Una huelga de estas características puede producir graves pérdidas a la economía en general. Está en juego el interés público, y ello exige una actuación urgente y rigurosa de la administración.
LA Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) anuncia una posible huelga que deberá ser ratificada por su asamblea nacional como respuesta al real decreto sobre jornadas y descanso, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. El sindicato habla de «provocación» y «farsa», acusando al ministro de Fomento de «piruetas demagógicas» e incluso de «esclavizar» al colectivo. En el contexto de esta guerra sin cuartel, los controladores llegan a culpar al Ministerio de «jugar con la seguridad», introduciendo así en el debate un factor que va más allá de la legítima defensa de sus intereses profesionales. En plenas vacaciones veraniegas, una huelga de estas características puede producir el caos en el transporte aéreo y generar graves pérdidas al turismo y a la economía en general. Está en juego, por tanto, el interés público, y ello exige una actuación urgente, rigurosa y eficaz de la Administración. El ministro José Blanco recibió el apoyo de la opinión pública y del Congreso de los Diputados por su actitud enérgica en un primer momento, pero lo cierto es que el tiempo pasa y ha llegado la hora de que las palabras dejen su lugar a los hechos. En particular, la apelación a los controladores militares no es tan sencilla como se dijo en un primer momento, puesto que el imprescindible periodo de adaptación impediría acudir a esa fórmula ante las circunstancias inmediatas.
Aunque la USCA niega expresamente que haya existido una huelga encubierta, la opinión pública tiene fundadas sospechas al respecto, acrecentadas por la anulación de una parte sustancial de las bajas por enfermedad. Nadie pone en duda la cualificación profesional de los controladores, pero este colectivo debe ser consciente de que no puede convertir a millones de personas en rehenes de sus intereses. Por su parte, Fomento tiene que combinar la energía con la flexibilidad porque no se trata de una operación de propaganda para la imagen del ministro, sino de un asunto muy serio por razones económicas y de seguridad. Mientras llega la imprescindible ley orgánica reguladora del derecho de huelga, resulta obligado garantizar los servicios esenciales para la comunidad. Por eso los ciudadanos exigen responsabilidad a las dos partes: los controladores no tienen que caer en la tentación de abusar de su posición y Fomento no debe utilizar el conflicto como plataforma política para José Blanco.
ABC - Opinión
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