos ahorraríamos una pasta, que bien nos vendrá para pagar los próximos rescates, ahora que los piratas han descubierto lo fácil y productivo que resulta asaltar barcos españoles. Hablando de la ministra: ¿por qué nos dijo que tenían perfectamente localizados a los tres tripulantes desembarcados, y que estaban bien, si resulta que no llegaron nunca a tierra? ¿Mentía o era producto del despiste que ha mostrado desde que llegó al Ministerio? ¿O las dos cosas al mismo tiempo, como ya es habitual en un gobierno en el que resulta difícil decir qué es mayor, la incompetencia, la descoordinación o la deshonestidad?

Aunque nunca han quedado tan de manifiesto como ahora, y miren que las ha hecho gordas: la negociación con ETA, con la bajada de pantalones ante De Juana y el «accidente» de Barajas; el nuevo Estatuto catalán, tres años atascado en el Constitucional, después del «Os daré lo que me pidáis»; la crisis económica, que no iba a afectar a España, y resulta que seremos los últimos en salir de ella. Pero esta vez han batido récords al desacreditar también al Ejército español, que ha interpretado el papel más triste de todos. Si de nuestros políticos se espera que mientan y de nuestros jueces, que obedezcan a los políticos, de los militares podía esperarse que no se prestaran a encubrir una farsa escrita de principio a fin por los piratas somalíes e interpretada por los españoles, tanto en mar como en tierra. Con el Gobierno, como siempre, a remolque de los acontecimientos, tomando medidas erróneas y mintiendo para ocultarlas. La vicepresidenta acusa al PP de «ponerse al lado de los piratas». Su gobierno viene haciendo algo más indigno: humillarse ante los terroristas de dentro y de fuera.

ABC - Opinión

El fin y los medios. Por M. Martín Ferrand

MUCHAS veces, cuando la necesidad parece que obliga, la democracia deja de ser confrontación ponderada e inteligente y se convierte en pasteleo. Abundan las personas que valoran la componenda como una forma de perfección y equilibrio y, si se apura en la comparanza, eso es el centro: un híbrido entre la socialdemocracia y el liberalismo que, sin satisfacer a nadie, tiende a consolarnos a todos.

Especialmente a quienes mantienen que la moderación es más provechosa que el ímpetu y la pasión. En España, especialmente en el último quinquenio, el pacto -«no nos vayamos a hacer daño»- ha sido elemento fundamental y desatascador de situaciones incómodas para los dos grandes partidos nacionales y no puede decirse que ello haya dado, si nos atenemos a los resultados, grandes motivos para la alegría. La partitocracia es de vuelo corto y se conforma con el presente en el poder o con un futuro inmediato con posibilidades de alcanzarlo. Carece de distancias largas, planteamientos nuevos, fuerza regeneradora y ambición por la excelencia.

Desde que Felipe González, en 1985 y todos sabemos por qué, rompió los supuestos de independencia del Consejo General del Poder Judicial se produjo una triste promiscuidad entre los poderes del Estado. El actual estéril presidente del Consejo, Carlos Dívar, ha sido fruto del pasteleo bipartidista y así, poco a poco, vamos degenerando. Ello le obliga, supongo, a constantes gestos de eclecticismo y volatines de difícil estabilidad que no quiebren el equilibrio -¿artificial?- que mantiene las apariencias en esta democracia decaída y esclerotizada. Envuelto en ese espíritu, Dívar ha manifestado su satisfacción por la libertad, «sea cual sea el medio», de los tripulantes del «Alakrana». ¿Sea cual fuere?

«Había personas que estaban sufriendo y han dejado de sufrir», ha dicho Dívar en alarde del relativismo que, posiblemente, entre en las exigencias para la buena marcha de su cargo y función. En la moral clásica y en las democracias verdaderas el fin no justifica los medios, pero quizás sea que algunos nos estemos pasando de fecha y no alcancemos la elasticidad suficiente para emprender un camino de síntesis entre el bien y el mal. Los tiempos de la política y los de la justicia, como dice Dívar, persona honorabilísima, son distintos; pero, sin recurrir al pasteleo, ¿son también distintos los principios y valores que las animan?

ABC - Opinión

.... y Rubalcaba sufre un ataque de ira por Sitel

TRAS responder a varias interpelaciones del PP en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba perdió ayer la compostura en una tensa discusión con los diputados Esteban González Pons y Carlos Floriano en el salón de los Pasos Perdidos.

Según la versión del PP, en un determinado momento de acalorado debate, el ministro de Interior le dijo a Floriano con un tono de ira: «Veo y oigo todo lo que haces y dices». Las palabras de Rubalcaba fueron interpretadas como una amenaza por los dos parlamentarios, que entendieron que estaba sugiriendo que Interior ha grabado conversaciones de Floriano mediante el sistema Sitel.

Tras hacerse eco los medios de comunicación del incidente, Rubalcaba reconoció que había proferido esa expresión o algo parecido, pero que se refería a que él tiene conocimiento por los servicios de prensa de Interior de todo lo que dice Floriano en las radios y en las televisiones. El ministro argumentó en privado que si realmente él espiara a la oposición por métodos ilegales, no iba a ser tan ingenuo de decírselo a la cara.

El razonamiento tiene sentido, por lo que su explicación es verosímil. Pero ello no exime de responsabilidad al ministro de Interior, que por lo menos es culpable de haber generado una situación susceptible de interpretaciones equívocas.

Igualmente desafortunado estuvo cuando respondió a otro diputado del PP en relación al caso Faisán: «De GAL ya sólo hablan ustedes y ETA», amen de proferir una catarata de descalificaciones. Rubalcaba eludió nuevamente dar las explicaciones que le pide la oposición sobre este asunto y se refugió al mencionar la guerra sucia en el mismo discurso que empleaba Felipe González hace más de 20 años.

Rubalcaba no se comportó ayer como debe hacerlo el ministro del Interior de una democracia, por lo que debería excusarse ante el PP. Su conducta empaña la buena labor que está haciendo en el Ministerio, particularmente sus notables éxitos en la lucha contra ETA. En el mejor de los supuestos, el ministro de Interior se levantó ayer con el pie cambiado, pero ello no le exime de responder a las preguntas que le viene formulando el PP sobre el caso Faisán y la utilización del Sitel.

Respecto a esto último, el PP tiene base para interpretar las palabras de Rubalcaba a Floriano como una amenaza, pues sigue sin estar nada claro el uso que Interior está haciendo de este avanzado sistema. Sitel permite no sólo grabar las conversaciones sin dejar rastro sino que además facilita datos que pueden vulnerar la intimidad, como las páginas por las que navega en internet la persona espiada o en qué lugar se encuentra en cada momento.

De hecho, el Sitel puede convertirse en un cheque en blanco en manos de la Policía con autos como el que redactó el juez Garzón en el que autorizaba a emplear este sistema para espiar a «otros investigados y al resto de identificados en la causa y terceros que puedan ser conocidos en un delito de blanqueo de capitales». Es decir, casi a quien le dé la gana a la Policía.

Sitel está regulado por un artículo de un reglamento de una ley sobre telecomunicaciones cuando afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que exige evidentemente una ley orgánica. Si Rubalcaba está seguro de que las Fuerzas de Seguridad jamás han abusado de Sitel, debería ser el primero en impulsar una regulación que garantice su uso legal.

El Mundo - Editorial

Un pacto de caballeros. PorIgnacio Camacho

UN trato es un trato. Si un Gobierno respetable llega a un acuerdo con unos señores piratas está obligado a cumplir su palabra por un imperativo moral de caballerosidad y buena crianza. ¿O se puede permitir que los piratas sean más leales a un pacto que un Estado democrático? Porque al fin y al cabo los asaltantes del «Alakrana» han actuado con una fiabilidad absoluta, dejando aparte el detalle inicial del secuestro con violencia, que tampoco lo iban a pedir por favor; pero en cuanto trincaron la pasta soltaron a los rehenes, dejaron el barco y se largaron sin un mal gesto. Habría sido una bellaquería dispararles a dar o detenerlos; a unos tipos que se comportan con esa nobleza no se les puede despedir encima a tiros. Ahora le toca a España acabar de cumplir su parte con los dos prendas que andan por Madrid haciéndose radiografías; si no se les encuentra una salida digna, un retorno honorable, vamos a quedar como auténticos rufianes.

