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Ventanas
«Parte de lo que paguemos por conectarnos a internet irá a parar directamente a las arcas de ese pozo sin fondo que algún publicista listo decidió hacer pasar por "la televisión de todos".»
¿Cuéntame cómo pasó le parece la serie más casposa de la televisión desde hace décadas? No importa. Además de con sus impuestos, dentro de poco usted pagará parte de lo que cobran sus protagonistas por poder leer artículos como este. ¿No ha visto jamás, ni tiene intención de hacerlo, el programa presentado por Anne Igartiburu? Eso es lo de menos, si quiere leer su blog favorito o tener el suyo propio contribuirá económicamente a su mantenimiento. ¿No soporta cómo presentan el Telediario Lorenzo Milá y María Escario? A ellos les da igual, si usted pretende usar el correo electrónico pagará parte de sus sueldos. ¿Considera una perfecta tontería un programa en el que unos cuantos famosos participan en un concurso de baile? Aplique cualquiera de las respuestas anteriores.
No es importante si a uno le gustan o no los programas de Televisión Española. Tampoco lo es si no se pone jamás delante del televisor y sin embargo pasa mucho tiempo frente al monitor del ordenador. Rodríguez Zapatero ya ha decidido por usted. Es cierto que todos los ciudadanos ya estamos obligados a mantener ese "ente" a través de unos Presupuestos Generales del Estado que salen de nuestros bolsillos. Pero dentro de poco será peor. Si no fuera suficiente con eso, parte de lo que paguemos por conectarnos a internet irá a parar directamente a las arcas de ese pozo sin fondo que algún publicista listo decidió hacer pasar por "la televisión de todos" (aunque, por cierto, a mí nadie me ha dicho donde están mis acciones ni a cuanto cotizan en la bolsa).
Se ve que a falta de ideas propias, el presidente del Gobierno está dispuesto a copiar todo lo malo que se le ocurra a alguien de fuera. Y, tal vez fascinado por el carisma personal que dicen que irradia el presidente de la República Francesa o puede que obnubilado por la belleza de la mujer de este, ha decidido aplicar una de esas muchas malas ideas que tiene Nicolas Sarkozy. Como queda muy bonito y supuestamente culto –como si TVE fuera algo parecido a una cadena de calidad– quitar los anuncios de la televisión pública, pues se hace. Y de paso se elimina la competencia desleal que hasta ahora sufrían las privadas, empezando por las muy socialistas Cuatro y La Sexta. Lo malo es que alguien tiene que pagar el invento. Pues nada, a explotar un poco más la gallina de huevos de oro llamada conexiones a internet. Lo mismo, dicho de paso, que pretende la SGAE.
Se nos dirá que no lo pagaremos los usuarios, que quien tiene que afrontar ese gasto son las operadoras. Pero pretender que estas no lo repercutan en las tarifas es simplemente de ingenuos, idiotas o mentirosos. De hecho, las "telecos" ya han advertido de que financiar la televisión pública de esa manera puede llevar a un aumento de precios. Para alegrar la vida a Emilio Aragón, Juan Luis Cebrián, Paolo Vasile y José Manuel Lara, sin plantearse en serio el sentido de esa herencia del franquismo llamada TVE, desde el Gobierno han decidido exprimir todavía más el bolsillo de aquellos ciudadanos y empresas que se conectan a internet.
Tal vez la última cumbre hispano-francesa no tenga nada que ver con que ZP haya decidido ahora copiar esa idea de "Sarko". Pero, por si acaso, que el presidente del Gobierno no vuelva a reunirse con ningún mandatario extranjero al que se le haya ocurrido en el pasado alguna cosa mala para los ciudadanos.
Libertad Digital
REINTA años de uso y abuso han dejado la Constitución del 78 hecha unos zorros. No hay más que verla, pobrecita, vaciada del espíritu que la alentó y convertida en un mero recurso retórico para el poder central del Estado. Su Título VIII, tan voluntarioso como ambiguo, ha sido la mecha provocadora de una explosión que ha conseguido vaciar de contenidos un Estado muchas veces centenario y sin consistencia a toda una vieja Nación. Para mayor paradoja, una de las instituciones que más ha contribuido a que así sea, a que la Constitución se convierta en referencia vaga y a que salten sobre ella, y la despiecen, los Estatutos de Autonomía que rompen muchos de los supuestos de la unidad del Estado, es el Tribunal Constitucional.
Estoy pensando en la próxima Ley de Educación de Cataluña que acaba de aprobar la Comisión correspondiente del Parlament. Es el gran fruto de un Govern tripartito y disparatado que, con un cordobés como president y al amparo de una de las muchas zapateradas que ya padecemos, sacó adelante un nuevo Estatut, en vigor, que tres años después de su refrendo por uno de cada tres catalanes, todavía no ha merecido la valoración del TC. Una Ley totalmente rompedora con la letra y el espíritu constitucionales, que establecen que el catalán es «la lengua propia» de Cataluña y que debe ser «la única vehicular» en la enseñanza. Nada de bilingüismo. Nada de idiomas co-oficiales. El castellano, tras la votación del mes próximo en el Parlament, será en Cataluña un poco menos que el francés, como el inglés: un idioma «extranjero».
Abrumados por las crisis económicas que padecemos y ante el creciente y doloroso problema del paro, no reparamos con la suficiente intensidad en los problemas que, fecundados por el germen confederal de José Luis Rodríguez Zapatero, están resquebrajando el Estado. Cataluña, con la complicidad, activa o pasiva, del Constitucional, en donde parecen esperar que el tiempo alivie los problemas que ellos no quieren abordar con la diligencia debida, se establece por su cuenta en la educación de sus ciudadanos y rompe con el principio del castellano como idioma oficial de España. Es todo un cataclismo previsible y no previsto que pone en evidencia, además de la deslealtad constitucional de la Generalitat, la irresponsable incapacidad del Gobierno de España y del tan pomposo como innecesario Tribunal Constitucional.
ABC - Opinión
Aguirre
«Si el Gobierno duplica el importe que entrega anualmente a fondo perdido a los dos grandes emporios sindicales, la defensa de Zapatero y el acoso a sus rivales políticos es ya una cuestión empresarial.
Hasta hoy sabíamos que la culpa de la recesión económica era de Franco, Aznar y Bush, no necesariamente por ese orden, pero los liberados sindicales madrileños acaban de sacarnos del error. Los problemas económicos que sufren las empresas, los más de cuatro millones de parados y los expedientes de regulación de empleo que brotan a diario en España como champiñones en un estercolero, son estricta responsabilidad de Doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma.
Zapatero no sólo no tiene nada que ver con esta crisis, sino que es precisamente el personaje providencial que está impidiendo el recorte de derechos sociales que la derecha busca haciendo honor a su tradición antiproletaria, de ahí que las algaradas, los apedreos y el lanzamiento de petardos sólo tengan como objeto a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En Andalucía, que ostenta la plusmarca mundial en porcentaje de desempleados, los sindicatos no han convocado manifestación alguna. En Madrid sí, y como en la lucha por el socialismo todo sacrifico es insuficiente, los profesionales del sindicalismo han "elevado el listón de la crítica", que diría Anson (sin tilde, al modo británico) y han decidido boicotear una sesión parlamentaria entre el aplauso, como no, de los diputados socialistas y comunistas, siempre dispuestos a defender la libertad de expresión de los oprimidos, incluido el lanzamiento de petardos y adoquines, que es una forma como cualquier otra de dialogar democráticamente.
En el diario del grupo PRISA, emporio ideológico-empresarial cuya extraordinaria salud financiera hace que sus trabajadores estén la mar de contentos, afirman que las algaradas en la Asamblea de Madrid son un estallido social. Habrá que ver cómo califican a sus trabajadores cuando la brillante gestión de Cebrián los ponga en la puta calle y se produzca otro "estallido social" a las puertas de la sede del grupo. Seguramente a eso se le llamará entonces un "ataque intolerable contra la libertad de expresión".
La "asimetría reivindicativa" de los sindicatos nace de una confusión primordial que considera el trabajo no el primero de los derechos sociales, sino un castigo divino que conviene eludir el mayor tiempo posible. En función de esa deformación de la realidad, los sindicatos denominados "de clase" no van a denunciar al que destruye esa maldición bíblica a velocidad de escape terrestre, sino a hacer política, que es en última instancia el objetivo para el que fueron creados. Si además el Gobierno duplica el importe que entrega anualmente a fondo perdido a los dos grandes emporios sindicales, la defensa de Zapatero y el acoso a sus rivales políticos es ya una cuestión empresarial. Como decía el protagonista de El Padrino, "son sólo negocios".
Libertad Digital - Opinión
NO hay tregua. La tensión centrífuga que se ha apoderado de la política española no concede un instante de pausa ante la pasividad de un Gobierno que desconoce o soslaya su responsabilidad sobre la estructura del Estado. No sólo eso: parece como si el zapaterismo se sintiese obligado a alentar siempre un cierto grado de presión sobre las costuras del sistema constitucional. Y cuando consigue abrir en el País Vasco un resquicio a la esperanza frenando la deriva secesionista, permite que Cataluña demarre hacia un programa lingüístico y educativo excluyente que supone de hecho la abolición de la Carta Magna. El presidente siempre tiene un problema para cada solución; es su Partido Socialista -llámese como se llame en cada territorio- el mismo que descabalga a Ibarretxe en Vitoria mientras aplica sus tesis soberanistas en Barcelona en un temerario ejercicio de vasos comunicantes.
