El caballo de González. Por M. Martín Ferrand

González, que ya ha superado el acné de las ideologías, considera chapucera la reforma laboral de su sucesor.

«¿QUIÉN es el más sabio de los hombres?», le preguntaron a Voltaire, maestro en la lucha contra el fanatismo y la intolerancia, al poco de su ingreso en la Académie. «Aquel —respondió— que tarda menos tiempo en rectificar sus errores». Tan original procedimiento evaluador nos obliga a contemplar la siempre polémica figura de Felipe González. El ex presidente del Gobierno y gran santón del socialismo español, tan devaluado por sus líderes de turno, ha dicho, en alarde de buen sentido, que una reforma laboral con ambiciones transformadoras y de progreso debe vincular «al menos dos terceras partes» de la retribución de los trabajadores a la productividad. En menos de tres lustros, y veinte años son nada, el sevillano ha visto la luz y ha dejado de ser progre, una postura, para ingresar en las filas del progresismo auténtico, el que trata de crear riqueza con anterioridad al debate sobre su reparto.

La experiencia, eso que tan poco se valora por estos pagos, es una maestra eficaz. Por eso González, que ya ha superado el acné de las ideologías y está en el pragmatismo de los resultados, considera alicorta y chapucera la reforma laboral de su sucesor, que no alumno, en la cabeza del PSOE y dice, para escándalo de sus conmilitones, que «no se pueden permitir sueldos iguales para todos» porque ese procedimiento, aparentemente social, convierte «a quien trabaja más con la misma retribución en el más tonto de la pandilla».

Los comunicólogos de guardia en La Moncloa y en Ferraz, un tropel, han intentado sofocar los ecos de la intervención de González en la Asamblea de Extremadura en la que, atrapado por la lucidez, llegó a defender la figura de los patronos porque «son mucho más importantes que el empleo, ellos lo generan». Supongo que tampoco en los cuarteles del PP habrán saludado con alborozo esta silenciada y renovada plática del veterano socialista. Los complejos electoreros del partido de la derecha mantienen a sus líderes en una constante desviación socialdemócrata y no será por ese camino por el que encontremos la solución para nuestros problemas colectivos.

En sincrónica coincidencia, el líder de IU, Cayo Lara, que vive la impotencia de reconstruir una formación a la izquierda del PSOE verdaderamente nacional, no mistificada con aromas centrífugos, ha dicho que «Zapatero no lo puede hacer peor». Para hacerlo mejor tendría, como González, que caerse del caballo, tal que San Pablo camino de Damasco, y anteponer la eficacia y el bienestar de los ciudadanos a los rencores históricos y a la naftalina ideológica. Voltaire no le incluiría en su lista de sabios.

ABC - Opinión

Utopía de coalición. Por Ignacio Camacho

Si Rajoy considera necesario un Gobierno de unidad tendrá que esperar a formarlo él mismo.

EL Gobierno de coalición, o de concentración, es un bucle melancólico que permanece vivo en la memoria de la política española desde los tiempos de la Transición a la democracia, pese a que también en aquella época se convirtió en un mantra abstracto que nunca acabó de tomar cuerpo, ni siquiera en los momentos de deriva más dramática. La unidad de los partidos, al menos de los dos grandes, frente a las situaciones de emergencia nacional o de crisis profunda constituye un desiderátum de muchos ciudadanos que jamás ha sido escuchado por los agentes decisivos de la escena pública, enfrascados en una confrontación a cara de perro con el poder como objetivo fundamental y casi único de la acción política. Tampoco ahora parecen existir condiciones o elementos objetivos para que cuaje esta bienintencionada aspiración colectiva, toda vez que el enconado enfrentamiento partidista impide incluso la más elemental fórmula de los pactos de Estado. Seis años de zapaterismo no sólo han roto los frágiles puentes que unían las dos orillas de nuestra partitocracia, sino que han consagrado el divisionismo como estrategia de marketing electoral y ahondado las diferencias entre derecha e izquierda a base de una intensa demagogia retórica.

La sugerencia efectuada por Javier Arenas en las páginas de ABC parece más bien fruto de una lucubración voluntarista, una reflexión teórica sobre la necesidad de volver a un entendimiento juicioso basado en el interés general tras el fracaso del sectarismo zapaterista. El propio Rajoy se apresuró a aclarar que la figura misma del presidente bloquea en la actualidad cualquier hipótesis de acercamiento. Como no hay en el seno del Partido Socialista, pese a los recelos que ya despierta Zapatero en su dirigencia más sensata, voluntad alguna de revocar su liderazgo, la posibilidad de un Gabinete de convergencia anticrisis no pasa de ser una mera cavilación contemplativa, un escenario intelectual, un ejercicio de especulación utópica. Ya sería un paso adelante, un auténtico salto cualitativo, la avenencia parcial parcial de PSOE y PP en torno a algunos de los problemas inmediatos —energía, sector financiero, pensiones— que acucian a la política española en una delicada coyuntura de amenazas de desequilibrio social y quiebra del Estado.
Ni siquiera existen indicios de probabilidad para una coalición entre la socialdemocracia y el nacionalismo catalán, alianza que en varias ocasiones históricas ha estado a punto de tomar cuerpo para acabar descarrilada por unas u otras razones. Zapatero está solo, aislado, preso de sus errores y de su vacuo dogmatismo, y en esa soledad tendrá que transitar por lo que quede de legislatura. Por conveniente que pudiera resultar para una gobernanza razonable, si Rajoy considera necesario un Gobierno de unidad tendrá que esperar a formarlo él mismo... ganando previamente las elecciones.

ABC - Opinión

Rajoy en clave de Gobierno. Por Jesús Cacho

Un día importante en la vida de Mariano Rajoy Brey. Una jornada convertida en punto de inflexión en la carrera política del personaje. Seguramente muchos de los que acudieron el viernes a escuchar al líder de la derecha en el Hotel Ritz de Madrid, esperando asistir a la presentación en sociedad del programa de Gobierno del Partido Popular, salieron defraudados o complacidos solo a medias. Esa era sin duda una pretensión carente de sentido cuando aún quedan 21 meses, en el peor de los casos, para las próximas elecciones generales, si bien resulta casi imposible imaginar a José Luis Rodríguez Zapatero llegando vivo al solsticio de invierno de 2012. Pero lo importante no estaba el viernes en lo que Rajoy dijo, sino en el entorno, en el atrezzo, en el momento histórico y en la audiencia ante quien lo dijo. El espectáculo de la calle Antonio Maura atestada de berlinas de lujo, lo mismo que la Plaza de la Lealtad, chóferes y escoltas invadiendo las aceras, hablaba a las claras de que algo importante estaba a punto de ocurrir. “¿Pero qué pasa hoy aquí…?” se preguntaban los porteros de las fincas cercanas.

Pasaba que Mariano Rajoy, 55, se disponía a presentar ante el mundo económico y financiero las líneas maestras, la filosofía de acción de un partido capaz de sacar a España del atolladero. Y hacerlo en clave de Gobierno. Ese es el cambio que se ha producido en el país en las últimas semanas. Tras años de dudas y vacilaciones, casi todas resultado del trauma que supuso el dramático 11-M y la derrota electoral del 14 de marzo de 2004, Rajoy se ha convertido en el instrumento imprescindible para intentar volver a la senda del crecimiento, el único, además, de que disponen los españoles. “El mundo del dinero es hoy consciente de que necesita imperiosamente un cambio de Gobierno para salir a flote”, aseguraba el viernes en privado un destacado empresario. “Y cuanto antes mejor, porque esta etapa está agotada. Zapatero está liquidado y pocos dudan ya de que Rajoy será el próximo inquilino de Moncloa”. Para que ese cambio se haya producido ha sido necesaria una de las mayores crisis económicas de nuestra historia, que ha dejado sin empleo a más del 20% de la población activa, una conquista que ya figuraba en los anales del Partido Socialista a resultas de la crisis de primeros de los noventa. Dos tercios de esos 5 millones de parados no volverán a trabajar nunca, y el tercio restante no sabe ahora mismo donde podrá hacerlo.

«Esta es una crisis económica que ha tenido la virtud, por así decirlo, de poner de manifiesto la profunda crisis política».

Una crisis gestionada por el Gobierno Zapatero con una falta de solvencia difícil de hallar en lugar y tiempo alguno. El peor Gobierno para la peor crisis. Tras negarla durante años, no tuvo mejor idea que enfrentarla con el uso y abuso de un gasto público tan desbocado como improductivo. En solo dos años, los que van de finales de 2007 a finales de 2009, las cuentas públicas pasaron de un superávit del 2% a un déficit del 11,4%, más de 13 puntos del PIB consumidos en fuegos artificiales y en tiempo record. El Gobierno se defiende diciendo que el ratio de deuda es muy inferior al de otros países, naturalmente Grecia, pero aquí cabe la frase de José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, según el cual “lo que mata de las balas no es el plomo, sino la velocidad”. España luce hoy el aspecto de un páramo esquilmado, con un endeudamiento (público y privado) gigantesco, un sistema financiero sobre cuya salud existen más que fundadas dudas, a pesar de esas “pruebas de esfuerzo” que tan contento han dejado a ZP (voces de distinto signo calculan en 200.000 millones las pérdidas que cajas y bancos mantienen represadas en sus balances), un mercado único cuarteado en 17 mercaditos al gusto de otras tantas Administraciones autonómicas, unos sindicatos convertidos en poderes fácticos que se niegan a ceder las ventajas heredadas de la legislación social del franquismo, una Justicia reducida a escombros, etc., etc. Un paisaje, en suma, que se pierde en un horizonte de años, demasiados, de bajo crecimiento y altas tasas de paro. Paisaje de inevitable empobrecimiento colectivo.

