La ceguera occidental. Por Edurne Uriarte

No está en juego el respeto de EE.UU. a la libertad religiosa sino su capacidad para hacer prevalecer los principios liberales.

LA gravedad alcanzada por la ceguera occidental frente al fundamentalismo islámico era puesta de relieve ayer por un documentado artículo de Nat Hentoff, investigador del Instituto Cato, en www.realclearpolitics.com sobre el impulsor de la mezquita en la zona cero, el imán Rauf. Resulta que ni siquiera es cierto que Rauf sea un representante del Islam moderado. Y lo más increíble es que nadie entre los defensores de la mezquita, empezando por el propio Obama, se haya molestado en investigar datos que estaban al alcance de cualquiera. Sobre todo, esa entrevista en la CBS poco después del 11-S y transcrita por Hentoff en la que Rauf, a preguntas del periodista Ed Bradley sobre el atentado y sus sentimientos como musulmán, no se limitó a condenar el atentado sino que, todo lo contrario, lo enmarcó en las consecuencias de la política exterior americana y remachó diciendo que Estados Unidos y su responsabilidad en las muertes de muchos inocentes en el mundo habían sido cómplices de ese crimen. Si lo anterior no fuera suficiente, el imán Rauf es un firme partidario de la Sharia, como lo dejó bien claro el 9 de diciembre de 2007 en el periódico árabe Hadi el-Islam.

La misma ceguera tiene lugar en los debates europeos sobre las nuevas mezquitas, el velo o el burka. Con una doble negativa a reconocer que ni estamos ante un debate sobre libertad religiosa ni éste es el camino para fortalecer la alianza con el Islam moderado frente al fundamentalismo, como han argumentado los defensores de la mezquita en la zona cero. El Islam es una religión, obviamente, pero es, además, el elemento esencial de una ideología política que no sólo está en el corazón del terrorismo fundamentalista sino también en amplios movimientos políticos a lo largo del mundo, no violentos, pero sí antidemocráticos y antiliberales. No está en juego el respeto de Estados Unidos o de Europa a la libertad religiosa sino su capacidad para hacer prevalecer los principios liberales y democráticos frente a una ofensiva ideológica que los cuestiona.

La ceguera occidental se compone, además, de un segundo elemento, la idea de que la mejor manera de aislar a los musulmanes radicales es el acercamiento a los musulmanes moderados. Lo que sería un principio correcto siempre que localizáramos en primer lugar a esos musulmanes verdaderamente democráticos y estableciéramos las alianzas con ellos. Pero no son esos musulmanes los que están detrás de la mezquita de la zona zero o de la defensa del velo en Europa. Si lo fueran, ni siquiera tendríamos estos debates pues no habría entre nosotros defensores del velo, de la Sharia o de la mezquita en la zona cero.

Y los musulmanes verdaderamente moderados no tendrían miedo a hablar, como ahora les ocurre. Por un radicalismo que campa a sus anchas, protegido por la ceguera de quienes no quieren ver conflicto alguno, de quienes se empeñan, como escribió hace unos días Ayaan Hirsi Ali, en ver el mundo como les gustaría que fuera y no como en realidad es.

El fin de la guerra fría dio paso a la fantasía del fin de los conflictos, del fin de las ideologías, escribió André Glucksmann en Dostoievski en Manhattan. La política de una buena parte de las democracias frente al fundamentalismo islámico, empezando por la de nuestro Gobierno, se basa en esa fantasía. En su negación, en la ceguera total.

ABC - Opinión

Afganistán. La guerra no es virtual. Por Florentino Portero

Si el Gobierno de la "Alianza de las Civilizaciones" no entiende, o no quiere entender, lo que está en juego en Afganistán, lo mejor que puede hacer es retirar las tropas.

Cuando un país renuncia al sentido común cualquier disparate es posible. Los españoles nos sorprendemos de que en una guerra haya muertos, de la misma manera que nos indigna que los inversores internacionales degraden nuestra posición porque gastamos más de lo que ingresamos. De la mano de ese peculiar flautista de Hamelin que es nuestro presidente de Gobierno, hemos entrado con decisión en los terrenos de la realidad virtual, donde lo único que parece contar es nuestra santa voluntad. Y así, si nosotros decidimos que nuestra misión en Afganistán es ayudar a la reconstrucción, los miles de guerrilleros que por aquellas tierras pululan deben aceptarlo y punto.

Pues no, parece que las dulces melodías que salen de la flauta de nuestro presidente no tienen efectos más allá de nuestras fronteras. Las milicias talibán tienen claro que allí no pintamos nada y que, además, tenemos media bofetada y a la mínima echamos a correr. No andan muy desencaminados y a la vista está el excelente trabajo "diplomático" por el que nuestro Gobierno se ha puesto todo tipo de medallas al cumplir las condiciones que le impuso la franquicia de Al Qaeda en el Magreb Islámico, y al tiempo repartir parné a diestro y siniestro entre cuantos mediadores se pusieran a tiro ¡Eso sí que es oficio!

Con toda la razón del mundo nuestro presidente se quita de en medio ¿Cómo explicar qué hacemos en Afganistán si ni él lo sabe? Si hubiéramos querido ser útiles en la reconstrucción del país nos habríamos apresurado a garantizar la seguridad de los territorios que nos habían asignado, buscando y eliminando los núcleos de fuerza talibán. Pero ese no era el caso. Se trataba de demostrar a la Alianza que a pesar de la "espantá" de Irak éramos un socio fiable, un Estado con el que se debía contar. Cuando se expone la vida de españoles de uniforme hay que tener muy claro que se está defendiendo el interés nacional, nuestra seguridad. Si el Gobierno de la "Alianza de las Civilizaciones" no entiende, o no quiere entender, lo que está en juego en Afganistán, en qué medida depende de su resolución la estabilidad de Pakistán, el efecto que tendrá un resultado u otro en el conjunto del islam... lo mejor que puede hacer es retirar las tropas. Si de verdad comprende todo lo que está en juego debería renunciar a la humillante "Alianza de las Civilizaciones" y asumir plenamente el compromiso de derrotar al islamismo radical, en el caso de que ya no sea demasiado tarde.

Nuestros oficiales se sintieron sorprendidos por la reacción de la población afgana tras lo ocurrido. No tienen por qué. Muchos de sus alumnos se incorporarán en breve a las fuerzas talibán, por la sencilla razón de que nosotros estamos de paso mientras que los talibán tienen voluntad de victoria y están ganando la guerra. Si con el dinero que el contribuyente aporta se financia a Al Qaeda en Malí, ¿por qué no vamos a emplear otra respetable cantidad en formar los cuadros de la policía o del ejército taibán? Ésta es la España de Zapatero donde todo disparate tiene cabida.

Libertad Digital - Opinión

El mal menor. Por Fernando Fernández

Un presidente que confunde las obligaciones filiales con asuntos de estado suele ser un mafioso incompetente.

ES la excusa permanente, la justificación de toda decisión gubernamental. Viene normalmente acompañada de un alegato emocional, como el llanto farisaico por la reducción de sueldo de los funcionarios —«nosotros no queríamos, pero nos ha obligado la realidad»— o de un toque de superioridad moral como en el pago del rescate a los secuestradores o la retirada de las mujeres policías de Melilla, «nosotros no padecemos ardor guerrero sino ansias infinitas de paz». Es la vieja teoría del mal menor interpretada por un dictador benevolente que ni siquiera se aviene a dar explicaciones, véase la nueva negativa de Zapatero a debatir sobre la presencia española en Afganistán en misión de no se sabe muy bien qué pero da igual porque es desleal pedir explicaciones. Es una teoría tan efectiva como letal, porque paraliza a la oposición y embelesa a los mejores analistas. Tengo a Ignacio Camacho por un buen amigo y por el mejor columnista español. Por eso me atrevo a discrepar de su artículo del miércoles en el que calificaba el pago del rescate como un viscoso dilema ético y en el que retaba a los que tenemos contundentes certezas a situarse con honestidad en la posición de las víctimas. Querido Ignacio, el problema es que gobierno no es la víctima y no debe obrar como tal, sino con la ética de la responsabilidad. La idea de que los presidentes de gobierno han de ser bellísimas personas que actúan como el páter familiasdel Código Civil es una moda muy anglosajona y postmoderna, pero profundamente errónea y peligrosa.

Como aún es agosto y no estamos todavía para discusiones trascendentes, voy a poner algunos ejemplos menores de la vida económica para mostrar el conflicto entre lo que se espera de un padre y de un presidente de gobierno. El paro es la preocupación dominante a pesar del aparente repunte estadístico de la economía. Todos los estudios laborales demuestran que la gente se coloca aquí y en la Conchinchina por relaciones personales —la diferencia es que aquí lo llamamos peyorativamente enchufe y los puritanos networking. Todo padre de familia recomienda ansiosamente a sus hijos para un empleo y si pudiera los colocaría directamente en el ayuntamiento, la Comunidad, la Caja o el Ministerio. Pero es obligación del gobierno evitarlo y garantizar la igualdad de oportunidades. Lo que para un padre es una obligación moral, para un presidente es prevaricación o cohecho. Ayudar a un hijo empresario con un aval, una garantía de crédito o información útil es normal, casi obligado en un buen padre, hacerlo desde el ejecutivo con los recursos del Estado es delito.