Es el marco jurídico, más que la cuestión del idioma, lo que está en solfa bajo la nueva ley educativa catalana. El castellano no corre peligro en Cataluña, aunque a algunos ya les gustaría que así fuese, pero sí la prevalencia de la ley fundamental que preserva la igualdad de los españoles bajo un sistema de derechos y obligaciones comunes. Y ello sucede porque Zapatero no mueve un músculo para impedir el delirio de una clase política dispuesta a consagrar por las bravas la existencia no ya de una nación sino de un Estado dentro del Estado. Y porque el Tribunal Constitucional lleva tres años incurriendo en clamorosa, inmoral dejación de responsabilidades, bloqueado por su propia dependencia política en un escandaloso y cobarde silencio que abre paso a la interpretación a conveniencia de parte de un Estatuto demencial pendiente de convalidación jurídica.
La dirigencia catalana ha emprendido la vía hacia la bilateralidad y el soberanismo porque no encuentra ningún freno en esa carrera. Ni el TC ejerce su función ni Zapatero su liderazgo. Montilla, un gobernante charnego aliado con independentistas radicales, parece preso de un complejo de inferioridad ante el nacionalismo que le empuja a competir con él hasta sobrepasarlo. Pero la responsabilidad de esta fractura a través de hechos consumados no está tanto en quien la promueve como en quien la consiente. La popularidad del presidente entre el electorado catalán se basa en esa frívola complacencia ante el atropello a la Constitución que por dos http://www.blogger.com/post-edit.do#veces ha prometido defender y cumplir. Y no tiene sentido respaldarla en el País Vasco -por cierto, ¿por qué no fue a la toma de posesión de Patxi López?- mientras permite su simétrica deconstrucción en Cataluña. A menos que la agenda real del socialismo sea, retórica aparte, similar en un sitio y en otro.
ABC - Opinión
Montilla y Sirera
«Para barbaridad el estatuto en sí mismo, amén de inconstitucional, antiliberal, intervencionista, antieuropeo, innecesario y chapucero, entre las cosas que se me ocurren, así de repente.»
La gresca entre políticos no me ofende y el intercambio de improperios, de vez en cuando, no está mal y le da vidilla al panorama político aburrido y mediocre que nos gobierna. Pero creo que el presidente de una comunidad autónoma no puede dedicarse a insultar a los que le pagan el sueldo.
Montilla ha vuelto a insultar al PP considerándolo un "enemigo de Cataluña". Yo entiendo que dicha cogitación pudiera llevar la autoría del júligan Zaragoza, del ex vocal del Consejo General del Poder Judicial o del candidato de CiU a las europeas, con los que Alicia Sánchez-Camacho quiere pactar a cambio de nada –por cierto, Alicia, deberías ir pensando en dejarlo, de verdad. Pero que lo diga el president de la Generalitat, éste en concreto, no tiene un pase.
Acusó además al PP de no tener respeto por Cataluña. Lo dice un hombre que después de treinta años aquí, la mayoría de ellos en cargos públicos, se expresa en catalán –mi lengua propia, no la suya– como lo hace. De todas formas, que Montilla sea presidente y no conozca la lengua que dice defender tanto, es un efecto directo de la democracia y yo contra eso no tengo nada que decir; que lo digan en todo caso los que le han votado y los que le apoyan. Pero que siendo quien es, viniendo de donde viene, hablando como habla y haciendo lo que hace, por ejemplo, con la Ley de Educación, se pase el día regalando catalanidades, me daría risa si no me diera pena; la Ley de Educación, a la que los nacionalistas llaman la Lec, cuando yo siempre había creído que la Lec es la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El huracán Alicia ha devastado al PP de Cataluña, pero no del todo y Daniel Sirera le dio una buena a Montilla a costa del insulto. A Montilla le prepararon la respuesta basándose en frases de dirigentes del PP sobre el nuevo estatuto de autonomía, frases que la prensa nacionalista se apresuró en calificar como que "Montilla le recuerda a los del PP las barbaridades que dijeron sobre el estatut". ¿Perdón? Para barbaridad el estatuto en sí mismo, amén de inconstitucional, antiliberal, intervencionista, antieuropeo, innecesario y chapucero, entre las cosas que se me ocurren, así de repente; con lo que cualquier cosa que se diga del tema, es poca. Yo, a diferencia de muchos dirigentes del PP que se arrepienten ahora del recurso presentado porque les fastidia sus nuevos planes, no sólo hice campaña en contra, sino que lo volvería a hacer. Al fin y al cabo, el estatuto de Cataluña es la clave de la política española y de la política catalana. La actuación del Tribunal Constitucional, que debe resolver sobre la cuestión, hasta la fecha es una vergüenza y prepárense para la sentencia cuando llegue, si llega. Sus señorías sentenciaran, como dicen los constitucionalistas, de forma interpretativa, con lo que la aplicación y el desarrollo del estatuto dependerán, otra vez, de las mayorías políticas y de las mayorías judiciales y no de la Constitución, como debería.
La vida te lleva por caminos raros –que dice la canción– y al final, al que le ha tocado defender el honor de su partido y de sus votantes ha sido a Sirera, al que Alicia quiere jubilar; ella está a otras cosas.
Libertad Digital - Opinión
Nadie ha querido ponerse desagradable en este clima de emoción oficial vivido durante la semana por el cambio en el Gobierno vasco y se ha hecho como que no se ha oído lo que dijo el nuevo lehendakari el miércoles por la noche en televisión. A pesar de su gravedad. En una entrevista en Antena 3.
Y es que Gloria Lomana preguntó a Patxi López si colocará la bandera española. A lo que López, visiblemente incómodo, contestó que...cumpliría la ley. Y que él no le gustan «los fundamentalismos de las banderas». O sea, que más de 30 años de persecución de ETA por sostener y defender esa bandera que López ni siquiera se atreve a nombrar, la bandera española, sólo han servido para que el nuevo lendakari la despache sin nombrarla con una evasiva referencia a la obligación legal. Cuando todo el problema de libertad, desde ETA, y de intolerancia, desde el nacionalismo, se simboliza en la persecución a esa bandera.
Igualmente grave fue que López mentara los fundamentalismos de las banderas, equiparando a los intolerantes de la ikurriña con los perseguidos de la bandera nacional. Lo que constituye una completa tergiversación de una historia democrática con un único fundamentalismo de la bandera. El de la ikurriña. Quienes hemos reclamado la presencia de la bandera nacional lo hemos hecho para colocarla al lado de la ikurriña y no para eliminar la ikurriña, como se ha hecho desde el único fundamentalismo vasco con la bandera nacional.
Y si el lendakari del cambio, el que, se espera, va a traer la igualdad y la libertad al País Vasco, no entiende la diferencia o no le da la gana de reconocerla, nos espera un panorama preocupante. De reproducción de los eternos complejos, de miedo a los nacionalistas, de cesión a sus chantajes. Con un lendakari para el que la bandera nacional es una mera obligación legal.
ABC - Opinión
El educado Anasagasti ha dicho que le da asco la democracia española. Le da asco cuando la suma de los escaños que el pueblo concede le quita el poder
Los del PNV no aplaudieron al nuevo «Lehendakari», Pachi López, en su toma de posesión. Ibarreche estaba en una nube. Zenarruztabeitia, que cada día se parece más a una abubilla (Upupa epops) se antojaba recién salida del taller de taxidermia, perfectamente disecada. Y Azcárraga, el de Eusko Alkartasuna, se subía por las paredes sin paredes por las que subir, lo cual resulta, como poco, extravagante.
Ibarreche le entregó la «makila» a Pachi López con ademanes tan corteses que me recordaron a los de Mobutu cuando sacó a patadas del palacio presidencial a Kasavuvu. Mobutu pertenecía a la etnia que se consideraba más pura en la antigua colonia belga, y Kasavuvu era el advenedizo. También se cargó a Lumumba y a Thsombé, y se quedó con el Congo para él solito. Lo del pasado jueves en Guernica fue algo parecido, pero al revés. Mobutu no tuvo más remedio que entregarle el símbolo del poder a Kasavuvu, pero con retranca de raza superior. Tomaba posesión de su cargo de «Lehendakari» un socialista, un López, descendiente de emigrantes, con los votos sumados de los vascos constitucionalistas y defensores del Estatuto de Autonomía, y ello enfureció a los que se creen propietario de las tierras y las vidas de los vascos. El educado Anasagasti, que va a quitarle el protagonismo a Belén Esteban en los platós cardíacos, ha dicho que le da asco la democracia española. Le da asco cuando la suma de los escaños que el pueblo concede le quita el poder. Cuando el poder lo obtenían con el apoyo de los partidos que amparaban el terrorismo, no le daba tanto asco. Aquí, me figuro, que algo habrá que agradecer a José María Aznar y Jaime Mayor Oreja, impulsores de la Ley de Partidos Políticos que ha apartado de las instituciones democráticas a los representantes de la banda asesina. A la actitud de los nacionalistas vascos en la toma de posesión del «Lehendakari» López, se le ha llamado siempre «mala educashión» por aquellos predios. Urkullu ni se dignó asistir.
Pero compensaba ver la alegría de las víctimas del terrorismo, la normalidad que supuso la presencia de representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, la respetuosa solemnidad de una «Ertzaintza» que se siente liberada de manipulaciones políticas. Y el cuidado de la estética del acuerdo por la libertad del País Vasco, dibujada con la asistencia de varios miembros del Gobierno y los principales dirigentes del Partido Popular. Para que todo esto haya sucedido, han sido necesarios treinta años de un sistema que separaba a los vascos nacionalistas de los que no lo eran. Más de doscientos mil vascos han tenido que encontrar su futuro en otros lugares de España, fuera de sus raíces. Mil inocentes no han podido disfrutar, por el sacrificio de su muerte, la alegría de la esperanza. Los obispos vascos repudiarán la fórmula laica de Pachi López. Pues tampoco. Mejor el crucifijo ausente que la Cruz administrada por prelados que siempre han estado más cerca de los verdugos que de las víctimas. Ya llegará el momento de reponer a Dios en su sitio protocolario. Dios prefiere la paz al protagonismo. Lo que me preocupa es el enfado indisimulado de los salientes. Mala, pero muy «mala educashión». Y el roble, encantado. ale.
