Sustituir la reunión oficial en La Moncloa por un encuentro fugaz en un hotel con Moratinos ha sido una salida de emergencia.
HE aquí que el Gobierno ha descubierto quién es Paul Kagame gracias a la vigilancia de las distintas organizaciones que se interesan por la situación de los derechos humanos y el respeto a la vida en África. La política exterior de un Gobierno dedicado a gesticular para ser admitido en el G-20 parece no haber tenido ni información ni criterio para determinar si cierto dirigente extranjero es o no presentable para aparecer en una foto con el presidente Rodríguez Zapatero, hasta que el rumor sobre el dossier judicial del dirigente ruandés se ha convertido en un estruendo imposible de ignorar. La decisión a última hora de sustituir la reunión oficial en La Moncloa por un encuentro fugaz en un hotel con el ministro Moratinos ha sido una salida de emergencia que no ha servido más que para subrayar la ausencia total de planificación en un campo de la política exterior —la ayuda al desarrollo— del que el Gobierno presume especialmente.
En cuanto a la ONU, el episodio demuestra por enésima vez que seguirá caminando hacia la irrelevancia y el desprestigio mientras no recupere los valores esenciales cuya defensa tiene encomendada. Atribuir la responsabilidad de verificar la marcha de los objetivos de desarrollo del milenio a un dirigente acusado de genocidio, o conceder al excéntrico dictador libio Gadaffi o a la dictadura cubana la capacidad de juzgar el respeto a los derechos humanos en otros países son decisiones que obligan a poner en duda la validez de un modelo basado en la simple imposición numérica de países, sin distinguir ni las dictaduras ni los tiranos, bendecido por un secretario general que con el pretexto de la neutralidad favorece a los enemigos de la libertad.
En cuanto a la ONU, el episodio demuestra por enésima vez que seguirá caminando hacia la irrelevancia y el desprestigio mientras no recupere los valores esenciales cuya defensa tiene encomendada. Atribuir la responsabilidad de verificar la marcha de los objetivos de desarrollo del milenio a un dirigente acusado de genocidio, o conceder al excéntrico dictador libio Gadaffi o a la dictadura cubana la capacidad de juzgar el respeto a los derechos humanos en otros países son decisiones que obligan a poner en duda la validez de un modelo basado en la simple imposición numérica de países, sin distinguir ni las dictaduras ni los tiranos, bendecido por un secretario general que con el pretexto de la neutralidad favorece a los enemigos de la libertad.
ABC - Editorial
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