Crisis política de más difícil solución que la económica

Pero si en lo económico la situación es más que preocupante, no lo es menos en lo que a lo político e institucional atañe. Esta es una crisis económica que ha tenido la virtud, por así decirlo, de poner de manifiesto la profunda crisis política, crisis de agotamiento del sistema, que España arrastra desde al menos mediados de los noventa. Crisis de valores y orgía de corrupción. De modo que la tarea de un futuro Gobierno popular no será solo la de acometer, bisturí en mano, las reformas de fondo que la situación reclama (más allá de los parches Sor Virginia con que el Gobierno Zapatero nos está obsequiando), para abrir la vía a un nuevo patrón de crecimiento, sino la de abordar la gran reforma política y de saneamiento de las instituciones, de regeneración democrática -reformas a las que se niegan los beneficiarios del sistema de corrupción en que vivimos- imprescindible para, de la mano del crecimiento económico, hacer de este país un proyecto de futuro capaz de convertirse en ilusionante casa común de castellanos, catalanes y vascos, capaz de dar trabajo a las nuevas generaciones y volver a situar a España como un player respetado en la aldea global. La herencia Zapatero no solo es desastrosa en lo económico: es aún más grave, más trascendente, de más difícil solución, en lo que a la política, la vertebración de España, se refiere. El problema de Cataluña ha adquirido dimensiones insospechadas hace unos años, por culpa de la irresponsable conducta del personaje al que una mayoría de españoles entregó el poder en 2004.

«La desafección a este ajado proyecto carcomido por la corrupción en que ha derivado nuestra democracia, afecta a la práctica totalidad de las comunidades que hoy forman España.»

En este sentido, Mariano Rajoy es seguramente la última oportunidad de abordar una reforma desde dentro del Sistema. Última oportunidad para liderar un cambio en profundidad de la Constitución de 1978, capaz de corregir el desafuero del “café para todos” con la vista puesta en mantener la unidad de la nación, una tarea para la que ineludiblemente tendría que contar con la anuencia de un PSOE con otro líder al frente. Asunto que reclamará también una revisión a fondo de los planteamientos del propio PP en relación a Cataluña. No queda mucho espacio para el equívoco. No hay tiempo que perder. En El Ascenso del Dinero, el profesor de Harvard Niall Ferguson asegura que “los mercados han derribado más gobiernos que las derrotas militares”. Los mercados, en julio, y los PGE para 2011 a partir de septiembre. Fracasado este último tren reformista, todo lo que venga después tendrá forma de aluvión capaz de llevarse por delante siglos de Historia compartida. Y sin necesidad de que sea el nacionalismo catalán quien actúe como mecha de la implosión. La desafección a la vieja casa común, a este ajado proyecto carcomido por la corrupción en que ha derivado nuestra democracia, afecta a la práctica totalidad de las comunidades que hoy forman España.

Un político lejos de periodistas y banqueros

¿Demasiada tarea para los hombros de un Rajoy sobre quien tantos chuzos de punta han caído en estos años? En mayo de 2004 escribí en este diario a propósito del PP que “para poder resucitar en el cielo monclovita, tal vez sea necesario morir antes. Tal vez sea necesario que todo se pudra, para que del desastre pueda germinar un partido de derecha liberal de nuevo cuño, sin la menor adherencia de la vieja AP de Aznar”. Y un mes después sostuve que “el PP debe dar por definitivamente superado el trauma del 14-M y ponerse a trabajar en serio cara al futuro. Sin renunciar a embarcarse en un proceso de renovación necesario tras la ocurrido, Rajoy está obligado a desaznarizar el PP a toda velocidad y convertirse, con nuevas gentes y nuevas ilusiones, en el partido de las reformas liberales capaz de hacer realidad esa España abierta, más próspera, más solidaria, pero también más convencida de la importancia de su papel en el mundo actual”. Habiendo admirado siempre en él esa especie de elegante desapego hacia el poder que transmite su figura (el de Pontevedra es quizá el único político conocido que no parece llevar marcado en la frente la determinación de matar por el poder), es evidente que no soy lo que se dice un rajoyista. A menudo sus vacilaciones y, en particular, su capacidad para desaparecer de la escena política durante días cual misterioso Guadiana me han sacado de quicio. Menos aún he podido soportar su, a mi juicio, falta de contundencia a la hora de condenar con energía la corrupción en las filas de su partido y obrar en consecuencia, por citar algunas diferencias con el personaje.

Pero está claro que el líder del PP tiene su personal manera de hacer las cosas y su propia forma de medir los tiempos en política. Desde luego parece claro que para hacer una cosa o su contraria no necesita en absoluto de las prédicas de los periodistas. Muy lejos del apasionado romance que Zapatero vive con cierto célebre saltimbanqui del periodismo y con el banquero más importante de aquestos Reynos, el de Génova pasa de periodistas y no se le conocen servidumbres con la gran banca. Muy al contrario, ha sido capaz de poner en su sitio al correveidile y firme se mantiene, sin importarle el precio a pagar por ello. En realidad, con Rajoy podríamos asistir al milagro de un político que llega a Moncloa sin el apoyo de ningún gran grupo de comunicación –desde luego en contra de todas las grandes cadenas de tv- y sin el respaldo expreso de la gran banca. Como tampoco es hombre que se haya dejado seducir por “lo social” y mucho menos por el olor a sobaco que despide la aristocracia del dinero capitalina, ese madrileñeo bobalicón de las fincas de caza, los jets privados y los yates en Baleares, todos ahora en discreta retirada por culpa de la crisis, habrá que concluir que Mariano Rajoy es un político sin lastres, un tipo independiente a quien la Historia podría encomendar muy pronto la hercúlea tarea de insuflar vida nueva a ese moribundo que llamamos España.

El Confidencial - Opinión

¿Gobierno de coalición?. Por José maría Carrascal

En el PSOE, todos y todo están al servicio del jefe, del que dependen decenas de miles de cargos y sinecuras.

ESA idea de Javier Arenas de PSOE y PP formando gobierno sin Zapatero no es nada descabellada. La crisis tiene una profundidad mayor de la que nadie imaginó, España se halla en una situación de emergencia que requiere el esfuerzo de todos y Zapatero se ha equivocado tanto y engañado a tantos que no inspira la confianza necesaria para salir del atolladero. Sólo hay un inconveniente: que Zapatero no está dispuesto no ya a dimitir, sino a remodelar su gobierno, que sería una crisis simbólica de su política. Pero ni siquiera eso. Sigue pensando que puede capear el temporal, sigue confiando en su suerte, sigue viendo luz al fondo del túnel, sigue creyendo en los milagros. Y sigue, naturalmente, equivocándose, incluso cuando acierta, como con las medidas de ajuste que le han impuesto desde fuera, que las dilaciones, correcciones, discusiones y recelos están desactivando antes incluso de entrar en vigor.

Pensar, por otra parte, en una rebelión interna dentro del PSOE, con una delegación de prohombres socialistas dirigiéndose a la Moncloa a decir a su inquilino que tiene que retirarse por el bien del partido y del país, como hicieron los republicanos norteamericanos con Nixon cuando el asunto Watergate se había puesto imposible, es soñar despierto, por la composición piramidal de los partidos españoles, muy especialmente del PSOE, donde todos y todo están al servicio del jefe, del que dependen decenas de miles de cargos y sinecuras, que desaparecerían en el momento que desapareciese aquél. Así que olvidémonos de ello.

La única solución sería la que tomó el presidente Johnson cuando se percató del fracaso de su política en Vietnam, que estaba dejando a su país dividido, frustrado, amargado e impotente: anunciar que no se presentaría a las próximas elecciones porque iba dedicar todos sus esfuerzos a solucionar aquella guerra. Zapatero podría hacer lo mismo con la crisis económica. Sería la única forma de que recuperase su credibilidad, de que confiásemos en él, de que no pensáramos que estaba de nuevo engañándonos, condición indispensable para que sus medidas surtiesen el efecto apetecido, ya que en economía el factor psicológico interpreta un papel casi tan importante como el monetario. Pero para eso se necesita ser un estadista y un patriota, ver más allá de las próximas elecciones y actuar según los intereses generales no personales. Algo que escasea en nuestro presidente.

Así que dispónganse a tener más de lo mismo en los próximos dos años, más paro, más parches, más trifulcas, más advertencias, más partidismo. Más Zapatero en suma. A no ser que, antes, la crisis se lleve a él. Y a nosotros.

ABC - Opinión

¿Es posible una derecha franca y sin complejos, señores del PP?. Por Antonio Casado

Ha dicho Mariano Rajoy que el Partido Popular está listo para tomar las riendas del Gobierno… Solo falta que haya elecciones generales y que las gane.

