Colombia ejemplar. Por Hermann Tertsch

La fotografía del cadáver de Víctor Julio Suárez Rojas, alias «Jorge Briceño» o «Mono Jojoy», el sanguinario jefe militar de las FARC, aún hoy la mayor organización terrorista del globo, es todo un regalo. Y no sólo para los colombianos sino para todos los demócratas del mundo, tantas veces angustiados por los éxitos de los terroristas y por la confusa y titubeante actitud ante ellos de tantos líderes políticos occidentales.

El presidente José Manuel Santos continúa con esta operación que ha liquidado al «Mono Jojoy» la brillante y ejemplar trayectoria de lucha antiterrorista de su antecesor Álvaro Uribe.

Por primera vez en casi sesenta años, desde el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán en 1948, que dividió trágicamente al país, es ya imaginable una Colombia sin guerrillas en una democracia triunfante. Si otros países latinoamericanos cayeron en terribles dictaduras en su guerra contra la insurgencia comunista, Colombia ha preservado su democracia, la ha fortalecido y convertido en ejemplar. Que haya sido así quizás tenga que ver con el condimento británico que sin duda mejora la herencia española. Los terroristas que siguen en la jungla ya saben cual es su futuro. «¡Vamos a por ustedes, no ahorraremos esfuerzo alguno y ustedes saben que nosotros sabemos cumplir!». Ese es el mensaje de Santos a los terroristas durante una alocución televisada a la nación colombiana.

Estamos ante un gran triunfo de la perseverancia, la dignidad y la voluntad democrática. Y ante una gran lección a todos los que han sido desleales con la democracia colombiana en esta gran lucha, que han sido muchos —no sólo en la izquierda— y que en parte están aquí.

Porque la cicatería en el apoyo a Uribe por parte del Gobierno español ha sido una más de las muchas vergüenzas que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha ido acumulando en Latinoamérica. Que está directamente vinculada a otras como el apoyo a la Venezuela chavista que alimenta a la banda terrorista o a la Cuba castrista, otra aliada del felizmente muerto. Pero Colombia triunfa ahora pese a todas esas miserias.

ABC - Opinión

Zapatero quiere estrangular a las comunidades del PP. Por Federico Quevedo

Ya saben ustedes que, en su filosofía política, Rodríguez es un seguidor fiel del principio maquiavélico según el cual “el fin justifica los medios”

No recuerdo bien cuando lo dijo, pero hay una frase del que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid siendo Enrique Tierno Galván el regidor, Juan Barranco, que perfectamente se podría aplicar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a la manera absolutamente antidemocrática con la que está tratando de mantenerse en el poder. Decía Barranco que “el poder solo corrompe a los corruptos, hace golfos a los que son golfos e inmorales a los que ya lo eran antes”. Rodríguez, perdonen que lo diga con esta crudeza, puede ajustarse a este retrato. No un corrupto en el sentido en el que lo entendemos habitualmente, sino en el de quien ha desvirtuado por completo el Estado de Derecho y lo ha vulnerado hasta el extremo de provocar una tensión institucional sin precedentes. No un golfo en el sentido delictivo del término, sino en el de aquel que se sitúa por encima de la ley. Y si un inmoral en el sentido de quien no tiene principios ni responde a motivaciones mínimamente éticas o morales.

Rodríguez sólo se mueve por un estímulo, el del odio, y ya escribía Víctor Hugo que “cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga”. Su afán durante todo este tiempo, desde que llegara al poder en 2004, ha sido acumular más poder e intentar aniquilar a quien pudiera hacerle sombra u oposición. Así, ha actuado como un auténtico killer para los suyos, y como un caudillo déspota para quienes discrepan de él y de sus políticas. Toda su obsesión se ha centrado en un único objetivo: aniquilar al PP, y para ello ha utilizado y va a utilizar todas las armas a su alcance. Eso significa aprovechar todas las circunstancias que le favorezcan en ese objetivo, aun incluso aquellas que puedan repararle otros daños. En ese sentido, la crisis económica, lejos de ser un impedimento, se puede convertir en un aliado coyuntural a la hora de conseguir ese fin. Y ya saben ustedes que, en su filosofía política, Rodríguez es un seguidor fiel del principio maquiavélico según el cual “el fin justifica los medios”.

En los próximos meses, la Comunidad Valenciana va a protagonizar un importante vencimiento de bonos. Dado su elevado nivel de deuda, los mercados financieros ya le han dicho al Gobierno de la Generalitat que no van a renovar esa emisión, lo cual va a significar que, si no tiene liquidez, el Ejecutivo de Francisco Camps se va a ver obligado a reestructurar su deuda y, en el peor de los casos, declararse en quiebra. El asunto es grave no voy a engañarles. ¿Cómo se ha llegado a esa situación? Buena parte de culpa la tiene el propio Gobierno central que ha permitido a las Comunidades Autónomas elevar sus techos de gasto durante esos años atrás sin prever las consecuencias de esa política expansiva. Obviamente, el Gobierno Valenciano también tiene su cuota parte de responsabilidad. Pero la cuestión es que el Gobierno de Rodríguez, en lugar de ponerse a estudiar la situación y sus posibles soluciones con el Ejecutivo valenciano, a lo que se está dedicando es a airear sus dificultades en los mercados internacionales y a poner a la Comunidad Valenciana entre la espada y la pared.

