domingo, 1 de agosto de 2010

La corrupción y la derecha. Por Germán Yanke

El socialismo catalán ha tenido desde antaño dos corrientes: una más catalanista y otra que no necesitaba adornos para ser socialista.

El socialismo catalán ha tenido desde antaño dos corrientes: una más catalanista —a veces mucho— y otra que no necesitaba adornos para ser socialista ni tenía mucha preocupación, la verdad, para buscarse una identidad en las cenas de la alta burguesía. El problema de José Montilla no es, sin embargo, haber optado por una de esas corrientes ni incluso haber elegido la ambigüedad para bandearse entre ellas. Es, más bien, la confusión, que parece ahora la nueva y mayoritaria corriente, camino de perder antiguos apoyos y, a la postre, el poder. Da la impresión de seguir jugando un partido ya finalizado o de no dejar de desfilar, muy marcial y aguerrido, en una procesión que ha terminado.

En esa deriva ha aterrizado en el tópico de asegurar que la derecha soporta mejor que la izquierda la corrupción, que es una tontería tan ilustrada como las que tratan de empujar a los adversarios en vez de debatir seriamente con ellos. Tampoco se puede esperar demasiado cuando, después de haber tenido que escaparse de una manifestación convocada por él mismo contra el Tribunal Constitucional, espera ahora su sentencia tras haber recurrido —recurrido al Constitucional, qué espanto— el plan gubernamental de ayuda a los municipios.

El dirigente de un partido que, en el final de la década de los ochenta y hasta el 96, resistió votado numantinamente por los suyos en un escenario de corrupción generalizada no parece el más indicado para achacar a la derecha una condescendencia para la que no hay explicación ideológica. La corrupción no tiene el efecto electoral que cabría esperar, es cierto, pero eso ocurre a izquierda y derecha, es decir, en ambos territorios los ciudadanos se alejan de la política, que es un efecto más sociológico porque se va imponiendo la idea —injusta pero machacona— de que es la política la que es, per se, corrupta. Y que lo es, además, inevitablemente. Lo que resulta pasmoso es que los políticos, en vez de reflexionar sobre ello y rectificar sus modos, elijan mostrarse intolerantes solo con la corrupción de sus adversarios. El tiovivo sigue girando.

Tampoco es que Montilla piense que va a perder las elecciones porque la derecha es malvada y tolerante con las vergüenzas. Una cosa es estar confuso y otra estar en la inopia. La paradoja es que no va a ser castigado electoralmente por las irregularidades de los suyos, que las hay, sino por la sensación de que su política es inútil.


ABC - Opinión

Paradoja de una España que sangra por sus cuatro costados. Por Federico Quevedo

‘Cerrado por vacaciones’. El cartel se ha colgado ya en la práctica totalidad del país. Nos vamos, señoras y señores, a disfrutar de unos días de asueto porque, para qué nos vamos a engañar, nos lo hemos merecido después de un año de sustos y disgustos. Bueno, permítanme un paréntesis para decirles que este que suscribe seguirá encontrándose todas las semanas con ustedes, aunque sea desde las costas de Pontevedra, allá donde se pone el sol y se hace poesía el ocaso. Nos vamos, digo, porque tanta aflicción tiene que tener la recompensa de un descanso, pero lo hacemos con la incertidumbre de la vuelta y la certeza de que, lejos de percibir una mejora, lo que se anuncia son las siete plagas de Egipto en forma de un auténtico vendaval de temores que asolan este país. Un país que se desangra por sus cuatro costados, por el costado económico, por el costado político, por el costado social y por el costado institucional.

“Ya está el catastrofista anunciando todos los males”, pensarán algunos de ustedes. Pero no, de verdad, qué más quisiera yo que equivocarme, pero todavía recuerdo en los primeros compases de la crisis, incluso mucho antes, cuando algunos alertábamos de los nubarrones que se veían en el horizonte mientras el país se entregaba al regocijo de un crecimiento entorno al 4% y una orgía de gasto y crédito sin límites, recuerdo a aquellos que nos llamaban de todo, antipatriotas incluido, y ponían en solfa nuestras predicciones que no eran más que las predicciones que tímidamente empezaban a hacer ya los organismos internacionales.


Eran los mismos que se reían cuando denunciábamos que la espiral de tensión nacionalista que había puesto en marcha Rodríguez amenazaba con engullir el espíritu de la Transición y acabar con el modelo de Estado. “España no se rompe”, decían. Pues vaya si se rompe. Eran los mismos que primero querían convencernos de que con ETA se podía negociar a cambio de nada y, después, de que nunca más habría otra negociación… y en ambos casos nos mintieron. Eran los mismos que se reían de nuestras advertencias sobre la grave crisis social y que ahora esconden la cabeza cuando asoma la cifra de los cuatro millones seiscientos y pico mil parados. Eran los mismos que se rasgaban las vestiduras ante las denuncias de dirigismo en las instituciones y ahora se convierten en repentinos intérpretes de las sentencias de los Tribunales, incluido el Constitucional…

Congoja por el futuro

Este país, España, está viviendo su crisis más grave desde la Transición, y lo es porque se ha puesto en entredicho precisamente eso, la Transición y el modelo de país que surgió de la misma, hasta el punto de que difícilmente hoy podemos reconocernos en aquel espíritu de concordia y consenso con que se alumbró este periodo democrático. No es solo la crisis económica, lo he dicho otras veces, pero quizás ahora lo estamos viviendo con una intensidad mayor: es todo el edificio constitucional el que se está descomponiendo a marchas forzadas. España se va de vacaciones, ponemos el cartel de cerrado en nuestras tiendas, empresas, comercios, bares y domicilios particulares, sin la seguridad de que cuando volvamos podamos volver a abrir las puertas de nuevo. Nos vamos, es cierto, pero reconozcámoslo, lo hacemos con una congoja por el futuro como nunca antes habíamos sentido.

Y no es para menos. Encerrados en la burbuja deportivo-vacacional hemos podido perder un poco la perspectiva de las cosas, pero lejos de esa alumbrada recuperación que pronostica incansable el presidente, la realidad es que a la vuelta de verano nos enfrentamos a una nueva recesión y mayor aumento de paro, y a una nueva crisis de deuda motivada por la cada vez mayor dependencia financiera de los bancos españoles del crédito externo mientras el grifo al consumo interno se cierra más y más. La caída en las ventas de coches es solo un anticipo de lo que está por venir, y el aumento del paro en el segundo trimestre la constatación de que, lejos de los brotes verdes, lo que hay es un erial de desempleo en el que lo más grave es ese 40% de paro juvenil y esos 1.300.000 hogares con todos sus miembros sin trabajo.