Lo normal será que así sea, porque se dan las circunstancias apropiadas y los sondeos anuncian ya una victoria del principal partido de la oposición. Y a estas alturas, y con la que está cayendo, es bastante difícil que esa tendencia cambie. En mi humilde opinión, además, creo que a la nefasta gestión de Rodríguez se ha unido durante este tiempo un modo de hacer oposición que al final ha acabado convenciendo a la gente, sobre todo a ese sector de la población situado en eso que llamamos centro político, que igual puede votar a su izquierda que a su derecha, y que aglutina alrededor de un millón de votantes que son los que, en definitiva, hacen oscilar la balanza electoral a un lado o al otro del arco parlamentario. Rajoy ha hecho una oposición moderada, alejada de estridencias, responsable… Y ahora lo que necesitan los ciudadanos es que esa alternativa se vaya concretando de aquí a las elecciones.

Es cierto que ya existe una compleja relación de medidas e iniciativas que el PP ha ido presentando en las Cortes durante todo este tiempo, y que cualquier persona interesada podría acceder a los documentos que más o menos recogen lo que podríamos calificar de programa alternativo de Gobierno, pero el PP tiene que dar un paso más. El viernes por la mañana el líder del PP lo hizo en el marco de un encuentro empresarial, y allí avanzo las líneas maestras de su alternativa económica -la pueden leer ustedes este fin de semana en casi todos los periódicos, luego me ahorro su transcripción- y, sobre todo, de lo que él entiende que debe ser el objetivo principal de un Gobierno del PP: un conjunto de reformas de urgente factura que vuelvan a hacer de España un país competitivo. Reformas que no solo afectan al área económica, sino también al terreno educativo, modelo de Estado, Justicia, etcétera. ¿Qué le falta, entonces, al PP para terminar de convertir esa alternativa en un mensaje esperanzador? Se lo diré: claridad, contundencia y ausencia de complejos.

Dicho de otro modo, que de una vez por todas destierre esa política de ‘no molestar’ que tanto gusta a algunos de los asesores que rodean a Rajoy. Hay quien le echa la culpa de esa actitud a Arriola, don Pedro, otros al propio Rajoy y a parte de su equipo… A mí me da la sensación de que esos complejos coexisten instalados en una buena parte del PP, y lo vemos por ejemplo en dirigentes de este partido tan notables como el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, siempre presto a satisfacer las demandas de la izquierda mediática, política y cultural. ¿Porqué les cuento esto? Pues porque esta semana hemos visto cómo cuando la derecha se quita la careta de los complejos, gana.

Lo ha hecho Alicia Sánchez Camacho con su defensa de la prohibición del burka, iniciativa que ha robado el discurso a la izquierda provocando que ahora los portadores de las esencias del progresismo feminista estén que fumen en pipa, y eso que en su partido había serias reticencias a presentar esa iniciativa no sea que pudiera “molestar” a las comunidades musulmanas. Y lo ha hecho un dirigente político democristiano, no perteneciente al PP, pero que le ha dado al PP toda una lección de coherencia: Josep Antoni Duran i Lleida, que no ha tenido reparo alguno en criticar a la Generalitat de Cataluña a cuenta de su actitud en un asunto tan aparentemente delicado como es la homosexualidad.

Guías de educación sexual

Y viene todo esto a cuenta, también, de un asunto que me parece extraordinariamente grave y que requeriría un pronunciamiento de los dirigentes populares, sin complejos, porque se trata de algo que afecta directamente al papel de los padres en la educación de los hijos: me refiero a las guías de educación sexual, que lejos de ser eso, educación sexual, parecen manuales de prostitución infantil. Porque, fíjense, ni en un caso ni en el otro se trata de estar en contra ni de la convivencia social de los gays y lesbianas, ni de oponerse a una adecuada y seria educación de los niños en materia de sexualidad. De lo que se trata es de estar en contra de los excesos, y la izquierda tiene una tendencia natural al exceso en esto asuntos, hasta el punto de que como muy bien reflexiona el portavoz de CiU, aplaude cuando un heterosexual sale del armario para ponerse calzoncillos de cuero marcando paquete el Día del Orgullo, pero sanciona el hecho de que un homosexual quiera volver al armario porque se encuentra mejor allí dentro y busque la ayuda adecuada para hacerlo, y convierte la razonable orientación de los menores hacia una sexualidad sana y bien explicada en la exaltación del putiferio.

Y siendo esto importante, no es el único aspecto en el que al PP le sobran razones para pronunciarse sin complejos y, sin embargo, no lo hace. Es evidente, por ejemplo, que la crisis económica ha puesto sobre la mesa la necesidad de plantearse una reforma en profundidad tanto del modelo de Estado como de la Administración. Un partido con vocación de Gobierno, que pusiera el dedo en la llaga, por ejemplo, en algo que a todas luces es un anacronismo como la existencia de las Diputaciones, o que elevara la bandera de la reducción de altos cargos y de esos desorbitados parlamentos autonómicos, o que dijera claramente que es necesario que el Estado recupere algunas competencias que en manos de las Comunidades Autónomas han ido provocando un permanente agravio comparativo entre unas regiones y otras, seguramente despertaría mucho más entusiasmo entre sus posibles votantes que la simple complacencia con un status quo que a todas luces se está demostrando insoportable.

Son solo ejemplos, pero creo que se entiende lo que quiero decir: cuando ya es evidente que la demagogia y el populismo con el que ha actuado durante todo este tiempo la izquierda ha quedado al descubierto, ha llegado el momento de empezar a hablar claro y de llamar a algunas cosas -no digo que a todas porque la política exige a veces ciertos equilibrios, pero sí a muchas- por su nombre. Estoy seguro de que el ciudadano lo agradecerá.

El Confidencial - Opinión

Propuestas. Los silencios de Rajoy. Por Emilio J. González

Estaría bien si Rajoy pusiera fin a la voracidad tributaria del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que todo lo quiere arreglar a base de subir y subir los impuestos a los más que sufridos contribuyentes de la Villa y Corte.

La música no suena mal, pero es como una canción en bruto a la que le faltan esos arreglos que le den la forma definitiva. Me refiero a la alternativa económica que acaba de presentar el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Lo que ha dicho el gallego que haría si llega a La Moncloa es sensato y marcha en la dirección correcta, pero hay puntos manifiestamente mejorables y otros tan importantes como el del futuro de las pensiones, o el suelo y la vivienda, de los que no habla. De la misma forma, parece que todo lo fía al momento en que el PP llegue al Gobierno cuando lo cierto es que Rajoy puede empezar ya a poner en práctica, en las autonomías en que gobierna su partido, mucho de eso que propugna.

Por ejemplo, en materia educativa, Rajoy habla de que el castellano sea la lengua vehicular mientras en Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, hace todo lo posible por arrinconarlo. ¿No debería pararle los pies para ser coherente con lo que acaba de exponer ante la créme de la créme del mundillo económico? En este terreno también tendría que insistir en otros aspectos. Uno de ellos es el aprendizaje del inglés. Otro de ellos es hacer especial hincapié en el estudio de las ciencias puras, lo mismo que en el de la Historia de España. Y otro igualmente importante es el referente a la enseñanza universitaria, donde debería apostar abiertamente por que hubiera universidades españolas no sólo entre las más importantes y prestigiosas de Europa, sino del mundo.

En materia fiscal ocurre tres cuartos de lo mismo. Está muy bien que Rajoy se muestre en contra del impuesto sobre el ahorro y proponga recortes fiscales selectivos. Pero estaría mucho mejor si la Comunidad de Madrid no fuera la única de entre las que gobierna el PP que, efectivamente, está bajando los impuestos y, sobre todo, si pusiera fin a la voracidad tributaria del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que todo lo quiere arreglar a base de subir y subir los impuestos a los más que sufridos contribuyentes de la Villa y Corte, como si de un político socialista cualquiera se tratase.

Tengo que reconocer que, en materia laboral, Rajoy se muestra valiente al coger por los cuernos a dos verdaderos vitorinos, esto es, la negociación colectiva y la clarificación de las causas para que una empresa se pueda acoger al despido de 20 días. Supone hablar sin complejos y dejarse en paz de tanto tabú que ha marcado de manera negativa a la política laboral española, lo cual es bueno, y demuestra valentía, porque pedir la descentralización de la negociación colectiva es ganarse a los sindicatos como enemigos de por vida y querer abaratar el despido es arriesgarse a ser tachado de antisocial, de enemigo de los trabajadores y demás zarandajas. Pero también es cierto que sólo así se podrá permitir que sobrevivan las empresas y los empleos que mantienen y que se generen esos puestos de trabajo tan necesarios para reducir drásticamente el paro y superar la crisis. Lo único que echo de menos en este terreno son referencias a la remuneración de los jóvenes sin experiencia laboral, al empleo temporal y a tiempo parcial, a las agencias privadas de empleo, a la movilidad geográfica y funcional y a las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, cuyo recorte es del todo punto imprescindible para crear empleo y recuperar competitividad.

También está muy bien eso de normas claras en lo referente a la morosidad, pero ¿y cuándo el moroso resulta ser una administración pública? De igual forma está bien su propuesta de utilizar todas las fuentes de energía, incluida la nuclear, pero debería decir si quiere promover la construcción de nuevas centrales nucleares o no y si va a seguir manteniendo las ayudas a las renovables, que tan caras son y tantos problemas a otro tipo de energías están generando, tal como denunciaba recientemente Endesa.

