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Casi al mismo tiempo que llegaba a Madrid un alto representante del Tesoro norteamericano, enviado por Obama para evaluar la política económica del Gobierno español, Zapatero sorprendía en el Congreso a propios y extraños con el anuncio de una serie de medidas para reducir el déficit e incentivar la actividad empresarial, que serán aprobadas en el Consejo de Ministros de mañana. Tan repentina ha sido la decisión del presidente que incluso ha tenido que alterar su agenda oficial y suspender la visita a Argentina y Bolivia con motivo de la Cumbre Iberoamericana, cita obligada de todo presidente español. Es obvio que la caída en picado de la confianza internacional en nuestra economía registrada el martes, tras desautorizar Bruselas las previsiones del Gobierno, ha forzado a Zapatero a adelantar medidas adicionales, parte de las cuales forman parte de la Ley de Economía Sostenible, que languidece en un interminable trámite parlamentario. Es decir, se vuelve a repetir la misma secuencia que en mayo obligó al presidente socialista a anunciar un drástico recorte del déficit, después de que Obama, Merkel y Sarkozy le presionaran en esa dirección. Habría sido mucho mejor que Zapatero se hubiera adelantado a los mercados, en vez de ir a su rebufo, con una batería de reformas sólida, coherente y contundente. Pero al actuar como lo ha hecho, la imagen que ofrece es la de un gobernante que improvisa, que reacciona a trompicones y que sólo acierta a dar respuestas fragmentarias. No es, desde luego, lo más adecuado para aplacar a los mercados y acallar a sus críticos. Sin embargo, las medidas adelantadas ayer son en su conjunto positivas y van en la dirección correcta, por más que algunas de ellas puedan resultar impopulares. Así, resulta razonable la privatización de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, del 49% de AENA y del 30% de las Loterías del Estado, operaciones que allegarán unos 14.000 millones a las arcas públicas. También resulta comprensible la supresión del subsidio de 426 euros para los desempleados sin prestación, medida adoptada hace año y medio por motivos electorales, pero de dudosa eficacia y nulo control, que se había convertido en una rémora para reducir el déficit. En cuanto a la batería destinada a aliviar a las empresas, sobre todo a las pymes, no es oro todo lo que reluce. Es positivo la generalización de amortización en el impuesto de sociedades hasta 2015, la eliminación del canon a las cámaras de Comercio y la simplificación de la burocracia para crear una empresa. Pero no está claro que la rebaja fiscal a las empresas que facturan menos de 10 millones sea significativa, ni siquiera apreciable; el enunciado suena bien, no obstante su eficacia parece muy limitada. Por lo demás, las reformas en el ámbito laboral (agencias privadas de colocación, orientadores de empleo e integración de los nuevos funcionarios en la Seguridad Social) son pequeños pasos para redondear un paquete que aun siendo plausible es insuficiente. España tiene bastantes resortes para salir con fuerza de la crisis, pero si el Gobierno se limita a bailar al son de los mercados y a remendar el traje, en vez de confeccionar un plan de choque sin resquicios ni trucos, la agonía será interminable.
La Razón - Editorial
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