Un presidente paternal que confunde las obligaciones filiales con asuntos de estado no suele ser un buen gobernante sino normalmente un mafioso —por lo de la gran familia— incompetente. El mundo está lleno de esos personajes. En un secuestro, claro que la familia tiene el derecho, casi la obligación moral, de hacer todo lo posible para recuperar a sus seres queridos. Incluido pagar un rescate e intentar cesiones políticas. Pero un presidente no puede, ni debe. No actúa por razones humanitarias sino por responsabilidad política. Llevados al extremo, y no es descartable que acabe pasando dada la creciente judicialización de la vida política, la familia de los próximos secuestrados en el Magreb podría acabar demandándole por cooperación necesaria. Y algún imitador de Garzón podría admitir la demanda a trámite. No es ciencia ficción, es simple especulación informada. O es que hemos olvidado la historia de la lucha antiterrorista en el País Vasco. La política no es un concurso de belleza, es un duro oficio para el que prepara mejor Maquiavelo que Walt Disney.

ABC - Opinión

Cooperantes. De los vivos y de los muertos. Por Emilio Campmany

¿Qué pueden decirle las familias de los cooperantes liberados a la de Miguel Ángel Blanco? ¿Que el responsable de la muerte de Miguel Ángel la tiene el tío del bigote por no rendirse ante las exigencias de los terroristas?

Nuestro Rey dijo en una ocasión que Zapatero sabía muy bien en qué dirección iba. Y ¿en qué dirección va, Majestad?

Activistas alauitas nos humillan en Melilla y el Gobierno y el Rey (sí, el Rey) se apresuran a pedir perdón al sátrapa magrebí. El Gobierno fuerza la liberación del peligroso terrorista que secuestró a dos españoles y le paga ocho millones de euros para que los libere. Luego, el terrorista nos humilla diciendo al resto de países occidentales que tomen ejemplo de España, que paga y se pliega a los deseos de los criminales. Mientras estos insensatos cooperantes, que viajaron libremente a un área extraordinariamente peligrosa, celebran su liberación gracias al dinero y a la humillación del resto de sus compatriotas, en Afganistán mueren dos guardias civiles que fueron allí cumpliendo órdenes del Gobierno. Unas órdenes dictadas con el fin de demostrar que allí no hay guerra y que lo que hay que hacer es reconstruir el país enseñando, entre otras cosas, a la policía afgana a modernizarse, que para eso fueron enviados los guardias civiles al país centroasiático. Para completar la cadena de desgracias, sólo falta que el Gobierno forme consejo de guerra a los soldados que abatieron al terrorista que acabó con la vida de los guardias civiles por no haber empleado el celo suficiente en intentar arrestarlo con vida, que ya se sabe que, para este Gobierno, la vida de los terroristas vale tanto como la de los soldados y policías encargados de perseguirles.

¿Qué pueden decirle las familias de los cooperantes liberados a la de Miguel Ángel Blanco en el improbable caso de que se encuentren? ¿Que aquellos eran otros tiempos y que el responsable de la muerte de Miguel Ángel la tiene el tío del bigote por no hacer lo que Zapatero hace tan bien, que es rendirse ante las exigencias de los terroristas? ¿Que aquel sacrificio fue estúpido porque al final hemos terminado por hacer lo que cualquier secuestrador exija? ¿Que valen más las vidas de dos cooperantes insensatos que la de un concejal del PP?

¿Y qué pueden decirle a las familias de los guardias civiles asesinados? ¿Que ellos tienen más derecho a vivir porque se dedican a hacer solidaridad mientras que el riesgo de muerte en los guardias es inherente a su profesión? ¿Que aunque los ocho millones de euros se hubieran gastado en reunir inteligencia en el área de las bases españolas en Afganistán, habría sido inútil y que lo más seguro es que el CNI jamás hubiera detectado la presencia de un talibán entre las personas con acceso franco a la base? ¿Que en el caso de haber sido ellos los muertos y el CNI haber evitado con el dinero de su rescate el atentado en Qala-i-Naw, la opinión pública española habría castigado el fracaso en el Magreb e ignorado el éxito en Afganistán? ¿Que valen más las vidas de dos ciudadanos solidarios que las de dos guardias civiles disciplinados?

¿Y qué les dirán esas mismas familias a las de quienes secuestren Omar Saharui y sus hombres en el futuro con el dinero que les proporcionó el rescate pagado para liberar a los españoles? ¿Les dirán que su gobierno tiene que hacer lo que el nuestro, pagar y humillarse, él y la nación a la que representan, ante los terroristas? Y, si fueran españoles, ¿qué dirán? ¿Que hay que volver a pagar? ¿Hasta cuándo y cuánto más?

Libertad Digital - Opinión

¿Qué hacemos en Afganistán?. Por M. Martín Ferrand

Nuestra política exterior es un género bufo y, salvo el amor al comunismo cubano, es difícil encontrar una constante.

AFGANISTÁN dejó de ser la ruta de la seda para convertirse en la de la amapola; pero, quienes hemos leído Kim de la India, le debemos a Rudyard Kipling un cierto entendimiento de la áspera realidad de un territorio en el que, desde Ciro el Grande, rey de los persas, hasta Barack Obama, presidente de los EE.UU., han fracasado todos los titanes de la Historia. Bastaría una reflexión en ese sentido para encontrar una respuesta a una pregunta elemental: ¿qué hacemos nosotros, los españoles, en un rincón del mundo tan distante de nuestros intereses, tan lejano de las prioridades de nuestra política exterior y, como ya demuestra una negra contabilidad, tan mortífero para nuestros soldados?

Son muchas las respuestas que nos debe José Luis Rodríguez Zapatero, el gobernante espasmódico que, por las mismas razones que nos sacó de Irak, en desprecio a los compromisos adquiridos por el Estado español, nos metió en Afganistán para aliviar sus complejos y disimular sus errores y gestos antinorteamericanos, impropios de quien pretende ser un líder planetario, pobrecito. En función de los últimos acontecimientos, la más urgente de todas esas respuestas es la que explique nuestra presencia afgana.

Nuestra política exterior es, de hecho, un género bufo y, salvo el amor al comunismo cubano, es difícil encontrar en ella, a lo largo de los años que llevamos de zapaterismo, ninguna constante. Hace solo unas horas, a propósito del rescate de los secuestrados por Al Qaeda del Magrel Islámico, el presidente Nicolas Sarkozy ha tenido que recordarnos que «pagar rescates y aceptar la liberación de presos a cambio de pobres inocentes no puede ser una estrategia». Para nosotros, por lo que llevamos visto, se trata de una costumbre fáctica que concuerda con la política débil y pastueña que, inspirada desde La Moncloa, ejecuta con entusiasmo el titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

Lloramos ahora el asesinato de tres españoles —los nacionalizados también lo son— mientras cumplían con su deber en Afganistán. Alguien, aunque solo sea por respeto a su memoria y a sus familiares, debiera darnos una explicación suficiente del sentido de la presencia española en aquel escenario bélico. La «misión humanitaria y asistencial» ya no se tiene de pie cuando nos aproximamos al centenar de muertos en un lugar que, en lo que a España respecta, no tiene sentido político, interés estratégico, valor logístico o razón crematística. Zapatero encontró en Afganistán una zarza con moras verdes para quitar la mancha de las maduras que recolectó en Irak y ahora tenemos manchas de dos colores.

ABC - Opinión

¿Oenegés?. Por Alfonso Ussía

No todas las llamadas ONG pueden meterse en el mismo saco. El saco de la gran mentira. Las hay admirables. No obstante, creo que en la inclusión de la «n» la mayoría de ellas mienten. Se ha demostrado ahora con la liberación de esta osada pareja de tontorrones. Me siento feliz por su libertad y la tranquilidad de sus familias, y escandalizado por la humillación de un Estado, el español, ante los terroristas. Ignoro qué porcentaje del dinero del rescate me habrá correspondido como contribuyente. Quizá el 0,0001 por ciento. Lo doy por bien empleado por sus vidas. Y lo doy por muy mal empleado por la mía. No me gusta pertenecer a una sociedad cuyos gobernantes colaboran con el delito. Y menos aún, para liberar a dos conciudadanos que se ríen de quienes han aportado el dinero para terminar felizmente con su tontería solidaria. El de las muletas se olvidó de que han sido los españoles, incluidos los catalanes, claro, los que hemos regalado a los terroristas de Al Qaida el dinero que ha puesto fin a su secuestro. Lo hemos puesto sin que nos hayan consultado, pero se trata de dinero público, y el dinero público a todos los ciudadanos nos pertenece.

A ver quién es el guapo del Gobierno que dificulta a los familiares de un secuestrado por la ETA el pago de su rescate. Y se trataría de dinero privado, que no público. De ahí la negativa del guapo del Gobierno a no admitir preguntas en su comparecencia ante la Prensa para anunciar con sobreactuada emoción que los dos cooperantes españoles –¿cooperantes de qué y para quién?– habían sido liberados. ¿Liberados por un comando de la heroica Guardia Civil? ¿Liberados por un batallón de valientes legionarios? ¿Liberados por una diplomacia fuerte e inflexible? Nada de eso. Liberados por los millones de euros que el Gobierno de España ha entregado a los terroristas. Se podía haber ahorrado el más guapo del Gobierno su comparecencia ante los medios de comunicación acompañado por las más estilista del mismo Gobierno. Con cualquier pregunta se les habría caído a los dos la cara de vergüenza. Horas más tarde, los cooperantes de no se sabe qué llegaron a Cataluña y se olvidaron del resto de España. De la nación que ha rescatado sus vidas del perverso capricho de los terroristas. Como ha escito el extraordinario nacionalista Salvador Sostres, unos niñatos. Estas «Oenegés» tendrían que denominarse «osigés». Organizaciones Si Gubernativas. Sin dinero público –y no me refiero a las organizaciones ejemplares y admirables–, estos bandarras en caravana no habrían llegado ni a Sitges, que es localidad muy preferida por mi ánimo, no por el orgullo «gay», sino por constituir la cuna de Antonio Mingote, ese catalán-aragonés-madrileño-andaluz inalcanzable, y por cuya vida el Gobierno jamás pagaría un rescate, entre otras razones porque nunca Antonio Mingote cometería la insensata estupidez de jugar a hacerse el bueno con los terroristas islámicos.