Esa es la realidad de España, le guste o no a este Gobierno incapaz de lograr un mínimo de seguridad y de confianza en la población, y que cada vez se encuentra mas solo y a la deriva. A la sangría económica se une la sangría política. La ciudadanía ha perdido por completo la fe en sus dirigentes y lejos de ver en ellos la solución, solo ve problemas por su incapacidad para solucionarnos los nuestros y por su habilidad para crearnos otros nuevos. Eso es lo que ha venido haciendo Rodríguez estos seis años y medio, y ahora se manifiesta en toda su crudeza su política de ruptura y confrontación provocando la mayor crisis política que haya vivido este país, y miren ustedes que hemos vividos unas cuantas.

Replanteamiento del modelo territorial

Por si no fuera suficiente, y cuando parecía que el conflicto territorial reculaba gracias a los vuelcos electorales de País Vasco y Galicia, de nuevo nos hemos visto sometidos a la tensión provocada por la sentencia del Constitucional sobre el estatuto catalán y el desacato a la misma promovido por la Generalitat y el Gobierno español. Y es un asunto grave, más allá de la provocación taurina, porque ha puesto en evidencia la debilidad del propio Estado en la medida que su fortaleza se basaba en el acuerdo de los dos partidos mayoritarios. Una vez roto ese acuerdo, para prácticamente todo, el desafío al Estado se produce desde todos los ámbitos y solo recuperando el consenso de la Transición se podría volver a recomponer parte de lo demolido por Rodríguez, pero a día de hoy lo veo bastante improbable, y eso nos conduce inevitablemente a un replanteamiento del modelo territorial.

¿Porqué? Pues básicamente porque en estos años el nacionalismo ha ganado en poder e influencia hasta un punto en el que va a ser muy difícil volver a dar marcha atrás para cualquiera de los dos partidos llamados a gobernar España. Y la certeza de esa inevitabilidad produce también un profundo descorazonamiento. Las instituciones están en entredicho, y ni siquiera la Corona parece tener la suficiente fuerza de voluntad para imponer su criterio, probablemente porque Ella misma se ha dejado engañar y llevar a una situación de extrema debilidad agravada por la edad del Rey y la dificultad para que la ciudadanía acepte a su hijo del mismo modo que lo aceptó a él. Aun así, incluso los que no somos monárquicos pero creemos en la España Constitucional, nos vemos obligados a recurrir a la institución como una de las últimas salvaguardas del modelo democrático que nos dimos en el 78.

Pero incluso eso viene cuestionado por una profunda crisis social. La nuestra es una sociedad adormecida, que ha visto cómo se la maneja, se la exprime, se la dirige, se le imponen las cosas y se le recortan libertades sin haber movido ni un músculo en la defensa de sus derechos fundamentales. Se ha violado el derecho a la vida, y nada. Se han cuestionado elementos esenciales que constituyen el núcleo de nuestra sociedad, como la familia, y nada. Se han antepuesto los derechos de un toro a los derechos de un niño, y nada. Se ha destruido la cultura de esfuerzo y mérito y favorecido la del subsidio y la subvención, y nada. Aquí seguimos, casi cinco millones de parados, y nada. No pasa nada, salvo la esperanza de que en las próximas elecciones al menos se le dé un pasaporte al frío témpano de la oposición a quien ha provocado todo esto, pero incluso después seguirá sin pasar nada porque este país ha perdido sus referentes y se ha olvidado de sus principios y de sus valores.

Pero sí, nos vamos de vacaciones, y eso al menos debería servirnos para aprovechar la circunstancia y reflexionar. Yo les prometo no ser tan puñetero en próximas entregas, y alegrarles un poco más la vida antes de la huelga general de otoño, pero mientras tanto les recomiendo que no pierdan la perspectiva de las cosas y no se dejen llevar por los cantos de sirena de un Gobierno que naufraga irremediablemente y amenaza con arrastrarnos por el torbellino de su incompetencia, su ineficacia y su relativismo.


El Confidencial - Opinión

Ventanas. De la prisión al arma de liberación masiva. Por Antonio José Chinchetru

Han descubierto un arma de liberación masiva cuya magnitud no podían llegar a imaginar. Ahora tienen acceso a fuentes de información de todo tipo y vías de comunicación que antes tenían prohibidas.

Han pasado siete largos años de su vida en prisión por ejercer un derecho que debería estar garantizado a cualquier persona con independencia del lugar donde viva: disentir con el Gobierno. Hablamos de los presos políticos cubanos desterrados a España en un intento de lavado de cara por parte del régimen castrista. Ahora, al fin fuera de prisión, deben adaptarse no sólo a un nuevo país. También a un mundo radicalmente distinto al que ellos conocían.

Son muchos los cambios a los que tendrán que hacer frente ellos y su familia. Cada día que pasan en España supone un aprendizaje y el descubrimiento de cosas de las que habían oído hablar pero les estaban vetadas. Para ellos resulta fascinante ver cómo los partidos de la oposición pueden criticar al Gobierno o cómo el jefe del Ejecutivo tiene que rendir cuentas (que lo haga mejor o peor es otra historia) ante el Parlamento. Pero es en el terreno de las tecnologías de la comunicación donde se enfrentan a dispositivos y realidades que para ellos resultan poco menos que de ciencia ficción.


Tras días en España siguen sin poder manejar del todo bien unos teléfonos móviles que les fueron regalados por generosos particulares y activistas de derechos humanos. Aunque hace siete años esos aparatos ya formaban parte de la vida cotidiana de millones de seres humanos en todo el mundo, en Cuba era algo reservado para los altos cargos del régimen. Al resto de personas les estaba prohibida su posesión. Así, estos héroes de la libertad todavía llegan a preguntar a quien esté a su lado cómo contestar a una llamada o qué tecla tienen que pulsar para colgar.

Sin embargo, cuando muestran un mayor asombro y satisfacción en materia de tecnología es al descubrir internet. Habían oído hablar de la red, pero no llegaban a imaginar su significado real y las posibilidades que ofrecen. Hemos podido ver a un hombre, curtido por años de periodismo independiente en Cuba y por una larga e injusta condena política, fascinarse al descubrir que puede ver en el monitor de un ordenador el horario de unos autobuses. Y le hemos visto, a él mismo, sorprenderse cuando le mostramos lo que otras personas escribieron sobre él en diversas web para exigir su libertad.