La Razón - Opinión
El nuevo sistema es una medida de estímulo que termina con la doble financiación
La supresión de la publicidad en TVE decidida ayer por el Gobierno es un hito en la historia audiovisual de este país, aunque no se extienda a las emisoras autonómicas, asignatura que queda pendiente. Se acaba así el método de doble sistema de financiación (presupuesto público y anuncios publicitarios) de la televisión estatal, que constituía un privilegio en la competencia con las cadenas privadas.
Esta decisión debería integrarse como parte de la pendiente Ley General Audiovisual, cuya tramitación acumula retraso. La anticipación de esta medida obedece al impacto de la reforma ya realizada en Francia, que persigue idéntico objetivo, y al recrudecimiento de la urgencia derivada de la crisis económica, que afecta de lleno a un sector emergente que crea mucho empleo. Existía ya un consenso sobre la inadecuación del doble sistema de ingresos de TVE: ahora, además, la recesión hace insostenible esta anomalía.
Las voces críticas alegarán que el Gobierno pretende satisfacer intereses privados. Cualquier interpretación interesada de ese tenor en ningún caso desmiente la anomalía. Lo ortodoxo es que los servicios públicos se financien con recursos presupuestarios, o derivados del uso de bienes también públicos. Es cierto que determinados concesionarios de otros servicios públicos, como la educación, combinan distintos sistemas: como la escuela concertada, que puede allegar recursos privados, pero también disfruta de los públicos. Pero ningún ejemplo es comparable con el sector audiovisual, donde desde hace años la posición de privilegio de TVE, a la que se han ido sumando las distintas cadenas autonómicas, se ha convertido en una distorsión insoportable e injusta para el sector privado.
TVE sustituirá los 500 millones de la publicidad con un porcentaje de la tasa por la utilización del espacio público radioeléctrico; una tasa sobre la facturación de las televisiones privadas; y otra sobre la actividad de los operadores de telecomunicaciones. Es un sistema más ortodoxo que el actual. Las empresas afectadas, concesionarias de bienes públicos, soportarán una modificación al alza del coste de concesión, pero no parece que este coste sea inasumible.
A cambio de garantizar el mismo flujo de ingresos a la principal cadena pública, el Gobierno la obliga a reemplazar las 8.200 horas mensuales producto del "vacío publicitario" mediante producciones propias. Y se propone incorporar a la Ley General Audiovisual nuevas obligaciones que subrayen su carácter público. Acierta también el Gobierno en limitar la capacidad de contratación de derechos deportivos con dinero público, una forma escandalosa de competencia desleal que hincha y distorsiona la oferta.
Lo que no es sensato es la salida de tono de la representación de los anunciantes, acusando a los audiovisuales de "oligopolio", al apreciar la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio: argumento falso, pues la competencia entre televisiones es feroz.
El País - Editorial
El mismo PSOE que defiende el bilinguismo en el País Vasco se propone convertir Cataluña en monolingüe. Fue Zapatero el que dio alas a esta deriva desde el momento en el que aceptó apoyar el Estatut.
LA COMISIÓN de Educación del Parlamento catalán aprobó ayer el proyecto de nueva Ley de Educación, último trámite antes de que el Pleno de la Cámara autonómica lo ratifique. Esta iniciativa supone un desafío al Estado de magnitud equivalente a la del inconstitucional Plan Ibarretxe, puesto que supone de hecho una declaración unilateral de independencia en materia educativa.
La norma desprecia las leyes del Estado, las sentencias judiciales y hasta el nuevo Estatuto y la propia Constitución, en lo que supone un paso decidido hacia el monolingüismo. De entrada, niega -ahora ya por ley y no sólo por la vía de los hechos consumados, como ha venido sucediendo- el derecho de los padres a elegir la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos, e impone el catalán incluso en el recreo y en las actividades escolares que se desarrollan fuera del aula.
La nueva norma sustituirá a la ya cicatera Ley de Política Lingüística catalana de 1998 que garantizaba el derecho de los padres -en la práctica incumplido sistemáticamente- a escolarizar a los niños en castellano hasta los ocho años. Más aún, ignora la obligación de garantizar un mínimo de tres horas de clase a la semana de castellano, precepto incluido en la Ley de Educación aprobada por el Gobierno central en 2006. De esta forma, la lengua que comparten todos los españoles pasará a tener en Cataluña una consideración inferior a la lengua extranjera, ya que tendrá menor uso lectivo que el inglés.
Además, la nueva ley catalana incumple la sentencia del Supremo que obliga a la Generalitat a ofrecer la opción de estudiar en español. El Alto Tribunal falló en 2008 que la Administración tiene que ofrecer formularios para que los padres elijan en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos y velar para que esos derechos «no sean meramente teóricos o ilusorios sino reales y efectivos». Más aún, pese a que el Estatuto establece como «compartida» la competencia en esta materia, los diputados han pasado a considerarla como exclusiva a la hora de legislar. Y todo ello aun cuando -parece una broma recordarlo a estas alturas- la enseñanza en castellano es un derecho básico reconocido en la Constitución.
Las manifestaciones de ayer del diputado de ERC Freixanet tras aprobarse el texto en comisión, en el sentido de que la ley «servirá para la construcción nacional del país», revela hasta qué punto se utiliza la educación como instrumento al servicio de objetivos políticos y no al servicio de los ciudadanos de una sociedad que es bilingüe. Es este mismo proyecto de ley el que incluye entre sus principios, tal y como revelamos hace un mes, que entre el alumnado «se cultivará el sentimiento de pertenencia como miembros de la nación catalana».
Es inconcebible que el Tribunal Constitucional siga sin confirmar, tres años después, que el Estatuto se aparta de la Carta Magna, como resulta obvio en este punto. La negligente, irresponsable e inmoral demora de los jueces a la hora de resolver un asunto capital para el modelo de Estado, de convivencia y de garantía de derechos y libertades, ha sido aprovechada por los nacionalistas para radicalizar la política educativa.
Lo grave es que el mismo PSOE que defiende el bilingüismo en el País Vasco se propone convertir Cataluña en monolingüe. Es inconcebible que Montilla impulse tal persecución del castellano con una política que sirve a los intereses de los sectores independentistas, que no ocultan su intención de caminar hacia el soberanismo a partir del control de la educación. Y qué decir de la histórica torpeza de la necia frivolidad de Zapatero, que dio alas a esta deriva desde el mismo momento en que aceptó que el Estatuto consagrara el catalán como única lengua «vehicular».
El Mundo - Editorial
«Cataluña pasará del oasis al islote aislado del resto del mundo: las lenguas dejarán de ser un instrumentos de comunicación para convertirse en objetos de culto colectivo que facilitarán la división coactiva de los españoles»
Que son los individuos quienes tienen derechos y no los colectivos y que precisamente se suele dotar de prebendas a estos últimos como coartada para violar las libertades de los primeros es algo que debería quedar bastante claro con sólo repasar la historia europea del último siglo. En realidad, no habría por qué ir tan lejos, bastaría con que revisáramos someramente la historia democrática de España para darnos cuenta de que la exaltación de la identidad colectiva como base del gobierno ha engendrado los regímenes más represivos de la península.
Si bien algunas regiones españolas han experimentado una cierta migración de su población hacia las regiones más ricas en busca de mayores oportunidades, dos de las regiones más prósperas de España –Cataluña y el País Vasco– han sufrido una intenso exilio ciudadano por motivos políticos, esto es, para evitar el acoso de los poderes públicos supuestamente encargados de proteger sus libertades. El nacionalismo, la invención de un pueblo con derechos propios, autónomos y superiores a los de los individuos que supuestamente lo constituyen, ha sido la mano ejecutora de ese atentado permanente contra las libertades ciudadanas.
La educación, por supuesto, ha jugado un papel fundamental en este proceso de configuración social nacionalista. No sólo sirve para adoctrinar a las nuevas generaciones que engrosarán la cantera de votantes que apuntalará en el futuro el régimen, sino que también permite justificar desde las aulas los permanentes ataques a los derechos individuales.
Cataluña se ha situado desde los comienzos de la democracia en la vanguardia del adoctrinamiento nacionalista: sus leyes educativas han ido cercenando cada vez una mayor porción de la libertad lingüística de los catalanes. La guinda la va a proporcionar la nueva Ley de Educación, cuyo proyecto ha sido recientemente aprobado por la pertinente comisión del Parlament y apoyado por el Gobierno de España.
Bajo esta nueva normativa, se prohíbe la enseñanza en español dentro de Cataluña, es decir, se relega el aprendizaje de la lengua común de todos los españoles a una asignatura de tan sólo dos horas semanales. No es una situación novedosa que, desde luego, vaya a cambiar radicalmente la situación de agobio que sufren los catalanes que quieran estudiar en castellano, ya que la Generalitat ya venía incumpliendo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo que exigían, en concordancia de la Ley de Política Lingüística de 1999, la oferta de la educación en esta lengua para la enseñanza infantil y primaria.
La nueva ley, por tanto, sirve para dar cobertura jurídica a lo que ya venía sucediendo de hecho. La Generalitat podrá violar los derechos de los catalanes de manera legal, sin tener que disimular o enfrentarse con el Supremo. Cataluña pasará del oasis al islote aislado del resto del mundo: las lenguas dejarán de ser un instrumentos de comunicación para convertirse en objetos de culto colectivo que facilitarán la división coactiva de los españoles.
