SUBVENCIONES Y SUSPICACIAS

LA «letra pequeña» del Boletín Oficial del Estado ofrece a veces la clave para comprender algunos comportamientos contrarios a la lógica más elemental. Según informa hoy ABC, el pasado 14 de mayo se publicó en el diario oficial una resolución de la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación) sobre concesión de ayudas para estudios de cara a la próxima presidencia española de la UE. Los mayores beneficiarios de tales ayudas son -curiosamente- UGT y Comisiones Obreras, con 25.000 euros cada uno, así como la Fundación Alternativas, que consigue 18.000 euros. Está claro que los socialistas hacen méritos para ganar el «cariño» de los sindicatos, como reclamaba hace poco el propio Rodríguez Zapatero. Los representantes de los trabajadores muestran una sorprendente pasividad ante una crisis económica de dimensiones históricas que sitúa la cifra de parados en un nivel dramático. La única respuesta de los líderes sindicales consiste en predicar paciencia -e incluso mansedumbre- ante la ineficacia gubernamental, mientras lanzan advertencias contra la oposición a propósito de una imaginaria amenaza de despido libre. Por supuesto, prefieren no enterarse del recorte efectivo de prestaciones sociales que practica el Gobierno, al tiempo que jalean la retórica sin contenido sobre un sedicente cambio del modelo productivo que no aporta ningún consuelo a los cuatro millones largos de parados y al conjunto de la sociedad. En todo caso, el responsable de UGT en Madrid afila sus armas sindicales contra el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre en una muestra significativa de sectarismo contra el adversario y servilismo hacia los amigos políticos.

El caso de la Fundación Alternativas, cercana ideológicamente al PSOE, ofrece algunas peculiaridades. Para empezar, el titular de la Secretaría de Estado que convoca y adjudica las ayudas, Diego López Garrido, forma parte del patronato de la Fundación, lo cual contradice el famoso «código de buen gobierno» aprobado hace tiempo a bombo y platillo, y refleja también la buena conciencia de algunos políticos cuando se trata de defender la propia causa a costa del interés general. Si el Ministerio de Asuntos Exteriores necesita asesoramiento sobre cómo abordar la futura presidencia española, sería mucho mejor que se centrara en expertos e instituciones independientes en lugar de hacer favores a los ya convencidos. Cabe esperar que los beneficiarios no se refugien en el argumento de que la cuantía de las ayudas es limitada porque, como es evidente, hablamos de dinero público que debe emplearse según criterios de objetividad y eficiencia, y porque muchos otros candidatos a obtener las ayudas no manejan ni mucho menos las generosas cantidades que sustentan al aparato sindical.

El Gobierno debe dar explicaciones para aclarar las circunstancias que concurren en la concesión de estas ayudas y, por supuesto, López Garrido tendrá que ofrecer argumentos muy convincentes si quiere justificar lo que, a primera vista, genera más de una suspicacia. También los responsables de UGT y Comisiones Obreras han de afrontar el reproche de la opinión pública ante la evidencia de que se dejan ganar para la causa del Gobierno sin atender a la legítima defensa del interés de los trabajadores.


ABC - Editorial