LA revisión del sistema de pensiones era un obligación que antes o después tendría que abordar el Gobierno, cualquiera que fuera el partido que lo ocupara. Se trata de una necesidad estructural del Estado de Bienestar, precisamente para mantenerlo y adaptarlo ante el cambio sustancial que ya se está produciendo en la configuración demográfica de España. Sin embargo, la tardanza del Gobierno socialista en asumir esta responsabilidad ha convertido la necesidad en urgencia, porque no sólo ya es una realidad el envejecimiento de la sociedad española, sino también el agotamiento de los fondos públicos para asumir a largo plazo todo el conjunto de prestaciones sociales comprometidas por el Gobierno en tiempo de bonanza. Las soflamas de Rodiezmo han quedado superadas por una realidad que era bien visible para quien quisiera verla. Los datos económicos de los últimos días terminan de explicar las razones por las que Rodríguez Zapatero se ha visto obligado a aprobar unas medidas de reforma de las pensiones que contradicen aspectos nucleares de su discurso social. Habrá que trabajar más años para cobrar la pensión, porque cada vez hay más pensionistas y, como dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística, menos trabajadores y más desempleados. Con una tasa de paro de 18,83 por ciento, más de 4.300.000 parados, un déficit de las administraciones públicas que llega al 11,4 del Producto Interior Bruto, unas previsiones tan pesimistas que anulan 2010 como el año de la recuperación y con la desconfianza de nuestros socios europeos, es imposible pensar que sólo con subsidios, más impuestos y buenas palabras se podrá salir de la crisis.
Nada va a ser igual cuando la crisis acabe. La inmigración ya no cubre las carencias demográficas de la sociedad española y la tasa de paro se mantendrá constante en porcentajes altos durante varios años porque no habrá crecimiento suficiente para generar empleo. Al final, el socialismo español ha tenido que asumir que los hechos son más tozudos que el optimismo antropológico de Zapatero. Ayer, el Consejo de Ministros «tocó» el Estado de Bienestar para endurecer progresivamente el acceso a las pensiones. Lo principal es que se aumentará la edad de jubilación hasta los 67 años y se ampliarán los años de vida laboral para calcular la pensión. No bastarán con estas medidas, aunque supongan un primer paso necesario, porque el problema de las pensiones no es sólo su coste. El mercado laboral está en quiebra: mantiene en el paro a más del 40 por ciento de los jóvenes, cuyas expectativas laborales se reducirán con la ampliación de la edad de jubilación si esta medida no es flexible en la identificación de trabajos que sí pueden desempeñarse hasta los 67 años. Otros son impensables hasta esta edad. Al mismo tiempo es necesario actuar contra las prejubilaciones, una contradicción insalvable con la decisión de ampliar la vida laboral y una brecha por la que el mercado pierde talento y experiencia. Está bien que el Gobierno quiera que el trabajador tarde más tiempo en salir del mercado laboral, pero tiene que tomar medidas para lograr que entren en él los que están fuera. Por ahora, ha tenido que aceptar -como le pedían expertos, autoridades y el PP, no sin ser replicados de manera insultante en muchos casos- que el sistema actual de pensiones es inviable. Le faltan más rectificaciones en el mercado laboral, la función pública y el sistema de impuestos. Ha llegado tarde a las pensiones y no puede permitirse llegar más tarde al resto.
ABC - Editorial
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