Me propongo fundar una ONG que sea bastante OSG. No ando bien de dinero. Y me comprometo a no hacer bobadas para que nadie tenga que pagar por mi rescate. La ONG bastante OSG se llamará «Caravana a Mónaco. Salvemos a los monegascos». Con el dinero que reciba del Gobierno para salvar a los monegascos podré vivir sin trabajar y sólo una vez al año, viajaré a Mónaco para ver si los he salvado. Y es que, aunque esté mal decirlo de uno mismo, yo también soy buenísimo y solidario.

La Razón - Opinión

ETA. Prenegociación o negociación. Por Gabriel Moris y Mª Jesús González

Resulta incomprensible que los terroristas sean interlocutores de pleno derecho ante los órganos del Estado y, sin embargo, las víctimas y nuestros colectivos sólo seamos objeto de división o de exhibición "según convenga a la jugada".

Las víctimas del terrorismo no adquirimos esta condición de forma voluntaria. Si en España hay algún colectivo de personas que pueda hacer gala de respetar nuestro ordenamiento jurídico y de no hacer manifestaciones de odio y revancha hacia los que nos impusieron nuestra condición de víctimas –o incluso mercadean con ella–, somos precisamente los que hemos padecido directa o indirectamente el zarpazo de los que cultivan, practican y justifican el asesinato, el secuestro, el atentado, la manipulación e incluso el engaño en el trato que recibimos de algunos estamentos sociales, políticos y judiciales.

Las víctimas sentimos que los sectores sociales antes aludidos nos someten con frecuencia al olvido, al mercadeo político y, lo que es más grave, al alejamiento de nuestro derecho a ser entes políticos, no en el sentido partidista del término, sino en el de tener derechos inalienables a participar en la actividad política (pues dichos derechos los hemos pagado a un alto precio). Resulta incomprensible, desde un análisis racional de los hechos, que los terroristas, sus organizaciones y sus terminales mediáticas, sean interlocutores de pleno derecho ante los órganos del Estado y, sin embargo, las víctimas y nuestros colectivos sólo seamos objeto de división o de exhibición "según convenga a la jugada"; pero nunca interlocutores con pleno derecho de representación en cualquier actividad relacionada con la legislación, la justicia o la política terrorista elaborada por el Ejecutivo.

Recientemente, a raíz de unas declaraciones del señor Mayor Oreja, se ha suscitado una controversia sobre la negociación del Gobierno con la banda terrorista ETA o sus representantes. Por parte del Gobierno no se ha producido ningún desmentido oficial, aunque sí ha habido una negativa casi unánime de sus portavoces y de los medios de comunicación que lo apoyan incondicionalmente.

Creo que si en España se puede hablar de lucha contra el terrorismo y de eficacia en la lucha, cualquier persona sin intereses partidistas y cualquier víctima de la banda terrorista ETA han de pensar en el Ministerio del Interior dirigido por el señor Mayor Oreja. Si, en cambio, hablamos de un Gobierno que en plena negociación con la banda terrorista negaba la evidencia, creo que cualquier mente, con memoria reciente, puede identificarlo con el Ministerio del Interior del señor Zapatero. Negar, sin pruebas, estas dos afirmaciones sería como negar un axioma.

Podríamos hacer un listado de hechos a favor de la existencia de negociaciones entre el Gobierno o sus portavoces con los de la banda terrorista ETA:

• El mandato de negociación parlamentaria sigue en vigor.
• El proceso judicial del chivatazo relativo al bar Faisán sigue entorpecido desde el Ministerio del Interior y sus terminales mediáticas.
• Los terroristas excarcelados o acercados (De Juana, Otegui, Díez Usabiaga, etc.), perseguidos y no capturados (Josu Ternera), los presos de la cárcel de Nanclares de Oca con beneficios penitenciarios... son concesiones incomprensibles si no hay una negociación en marcha o una voluntad de iniciarla.
• Recientes informaciones aseguran la existencia de contactos con un mediador como Brian Currin, que no creemos que esté actuando por iniciativa propia.
• La noticia del arrepentimiento y la petición de perdón a las víctimas de algunos terroristas de la antes citada cárcel, y anunciada por el Ministro del Interior, ha sido desmentida por las propias víctimas. De cualquier forma, resulta incomprensible que el ministro del ramo se convierta en portavoz de los terroristas.

Con seguridad podríamos completar el listado de razones que nos hacen pensar –fundadamente– en la vigencia de una negociación Estado-entorno etarra, pero la polémica no serviría para fortalecer la unidad de los que deseamos el fin del terrorismo de ETA.

Refiriéndose a los GAL, un ex presidente de Gobierno sentenció: "No hay pruebas ni las habrá". Todos recordamos cómo se resolvió judicialmente el caso GAL. Recientemente, un ex presidente de la AVT, refiriéndose a las declaraciones de Mayor Oreja, afirmó: "Si están seguros de que hay conversaciones, que presenten pruebas".

La anécdota que acabamos de referir nos lleva a hacer una doble lectura. Por una parte, la coincidencia del juicio del máximo representante de las víctimas con el Ministerio del Interior. Por otra parte, nos trae al recuerdo la información dada por el señor Rubalcaba cuando al descubrir un zulo de ETA afirmó que se trataba de un pre-zulo.

Hace unos días el mismo ministro –aquel que en la jornada de reflexión del 2004 salió en los medios para decir: "no nos merecemos un gobierno que nos mienta"–, afirmó que en la cárcel de Nanclares de Oca no había ningún preso de ETA, ya que según él los terroristas encarcelados, al arrepentirse, ya no son terroristas y su pasado queda borrado como si nada hubiera ocurrido

La pregunta que nos viene a la mente es la siguiente: si con los indicios de negociación existentes se niega que haya negociación, al menos rogamos que se admita que se está realizando una prenegociación.

En cualquier caso, el trato hacia los terroristas parece exquisito frente al ninguneo que los poderes públicos mantienen para con las víctimas. "Obras son amores y no buenas razones".

Gabriel Moris y María Jesús Gonzalez son víctimas del terrorismo.

Libertad Digital - Opinión

Perder en Afganistán. Por Ignacio Camacho

En los conflictos de la democracia contra la barbarie ésta tiene la ventaja de que nunca titubea.

EN Afganistán no sólo estamos en una guerra, sino que además resulta bastante probable que la vayamos perdiendo. Una guerra se empieza a perder cuando a uno de los bandos le entra la duda sobre su presencia o su papel en ella, y se pierde casi del todo cuando se le intenta poner fecha al final por adelantado, como ha hecho Obama —el comandante en jefe de la misión internacional— presionado por las reticencias de la opinión pública y las ciberfiltraciones del horror bélico. Si le dices al enemigo cuándo te vas a retirar, le estás poniendo a su resistencia un horizonte de esperanza. Y en los conflictos de la democracia contra la barbarie ésta tiene la ventaja de que nunca titubea.

Perder en Afganistán no significa abandonar a los afganos bajo un régimen de opresión medieval que a lo peor hasta desean. Significa sacar bandera blanca en el combate contra el terrorismo islámico y entregarle una gigantesca base de entrenamiento y operaciones en un territorio estratégico, a un paso de una potencia nuclear —Pakistán— muy permeable y a otro del polvorín de los «tanes» exsoviéticos. Perder en Afganistán supone aceptar que la libertad es una causa restringida a Occidente, volver a derribar las Torres Gemelas y a reventar el Metro de Londres y los trenes de Atocha. Perder en Afganistán es un revés militar, un fracaso político y una derrota moral del mundo libre ante el salvajismo teocrático. Perder en Afganistán es una tragedia, pero una tragedia factible y hasta probable.

Para evitarlo se necesita algo más que pericia militar y superioridad tecnológica. Es menester una determinación que sólo puede surgir de la convicción ideológica, de la conciencia de que esa guerra no es un ataque preventivo ni un ejercicio de intervencionismo caprichoso sino un acto de defensa de la sociedad abierta. Y se requiere un liderazgo colectivo incólume capaz de articular la fortaleza colectiva imprescindible para resistir el desafío. Ni Atenas ni Europa habrían resistido a la barbarie sin el coraje de un Pericles o un Churchill. Pero, eso sí, ellos supieron explicar a su gente por qué tenían que seguir luchando.

En Afganistán se pierde cada vez que se duda. Cada vez que el Gobierno de un país participante flaquea ante el luto por las bajas, autolimita su capacidad de maniobra, minimiza la crudeza del conflicto, despista a sus ciudadanos con evasivas o no encuentra razones para argumentar el sacrificio. Cada vez que se replantea el debate político desde el cálculo electoral, desde la pusilanimidad contemporizadora o desde el egoísmo tacticista. Cada vez que vacila el pulso de la coalición ante los golpes sufridos y la sangre derramada. Los talibanes no flaquean, no se contradicen, no debaten. Desprecian y reprimen la libertad en sus dominios pero se aprovechan de la del adversario para debilitar su fuerza. Y aunque sean analfabetos saben que en la Historia las guerras las ganan siempre los que saben por qué hacerlas.