La oposición se queja porque querría, en su antipatriotismo proverbial, que este Gobierno y su presidente anduviesen en bocas como unos incumplidores, unos informales, unos malquedas. Que se retratasen ante el Tercer Mundo como gente desleal y poco de fiar, como arrogantes explotadores capitalistas capaces de engañar a los pobres africanos. Ya es un síntoma de superioridad etnocéntrica llamarles piratas sin comprender que sólo se trata de seres humanos empujados a la violencia por el estado de necesidad y la desintegración social propiciada por el reparto injusto de la riqueza. En puridad, son gentes de armas que ante la ausencia de un ejército regular en su país protegen las riquezas naturales del mar frente a la sobreexplotación imperialista. A la derecha les gustaría tratarlos a tiros y encerrarlos en galeras, como hacían sus antepasados. Pero éste es un Gobierno de progreso que entiende el orden internacional de forma igualitaria, y por eso ha mandado a un señor embajador a negociar el rescate. Que tampoco debería de considerarse un rescate propiamente dicho, que suena al pago de una extorsión, sino una contribución solidaria a la lucha contra la pobreza y a la ayuda al desarrollo. Seguro que invierten el dinero en mejoras tecnológicas y organizativas para mejor defender su patrimonio pesquero del saqueo occidental. No como ahora, que tienen que ir los muy desgraciados en chalupas y esquifes zarrapastrosos con lanzagranadas y kalashnikovs de segunda mano.

Ya decía el clásico que pacta sunt servanda: los acuerdos están para cumplirlos. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno, negociar con lealtad, con el fair play y la generosidad propios de una potencia moderna. Con buen rollito y sin amenazas, como corresponde a un trato entre hombres de paz. Que se enteren en Somalia, en Kenia, en el mundo entero y pleno: los españoles somos unos caballeros. Y a mucha honra.

ABC - Opinión

El 'Alakrana' saca a De la Vega de sus casillas...

El Gobierno pierde los nervios en el Parlamento al ser interpelado por la gestión del secuestro del atunero.

EL GOBIERNO perdió ayer los nervios en el Parlamento al ser interpelado por la gestión del secuestro del Alakrana. La tensión llegó al punto de que la vicepresidenta De la Vega acusó al PP de no dudar «en ponerse del lado de los piratas» con tal de sacar «rédito» político. Esta acusación, que la vicepresidenta se negó a retirar incluso horas después del calentón, es manifiestamente injusta. Cuando Soraya Sáenz de Santamaría le exigía explicaciones y la asunción de responsabilidades por ser ella quien coordinaba el gabinete de crisis montado tras el secuestro del pesquero, no hacía más que cumplir con su deber de ejercer la labor de oposición. Y en el caso del Alakrana hay muchas explicaciones que dar.

Si todo se hubiera hecho tan bien como ha defendido De la Vega e incluso el presidente Zapatero, ¿por qué la ministra de Defensa manifestaba ayer mismo que el Gobierno «va a aprender lecciones» de cara al futuro?

El Ejecutivo ni puede pretender convertir la humillante victoria de los piratas en un triunfo de España -y ahí están la juerga y las ocho bodas que ayer mismo celebraron los secuestradores en Haradhere para desmentirle-, ni puede responder con palabras gruesas y aspavientos a sus graves errores. El Gobierno se equivocó al traer a los dos piratas capturados a España y también al explorar piruetas judiciales para devolverlos; falló en la comunicación con las familias, que así lo denunciaron; y mostró su absoluta descoordinación cuando los ministros empezaron a señalarse entre sí como responsables de lo ocurrido, hasta que la propia De la Vega tuvo la enterza de asumirlo ella. El resultado final es que se ha acabado pagando el rescate más alto por un pesquero en Somalia y que no se ha podido capturar a ninguno de los más de 60 piratas que retenían a la tripulación.

La propia persecución de los secuestradores genera muchas dudas que el Gobierno está en la obligación de disipar. Es difícil entender que transcurridos 47 días, la Armada no fuera capaz de diseñar una operación para capturar siquiera a alguno de los piratas para el momento en el que concluyera el secuestro, sobre todo teniendo en cuenta la ventaja de contar con unos medios infinitamente mejores que los suyos.

Esas dudas no se disipan tras escuchar los testimonios del capitán del atunero, que ha sostenido que durante la liberación del barco «no hubo disparos por parte del Ejército español», o la manifestación de uno de los piratas a EL MUNDO, asegurando que nadie abrió fuego sobre ellos, contrariamente a lo dicho por el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Por supuesto que merece mucha más credibilidad la relación de hechos que ofrece el general José Julio Rodríguez, pero el Gobierno tiene muy fácil disipar cualquier sospecha. De la misma manera que la Armada grabó en vídeo cómo ofrecía escolta al Alakrana, debe de tener imágenes de la persecución de los piratas.

También suscita estupor la explicación oficial de que fue imposible detener a los piratas al desembarcar, pues nada más llegar a la playa se mezclaron con la población. Lo cierto es que la ciudad queda varios kilómetros tierra adentro y esa zona de costa no está poblada.

En definitiva, se han cometido tantos fallos y quedan aún tantos interrogantes por resolver, que lo último que debería hacer el Gobierno es colgarse medallas, y menos aún arremeter contra la oposición y llamarse andana cuando le piden cuentas. Una vez celebrada la liberación de los marineros ha llegado el momento de dar explicaciones y de asumir responsabilidades.

El Mundo - Editorial

Rubalcaba miente en lo gordo

Mientras el Gobierno no lleve al Congreso un proyecto de Ley Orgánica que regule Sitel, la oposición tiene perfecto derecho a sospechar que el ministro sabe lo que de hecho Sitel le permite saber al margen, no ya de la prensa, sino también de la ley.

Dos asuntos tan espinosos para el Gobierno como son el chivatazo policial a ETA y esa barra libre para el espionaje político que constituye la falta de regulación del Sistema Integral de Intercepción de Comunicaciones Electrónicas (Sitel) han llevado este martes al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a perder los papeles hasta el extremo de insultar y amenazar en dependencias del Congreso al diputado del PP Carlos Floriano.

Así lo ha relatado el propio Floriano, quien ha relatado cómo Rubalcaba, tras la bronca que ambos habían tenido en el hemiciclo, lo ha abordado visiblemente airado en los pasillos y lo ha trasladado junto a Esteban González Pons al Salón de Pasos Perdidos, donde en tono amenazante lo habría insultado y amenazado diciéndole que "oigo lo que dices y veo lo que haces".

Por mucho que Rubalcaba, todavía visiblemente nervioso, haya corrido a desmentirlo en rueda de prensa, y por mucho que fuese cierto que el ministro no se refiriese a Sitel –cosa que, por cierto, el propio Floriano ni Pons tampoco han afirmado–, ¿es de recibo que un ministro del Interior advierta en tono colérico y amenazante a un diputado de la Oposición que "oigo lo que dices y veo lo que haces" por mucho que lo perciba a través de la prensa y de la televisión? ¿Es de recibo que no considere un insulto calificar a Floriano de "paranoico" o llamar "loca" a una dirigente del PP que no estaba presente en esa intempestiva reunión? ¿Alguien se cree que, con el tono con el que Rubalcaba se ha dirigido a este diputado, tan elevado que los periodistas lo han podido percibir, la mediación de Bono se debía únicamente a que había quedado a "tomar un café" con el ministro del Interior"?

Además de recordar el refrán aquel que dice que "ofende el tono y no las palabras", todos deberíamos tener presente la trayectoria de Rubalcaba, propia de un mentiroso compulsivo, en la que brilla, entre muchísimas otras, su falsedad al afirmar que el GAL no existía en tiempos en que era portavoz del Gobierno de González. Tal vez sea precisamente ese asunto de los GAL, al que de pasada Floriano se había referido en el pleno, o el hecho de que con Sitel el ministro del Interior puede saber mucho de lo que dice y hace en privado los miembros de la oposición o cualquier otro ciudadano, lo que ha llevado a Rubalcaba a perder los nervios. Eso, por no hablar de un caso como el del chivatazo policial a ETA, en el que a Rubalcaba se le podrían exigir responsabilidades políticas, si no penales, en el caso de haber sido él quien hubiera dado la orden de perpetrar lo que bien puede ser considerado como un delito de colaboración con banda armada.

