El Gobierno no tendría autoridad moral ni política para apuntarse la indiferencia social hacia la huelga —y, por tanto, el fracaso sindical— como un aval de los ciudadanos.
SI, a juicio del secretario general de Comisiones Obreras, la huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre es «una gran putada», lo que deberían hacer los sindicatos es cancelarla y ahorrarle al país una jornada de semejante naturaleza. La huelga general no es una obligación, sino una decisión libre de los sindicatos, basada en sus propios criterios y bajo su exclusiva responsabilidad. Por tanto, la huelga del día 29-S será lo que ha dicho Fernández Toxo únicamente porque su sindicato y la UGT quieren que sea así. Esta especie de fatalismo con el que ambas centrales presentan la huelga es especialmente inverosímil por venir de dos organizaciones que han pasado de un extremo a otro: del seguidismo absoluto al Gobierno a la fractura de una huelga general, la cual daña más al conjunto de la sociedad española que al Ejecutivo, suficientemente amortizado por su propia gestión. No obstante, por ese descrédito ganado a pulso por los sindicatos, es probable que la huelga general acabe teniendo menos repercusión que la que desean sus organizadores, algo tan previsible que pondrá a los transportes públicos en el punto de mira de los piquetes para crear un efecto multiplicador en los puestos de trabajo. Ahora bien, el Gobierno no tendría autoridad moral ni política para apuntarse la indiferencia social hacia la huelga —y, por tanto, el fracaso sindical— como un aval de los ciudadanos. Sería, simplemente, la certificación de que los sindicatos no han sabido actuar como se esperaba de ellos. CC.OO, y UGT están emplazados a revisar su papel en el juego democrático de una sociedad moderna, buscando un punto de equilibrio entre las opciones desproporcionadas que han estado eligiendo hasta ahora, es decir, de comparsas del Gobierno a artífices de «una gran putada».
Sobre todo, es necesario que los sindicatos se ubiquen ante el futuro de la crisis, porque seguirán siendo necesarias medidas restrictivas del gasto público y revisiones de algunos presupuestos de las políticas «sociales», como la reforma de las pensiones y la jubilación, que acaba de provocar una jornada de movilizaciones en Francia. No es sostenible el modelo actual de subvenciones y subsidios para todo, de cuya versión actual —una de las causas directas e inmediatas del déficit público que aqueja a España— es responsable Rodríguez Zapatero. Los sindicatos habrán de buscar instrumentos de interlocución más sofisticados que la huelga general y tendrán que renovar su discurso ante la crisis, un discurso fuera de tiempo si sigue anclado en la defensa numantina de un gasto social abocado a la quiebra.
ABC - Editorial
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