Ahora bien, las democracias modernas han incorporado supuestamente mecanismos institucionales destinados a proteger los derechos ciudadanos de las arbitrariedades del Estado. En algunas naciones este control jurídico lo realizan los tribunales de manera desconcentrada mientras que en España, siguiendo el modelo alemán, lo monopoliza el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional ante las reiteradas y flagrantes violaciones del art. 3.1 de la Carta Magna ("El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla")? En efecto, nada. O mejor dicho, ha contribuido a aparentar una apariencia de normalidad y legalidad en una situación abiertamente inconstitucional. Tres años después de la aprobación del Estatuto de Cataluña, en cuyo desarrollo se enmarca la presente ley, el Constitucional sigue sin resolver sobre su encaje en el ordenamiento jurídico español. Como bien ha manifestado Rosa Díez, pocas veces queda tan claro que un organismo público ha faltado a sus obligaciones y que por tanto sus miembros tienen que dimitir en pleno. Al final y al cabo, como también ha denunciado Vidal-Quadras, la Generalitat está legislando amparándose en una norma que si posteriormente fuera declarada inconstitucional generaría un caos jurídico en la región.
Si este Tribunal Constitucional es incapaz de defender los derechos de los catalanes, deberá hacerlo otro. Y si el órgano es tan manifiestamente incompetente como para lograr que imperen los artículos más básicos y esenciales de nuestra Carta Magna, tal vez convenga plantearse qué utilidad cumple esta institución y cuán podridos pueden encontrarse algunos de los pilares de nuestra democracia, a saber, el buen funcionamiento de la justicia y, sobre todo, su independencia real frente al resto de poderes del Estado.
Libertad Digital - Editoral
LAS violentas protestas de trabajadores ante la sede de la Asamblea de Madrid constituyen un episodio que no debería menospreciarse como coyuntural o aislado. Se trata de una muestra sintomática del acoso obsesivo y cada día más antidemocrático de sectores de izquierda contra el Gobierno popular de Madrid y, en general, de la estrategia de convertir al centro-derecha en el chivo expiatorio de la crisis económica, la destrucción masiva de empleo y el rechazo mayoritario a la gestión del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Sólo en este contexto de pura y simple algarada tiene explicación el hecho de que, azuzados por los sindicatos, unos cientos de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo se concentren ante la Asamblea madrileña y lancen objetos contra su sede mientras en su interior se celebraba un pleno. España es el único país de Europa en que los sindicatos mayoritarios se manifiestan por la crisis contra la oposición, y no contra el Gobierno. Más inexplicable es que, si salen a la calle, como el pasado 1 de mayo, no lo hagan para denunciar la responsabilidad política del Gobierno con la tasa de paro más alta de la Unión Europea, sino para cargar contra el PP.
El sindicalismo español debe ser consciente de estar actuando como terminal del PSOE, con un claro propósito conjunto de impedir que la crisis económica pase factura electoral al Gobierno socialista. Para lograr este objetivo los sindicatos mayoritarios no dudan en pervertir su función representativa y de defensa de los trabajadores y en manipular los sentimientos de los desempleados, mientras se mantiene intacta su financiación pública. Además, es un despropósito que se obcequen en atacar al Gobierno de una comunidad autónoma que, como Madrid, tiene una tasa de paro cuatro puntos por debajo de la media nacional. Con este rasero, ¿qué deberían hacer entonces los sindicatos en aquellas autonomías gobernadas por el PSOE donde la tasa de desempleo supera de forma endémica el 20 por ciento?
La convergencia de esta táctica de agitación sindical con los intereses electorales del PSOE -ahí está la cita de las elecciones europeas- es cada día más patente y el riesgo es que se incremente a medida que se agrave la crisis. Ante el debate sobre el Estado de la Nación y los comicios europeos, a la izquierda le viene bien que la tensión social, aunque esté teledirigida, cargue contra la derecha. Rodríguez Zapatero pidió «cariño» a UGT, pero lo que la clase sindical le está dando es mucho más. Es el encubrimiento del fracaso político del Gobierno ante los insuficientes, por no decir nulos, resultados de sus medidas de estímulo del empleo. En justa correspondencia, los diputados del PSOE en la Asamblea de Madrid abandonaron el pleno que estaba siendo boicoteado con insultos y amenazas por parte de trabajadores invitados al acto. Los parlamentarios socialistas exhibieron así su predisposición a instaurar la bronca extraparlamentaria como método de oposición a un gobierno autonómico al que se ven incapaces de doblegar en las urnas. Si esta tentación extremista se convierte en hábito, el PSOE contraerá una responsabilidad directa por la degradación del sistema democrático y hará evidente su doble rasero moral cada vez que reclame al PP que «arrime el hombro», mientras secunda o disculpa, según convenga, actos de coacción contra este partido, algo inadmisible en una sociedad moderna.
ABC - Editorial
Hace una década el cocinero Arguiñano produjo una película gamberra con personajes inesperados como un lehendakari negro, pero negro de verdad, no como Barack Obama, que solamente es mulato.
En España ya no se dice mulato porque, siguiendo la imposición estadounidense del “african-american”, es políticamente incorrecto medir la negritud.
El nuevo lehendakari, Patxi López, de nacimiento Francisco López Álvarez, aparece en los medios informativos como el “Obama de Portugalete”, cuando para un nacionalista vasco no es mulato como Obama, sino maketo sin una gota de sangre históricamente euskérica. Por tanto, negrísimo, como el lehendakari de la película Air Bag.
Es que el PSOE quiere exhibir a Obama hasta en el árbol de Guernica, tanto, que el Partido Demócrata norteamericano ha protestado al comprobar que los socialistas lo presentan como uno de los suyos en la campaña electoral europea.
“Obama no es socialista”, advierte contundentemente la representante de ese partido en España.
El lehendakari Francisco, alias Patxi, que como tanto dirigente socialista dejó los estudios por la política, es un negro que va a gobernar a blancos que fueron negros, como los demás españoles, hasta que un racista llamado Sabino Arana los convenció de que siguiendo sus ideas se convertirían en semidioses: el cuento del sapo que era príncipe.
Ahora, muchos de estos portentos rechazan ser gobernados por hijos de esclavos llegados a su territorio alguna generación atrás: sintiéndose únicos dueños de Euskadi, temen que los maketos destruyan su “identidad nacional”.
La virginidad identitaria tratará de mantenerla el Ku-Klux-Klan local, Batasuna y similares, preparado para atacar a los negros con más ahínco que antes, aunque esta organización la formen también negros ocultos bajo pasamontañas.
La película se vuelve realidad. Francisco, que se nacionalizó poniéndose Patxi, nombre sabiniano, deberá rodearse de air bags.
Crónicas Bárbaras
El Parlament aprobará a principios de junio por amplia mayoría la normativa que permitirá a Cataluña gestionar su propio sistema de enseñanza, independiente del general de España. Esto supone un desafío al Estado de magnitud equivalente a la del inconstitucional Plan Ibarretxe, puesto que supone de hecho una declaración unilateral de independencia en materia educativa. Una vuelta de tuerca más para la imposición del régimen nacionalista.
Escribe Esther Armora en ABC que, gracias a este nuevo marco legal, que se aprobará, previsiblemente, a comienzos de junio, la Generalitat tendrá libertad absoluta para decidir sus contenidos curriculares, es decir qué materias imparte y cómo las organiza, y tendrá también vía libre para gestionar sus plantillas docentes.
En este sentido, la ley contempla la creación de un cuerpo de profesorado propio y unas oposiciones diferenciadas, que se realizarán en catalán y requerirán a los aspirantes no sólo conocer la lengua autonómica sino también «las instituciones» de esta Comunidad.
La LEC liquida la polémica tercera hora de castellano y entierra las pocas esperanzas que mantenían aún los defensores del bilingüismo de que se restableciera el equilibrio entre las dos lenguas oficiales en esta Comunidad.
De hecho, la nueva normativa no sólo blinda el modelo lingüístico, convirtiendo al catalán en la única lengua de uso en la escuela —el castellano queda por detrás del inglés con sólo dos horas semanales—, sino que permite que se puedan impartir contenidos curriculares en «lengua extranjera» pero no en castellano.
El último redactado, que asume muchas de las 250.000 alegaciones que recibió en un principio, ha sido pactado durante todos estos meses por PSC, ERC y CiU, dejando al margen a ICV.
Esta curiosa alianza entre socialistas y convergentes —se dice que la acción de Esquerra en el redactado se limita a poco más que la cuestión lingüística (artículos 9 y 11)—, que ha abierto heridas insanables en el seno del desgastado tripartito catalán, supone el primer ensayo de la anunciada sociovergencia catalana.
Es la primera vez en treinta años que en Cataluña la mayoría gubernamental vota dividida una nueva ley. Y no sólo eso, sino que ésta sale adelante gracias al apoyo de la primera fuerza de la oposición.
Se amplían los conciertos
Los convergentes han velado y mucho —por encargo explícito de su líder Artur Mas— para que en el último texto que esta semana se remata en el Parlament se refuerce el papel de la escuela concertada.
En este sentido, la ley contempla que los conciertos se extiendan al bachillerato y la FP, y acepta también que los centros que practican educación diferenciada puedan acceder al concierto. Este último punto ha llevado a los ecosocialistas a oponerse a la ley.
Iniciativa considera que la LEC «no es una ley de país» y no garantiza los mismos derechos y obligaciones para la red pública y la concertada. Portavoces de esta formación han avanzado que no descartan reclamar la consejería de Educación para cambiar la ley si se reedita el tripartito.
Un desafío al Estado
Tal y como recuerda el editorial de El Mundo, "la norma desprecia las leyes del Estado, las sentencias judiciales y hasta el nuevo Estatuto y la propia Constitución, en lo que supone un paso decidido hacia el monolingüismo"."Lo grave es que el mismo PSOE que defiende el bilingüismo en el País Vasco se propone convertir Cataluña en monolingüe. Es inconcebible que Montilla impulse tal persecución del castellano con una política que sirve a los intereses de los sectores independentistas, que no ocultan su intención de caminar hacia el soberanismo a partir del control de la educación. Y qué decir de la histórica torpeza de la necia frivolidad de Zapatero, que dio alas a esta deriva desde el mismo momento en que aceptó que el Estatuto consagrara el catalán como única lengua «vehicular»".