En cualquier caso, lo que no es una "locura", ni una "paranoia", ni siquiera una probable suposición, son las acreditadas escuchas ilegales que han padecido, como mínimo, la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal –¿era ella la "loca"?– o el coordinador de Libertades Publicas y de Justicia Federico Trillo.

Y es que centrándonos en el "grueso" del asunto, mientras el Gobierno de Zapatero no lleve al Congreso un proyecto de Ley Orgánica que regule Sitel, la oposición tiene perfecto derecho a sospechar que el ministro sabe lo que de hecho Sitel le permite saber al margen, no ya de la prensa, sino también de la ley.

Libertad Digital - Editorial

Piratas, traidores y mentiras. Por Hermann Tertsch

NOS cuenta el señor portavoz socialista en el Congreso, Alonso, que el Gobierno lo ha hecho todo muy bien durante la crisis del «Alakrana» porque el objetivo, la liberación de los pescadores, se ha conseguido. Y la vicepresidenta socialista De la Vega nos advierte de que quienes no estemos totalmente de acuerdo con el señor Alonso, debiéramos hacérnoslo mirar, porque somos en realidad la quinta columna de los piratas en España. Luego cuidado, queridos amigos lectores, porque si pertenecen Ustedes a esa especie que piensa que quizás se podrían haber hecho las cosas mejor, en aras de la dignidad nacional, la integridad de nuestro Estado de Derecho y la respetabilidad de nuestras instituciones, pueden entrar en la lista de sospechosos de piratería. Como tales entrarán Ustedes todos en la lista del SITEL en la que el ministro Fouché controla nuestros movimientos, palabras y pensamientos para evitar desmanes del enemigo. Y automáticamente toda su familia y su entorno entrarán en la banda de corsarios, por decisión gubernamental, sin saberlo, sin haber blandido jamás una daga, empuñado un Kalashnikov ni haber pisado un barco en su vida.

Así están las cosas. Desde luego, parece mentira que nuestros gobernantes se pongan nerviosos sólo porque se les cace una mentira. Cuando se dedican casi exclusivamente a producirlas y difundirlas. Tan nerviosos se han puesto todos que se le ha ido la cabeza hasta al ministro que tiene fama de tener, además de estudios de ciencias, sangre de rodaballo. Todos al parecer nos volvemos mayores. Y Fouché Rubalcaba no iba a ser menos. Hace unos años cuando todavía ocultaba a los asesinos del GAL no le habría pasado. Pero ayer, después de las preguntas que le dirigió el diputado del PP, Carlos Floriano, fue hacia él como un energúmeno por los pasillos del Congreso y le espetó, ante testigos que «veo todo lo que haces y dices». La amenaza es tan evidente que parece una frase de Al Pacino. Pero no le falta razón al ministro de la vigilancia y la trampa. Ve todo lo que hacemos y decimos. Y lo utiliza como le conviene. Y el principal objetivo de querer y poder saber todo lo que hacemos y decimos los demás ciudadanos es precisamente lo que ayer hizo el ministro nada menos que en el Parlamento, amenazar e intimidar. Si esto se lo hacen a un parlamentario, imagínense la capacidad de presión que puede ejercer sobre policías y jueces, sobre políticos y periodistas, sobre empresarios o funcionarios. Cuidado, que se lo que haces y lo que dices. Es toda una declaración de la vocación intimidatoria y totalitaria. Después nos dijo Rubalcaba, nervioso como nunca, perdida esa relajada presencia de ánimo y frialdad que le dio fama, que se refería a que sabía lo que hacía Floriano porque lo veía y oía en televisión y por radio. Querido Alfredo, ni Floriano aparece por radio y televisión como para que sepas todo lo que hace, ni nadie se cree que seas tan televisivo y radioyente. En ese nerviosismo del que pierde el control, te vino sencillamente a ver Sigmund Freud. Y dijiste, por equivocación, una verdad. Por fin una verdad, podríamos decir alborozados. Pero nos preocupa. No porque don Alfredo vaya a seguir mintiendo después del lapsus -lo que damos por hecho-, sino porque tanto el caso SITEL como ahora el escándalo mentiroso de la crisis del «Alakrana» van a obligar a mentir a todo el Gobierno en masa y, lo que es peor, van a llevar al Gobierno a forzar a mentir a gentes que no suelen hacerlo. Porque ahora el Gobierno va a intentar que todos los implicados, desde los fiscales a nuestros militares, mientan con ellos o se conviertan en colaboradores de los piratas, es decir de los españoles que no les creemos y sabemos de su indignidad. Cuando paradójicamente, los únicos colaboradores de los piratas, sus financiadores en todo caso, están en el Gobierno.

ABC - Opinión

Deslealtad institucional. Por Pedro M. González

República de leyes.

El vacuo concepto de Estado de Derecho contrasta con la precisión de la República de Leyes. La definición del primero, articulada por Von Mohl ordena el autocumplimiento estatal de la norma dada por los cauces establecidos en la Ley Suprema o Constitución, que funciona como límite o tope de su injerencia en la individualidad, quedando así definido por eliminación el espacio para el libre albedrío.

La República de Leyes según la articulación que de la misma realiza Adams no se para en la autolimitación estatal, sino que lleva ínsito el requisito inexcusable de que la producción normativa provenga de legisladores independientes del ejecutivo elegidos por la ciudadanía y que sea interpretada por Jueces también independientes de ambos poderes. La conceptuación del Estado de Derecho es negativa, definiéndose por eliminación de lo que éste no puede hacer según las normas de que se dota. La de la República de Leyes es claramente positiva por cuanto diseña no sólo el sometimiento estatal a la Ley, que también, sino adicionalmente la exigencia de cauces eficaces de actuación del individuo en la producción normativa a través de legisladores representativos y separados del gobierno que elaboren el cuerpo legal. Por eso la Razón de Estado es guía y norte de la actuación de los poderes públicos en el Estado de Derecho partitocrático, funcionando al unísono como rodillo de una sola voluntad y haciendo acomodaticio lo jurídico a lo particular, mientras que en la República de Leyes el supuesto de hecho concreto se tamiza a través del filtro de la legalidad y de una justicia independiente y separada en origen, sin excepcionalidad.

Entendido esto, no debe sorprender que el Ministro Caamaño, ante la comprometida situación política creada por el recientemente finalizado secuestro del Alakrana, se descolgara reclamando a los Tribunales, a cuya disposición se encuentran aún los piratas capturados, una solución “ad hoc”. Así, declaró sin rubor que el supuesto de hecho exige “apartarse de la generalidad de la ley y buscar soluciones concretas”, recordando para ello que los detenidos “son delincuentes que han atacado a ciudadanos de nuestro país y hay que conseguir que los secuestrados sean liberados explorando todas las vías legales que existen”. Cabe pensar ahora qué relación tiene la aplicación de la Ley española con la liberación de los secuestrados, a no ser que se condicionara ésta a retorcer la interpretación de la norma procesal en ejemplar interpretación del Estado de Derecho. La vergüenza de su indignidad exige el pacto de silencio manifestado en la siguiente “perla” de Caamaño: Lo lógico no es tratar ni ventilar con altavoces cómo organismos independientes del Estado, como es el Poder judicial, van a aplicar las leyes. España es un Estado de Derecho y sus Tribunales forman parte de él por lo que hay que dejar que las instituciones funcionen con la normalidad necesaria.

República Constitucional

Caso 'Alakrana', la jugada tonta del zapaterismo. Por Antonio Casado

Zapatero se reservó la primicia del final feliz: “Los marineros están libres y vuelven a casa”. Después, la consabida retahíla de agradecimientos y la presunta autosatisfacción del político profesional que espera capitalizar una buena noticia. Sin embargo, el caso del Alakrana merece almacenarse en la memoria de los españoles como la jugada tonta de la temporada. Y al Gobierno le van a caer chuzos de punta por la imagen de descoordinación que, una vez más, ha vuelto a revelarse como una seña de identidad del equipo de Zapatero. Se lo ha ganado a pulso.