¿Por qué? Es bien sencillo: si llegara a producirse una situación de suspensión de pagos, el Partido Socialista tendría un doble argumento ‘electoral’ contra el PP, es decir, que además de corruptos -por el ‘caso Gürtel’-, son malos gestores. Un argumentarlo que no solo le valdría contra el PP valenciano, sino en general contra todo el PP. De hecho, Rodríguez quiere que situaciones parecidas se produzcan en otras comunidades del PP como Madrid o en ciudades importantes como la capital de España o la de la propia Comunidad Valenciana, y de ahí la reciente medida de impedir a ambas volver a endeudarse a partir de enero de 2011, mientras que sí se abre la mano para que puedan hacerlo ciudades gobernadas por el Partido Socialista. El objetivo de Rodríguez es llevar al PP al estrangulamiento económico allí donde gobierna, en un condenable ejercicio de absoluta irresponsabilidad. El presidente está encantado pensando que eso pueda suceder, sin darse cuenta de que es igual a darnos todos un tiro en el pie. Lo es porque, de producirse esa situación, la que de verdad saldría mal parada es la imagen de España en el exterior y, sin lugar a dudas, volverían a reproducirse las tensiones sobre nuestra deuda soberana.

Eso, además de que tal situación pondría bajo la lupa al resto de comunidades autónomas, entre ellas Cataluña cuya situación financiera es igual que la valenciana, con la única diferencia de que no tiene que afrontar vencimientos de deuda inmediatos. Pero todo el mundo recuerda como este verano la Generalitat de Cataluña fue incapaz de colocar su propia deuda en los mercados internacionales. No estamos para andar con jueguecitos electorales. El asunto es de una extraordinaria gravedad, y pone de manifiesto la doblez ética de Rodríguez Zapatero, un gobernante capaz de trocear el Estado con tal de mantenerse en el poder, capaz de dar facilidades a los sindicatos para que la huelga general les salga medianamente bien y después volver a darse los acostumbrados abrazos a costa de desempleo colectivo y el drama de cientos de miles de familias españolas que no llegan a fin de mes, mientras Toxo se va de crucero de lujo y Méndez sigue vistiéndose en un sastre londinense con nuestros impuestos -que, no les quepa duda, van a subir porque el Gobierno necesita esa recaudación-. Además de un mal gobernante, Rodríguez se ha convertido en un episodio negro de la historia de este país. Echarle es un ejercicio obligado de salud democrática. Y mental.

El Confidencial - Opinión

Presupuestos «austeros». Por M. Martín Ferrand

Si nos ceñimos a la experiencia, la Ley de Presupuestos nace para no ser cumplida.

LAS terminales propagandísticas del Gobierno —tan hábiles, tan insistentes— aseguran que los Presupuestos Generales del Estado para 2011, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros, son austeros. No es ese un adjetivo que le cuadre al caso; pero, como se sabe, la confusión es pieza indispensable para explicar lo que tiene difícil explicación. Austero es, antes que nada, lo que se ajusta a las normas de la moral. No parece, a la vista de las dispendiosas partidas que lo integran, que los Presupuestos elaborados por Elena Salgado tengan esa característica. Si nos ceñimos a la experiencia, la Ley de Presupuestos, la que debiera marcar la conducta del Gobierno y las Administraciones a lo largo de todo el año, es una Ley que nace para no ser cumplida. Es, como mucho, un boceto que permite intuir la realidad venidera; pero, a diferencia con los países más solventes, en donde obliga a los administradores, aquí les orienta sobre poco más o menos. Tampoco son sobrios y moderados estos Presupuestos. El déficit del Estado que prevén es del 9 por ciento sobre el PIB y eso, albarda sobre albarda, es mucha carga para la Nación. Las partidas del despilfarro siguen siendo muchas e inmensas y abarcan territorios que, en puridad, no entran en las competencias del Estado.

Nos está ocurriendo algo parecido, según lo cuenta Julio Verne, a lo que le pasaba al Capitán Nemo en sus 20.000 leguas de viaje submarino. A bordo del Nautilus creía comer solomillo de vaca cuando, en realidad, se zampaba uno de tortuga y, en el postre, las natillas, elaboradas con leche de ballena y endulzadas con algas del Mar del Norte, le resultaban idénticas a las de su abuelita. Después de mucho tiempo instalados en una economía irreal y tratando de mirar, para no verles, por encima de los cuatro millones y medio de parados, termina por confundirse la mermelada de anémonas con la de frutas del bosque. El Gobierno ha perdido la percepción de su entorno y, si alguna vez lo tuvo, el camino que se ajusta a su rumbo.