Periodista Digital
Siguen "enamorados" de Zapatero, a pesar de los más de 4 millones de parados. A la que parecen odiar a muerte es a Esperanza Aguirre y este jueves montaron una trifulca de espanto, con amenazas, apedreos y algaradas en la Asamblea de Madrid. Fueron desalojados de la tribuna de invitados, montaban el pollo alentados por diputados de del PSOE e IU que aplaudían sus insultos. En la calle, ante una policía pasiva y contemplativa, se dedicaron a apedrear la Asamblea.
Trabajadores de Iveco, BP Solar y Arcelor Mittal se concentraron a las 16:00 horas de este jueves frente a la Asamblea de Madrid para reivindicar el mantenimiento de los puestos de trabajo de las tres empresas, pero un grupo de ellos asistió como invitados al parlamento regional y montaron un circo.
Cuando los parlamentarios debatían sobre el volumen de parados, un grupo de energúmenos comenzó a gritar con ataques personales al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y a la presidenta, Esperanza Aguirre, en una muestra más de la estrategia sindical: hay que atacar al gobierno regional y evitar enfrentamientos con el Ejecutivo que dirige José Luís Rodríguez Zapatero.
La presidenta de la Asamblea, Elvira Rodríguez, tras varias llamadas al orden, tuvo que pedir a Seguridad que los desalojara, pues sus voces y actitud amenazante no dejaban continuar con la sesión de control al Gobierno. Rodríguez también ha expulsado al diputado socialista José Quintana después de que éste irrumpiera a gritos y Elvira Rodríguez le rogara varias veces que se callara. Los diputados del PSOE e IU les aplaudieron entusiasmados su actitud y abandonaron en tropel el pleno en un acto que se está convirtiendo en una costumbre en la oposición dentro y fuera de la Asamblea. De hecho, el jefe de los socialistas, Tomás Gómez, ha boicoteado ya varios actos institucionales de la Comunidad de Madrid al negarse a asistir, como en el homenaje a las víctimas del 11-M o el acto del Día de la Comunidad.
Los trabajadores, afectados por la presentación de expedientes de regulación de empleo (ERE) en sus respectivas empresas, comenzaron la trifulca cuando Esperanza Aguirre abandonaba el salón de plenos en medio de la intervención de su consejero de Economía, Antonio Beteta, sobre la situación del sector industrial. "¡No nos hace ni puto caso!", "¡que nos vea!", "¡no al cierre!", han gritado los trabajadores que asistían al pleno, mientras cerca de un millar de compañeros permanecían concentrados a las puertas de la Asamblea.
Los manifestantes se han abalanzado hacia la entrada de la Cámara, donde también han hecho explosionar petardos al grito de "Con nuestro curro no se juega" y la "Próxima visita será con dinamita", entre otras proclamas. Han tirado las vallas que delimitaban el espacio de su concentración en la acera de enfrente del Parlamento y, aunque la policía lo ha intentado impedir de forma pacífica, han llegado hasta la misma puerta de la Asamblea, y han tirado piedras y tuercas.
El único gobierno que ha sufrido las protestas sindicales desde que comenzó la crisis es el de Aguirre, cuando los dirigentes de CCOO y UGT encabezaron el pasado 19 de abril una marcha “por el empleo”, que en realidad era una manifestación contra Aguirre.
Nadie sale a la calle en Andalucía, la comunidad autónoma con más parados de España, ni protesta contra la política del Ministerio de Trabajo y resulta impensable algo así en el Congreso de los Diputados.
Iveco, BP Solar y Arcelor Mittal
En Iveco, 1.024 trabajadores de la planta situada en la carretera de Barcelona están afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Sobre el resto de la plantilla -unos 1.880 empleados- amenazan medidas de suspensión de jornada que se aplicarían de forma rotatoria hasta final de año.
En el caso de BP Solar se ha planteado el cierre de sus dos centros madrileños -el de San Sebastián de los Reyes y el de Tres Cantos-, lo que afectaría a 480 personas.
Por su parte, ArcelorMittal propone, dentro de sus planes de ajuste internacional, la suspensión de toda la actividad de la fábrica de Villaverde, con una plantilla de más de 400 personas durante un año completo.
Periodista Digital
UNAS pocas gotas de optimismo son, en lo personal, el catalizador indispensable de la esperanza y, en lo colectivo, un elemento germinal de los grandes proyectos que pueden, y deben, pretender todas las generaciones. Por el contrario, las sobredosis resultan demoledoras. Es el caso del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En el éxtasis del poder y perdida la capacidad para percibir la realidad próxima, los miembros y miembras de tan singular equipo están entregados a una fórmula que a) les empuja a estar encantados de haberse conocido, b) anula en sus procesos mentales, unitarios y grupales, al más mínimo sentido autocrítico, c) provoca en todos ellos un gran desprecio por la experiencia y la sabiduría ajenas, d) entienden la posibilidad de los milagros dentro del marco del laicismo y e) según el modelo establecido por el presidente, ninguno se siente responsable de sus propios dichos y actos. Están contentos.
Tras el Consejo de Ministros extraordinario de anteayer y convenientemente emperejiladas, las dos vicepresidentas, sin razonar la convocatoria atípica de un Consejo que careció de contenido y en alarde de elegante vaciedad, mostraron su complacencia por la buena marcha del Plan Español de Estímulo de la Economía y el Empleo -el Plan E-, esa coña marinera que ya ha engendrado 91 medidas gubernamentales sin que ninguna de ellas, a juzgar por lo dicho por las vicepresidentas, la generalista y la especializada, haya dejado de funcionar a la perfección. A mayor abundamiento, la muy hacendosa Elena Salgado se alejó del frío rigor de los datos para decirnos, con el calor de la expresión poética, que empiezan a verse «brotes verdes» en el panorama económico español.
El Plan E supone un gasto del 2,3 por ciento del producto interior bruto y, aunque sólo fuera por ello, exige más rigor y concreción en las referencias de su ejecución. Fue Ben Bernanke, el actual presidente de la Reserva Federal USA quien, hace ya semanas, utilizó la expresión de los «brotes verdes» como contrapunto para señalar que la situación sigue empeorando y que todavía nos esperan muy malos momentos. No para engañar a los norteamericanos. ¿Cómo puede, aquí y ahora, un Gobierno manifestarse contento, optimista y acrítico con más de un 17 por ciento de parados y a la espera de llegar al 20? Sólo la inconsciencia o la mentira, a elegir, puede sostener una conducta de tal naturaleza.
ABC - Opinión
País Vasco
«Aun a riesgo de incurrir en el olvido calculado –pero sin tener que manipular datos ni negar cuanto ocurrió–, yo sí quisiera olvidar cosas que Patxi López hizo y dijo en un pasado muy reciente. El problema es que el nuevo lehendakari no me deja.»
"Escribí sin odio contra las formas verbales destinadas a propalar el odio, alimento básico del terrorista. Y escribí contra el olvido calculado tras el cual acecha el futuro revisionista, borrador profesional de huellas, el manipulador de datos, el negador venidero de cuanto ocurrió".
Estas hermosas palabras del escritor Fernando Aramburu fueron pronunciadas el pasado martes por Patxi López durante su discurso de investidura como nuevo lehendakari. En ese discurso, López también reivindicó una lucha contra el terrorismo que no se reduzca "a detener terroristas, sino también a reaccionar ante sus expresiones públicas y conseguir su deslegitimación social, especialmente en los ámbitos de la enseñanza, el asociacionismo y los medios de comunicación".
Aun a riesgo de incurrir en el olvido calculado –pero sin tener que manipular datos ni negar cuanto ocurrió–, yo sí quisiera olvidar cosas que Patxi López hizo y dijo en un pasado muy reciente; cosas que justificadamente "helaron la sangre" de la madre del asesinado Joseba Pagazaurtundúa; cosas como su condescendencia a la excarcelación de un asesino irredento como De Juana Chaos; cosas como dar interlocución y sentarse con los miembros de la ilegalizada representación política de ETA; como sus llamamientos a "ambas partes" a ceder por la paz; cosas como las descalificaciones que Patxi López dirigió contra quienes reivindicaban –como hoy él– la permanente lucha contra el terrorismo y su deslegitimación social en todos los ámbitos; cosas como las votaciones socialistas en Estrasburgo a favor de un proceso de dialogo de ETA, que hizo a los batasunos allí desplazados descorchar más de una botella; cosas como la condescendencia a la vulneración del Pacto por las Libertades, la Ley de Partidos o, en general, el ralentí del Estado de Derecho durante el mal llamado proceso de paz; cosas, en definitiva, como las muchas que me tengo que dejar en el tintero y que quiero olvidar sin tener por ello nunca que borrar huellas, manipular datos o negar cuanto ocurrió.
El problema está en que López no me deja olvidar. En ese mismo discurso, López volvió a reivindicar "una paz con generosidad, pero sin precio político", conocida fórmula de quienes nunca han reconocido ni reconocerán jamás abiertamente que están dispuestos a negociar precios políticos. Un precio político que se empieza a pagar desde el mismo momento en que te sientas con terroristas prófugos, que donde deben sentarse es en el banquillo; un precio político que también se está dispuesto a pagar cuando ofreces impunidad disfrazada de una generosidad que no sería, en ningún caso, tuya, sino de cada uno de los asesinados, de los heridos y de sus familiares.
La paz no requiere de generosidad política, sino de justicia, de esa justicia que queda en entredicho cada vez que cuestionamos la certeza del cumplimiento de las penas. Al debilitar esa disuasoria certeza lo que hacemos es reducir los costes que perciben los terroristas por seguir intentando conseguir sus objetivos por la vía de la violencia. Y que no me hablen de la reinserción, pues ese objetivo lo debe ser de la pena y no de ningún proceso de paz, y exige un tratamiento individualizado del preso, con independencia de lo que hagan o dejen de hacer los demás. Cada vez que a los terroristas les ofrecen "generosidad", estos lo interpretan como lo que es, como una oferta de impunidad nacida de la debilidad.