ABC - Opinión

Otro rumbo para Afganistán

El ataque terrorista en la antigua base española de Qala-i-Now que costó la vida al capitán José María Galera Córdoba, al alférez Abraham Leoncio Bravo y al traductor español de origen iraní Ataollah Taefik ha reavivado un debate latente sobre la prolongación de la misión en Afganistán. Algunos grupos parlamentarios han presentado ya iniciativas para debatir en el Congreso las condiciones de seguridad de las tropas, el deterioro de la situación y la auténtica relación con la población civil. Duran Lleida ha reclamado directamente un debate para «valorar» el conflicto y la contribución de nuestro país a la guerra. Es, por tanto, una discusión política abierta que, sin embargo, habría que cerrar cuanto antes. Lo que estaba justificado hace unos años lo está aún hoy, porque la comunidad internacional se encuentra muy lejos de haber alcanzado los objetivos que requirieron la presencia de las tropas aliadas. Introducir elementos de vacilación en las sociedades occidentales desde los propios gobiernos ha contribuido en buena medida a la desestabilización actual y a que el conflicto haya entrado en una fase dura. Al igual que sucede en Irak, el precipitado anuncio de Barack Obama sobre la retirada de las tropas en 2011 ha alentado la esperanza y la resistencia de los talibán, que han interpretado correctamente que existen serias opciones de que puedan ocupar por la fuerza el vacío que los militares aliados dejarán ante una administración local corrupta e incompetente. Las diferencias entre Obama y sus mandos militares han abierto otra brecha contraproducente.

Es cierto que la comunidad internacional ha cometido demasiados errores en Afganistán. El principal es no haber preparado la posguerra, no haber apostado decididamente por la prosperidad y la construcción de un nuevo país. La miseria de los talibán no fue sustituida por la abundancia de los extranjeros, y esto generalizó la hostilidad. Ha faltado planificación y estrategia, porque los países occidentales se quedaron a medio camino, que siempre es la peor opción. Y ahora el conflicto se ha enquistado, con una guerra que no podemos ganar con el despliegue de fuerzas actual ni tampoco podemos perder. Los militares de la Alianza Atlántica han perdido años en el intento de que los políticos asumieran esa verdad y apostaran por una táctica diferente. Pero los indicios apuntan a que el desgaste político de los gobiernos y el hartazgo de las opiniones públicas nos abocan a una encrucijada incierta.

Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy conocieron ayer de primera mano la situación de las tropas españolas y el desarrollo del conflicto. Y sería muy positivo que ambos coincidieran en que España debe estar junto a sus aliados en el cumplimiento de sus compromisos, y en que el trabajo de nuestros militares merece un respaldo colectivo. En Afganistán queda trabajo por hacer. Se libra una guerra contra un terrorismo global capaz de atentar en cualquier país. Se pierden héroes en el combate para salvar miles de vidas. La misión necesita un nuevo rumbo, que apueste decididamente por recuperar el control, estabilizar el país y llevar la prosperidad a las calles. Si los gobiernos no están dispuestos a ello, los sacrificios serán baldíos.

La Razón - Editorial

Nebulosa económica

Las tesis enfrentadas entre Elena Salgado y José Blanco sobre cuál será la política fiscal del Gobierno no han hecho sino aumentar la incertidumbre entre la ciudadanía.

LEJOS de aclarar uno de los «culebrones» del verano más preocupantes para los ciudadanos, como es saber de una vez por todas si habrá o no una subida generalizada del IRPF, la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que excepcionalmente presidió José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa, no fue más que un nuevo ejercicio de propaganda gubernamental. De poco sirve un buen dato como el de la subida del PIB en dos décimas entre abril y junio, el mejor trimestre en tasa interanual en un año y medio, si el Gobierno mantiene deliberadamente en una nebulosa todos los detalles de su estrategia para luchar contra el déficit. Las tesis enfrentadas entre Elena Salgado y José Blanco sobre cuál será la política fiscal del Gobierno no han hecho sino aumentar la incertidumbre entre la ciudadanía. Con la reforma laboral, el Ejecutivo continúa empecinado en despreciar el amplio consenso que le brindan el PP y, en menor medida, CiU y el PNV. La votación en el Senado refleja hasta qué punto el PSOE ha puesto velocidad de crucero, sin posibilidad de marcha atrás, a una reforma que no contenta absolutamente a nadie. El Gobierno niega estar practicando una sistemática política de bandazos. Sin embargo, otra buena noticia como fue el anuncio de José Blanco de elevar hasta los 700 millones, en lugar de 500, la inversión extraordinaria en infraestructuras, demuestra un baile constante de cifras en un Gobierno incapaz de sacudirse el sambenito de la improvisación, e incapaz de mantener la vigencia de sus propios anuncios más allá de unos pocos días. El Gobierno ha convertido la rectificación pública de sí mismo en una penosa costumbre. Igual ocurre con la reforma del sistema público de pensiones, aún hoy basada en insinuaciones imprecisas en lugar de propuestas formales y un calendario definido. El Ejecutivo tampoco recuperará este septiembre su suspenso en economía.

ABC - Editorial

Una amenaza para las democracias

El mal ya está hecho. Gracias a Zapatero, desde hace unos días los terroristas cuentan con unos argumentos más para seguir aterrorizando a Occidente y Occidente cuenta con unos argumentos menos para defenderse.

No cabe duda de que la política exterior de este Gobierno es una auténtica catástrofe para todos los españoles. En los últimos seis años la imagen internacional de nuestro país se ha degradado hasta límites inimaginables, situándonos en muchos casos en la órbita de tiranías bananeras del estilo venezolano o cubano.

No podía ser de otra forma cuando la primera decisión que adoptó Rodríguez Zapatero al llegar a La Moncloa fue retirar las tropas de Irak y animar al resto de naciones a que hicieran lo mismo. Allí se comprobó que España no podía ser un aliado de fiar, pues la agenda exterior y el cumplimiento de los compromisos adquiridos dependían de que Aznar ocupara la presidencia del Gobierno. Es decir, si la sociedad española era tan maleable como para sustituir a Aznar por Zapatero y dar un giro de 180 grados en la política exterior, entonces ninguna nación medianamente sensata podía arriesgarse a alcanzar con nosotros acuerdos a largo plazo que podían ser violados en cualquier momento.

Y así ha sido desde entonces: conscientes del peligro que corrían si entablaban relaciones demasiado serias con nuestro Gobierno, nos hemos quedado arrinconados y sólo hemos podido relacionarnos con países en muchos casos contrarios a los derechos humanos más básicos. A las únicas cumbres internacionales que se nos ha invitado, como las del G-20, hemos acudido más en calidad de amenaza para el resto de naciones que de interlocutor en pie de igualdad.

En principio, pues, parecería que si Occidente nos marginaba como gente poco de fiar, no deberían tener demasiado que temer por nuestro errático rumbo. Pero, según se ha visto, ni siquiera aislándonos logran otras naciones evitar que la política exterior de Zapatero les salpique. El caso del rescate de los cooperantes no puede ser más claro: mientras Sarkozy se esfuerzaba por hacer lo correcto –perseguir y dar caza a los terroristas–, Zapatero se empecinaba en lo incorrecto –ceder al chantaje de los terroristas entregándoles todo aquello que piden sin ni siquiera tratar de combatirlos. Y, obviamente, la irresponsable y cortoplacista estrategia de nuestro presidente ha afectado de lleno al éxito de los loables empeños del francés.

No sólo porque entregar dinero a los terroristas equivale a financiar sus actividades de extorsión, de modo que más recursos presentes previsiblemente implicarán más secuestros y atentados futuros. Se trata también de que si todos los gobiernos occidentales no mantienen un discurso único frente al terrorismo –que sólo puede ser, claro está, el de que los únicos responsables de los crímenes que cometen los terroristas son los propios terroristas–, la opinión pública interna de nuestras democracias comenzará a fragmentarse y a exigir soluciones efectistas a corto plazo y suicidas a largo: si el buenismo zapateril se generaliza, si todos los gobiernos pasan a solucionar los secuestros comprando a los terroristas, entonces el número y la gravedad de sus crímenes sólo hará que crecer exponencialmente.

No es de recibo que al tiempo que Sarkozy fracasa tras haber tomado una difícil pero correcta decisión como es la de rescatar al rehén francés, Zapatero se pliegue a las exigencias de los terroristas para adoctrinar a la opinión pública extranjera (en paralelo con la propia Al Qaeda) de que el camino a seguir si no quieren más muertos es el de la cesión permanente.

A Sarkozy no le queda otra que arremeter duramente contra la demagogia y la irresponsabilidad de nuestro Ejecutivo. Pero el mal ya está hecho: gracias a Zapatero, desde hace unos días los terroristas cuentan con unos argumentos más para seguir aterrorizando a Occidente y Occidente cuenta con unos argumentos menos para defenderse.

Todo lo cual, por supuesto, sólo terminará pasándonos una factura mucho mayor de la que esperamos. Como tantas veces durante los últimos años, la frase de Churchill ante Chamberlain resume perfectamente la situación actual: "Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, elegisteis el deshonor, y además tendréis la guerra". El problema es que algunos parecen sentirse muy cómodos en el deshonor dejando la guerra para los políticos de mañana.