Estos Presupuestos resultan excesivos para quienes, con los pies en Europa, tienen conciencia de la gravedad del momento y la situación y parecen restrictivos para los que, tan insensatos como una olvidada ministra de Cultura del zapaterismo, piensan que «el dinero público no es de nadie». Naturalmente, de espaldas al Parlamento, como marcan los cánones de nuestra escasa y paródica democracia, los Presupuestos no se perfeccionarán con el debate. El Gobierno ya le ha comprado al PNV los apoyos precisos para que el Anteproyecto, sin más que un trámite litúrgico, pase a ser Ley. Tampoco es para cumplirla.

ABC - Opinión

Elecciones. La Noria es la clave. Por Maite Nolla

El mismo amigo que me decía lo de La Noria y La Clave, también me comentaba que Montilla fue convocar las elecciones y ponerse a hablar en castellano. Y hasta CiU en Sant Cugat ha moderado su discurso y ha rechazado una moción independentista de ERC.

La precampaña electoral en Cataluña empieza a ser más entretenida de lo que nos temíamos, por sorprendente. Tanto para lo bueno como para lo malo, la verdad. Por ejemplo, nunca hubiéramos imaginado que el debate entre los dos aspirantes a presidir la Generalitat se pudiera trasladar a La Noria. Como me decía un amigo esta tarde, La Noria es como La Clave, pero en 2010, valga el juego de palabras. La noticia es que Montilla seguirá los pasos de Artur Mas y parece que ya ha confirmado su presencia en el programa de Telecinco. Mucho nacionalismo y mucha tevetrés, para que los candidatos más o menos nacionalistas acaben jugándose los cuartos en un programa de entretenimiento español. Eso sí, con gran indignación de la directora de la televisión nacionalista y de su presentador estrella, que han reaccionado como Àngels Barceló y Francino cuando se negaron a entregar el premio Ondas a Jorge Javier Vázquez. Telecinco será lo que sea, pero al menos es una televisión privada. Lo otro es un centro de adoctrinamiento permanente, pagado, incluso, por los que no nos queremos dejar adoctrinar. Y a partir de ahí cualquier comparación es odiosa. Entre intentar durante años crear con dinero público una realidad que no existe para convencernos de que lo que es minoritario es lo que piensa la mayoría, y los programas, a veces zafios y cutres, preferiría no tener que elegir, la verdad; pero si hay que elegir, me quedo con los que se pagan sus cosas con la publicidad.

La cuestión es que La Noria no es como los aburridísimos desayunos con la prensa en Madrid, de poca repercusión popular y con un exceso de zumo de naranja, que a esas horas tiene que sentar fatal; La Noria es lo que ve la gente que pone la tele el sábado por la noche en Cataluña. Porque si no fuera así, los dos candidatos no hubieran decidido que les puede hacer más bien que mal dejarse entrevistar allí. Como hizo Blanco, antes de garantizar la huelga de los sindicatos, en verano, en plena guerra con los controladores.

La vida te lleva por caminos raros, que dice Quique González, y unan a este traslado del campo de batalla la voluntad de ambos candidatos de expulsar cualquier relación con el independentismo. El mismo amigo que me decía lo de La Noria y La Clave, también me comentaba que Montilla fue convocar las elecciones y ponerse a hablar en castellano. Y hasta CiU en Sant Cugat ha moderado su discurso y ha rechazado una moción de ERC que quería declarar al municipio moralmente excluido de la Constitución, por la sentencia del estatuto y todo lo que ustedes ya imaginan. Lo que sucede es que siempre hay alguno o alguna que no se entera, y Marta Ferrusola, la reina madre del nacionalismo, se ha declarado independentista, por supuesto en tevetrés. Ya saben, éramos pocos....

Libertad Digital - Opinión

Después de Cádiz. Por Ignacio Camacho

Los españoles nos las pintamos solos para dar al traste con nuestros mejores éxitos; somos expertos en suicidios colectivos.

ERAN tiempos difíciles aquellos de hace 200 años, cuando se reunieron en la Real Isla del León las Cortes de Cádiz. Un país invadido, una ciudad sitiada y una nación dividida por la eterna zanja de la conciencia civil y política. Eran tipos heterogéneos que se miraban de reojo con desconfianza: los liberales, mental y moralmente afrancesados, escindidos en su interior por la tragedia de una patria dominada por extraños a los que en el fondo admiraban; los absolutistas servilones, nostálgicos del viejo orden revocado por la expansión napoleónica; los moderados burgueses, emparedados por la vieja dialéctica de los fundamentalismos; los indianos, incorporados más tarde en medio de un proceso irreversible de descomposición imperial. No fue grato ni fácil aquel encuentro de gente tan distinta en un momento tan delicado, con una España a punto de desangrarse por una herida de conflictos superpuestos, en una crisis de mera supervivencia. Y sin embargo, lo hicieron. Un pacto colectivo, una alianza de soberanía, un acuerdo de concordia, un sueño —demasiado hermoso— de libertad. A trancas y barrancas, y entre serios conatos de fundamentalismo cainita que presagiaban el desastre posterior, se las apañaron para inventar una nación nueva, ilustrada y libre.