Insisto en que quiero olvidar, sí, pero tampoco me dejan las declaraciones que, al día siguiente de la votación, López pronunciaba en La Ser. Así, tras señalar que tiene al PNV en "alta consideración", López afirmó que "la paz es el objetivo, y si tengo que arriesgar, arriesgaré". ¿A qué futuro riesgo se refiere quien desde antes de ser nombrado lehendakari ya estaba en la diana de ETA? Está claro que López no se refiere aquí al riesgo de estar amenazado de muerte por el hecho de no ser nacionalista, si no a la posibilidad de volver a intentar a través del diálogo algo que en múltiples ocasiones ha acabado en fracaso. Las palabras de López denotan que no ha repudiado definitivamente el paradigma del final dialogado de la violencia. Ese diálogo, sin embargo, no es una posibilidad por la que merezca volver a arriesgarse, sino –en el mejor de los casos– un error en el que no hay que reincidir.
Tal vez la oportunidad que para la libertad y la verdadera paz brinda la histórica salida del PNV del Gobierno vasco exija cierto olvido calculado. Pero desde luego no quiero negar lo que ocurrió y menos aún favorecer su repetición venidera.
Libertad Digital
EN un país en el que sanguinarios terroristas reciben considerables facilidades para sacarse títulos universitarios en la cárcel no ha de resultar demasiado extraño que un conspicuo corrupto acuda a la Universidad como invitado de un curso sobre latrocinio institucional. Nadie más indicado que Julián Muñoz para ilustrar una lección de cleptocracia. En esto debe de consistir el famoso Espacio de Bolonia, que prima, dicen, el aprendizaje práctico; cuando acabe la sesión, al ex alcalde de Marbella lo deberían investir doctor honoris causa. Y ponerle con mucha prosapia el birrete y la beca encima del uniforme de presidiario.
En España siempre han tenido mucho predicamento cultural los delincuentes. La picaresca es el género que inventa la novela moderna, y ya dejó escrito André Gide que con buenas costumbres no se hace buena literatura. Muñoz quizá no alcance a dar el tipo de un antihéroe, porque le falta cierta profundidad existencial, pero de la asignatura de corrupción -que ya son ganas de modernizar la programación académica- tiene más experiencia que muchos otros profesores de las suyas. En el nuevo diseño curricular, sus años de mangancia equivalen por lo menos a una licenciatura de gramática parda. El único reparo que cabe formular a la Universidad que lo ha invitado consiste en que lo ha incluido en un curso de Periodismo; tendrían que llevarlo a clase de Economía o Empresariales, para que explique el arte de obtener plusvalías mediante recalificaciones. Al fin y al cabo, el futuro universitario va a estar en la especialización del conocimiento, y ya que de investigación científica andamos regular bien se podría avanzar por las áreas de mayor raigambre autóctona.
También es una lástima que la lección magistral vaya a impartirse en Madrid. Aprovechando que se trata de un curso de verano los alumnos podrían tener la oportunidad de recorrer los escenarios más luminosos de la corrupción costera sin abandonar el tradicional ambiente lúdico-festivo propio de las universidades estivales. Marbella, desde luego, con visita al búnker de la Gerencia de Urbanismo y a la concurrida prisión vecina de Alhaurín de la Torre; Alcaucín, Benalmádena, Baleares, la costa valenciano-alicantina, Canarias... he ahí un interesante itinerario para organizar todo un máster de posgrado en fenomenología del cohecho. Y con José Luis Roca de ponente estrella sobre ingeniería venal administrativa. Si es por catedráticos no han de faltar las más reputadas autoridades en la materia... aunque a alguna habría que sacarla previamente del trullo. Pero, como quedó dicho al principio, este detalle no debe representar una dificultad en un sistema penitenciario tan obsequioso con los asesinos etarras que raro será que no acabemos viendo a alguno explicar en sede académica Ciencias del Exterminio.
ABC - Opinión
CIS
«Todavía los habrá en el partido que, tras ser sofronizados por Arriola, digan que aún hace falta más simpatía y más sacarina porque la imagen del PP es todavía demasiado dura, poco atractiva y no inspira confianza.»
El Barómetro del CIS ha dicho que el PP todavía no ha adelantado al PSOE. ¿Llegará el día en que lo haga? Por más chuzos de punta que caigan sobre el páramo de la economía, por mucha agua que el PP le eche al vino de su programa, por mucha simpatía que derrochen sorayos y gallardones, por más que edulcoren sus mensajes con sacarina y todo lo sirvan en raciones "light" y con bebida "sin", el "sorpasso" no termina de tener lugar.
Todavía los habrá en el partido que, tras ser sofronizados por Arriola, digan que aún hace falta más simpatía y más sacarina porque la imagen del PP es todavía demasiado dura, poco atractiva y no inspira confianza. Al parecer no les basta con aupar a Patxi López a la lehendekaritza haciendo oídos sordos a los insultos que éste le dedicó a Mayor Oreja y a la velada promesa de volver a negociar con ETA. Tampoco se conforman con evitar hacer alguna propuesta de reforma económica que pueda servir para sacarnos de la crisis, por más que tienen gente que sabe muy bien lo que hay que hacer. Supongo que habrá orden de suspender de militancia al primero que diga que hay que abaratar el despido. Lo único que se permiten es denunciar la incapacidad de este Gobierno que padecemos, que es como descubrir el Mediterráneo.
Sin embargo, tampoco parece preocuparles demasiado el que las encuestas los empaten con el PSOE, ni que Rajoy salga casi tan mal valorado en ellas como Cayo Lara o Durán i Lleida. Más bien parece que el gallego se ha tomado al pie de la letra el refrán que aconseja sentarse a la puerta de la casa de uno a esperar ver pasar el cadáver del enemigo, cosa que Rajoy cree que ocurrirá en marzo de 2012.
Bien. Supongamos que así es. ¿Cambiará algo? ¿Se tomarán las medidas que nuestra economía necesita para modernizarse? ¿Se frenará el derroche que supone el Estado de las Autonomías? ¿Se pondrá coto al ridículo que en el mundo hacemos persiguiendo a juristas norteamericanos y ministros chinos mientras campa por sus respetos el jefe de los GAL? ¿Se podrá educar a los niños en castellano? Al menos, dirán muchos, los ministros de Rajoy serán más competentes que los que ahora tenemos. Ni siquiera de eso estoy seguro. En cualquier caso, lo que necesitamos no es sólo competencia. Hacen falta agallas para hacer lo que hay que hacer. Necesitamos reinventar el Estado, no sólo para liquidar las Taifas, sino también para dotarle de una política exterior y de defensa que se ocupe de proteger nuestros intereses y no los de los demás, separar de una vez a los tres poderes para tener una justicia independiente y muchas cosas más. Estoy seguro de que el 80 por ciento de los españoles respaldarían ese programa si se presenta con altura de miras y por alguien con las agallas necesarias para llevarlo adelante.
En su última entrevista, dijo Aznar que era la hora de los hombres de Estado. Daba por hecho que Zapatero no lo es. Yo digo que tampoco lo es Rajoy. Ni siquiera Aznar, que volviera. Y Aguirre dejó pasar su ocasión cuando la tuvo. Alguien habrá por ahí, quien sabe si en Calviá o en Córdoba, que pueda despertar alguna ilusión. Cuanto antes aparezca, mejor.
Libertad Digital
CRITICÁBAMOS a los norteamericanos por querer ser los gendarmes del universo, y resulta que nosotros queremos ser sus jueces. Pues algunos de nuestros magistrados se han puesto a abrir causas foráneas, que sus colegas de países con mucha más tradición democrática y jurídica prefieren obviar. Pero «España y yo somos así, señora», podrían decir estos jueces, con el ademán de aquellos capitanes de los Tercios, que ponían una pica en Flandes o donde hiciera falta. Y a veces, sin hacerla.
Dos cosas chocan en este celo judicial: la primera, que hallándose los juzgados españoles tan atestados de causas que algunas tardan años en verse, dedicar tiempo, medios, esfuerzos a presuntos delitos cometidos en el extranjero podría tomarse como una muestra de desdén hacia las demandas de aquellos españoles que reclaman justicia, y ellos dejan a un lado. Aparte del viejo axioma judicial de «justicia diferida no es justicia».
Lo segundo que llama la atención en esas causas de «justicia universal» abiertas en nuestro país es que van dirigidas en casi su totalidad contra regímenes y líderes conservadores, habiendo bastantes izquierdistas que se merecen no una causa, sino varias por idénticas razones. Podría argüírseme la causa abierta contra China por sus desmanes en Tibet. Pero ¿es la China de hoy de izquierdas? Yo diría que no es de izquierdas ni de derechas, o más exactamente, que es de izquierdas y de derechas al mismo tiempo, por lo que no invalida mi recriminación de que la «justicia universal» que se practica en España no lleva una venda sobre ambos ojos, la lleva sólo sobre el izquierdo, y cuando alguien le pide ayuda contra los desmanes cometidos en Cuba, por ejemplo, el rechazo es automático. ¿Qué clase de justicia es esa? Esos jueces no condenarían al mismísimo diablo si se proclamase de izquierdas.
Aunque lo más triste e injusto de esa llamada justicia universal es su futilidad. Todo el tiempo, investigaciones, medios y esfuerzos de los jueces decididos, digamos, a llevar a la cárcel a los responsables de Guantánamo o de los muertos en Gaza -las dos últimas causas de este tipo abiertas- están condenados a no llegar a ningún sitio, primero, por la imposibilidad de reunir los materiales y testigos necesarios para que el juicio tenga validez procesal. Segundo, porque ningún país renuncia a juzgar los delitos cometidos en su territorio o por sus ciudadanos, que sería tanto como renunciar a una parte importantísima de su soberanía.