Libertad Digital - Opinión

La ética contra el aborto

Si no hay más remedio, existe el deber moral de retirarse del órgano de gobierno de los hospitales antes que contribuir a la aplicación de una norma cuya legalidad depende todavía del TC.

LA opinión pública ha recibido con lógica inquietud y perplejidad la noticia de que la Iglesia forma parte del patronato de dos hospitales catalanes que practican abortos. El Foro de la Familia califica de «incoherente» y «escandaloso» el hecho de que los representantes eclesiásticos no hayan mostrado una firmeza absoluta en defensa del derecho a la vida. Ante el silencio oficial de la jerarquía catalana, muchos millones de fieles necesitan explicaciones por una actitud que choca con la doctrina inequívoca de la Iglesia sobre la condición del «nasciturus» como ser vivo y la exigencia ética y jurídica de que se proteja su derecho a nacer. En casos tan evidentes no sirven los argumentos posibilistas como la teoría del mal menor, y tampoco es aceptable —por supuesto— que desde las instituciones sanitarias se ofrezcan explicaciones en el sentido de que «solo» se practican abortos legales, ya que lo contrario sería tanto como reconocer un delito. El hecho de que la Iglesia no tenga mayoría en los patronatos correspondientes no debe ser obstáculo para exponer en términos absolutos su oposición a tales prácticas. Si no hay más remedio, existe el deber moral de retirarse del órgano de gobierno de los hospitales antes que contribuir —aunque sea de forma indirecta— a la aplicación de una norma cuya legalidad depende todavía de la decisión del Tribunal Constitucional.

Parte de la Iglesia catalana parece anclada en un tiempo de excesiva comprensión hacia el nacionalismo identitario que, aunque sea una contradicción, se confunde a veces con un supuesto «progresismo». Lo mismo que se han producido cambios sustanciales en la jerarquía vasca, el conjunto de la Iglesia española debería reflexionar sobre la necesidad de renovar también en Cataluña algunos planteamientos contrarios al ecumenismo que es propio de una institución de alcance universal. La Conferencia Episcopal Española mantiene sin excepción posturas congruentes con la doctrina católica. No es admisible que una supuesta singularidad regional altere el mensaje universal en defensa de los más desfavorecidos, precisamente aquellos que se ven privados de la propia vida en nombre de una ideología trasnochada y radical. La Iglesia catalana no debe contribuir de ninguna manera a este atentado contra las reglas más elementales de la moral cristiana. Si no lo hace, no debe sorprenderse de la evidente disminución del número de fieles y de vocaciones religiosas, puesto que los mensajes incongruentes impiden identificar a una institución que ha sabido siempre estar por encima de las coyunturas.

ABC - Editorial

No le comprendo, señor ministro. Por Edurne Uriarte

Rubalcaba sabe que los ocho millones de euros entregados a Al Qaeda servirán para financiar la Yihad en todos los lugares del planeta, de los que Afganistán constituye un centro vital.

Pues no, no le comprendo, Sr. Rubalcaba. No comprendo que en su rueda de prensa para informar del asesinato de dos guardias civiles y un intérprete en Afganistán, usted volviera a negarse a hablar de los ocho millones de euros pagados al terrorismo fundamentalista por su Gobierno. «Comprenderán que éste no es el momento y el lugar para responder a esa cuestión», contestó a una de las escasas preguntas que admitió, cuando se le inquirió por la comparecencia de la Vicepresidenta pedida por el PP para explicar el rescate de Vilalta y Pascual.

Pero el nerviosismo mostrado ayer por Rubalcaba se debía precisamente a que él sabe que sí era el momento y el lugar, que una cosa y otra están estrechamente relacionadas. A este ministro se le pueden achacar muchas cosas pero no falta de inteligencia y conocimiento de los problemas. Y él sabe que los ocho millones de euros entregados a Al Qaeda servirán para financiar la Yihad en todos los lugares del planeta. Lugares de los cuales Afganistán constituye en estos momentos un centro vital puesto que puede reportar al terrorismo islámico un triunfo sobre el enemigo occidental. Y para ello Al Qaeda colabora con los fundamentalistas locales que son los talibanes.

De la misma forma en el pago del rescate a los piratas somalíes, los españoles podemos admitir un estado de imperiosa necesidad, una elección entre la vida y la muerte de Vilalta y Pascual, que justifique la decisión del Gobierno. Pero lo que no es admisible es que se nos niegue la información y la verdad sobre las consecuencias de ese pago. Porque el Gobierno ha salvado a dos españoles del fundamentalismo islámico. Pero sólo unas horas después ha perdido a tres compatriotas a manos de ese mismo fundamentalismo. Y entre unos y otros ha financiado con ocho millones a Al Qaeda y ha liberado a un terrorista.

ABC - Opinión

Comparación dolorosa. Por Hermann Tertsch

Schmidt era tan anticomunista como antinazi. Enemigo de todos los totalitarismos.

EN estos días de frustraciones, cuando no humillaciones para los demócratas y para el Estado de Derecho en España, es conveniente, para evitar la desesperación, mirar hacia otra parte. En el sentido de buscar consuelo fuera de esta anomalía en que se ha convertido nuestro país bajo Zapatero y su tropa de torpes prestidigitadores. Recordemos a un hombre de Estado. Corremos peligro de olvidar que esta figura existió aquí y aún existe fuera de nuestras fronteras. Aunque no crean que tampoco muchas. El hombre es Helmut Schmidt, que, cerca de cumplir 92 años, ha sido elegido como máxima instancia moral de Alemania en una encuesta realizada por el semanario Der Spiegel. El 84% lo considera un político ejemplar y autoridad moral. El «fenómeno Schmidt», llama esta revista política al hecho de que casi treinta años después de abandonar la Cancillería los alemanes profesen tan inmenso respeto y admiración por este anciano hanseático. Schmidt nunca fue un político simpático. En realidad nunca quiso serlo. Su antecesor, Willy Brandt, era un encantador de serpientes. Él, con su sobriedad norteña, pecaba más de escatimar que de regalar sonrisas. Cuando en 1982 los liberales rompieron con su partido, el SPD, para aupar al poder a Helmut Kohl, Schmidt abandonó la Cancillería sin un mal gesto. Demasiado duros habían sido sus años de gobierno como para aferrarse al despacho del Kanzleramt en Bonn, donde tan duros momentos pasó. Allí sufrió los brutales ataques del terrorismo de la RAF contra la sociedad alemana a la que esta banda ultraizquierdista quiso humillar y someter. El lema de Schmidt fue «ni un paso atrás». Siempre. Aunque le costara la muerte de muchos policías y de nada menos que del jefe de la patronal, Hans Martin Schleyer; el principal banquero del país, Jürgen Ponto, y el fiscal general, Siegfried Buback, algunos amigos personales suyos. Schmidt ordenó el asalto del avión «Landshut» en el aeropuerto somalí de Mogadisio, secuestrado por terroristas que exigían la liberación de cómplices. Los 86 pasajeros fueron rescatados ilesos. El piloto fue asesinado por los terroristas. Tres terroristas murieron.

Si Schmidt nunca aceptó chantajes del terrorismo, tampoco lo hizo con los procedentes del exterior que intentó ejercer Moscú contra Alemania. Pese a todas las movilizaciones en contra de su persona, tachado de lacayo de EE.UU., belicista e incluso fascista por manifestaciones de biempensantes, organizaciones controladas por la URSS, incluso parte de su partido, Schmidt impuso la aprobación de la Doble Decisión de la OTAN. Esta medida trajo consigo el reequilibrio del armamento nuclear en Europa después del rearme soviético. Frustró la última gran operación de Moscú para dividir la Alianza Atlántica. Sí, Schmidt era tan anticomunista como antinazi. Como buen socialdemócrata. Siempre fue un enemigo de todos los totalitarismos y de todo izquierdismo frentepopulista. Y un defensor acérrimo de la ley. Y de la obligación del Estado de Derecho a defenderse. Schmidt, la autoridad moral. Nada hay más lejano a lo que en España osa ahora llamarse socialdemócrata.

ABC - Opinión

La costumbre de morir. Por Ignacio Camacho

El Gobierno se siente incómodo en ese crudo conflicto que desnuda las contradicciones de su argumentario pacifista.

SI fuese por el discurso oficial del Gobierno, los españoles no entenderíamos por qué nuestros compatriotas mueren en Afganistán. El zapaterismo no ha sido capaz todavía de articular una explicación coherente y sincera de la presencia militar en un conflicto armado que el Gobierno empezó negando torpemente para continuar cubriéndolo de eufemismos y paños calientes con tal de no aceptar la evidencia sangrienta que el sacrificio de nuestros soldados está imponiendo en la conciencia de la opinión pública. Y sigue aferrado a tópicos voluntaristas —la misión de paz y otros lugares comunes de su repertorio de ambigüedades— y a artificios retóricos para evitar su obligación de ofrecer al país un argumento claro que justifique el amplio coste de vidas de esa guerra remota que parece incomodar la retórica pacifista del presidente y sus acólitos. Zapatero tiene pendiente desde hace medio año una comparecencia parlamentaria en la que afronte de una vez y sin tapujos la responsabilidad de solventar una contradicción flagrante de su mandato. Parapetado en la anuencia del PP —de eso no se puede quejar en este caso— elude de manera permanente la necesidad de dar la cara ante la nación para explicarle por qué es menester afrontar este reiterado tributo de sangre.