Y luego ellos mismos la echaron abajo, claro. Sin tiempo para disfrutarla, más pronto que tarde, apenas expulsados los franceses, en cuanto los nuestros se quedaron a solas con los demonios de siempre. Los españoles no solemos necesitar a nadie para que nos ponga la soga al cuello. Nos las pintamos solos para dar al traste con nuestros mejores éxitos, somos auténticos expertos en demoliciones y suicidios. Las cuentas pendientes de aquel compromiso heroico y milagroso, los trágalas y demás radicalismos fanáticos se saldaron bien poco después con el habitual vuelco fratricida de ida y vuelta, con el maldito vaivén trincherizo de represiones vengativas y ajustes rencorosos. Ocurre de un modo cíclico en nuestra Historia: levantamos prometedoras arquitecturas de esperanza y las derribamos luego con una pasión autodestructiva incombustible y flamígera.

Como los fracasos no se conmemoran, nadie se acordará de lo pronto que España dio al traste con aquel prometedor orden gaditano. Celebraremos el bicentenario glorioso de la Pepa con un estruendo complaciente y orgulloso, pero no se descorrerán cortinillas ni se organizarán congresos que estudien cómo se estropea una obra maestra por culpa de la intransigencia, del sectarismo y de la irresponsabilidad. La retórica de los discursos creará un bucle de melancolía solemne en torno a los pioneros constituyentes y olvidará el desgraciado destino que sufrió su entusiasta inspiración iluminada. Y seguiremos sin aprender lo fácil que es destruir una convivencia cuando se pierde el sentido de lo que cuesta lograrla.

ABC - Opinión

Sintonía Gobierno-sindicatos

Con gran entusiasmo y abuso de superlativos, el ministro de Fomento anunció ayer el acuerdo con los sindicatos sobre los servicios mínimos que deben regir el día de la huelga general, el próximo miércoles día 29. «Es un acuerdo histórico», proclamó José Blanco para subrayar que nunca antes se había logrado; igual satisfación mostraron los dirigentes sindicales, hasta el punto de que lo han puesto como ejemplo a seguir en futuras huelgas. Sin embargo, detrás de tanto parabién se percibe una estrategia política, diseñada por negociadores ideológicamente afines, para utilizar el acuerdo como arma arrojadiza contra los gobiernos autonómicos del PP. Así se ha comprobado claramente en Madrid, donde los sindicatos no han demostrado interés en consensuar nada. Muy al contrario, su actitud ha sido de confrontación y beligerancia, nada que ver con el tono conciliador empleado con el ministro de Fomento. Tensiones parecidas se han registrado en otras comunidades gobernadas por el PP, como Galicia y Castilla y León; en Valencia, el consenso ha sido precedido por descalificaciones de grueso calibre. Por el contrario, en Andalucía y Cataluña los sindicatos han sido una balsa de aceite. No parece que estos alineamientos y desencuentros carezcan de intención política. La prueba es que los servicios mínimos pactados por los sindicatos con Blanco son prácticamente los mismos que fijó Álvarez Cascos, ministro de Fomento de Aznar, para la huelga de 2002. ¿Por qué en aquel entonces los dirigentes sindicales recurrieron ante el Tribunal Supremo los servicios mínimos fijados por Cascos y ahora los presentan como un hito histórico? Sería de ingenuos esperar que el actual sindicalismo español, lastrado por los prejuicios ideológicos, tratara de igual modo a un Gobierno de izquierdas que a otro de derechas. Por encima de su actual distanciamiento, la sintonía política de CC OO y UGT con el PSOE está a salvo y es la que ha permitido al ministro de Fomento presentarse ante la opinión pública como el campeón de los pactos, cuando en realidad el verdadero pacto es muy otro: no hacerse daño entre ellos y desviar toda la agresividad política hacia el PP y sus gobiernos regionales, empezando por el más significativo: el de Esperanza Aguirre. Por lo demás, la cuestión central de los servicios mínimos no es tanto el porcentaje que se ha fijado para cada uno de ellos, pues siempre serán discutibles, cuanto su estricto cumplimiento. De nada sirve, por ejemplo, que se establezcan en un 20% los transportes de cercanías, si luego los piquetes los boicotean en las horas punta y siembran el caos para impedir que los viajeros lleguen a su puesto de trabajo. En este punto, el Gobierno debe actuar con el mismo celo y entusiasmo exhibido con los sindicatos para garantizar el derecho al trabajo de cuantos, en uso de su libertad, decidan no secundar la huelga y llevar a cabo su jornada laboral con normalidad. Tanto derecho tienen los sindicatos a parar como los trabajadores a trabajar. Si el Gobierno no pusiera los medios necesarios para hacer cumplir los servicios mínimos y para proteger a los obreros de piquetes y coacciones significaría que el «acuerdo histórico» del que se ufana Blanco incluye cláusulas secretas nada democráticas.