Lo que significa que estamos ante causas hinchadas, sin apoyo jurisdiccional firme. O, si lo quieren: ante un alarde de vanidad o de «tener los ojos más grandes que el estómago», como dice el refrán alemán. Que es lo que menos necesitan España y su justicia actualmente.
ABC - Opinión
Díaz Ferrán
«Ni a Toxo ni a Méndez veremos rectificar una sola coma de sus arengas de rancio aroma anticapitalista. Pero los empresarios, ay, no quieren que se les oiga decir que los años de Zapatero son un lastre. Pobrecitos.»
Aquel dicho de Fraga según el cual los socialistas sólo aciertan cuando rectifican presenta un inconveniente empíricamente demostrado, y es que los socialistas españoles no rectifican jamás; al menos, nunca en voz alta. Lo contrario, en realidad, sería absurdo. Por qué van a dar pasos atrás las gentes de la izquierda cuando disfrutan de una derecha con una inveterada inclinación a retractarse, desdecirse y ofrecer la excusatio non petita. ¡Que rectifiquen ellos!
Un micrófono indiscreto aireó unas palabras del presidente de la CEOE que apuntaban a Zapatero como factor agravante de la crisis que se padece. Nada, en fin, que no se haya dicho y nada ofensivo para la persona del presidente del Gobierno. Sin embargo, el señor Díaz Ferrán consideró necesario matizar en seguida que su frase se había sacado de contexto y que formaba parte de una conversación privada. De eso ya nos habíamos percatado, como también de que nuestro empresario no es un maoísta disfrazado de hombre de negocios. Pero aun no siendo de izquierdas tiene uno derecho a formar y a expresar sus opiniones. Es más, sería grato que, por una vez, un jefe de la patronal manifestara lo que piensa en un asunto que le concierne y nos concierne, en lugar de sumarse, como es costumbre, a la legión de pelotilleros del Gobierno.
Para esa simpática labor ya disponemos de los otros "agentes sociales" en liza, o sea, los sindicatos, que no se privan de proyectar el cabreo por la crisis contra el empresariado, soslayando siempre cualquier responsabilidad del ejecutivo. Ni a Toxo ni a Méndez veremos rectificar una sola coma de sus arengas de rancio aroma anticapitalista. Pero los empresarios, ay, no quieren que se les oiga decir que los años de Zapatero son un lastre. Pobrecitos. No se vaya a pensar que se meten en políticas. Con tal de no cometer pecado tan terrible prefieren el papel de colaboracionistas de un Gobierno incompetente.
El horror a hacer política no es privativo de la clase empresarial. Constituye un sentimiento generalizado y casi un instinto de la derecha. No es plato de gusto la política para quienes tienen almas de contable y cuerpos de despacho. De ahí que esperen que otros hagan política por ellos. Ahora los hay tan ilusos y aprovechados que albergan grandes esperanzas en los sindicatos, a los que incitan a convocar huelgas generales. A ver si CCOO y UGT consiguen llevar a la derecha al gobierno... El caso es cosechar sin arrugarse el traje.
Libertad Digital - Opinión
EL virus de la nueva gripe plantea múltiples problemas socioeconómicos y sanitarios que se agravan cuando los ciudadanos no reciben información clara y precisa. Parece que los organismos internacionales y los diversos Estados no se ponen de acuerdo sobre los efectos del consumo de carne de cerdos infectados. Después de muchas vacilaciones, la OMS, tras advertir que no debe consumirse «bajo ninguna circunstancia», rectificó ayer en sentido exactamente contrario y en consonancia con lo anunciado por la Administración sanitaria española. Rusia no matizó hasta ayer su veto al cerdo procedente de varios países, incluido España, mientras que en China sucede todo lo contrario: la Feria Gastronómica de Hong Kong muestra su entusiasmo ante el jamón de «pata negra» y otros productos de alta calidad. Ante una amenaza de alcance global, debe exigirse a todos los responsables nacionales e internacionales una coordinación eficaz y una respuesta homogénea a las preocupaciones de los ciudadanos. Como es natural, el consumidor tiende a retraerse en cuanto existe cualquier voz de alarma, y el daño causado al sector afectado por una información precipitada puede ser muy grave, especialmente en plena crisis económica de alcance universal.
La voz de los científicos tiene que prevalecer en estos casos sobre el afán de notoriedad de algunos políticos o los intereses comerciales proteccionistas de ciertos sectores. La OMS debe promover un consenso de los investigadores y expertos para que su criterio sea aceptado formalmente por todos los Estados con carácter vinculante. Lo peor es el envío de mensajes contradictorios o la propagación de rumores infundados que caen sobre un terreno abonado para el alarmismo y la desconfianza. En el caso español, el Ministerio de Sanidad viene manteniendo una razonable política de transparencia informativa y debe ahora exigir a la OMS y a los demás países un compromiso serio en el mismo sentido. También los medios de comunicación tienen que contribuir a mantener las alertas sin caer en excesos que sólo consiguen agravar los problemas. El riesgo de pandemia en una sociedad global no puede tratarse informativamente a base de declaraciones subidas de tono y búsqueda de protagonismos coyunturales. Se imponen la seriedad y el rigor para unificar criterios y evitar el desconcierto de la opinión pública. En último término, el virus de la desinformación resulta ser también una enfermedad contagiosa.
ABC - Editorial
Un micrófono abierto cuando se cree cerrado, además de un perfecto ineducado es un inconveniente accidental
Se trata de un botón que hay que pulsar para que el micrófono funcione o no. El micrófono sigue siendo un instrumento contradictorio, traidor y torpe. He pronunciado muchas conferencias, y en el siglo de Internet, del desprecio a pasear por la luna en beneficio del planeta Marte, y de los primeros y seguros pasos científicos para curar el cáncer, cuando alguien se dispone a hablar ante un auditorio, golpea con los dedos la pera del micrófono y pregunta a los asistentes: «¿Se oye bien?». Y pasa lo que pasa. A Federico Trillo se le escapó el «¡Manda huevos!» desde su presidencia del Congreso, al Rey un «¡joé, he metido la pata!», cuando nombró en un acto a una persona que no había que mencionar, y Ramón Mendoza, en una Asamblea del Real Madrid, al ver que se acercaba al atril de los socios opinantes un personaje que no le caía bien le comentó a Pepe Stampa Casas «ahí viene ese gilipollas», y el «gilipollas», que no lo era, lo oyó perfectamente.
Un micrófono abierto cuando se cree cerrado, además de un perfecto ineducado es un inconveniente accidental. Y lo que se dice o se oye, aunque se diga en privado y se oiga en toda la Comunidad de Madrid, es un comentario confidencial. De ahí que el comentario de Gerardo Díaz Ferrán acerca de Zapatero, la crisis, y Esperanza Aguirre, tenga un doble valor. El de la confidencia y el de la verdad. Resulta que por culpa del micrófono la confidencia dejó de serlo, pero ese detalle no descalifica el contenido del susurrante cuchicheo confidencial. Que el Gobierno de España, con Zapatero al frente, era conocedor de la crisis, mintió a los votantes, no hizo nada para prevenirla y hace menos para solucionarla, es sabido por todos aquellos que tienen algo más de dos dedos de frente, e incluso muchos de los que sólo presentan dos dedos de distancia entre el entrecejo y el nacimiento de la frondosidad pilosa, como decía Matías Prats. Si a Gerardo Díaz Ferrán se le hubiera escapado un «¿Te has fijado cómo está de buena la rubia de la tercera fila contando desde la primera butaca de la izquierda?», podríamos sorprendernos y recomendar al presidente de la CEOE más tacto y prudencia ante la presencia de un micrófono. Pero lo que dijo sin vocación de hacerlo en público, no es noticia: «El problema no es la grave crisis, sino los años de Zapatero». Y respecto al «Esperanza -por Aguirre-, es cojonuda», lo mismo de lo mismo, porque lo es, y lo ha demostrado soportando la más vil de las campañas por parte de los medios afines a los intereses del partido en el Poder. Cambiando el calificativo coloquial por uno más institucional, la definición de Esperanza Aguirre es ajustada y nada extravagante. Al micrófono, cuando se adquiere confianza con él, se la llama «aparato». Boyer lo sabe de sobra. «No me funciona el aparato», dijo en el Congreso. Se rió hasta Gregorio Peces Barba. Sucedió en una época en la que a Boyer, al menos para la leyenda urbana, el aparato le funcionaba a la perfección. Pero a Gerardo Díaz Ferrán no le ha jugado el aparato una mala pasada. La mala pasada se la están jugando Zapatero, los sindicatos amaestrados y las medidas del Gobierno para ahondar la crisis. Y el aparato dijo: «Me uno a tu protesta».
La Razón - Opinión
La parálisis bancaria anulará los efectos de la rebaja de tipos hasta el 1% decidida por el BCE
El Banco Central Europeo (BCE) ha reducido sus principales tipos de interés de referencia en un cuarto de punto, como una medida absolutamente necesaria para combatir los estragos de la recesión económica. El que más interesa a las familias y empresas con deudas a tipos de interés variable, el tipo repo, ha caído al 1%; la facilidad marginal de crédito, al 1,75%. Al mismo tiempo, ha señalado que extiende el vencimiento de las inyecciones ilimitadas de liquidez hasta 12 meses. Pero el paso más importante del BCE es el anuncio de compra de titulizaciones y cédulas hipotecarias por un valor aproximado de 60.000 millones de euros. Con esta decisión, el BCE se suma acertadamente a las políticas monetarias poco convencionales que pretenden salvar directamente a las empresas afectadas por la parálisis de las instituciones financieras.