Noventa y dos soldados muertos —casi cinco veces más que en Irak— merecen ese esfuerzo político. Morir en Afganistán ya no es para nuestros militares un riesgo eventual de una misión auxiliar sino una costumbre macabra que no se puede disimular con circunloquios dialécticos y rostros contritos en el telediario. La presencia de España en esa guerra necesita un soporte moral e intelectual más sólido que las divagaciones —a menudo falaces— del impreciso discurso gubernamental. Obama, tan admirado por el presidente, lo ha buscado para su país en la teoría de la guerra justa que estructuró su discurso del Nobel de Oslo. Hay más razones: la lucha contra el terrorismo islámico, el compromiso internacional con los aliados del mundo libre, la cobertura de la ONU, la solidaridad con la causa democrática en Oriente Medio. Pero hay que explicarlas. En eso consiste el liderazgo.

La sensación es que el Gobierno se siente incómodo, embarazado en ese conflicto que desnuda con su crudeza las incongruencias de su simple argumentario pacifista. Lo manifiesta en sus elocuentes silencios y ausencias —¿dónde estaba ayer la ministra Chacón, tan propensa a las fotos sonrientes y al estilismo de campaña?—, en sus evasivas sinuosas, en las versiones edulcoradas de episodios dramáticos. Pero las muertes van a continuar y ese goteo siniestro requiere la valentía de un debate sin fingimientos, sin melindres, sin falsos complejos. Zapatero tiene, además del respaldo del PP, razones suficientes para ganarlo. Sólo le falta voluntad para afrontarlo y coraje para abandonar su endeble fetichismo ideológico.

ABC - Opinión

Pensiones. Los políticos nos condenan a la pobreza. Por Emilio J. González

Lo que nos espera en el futuro es la pobreza en nombre de eso que denominan conquista social en forma de sistema público de pensiones.

El Ministerio de Trabajo está considerando ampliar el periodo de cálculo de la pensión de quince a veinte años, lo que implica un recorte de la prestación por jubilación del 5% con respecto al nivel actual. Este no es más que el primer paso de un proceso de rebaja de las pensiones que se irá materializando a medida que se vaya avanzando en la ampliación del periodo de cálculo a toda la vida laboral, lo cual supondrá una reducción de la pensión del 35% con respecto a los niveles actuales. Dicho sencilla y claramente, cuando nos retiremos, vamos a ser la tercera parte más pobres que los jubilados actuales, gracias a que la nefasta clase política de este país siempre se ha negado a afrontar la reforma de la Seguridad Social.

Quienes no quieren ni oír hablar de semejante reforma siempre argumentarán que la ampliación del periodo de cómputo es algo que ya figura en el Pacto de Toledo y que de lo que se trata, en última instancia, es de salvar el sistema público de pensiones. Y dicen bien, porque lo que pretenden es que las pensiones sigan siendo públicas y, por tanto, controladas por el Gobierno –que siempre puede estar tentado de obtener réditos electorales con su manejo– y por los sindicatos –a los que les encanta todo lo que huela a Estado porque, a través de él, siempre encuentran forma de beneficiarse de ello. Lo que importa, por tanto, no es el sustantivo pensiones, que se pueden y se podrían salvar mediante la reforma del sistema, sino el adjetivo público, es decir, que sigan en el ámbito del poder político y sindical, aunque ello implique el condenar a quienes hoy trabajan para ganarse el pan a una pensión de miseria mañana. Todo sea por el Estado.

La cosa, además, se agrava porque la estructura del sistema público se viene abajo en cuanto suben las cifras del paro. La Seguridad Social paga las pensiones actuales con las cotizaciones de hoy de los trabajadores y empresarios. Así es que, en tiempos de crisis, cuando desaparecen empresas y puestos de trabajo, como sucede en España, el sistema se viene abajo porque fallan los ingresos. Todo esto se agrava aún más en un contexto como el español en el que el número de jubilados crece más rápidamente que el de nuevas incorporaciones al mercado de trabajo debido al envejecimiento de la población. Por supuesto, esto no es nuevo. Hace ya bastantes años que se sabía perfectamente lo que iba a pasar pero cuando llegó el momento de que los políticos hablaran del sistema de pensiones, todos se pusieron de acuerdo en mantener el modelo dentro del ámbito público a toda costa, condenando con ello a generaciones de trabajadores a ver recortada drásticamente su pensión cuando lleguara el momento de la jubilación.

Todo esto se podía haber evitado si, en su momento, se hubieran asumido los compromisos pertinentes con los trabajadores de más edad y se hubiera dado al resto la oportunidad de pasar a un sistema privado de capitalización, es decir, aquel por el cual la pensión de cada uno depende de sus aportaciones a planes de pensiones a lo largo de su vida laboral. Sin embargo, esto significaba que los políticos y los sindicatos perdieran el control del sistema y se negaron en rotundo a ello, todos sin excepción, porque, como digo, lo importante es que el sistema sea público, no que funcione mejor o peor.

Pues bien, puestos a que el sistema tenga que ser público por narices, lo que tendrían que hacer ahora los políticos y los sindicatos es sentarse a hablar de cómo recortar miles y miles de millones de euros de gasto público inútil, en todos los niveles de la Administración e incluyendo las subvenciones a los sindicatos, para poder dotar de más recursos a la Seguridad Social de forma que no haya que tocar a la baja las pensiones futuras. Es lo que cabría esperar de ese compromiso con lo público que unos y otros han manifestado tan vehementemente. Pero como eso significa recortarles drásticamente otras partidas de poder, no están dispuestos a ello. Este es el drama de la política y el sindicalismo español: que empobrecen a los ciudadanos para satisfacer sus intereses, que es lo único que les importa. Así, no sólo hacen recaer sobre las espaldas de los jubilados futuros el coste de su falta de compromiso real con el ciudadano, sino que, con estas actitudes, cierran de par en par las puertas a cualquier posibilidad de reforma porque como no están dispuestos a renunciar a gastar, no van a tener recursos para financiar la Seguridad Social y, al tiempo, permitir que los trabajadores actuales busquen en planes privados esa prestación por jubilación decente que unos y otros les niegan. Y quien piense que todo se puede arreglar con estimular que los trabajadores, además de cotizar a la Seguridad Social, suscriban planes privados, se equivoca, porque con el nivel de endeudamiento actual de las familias a cuenta de las hipotecas, con unos tipos hipotecarios que empiezan a crecer, con sueldos que comienzan a apuntar a la baja y con cifras de paro de escándalas, es imposible que nadie con unos ingresos que no sean muy altos pueda permitirse el lujo de cotizar al sistema público y, además, al privado. O sea, que lo que nos espera en el futuro es la pobreza en nombre de eso que denominan conquista social en forma de sistema público de pensiones.

Libertad Digital - Opinión

El último cartucho. Por Pedro Pitarch

«En Afganistán, la capital importancia de algunas cosas en juego —las vidas de nuestros soldados y guardias civiles en primer lugar— exige de nuestros responsables que, de una vez por todas, abandonen toda ficción».

Míster Obama recuerda al típico sheriff justiciero de las novelas de Marcial Lafuente Estefanía, tan populares en los años 60. En mayo de 2009, para cambiar de estrategia en Afganistán, el presidente muescó las cachas de su revólver tras freír al general McKiernan. A éste le sucedió el general McChrystal, hasta junio de 2010, cuando Obama desenfundó otra vez y también lo liquidó. Las opiniones sobre su presidente atribuidas a McChrystal en el famoso reportaje de la revista «Rolling Stone» fueron las razones «oficiales» para ese dramático desenlace. Pero releyendo con calma esa crónica, el espectador no niega que lo dicho sobre el presidente fue algo indiscreto e inoportuno, posiblemente una falta, pero de una gravedad controvertible. La inmediata algarabía modulada sobre la onda de la «supremacía del poder civil sobre el militar», que orquestaron los habituales descubridores de lo obvio, facilitó apretar un engrasado gatillo.

La chunga relación entre Obama y sus generales no es algo fortuito. Se inscribe en el sensible marco de las relaciones entre lo político y lo militar e impele a reflexionar, con respeto y seriedad, sobre ellas. La estrategia política emplea una mezcla de decisiones revisables, regates, amenazas, firmeza y concesiones para alcanzar los objetivos políticos con la mayor rentabilidad, o al menor coste, no sólo en términos económicos, sino también de imagen y, especialmente, electorales: la lógica política está gobernada por el principio de economía. La estrategia militar, por su parte, se concentra en el empleo de los medios para lograr los objetivos asignados por la política de la manera más rápida y rotunda: la lógica militar está regida por el principio de eficacia. Esta desemejanza de principios lógicos fundamenta una siempre latente desconfianza recíproca, que emerge pujante ante la ausencia de éxitos, de la que Afganistán es paradigma. Aceptando los riesgos asociados a las generalizaciones, se podría decir que el político sentiría alguna recóndita prevención hacia el uniformado, al entender (con cierta razón) que un fuerte y eficaz «poder» militar erosiona los valores democráticos y complica el ejercicio del «poder» civil. Y el militar recelaría del político al barruntar (no sin algún fundamento) que el interés del «poder» civil no va siempre más allá de procurar perpetuarse, al margen de la eficacia de su gestión. Sin embargo, cualquier militar de un país democrático suscribe, sin restricción mental alguna, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder ejecutivo en los términos previstos en las leyes. Tampoco cuestiona que la actividad militar debe estar sometida al control político. Lo cuestionable sería la manera como este dominio es ejercitado. En román paladino: hasta qué punto el Mando, especialmente en operaciones, debe estar intervenido por quienes, desde fuera de la cadena de mando, no solamente intentan imponerle lo que debe lograr sino incluso cómo tiene que hacerlo. Y en el argumento de McChrystal subyacen dos relevantes aspectos ignorados por los «analistas»: la legítima defensa de la razonable libertad de acción que todo militar necesita para cumplir las misiones encomendadas; y la serena protesta por la permanente intrusión en la cadena de mando, de políticos intermedios que medran metiendo su cuchara en la sopa del mando militar. Por cierto, ¿no es algo cínico que algunos que después de abroncar a los militares si, en situación de activo, osan filtrar la más mínima crítica sobre el poder, también les increpen si el comentario lo hacen estando en otra situación, por no haberse manifestado públicamente cuando estaban en activo? ¿En qué quedamos?