La Razón - Editorial

Falsear las cuentas para seguir arruinándonos

Dado que por prejuicios ideológicos no se quiere recortar el gasto, se opta por anunciar que los ingresos serán mucho mayores de lo que bajo cualquier prisma puede pensarse que van a serlo.

La ley de los Presupuestos Generales del Estado nació como una manera de limitar el poder y la discrecionalidad política. Se trata de un documento que establece las líneas maestras del gasto público a las que tiene que someterse el Ejecutivo durante un determinado ejercicio.

En España desde hace años, pero especialmente en esta última legislatura, los Presupuestos se han convertido en una representación teatral más de nuestros políticos. Son un trámite parlamentario que una vez superado da manos libres al Gobierno para que haga y deshaga a su placer. En ningún momento se espera que se cumplan, pues ya desde el comienzo se diseñan para ser incumplidos.

Previsiones macroeconómicas absurdas tras previsiones macroeconómicas absurdas, llevamos cuatro años en los que el Gobierno ha inflado de manera descabellada sus pronósticos de ingresos fiscales y sobre esa base de irrealidad ha aprobado cuantiosos despilfarros que no podíamos permitirnos bajo ningún criterio.

De aquellos lodos de falsedad hemos acumulado unos polvos cercanos a 200.000 millones de euros en nuevo endeudamiento. Dado que por prejuicios ideológicos no se quería recortar el gasto, se optó por anunciar que los ingresos iban a ser mucho mayores de lo que bajo cualquier prisma podía pensarse que iban a serlo.

El resultado de estas reiteradas mentiras ya lo estamos empezando a sufrir: si este año hemos padecido incrementos en los impuestos especiales, en la tributación del ahorro y en el IVA, para 2011 ya nos han anunciado recortes en algunas de las deducciones más importantes para las clases medias –como la de la vivienda– y aumentos en los tipos marginales del IRPF que afectan con especial intensidad a los trabajadores cualificados y, por tanto, a nuestro capital humano. Y, probablemente, esto sea sólo el principio, porque las estimaciones más optimistas –las del Gobierno– consideran que cerraremos 2011 con un déficit presupuestario de 60.000 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a toda la recaudación anual por IRPF. Así pues, parece que las nuevas subidas de impuestos, más allá de las ya anunciadas, son inevitables bajo este Ejecutivo manirroto.

Pero lo peor de todo es que seguimos repitiendo ese ejercicio de autoengaño que tan caro nos ha sido: inflar ingresos para no tener que recortar despilfarros. El Gobierno asume que en 2011 creceremos un 1,3%, más del doble que la siguiente previsión más optimista de todos analistas. Siendo así, los ingresos serán de nuevo mucho menores de lo presupuestado y el déficit, en consecuencia, muy superior a esos 60.000 millones.

Las mentiras de Zapatero y Salgado de hoy son nuestros impuestos de mañana. El momento para pararles los pies debería ser ahora y no más adelante cuando el daño ya esté hecho (es decir, cuando la deuda pública ya esté emitida). Pero el PSOE ya se ha encargado de comprar el necesario apoyo del PNV para sacar adelante estos falseados Presupuestos.

Libertad Digital - Editorial

El espíritu de Cádiz

Cádiz fue modelo para muchos países iberoamericanos y es una referencia en el constitucionalismo europeo de carácter liberal.

LA Constitución de Cádiz, llamada popularmente «La Pepa», cumplirá dos siglos el 19 de marzo de 2012. Su Majestad el Rey inauguró ayer en la localidad de San Fernando, primera sede de la Cortes en aquellas jornadas históricas, los actos conmemorativos de un periodo apasionante que sentó las bases de una nueva era. España como realidad histórica y sociológica es, por supuesto, muy anterior a cualquier texto constitucional. Sin embargo, en Cádiz se proclamó por primera vez la soberanía nacional y se estableció la monarquía constitucional como forma de gobierno de una nación de ciudadanos. España entraba así en la modernidad política al mismo tiempo que otros grandes países europeos. Después, al igual que otras muchas naciones, hemos vivido múltiples avatares, con alternancia de periodos constitucionales y autoritarios. En todo caso, la monarquía ha sido fuente de estabilidad y garantía de libertades, así como factor de equilibrio político que culmina con la Constitución de 1978. En este sentido, han sido desafortunadas las palabras de José Bono, con una interpretación «sui géneris» sobre los periodos democráticos (a su juicio, sólo dieciséis años desde 1812 a 1978), que no corresponde al titular de un alto cargo institucional.