Menos de un minuto después de separarse de la pantalla, estaba preguntando cómo hacer un blog para contarle al mundo lo que vivió y lo que ocurre en su país. Y, como él, varios de sus compañeros ansían aprender a utilizar la red para seguir luchando desde España por la libertad de Cuba. Casi todos ellos, además, desean tener lo antes posible una cuenta de correo electrónico para comunicarse con personas de todo el mundo.

Han descubierto un arma de liberación masiva cuya magnitud no podían llegar a imaginar. Ahora tienen acceso a fuentes de información de todo tipo y vías de comunicación que antes tenían prohibidas. Y han visto que pueden participar en un debate global en el que contar con libertad la triste realidad de su país y, si lo desean, la trágica experiencia que han vivido. Algo que, como otras tantas cosas, sigue vetado a sus compatriotas por el tiránico capricho de los hermanos Castro.


Libertad Digital - Opinión

Reformas a rastras. Por José María Carrascal

Pedir claridad y rigor a Zapatero es como pedir a un graffitero que deje de manchar paredes.

ESPAÑA no necesita una reforma del mercado laboral. Necesita otro mercado laboral. Incluso sin la presente crisis. Es la única forma de que puede mantenerse entre las naciones avanzadas. El mercado laboral español fue diseñado por un régimen nacional-sindicalista, que nada tiene que ver con el mundo de nuestros días. Por lo pronto, incorporaba los sindicatos al aparato del Estado, convirtiendo a sus dirigentes en altos funcionarios del mismo y dando a los trabajadores una serie de privilegios —entre ellos, mantener el puesto de trabajo por vida—, a cambio de privarles de las libertades democráticas. Algo que no se sostiene en una democracia ni en un mercado global. Se le han puesto parches, pero el esquema sigue. Resultado: la división de los trabajadores entre fijos y temporales, con todos los privilegios para los fijos, que disminuyen, y ninguno para los temporales, que crecen hasta el punto de que en el último trimestre, el 92 por ciento de los empleos creados fueron de temporales. Por este camino, pronto llegaremos al 100. Pero han tenido que ser las presiones del exterior las que obligaron al gobierno a reformar ese mercado, ya que de por sí, nunca lo hubiera hecho. Y los sindicatos, menos. Mantenidos por el erario público, dirigidos por una elite funcionarial, que incluye unos «liberados del tajo» cuyo único quehacer es preparar pancartas y organizar manifestaciones, son los más interesados en mantener el statu-quo.

¿Va la reforma en curso a cambiar la situación? No, porque deja la vieja estructura. Es verdad que rebaja la indemnización por despido «procedente» de 45 a 20 días. Pero la empresa tendrá que «acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la relación extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado». Con tal tortuosas exigencias, ya me dirán qué empresario aumenta su plantilla. Más, dejándose a los tribunales laborales —otra reliquia del pasado que tiende a dar la razón al trabajador— decidir si se cumplen o no tales requisitos.

Como suele ocurrir cuando se actúa a rastras y sin convicción, el gobierno ha hecho una reforma más cosmética que real. Nada de extraño que no satisfaga a nadie y poco ajustada a la realidad. Lo demuestra que deja a empresas y plantillas negociar los recortes de salarios, horarios, despidos y otras condiciones laborales, cuando se ha visto la incapacidad de patronal y sindicatos de llegar a este tipo de acuerdos en el marco anterior. Se necesita otro nuevo, claro, estricto. Pero pedir claridad y rigor a Zapatero es como pedir a un graffitero que deje de manchar paredes.


ABC - Opinión

Sueño de una noche de verano. Por Jesús Cacho

Dicen quienes le han visto esta semana que Rodríguez Zapatero está de nuevo eufórico. La criatura es como un niño: en cuanto le baja unas décimas la fiebre, canta y baila con la alegría del inconsciente, la espontaneidad del justo sin falta que reprocharse. El político que hace unas semanas estuvo en un tris de acabar de forma abrupta con la Unión Europea a causa de la crisis de deuda española que se hubiera llevado por delante el sistema financiero del continente, cree hoy que la tormenta ha pasado, que lo peor de la crisis está superado, que la prima de riesgo va a seguir bajando y que a finales de año vamos a estar creciendo ya de forma imparable. Casi como la República Popular China. Una fiesta. “Estamos mucho mejor de lo que parece y lo vais a vivir”. El estudiante incapaz de aprobar en junio, tres años repitiendo curso, ha descubierto alborozado los mecanismos por los que se rige la prima de riesgo de un país, y cual aprendiz de brujo se dedica ahora a hacer pronósticos a trote y moche, porque “la prima va a seguir cayendo, lo vais a ver”.

Por suerte, la presión de los mercados sobre España se ha relajado notablemente, en buena parte como consecuencia de los resultados de las pruebas de esfuerzo a que han sido sometidos bancos y cajas, y que han demostrado, con todas las incógnitas intactas en cuanto a la metodología empleada, que la mitad del sistema está fundamentalmente sana, y que la otra mitad está básicamente podrida pero como no cotiza en Bolsa pues no pasa nada o eso parece. Los resultados de esas pruebas, con todo, están permitiendo ya a la banca y al propio Tesoro financiarse más barato. La presión sobre España se ha relajado abriendo una ventana de oportunidad que, bien aprovechada, debería permitir a nuestro país pasar página de las angustias pasadas y poder enfrentarse sin sobresaltos a la tarea inaplazable de ajustar, reformar, liberalizar y, en definitiva, sentar las bases de un crecimiento capaz de crear empleo. Todo depende de que nuestro aprendiz de brujo sepa aprovechar aquella ventana para hacer el homework que tiene planteado y hacerlo sin demoras, sin tapujos y sin esas vueltas atrás a que nos tiene acostumbrados. Porque si el mago se confía, si, como está diciendo estos días a quienes le visitan, cree de verdad que todo ha pasado ya y baja los brazos, volveremos a la andadas y en septiembre el relajo actual bien podría parecernos el sueño de una noche de verano.

