Los piratas del 'Alakrana' ponen en solfa al Estado. Por Antonio Casado

Ingeniería judicial en el auto del juez Pedraz para procesar y juzgar a toda prisa a los dos piratas encarcelados en España. La situación reclama encontrar la forma de combinar el hecho con el derecho. Es decir, la ilegalidad propuesta por los secuestradores del “Alakrana” con la legalidad que no puede ser ignorada por el juez. Ni por el Ejecutivo, por supuesto. Pero la propia secuencia de los hechos pone en evidencia la inconsistente posición del Gobierno. Si había de negociar con unos facinerosos no tenía sentido envolverse en la bandera de la ley desde el primer momento. Si iba a pisar el barro de la ilegalidad, ¿por qué quiso empacharse de legalidad con aquel apresurado traslado a Madrid de los detenidos?

Aparte del desbarajuste posterior, en una cosa tenía razón la vicepresidenta Fernández de la Vega cuando el viernes pasado negó la descoordinación gubernamental: se hizo lo que se tenía que hacer. Lo que tocaba. Lo que se hizo, quien lo hiciere, fue detener a unos delincuentes y ponerlos a disposición judicial. La derivada posterior es una polémica perversa. Discutimos para identificar al que decidió hacer lo correcto con el fin de echarle una bronca, una vez aceptado el terreno propuesto por los piratas, que es el de la ilegalidad. Nada casa tan mal con el imperio de la ley y el Estado de Derecho como ponerse al nivel de unos facinerosos.

Y una vez consumado, o a punto de consumarse, el despropósito de aceptar una negociación del Gobierno con los piratas, es cuando advertimos que la presencia en España de los dos piratas detenidos en Somalia perjudica objetivamente la negociación y pone en riesgo la posibilidad de un final feliz en el caso del “Alakrana”. Entonces y sólo entonces nos da por buscar a los responsables de haber trasladado a España a dos de los piratas. Para echárselo en cara. Y para ponernos estupendos a toro pasado respecto a lo que se debía haber hecho. Dejarlos en Kenia, por ejemplo, en cumplimiento del convenio europeo pensado precisamente para estos casos. Correcto. Hubiera sido perfectamente legal. Pero lo que finalmente se hizo, ojo, también es legal. Y por haber hecho algo que es legal, quien tomó la decisión está siendo ahora política y mediáticamente apaleado.

El estupor nos bloquea. En el debate de estos días hemos visto cómo se estigmatiza el cumplimiento de la ley. Algo insólito. Nadie quiere quedarse con el honor de haber hecho lo justo: detener a unos delincuentes y ponerlos a disposición judicial. Lo nuevo es bailar al son de los piratas. Tal cual. Los piratas nos arrastran a un escenario anómalo, por no calificarlo de otro modo. A todos, también al Gobierno que, obviamente, ha tenido que aceptarlo por la causa de los 36 secuestrados, 16 de los cuales son españoles.

Pero uno no puede dejar de preguntarse sobre la extraordinaria implicación del Estado en el secuestro de un barco español y dieciséis conciudadanos secuestrados. Nunca hemos visto un grado de implicación semejante en los casos de empresarios españoles secuestrados en Bogotá, en Caracas, o donde se estén ganando la vida como los atuneros se la ganan en Somalia o en aguas internacionales ¿Alguien puede decir cuál es la diferencia? No parece de principio, sino de tamaño. Por lo visto, el tamaño es determinante para que un Estado se siente o no se siente a negociar con unos delincuentes.

El confidencial - Opinión