En Afganistán, la capital importancia de algunas cosas en juego —las vidas de nuestros soldados y guardias civiles en primer lugar— exige de nuestros responsables que, de una vez por todas, abandonen toda ficción. El nuevo comandante de ISAF, el general Petraeus, está tratando de armar su propia estrategia de contrainsurgencia, la cual, aunque me tilden de herético (ya estoy acostumbrado), demanda también ciertas dosis de contraterrorismo. Y para tener éxito necesita un mayor volumen de tropas y más tiempo. El primero parece hoy fuera de cuestión y, al menos de momento, el general no lo ha mencionado. Sí lo ha hecho con el segundo, el tiempo, que es el talón de Aquiles de la actual estrategia, de la que forma parte integral. No ha aclarado Petraeus si el tiempo del que habla ha de medirse con el reloj digital de la OTAN o con el de arena del talibán. En cualquier caso, tampoco será fácil obtenerlo y la negativa verbal ya ha salido de Washington. Obama está atrapado por su compromiso público sobre los plazos de repliegue. Promesa que sirvió de palanca impulsora para la adhesión a la nueva estrategia de los gobiernos contribuyentes a ISAF. Alguno, como el español, llegó a más: se abalanzó, en diciembre de 2009, a santificar la nueva estrategia que iba a ser presentada oficialmente a los aliados en la conferencia de Londres un mes después. Y así, España, ausente de la elaboración de esa estrategia, se co-responsabilizó de ella a tope innecesariamente, bajo el eslogan «vamos más para volver antes». En este escenario, si al final, el Gobierno estadounidense quebrara su compromiso con los plazos de repliegue de sus fuerzas ¿estaría dispuesto el español a hacer lo propio? Desgraciadamente, el estancamiento de las operaciones —Helmand y Kandahar son dos ejemplos, que tienen mucho que ver con la salida de McChrystal— no está aportando más efectos visibles que el incremento de los muertos y, como mucho, una cierta contención. Esta «vietnamización afgana» está reventando las costuras de algunos países que, participando en el esfuerzo de guerra, son paradójicamente incapaces de aceptar bajas; pero no ya solo las propias, sino incluso las del adversario. En la retaguardia, la guerra es percibida como excesivamente larga y, al no estar ganándose, se está perdiendo. Las filtraciones publicadas por «WikiLeaks» sobre presuntos crímenes de guerra, y que confirman la complicidad de los servicios pakistaníes con el talibán, incrementan exponencialmente el cansancio general.

No nos engañemos, el relevo de comandantes significa la revisión de una estrategia que, vendida hace unos meses como longeva panacea, está resultando estéril y fugaz terapia. El reciente repliegue del contingente de los Países Bajos, uno de los Estados históricamente más comprometidos con la OTAN, es una señal de grave deterioro de la solidaridad que cimenta el edificio atlántico. La credibilidad de la Alianza está amenazada en Afganistán y, consecuentemente, también lo está la de la defensa colectiva en Europa. En todo caso, sería conveniente contraponer las consecuencias de la no ampliación de los plazos de repliegue, con las de minar los fundamentos de la Alianza por hacer lo contrario. El espectador piensa que la estrategia inteligente pasa ahora por encontrar pronto una ventana de oportunidad para, salvando la cara, evadirse de la prisión afgana. Con la opción Petraeus, Míster Obama ha introducido en el tambor de su coltel último cartucho disponible hasta su próximo año electoral. Antes de gastarlo, tendrá que calibrar cuidadosamente lo que uno de sus antecesores en la Casa Blanca, Abraham Lincoln, afirmaba: «Una papeleta de voto es más fuerte que una bala».

Pedro Pitarch, es Teniente General del Ejército Español.

ABC - Opinión

Reforma sin consenso

La reforma laboral es insuficiente y nace lastrada por la falta de consenso político y social, porque los empresarios no avalan las propuestas incoherentes y los sindicatos se sienten obligados a reaccionar con una huelga general.

JUGANDO al límite de la aritmética parlamentaria, el PSOE sacó adelante ayer en el Senado su proyecto de reforma laboral. Gracias a la abstención de CiU y PNV y aplicando en comisión el voto ponderado correspondiente al número total de escaños de cada grupo parlamentario, los socialistas lograron rechazar todas las propuestas del Partido Popular e introducir, entre otras cosas, una reducción de cien a treinta días del «periodo de gracia» de los parados para rechazar cursos de formación. Nadie pone en duda la necesidad de una reforma del mercado laboral y los sectores más conscientes de la sociedad española saben que la crisis exige actuar sobre la edad de jubilación o el cómputo del tiempo para calcular las pensiones si se quiere impedir una quiebra técnica del sistema a medio plazo. Sin embargo, una vez más, Rodríguez Zapatero impulsa una política errática a base de una política de ocurrencias, y sólo pretende salir del paso «como sea» al servicio de fines oportunistas.

En efecto, esta reforma es insuficiente y nace lastrada por la falta de consenso político y social, porque los empresarios no avalan un conjunto de propuestas incoherentes y los sindicatos —antes complacientes— se sienten obligados a reaccionar con una huelga general convocada con sospechosa antelación. La reforma laboral merece un gran acuerdo de todos los partidos y agentes sociales, pero el Ejecutivo ha preferido dejar al margen incluso el Pacto de Toledo y jugar otra vez a la improvisación, el lanzamiento de «globos sonda» y las contradicciones permanentes. Insuficiente en el fondo y deficiente en la forma, ésta no es ni mucho menos la reforma laboral para flexibilizar un mercado de trabajo excesivamente rígido exigida por la grave situación de la economía española.

ABC - Editorial

La verdad sobre Afganistán

La guerra contra el terrorismo islamista se cobró ayer tres nuevas víctimas españolas en un atentado en la antigua base de Qala-i-Now, en la provincia afgana de Badghis. Un talibán infiltrado, que trabajaba como chófer del jefe de policía afgano, disparó contra el capitán José María Galera Córdoba, el alférez Abraham Leoncio Bravo y el intérprete nacionalizado español Ataollah Taefi Kalili, que murieron prácticamente en el acto. Los talibán reivindicaron el atentado.

Por encima del resto de valoraciones, nos parece de justicia en estas horas de intenso dolor, especialmente para las familias y los compañeros de las víctimas, agradecer y reconocer el trabajo y el sacrificio de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas destacados en el país asiático, y su compromiso en la defensa de la libertad y la seguridad en un escenario bélico a miles de kilómetros de casa.

Muy distinto, y mucho más complejo, es el debate político sobre la participación española en la guerra de Afganistán. Superados los tiempos en los que el Gobierno insistía torpemente en hablar de misiones de paz, el ataque de ayer y el día a día de la operación siembran cada vez más dudas sobre la evolución del conflicto y la gestión del mismo por parte del Ejecutivo.

Algunas circunstancias han dejado en evidencia en las últimas horas la verdad oficial. Sólo un día antes del atentado, se ofreció la imagen de la entrega de sus armas por parte de unos talibán en la base de Qala-i-Now. El mensaje de la propaganda era que los islamistas casi comenzaban a rendirse. La maniobra de desinformación se desmontó dramáticamente con los disparos del talibán infiltrado y, en un hecho de honda repercusión y sin precedentes, con la revuelta popular posterior al atentado contra los guardias civiles, cuando cientos de afganos intentaron tomar la base española y se desató una dura refriega.

¿Cuál es la verdad de Afganistán? Los hechos han demostrado de forma contumaz que el Gobierno oculta o «cocina» la dureza de un conflicto en un territorio que demuestra una hostilidad creciente. En LA RAZÓN hemos informado de numerosos incidentes armados de nuestras tropas que no habían trascendido públicamente, de las durísimas condiciones en las que los militares desarrollan su trabajo y de una seguridad mejorable, tanto operativa como material. Duran i Lleida reclamó ayer un debate para «valorar» la presencia española en el territorio, pero ése es un atajo equivocado. España está obligada a cumplir con sus compromisos internacionales desde el convencimiento de que la guerra contra el terrorismo no se ganará mirando para otro lado, aunque es cierto que el errático discurso de Barack Obama sobre la futura retirada no ayuda.

Lo que toca ahora es analizar de forma crítica si los militares españoles disponen de lo necesario para alcanzar los objetivos de la misión y si los intereses políticos del Gobierno no están perjudicando a ésta. Y también hay que abordar el deber público de la transparencia. Se dice que la verdad es la primera víctima de la guerra, pero en una democracia los ciudadanos tienen el derecho a conocerla. El Parlamento está para eso.