Prolongar en el tiempo el paréntesis que se acaba de abrir significa cerrar adecuadamente la reforma laboral. Las sospechas de que Cándido Méndez andaba de nuevo husmeando por los fogones de la ley parecen haberse disipado este jueves. Con todo, las lecturas favorables al texto aprobado por el PSOE, con la abstención de CiU y PNV, que se han prodigado este fin de semana parecen un tanto precipitadas. Es cierto que las empresas podrán despedir con solo justificar “la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo”, pero sigue dejando al albur de la interpretación de los jueces la valoración final de las pruebas que presenten las empresas. Es decir, que, en la mejor tradición franquista, seguiremos teniendo a la Magistratura en el centro del guiso laboral español. Por una vez, y sin que sirva de precedente, no estoy por eso de acuerdo con mi admirado Carlos Sánchez, que, en este mismo diario (“El PSOE se quita los complejos y da barra libre a los despidos”) hacía una interpretación demasiado optimista del texto aprobado.

El Gobierno sigue dando gato por liebre con las reformas

Con la crisis más terrible ocurrida en nuestra historia reciente, plasmada, de momento, en esos más de 4,64 millones de parados, es decir, en las circunstancias más favorables para meter de verdad la navaja en una legislación laboral heredera directa del franquismo, el socialismo español recula, amaga pero no da, con gran aspaviento -realzado por el sedicente enfado de los sindicatos mayoritarios- parece que va a entrar a fondo en el problema, pero se queda a mitad de camino, no hace su trabajo, no cumple con su deber, seguramente porque se lo impide “la ideología” que decía ZP. Gato por liebre. Y si esto ocurre con la reforma laboral, otro tanto podría suceder con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011, el segundo gran test al que después de verano deberá someterse el Gobierno para ganarse la credibilidad de los mercados. De que el Ejecutivo sea capaz de presentar unos PGE creíbles dependerá en buena medida la velocidad de salida de la crisis y la capacidad para empezar a crecer de forma perceptible. Ser creíbles implica meterle un recorte sustancial al gasto corriente. El sector privado ha hecho ya su ajuste, o lo está haciendo, por la vía dolorosa de los despidos. También las familias se han apretado el cinturón, como demuestra el comportamiento de la tasa de ahorro. Quien no ha hecho los deberes es el sector público (40% del PIB). En este contexto, el error de un Gobierno aferrado al dogma de “lo social” podría consistir en meterle mano al gasto productivo, lo que solo serviría para deprimir más la actividad, un riesgo acrecentado por la eventual subida de impuestos. Las señales que envía Moncloa no pueden ser peores: seis meses más para los 428 euros a los parados. Seguimos en la demagogia de las limosnas. ¡Viva lo social!

Además de mercado de trabajo y PGE, el Ejecutivo tendrá que llevar a cabo la anunciada reforma de las pensiones, algo que inevitablemente supondrá una considerable pérdida de derechos adquiridos en tanto en cuanto implicará prolongar la edad de jubilación. Presupuestos, reforma laboral y pensiones, tres pilares capaces de colocar a España a resguardo de tormentas como la que se abatió sobre ella aquella dramática primera semana de mayo en que el default (la noche del domingo 9 al lunes 10 en la que, según declaración propia, ZP no pudo dormir del susto, porque una agobiada Salgado le llamaba cada media hora de Bruselas para presentarle las nuevas exigencias de los ministros de Finanzas, particularmente de la delegación alemana “que dicen que quieren más, José Luis, que eso no es suficiente”) parecía inevitable. Con la prima de riesgo por debajo de los 200 puntos básicos parece claro que no habrá lugar a la intervención, es decir, no será necesario recurrir al mecanismo de rescate de los 750.000 millones acordado aquella tenebrosa noche. Zapatero ha ganado un tiempo precioso, pero el inmediato futuro depende de que no se confíe y crea que ya está todo hecho; que no baje la guardia y se tumbe a la bartola, porque, como intente engañar a los mercados tal que en ocasiones anteriores, en septiembre volverán las presiones sobre la deuda española.

España ha bajado los brazos y ha dejado de luchar

De momento, la presencia de las vacaciones cubre el paisaje con el manto de un conformismo que por todos los medios intenta olvidar los problemas por un tiempo, o al menos aplazarlos hasta septiembre. La pura verdad es que no se oye una sola opinión optimista en el mundo empresarial o financiero para la vuelta de la playa. Es posible que el derrotismo apabullante de meses atrás haya pasado a mejor vida, tal vez porque los éxitos deportivos del país han extendido un barniz de felicidad al por menor y en cómodos plazos, y porque el relajo del verano invita al sesteo, pero aquel fatalismo ha sido apenas sustituido por una resignación rayana en el conformismo. Dice Chaves Nogales en la celebrada reedición de “La agonía de Francia” (Libros del Asteroide) que “Francia no quiso hacer la guerra [a Hitler] porque se consideraba íntimamente perdida. Toda la tragedia de Francia radica en eso. No tenía fe en sí misma, ni en su régimen, ni en sus hombres”. Da la impresión de que España ha bajado los brazos y ha dejado también de luchar: en la economía como en la política. Curiosa paradoja a la Argentina: compiten sus deportistas, y con enorme éxito, mientras la sociedad civil, si es que existe, navega cual barca a la deriva, limitándose a echar pestes de su clase política.

Aun confiando en que no regresen en septiembre las presiones sobre la deuda española si, como se ha dicho antes, el Gobierno hace su trabajo, el panorama desde el punto de vista de la actividad económica sigue siendo lúgubre, con varios trimestres por delante de crecimiento negativo del PIB, más paro y ausencia de crédito para consumidores y empresas, porque la pequeña farsa de las pruebas de esfuerzo está muy bien para tranquilizar incautos, pero mientras banca y cajas no saneen de verdad sus balances (y eso cuesta, según opiniones autorizadas, entre 180.000 y 200.000 millones) no empezará de verdad a fluir el crédito. Y si esto es así en lo económico, no son mejores las perspectivas en lo que a la política concierne. La prohibición de las corridas de toros en Cataluña ha resultado ser bastante más que una decisión administrativa en contra del maltrato animal, para convertirse en una nueva muesca en la herida de esos desencuentros que parecen haberse apoderado de un país entregado de nuevo a la orgía del ¡Viva Cartagena! Los españoles de bien asisten impotentes al espectáculo obsceno de unas elites políticas decididas a blindar cada día un poco más su particular corralito de poder. También aquí parecen haber bajado los brazos, entregados al conformista “que sea lo que Dios quiera”. Quiera la diosa Fortuna que todos volvamos en septiembre imbuidos de nueva esperanza tras las vacaciones.


El Confidencial - Opinión

Ahora toca reformismo. Por M. Martín Ferrand

Es a los socialistas a quienes corresponde enmendar una situación que para ellos es suicida y solo augura daños.