El Rey dijo ayer en Cádiz que aquellos diputados de ambos hemisferios «forjaron los primeros pilares de nuestro Estado de Derecho», siempre en «un clima de trabajo, consenso y solidaridad». Hay que insistir en la necesidad de que la sociedad asuma su propia historia, con luces y con sombras, a partir de un orgullo legítimo por la aportación de los españoles a la libertad política. En efecto, Cádiz fue modelo para muchos países iberoamericanos y es una referencia en el constitucionalismo europeo de carácter liberal. Aunque algunos afirman lo contrario, ya sea por sectarismo o por ignorancia, la historia constitucional española ofrece aportaciones relevantes al avance de las libertades y al reconocimiento de los derechos. En Cádiz se proclaman la soberanía de la nación, la igualdad de todos los ciudadanos, la unificación de códigos y la existencia de unas Cortes representativas. Hay también una hermosa retórica idealista cuando se exige a los españoles que sean «justos y benéficos» o cuando se afirma que las leyes deberán ser «sabias y justas». Todo ello merece una conmemoración política y académica del más alto nivel.

ABC - Editorial

¿Bueno para España? Por José María Carrascal

El acuerdo alcanzado salva a ambos. Zapatero agotará la legislatura y el PNV vuelve a adquirir protagonismo.

ESTABA cantado. Que PNV y Zapatero iban a entenderse era tan seguro como que el sol saldrá mañana. Para ambos era de vida o muerte. Sin los seis votos del PNV, Zapatero no podría pasar los presupuestos de 2011, y tendría que convocar elecciones. Si el PP las ganara, como mucho apunta, el PNV tendría que despedirse del poder por mucho tiempo en Euskadi. El acuerdo alcanzado salva a ambos. Zapatero podrá agotar la legislatura y el PNV vuelve a adquirir protagonismo en su tierra. Es, desde luego, el más favorecido en el canje. Los 472 millones de euros obtenidos casi duplica lo ofrecido por el Gobierno inicialmente y las transferencias de las políticas de empleo, con las bonificaciones de las cuotas empresariales según la norma del Cupo vasco y no según la usada con las demás autonomías, permite al PNV presentarse como el partido que más obtiene de Madrid, incluso cuando no gobierna su comunidad. Algo con impacto, tanto entre el ciudadano de la calle como entre el siempre importante empresariado vasco.

El gran perdedor en este trueque ha sido Patxi López y su gobierno apoyado por el PPV, que, para mayor inri, han tenido que aplaudirlo, para no ser tachados de antivascos. Pero ha tenido que ser muy triste para ellos ver cómo los rivales políticos que intentan desalojarles del poder reciben del Gobierno central lo que a ellos no les había dado. Con lo que el único éxito de la legislatura Zapatero, el inicio de una nueva era en el País Vasco fundada en la libertad, la igualdad y la justicia, peligra. ¿Acabará también? Sólo el futuro podrá decírnoslo, pero una vez más ha quedado demostrado que, para continuar en el poder, Zapatero, es capaz de vender a todo el mundo, incluido su propio partido. Pues el acuerdo que ha suscrito puede ser bueno para él, para el PNV y para los vascos, pero difícilmente lo sea para España. Y eso sin saber si rompe la caja común de la Seguridad Social, como muchos temen.

Por otra parte, ¡qué gran ocasión ha desperdiciado el PP! Sabiendo que los presupuestos iban a pasar de un modo u otro, ¿por qué no tuvo el gesto de decir al presidente: «Aquí tiene seis de nuestros votos, para que no tenga que pagar el exorbitante precio que le piden los nacionalistas vascos. Y se los ofrecemos gratis, sin pedir nada a cambio. Es más, sabiendo que esos presupuestos que ha presentado, como los anteriores, no van a servir para nada. Pero siempre será mejor que el indigno trato que está a punto de consumar. Nosotros pensamos antes en el bien de España que en el de nuestro partido, porque, a la postre, es el mismo».

Sería interesente saber la respuesta de Zapatero a esa oferta. Por desgracia, nos quedaremos sin conocerla.

ABC - Opinión

Rodríguez Zapatero se amarra al sillón y descoloca al PP. Por Antonio Casado

Si Aznar acabó con la mili obligatoria y los gobernadores civiles –dos iconos de la unidad de las tierras y los hombres de España- para tocar poder con el apoyo de los nacionalistas, ¿qué tiene de particular que haga lo mismo Zapatero para mantenerse en Moncloa por cuenta de las llamadas políticas activas de empleo? Al fin y al cabo se trata de una competencia ya transferida a otras Comunidades. Si en otras partes la Administración Autonómica ya hace en nombre del Estado la tarea de buscar salidas laborales a los parados, especialmente a los de más difícil reinserción en el mercado de trabajo, y el Estado corre con el gasto, ¿por qué iba a ser distinto en el caso del País Vasco?

