INCAPACIDAD LEGISLATIVA

COMO su propio nombre indica, la función principal del Poder Legislativo consiste en debatir y aprobar las leyes que reflejan la voluntad de los ciudadanos a través de sus representantes. Es llamativo, por tanto, que en una resolución aprobada como consecuencia del debate sobre el estado de la Nación, el propio Congreso de los Diputados reproche al Gobierno su incapacidad para ejercer la iniciativa que pone en marcha el procedimiento legislativo. La producción de normas con rango de ley se sitúa bajo mínimos en la actual legislatura, con el agravante de que las pocas normas aprobadas son básicamente de carácter técnico o tienen por objeto incorporar al Derecho español compromisos ineludibles en el marco de la UE. De este modo, el PSOE incumple sistemáticamente su programa electoral, cuya puesta en práctica exigiría una dinámica política que el Gobierno es incapaz de impulsar. Hasta ahora, sólo el 5 por ciento de los proyectos de ley anunciados en dicho programa ha llegado a las Cámaras. En este contexto, la promesa de Rodríguez Zapatero de convertir el Parlamento en centro y eje de la vida política se sitúa -una vez más- en el plano de la retórica sin contenido: salvo en alguna sesión de control, el Congreso vive una etapa lánguida, mientras el Senado ni siquiera utiliza su tiempo en elaborar planes para su propia reforma.

El absurdo pretexto de la «geometría variable» no sirve para ocultar la soledad parlamentaria de un Ejecutivo que carece de socios estables y busca salir del paso como sea de cara a la galería. El coste político y financiero de sacar adelante un proyecto de ley paraliza la acción gubernamental y compromete seriamente la gobernabilidad. Nadie puede garantizar a día de hoy que el Gobierno consiga la aprobación de los próximos presupuestos generales del Estado, elemento determinante para generar un mínimo de confianza en plena crisis económica. Un Parlamento que no legisla pierde su razón de ser y los grupos políticos se lo han recordado oportunamente a Zapatero exigiendo un calendario razonable. Lo peor es que no aparece la luz al final del túnel, porque -por unas u otras razones- nadie está dispuesto a ofrecer apoyo estable a un Ejecutivo errático e incoherente, que funciona a base de ocurrencias. En lugar de vender como un triunfo su fracaso en el debate, el PSOE debería meditar sobre este reproche generalizado a su incapacidad legislativa, que carece de precedentes en nuestro sistema constitucional.

Rodríguez Zapatero ha agotado su crédito en sólo un año de legislatura y pretende sobrevivir a base de maniobras oportunistas. Sin embargo, la sociedad española no puede permitirse el lujo de que el Congreso y el Senado hagan dejación de su función más característica por culpa de un Gobierno débil e ineficaz. El Ejecutivo tiene que presentar proyectos de ley y negociar su aprobación con los grupos parlamentarios en función del interés general y no de las conveniencias partidistas. Tanto tiempo denunciando la supuesta «soledad» del PP ha creado un hábito al servicio de la propaganda socialista cuyo único objetivo consiste en aparentar unos apoyos que no existen. El presidente del Gobierno tiene que actuar por una vez con sentido de la responsabilidad con el fin de evitar una situación degradante para las Cortes Generales, sede de los representantes de la soberanía nacional.

ABC - Editorial