El Gobierno socialista, el paladín de la socialdemocracia, carece de un modelo riguroso de relaciones laborales.
LO van empeorando poco a poco, como en la más siniestra de las leyes de Murphy. El decreto para fomentar el empleo se ha convertido en una ley para facilitar el despido, y en cada paso que da el Gobierno avanza un poco más en la desprotección de los trabajadores. Como las causas de rescisión procedente habían quedado un poco ambiguas con aquello de los «resultados negativos» de las empresas, lo han precisado para mal: ahora bastará, si nadie lo remedia, con la simple previsión de pérdidas, que hoy en día afecta a casi todo el tejido industrial. En este marco es posible que alguna vez la reforma laboral sirva para crear puestos de trabajo, pero a corto plazo lo seguro es que va contribuir a destruirlos.
Da la impresión de que el Gobierno no cree en lo que está haciendo. Que en el fondo confía en que los jueces dejen en papel mojado un marco legal redactado por imposición del Directorio europeo, y que lo único que le importa de esta ley es el enunciado mismo. La carcasa, como siempre: el envoltorio. Se trata de decir que se ha hecho una reforma laboral, «como sea», con o sin apoyos políticos, y entre hacerla bien y hacerla mal han optado por hacerla de cualquier modo. Primero supeditándola al acuerdo entre empresarios y sindicatos, obviando a los partidos como si estuviésemos en una democracia orgánica, y luego pasándose por el forro la posibilidad de acuerdos parlamentarios. Nadie quiere suscribir ese bodrio, claro, ni siquiera una patronal que sale visiblemente beneficiada pero teme levantar la liebre con su aplauso.
Da la impresión de que el Gobierno no cree en lo que está haciendo. Que en el fondo confía en que los jueces dejen en papel mojado un marco legal redactado por imposición del Directorio europeo, y que lo único que le importa de esta ley es el enunciado mismo. La carcasa, como siempre: el envoltorio. Se trata de decir que se ha hecho una reforma laboral, «como sea», con o sin apoyos políticos, y entre hacerla bien y hacerla mal han optado por hacerla de cualquier modo. Primero supeditándola al acuerdo entre empresarios y sindicatos, obviando a los partidos como si estuviésemos en una democracia orgánica, y luego pasándose por el forro la posibilidad de acuerdos parlamentarios. Nadie quiere suscribir ese bodrio, claro, ni siquiera una patronal que sale visiblemente beneficiada pero teme levantar la liebre con su aplauso.
La nueva ley no resuelve ninguno de los problemas serios del mercado laboral, y lo único que viene a hacer es ablandar —y de qué modo—el despido objetivo. Las condiciones para la contratación ya existían y la estabilidad en el empleo necesita otras soluciones que las de la mera imposición. El contrato de trabajo va a seguir siendo un enredo, una maraña casuística, un lío de modalidades, y encima los vigentes quedan sometidos al albur de las previsiones negativas de las empresas, lo que en las presentes circunstancias de zozobra puede dar lugar a una verdadera escabechina de desahucios, a una cadena de «eres» desregulados que acabarán colapsando los juzgados sociales. Lo más paradójico y triste de este asunto tan serio es que el Gobierno socialista, el paladín de la socialdemocracia, carece de un modelo riguroso de relaciones laborales y lo sustituye por una serie de chapuzas improvisadas. Fracasado el pacto de hierro con los sindicatos no sabe por dónde caminar y ha optado por seguir adelante sin rumbo claro. Sólo le interesa el marco teórico, la categoría nominal, poder decir ante el tribunal de examen europeo que España ya tiene una reforma del empleo para seguir colocando deuda. Y a tirar para adelante de cualquier manera. Con cuatro millones y medio de parados… y los que vengan.
ABC - Opinión
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