No sólo eso. Hay bastante más tela que cortar. La desairada posición de un Estado que se pone al nivel de una banda de delincuentes, el desbarajuste de algunos momentos, las contradicciones oficiales, la estigmatización del cumplimiento de le ley, el apagón de principios como la separación de poderes y unas cuantas anomalías más, no dan como para recrearse en lo ocurrido durante estos últimos 47 días. Valió la pena porque los marineros están a salvo, pero los facinerosos han hecho un negocio redondo a costa del Estado Español. Y de una opinión pública enzarzada en un debate surrealista sobre el modo de casar los principios de legalidad y oportunidad.

Ahora que se cierra el trato con los piratas y se abre la veda contra la gestión oficial del secuestro, empezaremos a conocer con cuentagotas los detalles ocultados ayer por el presidente Zapatero y por la vicepresidenta Fernández de la Vega. Desde la procedencia de los dineros habilitados para el pago del rescate hasta la influencia que ciertas noticias publicadas en los medios de comunicación españoles tuvieron en la evolución de los acontecimientos.

Cara de idiotas

Dinero y sólo dinero. El futuro de los dos compinches detenidos en España, como se ha visto, les traía al fresco. Ahora resulta que no era tan importante la ingeniería judicial para devolverlos como una de las exigencias para la liberación de los nuestros. Tantos esfuerzos, tantos desvelos, tantas ocurrencias destinadas a casar el hecho con el Derecho resultaron perfectamente inútiles. Daba lo mismo Extranjería que Código Penal, indulto que extradición, hacer que deshacer… Lo único que conseguimos fue subir los precios en el floreciente mercado del secuestro.

Algunas cosas más se ven por el retrovisor después de salir del charco. Por ejemplo, la cara de idiotas que se nos quedó a quienes defendimos la discreción y la confianza en el cirujano frente a quienes irrumpían en el quirófano como caballo en cacharrería. Nos la tuvimos que envainar cinco minutos después, por el lamentable y nada discreto espectáculo ofrecido por el Gobierno, la Fiscalía, la Audiencia Nacional y el CNI.

También pasará a la historia de las jugadas tontas del zapaterismo la disputa en sacudirse el honor de haber detenido, trasladado y puesto a disposición judicial a dos de los piratas que intervinieron en el secuestro del Alakrana. Extraña, insólita, surrealista pelea del cirujano y sus ayudantes culpándose de haber cumplido el protocolo cuando de pronto al enfermo le fallaron las constantes vitales. Ahora que el ser querido se ha recuperado y viene camino de casa, todo son parabienes y autobombo de la vicepresidenta, que ayer apareció flanqueada por los tres ministros concernidos (Moratinos, Chacón y Espinosa), sobre lo bien que se hicieron las cosas. Lo que importa es que salieron bien, de acuerdo, pero se hicieron mal.

El confidencial - Opinión

Zapatero, o cómo sacar pecho después de hacer el ridículo. Por Jesús Cacho

Confieso que después del triste episodio vivido por los españoles con el secuestro del Alakrana, un servidor estaba convencido de que, el día en que se produjera la liberación, el Gobierno se iba a limitar a hacer mutis por el foro, tras emitir una nota de trámite dando cuenta del final feliz del episodio. Porque ha sido tanta la vergüenza, tanto el oprobio al que un grupo de saqueadores salidos del túnel del tiempo de la Edad Media ha sometido a este país, que pensaba yo que nadie, ningún dirigente político en su sano juicio, iba a pretender sacar pecho y obtener alguna rentabilidad del desaguisado.

Me equivoqué, porque uno siempre se equivoca con Zapatero. El desparpajo del personaje supera toda barrera que imponga el sentido del ridículo o aliente la más leve reserva de dignidad moral. El presidente ha vuelto a demostrar que es un auténtico good for nothing, que dicen los británicos, es decir, un insolvente, sin que ello sea óbice o cortapisa para que pretenda sacar petróleo electoral hasta debajo de las piedras.

Tras echarse a dormir durante semanas, el Ejecutivo tocó a rebato cuando, después de que los bucaneros llevaran a tierra a tres de los pescadores bajo amenaza de muerte, alguien advirtió en Moncloa, tal vez él mismo se dio cuenta, que el caso podía convertirse en una bomba de relojería para el Gobierno desde el punto de vista electoral, que es el único criterio que respeta ZP. Se creó entonces a toda prisa un gabinete de crisis, cuya presidenta se fue al día siguiente de viaje a Argentina, porque el asunto no corría prisa, ya saben, y porque –y ésta es la clave de lo ocurrido- lo prioritario era que el marrón se lo comiera otro, de modo que a mí no me salpique la mierda.

El secuestro ha puesto en evidencia el escaso prestigio de nuestro país en la esfera internacional, la incompetencia de nuestra diplomacia al mando de ese señor “tan eficaz” (ZP dixit) llamado Moratinos, la ausencia de talento ejecutivo del Gobierno que dice gobernarnos, la división entre sus ministros/as, las contradicciones inherentes a un Ejército que ha sido convertido por ese mismo Gobierno en una gigantesca ONG, la ineficacia de nuestros servicios dizque de inteligencia, y la falta de pulso del país en general, oposición incluida, para afrontar situaciones límites de fuste con el vigor y determinación de que haría gala todo país desarrollado que se precie.

Al final no hemos hecho otra cosa que pagar el rescate, el que los piratas habían pedido, de 4 millones de dólares. Sabemos que quienes han negociado en nombre del Gobierno de España no han regateado. Lo contrario hubiera sido un milagro. Lo asombroso es que los piratas no hayan pedido 8, 12 ó 18 millones de dólares, porque estamos seguros que Zapatero hubiera dado orden de pagarlos de inmediato, de donde se infiere que es mentira que los somalíes lean medios españoles y sepan de qué va la vaina en España, porque si supieran de qué pasta está hecho el sujeto, qué clase de carácter pétreo adorna al gobernante al que han tenido que enfrentarse, entonces, ya digo, hubieran exigido el oro y el moro y hasta la hijuela nos hubieran sacado.

Ahora será necesario escenificar un paripé de juicio con los dos piratas detenidos en España, para devolverlos sanos, salvos y cuanto antes a sus lares de polvo y arena, tal y como se ha comprometido el Gobierno a hacer. Parodiando la famosa frase pronunciada por Madame Roland camino de la guillotina, ¡Justicia, Justicia, cuántas tropelías se comenten en tu nombre! Lo cierto y verdad es que una banda de salteadores se ha llevado por delante la dignidad del Estado y la independencia, si alguna le quedaba, de nuestra Justicia, siempre sometida a los caprichos de jueces ansiosos de notoriedad y focos.

“Los únicos responsables son los piratas”

Mención especial merece la rueda de prensa que ayer tarde protagonizó la vice. De la Vega leyó un texto con muchos errores de dicción, para responder después a las preguntas de la canallesca en plan estricta gobernanta. Dura. Cabreada. Crispada. Justificando siempre la impericia del Gobierno, su clamorosa impericia. Escapan los piratas con la pasta y a la pregunta de por qué no han intentado trincarlos, con las fragatas de la Armada al lado, responde la Doña que “si supiéramos donde están, tenga usted por seguro que ya les hubiéramos cogido…” Lo que ha salvado a los pescadores ha sido “la acción concertada y combinada del Gobierno”. ¿Hace el Gobierno alguna autocrítica? Respuesta: “Los únicos responsables son los piratas”. Para reír o no parar de llorar.

Gran victoria, pues, la que acaba de obtener Zapatero y su Gobierno. Un éxito que consiste en tender puente de plata a los malhechores, ceder y retroceder en todo, pasar por el aro y agachar la testuz. Los piratas ya saben, a pesar de contar ahora con guardas armados a bordo, qué barcos tienen que tratar de abordar: aquellos que enarbolen pabellón español, perdón, vale decir de Euzkadi, que ésa es otra, porque allí irá raudo nuestro Zapatero a sacarles de apuros con el zurrón de la pasta listo para repartir entre los desheredados del desierto somalí. ¿Será esa la Alianza de Civilizaciones?