De la misma forma, suena muy bien todo eso de la unidad de mercado y la eliminación de las barreras que crean las distintas normativas autonómicas, así como la reforma de la administración y la devolución de las autonomías a esa disciplina presupuestaria que han perdido. Ahora bien, aquí estamos ya con palabras muy mayores porque para que Rajoy pueda hacer eso que dice, y hacerlo de verdad, va a tener que subirse las mangas y meterse en algo parecido a una reforma constitucional que devuelva al Estado los poderes en materia de política económica que le arrebató el Tribunal Constitucional a golpe de sentencia absurda, o que tuvo que ceder a los gobiernos regionales a cambio del apoyo de los nacionalistas al gobierno nacional de turno. Y para eso hace falta tener una idea clara de España y defenderla hasta sus últimas consecuencias, empezando por el propio partido, lo cual implica recortar poderes autonómicos a troche y moche. La cuestión es si un líder como Rajoy, que depende tanto de los barones regionales ‘populares’ que le apoyan, va a ser capaz de meterlos en cintura.

Dicho todo esto, a mí me gustaría saber qué va a hacer Rajoy con dos cuestiones fundamentales: las pensiones y la sanidad. Si la Seguridad Social ya estaba condenada al déficit a medio plazo y a la quiebra a largo, después de seis años de zapaterismo el sistema público de pensiones ya es casi insalvable y, además, con la crisis se ha adelantado y está ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Con la sanidad ocurre tres cuartos de lo mismo. Sin embargo, ni una ni otra forman parte de las siete reformas fundamentales de Rajoy, cuando se trata de dos temas de máximo interés y repercusión social y de dos cuestiones que afectan, y mucho, al crecimiento económico y al empleo.

Libertad Digital - Opinión

Un G-20 sombrío

Es muy probable que de esta serie de reuniones no vaya a salir ninguna receta mágica para sacar la economía internacional del que ya es uno de los peores baches de la historia.

EL presidente estadounidense ha logrado sacar adelante la legislación sobre las nuevas regulaciones del mercado bancario, lo que, a juzgar por la reacción de Wall Street, ha sido considerado como una victoria política de dimensiones parecidas a las de su reforma sanitaria. En la Unión Europea la señal que alimenta el optimismo en este campo ha sido la decisión de hacer públicas en las próximas semanas las «pruebas de esfuerzo» de los grandes bancos, con las que se espera contener las ofensivas especulativas en los mercanos de deuda soberana. Sin embargo, los líderes del G-8 acaban de terminar sus reuniones en Canadá con una declaración en la que añaden más señales de cautela y reiteran sus advertencias de que la recuperación es todavía demasiado frágil como para lanzar las campanas al vuelo. La reunión del G-20 empezó ayer con una clara división entre los que creen que deben mantenerse los estímulos públicos para apuntalar la recuperación, como es el caso de Barack Obama, y los partidarios de poner el acento en el refuerzo de la estabilidad presupuestaria, como la canciller alemana Angela Merkel y la mayoría de países europeos.

Es muy probable que de esta serie de reuniones no vaya a salir ninguna receta mágica para sacar la economía internacional del que ya es uno de los peores baches de la historia. Los dirigentes europeos se habían comprometido a mantener una posición común, porque es la única forma de hacerla creible, por lo que están obligados a defender, al menos, los acuerdos adoptados en el último Consejo Europeo, aun sabiendo que algunos, como la tasa sobre las transacciones financieras internacionales, son prácticamente imposibles de aplicar.

ABC - Editorial

Víctimas, liderazgo moral

En más de medio siglo de actividad terrorista, el papel de las víctimas en nuestra sociedad ha cambiado radicalmente. Por el camino se quedaron las vidas de 856 inocentes y muchas más familias destrozadas. La democracia contrajo una deuda con un colectivo que durante una gran parte de este tiempo fue olvidado, ninguneado y marginado. Poco a poco, los poderes públicos, en particular, y la sociedad, en general, han tomado conciencia de lo que suponían esos ciudadanos que lo habían dado todo por la libertad y la seguridad de los demás. En los últimos años la reparación y el reconocimiento públicos les han devuelto una parte de lo que ellos entregaron.

En el marco de esa determinación por lograr que el colectivo ocupe el lugar que se merece, el Congreso celebra hoy por primera vez el día de homenaje a las Víctimas del Terrorismo. La fecha coincide con el 50 aniversario del que se considera el primer asesinato de ETA: la muerte de la niña Begoña Urroz, fallecida en la estación donostiarra de Amara el 27 de junio de 1960. Un acto importante que simboliza el tributo de la nación hacia estas familias y que les otorga los honores que merecen.

En ese contexto, hay que celebrar que las dos principales fuerzas políticas hayan sido capaces de consensuar la esperada Ley Integral de Víctimas del Terrorismo, que está llamada a ser un punto de inflexión en el tratamiento a este colectivo. La norma establece novedades esenciales como un baremo de indemnizaciones idéntico para todas las víctimas, de forma que se acabe con los agravios comparativos, o su efecto retroactivo desde el 1 de enero de 1960, en especial en el cobro de ayudas. En defensa de su dignidad, el texto prohíbe de forma expresa la existencia en lugares públicos de monumentos, escudos, insignias o placas de enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas, lo que supone, sobre todo, un acto de justicia.

Pese a todo, entendemos que el Estado de Derecho no ha saldado por completo la deuda contraída ni mucho menos. Esta misma semana conocíamos, gracias a la Fundación de Víctimas del Terrorismo y no a la Administración, que cerca de 300 asesinatos de ETA podrían no haber sido juzgados aún desde el año 1978, y que cerca de un centenar de ellos estaba a punto de prescribir. Que un crimen quede sin castigo y las víctimas no sean reparadas con un acto de justicia es inasumible. Que sean 300 resulta escandaloso.

Si asistimos a esta circunstancia insólita en el ámbito jurídico, en el político hay situaciones igualmente rechazables. El Gobierno y los partidos que en su día le apoyaron, que fueron todos menos el PP, están obligados a explicar a las víctimas por qué amparan aún la moción del Congreso que apoya y permite una negociación con la banda terrorista. La existencia de esa iniciativa supone una deslealtad.

El PSOE debe rectificar y perseverar en una política antiterrorista que ha dado resultados extraordinarios. Las víctimas constituyen lo mejor de nuestra sociedad, su liderazgo y autoridad morales son incuestionables, y los políticos tienen el deber de atenderlas y escucharlas. Se equivocarán mucho menos.

La Razón - Editorial

Demasiadas dudas

La reforma laboral es imprecisa en la negociación colectiva y en las causas de despido.

La reforma laboral contenida en el decreto ley aprobado la semana pasada debe resolver tres problemas graves del mercado de trabajo en España. El primer objetivo es acabar con la dualidad del sistema laboral que consagra, por una parte, un conjunto de trabajadores con contratos fijos con una elevada protección legal y, por otra, un gran número de trabajadores con contratos temporales de muy baja protección. El segundo motivo estratégico de la reforma es facilitar la contratación y, por lo tanto, la creación de empleo, desde el supuesto de que flexibilizar la negociación colectiva y acotar un poco mejor las causas de un despido por razones económicas, para que los jueces puedan decidir con más claridad los motivos de los ajustes de empleo, suscitará mayor confianza de los empresarios cuando lleguen los primeros indicios de recuperación económica. Hay dudas de que los medios dispuestos para obtener estos objetivos sean los adecuados; y queda además la incertidumbre sobre el contenido final de una reforma que queda al albur de una negociación política necesariamente prolongada.

El núcleo de la reforma no está, pues, en el abaratamiento del precio del despido (aunque es evidente que el coste de las indemnizaciones puede tener importancia en las cuentas de resultados en plena fase de recesión), sino en conceder a las empresas capacidad para que se descuelguen de los convenios sectoriales y territoriales, de forma que puedan negociar con sus empleados las condiciones salariales en caso de grave dificultad económica y en precisar las causas objetivas de deterioro económico que pueden argumentar las sociedades para solicitar los ajustes de empleo. En ambos puntos, el decreto es impreciso; incluso es más ambiguo que la propuesta de reforma presentada el viernes anterior por el propio Gobierno. De forma que lo más probable es que, tal como está redactada, contribuya bien poco a generar puestos de trabajo más estables. Y hay que temer que todavía sea más difícil si los cambios que se introducen, a causa de un prolijo intercambio de favores políticos y opiniones con los partidos de la oposición, no sirven para aclarar ambos puntos.

El Gobierno tampoco ha descendido a debatir una objeción anunciada por economistas y políticos, el gobernador del Banco de España entre otros: no son estos los mejores tiempos para castigar la contratación temporal ofreciendo a cambio incentivos para que se extienda un inflexible contrato de trabajo con 33 días de despido. La temporalidad debe ser combatida, pero el método mejor es construir un contrato fijo con un coste de indemnización variable en función del tiempo trabajado, de forma que la contratación precaria desaparezca por extinción. Como tampoco es una buena idea hilvanar cambios en el mercado de trabajo con incentivos que impliquen costes para el erario público.

Una buena reforma del mercado de trabajo requiere orientar mejor los instrumentos que propone en función de los objetivos que persigue. El debate político debería servir para eso, para aclarar diagnósticos y templar las medidas. Los precedentes no invitan al optimismo. Obsérvese además que por toda Europa, en Francia e Italia especialmente, se extienden las huelgas y la conflictividad social en contra de lo que se interpreta como recortes de los derechos sociales. Europa se enfrenta a un otoño caliente. El fondo de esta cuestión sigue siendo la contraposición entre la idea de que esta fase de la crisis solo se superará con políticas de ajuste drástico que reduzcan el déficit, defendida por Alemania, y la posición de quienes sostienen, como Barack Obama, que todavía es necesario dejar margen a las políticas de estímulo económico para favorecer la recuperación. Ambas posiciones llegarán probablemente hoy a una solución de compromiso en la cumbre del G-20 en Toronto.