MUY pocos, incluso entre los más fervorosos votantes del PSOE, dejarán de reconocer la escasa fortuna de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo. Sus seis años de Gobierno han sido un cúmulo de desastres y contradicciones y, especialmente lo ya cumplido de sus segunda legislatura, marca límites de gran calamidad; pero, ni por esas, se justifica que Mariano Rajoy, a la hora de valorar los últimos meses del zapaterismo, resuelva el análisis con una torpe revolera dialéctica. Según el líder del PP han estado marcados por «el desempleo y los recortes sociales». Es cierto, pero es lo mismo que no decir nada. Esas han sido notas comunes en Alemania, Reino Unido y Francia, en toda la UE. 2010 está siendo el año del paro y del adelgazamiento del Estado de bienestar.

La crítica a Zapatero no debe confundirse con el balance de la situación. Debe abordarse desde la exigencia de responsabilidades a quien, por razones meramente electorales, no quiso ver venir la crisis que nos ahoga y, de hecho, no ha querido tomar ninguna medida de fondo para enfrentarse a ella. Las fusiones de temperatura variable entre unas cuantas Cajas en apuros es una chapuza si se presenta como reforma financiera y, del mismo modo, no es una reforma laboral un mero abaratamiento de los costes del despido.

Ahora, inasequible al desaliento, bien acompañado por sus expertos en propaganda y rodeado de un pelotón de torpes a los que llama Gobierno, Zapatero trata de resurgir de sus propias cenizas y, con su acostumbrada desvergüenza, afirma hoy lo que ayer negaba. Se dispone a una de sus acostumbradas transformaciones y, del mismo modo que Paco León acaba de encarnar, sin pelos en el pecho, el papel de la Lisístrata de Aristófanes, quiere ser reconocido como un líder reformista, al modo clásico de los laboristas ingleses. De no ser por el daño que genera, por la pobreza que origina y la incertidumbre que provoca habría que declararle especie protegida. Nunca nadie se comportó en la vida pública con tan poco rigor y tan escasa capacidad autocrítica.

Ante la incapacidad de la oposición para obrar en consecuencia, especialmente frente a la negativa del PP para presentar la moción de censura que exigen las circunstancias y garantizar, de ese modo, la continuidad de Zapatero hasta el fin de la legislatura, hay que apelar a la responsabilidad del PSOE y de sus más notables militantes. Es a los socialistas a quienes corresponde, quizás mediante un Congreso extraordinario, enmendar una situación que para ellos es suicida y solo augura daños y penas para toda la Nación. O para lo que quede de ella.


ABC - Opinión

«Si yo fuera el Rey...». Por Alfonso Ussía

La concesión de títulos nobiliarios es exclusiva voluntad del Rey. Los títulos ya no tienen la importancia de antaño, aunque hay personas que no pueden vivir sin ellos. Un título es un honor y un depósito cultural. También una obligación de ejemplaridad. De aplicarse esa obligación de ejemplaridad nos quedaríamos sin unos cuantos. Pero no importa. Un título se lleva con naturalidad o se cae en el esnobismo, la cursilería y el ridículo. Y es gracia que no puede pedirse ni buscarse. Algunos la encuentran por vía matrimonial, y les compensa el hastío de toda una vida amarrado al título. Es de cortesía no criticar la concesión de un título nobiliario, por ser consecuencia del impulso Real. Si el Rey lo decide, el Rey lo dispone y a nadie tiene que dar explicaciones. Y no está bien visto hacerle recomendaciones al Rey al respecto. Es decir, que mis palabras de hoy no van a ser bien recibidas. Pero a estas alturas del cuento no me importa ni me afecta. Serán recomendaciones desoídas y apuntes tirados a la papelera. En el fondo es un juego que podría llamarse «Si yo fuera Rey».

Si yo fuera el Rey, Antonio Mingote, uno de los más grandes españoles de los siglos XX y XXI tendría título nobiliario desde décadas atrás. Nadie ha trabajado en España tanto tiempo y con tanta brillantez. Su genialidad plástica, su cultura, su patriotismo, su visión positiva y valiente de nuestros aconteceres suman y suman hasta alcanzar la excelencia del talento. Si yo fuera el Rey, Santiago Grisolía, el ilustre científico e investigador valenciano tendría un título nobiliario. Es la síntesis de la sabiduría enclaustrada en la sencillez humana. Si yo fuera el Rey, Plácido Domingo tendría un título nobiliario. Nadie ha llevado la grandeza artística de España por todos los rincones del mundo como el tenor –hoy también barítono–, madrileño y vasco. Otro español excepcional, embajador del prodigio de España. Si yo fuera el Rey, Rafael Nadal tendría un título. Creo que es el mejor deportista español de todos los tiempos. Si antaño, se concedían títulos nobiliarios a los jugadores de polo, ¿porqué no ahora a los de tenis, o a los atletas, o a los deportistas que nos representan y nos enorgullecen como españoles? Si yo fuera el Rey, Eduardo Sánchez Junco, recientemente fallecido, tendría un título, por desgracia, con carácter póstumo. No ha habido nadie en el mundo de la información, que durante décadas y sin descanso, haya mantenido su lealtad a la Corona, sin resignación ni tibieza, como el formidable Eduardo. La imagen de la Corona en el mundo, que es cimera, se debe a los Reyes. Pero también a personas que no han hecho otra cosa que enaltecerla y cuidarla como la familia Sánchez Junco. Si yo fuera Rey, Amancio Ortega tendría un título. De la humildad más honrada al empresario que más puestos de trabajo ha creado en las últimas décadas. Solamente un detalle que puede entorpecer el acceso al ámbito nobiliario de estos grandes nobles de España. Que no soy el Rey.

Se dice, por muchos, que los títulos nobiliarios están obsoletos. Pero los que lo dicen, y los más obsesionados en afirmarlo, serían capaces de cualquier cosa –algunos lo han sido–, por conseguirlos. Un asunto que sólo afecta a dos mil personas se ha convertido en un debate que ha alcanzado hasta el Tribunal Constitucional. Roto el derecho de la costumbre en beneficio de nuevos fundamentos, también se rompe el de la discreción y la prudencia.

Y hay más españoles grandes que lo merecen. En la Ciencia, en la Medicina, en la Cultura, en la Empresa y en la Sociedad. Hay que renovar esto. Aunque sólo sea jugando a «Si yo fuera el Rey».