De modo que el personaje tiene motivos para sacar pecho. España ha alcanzado las más altas cotas de indignidad y ninguneo internacional. Ocurre que hay veces en que es preciso comerse colectivamente este tipo de marrones. Lo que no se puede consentir es que encima alguien pretenda venderte el desastre con un éxito, como ayer intentó hacer un personaje que a su incuria añade una falta de escrúpulos monumental. A más a más, el susodicho insistió ayer en pedir prudencia a los medios, es decir, ordenar silencio, ese tipo de silencio cómplice que en este episodio ha mantenido también la oposición.

Que sepa que si en este diario lográramos enterarnos de algún detalle relevante de lo sucedido, lo publicaríamos de inmediato. Porque es nuestra obligación y porque constituye la única forma honorable que conocemos de hacer frente a la realidad como hombres libres que somos: contando la verdad. Y si algún miembro de los servicios secretos españoles se anima a contar algo, ya sabe dónde encontrarnos. Lo que no podemos permitir es que a la humillación el señor presidente añada la burla. A eso no vamos a jugar. Y, por supuesto, calurosa enhorabuena para los marineros liberados, españoles y extranjeros, y para sus familias.

El confidencial - Opinión

Justicia bajo sospecha. Por M. Martín Ferrand

ESPAÑA es un Estado de Derecho... procesal. La existencia de una Justicia de velocidad e intensidad variables, como la que se aplica a los dos piratas somalíes que una desafortunada sucesión de acontecimientos y torpezas ha sentado en el banquillo de una sala de la Audiencia Nacional, es una buena prueba de ello. En la medida en que las apariencias sean parte fundamental de la dignidad del Estado, y lo son en una sociedad imagocrática, este caso la está dejando hecha unos zorros. Se quiere vestir a un santo con unos ropajes que no le corresponden para acelerar lo que, en buena ley, debiera tener tiempos distintos y de mayor sosiego.

Tradicionalmente, la Justicia española mide sus actuaciones por décadas y el lustro ya induce al vértigo. Un año es un tiempo tan mínimo que ni los más viejos ropones del lugar recuerdan una decena de sentencias producidas antes de que transcurran doce meses desde los hechos que las suscitaron; pero el «Alakrana» tiene poderes taumatúrgicos y, además de haber puesto en evidencia la fragilidad de una vicepresidenta, la inconsistencia de una ministra y la escasez del servicio exterior nos presenta ahora el velocísimo espectáculo de un procedimiento que, en el mejor de los casos, incita a la sospecha de su instrumentación al servicio de causas tan nobles como la liberación de tres docenas de pescadores secuestrados, pero jurídicamente impreciso y oscuro.

Los piratas del cuento, y nunca mejor empleado el eufemismo, son acusados de detención ilegal y de robo con violencia, pero no se considera la hipótesis de su asociación ilícita con el ánimo de delinquir. ¿Viajaban en el autobús?, ¿una rara circunstancia los colocó juntitos en un punto dado del Índico?, ¿nuestros infantes de Marina dispararon, e hirieron a uno de ellos, a dos chicos que pasaban por allí? El Gobierno ha cometido un inmenso error con el precipitado traslado de estos piratas «no asociados» y, lejos de reconocerlo y buscar soluciones razonables, compromete el prestigio de un Tribunal especial que, venga o no al caso, no parece el indicado -ya que no hay visos de terrorismo en los hechos que se juzgan- ni se ajusta a los ritmos que tenemos admitidos. Esto no resiste la prueba del algodón. Habría que empezar por revisar la vigencia y constitucionalidad de la Audiencia Nacional y ya es excesivo el cúmulo de catástrofes institucionales que tenemos a la vista.

ABC - Opinión

Cuando la libertad es el éxito de la extorsión

Al Gobierno de Zapatero sólo le queda la vía del indulto para terminar de cumplir con las exigencias de los piratas o, una vez ya liberado el buque, hacer todo lo que esté en su mano para incumplir el acuerdo alcanzado bajo coacción.

Por mucho que todos nos congratulemos de que los piratas somalíes hayan liberado el buque Alakrana, con todos sus tripulantes sanos y salvos, no podemos olvidar que la impunidad y una alta retribución económica eran precisamente los fines perseguidos por los corsarios a la hora de emprender el secuestro, y esto es lo que, al menos por ahora, han obtenido del Gobierno español por darle término. Puestos a aceptar la "solución" que estos piratas –como cualesquiera otros– planteaban para "resolver" el secuestro, lo primero que cabe señalar es que el Ejecutivo de Zapatero podría haberlo hecho desde un primer momento ahorrando a los pescadores y a sus familias más de cuarenta días de dolorosa angustia. En lugar de ello, o de recurrir al legitimo uso de la fuerza para liberar al buque, el Gobierno judicializó el caso y se empeñó en traer a España a dos de los piratas que habían sido detenidos por nuestros militares para que la Audiencia Nacional los juzgara. Una vez, sin embargo, que Zapatero se percató de que el enjuiciamiento en España podría obstaculizar la negociación que planteaban los corsarios que permanecían junto a los rehenes en el buque, presionó a la Fiscalía para que aceptara una sentencia de conformidad planteada por la defensa, según la cual los dos detenidos serían acusados de delitos mucho menos graves que los que habían perpetrado, permitiéndose así una condena inferior a los seis años, lo cual permitiría, a su vez y a la luz de la Ley de Extranjería, una rápida expulsión del país que disfrazara su impunidad.

No podemos olvidar el no menos bochornoso espectáculo que dieron distintos miembros del Gobierno acusándose unos a otros de la decisión de traer a España a los dos piratas apresados, cruce de acusaciones que también se dio entre el Gobierno y la Audiencia Nacional. El caso es que este lunes la Fiscalía se negaba al apaño judicial y anunciaba su decisión de solicitar para los dos piratas detenidos penas superiores a los 200 años de cárcel como autores de 36 delitos de detención ilegal, y de robo con violencia y uso de armas.

Así las cosas, al Gobierno de Zapatero sólo le queda la vía del indulto para terminar de cumplir con las exigencias de los piratas o, una vez ya liberado el buque, hacer todo lo que esté en su mano para incumplir el acuerdo alcanzado bajo coacción. En este sentido, sólo un gobernante mentiroso o absolutamente incompetente puede afirmar, tal y como ha hecho la vicepresidenta De la Vega, que "si supiéramos donde están los secuestradores en estos momentos estarían detenidos". El Ejecutivo ha sabido en todo momento donde estaban los secuestradores con quienes ha negociado y a quienes ha pagado, y si ahora no lo sabe es sencillamente porque ha hecho todo lo posible para no quererlo saber. Por otra parte, los dos detenidos en España sí se sabe donde están y ya no hay excusa para que no caiga sobre ellos todo el peso de la Ley.

Por otra parte, no podemos olvidar el no menos bochornoso precedente de este Ejecutivo ante el secuestro y la liberación el año pasado del Playa de Bakio. En lugar de perseguir, apresar a los piratas y recuperar parte del botín entregado –tal y como había hecho poco antes el Gobierno francés con el secuestro del velero Le Ponant con 30 viajeros abordo–, el Gobierno de Zapatero dio orden expresa de no perseguir a los piratas una vez que estos habían liberado a los pescadores, y eso a pesar de que los radares de la fragata Méndez Nuñez detectaron con precisión el rumbo de fuga de los secuestradores.

Ya entonces algunos denunciaron el "efecto llamada" que iba a tener esta "solución", que el Gobierno de Zapatero tuvo la desfachatez de calificar de "diplomática". La diferencia está en que por la liberación del Alakrana se habrá pagado finalmente casi el doble de lo que se pagó entonces por la del Playa de Bakio.