El País - Editorial

Su adversario es el viento

El afirmar, como hacen Arenas y Gallardón, que el problema de España es la crisis, supone tanto como decir que si no padeciéramos la actual recesión económica no habría razón alguna para cambiar de Gobierno.

Las últimas declaraciones de altos representantes del Partido Popular asegurando que su enemigo es la crisis y no el PSOE, tienen por fuerza que sumir en la perplejidad a sus simpatizantes, la inmensa mayoría de los cuales es partidaria de derrotar al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero como paso previo para solucionar la crisis no sólo económica, sino constitucional, social y ética a que las dos legislaturas del leonés nos han abocado.

El afirmar, como hacen Arenas y Gallardón, que el problema de España es la crisis, supone tanto como decir que si no padeciéramos la actual recesión económica no habría razón para cambiar de Gobierno, y eso es algo que difícilmente pueden compartir los diez millones de votantes del partido al que representan.

Parece que en las altas esferas del PP se está empezando a padecer de vértigo electoral ante la posibilidad, cada vez más cierta, de que en breve plazo pueda volver al Gobierno de la nación derrotando previamente al PSOE en algunos de los principales feudos socialistas como Andalucía. Es la única razón que explicaría que, en lugar de presentarse como alternativa en contraposición a la gestión nefasta del socialismo denunciando sus múltiples tropelías, el partido de Mariano Rajoy prefiera ofrecerse al electorado como un simple equipo de tecnócratas capaz de gestionar mejor los asuntos económicos que el actual consejo de ministros.

El Partido Popular sigue sin aprender la lección del Prestige, la guerra de Irak y, sobre todo, del 11-M. Con un país que estaba a punto de alcanzar el pleno empleo, unas finanzas saneadas, la Seguridad Social con superávit después de haberla rescatado de la hecatombe felipista y con un papel cada vez más relevante en la escena internacional, los socialistas consiguieron derrotar al partido apelando a la demagogia política y al radicalismo social.

Rajoy, en cambio, prefiere seguir el dictado ideológico del PSOE sin hacer demasiado ruido como demuestran las declaraciones de Arenas y Gallardón. Cualquier cosa antes de que tachen a su partido de “crispador”. Pero así, la derecha española sólo podrá aspirar al usufructo de un poder cuyo titular, por renuncia expresa de los dirigentes del PP, siempre pertenecerá por derecho propio al principal partido de izquierdas.

La derecha sociológica, más que colocar a los políticos que la dirigen en los centros de poder, quiere que el partido al que vota defienda los principios y valores que siempre la han caracterizado, más para eso, lo primero es identificar correctamente al adversario. Y es que, hasta donde sabemos, las crisis no se presentan a las elecciones.

Libertad Digital - Editorial

La ruina de la «agenda social»

Las cuentas públicas están en déficit porque el Gobierno ha vaciado las arcas con una política «social» que ha consistido en gastar y dar por imposible que llegara un tiempo de vacas flacas.

LAS prestaciones por desempleo, cuando esta variable llega al 20 por ciento, provocan inevitablemente una hemorragia en los presupuestos del Estado. Entre lo que cuestan y lo que se deja de recaudar —menos renta, menos consumo, menos actividad—, los números rojos se hacen con las cuentas públicas. Esta es la explicación que el Gobierno exhibe como argumento oficial al déficit actual del Estado. Lo presenta como una consecuencia lógica del esfuerzo «social» que está haciendo para paliar las consecuencias de la crisis, incluso como una virtud del Estado del bienestar, capaz de dar prestaciones a tantos millones de parados. Claro que este discurso ha hecho crisis también, porque no hay dinero para pagar tantos compromisos. En el caso español, además, las causas del déficit del Estado no se reducen al incremento del desempleo. La coartada del Gobierno es imperfecta porque pretende enmascarar su propia responsabilidad en el agravamiento de la crisis en España y, de esta manera, disuadir a la opinión pública de pensar que la economía ha estado torpemente dirigida. Lo cierto es que las cuentas públicas están en déficit, entre otras razones, porque el Gobierno socialista se ha encargado de vaciar unas arcas que recibió en 2004 saneadas y llenas. Su política «social» consistió en gastar, asumir compromisos y dar por imposible que llegara un tiempo de vacas flacas. Por eso aprobó el «cheque bebé» por 2.500 euros para cada nacimiento, regaló indiscriminadamente a todos los españoles una deducción de 400 euros en el impuesto de la renta y decidió una ayuda suplementaria de 420 euros para los parados a los que se les hubiera agotado la prestación por desempleo. Todo esto se hizo despreciando los avisos de la crisis, que eran innegables en 2008 y suficientes en 2007. Y, aunque no los hubiera habido, fue un dispendio irresponsable.

Por eso nuestro déficit es tan alto. Porque el dinero público ha estado mal administrado y se ha empleado en la demagogia del bienestar, en hacer creer a los ciudadanos que sus necesidades económicas siempre tienen satisfacción con cargo al Estado y, además, gratuitamente. Pero gratis no hay nada, y aquellos polvos han traído los lodos de los recortes en pensiones, dependencia y maternidad; en la subida de impuestos y en la reducción de salarios públicos. Claro que la crisis tiene causas ajenas a la gestión del Gobierno, pero este ha añadido otras propias que la están haciendo más grave, profunda y duradera, y de las que solo el Ejecutivo socialista es responsable. La agenda «social» de Zapatero ha sido un desastre económico.

ABC - Editorial

Una alternativa creíble

Hemos defendido de forma insistente que el tiempo del Gobierno se había agotado, vencido por su fracaso, y que la alternancia política era no sólo posible, sino que resultaba necesaria para recuperar la confianza y el crédito perdidos, imprescindibles para sentar las bases de la salida de la crisis y la recuperación. El Gobierno y el PSOE, no sin habilidad, están instalados desde hace semanas en el discurso de la falta de proyecto del Partido Popular para sacar adelante la nación con un mensaje gráfico que presenta a los populares como el partido del «no». No a todo, pero sin que se ofrezca un proyecto, unas ideas. El objetivo es presentar ante la opinión pública a una formación sin sentido de Estado y que sólo persigue el poder. Esa falaz campaña –increíble para todo aquel que siga los debates en el Parlamento y las comparecencias de los portavoces del PP– se ha venido abajo estrepitosamente en las últimas horas. Primero con el acuerdo para que Gobierno y PP elaboren una nueva política energética, que tanta falta le hace al país. Lo que demuestra que no ha sido el PP el obstáculo, sino un Gobierno que persiguió aislar a la oposición e imponer sus políticas de forma incondicional. Y segundo, con la comparecencia de Mariano Rajoy, que ayer desgranó su plan integral de reformas contra la recesión, y que conforman un intenso programa de intervenciones legislativas dirigidas a modificar sustancialmente las reglas de juego actuales, que se han demostrado incapaces para combatir la crisis.

Rajoy cree necesaria una regulación clara y sencilla de la extinción de los contratos, clarificar los mismos y facilitar descuelgues no sólo salariales en los convenios. El objetivo, que compartimos, es dinamizar el mercado de trabajo y no trabarlo con más confusión. Para corregir el galopante déficit público, apuntó una nueva normativa presupuestaria que establezca techos de gasto y endeudamiento de todas las administraciones, así como poner coto al «sobredimensionamiento» del sector público y al exceso de subvenciones. En cuanto a la fiscalidad, Rajoy planteó una rebaja selectiva de impuestos para pymes y autónomos y un IVA superreducido para el turismo, con el propósito de apoyar la inversión empresarial y el ahorro. Estas propuestas persiguen incentivar la actividad y no gravarla, lo que sin duda es más positivo a la larga para la recaudación y la creación de empleo. El presidente del PP abordó las pensiones y, en este punto, defendió la necesidad de debatir sobre la ampliación de la edad de jubilación para garantizar el futuro del sistema. La demagogia con los jubilados sólo conduce al fiasco actual y los cambios no pueden esperar. Rajoy remarcó la necesidad de la reestructuración del sistema financiero, porque necesitamos entidades sólidas para que el crédito fluya.

Entendemos que el líder del PP representa una alternativa seria, creíble y necesaria en tiempos en los que los experimentos, como los gobiernos de concentración con Zapatero, sobran, y se demanda rigor y estabilidad, con pactos de Estado en los grandes asuntos de interés general –modelo territorial, terrorismo, justicia–, exactamente los mismos acuerdos que el PSOE ha torpedeado durante los últimos seis años.

La Razón - Editorial

A verlas venir

Rajoy apunta, pero sigue sin plantear una alternativa reconocible en materia económica.

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, compareció ayer ante representantes del mundo económico y empresarial para, supuestamente, exponer las líneas generales de su programa económico. La sensación general fue frustrante. Es cierto que faltan casi dos años hasta las elecciones y, por tanto, podía intentar el equilibrio difícil entre un compromiso explícito con medidas concretas y la conservación de un amplio margen de maniobra para el futuro. Pero de la intervención de Rajoy se deduce que sigue confiando más en el desgaste de Zapatero que en las virtudes de su inexistente programa, por más que el intento de al menos plantear un esbozo de prioridades podría indicar una cierta conciencia de las limitaciones de la estrategia de estar a verlas venir.

