La debilidad del crecimiento y la ausencia de un pacto político explican la nueva rebaja de la deuda
Casi al mismo tiempo que el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz pedía liquidar la autoridad de las agencias de calificación, por haber sido incapaces de prever los fraudes en los mercados y por su descarado comportamiento procíclico, que agrava las crisis e intensifica la euforia financiera, la agencia Fitch rebajaba la calificación de la deuda española desde AAA hasta AA+ con perspectivas de estabilidad. Es la segunda rebaja en la calificación producida este año, después de la de Standard's & Poors, y tendrá consecuencias para la economía española. Por una parte, resta eficacia al plan de recorte de gastos aprobado por el Gobierno, puesto que puede encarecer el servicio de la deuda y, además, augura nuevos deterioros bursátiles de los activos españoles a partir del lunes.
El dictamen de Fitch entiende que la tasa de crecimiento del PIB es insuficiente para atender el endeudamiento agregado (privado y público) y apunta inequívocamente a la contradicción, aparentemente insalvable, en la que se encuentra la economía española, una de las que los inversores señalan como más débiles del área euro. Para mantener la solvencia de su deuda, España tiene que aplicar un ajuste de su gasto público; ese recorte merma las posibilidades de recuperación, y esa debilidad se convierte en motivo de más desconfianza en los mercados. La propia rebaja en la calificación lastrará un poco más las posibilidades de reactivación.
Ayer mismo, el Gobierno, en un ejercicio de realismo encomiable, acompasó su cuadro macroeconómico al impacto del ajuste del gasto público y de la subida de impuestos. Rebajó las proyecciones de crecimiento en cinco décimas en 2011 y cuatro décimas en 2012 y 2013 y elevó las tasas de paro previstas para estos años, de forma que este año será cinco décimas superior a lo previsto (hasta el 19,4%) y el próximo aumentará en cuatro décimas sobre las previsiones, hasta el 18,9%. Son proyecciones que confirman un periodo prolongado de crecimiento insuficiente antes de llegar a la recuperación.
Pero no conviene engañarse. Fitch recoge en su decisión el rechazo de los inversores hacia el desorden de la política española y la incapacidad del Gobierno y la oposición para ponerse de acuerdo en las líneas básicas de actuación para superar la fase recesiva. Parece inconcebible que el primer partido de la oposición no acepte que España ha perdido una parte importante de su riqueza en la crisis que estalló en 2007, que esa pérdida obliga a un ajuste general de rentas y que la gravedad del momento exige dejar en segundo plano los intentos de llegar al Gobierno pasando por encima de cualquier otra consideración; parece insensato que los Gobiernos autónomos se opongan sistemáticamente a este ajuste de rentas, se nieguen a apoyar políticamente la posición del Gobierno y arrastren los pies para obstaculizar la reforma de las cajas de ahorros en nombre de reivindicaciones de campanario; y parece disparatado que se atice la amenaza de una huelga general, si se aprueba una reforma laboral por decreto si los agentes sociales no son capaces de pactarla por su cuenta y responsabilidad.
La situación de la economía española empeora, cierto, pero la insolvencia política también cotiza en los mercados. PP, CiU o PNV son tan responsables del deterioro de la credibilidad de las finanzas públicas como el Gobierno. La trayectoria de esta espiral perversa solo puede romperse si se mantienen los planes de ajuste del gasto, se aprueba (con pacto o sin él) una reforma laboral que cimiente la recuperación económica en el empleo estable y no en los contratos precarios, se procura a medio plazo un reforzamiento de la estructura de ingresos del Estado y se cuenta, de una vez, con el respaldo político de la oposición política a la austeridad.
Ayer mismo, el Gobierno, en un ejercicio de realismo encomiable, acompasó su cuadro macroeconómico al impacto del ajuste del gasto público y de la subida de impuestos. Rebajó las proyecciones de crecimiento en cinco décimas en 2011 y cuatro décimas en 2012 y 2013 y elevó las tasas de paro previstas para estos años, de forma que este año será cinco décimas superior a lo previsto (hasta el 19,4%) y el próximo aumentará en cuatro décimas sobre las previsiones, hasta el 18,9%. Son proyecciones que confirman un periodo prolongado de crecimiento insuficiente antes de llegar a la recuperación.
Pero no conviene engañarse. Fitch recoge en su decisión el rechazo de los inversores hacia el desorden de la política española y la incapacidad del Gobierno y la oposición para ponerse de acuerdo en las líneas básicas de actuación para superar la fase recesiva. Parece inconcebible que el primer partido de la oposición no acepte que España ha perdido una parte importante de su riqueza en la crisis que estalló en 2007, que esa pérdida obliga a un ajuste general de rentas y que la gravedad del momento exige dejar en segundo plano los intentos de llegar al Gobierno pasando por encima de cualquier otra consideración; parece insensato que los Gobiernos autónomos se opongan sistemáticamente a este ajuste de rentas, se nieguen a apoyar políticamente la posición del Gobierno y arrastren los pies para obstaculizar la reforma de las cajas de ahorros en nombre de reivindicaciones de campanario; y parece disparatado que se atice la amenaza de una huelga general, si se aprueba una reforma laboral por decreto si los agentes sociales no son capaces de pactarla por su cuenta y responsabilidad.
La situación de la economía española empeora, cierto, pero la insolvencia política también cotiza en los mercados. PP, CiU o PNV son tan responsables del deterioro de la credibilidad de las finanzas públicas como el Gobierno. La trayectoria de esta espiral perversa solo puede romperse si se mantienen los planes de ajuste del gasto, se aprueba (con pacto o sin él) una reforma laboral que cimiente la recuperación económica en el empleo estable y no en los contratos precarios, se procura a medio plazo un reforzamiento de la estructura de ingresos del Estado y se cuenta, de una vez, con el respaldo político de la oposición política a la austeridad.
El País - Editorial
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