Es cierto que, en este asunto del pago, el Gobierno ha llamado a la "prudencia" y a la "responsabilidad", llamamiento que el Ejecutivo ha dirigido especialmente a los medios de comunicación. Sin embargo, la responsabilidad y la prudencia son exigibles ante un Gobierno que se enfrenta a los secuestradores, no ante uno que los satisface. Y desde luego en este periódico no vamos a dejar de poner pegas a una "libertad" que es el resultado del éxito de una extorsión.

Libertad Digital - Editorial

Liar la madeja. Por Andrés Aberasturi

Si la mayoría de los periódicos no están absolutamente confundidos, el culebrón aun por resolver de los dos piratas capturados, deja más o menos claro como funciona el Gobierno de Zapatero. Así las cosas, parece que hay un cierto enfrentamiento entre la todopoderosa vice De la Vega y la ministra de Defensa o, al menos, un desacuerdo claro entre los asesores de una y otra. Por su parte el titular de Exteriores se desmarca del asunto como si la cosa no le afectara que es lo que viene haciendo Moratinos permanentemente: visitar a quien no debe y luego quitar importancia a todo. Y por ultimo está el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado que, una vez más, se pone a las órdenes del Gobierno en el que puede ser el juicio más rápido y lamentable de la historia de la Audiencia Nacional.

No se trata ya de entrar en el fondo del asunto que fue un error desde el principio y que culminó por una parte con las idas y venidas de uno de los piratas para ver si era mayor de edad y, por otra, con la cuestión de la bandera del Alakrana. Veremos lo que ocurre, pero todo parece indicar que al final será el Gobierno quien tenga que decidir de qué manera se devuelve a los piratas. Lo único importante son las vidas de los marineros secuestrados y en eso parece que todos estamos de acuerdo.

Pero resulta preocupante el papel que han jugado -y siguen jugando en esta chapuza- los distintos implicados. ¿Resulta creíble el enfrentamiento entre Defensa y la Vicepresidenta? Seguramente sí, aunque no tanto en lo personal como en lo "profesional". El desgaste de Chacón al frente de un ministerio del que no se esperaban grandes complicaciones, es evidente: desde la retirada sorprendente de Kosovo hasta la guerra negada oficialmente en Afganistán pasando por el extraño papel de las fragatas que patrullan -no se sabe muy bien para qué- los conflictivos mares de los piratas. Hay como un extraño afán de presentar a nuestras tropas como benefactoras de la humanidad; claro, eso estaría muy bien si de verdad fuera ese su papel. Pero aquí cada uno es lo que es y el fracaso viene cuando se les ordenan cosas más propias de los monólogos de Gila: disparar pero poco, sólo cuando sea necesario y si son atacadas. Faltaría más. ¿Por qué no aceptamos la realidad como es? ¿A qué esa especie de temor para llamar a las cosas por su nombre? Hay dos opciones: o nos implicamos como país en lo que sea y hasta el final o lo dejamos y nos dedicamos a la alianza de las civilizaciones. Lo que no puede ser es pretender una cosa y su contraria. El ministro de Industria se ha dado de baja en Greenpeace; lógico. La ministra de Defensa puede ser pacifista, pero no es fácil.

El problema, de cualquier forma, no lo tiene la señora Chacón; sólo es una pieza más -muy ejemplar- de la contradictoria ideología política del presidente del Gobierno. El problema de Zapatero sigue siendo el de siempre: quiere que la realidad se parezca a lo que él entiende como sus principios, pero la realidad se impone tercamente. Y entonces no sabe muy qué hacer y lo que hace es liar aun más la madeja. No sé cuánto tiempo hará falta para desenredar lo que está haciendo en tantos frentes: desde la extraña vertebración autonómica hasta la política exterior pasando por su peculiar forma de afrontar la crisis económica. Si yo fuera Rajoy y viera posibilidades de ganar las próximas elecciones, me iba a mi casa inmediatamente. La herencia de ZP no va a ser precisamente una golosina.

Periodista Digital - Opinión

El melonar constitucional. Por M. Martín Ferrand

EN los mentideros próximos al Tribunal Constitucional se habla más de los posibles sustitutos de su presidenta, María Emilia Casas, que sobre las deliberaciones en torno al Estatuto de Cataluña que, desde hace tres años, es fuente principal de los desvelos de tan innecesaria como polémica institución. La ponente del caso, Elisa Pérez Vera, lleva ya redactados cinco borradores de resolución, pero ninguno de ellos consigue un número de adhesiones y rechazos lo suficientemente equilibrados para evitar el escándalo de la goleada y alcanzar una prudente mayoría con la mínima distancia, sin humillaciones ni tremendismos. ¿Un imposible metafísico?

La semana pasada los diez magistrados que participan en el asunto, ya que uno de los doce titulares está recusado y el otro no ha sido sustituido tras su fallecimiento, hicieron una valoración prospectiva del proyecto de la ponente y el resultado no les satisfizo. Una mayoría entiende que Cataluña no es una Nación y que, según la Constitución, no puede ser obligatorio el uso del catalán. Esa práctica, según leo y escucho en diversos medios informativos, ha escandalizado a gran número de personas y, por igual, a partidarios y contrarios al Estatut que, en su día, elaboró el Parlamento de Cataluña y sancionó el Congreso de los Diputados. No hay razón para el escándalo. La técnica fue de uso común en la escuela de Villaconejos.

Villaconejos es una pequeña localidad madrileña que, desde principios del XIX, alcanzó fama por la calidad de los melones que allí se producían. Tan grande fue su éxito que multitud de cuadrillas de conejeros se contrataron en tierras de las dos Castillas para el cultivo de los melones. Llegaban en la época de la siembra, se instalaban en una cabaña de fortuna y allí permanecían atentos a su función hasta la recogida de los melones. Incluso los volteaban en la mata para alcanzar una mejor exposición solar. De ahí los trasladaban a los mercados y, especialmente en Madrid, los dispensaban en tinglados provisionales instalados en la vía pública. Alcanzaron prestigio y precio porque introdujeron para el consumidor el derecho a cala y cata, de modo que se garantizase la satisfacción de los melonadictos. Las deliberaciones prospectivas del TC, la cala y cata previos a la aportación de una resolución, entronca con la tradición. No necesariamente con la constitucional, pero las costumbres también hacen leyes.

ABC - Opinión

LAS CUENTAS B DE ANDALUCÍA. Por PEDRO DE TENA

Gif de e-pesimo

La Junta dispone de 5.300 millones en su tela de araña de empresas públicas ruinosas. Hay una Junta A, conocida, presupuestada y controlada y hay una Junta B que no es conocida, que no es presupuestada parlamentariamente y que no está controlada. Cómo será el descontrol que ni siquiera hay acuerdo entre la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Junta acerca de su número y carácter.

Pues bien, cuenta este lunes el ABC que la Junta ha inyectado en 2008 casi un billón de las antiguas pesetas, 5.300 millones de euros en este tipo de entidades que albergan gran cantidad de irregularidades en contratación de personal, en adjudicación de contratos y en control interno -además de otras muchas cosas -, sin que nadie si esta cifra es la verdadera y sin control de nadie.

Lo único que se sabe es que este tinglado en B ha servido a los intereses partidistas del PSOE y que el Parlamento andaluz no ha logrado tener información precisa a pesar de las peticiones de IU y PP y de las denuncias de ambos.

Tras haber estado años colocando a dedo a decenas de miles de empleados en la Junta de Andalucía por el método de contratación de interinos y otros más o menos sofisticados, llegó un momento en que el PSOE y la Junta apenas tenían ya libertad de movimientos porque la Administración andaluza, mal que a su pesar, se iba consolidando y reglando.

Los sindicatos, a pesar de sus connivencias con el régimen, también querían participar en el control de las pruebas de acceso, lo que dejó a la Junta maniatada respecto a la colocación sin control practicada hasta entonces. Por eso fue con la llegada de Manuel Chaves a la Junta en 1990 cuando el mecanismo "B", de las empresas y organismos públicos paralelos a la Junta, comenzó a desarrollarse con toda su amplitud.

Por eso tiene sentido la pregunta que se hace ABC: "¿Para qué sirven en Andalucía las 15 consejerías que integran el organigrama de la Junta, con sus correspondientes plantillas de personal, que suman más de 250.000 funcionarios, y con un presupuesto de 31.961.796.132 euros en 2008?