El recorte del gasto público adoptado por el Gobierno, así como el decreto sobre la reforma laboral y las medidas para consolidar el sistema financiero, han trastocado los datos de partida del debate político. Ante la nueva realidad, la oposición no podía limitarse a seguir oponiendo negativas a las iniciativas de un Gobierno que ha empezado a adoptar medidas a la altura de la gravedad de la crisis; medidas que coinciden, por lo demás, con las que están planteando los restantes países de la zona euro. Rajoy sigue en el terreno del deber ser, o en el de "yo ya lo dije" (que había que controlar el déficit) como si eso le eximiera de decir ahora cómo combatirlo.

La novedad fue propugnar que se incluya en la Constitución, como hizo Alemania, la obligación de no superar determinado nivel de déficit. Aparte de la dificultad política para llevar a buen fin una iniciativa que requeriría reformar la Constitución, y de la discutible conveniencia de atarse las manos hasta ese punto, la propuesta revela la voluntad de mantenerse en el nivel más genérico, el constitucional, para no entrar en compromisos concretos. Es decir, el de cómo atajar -recortando qué gastos- el déficit realmente existente. Se limitó a sugerir una imprecisa reforma de las Administraciones públicas, necesaria en cualquier caso pero incapaz de ofrecer los resultados inmediatos que se necesitan.

Otro tanto hizo con la reforma laboral, evitando pronunciarse sobre el decreto recién convalidado y subrayando únicamente que la negociación colectiva debe plantearse a nivel de empresa. Otros temas, como la reforma energética o la de la educación, fueron planteados en el mismo nivel generalista, con el agravante, en el caso de la educación, de que propuso hacer aquello que su partido acaba de boicotear: un pacto capaz de mantener su vigencia esencial con cualquier Gobierno. Y ello pese a que, al descartar la insinuación de Arenas, dijo que "pactos de Estado, sí; coalición de Gobierno (con el PSOE), no". ¿En qué tema era más necesario un pacto que en la Educación? La misma falta de credibilidad de la que Rajoy acusa al Gobierno es la que él sufre cuando propone iniciativas que ha saboteado, o cuando recurre a la teoría para no pronunciarse sobre la realidad.

El País - Opinión

¿Pasará Rajoy de las palabras a los hechos?

La austeridad que preconiza Rajoy casa bastante mal con que Madrid sea el municipio más endeudado de España y con que su estrategia para reducir el déficit pase por aumentar los tributos a los ciudadanos en lugar de por minorar sus faraónicos despilfarros.

En estos momentos en los que nadie puede albergar esperanza alguna en que Zapatero sea capaz de encauzar el rumbo de nuestra economía resulta esencial que tanto dentro como sobre todo fuera de nuestro país se perciba la existencia de una alternativa de gobierno que sí esté dispuesta a aprobar las reformas que necesitamos; a saber, reducción enérgica del gasto público en todos los niveles de la administración y liberalización de sectores tan relevantes como el energético o el laboral.

En este sentido, sólo cabe celebrar que Rajoy se postule abiertamente como alternativa inmediata de gobierno al desgobierno de Zapatero; no ya porque el líder de la oposición debe ser capaz de acceder al Ejecutivo en cualquier momento, sino porque es preciso que comience a visualizarse un gobierno en la sombra que exponga las políticas concretas que pasará a aprobar tan pronto como gane las elecciones.

El programa desgranado por Rajoy incluye alguna de las claves que la economía y la sociedad española necesitan: reforma del sistema educativo asentándolo sobre la libertad parental; reducción de impuestos y del gasto público, así como limitación del endeudamiento; eliminación de la negociación colectiva; y mantenimiento de una energía limpia y barata como la nuclear. Sin embargo, el discurso de Rajoy, aunque correcto, sigue pecando de ser insuficientemente concreto y consecuente.

La inconcreción se aprecia en rúbricas tan importantes como la falta de desarrollo de qué partidas de gasto piensa recortar, eliminar o reorganizar con tal de eliminar el enorme desequilibrio de nuestras cuentas públicas. De momento, el PP se ha opuesto al ajuste presentado por el PSOE, en unas ocasiones aduciendo que era "insuficiente" y que debería ampliarse a las oligarquías sindicales y políticas que pacen en el presupuesto y en otras sosteniendo que era "injusto" por afectar al "gasto social". Sería deseable que más allá de apelaciones generales a restringir el endeudamiento se nos explicara cómo se pretende acabar con éste, pues en caso contrario la tan cacareada prohibición del déficit quedaría como un simple brindis al Sol.

La inconsecuencia del discurso de Rajoy cabe buscarla, no ya en el lenguaje claramente populista que algunos miembros de su partido han empleado para denigrar cualquier mínima liberalización del mercado laboral, sino en la palpable contradicción entre las palabras de Rajoy y las políticas implementadas por el PP allí donde está gobernando (con la feliz excepción de la Comunidad de Madrid).

El líder popular promete la misma libertad educativa para los padres que había prometido Feijóo poco antes de incumplir todos y cada uno de los puntos de su programa en este ámbito. La austeridad que preconiza Rajoy casa bastante mal con que Valencia y, sobre todo, Madrid sean los municipios más endeudados de España y con que la estrategia del segundo para reducir el déficit pase por aumentar los tributos a los ciudadanos en lugar de por minorar sus faraónicos despilfarros.

Si Rajoy quiere gobernar España con un determinado programa de corte liberal, primero deberá comenzar a aplicar ese mismo programa allí donde tiene ocasión. Después de haber padecido a un mentiroso de tal calibre como Zapatero, es lógico que los españoles tengamos una más que sana desconfianza hacia las promesas de los políticos. El movimiento se demuestra andando, y el buen gobierno, gobernando.

Libertad Digital - Editorial

Con Zapatero, no

Rodríguez Zapatero no ha hecho posible la culminación de ni uno solo de los pactos de Estado a los que se ha ofrecido el PP, y sólo el PSOE es el que tiene que explicar por qué.

LA propuesta del vicesecretario territorial del Partido Popular, Javier Arenas, adelantada ayer por ABC, de plantear un gobierno de coalición con el PSOE, pero sin José Luis Rodríguez Zapatero, compartió la agenda política en una jornada en la que Mariano Rajoy se presentó como alternativa inmediata al actual Ejecutivo ante la clase empresarial y financiera. De esta forma, el PP puso sobre la mesa de la opinión pública sus opciones para recuperar la confianza política a través de la estabilización del Gobierno, bien con un gran pacto de Estado para cogobernar, bien con una alternancia democrática. No son fórmulas antagónicas, sino que responden a enfoques complementarios sobre una misma situación, que convergen en la condición común y previa de que Rodríguez Zapatero está políticamente agotado y amortizado.

La sociedad española no pierde ocasión de expresar su desdén por la clase política en su conjunto, del que resulta una creciente desconfianza en la capacidad de sus representantes para liderar la recuperación. La oposición, aunque no tenga responsabilidades de gobierno, no escapa, si bien con diferentes resultados, a esa ola de opinión escéptica y desalentada de los ciudadanos. Por eso es bueno que el Partido Popular rompa los círculos viciosos de la relación Gobierno-oposición con propuestas y ofertas novedosas, aunque su viabilidad inmediata sea más que dudosa. Nada habría sido más conveniente para España que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hubiera propiciado acuerdos de Estado con el PP desde el comienzo de la crisis, y aun antes. Desde su victoria en 2004, el Partido Socialista ha protagonizado el período político más crispado y menos fértil en acuerdos nacionales desde 1978. Solo la disposición del PP a apoyar medidas anticrisis o planes concretos, como el aplazamiento del coste de la luz, ha permitido dar a la sociedad bálsamos ocasionales a tanto enfrentamiento. Rodríguez Zapatero no ha hecho posible la culminación de ni uno solo de los pactos de Estado a los que se ha ofrecido el Partido Popular, y sólo el PSOE es el que tiene que explicar por qué. La coalición de gobierno, al estilo de la que presidió Angela Merkel con los socialdemócratas alemanes en el mandato anterior, es una fórmula responsable que solo funciona con políticos responsables que crean en los pactos de Estado. El PSOE no quiere compartir acuerdos nacionales con el PP —ayer Mariano Rajoy los ofreció en Educación, energía y administraciones públicas— y lo ha demostrado desde el comienzo de su etapa de gobierno, optando siempre por las minorías nacionalistas o por el «decretazo».

ABC - Editorial

Vaya salida más social. Por Fernando Fernández

Hay simple resignación, incluso resentimiento sordo, por las cosas que han tenido que hacer.

ESPAÑA ha cumplido una presidencia europea de trámite. El asunto no hubiera tenido especial repercusión política si no fuera por las demenciales expectativas autogeneradas respecto al acontecimiento planetario que significaba ver a Obama y Zapatero juntos, cambiando el mundo y diseñando una salida social a la crisis internacional provocada por los especuladores. La salida social ha acabado como el rosario de la aurora. El infantil keynesianismo de cavar zanjas y luego taparlas con aceras remozadas para la ocasión ha producido ciertamente varios hitos históricos. Nunca antes en la historia de la democracia española se había bajado el sueldo a los funcionarios, ni se habían congelado las pensiones. Claro que nunca tampoco habíamos tenido más de cuatro millones y medio de parados. Pero lo verdaderamente sorprendente es que el Ejecutivo intente, como los malos alumnos, justificar su clamoroso suspenso con que el profesor le tiene manía. No son ellos los culpables de haber provocado una emergencia nacional, sino los banqueros alemanes, en la última versión de enemigo exterior salida de la factoría de ficción la Moncloa. La vicepresidenta Salgado afirma en una entrevista no arrepentirse de nada y el presidente Zapatero se muestra en el Parlamento orgulloso de haber llevado el déficit público por encima del 11 por ciento del PIB. Todo por una buena causa, por ampliar los derechos sociales. Lástima que los egoísmos de siempre no hayan accedido a financiarnos tan loable propósito.