La Razón - Editorial

Luto en Afganistán

El atentado en Qala-i-Naw y la revuelta posterior prueban el éxito de la estrategia talibán

Dos guardias civiles y su intérprete murieron ayer en la base española Qala-i-Naw, en Afganistán. Pese a tratarse de una acción individual y perpetrada por el chófer de uno de los agentes, el Gobierno la interpretó desde los primeros instantes como una acción terrorista premeditada, un extremo confirmado apenas unas horas después por un portavoz de los talibanes. Los compañeros de los dos guardias civiles muertos abatieron al agresor, lo que desencadenó una manifestación de civiles afganos y un intento de asaltar la base española.

El capitán José María Galera y el alférez Abraham Leoncio Bravo realizaban labores de adiestramiento de las fuerzas de seguridad afganas. El atentado y la reacción posterior de los civiles afganos demuestran hasta qué punto los talibanes se proponen explotar en su propio beneficio la presencia de fuerzas extranjeras con distintas misiones. Algunas de ellas, como la que realizaban los dos guardias civiles asesinados, no están en relación directa con la guerra, sino con el intento de la comunidad internacional de reconstruir el país.

De todas las dificultades a las que se enfrentan las fuerzas desplegadas en Afganistán, esta coincidencia entre la misión de guerra y la de reconstrucción es una de las que más está dificultando los progresos en la lucha contra los talibanes. No porque las fuerzas internacionales no hayan perfeccionado la coordinación, sino porque los talibanes se apuntan como éxito militar acciones que no van dirigidas contra tropas en misión de guerra, sino contra las dedicadas a la reconstrucción. Al mismo tiempo, y como consecuencia de los errores que provocan bajas civiles, extienden el rechazo a la presencia de fuerzas extranjeras, sea cual sea su misión. La manifestación contra la base española, resultado, al parecer, de un rumor interesado, prueba la eficacia de esa estrategia.

La presencia de tropas españolas en Afganistán tiene fecha de salida, como la tienen las fuerzas estadounidenses y de las restantes nacionalidades. Para la comunidad internacional, y para el presidente Obama en particular, se trata de una operación más delicada que la de Irak. Desde el punto de vista político, esta última guerra se consideró como parte de la herencia de Bush que convenía desactivar; la de Afganistán fue, en cambio, asumida desde la Casa Blanca y sus aliados como un conflicto propio, en el que había que desterrar el fracaso. Las cosas no están marchando como se esperaba, y es difícil que se produzca un vuelco radical.

Ayer, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españoles añadieron nuevas víctimas a su abnegada contribución a la estabilidad de Afganistán, por lo que merecen el máximo reconocimiento. El esfuerzo debe continuar, pero es importante haber fijado un plazo. Tanto para que los afganos puedan asumir las responsabilidades en las que ninguna misión internacional podrá sustituirlos, como para evitar que las fuerzas desplegadas en el país se eternicen en una situación cada vez más estancada.

El País - Editorial

Más caídos en una guerra silenciada.

El hecho de que Chacón no haya comparecido junto a Rubalcaba, al margen de sus muy desiguales capacidades, no es más que un intento –uno más– de disimular la situación bélica en la que está inmerso nuestro contingente destacado en Afganistán.

El capitán de la Guardia Civil José María Galera, el alférez Abrahm Leoncio Bravo y el intérprete nacionalizado español, Ataollah Taefi Kalili, han fallecido este miércoles en el noroeste de Afganistán después de que un talibán infiltrado, que trabajaba desde hacía cinco meses como chófer del jefe de la policía afgana, les disparará con un fusil de asalto durante una clase de formación a policías afganos.

Aunque lo primero que hagamos sea transmitir el pésame a las familias y unirnos al merecido elogio que el Gobierno y el principal partido de la oposición han hecho de la labor que lleva a cabo todo el contingente destinado en Afganistán, no podemos dejar de criticar la ausencia de la ministra de Defensa en la rueda de prensa que, abierta a muy pocas preguntas, ha ofrecido Rubalcaba, no sin antes haber dado la primicia de la noticia a la cadena SER.

Es cierto que la Benemérita es un cuerpo dependiente del Ministerio del Interior, pero no es menos cierto que los guardias civiles han caído en Afganistán, en el interior de una base militar y llevando a cabo una misión de adiestramiento de la OTAN. El hecho de que Chacón no haya comparecido junto a Rubalcaba, al margen de sus muy desiguales capacidades, no es más que un intento –uno más– de disimular la situación bélica que padece Afganistán y en la que participan nuestros soldados. Otro tanto se podría decir del intento del Gobierno por silenciar las informaciones sobre el posterior intento de asalto de la base española por parte de un nutrido grupo de integristas, y que nuestros soldados habrían repelido abriendo fuego y causando una veintena de heridos.

Lo que es evidente es que Rubalcaba no debe remplazar a Chacón en lo que a la ministra de Defensa le compete ni, menos aun, al presidente del Gobierno, quien debe dar una inmediata explicación en el Congreso, no ya sólo para ofrecer detalla información de lo que ha ocurrido, sino también para que los ciudadanos tengan todos los criterios para valorar el sentido de permanecer o no en Afganistán. Como bien ha señalado el portavoz de CiU, el Gobierno, y especialmente Zapatero y Chacón, actúan "como si el Ejército hiciera de ONG en Afganistán e ignorando la existencia de una guerra que muy posiblemente la comunidad internacional tenga perdida".

No sabemos si perdida, pero desde luego la de Afganistán es una guerra y, ciertamente, hemos de advertir que la decisión del Gobierno de Obama de fijar en 2011 la fecha de la retirada no augura nada bueno. Como recientemente advertían nuestros analistas del GEES, "lo cierto es que no hay guerra en el mundo que se haya ganado con fecha de caducidad".

Es por ello por lo que Zapatero debe dar inmediatas explicaciones sobre la presencia española y sobre el nivel de coordinación con nuestros aliados, muy especialmente con los EEUU. Nosotros, a diferencia de los socialistas y de los que les secundaron, no salimos ahora con el "no a la guerra", como sin duda ellos estarían haciendo en estos mismos momentos si el PP estuviera en el Gobierno. Seguimos considerando que esta guerra es justa y que ganarla es esencial tanto par el futuro de los afganos como para la seguridad del mundo libre. Pero, para que el sacrificio de nuestros soldados y guardias civiles no resulte estéril, nuestro Gobierno, como el conjunto de los gobiernos aliados, debe demostrar que hay voluntad y determinación a la hora de hacer de Afganistán un sitio más libre y más seguro. Gracias a ellos se ha podido celebrar elecciones en el país, tal y como las que se celebrarán el próximo septiembre. No son las primeras, esperemos que no sean las últimas.

Libertad Digital- Editorial

Una guerra sin estrategia

Las muertes de ayer en Qala-i-Naw testimonian que en la guerra —sí, guerra— de Afganistán no hay frentes definidos y que todas las tropas de la fuerza aliada están en misión de combate.

EL asesinato de dos guardias civiles y un traductor iraní nacionalizado español demuestra que en Afganistán no es posible diferenciar la intervención militar de la misión humanitaria, y que empeñarse en hacerlo, tras el atentado ayer en la base de Qala-i-Naw, sólo es una forma de engañar a la opinión pública. El atentado terrorista, ya asumido por los autores, fue perpetrado por un conductor local al servicio de un oficial de la Policía afgana acreditado para acceder a la base. Fue, en palabras del ministro del Interior, «un atentado premeditado». En efecto, lo fue porque el asesino llevaba varios meses infiltrado en la base sin levantar sospechas y porque, después de ser abatido por miembros del propio Ejército de ese país, decenas de civiles afganos se enfrentaron a ellos, como una segunda parte de la jornada criminal que habían preparado los talibanes. Estas muertes testimonian que en la guerra —sí, guerra— de Afganistán no hay frentes definidos y que todas las tropas de la fuerza aliada están en misión de combate. La extrema gravedad de la situación queda reflejada en esta novedosa hostilidad contra nuestras tropas, en una zona donde se decía oficialmente que su trabajo de reconstrucción y aseguramiento contaba con el respaldo de la población. Pese a la evidencia de la situación crítica que se vive en Afganistán, el Gobierno no asume su responsabilidad de informar a la opinión pública con sinceridad y transparencia sobre la gravedad de todo lo ocurrido. En vez de este ejercicio de rigor democrático, que descarga en Rodríguez Zapatero, y sólo en él, el compromiso de dar cuenta a la sociedad en sede parlamentaria, el Gobierno se ha instalado además en una estrategia de subversión de sus ministros, entregando al de Fomento mensajes más propios de uno de Hacienda; y al Interior, credenciales que correspondían al de Exteriores (Melilla) o Defensa. Es comprensible en cualquier ciudadano la tendencia a huir de las malas noticias, pero no en el presidente del Gobierno.

Además de información, para Afganistán hace falta una estrategia, que es lo que prometió el presidente Obama para ganar las elecciones, hace ahora un año y nueve meses, y que tanto entusiasmó a Zapatero, dispuesto a preguntarse en público qué podía hacer él por Obama y no al revés. Pues bien, en Afganistán no se sabe cuál es la estrategia que se está aplicando y esta incógnita es la primera que hay que despejar no sólo para recabar apoyo político y social, sino para seguir allí. Porque lo que hace falta es una planificación auténticamente militar, y no más discursos ocurrentes sobre el carácter seráfico de nuestra presencia en un tierra hostil, donde el enemigo es implacable y ataca alevosamente.

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