La Razón - Opinión

ZP y Blanco. El tiempo tiene valor. Por José T. Raga

Y la reforma de la negociación colectiva, ¿para cuándo? ¿Para cuándo el fin de los privilegios, que se traducen en costes empresariales, de la estructura sindical en las empresas?

Hay razones varias para la afirmación que hoy hago en el título de estas líneas. Quizá la de mayor peso es que el valor del tiempo, como el valor de la mayoría de los bienes, viene determinado por la relación entre la necesidad del bien y la escasez de ese mismo bien. En este sentido, el tiempo es el ejemplo más elocuente de un recurso escaso; por mucho que hagamos no conseguiremos que el día no se vea constreñido a veinticuatro horas, que la hora no lo haga a sesenta minutos y el minuto a sesenta segundos.

Pero, por si no es suficiente con lo que acabo de decir, el tiempo es un recurso que se sitúa entre aquellos que llamamos no renovables. Ya sé que de éste no hablan los ecologistas, pero tampoco los ecologistas son referencia para nada; al menos no son referencia para mí. La realidad, a todas luces evidente, es que la hora o el minuto que se pierde o que se desperdicia, nunca más volverá, por lo que no tendremos ocasión de reparar el despilfarro anterior.


Y todo esto a qué viene. Tengo una sensación que me veo obligado a compartir con ustedes. La sensación que me inquieta es que la nación, y en este caso voy a limitar la referencia a la clase política, lleva varios años ya –algo más de seis– perdiendo el tiempo de forma miserable y, lo que es peor, creando con ese comportamiento el desasosiego en la clase productiva, lo cual tiene mucha más importancia, pues, al fin y a la postre, hay momentos en que uno piensa que sería mejor que los políticos hicieran aún menos de lo que hacen.

Si uno hecha la mirada atrás tratando de hacer un balance rápido del último lustro, eso que tanto gusta hacer al presidente del Gobierno y al líder del primer partido de la oposición, apreciará fácilmente que nos hemos pasado estos seis años haciendo para deshacer. Un torrente de normas que creaban derechos donde no los había, que después tienen que derogarse porque se carece de recursos para hacer efectivos los derechos concedidos. En la mente de todos está la más reciente, la marcha atrás del subsidio de desempleo no contributivo a los autónomos que cesaran en su actividad. Pero también se prometió la emancipación –a cualquier cosa le llaman emancipación–, y vergonzoso fue la política –en este caso el término política equivale a engaño– acerca de la dependencia. En fin, ¡qué les voy a decir que ustedes no sepan!

Pérdida de tiempo y despilfarro de esfuerzos de toda la Nación se produce cuando se promulgan leyes –cualquiera que sea su rango– que sin disposición para el compromiso, nacen como elementos híbridos, sin perfiles definidos, por tanto estériles en su efectividad que, anunciadas a bombo y platillo, generan frustración, a la vez que desconcierto en los agentes económicos y sociales, lastrando su iniciativa, tan esencial para el correcto funcionamiento de la actividad en el seno de la polis. Las más de las veces, se trata de oportunidades que se pierden y que dejan marca para que no vuelva a intentarse de nuevo, bajo la excusa de que ya se hizo. Tengo en mente, en este caso, la cacareada reforma laboral: todo un fiasco.

Por activa y por pasiva, voces académicas y voces empresariales (también los parados, a los que se trata de acallar para que no dejen oír su voz) en nuestro país y fuera de él se han pronunciado, en un acuerdo generalizado de que, mientras el mercado de trabajo en España tenga tantas restricciones, seremos el país con mayor tasa de desempleo en la Unión Europea. Mayor tasa significa en términos cuantitativos el doble de la tasa media.

Aparentemente se ponen manos a la obra para reformar y eliminar esas rigideces que hacen el mercado impermeable a las situaciones económicas, lo que es apostar por el suicidio. Y llegado el momento, con él llegó también la desesperación. Aquello que se llamaba reforma, no era nada. Como el presidente del Gobierno no estaba dispuesto a que le acusaran de liberal –una acusación que siempre sería gratuita pues qué más quisiera él que poder serlo– la solución se traduce en la indefinición de la norma, dejando a los jueces la más amplia posibilidad para su interpretación. Y, pregunto yo, ¿para esto había que perder tanto tiempo?

Las escaramuzas sindicales, que para eso sí que sirven, hablan una y otra vez del despido barato como el estigma de la reforma; aquel que se producirá por causas objetivas. Un despido que ya estaba en la normativa vigente pero que, interpretado por los magistrados de lo Social, nunca o casi nunca tiene lugar. Como nunca tiene lugar el despido procedente, por mucho que haya ocurrido entre el puesto de trabajo y el trabajador que lo ocupa. Y la reforma de la negociación colectiva, ¿para cuándo? ¿Para cuándo el fin de los privilegios, que se traducen en costes empresariales, de la estructura sindical en las empresas?

¿Qué medicina aplicar al absentismo? Por cierto, las enfermedades de los controladores, quizá el presidente no lo sepa, son una epidemia a lo largo y ancho de la economía productiva de nuestra Nación. En esta materia, a mí también me gustaría sacar pecho como lo hizo el ministro Blanco en el conflicto con los controladores. Me gustaría que se inspeccionaran las bajas, tan numerosas en casi todos los sectores productivos. Aunque, por cierto señor ministro ¿qué va a hacer usted ahora, cuando dos de cada tres bajas de controladores no han superado la inspección médica? El engaño y el boicot productivo, ¿tendrá un castigo acorde con el daño producido? Y los médicos que firmaron las bajas, ¿serán castigados por falsedad en el diagnóstico?

Tiene usted la responsabilidad Sr. Blanco de dar a conocer cómo acaba la película. Si no pasa nada, o si no se sabe que pasa algo, ha hecho usted el ridículo personal más espantoso, además de haber prestado un pernicioso servicio a la sociedad: es gratis perjudicar y laudable engañar. Todos estamos pendientes de su decisión, porque así lo exige la ejemplaridad requerida. Es muy fácil sacar pecho en un momento y arrugarse a continuación, pero el pueblo sensato y honesto, no creo que se lo perdone. El tiempo pasa y no vuelve; aprovéchelo señor ministro.


ABC - Opinión

Sobre los toros y la libertad. Por Ignacio Camacho

El bien a proteger es la libertad frente a la imposición; la fiesta de toros tiene que defenderse sola.