El asunto es preocupante no por una simple cuestión de memoria histórica, sino por lo que revela de la actitud gubernamental. No hay un convencimiento de las reformas necesarias para hacer que este país pueda volver a generar empleo, pagar sus deudas, reconstruir su prosperidad perdida y edificar un Estado de Bienestar sostenible. Hay simple resignación, incluso resentimiento sordo, por las cosas que han tenido que hacer, por la miopía y crueldad de los mercados. No creen en la responsabilidad fiscal, en el esfuerzo individual, en la frugalidad como norma de conducta. Han reventado la caja, han dilapidado el crédito y no les queda más remedio que ajustarse el cinturón. Pera andan a la búsqueda permanente de un pagano infeliz a quien pegarle el sablazo. Se ha abierto la búsqueda del rico, de la base imponible. Lo ha dicho Gaspar Zarrias con toda claridad: es una cuestión de Estado. Con esta perspectiva va nuestro presidente a la reunión del G-20. Allí le espera su colega planetario en sus horas más bajas, por la pésima gestión del asunto BP en el golfo de México y los conflictos internos en la guerra en Afganistán. Pueden parir un monstruo. Aunque también pueden seguir los pasos de Cameron y Merkel y reconocer que el mundo desarrollado no puede seguir viviendo del ahorro externo si no quiere acelerar su propia decadencia. Si la memoria de nuestro presidente no se detuviese selectivamente en el tiempo franquista, quizá podría recordar la decadencia del Imperio español de la mano de sus banqueros genoveses, que no fueron el virus, sino el alivio que permitió prolongar la agonía. O si ese momento histórico le produce urticaria, que lea al otro Cameron, Averil, y su libro sobre la decadencia del Imperio Romano.

ABC - Opinión

Del éxito de Camacho y el cinismo ‘progre’ con el burka. Por Antonio Casado

Tantos meses, por no decir años, dándonos la matraca con eso de que son los campeones en la defensa de la igualdad y la dignidad de la mujer, y ahora ha tenido que venir el Partido Popular a poner en evidencia la demagogia y el cinismo del Gobierno con una moción en el Senado, aprobada ayer con los votos de este partido, CiU y UPN, que insta al Gobierno a prohibir el burka y el niqab en todos los espacios públicos en nuestro país.

La iniciativa partió de la senadora del PP y líder y candidata de este partido en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, que ayer en la Cámara Alta ofreció toda una lección de feminismo bien entendido frente a la hipocresía socialista. Un éxito notable, entre otras cosas porque ha puesto en evidencia, no solo ese cinismo en el que ahora profundizaremos, sino también la debilidad extrema de este Gobierno que debería estar haciendo las maletas a la vista de lo solo que se está quedando en el Parlamento y, sobre todo, en la calle.

Verán, tan cerca como el día anterior a esta votación, el PSOE llegaba a un acuerdo con CiU y con ERC para que votaran en contra de la moción del PP y ésta no saliera adelante. Aún así, me consta que la presidenta del PP catalán era consciente de la importancia del debate y de que, pasara lo que pasara en la votación, su obligación era defender esa moción con la firmeza de quien se sabe con la razón de su parte. No sé si fue la contundencia del discurso de Sánchez Camacho, o que el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, está realmente dispuesto a hacérselas pasar mal al Gobierno, o que los catalanes querían hacer un gesto hacia el PP de cara a las elecciones autonómicas -no es baladí que la moción la protagonizara Sánchez Camacho-, pero el caso es que CiU cambió a última hora de opinión y votó a favor de la moción del PP, que obliga ahora al Gobierno a legislar en esa dirección, es decir, en la de la prohibición del burka y el niqab en todos los espacios públicos.

Libertad Religiosa vs Igualdad

Pero es más, una vez puestos de acuerdo ambos partidos en prohibir el uso de estas prendas, ahora también quieren decidir en qué ley debe incluirse esta prohibición, y no será en la mal llamada Ley de Libertad Religiosa como en su momento propuso Caamaño, sino en la Ley de Igualdad que es, en efecto, la que debe englobar esta prohibición por una razón muy simple: la prohibición del uso del burka y el niqab no se sustenta en razones religiosas, ni mucho menos, sino en razones estrechamente ligadas a la dignidad de la mujer o, en este caso, a la indignidad y humillación extrema que supone llevar dos prendas destinadas a taparlas a los ojos de los demás, hasta el punto de poder provocarles daños físicos importantes. Y es aquí donde sorprende que los campeones de la igualdad, estos que han ido presumiendo -Rodríguez el primero- de feminismo combativo y de defensa de los derechos civiles, a la hora de la verdad den muestras de una debilidad repugnante cuando de verdad se trata de poner sobre la mesa la dignidad de la mujer frente a un fanatismo que la humilla y la discrimina.

¡Ah! Que de lo que se trata, realmente, no es de ir contra el burka, sino de ir contra la Iglesia Católica…. Acabáramos. Lo que realmente le molesta a este Gobierno de progres de pacotilla y falsos feministas -todavía tiene que explicarnos la ministra Aído por qué bajo su mandato se han multiplicado los casos de violencia de género, y qué ha hecho para evitarlo, pero ya les adelanto yo que nada porque solo estaba preocupada en impulsar el asesinato masivo de seres indefensos en el seno materno-, lo que le molesta, digo, es que le hayan estropeado una de las perchas sobre la que iba a colgar esa Ley pensada para soliviantar los ánimos de los católicos y enardecer así, de paso, los instintos totalitarios de toda esa izquierda radical y semi-fascista que está esperando el más mínimo motivo para arremeter contra los curas, que es con lo que de verdad se divierten y se lo pasan chupi.

El ‘cabreo’ -con perdón- de los socialistas era ayer manifiesto, y hasta la número tres socialista, la líder galáctica Leire Pajín, se tuvo que empeñar en descalificar por electoralista y demagógica la propuesta del PP. Pero lo que de verdad es demagógica es esa postura complaciente de los socialistas con una actitud tan denigratoria para la mujer, tan brutalmente atentatoria de su dignidad y tan escandalosamente destructora de su integridad física y moral -¿qué es lo que une tanto a esta izquierda montaraz con el islamismo radical?-. Y lo que es electoralista y demagógico es que la líder intergaláctica explique que no es bueno prohibir el burka porque con la actual legislación ya es suficiente -a la vista está que no-, y por el contrario estén dispuestos a sacar adelante una Ley de Libertad Religiosa dirigida única y exclusivamente a prohibir el uso de símbolos cristianos en espacios públicos, cuando en este país ya existen leyes e incluso una Constitución que limitan ese uso. Luego, en que quedamos, ¿es o no es suficiente, o solo lo es en función de lo que le interese a la galáctica Pajín?

Lo que está claro es que el PSOE actúa, como siempre, desde el más profundo y destructivo sectarismo, desde una posición totalitaria y fascista propia de regímenes caudillistas como el de Chávez, pero no lo hace desde un verdadero deseo y afán de proteger a la mujer y de luchar por su igualdad. Por eso Sánchez Camacho les ha dado una lección, una verdadera lección de feminismo del bueno, y no de demagogia barata y populismo todo a cien.

El Confidencial

Burka. Las talibanas de Ferraz. Por Cristina Losada

Existían códigos y leyes para castigar lo uno y garantizar lo otro, pero hubo que elaborar ambas para que el presidente pudiera ser aclamado al grito de "ista, ista, ista, Zapatero feminista". Y luego, a recolectar.

Si hay una causa que el zapaterismo ha querido monopolizar es la de la Mujer, que no la de las mujeres. La Mujer como grupo victimizado y no las mujeres, como individuos y ciudadanas. La desolación de los socialistas ante la moción del PP aprobada en el Senado para prohibir el burka, refleja la furia de quien se ha visto despojado de una bandera que creía suya y que sólo por confusión inducida se ha tomado como defensa de la igualdad. Así, lamentan airados que el PP pueda presentarse como paladín de los derechos de las mujeres y tachan la moción de pura demagogia y repugnante populismo. Nunca gusta perder un monopolio.

La cólera que han vertido las talibanas del PSOE contra la prohibición del burka lleva el argumento de la innecesariedad. Se trata, dicen, de una "ley proclama", pues ya disponemos de normas que vetarían el uso de esa prenda en dependencias públicas. Las vueltas que da la vida. Denuncian "leyes proclama" los especialistas en ese arte decorativo. La ley contra la Violencia de Género y la de Igualdad no tenían más propósito que dibujarle a Zapatero el halo de "justiciero de las mujeres". Existían códigos y leyes para castigar lo uno y garantizar lo otro, pero hubo que elaborar ambas para que el presidente pudiera ser aclamado al grito de "ista, ista, ista, Zapatero feminista". Y luego, a recolectar.

