El amplio rechazo social del aborto adolescente sin permiso paterno impone una reflexión .El mayoritario rechazo social que produce en España el aborto adolescente sin permiso parental es un jarro de agua fría para el proyecto de ley del Gobierno socialista. La encuesta publicada ayer por EL PAÍS muestra que el 64% de los encuestados está en contra de que las jóvenes de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo sin el permiso de sus progenitores o tutores. Otros sondeos difundidos estos días arrojan resultados similares, lo que debe llevar a una serena reflexión sobre este asunto.
El debate se ha abierto ya en el seno del partido socialista, evidenciando las discrepancias internas, pero también señalando los obstáculos y sus posibles soluciones. Todo indica que son muchos los que se resisten a imaginar a una menor de edad tomando sola una decisión tan grave sobre su vida sin el apoyo y el consejo familiar. De hecho, en la práctica, lo normal es que las jóvenes aborten acompañadas de alguien de su entorno.
Sólo las jóvenes que viven circunstancias difíciles (ausencia de los padres, por ejemplo), o las que tienen un entorno incapaz de admitir o gestionar un conflicto como éste, se ven obligadas a interrumpir solas sus embarazos o acudir a clínicas clandestinas que ponen en riesgo su salud. Pero cabe admitir que la propuesta de reforma de la ley, tal como está, podría fomentar indirectamente esa soledad de la joven ante una decisión (la de abortar o la de proseguir con el embarazo) que va a tener una influencia decisiva en su vida. No es, por tanto, descabellado pensar en introducir cautelas que faciliten ese acompañamiento a la hora de sopesar las consecuencias de la decisión. La última palabra debe corresponder siempre a la joven embarazada, principio necesario para evitar que una decisión tan personal, en el sentido que sea, le venga impuesta por los padres: los antiabortistas deberían contemplar también la eventualidad de unos padres que quieran imponer el aborto a su hija menor de 18 años contra su voluntad.
El conocimiento obligatorio de los padres podría producir los mismos problemas que origina la ley actual: el aborto clandestino y la ocultación ante el temor a la reacción familiar. Francia ha establecido la posibilidad de acudir al aborto de la mano de un adulto, aunque éste no sea padre o tutor.
En España, en principio, una joven española que acude a abortar al sistema sanitario dispone de acompañamiento médico y social, lo que le ayudará a reflexionar antes de tomar la decisión definitiva. Reforzar todos esos mecanismos podría reducir el nivel de rechazo social que indican las encuestas y, al tiempo, facilitar la implantación de este irrenunciable principio de otorgar a las adolescentes la misma libertad de criterio de la que ya disponen para casarse y mantener relaciones sexuales desde los 16 años sin permiso paterno. El cambio normativo ha de debatirse aún en el Parlamento, donde la norma puede mejorarse y lograr el consenso deseable en este tipo de leyes.
El País - Editorial
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