Con retraso respecto a los bancos centrales de Estados Unidos o Reino Unido, como si la escasez del crédito golpeara menos contundentemente a Europa o las amenazas inflacionistas aumentaran sus dudas, el BCE afronta la obligación de sortear las disfunciones de los mercados ante las resistencias que en el propio Consejo de Gobierno existen para reducir el tipo repo por debajo del nivel donde ahora ha quedado. La eurozona no va a sufrir una recesión menos grave que la estadounidense, ni sus consecuencias en relación con el paro van a ser menores. En el conjunto de las 16 economías que comparten moneda la amenaza inflacionista se ha esfumado; así parece demostrarlo la variación media del IPC en abril en el 0,6%, muy por debajo del 2%, camino de registros negativos en los próximos meses. Sin embargo, el BCE sigue titubeando a la hora de adoptar las medidas poco convencionales que la situación requiere. La única forma de recuperar el tiempo perdido y no agravar los factores recesivos en Europa es imitar las decisiones de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra y adquirir títulos de deuda, más allá de los ya decididos, ya sean emitidos por entidades privadas o públicas.
El abaratamiento del precio del dinero y la inundación de liquidez que están procurando los bancos centrales no son la condición suficiente para disolver la crisis financiera. Las economías occidentales están recibiendo un chorro de liquidez que no se canaliza eficazmente hacia los proyectos de inversión o hacia los créditos a particulares que deben constituir el principio de la recuperación económica. El problema de fondo sigue siendo la drástica contracción del crédito decidida por los bancos para hacer frente a la descomunal depreciación de sus activos detonada por la crisis de las hipotecas basura. Por más liquidez que haya, siempre será insuficiente si los intermediarios financieros tienen cerrada la ventanilla.
La iniciativa de la Fed de someter a 19 grandes bancos estadounidenses a pruebas de solvencia debe contribuir a que remita la incertidumbre sobre los balances bancarios y los propios bancos se decidan a restablecer el flujo de los préstamos. La prueba de solvencia revela que grandes instituciones, como el Bank of America, el Citigroup o Wells Fargo necesitan urgentes y cuantiosas aportaciones de capital; aportaciones a las que algunos podrán acceder en el mercado, pero que otros tendrán que requerir del Tesoro Público.
Timothy Geithner, el secretario del Tesoro, tiene por delante varias tareas delicadas. La más importante, sin duda, es decidir si las aportaciones de capital público deben transformarse en acciones con derechos políticos, para que los contribuyentes que salvan los bancos con su dinero tengan derecho a saber en qué se gasta el capital que aportan. Ya es hora de que los gestores que arruinaron el sistema financiero rindan cuentas exactas.
El País - Editorial
Cada vez se hace más grande la diferencia en la valoración que hacen Gobierno y agentes sociales del estado de la economía española. Desgraciadamente para todos, la realidad no se acerca ni de lejos a lo que opina la ministra Salgado.
LAS DOS vicepresidentas del Gobierno convocaron ayer a los medios para transmitir un mensaje propagandístico y electoralista sobre lo acertado de las medidas que ha adoptado el Gabinete para combatir la crisis económica. «El Gobierno está satisfecho», dijo Teresa Fernández de la Vega, que subrayó que «entre todos lo estamos haciendo bien». Elena Salgado fue más lejos y afirmó: «Nosotros creemos que la economía está comenzando a tener, como dicen en algunos países, algunos brotes verdes a la vista».
A luz de los últimos datos del paro y la actividad económica, nadie vislumbra todavía esos «brotes verdes». Ahí están las últimas predicciones de la Comisión Europea, que estima que este año y el que viene registrarán crecimientos negativos.
Salgado habló de una mejora en el clima de confianza, de la subida de la Bolsa en abril, de un aumento del crédito privado y de un menor incremento de la morosidad. Son signos muy débiles frente a otros mucho más relevantes que indican lo contrario como el crecimiento del desempleo, la caída de la producción industrial, el hundimiento del consumo y la evolución del PIB. Hay razones para alarmarse si realmente el Gobierno se da por satisfecho y cree que lo ha hecho bien cuando el número de parados supera ya los cuatro millones y la actividad económica ha caído en el primer trimestre un 2,9%.
La intervención de Elena Salgado fue un puro ejercicio de voluntarismo, intentando dar la vuelta a los datos para hacer propaganda de la gestión del Gobierno. En ese sentido, se apuntó como un logro la bajada de la presión fiscal, que es producto del fuerte descenso de la recaudación de Hacienda por el impacto de la crisis y no de una política del Ejecutivo.
La ministra de Economía llegó a hablar de «la fortaleza» de España por su bajo nivel de endeudamiento, un logro que va a durar muy poco si Elena Salgado sigue aumentando el gasto público y el año acaba con un déficit presupuestario cercano al 10%, récord histórico.
Salgado hizo también un balance triunfalista del plan de estímulo económico, que, según sus palabras, ha supuesto 99 medidas para incrementar la actividad y que sitúa a España en el primer lugar de la UE en cuanto a esfuerzo fiscal. No vamos a entrar en una polémica técnica, pero resulta evidente que, si se han perdido 800.000 puestos de trabajo de enero a marzo, ese plan no ha sido precisamente un éxito.
Hace un año, Solbes negaba la crisis y Salgado dice ahora que ya estamos empezando a salir de ella. El problema del Gobierno es que nadie lo percibe así. El propio Banco de España alertó ayer sobre el fuerte crecimiento de la morosidad y de la amenaza que ello supone para la estabilidad del sistema financiero, contradiciendo el optimismo de la ministra de Economía en este punto.
Arturo Fernández, presidente de CEIM, hizo un diagnóstico muy negativo sobre la economía española, que «ha superado todos los pronósticos», mientras que Gerardo Díaz Ferrán, presidente de CEOE, culpó del retroceso a «los años de Zapatero». Esperanza Aguirre aseguró con razón que los subsidios y el aumento del gasto público destruyen empleo y estancan la economía si no van acompañados de reformas estructurales.
Ello refleja la tremenda diferencia entre la visión que el Gobierno tiene de lo que está sucediendo y lo que piensan los agentes sociales y la oposición. Desgraciadamente no hay ninguna base para el optimismo y lo único que está «verde» es la capacidad de la vicepresidenta y ministra de Economía, que ha asumido el papel de dócil propagandista de Zapatero.
El Mundo - Editorial
«Esperanza Aguirre es la única figura nacional que no les ríe las gracias, no habla de diálogo social y no se apunta a la mala costumbre de quitar el dinero a unos trabajadores para dárselo a otros sólo porque chillen más: es una rival ideológica.»
Si a alguien le cabía alguna duda de que la principal y prácticamente única función de los sindicatos mal llamados "de clase" UGT y CCOO es hacer oposición al PP, su actuación en los últimos meses debería despejarlas por completo. Ante la peor crisis económica de la democracia, los liberados sindicales a los que pagamos el sueldo emplean su tiempo no en protestar contra el Gobierno central sino contra el de una autonomía, la madrileña, que no es ni de lejos la que peores cifras de paro presenta.
El boicot a la Asamblea de Madrid no es el primer episodio de esta obsesión contra Esperanza Aguirre, aunque sí es de los más graves. Los sindicalistas han pasado de disfrazarse de médicos hasta a agredir al consejero Güemes, pero nunca han levantado la voz contra el Gobierno de los cuatro millones de parados, el Gobierno que se ríe del drama del paro, el Gobierno más incapaz de nuestra historia democrática en la política económica. Eso sí, se han manifestado contra la Comunidad de Madrid porque "está sufriendo más la crisis que otras". El caso es que la tasa del paro en esta región es del 13,49%, bastante por debajo de la media nacional del 17,36%. Y los sindicatos no se han manifestado en Andalucía (24,04%) o Extremadura (21,75%).
¿Qué excusa pueden dar los sindicatos ante este evidente doble rasero? Evidentemente, ninguna. Al menos mientras quieran seguir simulando ser defensores de los trabajadores y no de una ideología política y de unos partidos que los tratan especialmente bien. La razón por la que se manifiestan contra Aguirre, recurriendo incluso a apedrear la sede del parlamento regional y amenazar con visitas futuras armados con dinamita, es porque el PSOE se sabe incapaz de vencer por medios legítimos y echa mano de lo que tiene alrededor, esperando que los ciudadanos echen la culpa de las huelgas de servicios públicos no a quienes las realizan sino a quienes las sufren.
Esperanza Aguirre es, además, la única figura nacional que no les ríe las gracias, no habla de diálogo social y no se apunta a la mala costumbre de quitar el dinero a unos trabajadores para dárselo a otros sólo porque estos últimos chillen más. Es, en definitiva, una rival ideológica, y la discrepancia es algo que no pueden permitir bajo ningún concepto. De ahí que la inexistente beligerancia ante el Gobierno del paro se transforme en ofensiva furiosa contra el Ejecutivo de Aguirre.
Es posible que esta forma ilegítima y subvencionada de oposición no funcione, porque la gente no es tonta y semejante diferencia de trato entre gobiernos de distinto signo es demasiado llamativa. Pero aún así no debería salir gratis a quienes la perpetran. Los sindicatos disfrutan de unos fondos públicos que no están empleando para lo que están destinados, la defensa de los trabajadores, sino para hacer política. Pues como partidos políticos deberían ser tratados, sin recibir ni un céntimo de dinero público mientras no tengan representación. Quizá sea el momento de que las administraciones gobernadas por el PP den ese primer paso. Evidentemente, los jefes políticos de UGT y CCOO no lo van a hacer.
Los sindicatos "de clase" pudieron tener una razón de ser en un momento histórico determinado, pero carecen ya de utilidad como mecanismos para que los trabajadores se asocien y defiendan sus intereses y han quemado su legitimidad a base de hacer política partidista. Es momento, por tanto, de que pierdan sus privilegios.
Libertad Digital - Editorial