No ha caído ningún icono de la unidad nacional. Nadie se ha puesto de rodillas para que los nacionalistas vascos del PNV se impliquen en la labor de rescatar a colectivos tan castigados por el desempleo como jóvenes, minusválidos, parados de larga duración o de difícil reinserción, etc., mediante la formación profesional, la intermediación o la inspección. Se han implicado y eso es lo importante.

Así lo ha visto el lehendakari, Patxi López. Muy hábil su reacción política. Lejos de sentirse ignorado por sus compañeros del Gobierno Central, aplaude el compromiso del PNV con el modelo de autogobierno diseñado en la Constitución. Es como darle la bienvenida a la vía estatutaria después de la aventura soberanista almacenada en nuestra memoria reciente con el nombre de Plan Ibarretxe.

Sin embargo, todo el mundo sabe que la verdadera lectura política del acuerdo es el pacto presupuestario que, con el PNV de costalero, garantiza la permanencia de Zapatero en el poder, al menos por un año más, lo cual ha provocado un visible ataque de contrariedad en el PP. Ayer se descolocó hablando de chantaje, deslealtad y nuevo engaño a los españoles

No tiene sentido impugnar con palabras mayores un acuerdo cuya única novedad ha sido la diferencia de valoración de la dichosa transferencia, que se ha encarecido respecto a los cálculos que previamente habían hecho conjuntamente el Gobierno central de Zapatero y el autonómico de Patxi López porque entonces se aparcó el coste de las bonificaciones empresariales en las cuotas a la Seguridad Social. Ahora se han incluido. Eso es lo nuevo: 145 millones de euros más, que el Gobierno vasco debe reponer en la caja de la Seguridad Social (caja que es y seguirá siendo única). Que se haga directamente o vía Cupo es un tema menor. Y desde luego no justifica en absoluto la acusación formulada ayer por el PP, a través de su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría.

La llamada caja única no se rompe porque el acuerdo no le afecta. Al menos en los números. Lo que por un lado deja de cotizar el empresario en forma de bonificaciones del Estado, el Estado lo repone por otro. Las autonomías también son Estado. Así que no hay merma de ingresos ni gastos nuevos derivados del acuerdo.

El Confidencial - Opinión

A dentelladas con la caja única. Por Fernando Fernández

El pacto entre Zapatero y Urkullu ha roto uno de los consensos que mantenían la unidad de España.

LA caja única de la Seguridad Social es un símbolo, un ente virtual. Las cuotas que pagan empresarios y trabajadores no llevan un sello especial, un distintivo rojo con las palabras «No Tocar». Se ingresan en una cuenta de la Seguridad Social que tiene múltiples vasos comunicantes con la cuenta general del Tesoro. De hecho, se hacen regularmente anticipos para cubrir déficits de tesorería. De esas cuotas no solo se pagan las pensiones contributivas, sino el seguro de desempleo, la formación profesional, los complementos de garantía salarial. Tanto se ha querido aislar el devenir de estos gastos de las políticas presupuestarias coyunturales que cuando un gobierno decreta bonificaciones a las cuotas para fomentar el empleo de determinados colectivos de trabajadores o de determinadas actividades económicas, se hace una transferencia desde la cuentas del Tesoro. Para garantizar la autonomía financiera de la Seguridad Social. La caja única se ha convertido en un símbolo de la unidad nacional, de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Por eso los gobiernos democráticos se habían negado a tocarla, a transferirla en todo o en parte, a pesar de que es cierto que el Estatuto de Guernica lo contempla. La inspección de Trabajo tampoco se había tocado nunca, porque en la aplicación de criterios homogéneos, en la garantía de un plan directivo nacional, se entendía por sindicatos y empresarios que radicaba la unidad del mercado de trabajo. Los agentes sociales saben que la proximidad de la Administración al administrado no es siempre garantía de un mejor servicio, sino frecuentemente, como en la inspección tributaria o en la política de suelo, una fuente de clientelismo y politización.