DEFENDER los toros en Cataluña es un acto de resistencia contra la imposición cultural y política. Intentar declararlos bien protegido desde el Congreso de los Diputados es un ejercicio que se puede interpretar como acto de imposición cultural y política. Llevado de un loable afán de defensa de la libertad, el PP está a punto de cometer un error táctico que consiste en ponerse exactamente en el sitio en que lo quieren situar sus adversarios. La lidia es un espectáculo discutido por muchos millones de españoles cuya sensatez les impide pensar en prohibirlos, y por tanto no está en peligro fuera de ese ámbito de demencia caprichosa en que se ha instalado la política catalana. Envueltos en la pasión que siempre promueve esa polémica tan española como la propia fiesta, los dirigentes del centro derecha español han confundido un problema de libertad con uno de cultura y se van a equivocar de prioridades. La cuestión esencial de este conflicto no es la vieja y visceral controversia sobre la tauromaquia, sino en primer lugar la prohibición misma, caprichosa, sesgada y hostil, y en segundo la intromisión intervencionista del poder público en el ámbito privado.

Ése es el terreno en que ha de moverse un partido de corte liberal, sin caer en la provocación de un intervencionismo inverso. Hay muchos ciudadanos para los que la fiesta de toros resulta como mínimo un hecho indiferente, y que no van a entender una intentona proteccionista que contradice el espíritu del liberalismo. En una sociedad abierta es el sector taurino el que tiene que protegerse solo. La prohibición catalana, que tiene una intención propagandística y sectaria de independentismo simbólico, ha sido posible en gran medida porque la declinante afición carecía ya de masa crítica; los festejos han ido languideciendo hasta madurar un clima en el que el nacionalismo podía darles la puntilla sin excesivo coste político. El veto se ha convertido así en un ejercicio de dominancia dogmática, en un inaceptable gesto de autoritarismo contra una minoría. Pero en la mayor parte del territorio español las corridas no corren otro riesgo que el de la desafección de sus propios aficionados, y los liberales no deben interferirse en la revitalización artificial de un espectáculo sin chocar contra su propio credo. No se puede pedir que se deje de subvencionar el cine, por ejemplo, y al tiempo se proteja la lidia.

Si continúa con su iniciativa, el PP va a perder la simpatía de muchos españoles que comparten su oposición a una medida autoritaria del soberanismo catalán, y se meterá sin necesidad en el jardín de espinas del debate taurino, que lleva siglos dividiendo nuestra conciencia cultural. Lo que molesta y choca a la sensibilidad general es la prohibición innecesaria, el doctrinarismo forzoso. El bien a proteger es la libertad; la fiesta de toros tiene que defenderse a sí misma.


ABC - Opinión

Una huelga irresponsable

En plena época estival, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) anunció ayer que convocará el próximo martes a su asamblea para «debatir y votar» una convocatoria de huelga que pondría en jaque a los aeropuertos españoles. Los controladores se sienten maltratados por el Ministerio de Fomento; es más, califican de «provocación» por parte del Gobierno el Real Decreto que fue aprobado el viernes y en el que se establecen las jornadas y descanso de los miembros de este colectivo.

El desencuentro entre los controladores aéreos y el Ejecutivo viene de lejos, concretamente desde el decreto del mes de febrero, en el que se incluía un significativo recorte de sus ingresos, además de aumentar su jornada ordinaria de trabajo. Desde entonces, la tensión ha ido aumentando. Sólo cabe recordar los últimos episodios en los que el repentino incremento de bajas médicas del colectivo provocó múltiples incidencias principalmente en el aeropuerto de El Prat en Barcelona. Entonces se les acusó de estar ejerciendo una huelga encubierta, algo que tomó cuerpo cuando se supo que al 66,34 por ciento de los controladores que se ausentaban del trabajo por estar de baja médica se les dio de alta tras pasar una revisión. Esta concatenación de hechos puede cristalizar finalmente en una huelga.


No se trata de estigmatizar a este colectivo de trabajadores, que tiene derecho a defender las reivindicaciones que estime oportunas. Sin embargo, sería deseable que actuasen con más prudencia, sensatez y responsabilidad. No es casual que amenacen con una huelga en pleno período de vacaciones, cuando el tráfico aéreo es más intenso, lo que les hace tener una posición de fuerza frente al Ejecutivo. Sin embargo, éste no se va a quedar quieto. Según ha podido saber LA RAZÓN, el Ministerio de Fomento y el de Defensa están ultimando un convenio, que verá la luz en los próximos días, para regular el despliegue de controladores aéreos militares en las distintas torres de control de los aeropuertos civiles españoles. Si se aplicase este convenio, el sindicato de controladores aéreos se quedaría en una posición de debilidad que no sería conveniente para este colectivo. Por eso sus responsables deberían actuar con más templanza y altura de miras, por el bien propio y el ajeno. En el caso de que se concretase esta huelga, sus resultados serían perniciosos para todos. En primer lugar, para los miles de pasajeros que pueden sufrir retrasos o quedarse en tierra en vacaciones. Pero también sería perjudicial para nuestro país en esta época de crisis, ya que afectaría a uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía, como es el sector turístico. No parece que sea lo mejor frenar el crecimiento económico en estos momentos.

Lo más sensato para todos es que la Unión Sindical de Controladores Aéreos y AENA retomen el diálogo e impulsen desde la racionalidad las negociaciones del convenio colectivo en vez de estar echándose pulsos ante la mirada atónita, cuando no indignada, de miles de ciudadanos, que una vez más se sienten rehenes de una estrategia sindical de la que son las primeras víctimas.


La Razón - Editorial

Contra el recorte

LOS recursos judiciales de los funcionarios contra el recorte de sus nóminas amenazan con colapsar la Sala contencioso administrativa de la Audiencia Nacional, ante la que ya se están presentando numerosas impugnaciones por este motivo.

Se trata de una respuesta legítima de quienes se sienten perjudicados por una medida lesiva de sus derechos económicos y, además, demuestra al Gobierno que sus decisiones siempre tienen un coste, social, político o jurídico. Los recursos se están interponiendo por funcionarios a título personal y por asociaciones y sindicatos. En definitiva, está formándose una litigiosidad, con un telón de fondo político, que deberán resolver los jueces. Y no será la primera vez que lo hagan. El primer Gobierno del PP congeló en 1997 los salarios públicos, como parte de una estrategia general de medidas económicas —a diferencia de lo que ha sucedido ahora— cuyo objetivo era salir de la crisis económica que el PSOE había legado a los populares y cumplir contra reloj las condiciones de Bruselas para entrar en la Europa del euro. Ambos objetivos se cumplieron. La primera sentencia, de la Audiencia Nacional, dio la razón a los funcionarios y ordenó al Gobierno que llevara a los presupuestos la subida salarial pactado años atrás. Pero el Tribunal Supremo, años después, anuló la sentencia de la Audiencia y confirmó la legalidad de la congelación, con varios argumentos a favor del Gobierno y del Parlamento como las instituciones con potestad para decidir soberanamente sobre las retribuciones de los funcionarios.

