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En el fondo, la cuestión es tan sencilla como esto: Cataluña pide y recibe más recursos porque es allí donde el PSOE obtiene, disputándoselos a los nacionalistas, los votos que cimentan sus victorias. Como el Estado no dispone de más fondos sólo le quedan dos vías para complacer la insolidaridad catalana: quitárselos a las demás comunidades o incrementar el déficit. Y ha optado por las dos a la vez para mitigar el malestar de las autonomías que salen perdiendo en el nuevo reparto. Con los nueve mil millones de euros extras -billón y medio de pesetas- aportados para compensar el modelo, el Gobierno finge remediar a todos cuando en realidad está detrayendo dinero de la estabilidad presupuestaria, de la recuperación económica, del futuro del país. Para dárselo, esencialmente, a Cataluña y Andalucía, sus dos grandes caladeros electorales. Si eso no es una compra de votos se le parece bastante.
Zapatero está rompiendo el sistema redistributivo que sostiene el Estado autonómico y encima se permite sacar pecho y concederse un sobresaliente cum laude. Su fórmula retuerce la Constitución y consagra un principio arbitrario cercano al mercado negro de la política: pacta con su propia coalición interna para mantenerse en el poder. En realidad, desde el nuevo Estatuto, el acuerdo con Cataluña es su único resorte de estabilidad, como lo fue de Aznar en su primera legislatura. Pero Aznar pactaba con otro partido -CiU- mientras ZP se halla obligado a aliarse con el suyo.
Aunque existen más comunidades por debajo de la media en ingresos por habitante, Cataluña es la única de entre ellas que dispone de capacidad de presión: Valencia, Murcia o Canarias no resultan decisivas para sostener a un presidente que ha convertido la gobernación de España en una especie de alianza bilateral entre «naciones». Al reconocer ese rango en el Estatuto catalán se obligaba a sí mismo a entablar una relación confederal, que equivale a deshacer el equilibrio del Estado. Para la inmensa mayoría de los ciudadanos el de la financiación es un arcano indescifrable, pero la endogamia de la clase dirigente lo ha convertido en la piedra angular de una política que va a descomponer la solidaridad constitucional para crear por la vía de los hechos consumados una España de dos velocidades.
ABC - Opinión
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