El decreto de enseñanzas mínimas aprobado por el Gobierno, en el que se contempla la ampliación de las horas de castellano en la enseñanza primaria, ha colocado al presidente catalán José Montilla entre la espada y la pared. La resolución ha provocado una crisis en el seno del tripartito, donde ERC e ICV se han mostrado claramente en contra de la misma, pero es que además, obliga al dirigente socialista a demostrar su soberanía respecto al PSOE, pues aceptar ese decreto equivale, según sus socios y CiU, a aceptar una invasión competencial y una vulneración del nuevo Estatuto catalán.
Las declaraciones del consejero de Educación, Ernest Maragall, no han ayudado a mitigar el malestar existente en el tripartito, donde por primera vez afloran en este recién nacida legislatura las discrepancias ideológicas que suscita la cuestión lingüística. Maragall reconoce que está de acuerdo con ampliar las horas de castellano, algo que no ha gustado a los republicanos. Estos prefieren esperar a que se resuelva el dictamen encargado por el propio departamento de Educación para analizar si efectivamente hay vulneración de competencias. Pero, de momento, pedirán explicaciones a Montilla en sede parlamentaria, según anunció el portavoz de ERC, Joan Ridao, quien acusó al Gobierno de actuar con «nocturnidad» en la aprobación de un decreto durante el largo puente de la Constitución. «No hay ningún problema lingüístico en Cataluña. Si hay alguno es el retroceso del catalán», dijo Ridao, quien advirtió de que los independentistas tienen manos libres «para adoptar en Madrid las iniciativas parlamentarias que creamos convenientes».
Por su parte, el portavoz de ICV-EUiA, Jordi Miralles, reconoció que a su grupo «no le gusta» un decreto en el que ve errores de forma y de fondo, aunque los ecosocialistas también esperarán las conclusiones del dictamen encargado por Maragall para actuar en consecuencia.
Mucho más crítica fue CiU, que a través de la diputada Irene Rigau, advirtió de «un intento del PSOE de recuperar un modelo educativo basado en el bilingüismo que va en contra del catalán, que en definitiva es la lengua amenazada». Según los nacionalistas, el decreto supone una «clara invasión competencial» y «un ataque frontal al modelo de educación y de integración» que tenía Cataluña, basado en el consenso político.
Apoyo del PP
Por contra, el PP apoya el contenido del decreto porque «todos sabemos que es necesaria una hora más en castellano», dijo elportavoz parlamentario Francesc Vendrell. A su juicio, «el debate no debe centrarse en cosas etéreas, sino en averiguar si nuestros alumnos saben sufuciente castellano o si existe una escuela de calidad». Tras recordar que el castellano también es lengua oficial en Cataluña, Vendrell advirtió de las «barbaridades» que se pueden llegar a hacer cuando se equipara escuela y país.
ABC
M. J. C. BARCELONA.
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