Con este precedente, cabría aventurar que las impugnaciones contra el recorte salarial no tendrán éxito, aunque el problema que no corresponde a los jueces resolver es el político que acompaña a una medida para la que no se estudiaron alternativas menos perjudiciales. Pensionistas y funcionarios —además de dependientes— han pagado a las primeras de cambio las consecuencias de una mala gestión económica.

ABC - Editorial

Aído desafina, otra vez

Las mujeres no necesitan la tutela de una profesional de la política que jamás ha tenido que luchar por alcanzar un puesto destacado en su profesión, como sí hacen millones de españolas a diario con el éxito que merece su esfuerzo y su talento.

La ministra de Igualdad cumple con singular empeño la función para la que fue nombrada por su jefe, un rojo feminista dispuesto a poner la fuerza coercitiva del Estado a disposición de un órgano encargado de otorgar carta de naturaleza a la discriminación, la desigualdad y la injusticia que encarna la ideología llamada "de género".

La última ocurrencia de Bibiana Aído, feminizando la razón social de uno de los principales bancos de inversiones del mundo, ni siquiera tiene el mérito de su autoría personal por tratarse de un juego de palabras inventado hace ya mucho por alguna destacada "miembra" del cotarro feminista. Pero hasta el plagio está justificado si lo realiza la lideresa del feminismo de cuota, en tal condición inmune a la crítica política bajo la acusación de machismo a quien se atreva a discrepar de sus chocarrerías.

La ministra ni siquiera ha reparado en que su afirmación es un argumento de la máxima contundencia contra la igualdad que trata de imponer su departamento, porque de ser cierto que la manera de gestionar una gran empresa depende del sexo de sus principales ejecutivos, ello reflejaría la existencia de diferencias sustanciales entre hombres y mujeres, al contrario de lo que sostiene el discurso de "género" tan del gusto de la ex directora de la oficina andaluza de flamenco.


Pero entrando en el fondo de la cuestión, no hay nada más denigrante para la mujer que la existencia de un organismo coercitivo con la misión de otorgarle beneficios a costa de perjudicar al resto de la sociedad. Los seres humanos, sean del sexo que sean, tienen unas capacidades determinadas, un talento y unos objetivos vitales a cuya consecución consagran su existencia con mayor o menor fortuna. Ninguna disposición legal puede cambiar esa realidad, por lo que cualquier coacción institucional para determinar a priori la forma en que cada uno debe conducirse en su vida privada desincentiva a los más brillantes, hombres o mujeres, provocando una gran descoordinación social y la consiguiente frustración laboral.

Las mujeres no necesitan la tutela vergonzante de una profesional de la política que jamás ha tenido que luchar por alcanzar un puesto destacado en su profesión, como sí hacen millones de españolas a diario con el éxito que merece su esfuerzo y su talento. Bibiana Aído las insulta a diario, pero es que la mera existencia de su ministerio es un agravio que provoca el natural rechazo en el sector social al que supuestamente están dirigidos sus esfuerzos, más allá de los grupos de presión que han hecho del feminismo una forma de vida a costa del esfuerzo de los demás, incluidas por supuesto las mujeres.

El socialismo no lucha por la "igualdad" entre hombres y mujeres. Al contrario. Precisamente porque no cree en esa igualdad dispone sus acorazados para solucionar un problema que previamente ha creado.

Da igual que se trate de política, ciencia, economía, industria, ecologismo o desarrollo autonómico porque el resultado de las medidas socialistas siempre es idéntico: aumentar precisamente la injusticia que pretenden corregir. En esta tesitura Aído puede decir, orgullosa, que, en efecto, nadie más socialista que ella. Salvo Zapatero, naturalmente.


Libertad Digital - Opinión

Fomento no controla

Una huelga de estas características puede producir graves pérdidas a la economía en general. Está en juego el interés público, y ello exige una actuación urgente y rigurosa de la administración.

LA Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) anuncia una posible huelga que deberá ser ratificada por su asamblea nacional como respuesta al real decreto sobre jornadas y descanso, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. El sindicato habla de «provocación» y «farsa», acusando al ministro de Fomento de «piruetas demagógicas» e incluso de «esclavizar» al colectivo. En el contexto de esta guerra sin cuartel, los controladores llegan a culpar al Ministerio de «jugar con la seguridad», introduciendo así en el debate un factor que va más allá de la legítima defensa de sus intereses profesionales. En plenas vacaciones veraniegas, una huelga de estas características puede producir el caos en el transporte aéreo y generar graves pérdidas al turismo y a la economía en general. Está en juego, por tanto, el interés público, y ello exige una actuación urgente, rigurosa y eficaz de la Administración. El ministro José Blanco recibió el apoyo de la opinión pública y del Congreso de los Diputados por su actitud enérgica en un primer momento, pero lo cierto es que el tiempo pasa y ha llegado la hora de que las palabras dejen su lugar a los hechos. En particular, la apelación a los controladores militares no es tan sencilla como se dijo en un primer momento, puesto que el imprescindible periodo de adaptación impediría acudir a esa fórmula ante las circunstancias inmediatas.

Aunque la USCA niega expresamente que haya existido una huelga encubierta, la opinión pública tiene fundadas sospechas al respecto, acrecentadas por la anulación de una parte sustancial de las bajas por enfermedad. Nadie pone en duda la cualificación profesional de los controladores, pero este colectivo debe ser consciente de que no puede convertir a millones de personas en rehenes de sus intereses. Por su parte, Fomento tiene que combinar la energía con la flexibilidad porque no se trata de una operación de propaganda para la imagen del ministro, sino de un asunto muy serio por razones económicas y de seguridad. Mientras llega la imprescindible ley orgánica reguladora del derecho de huelga, resulta obligado garantizar los servicios esenciales para la comunidad. Por eso los ciudadanos exigen responsabilidad a las dos partes: los controladores no tienen que caer en la tentación de abusar de su posición y Fomento no debe utilizar el conflicto como plataforma política para José Blanco.

ABC - Opinión