Al parecer, para poco, porque la Administración socialista, que presidió durante veinte años el hoy vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha tejido durante todos estos años una Administración paralela de 54 empresas —según denuncia el PP— que escapa de cualquier control del Parlamento, que le permite realizar contrataciones a dedo de unas 20.000 personas (19.751 era su plantilla de trabajadores en 2007), sin ajustarse a la normativa que se aplica en las Administraciones públicas y cuyo funcionamiento es una auténtica incógnita. Además, el trabajo que realizan es el mismo que pueden llevar a cabo esas 15 consejerías, insiste la denuncia del PP."

En 2008, la tela de araña de empresas ha tenido un coste de 5.282.639.111, 13 euros, según los datos de la Cuenta General de 2008 de la Junta de Andalucía, a los que ha tenido acceso ABC, que todavía no se han hecho públicos y que están pendientes de fiscalización.

La cifra se obtiene mediante la suma de las obligaciones de pago reconocidas por la Administración socialista en 2008 y de las cantidades que, por ese mismo concepto, quedaron pendientes en los ejercicios de 2006 y 2007. De este montante global de más de cinco mil millones, la cantidad pagada ha sido de 3.835.453.282,60, por lo que la diferencia se acumulará a las cantidades pendientes a lo largo del ejercicio de 2009.

La Junta financia a estas empresas directamente mediante subvenciones de explotación, encomiendas de gestión. ampliaciones de capital o solicitudes de servicios. Hay empresas, como el caso de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional o el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que no han recibido en 2008 ni un euro de la Junta.

Hay empresas, como es el caso de Cetursa Sierra Nevada, Infraestructura Turística de Andalucía o Promonev, en los que a final de 2008 la Junta le pagó el cien por cien de los compromisos adquiridos; hay otras, como la Agencia Andaluza de la Energía, a la que tan sólo le ha pagado un 19 por ciento, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía a la que le ha abonado un 18 por ciento o Verificaciones Industriales de Andalucía que tan sólo ha ingresado el 12 por ciento.

La Cámara de Cuentas ha denunciado sistemáticamente el funcionamiento de estas empresas, la última, Sandetel, dirigida por el primo de Zarrías, José Carlos Alarcón Arévalo y el amigo íntimo de Manuel Chaves, Rafael Camacho Ordóñez, además de otros gerifaltes de la Junta andaluza. Y los tribunales de justicia, sobre todo el TSJA, ha rechazado sus sistemas de funcionamiento por duplicar el costo de la Administración andaluza sin sentido del interés general.

Lo que podrían hacer los funcionarios no lo hacen y sin embargo, se contratan a miles de personas para hacer lo que hay que hacer. Es en síntesis lo que dice la sentencia del caso Sadesi, gran victoria del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía. Sadesi ha sido una de las auditadas por la Cámara de Cuentas y donde se encontraron muchas irregularidades. Esta empresa subcontrataba servicios que la Consejería de Innovación podría hacer directamente con sus propios funcionarios.


Libertad Digital

Los piratas del 'Alakrana' ponen en solfa al Estado. Por Antonio Casado

Ingeniería judicial en el auto del juez Pedraz para procesar y juzgar a toda prisa a los dos piratas encarcelados en España. La situación reclama encontrar la forma de combinar el hecho con el derecho. Es decir, la ilegalidad propuesta por los secuestradores del “Alakrana” con la legalidad que no puede ser ignorada por el juez. Ni por el Ejecutivo, por supuesto. Pero la propia secuencia de los hechos pone en evidencia la inconsistente posición del Gobierno. Si había de negociar con unos facinerosos no tenía sentido envolverse en la bandera de la ley desde el primer momento. Si iba a pisar el barro de la ilegalidad, ¿por qué quiso empacharse de legalidad con aquel apresurado traslado a Madrid de los detenidos?

Aparte del desbarajuste posterior, en una cosa tenía razón la vicepresidenta Fernández de la Vega cuando el viernes pasado negó la descoordinación gubernamental: se hizo lo que se tenía que hacer. Lo que tocaba. Lo que se hizo, quien lo hiciere, fue detener a unos delincuentes y ponerlos a disposición judicial. La derivada posterior es una polémica perversa. Discutimos para identificar al que decidió hacer lo correcto con el fin de echarle una bronca, una vez aceptado el terreno propuesto por los piratas, que es el de la ilegalidad. Nada casa tan mal con el imperio de la ley y el Estado de Derecho como ponerse al nivel de unos facinerosos.

Y una vez consumado, o a punto de consumarse, el despropósito de aceptar una negociación del Gobierno con los piratas, es cuando advertimos que la presencia en España de los dos piratas detenidos en Somalia perjudica objetivamente la negociación y pone en riesgo la posibilidad de un final feliz en el caso del “Alakrana”. Entonces y sólo entonces nos da por buscar a los responsables de haber trasladado a España a dos de los piratas. Para echárselo en cara. Y para ponernos estupendos a toro pasado respecto a lo que se debía haber hecho. Dejarlos en Kenia, por ejemplo, en cumplimiento del convenio europeo pensado precisamente para estos casos. Correcto. Hubiera sido perfectamente legal. Pero lo que finalmente se hizo, ojo, también es legal. Y por haber hecho algo que es legal, quien tomó la decisión está siendo ahora política y mediáticamente apaleado.

El estupor nos bloquea. En el debate de estos días hemos visto cómo se estigmatiza el cumplimiento de la ley. Algo insólito. Nadie quiere quedarse con el honor de haber hecho lo justo: detener a unos delincuentes y ponerlos a disposición judicial. Lo nuevo es bailar al son de los piratas. Tal cual. Los piratas nos arrastran a un escenario anómalo, por no calificarlo de otro modo. A todos, también al Gobierno que, obviamente, ha tenido que aceptarlo por la causa de los 36 secuestrados, 16 de los cuales son españoles.

Pero uno no puede dejar de preguntarse sobre la extraordinaria implicación del Estado en el secuestro de un barco español y dieciséis conciudadanos secuestrados. Nunca hemos visto un grado de implicación semejante en los casos de empresarios españoles secuestrados en Bogotá, en Caracas, o donde se estén ganando la vida como los atuneros se la ganan en Somalia o en aguas internacionales ¿Alguien puede decir cuál es la diferencia? No parece de principio, sino de tamaño. Por lo visto, el tamaño es determinante para que un Estado se siente o no se siente a negociar con unos delincuentes.

El confidencial - Opinión

Abusos. Por Alfonso Ussía

Amnistía Internacional es una organización que domina como ninguna la tortura semántica. Su perversión del lenguaje es sencillamente magistral. Y sus responsables, al menos en España, responden con celeridad a las críticas. La pasada semana, en LA RAZÓN nos lamentábamos de la terminología que Amnistía Internacional usa para referirse a la ETA: «Grupo armado». Su Director en España, don Esteban Beltrán, raudo como centella, envió una carta de réplica a nuestro periódico que me ha preocupado aún más que el motivo original del desacuerdo. Para nuestro periódico no es de recibo que una banda terrorista que lleva cuarenta años asesinando, secuestrando, chantajeando, hiriendo y destrozando a miles de familias, reciba el masaje conceptual de «grupo armado». Mil asesinados acreditan nuestro derecho al estupor.

