La Junta de Andalucía ha identificado las explotaciones de las que procedían las 9 partidas de pimiento con pesticida ilegal, sobre las que el Ministerio de Sanidad, a petición del Gobierno alemán, demandó información para verificar la presencia de Irofem Fosmetil y retirarlas del mercado.
La medida la ha hecho pública hoy la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, después de que las autoridades alemanas informaran de que los análisis detectaron residuos del citado pesticida no autorizado en nueve muestras, procedentes de partidas de más de cuatro mil kilos de pimientos.
Salgado, que hizo hincapié en que las cantidades de fitosanitario detectadas no suponen un riesgo para la salud, añadió que este descubrimiento no ha supuesto la paralización del comercio de pimiento almeriense, que exporta dos mil partidas diarias.
La petición de información de las autoridades alemanas provocó que el Gobierno notificase de forma oficial a las consejerías andaluzas de Salud y Agricultura la necesidad de identificar la procedencia de los lotes de pimiento afectados y las posibles sanciones que se interpondrían a los agricultores implicados.
Mientras técnicos de estas dos consejerías iniciaban la labor de rastreo retrospectivo de las partidas afectadas, el consejero de Agricultura y Pesca, Isaías Pérez Saldaña, ha asegurado en Huelva que la Junta adoptaría medidas "contundentes" de confirmarse la procedencia de fitosanitarios ilegales.
PIDEN TRANQUILIDAD
Tanto la ministra de Sanidad como el consejero de Agricultura y Pesca coincidieron en su petición de tranquilidad, puesto que las cantidades de pesticida prohibido detectadas por las autoridades alemanas no suponen ningún riesgo para la salud, ya que sería necesario ingerir 14.000 kilos de pimiento para producir una dosis letal.
Por la tarde, las delegaciones provinciales de Salud y Agricultura en Almería aseguraron que los técnicos de la Junta lograron identificar los diez invernaderos de los que provenían las partidas de pimientos. Estas explotaciones, cuya ubicación no fue revelada, serán objeto de análisis e inspección a partir de mañana.
POSIBLE PRECINTO Y SANCIONES
Si los resultados de los análisis de los cultivos confirman el uso de Irofem Fosmetil, la Junta de Andalucía decretará durante un mes el precinto de estas explotaciones, además de imponer a sus propietarios sanciones que podrían alcanzar los 120.000 euros.
Asimismo, los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía analizarán en los próximos días si la comercialización del producto por parte de estos diez agricultores podría ser constitutiva de un presunto delito contra la Salud Pública.
Además de estas medidas, el delegado del Gobierno andaluz en Almería, Juan Callejón, ha indicado que la situación que se impondrá en los próximos días será "muy cercana" a la de alerta sanitaria, puesto que "desde mañana mismo" las partidas destinadas a la exportación deberán contar con un certificado realizado por laboratorios homologados por la Administración.
Bahía de Málaga.com (29/XII/06)
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