ESPAÑA es un Estado de Derecho... procesal. La existencia de una Justicia de velocidad e intensidad variables, como la que se aplica a los dos piratas somalíes que una desafortunada sucesión de acontecimientos y torpezas ha sentado en el banquillo de una sala de la Audiencia Nacional, es una buena prueba de ello. En la medida en que las apariencias sean parte fundamental de la dignidad del Estado, y lo son en una sociedad imagocrática, este caso la está dejando hecha unos zorros. Se quiere vestir a un santo con unos ropajes que no le corresponden para acelerar lo que, en buena ley, debiera tener tiempos distintos y de mayor sosiego.Tradicionalmente, la Justicia española mide sus actuaciones por décadas y el lustro ya induce al vértigo. Un año es un tiempo tan mínimo que ni los más viejos ropones del lugar recuerdan una decena de sentencias producidas antes de que transcurran doce meses desde los hechos que las suscitaron; pero el «Alakrana» tiene poderes taumatúrgicos y, además de haber puesto en evidencia la fragilidad de una vicepresidenta, la inconsistencia de una ministra y la escasez del servicio exterior nos presenta ahora el velocísimo espectáculo de un procedimiento que, en el mejor de los casos, incita a la sospecha de su instrumentación al servicio de causas tan nobles como la liberación de tres docenas de pescadores secuestrados, pero jurídicamente impreciso y oscuro.
Los piratas del cuento, y nunca mejor empleado el eufemismo, son acusados de detención ilegal y de robo con violencia, pero no se considera la hipótesis de su asociación ilícita con el ánimo de delinquir. ¿Viajaban en el autobús?, ¿una rara circunstancia los colocó juntitos en un punto dado del Índico?, ¿nuestros infantes de Marina dispararon, e hirieron a uno de ellos, a dos chicos que pasaban por allí? El Gobierno ha cometido un inmenso error con el precipitado traslado de estos piratas «no asociados» y, lejos de reconocerlo y buscar soluciones razonables, compromete el prestigio de un Tribunal especial que, venga o no al caso, no parece el indicado -ya que no hay visos de terrorismo en los hechos que se juzgan- ni se ajusta a los ritmos que tenemos admitidos. Esto no resiste la prueba del algodón. Habría que empezar por revisar la vigencia y constitucionalidad de la Audiencia Nacional y ya es excesivo el cúmulo de catástrofes institucionales que tenemos a la vista.
ABC - Opinión
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