Pero don Esteban Beltrán, en su amable carta de réplica nos alecciona y nutre de sabiduría. Escribe don Esteban: «Amnistía Internacional ha condenado sistemáticamente los atentados de ETA contra amplios sectores de la población, y durante años le ha pedido que ponga fin de forma inmediata y permanente a su campaña de homicidios, secuestros, toma de rehenes y otros abusos graves contra los derechos humanos». Ruego al Director de Amnistía Internacional que me conceda la consiguiente amnistía para analizar su escabroso texto. El homicidio es un delito consistente en matar a alguien sin que concurran las circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento. Para don Esteban, los terroristas de la ETA son homicidas, no asesinos. En la aplicación de las leyes, existe una gran diferencia entre el homicidio y el asesinato, en beneficio del primero. Para Amnistía Internacional los terroristas no son asesinos, es decir, los que matan a alguien con premeditación, ensañamiento y alevosía. Preparar un atentado no es premeditación ni alevosía para don Esteban. Asesinar a un rehén o secuestrado al que se le ha puesto precio, no es premeditación ni alevosía para Don Esteban. Repugnante lenguaje políticamente correcto y emponzoñado de cínico «buenismo». Pero hay más. Don Esteban ha «pedido» a la ETA que ponga fin a su campaña de «homicidios», secuestros, toma de rehenes y «otros abusos graves contra los derechos humanos». Me preocupa, y mucho, que para el Director de Amnistía Internacional, el «homicidio», el secuestro o la toma de rehenes, no merezca más que la simple calificación de «abuso». En tal caso, por lógica y consecuencia, según su lenguaje, los que matan y los que secuestran se convierten en «abusones», lo que nos abre los ojos y nos ayuda a entender que en España existan asesinos –perdón, señor Beltrán, homicidas–, que cumplen menos de un año de prisión por cada uno de sus asesinatos, que son homicidios para el señor Beltrán.

Amnistía Internacional, en tantas ocasiones complaciente y olvidadiza con regímenes totalitarios, pierde toda su credibilidad con la perversión medida y gélida de su lenguaje. Si Amnistía Internacional no considera a los etarras ni asesinos ni terroristas, el señor Beltrán no puede enfadarse si para LA RAZÓN –al menos, para este articulista de LA RAZÓN–, su lenguaje se nos antoje, no ya perverso y cobarde, sino simplemente asqueroso.

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La enfermedad de Rajoy. Por José García Domínguez

Esa afección crónica del alma progre, la impostada impostura biográfica, ya se ha contagiado a sus iguales de la derecha. Sin ir más lejos, he ahí, paradigmático, el caso clínico del paciente Rajoy Brey.

En España, la obsesión por labrarse a toda costa un pasado solía ser patología exclusiva de esa izquierda vergonzante que nunca movió un dedo contra Franco, entre otras poderosas razones, porque durante los malos tiempos para la lírica tuvo la prudencia de no existir. Tanto lo ansiaba que las legiones de heroicos antifascistas alumbradas por la Transición acabaron creyéndose en serio la memoria postiza que ellas mismas fabricaron.

Así, esa generación consiguió implantarse falsos recuerdos en el cerebro con la misma naturalidad que las marujas se inyectan Botox en la frente. De ahí, entre otras célebres fantasías, la de los miles de españoles que levantaron con sus propias manos las barricadas del mayo francés; el relato canónico de esos diecinueve o veinte millones de compatriotas que juran haber corrido delante de "los grises"; o la novela negra de las masas innumeras que, beodas, se dieron al público jolgorio en calles y plazas tras acusar recibo de la muerte del dictador. La prosaica realidad, que nadie aquí pugnó jamás por la democracia, resulta ociosa a esos efectos balsámicos. Los cuatro gatos contados que incordiaron un poco al Régimen fueron comunistas. No luchaban, pues, por la democracia, sino contra ella. Por algo la retrataron siempre adornada con una ristra infinita de apellidos ignominiosos: burguesa, formal, falsa, capitalista, indirecta..., todos ellos, huelga decirlo, sinónimos de "asquerosa". ¿Mas a quién importa la realidad?

Todo se pega, por lo demás. Y es que esa afección crónica del alma progre, la impostada impostura biográfica, ya se ha contagiado a sus iguales de la derecha. Sin ir más lejos, he ahí, paradigmático, el caso clínico del paciente Rajoy Brey, afectado que anda pregonando a los cuatro vientos: "Yo cogí un partido en la oposición que perdió las elecciones". Descartados tanto los estimulantes artificiales como la teoría freudiana del recuerdo reprimido, sólo cabe ese diagnóstico: el hombre vive persuadido de estar recordando lo que en verdad cree que ocurrió al ser designado por Aznar con tal de que heredara la Presidencia del Gobierno. La psiquiatría clínica ha documentado miles de casos similares al suyo. Adultos seguros de haber sido víctimas de abusos en la infancia, personas programadas para creer que protagonizaron acontecimientos con los que nada tuvieron que ver, implantadores de recuerdos travestidos de psicoanalistas... En fin, confiemos en la ciencia. Quizá dé con alguna cura.

Libertad Digital - Opinión

Sitel, la máquina del miedo. Por Hermann Tertsch

BUENO, pues parece que de algo ha servido la Convención Nacional de Bienaventuranza del Partido Popular en Barcelona si más allá de loas al líder, algunos de sus dirigentes se han decidido a hablar del espionaje telefónico al que pueden estar sometidos todos y cada uno de los españoles por parte del Gobierno. Eso al fin y al cabo es hablar de la defensa de la libertad en uno de sus elementos básicos que son la privacidad y el derecho a la intimidad. Aunque en otros asuntos claros para la libertad de la ciudadanía el PP de Mariano Rajoy parece tener tan interiorizado el discurso de la hegemonía socialista que es incapaz de poner pie en pared, algo es algo. Muchos querríamos que la energía que pone Rajoy en dejar claro que en su partido se hace sólo lo que él quiere porque «las listas las hago yo», se utilizara para denunciar y hacer frente a los constantes abusos y desmanes del Gobierno socialista. Que no pasara un día sin que se denunciaran otras 24 horas sin explicaciones del Gobierno sobre el chivatazo de miembros de la policía a ETA para evitar las detenciones en la operación del bar Faisán. Que es sólo un ejemplo. O que los populares hubieran sabido celebrar el 20 aniversario de la caída del Muro como una conmemoración de las ideas de libertad frente a una izquierda enormemente incómoda con aquella miseria del socialismo real con el que tantas cosas tiene en común el radicalismo adanista e izquierdista del Gobierno Zapatero. Que los socialistas se quisieran olvidar de este acontecimiento clave en la historia del siglo XX y un hito de la victoria de la democracia liberal era lógico. Que en el PP sólo se acordara de la fecha Esperanza Aguirre es una tristeza y demuestra que en Génova la lucha por la victoria de las ideas que dice representar cuenta al parecer menos que la búsqueda de una especie de continuo apaciguamiento del adversario político que claramente tiene por objetivo su liquidación o neutralización como fuerza alternativa en la democracia española.

El sistema de interceptación de comunicaciones SITEL es un aparatito que puede ser muy útil para la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Por eso se compró en su día durante la última legislatura de José María Aznar. Pero entonces se pidieron unos informes jurídicos y se vio que la fórmula hace prácticamente imposible un control judicial real y efectivo sobre su utilización. Y que las posibilidades de abuso y manipulación de las escuchas lo convertían en muy dudosamente constitucional. Pues imagínense este aparatito SITEL en manos de unos policías socialistas como los que mantiene como cargos de confianza el señor Fouché Pérez Rubalcaba que son capaces de colaborar con ETA para no fastidiarle un poco a Zapatero su plan de paz infinita con los terroristas que desarrollaba cuando se produjo el chivatazo. Esos no son solo capaces de espiar conversaciones de Dolores de Cospedal o de Esteban Gonzalez Pons para utilizarlas como les venga en ganas, en estado puro o con adulteraciones que crean necesarias. Para su filtración a medios amigos o para cualquier otro uso inconfesable. A partir de una sola persona pueden controlar conversaciones y movimientos de todo su círculo por amplio que sea y ejercer sobre ellos presión, chantaje y sobre todo intimidación. Porque está claro de que de un tiempo a esta parte son muchos, políticos, empresarios o periodistas que tienen la certeza de que sus conversaciones están controladas. Y hay algunos que han visto como su entorno recibe llamadas amenazantes destinadas a perjudicarles profesional o personalmente como personas adversarias o especialmente incómodas para este Gobierno y su lucha por ocultar a toda costa su incompetencia y sus fracasos. Pero el efecto fundamental de esta opacidad del uso del SITEL está en la generación de miedo. En la parálisis que genera en muchos ciudadanos descontentos la convicción de que, siendo permanentemente vigilados, quedan a merced de políticos, policías y jueces socialistas. Es un salto cualitativo en la lucha contra la discrepancia que da miedo. Y con razón.

ABC - Opinión