Ante el burka, los socialistas están con el corazón partido entre sus sucedáneos ideológicos. Su adhesión a los dogmas del multiculturalismo les conduce a defender el velo como seña de identidad de otra "cultura", y es sabido que toda "cultura" es más digna de respeto que la nuestra. No importa que imponga a las mujeres un status de inferioridad y un régimen de sometimiento. Nosotros, Occidente, no podemos trasladar a otras "civilizaciones" los derechos que, desde una insoportable superioridad, habíamos considerado universales. Pero, al tiempo, mantienen la fachada de la Igualdad y la política de victimización de la Mujer, lo cual les obliga a reconocer, a regañadientes, que el burka supone una vejación... aunque no lo bastante como para prohibirlo.

Incoherencias propias, en fin, de quienes han sustituido su antigua fe en la iglesia marxista por la beatería de la corrección política. Sus fieles celebran sin ningún sentido crítico todo lo que no sea occidental, demostrando justamente así hasta qué extremo grotesco son occidentales.

Libertad Digital - Opinión

¿Habrá cambio de Gobierno? La negación de Zapatero es, en función de la estadística, una confirmación. Por M. Martín Ferrand

LUIS Bonafoux, siempre tonante en sus críticas, clasificaba a los periodistas lisonjeros con Práxedes Mateo Sagasta —más numerosos que los adoradores de Antonio Cánovas— en tres grandes grupos: devotos, de propina y de mesada. Tan atrabiliario y genial colega disculpaba a los primeros. Si la fe, recordaba, mueve montañas, ¿por qué no ha de impulsar el halago a un señor que «además de ser presidente del Gobierno es Ingeniero de Caminos»? A los segundos, a los de propina, les remitía al Purgatorio. Se corrompen, decía, por una sola vez. Apoyan un proyecto de ley o un discurso trascendente; pero, culminado el servicio y cobrada su prestación, caduca su compromiso y pueden redimirse. Con los de la mesada, los corruptos en nómina que diríamos hoy, era implacable. Venga o no venga a cuento, señalaba, propagarán las glorias, existentes o imaginadas, de quien los mantiene con cantidades fijas y periódicas. Son traidores a su conciencia, si la tienen, y nocivos para la salud de la información.

En nuestros días se ha reducido el muestrario y, salvo alguna excepción que pudiera escapárseme, han desaparecido los trincones de propina, eventuales discontinuos de la indignidad profesional. Aparte de los devotos, inseparables de la degeneración partitocrática, los que abundan en los tres planos de la Administración e, incluso, en el entorno de algunas instituciones notables y empresas de relieve, son los corruptos mensualizados, con pagas extraordinarias o sin ellas, que siempre están dispuestos a magnificar la escasez de sus benefactores.

En el zapaterismo, donde no parece saberse mucho de la libertad como objetivo, la democracia como práctica y la verdad como sistema, abundan los propagandistas de la devoción y los del sueldo fijo. Son infatigables. Ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero, un líder más acostumbrado a desmentirse que a confirmarse, que no piensa abordar ningún cambio de Gobierno y la maquinaría se ha puesto en marcha, contra la lógica y las apariencias, para insistir en ello. Sus medios más adictos y sus portavoces oficiosos más entregados a la causa, a la glorificación del jefe, doblan y repican para reforzar la idea de la estabilidad gubernamental. ¿Habrá cambio de Gobierno? La negación de Zapatero es, en función de la estadística, una confirmación. Si la hay, bendita sea. El equipo actual es difícilmente empeorable. Si no lo hay, cada cual debe empezar a rezar a los santos de su devoción o pronunciar los conjuros de sus descreencias. Si por tener razón y aparentar normalidad, el presidente ahonda en la contumacia, ya que venimos de mal en peor, pasaremos a lo pésimo.

ABC - Opinión

Hacia un pacto energético

El inesperado acuerdo entre el Gobierno y el PP para suspender la subida de la luz prevista para julio abre la puerta al imprescindible pacto en torno a una política energética de futuro para la nación, que en tantas ocasiones hemos reclamado en estas páginas. La decisión de no aplicar el incremento previsto del 4% es un excelente punto de partida, pero no de llegada. Entendemos, no obstante, la lógica preocupación de la industria eléctrica por la situación de un sector que soporta un déficit de tarifa acumulado que se puede situar por encima de los 20.000 millones de euros. Compartimos también el criterio de que la responsabilidad política consiste en posibilitar que los precios estén en función de los costes. El sector arrastra desequilibrios y disfunciones estructurales que deben ser corregidos, porque hablamos de una industria estratégica que no puede estar sometida a vaivenes ni a volantazos políticos que confunden y alimentan la inseguridad. Estas urgencias sólo pueden ser encauzadas en el marco de un pacto energético como el que tanto el Gobierno como el primer partido de la oposición parecen dispuestos a afrontar, y del que la suspensión de la subida de la luz sería una consecuencia puntual, para la que también existen argumentos favorables derivados del tijeretazo social a los colectivos más desfavorecidos. Tanto el ministro de Industria, Miguel Sebastián, como el líder popular, Mariano Rajoy, demostraron ayer que existe voluntad real y planes para trabajar en la reforma. Gobierno y PP han creado un grupo de trabajo que, además de revisar los costes de la factura para frenar su impacto sobre la competitividad en la industria, abordará la definición de un mix energético para 2020 «equilibrado y diversificado» y el desarrollo de las interconexiones internacionales, en el que el futuro de la energía nuclear en España debe ser desempeñar un papel relevante. También se centrará en profundizar en la liberalización de los mercados, en el reforzamiento de las políticas de ahorro y eficiencia energética y en las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos en energías renovables de una «manera sostenible técnica y económicamente». Este último punto es especialmente importante en la medida en que se debe evaluar si la política socialista que las ha primado de manera muy generosa es la adecuada o conviene dar un giro de 180 grados. La energía es un asunto de Estado y como tal debió ser tratada siempre, aunque el Gobierno haya tardado más de seis años en comprender que las decisiones en este terreno fundamental para el progreso y la prosperidad del país no pueden estar condicionadas por los prejuicios ideológicos o los intereses de partido. No se puede decir que la política socialista haya beneficiado a las empresas ni a los ciudadanos, por lo que ahora toca recorrer el camino que el resto de países de nuestro entorno emprendió hace ya tiempo. El nuevo modelo energético, en el que también debe ser escuchada la industria, debe solventar el déficit, reducir la dependencia, aportar seguridad y garantizar la transparencia para que empresas y consumidores sepan a qué atenerse. Si Gobierno y PP lo consiguen, el avance será histórico.

La Razón - Editorial

Demagogia energética

Es difícil competir en demagogia con un presidente que regala todos los años miles de millones de euros de los contribuyentes a las multinacionales de lo renovable mientras presume de "rojo" y "defensor de los trabajadores".

Nada nos alegraría más que el foco con que se mira la intervención pública en el sector energético abandonara "la ideología" y se centrara en la "cuestión económica", como ha prometido Cristóbal Montoro. Si así fuera, las negociaciones para alcanzar un pacto de estado se centrarían en el excesivo papel que juega el Estado en ese mercado, al imponer los precios, subvencionar unas energías y prohibir otras.

No obstante, lo cierto es que no hay muchas razones para tener esperanza. Tanto PP como PSOE han mantenido en sus respectivas épocas al frente del Gobierno la potestad de éste de decidir cómo se produce la energía en España y a qué precio se vende. Durante años hemos estado pagando las consecuencias de la decisión de Felipe González de paralizar la construcción de centrales nucleares y ahora pagamos y seguiremos pagando la decisión compartida por ambos partidos de llenar España de fuentes de energía caras e ineficientes, mantenidas sólo a base de subvenciones.

Cierto es que en lo malo también hay grados y que la demagogia del PP negándose a que se suba el regulado precio de la energía –lo que nos endeuda a todos los españoles aún más con las compañías eléctricas– es difícilmente comparable con la del presidente "antinuclear" que ha decidido mantener los precios a niveles muy bajos mientras multiplicaba los costes con su impulso a tecnologías que merecen sin duda ser calificadas de verdes, pero por lo poco maduras que están para ser explotadas comercialmente. Un presidente que ha decidido cerrar una central nuclear en perfecto estado y completamente amortizada, que podría habernos dado al menos diez años de electricidad a un precio ridículo. Un presidente que regala todos los años miles de millones de euros de los contribuyentes a las multinacionales de lo renovable mientras presume de "rojo" y "defensor de los trabajadores".

El problema es que la crisis nos está obligando a hacer recortes, y el pozo sin fondo que suponen las energías subvencionadas empieza a no ser asumible. De ahí que Miguel Sebastián, que combatió furiosamente aunque sin argumento alguno el llamado "informe Calzada" sobre las consecuencias negativas en el empleo de la política energética del Gobierno, ahora las critique y busque cualquier razón para hacerles una publicidad negativa. Y que busque el apoyo del PP para que éste no se dedique a hacer lo único que sabe hacer el Gobierno de Zapatero: demagogia.

Nos daríamos con un canto en los dientes si este "pacto de estado" supusiera que el Gobierno deja de darles dinero a las energías subvencionadas, abandonara los planes de cerrar Garoña y otras nucleares y eliminara el déficit tarifario, de modo que pagáramos el coste real de lo que consumimos. Incorporaríamos así un elemento esencial en el sector energético, la racionalidad, pero dejaríamos fuera otro: la libertad. Y es que no cabe esperar que los dos grandes partidos decidan reducir su poder sobre la energía, dejando que las empresas compitan en el mercado libre en precio y calidad de suministro. Hasta ahí podíamos llegar.

Libertad Digital - Editorial