¿Y el ministro del Interior?

El ministro del Interior lleva semanas desatendiendo algunas de sus principales responsabilidades. Se han producido alteraciones graves del orden público sin la actuación policial que cabía esperar y que exige la legalidad. Los ciudadanos se han sentido indefensos y perjudicados. El 15-M ha alterado la convivencia impunemente y para muchas personas ha supuesto un quebranto económico importante. Rubalcaba decidió ponerse de perfil desde el primer día ante este fenómeno y ahí sigue. Nada ha alterado su respuesta, porque el objetivo prioritario es no dar un paso equivocado que pueda afectar a su imagen política como candidato socialista a la presidencia del Gobierno. Es conveniente recordar que el propio ministro envió un alentador mensaje a este movimiento de «indignados» cuando se negó a cumplir los mandatos de la Junta Electoral Provincial y de la Junta Electoral Central, que habían ordenado el desalojo de los concentrados en distintos lugares del país. A partir de ahí, ha seguido una secuencia desgraciada. Permitió que se violentara la jornada de reflexión de las elecciones del 22-M, una actitud que hubiera merecido por sí sola la asunción de responsabilidades. Después, en ese caldo de cultivo claudicante, se zarandeó a la democracia en una fecha clave como la constitución de los ayuntamientos y se secuestró con violencia el Parlamento de Cataluña. Aún más: envalentonados, los «indignados» lograron frenar con su acoso dos desahucios en Madrid, es decir, pararon dos procedimientos judiciales sin que la autoridad hiciera nada para que la Ley se cumpliera. Ayer, incluso se insultó al Príncipe de Asturias en la Universidad Autónoma de Madrid. Nada sucede por casualidad, y no estamos ante hechos aislados, sino ante las consecuencias de un repliegue consentido del Estado de Derecho con efectos desestabilizadores para la vida pública. Decir que el movimiento de los «indignados» ha llegado hasta donde ha querido el ministro del Interior no parece una exageración en la medida en que suyas son las competencias para salvaguardar el orden. En estas semanas, Rubalcaba ha sostenido que se actuaría con firmeza ante los violentos y con inteligencia y prudencia con los pacíficos. El argumento sirve a la retórica ventajista del candidato socialista, pero es inasumible para un responsable del Interior. Primero, porque parte de manipular la realidad y vender a la opinión pública que la ocupación de un espacio público y la perturbación de la convivencia y del orden son unos actos ordenados e inocuos –que le pregunten a los comerciantes de la Puerta del Sol o a los vecinos y trabajaores de la zona–. Y segundo, porque la prudencia no puede enmascarar que se incumpla la ley y se desentienda de sus deberes. Rubalcaba es un ministro-candidato que proclamó su sintonía y proximidad con el movimiento del 15-M, al igual que han hecho otros dirigentes del PSOE. Su respuesta al desafío de los «indignados» ha sido más un problema que una solución. Si no piensa aplicar la Ley, porque cree que perjudica a su estrategia como líder socialista, está obligado a dimitir ya, antes de que los intereses generales se vean aún más perjudicados.

La Razón - Editorial