El acuerdo alcanzado entre Zapatero y Urkullu ha acabado con ese mito, ha roto uno de los escasos consensos que mantenían la unidad de la España democrática. Y como tal símbolo roto hay que tomarlo. Estoy seguro que habrán encontrado un texto alambicado y farragoso que sea presuntamente escrupuloso con la legalidad, como también que será impugnado y tendremos un nuevo motivo de polémica constitucional. Soy consciente de que la idea de solidaridad nacional había sido erosionada mucho antes, desde que se aceptó que las comunidades pagaran pensiones complementarias siempre que no se le llamaran pensiones, o se le puso límite cuantitativo y temporal a la solidaridad en el nuevo Estatuto de Cataluña. Sé también que en el cálculo concreto de lo que no es más que una previsión presupuestaria, el régimen de concierto juega siempre a favor de los vascos porque se ha incorporado al cupo y por lo tanto se quedarán con esos 472 millones de euros pase lo que pase. Se ha abierto la veda para que un parado vasco cobre más que uno de Asturias o de Murcia. Ha caído un símbolo y empieza la cuenta atrás. Poco tardarán catalanes, andaluces y valencianos en demandar lo mismo. A fin de cuentas también lo tienen reconocido en sus estatutos. Tendremos oportunidad de ver la coherencia del Partido Popular. España no se rompe por movimientos telúricos, ni invasiones foráneas, sino por estas pequeñas cosas. Son estas decisiones menores, administrativas, innecesarias e interesadas las que van erosionando la idea de unidad nacional. Esas decisiones que llevan a que lo menos importante de unos presupuestos sean las cifras mismas. España se rompe porque algunos partidos nacionales han dejado de creer en ella, en el español como sujeto de iguales derechos y obligaciones, y la han sustituido por un concepto discutido y discutible, sujeto de negociación partidista.

ABC - Opinión

PSOE. A garrotazos. Por Emilio Campmany

Es natural que entre ellos se tiren boñigas unos a otros como hacen con los populares porque es lo que ellos saben hacer para atacar y defenderse. Está en su naturaleza, da igual que sea con extraños que con compadres.

Hay que ver el espectáculo que está dando el PSOE. Ya ocurrió algo parecido en aquella única ocasión en la que los socialistas eligieron a su secretario general a través de unas primarias. Como ganó Borrell en contra de la voluntad del aparato, le sacaron todos los muertos del armario y los exhibieron en las páginas de El País (dónde si no). Con esta sutil maniobra lograron que se encaramara a la secretaría general el que la cúpula quería, Joaquín Almunia, responsable de la única mayoría absoluta que la derecha ha logrado obtener desde que llegó la democracia.

Después de aquello, ya no se atrevieron a hacer lo mismo y a Zapatero lo eligieron en un Congreso donde las bases carecieron de voz y voto. Ahora, con ocasión de las elecciones municipales y autonómicas, la necesidad de apear a Tomás Gómez de sus trece les ha obligado a limpiar de telarañas a las primarias. Y el hedor ha vuelto a liberarse.

Esta forma democrática de elegir candidatos debería ser premiada por el electorado, pero en España los electores suelen castigar a quien tolera que las disidencias afloren a la superficie y les gusta premiar a quien acierta a impedir que los trapos sucios salgan del vestuario sin lavar. Yo creía que esta era una prueba más de la escasa madurez democrática del pueblo español, pero, quia, me he convencido de que no, de que lo que castigan los electores son los espectáculos que suelen darse cuando se permite a los disidentes disentir.

Y es que en el PSOE están tan acostumbrados a las artimañas y las tretas, de las que con tanta profusión se socorren cuando se enfrentan al PP, que si les toca debatir internamente son incapaces de contenerse. Es natural que entre ellos se tiren boñigas unos a otros como hacen con los populares porque es lo que ellos saben hacer para atacar y defenderse. Está en su naturaleza, da igual que sea con extraños que con compadres.

Vean si no dos ejemplos tan sólo de las noticias de este miércoles. A Antoni Asunción le anulan 320 avales de los 3.246 que presentó de manera que no alcanza los 3.201 necesarios para presentarse a las elecciones primarias en la Comunidad Valenciana. En Madrid, la Comisión de Garantías Electorales ha anulado a Trinidad Jiménez 706 de los 6.402 avales presentados. Una de dos, o los candidatos son unos marrulleros que se hacen avalar por militantes inexistentes o las comisiones de garantías deberían pasar a llamarse "de Tropelías". Y no es descartable que ambas circunstancias se den a la vez. Sólo una cosa tienen en común todos, que son socialistas, una cualidad que debiera de bastar para explicar lo que ocurre.

A la vista de todo ello, podría decirse que en el PP tienen el buen gusto de no darse a las primarias y permitir que sea el jefe quien decida. Claro, que eso será cuando diga lo que quiere, que en Valencia y en Asturias todavía lo están esperando. Trata Rajoy como siempre de que el tiempo le ahorre tener que decidir y que de una manera o de otra todo le venga hecho. Desde luego, siempre es preferible que los militantes elijan, pero si es para pelearse a bastonazos, quizá valga más que lo haga el de arriba. Aunque claro, a base de negarse a hacerlo, van a terminar volando los cuchillos en Génova como lo hacen en Ferraz las boñigas. Como ven, todo muy edificante.

Libertad Digital - Opinión

El síndrome de Barrabás. Por M. Martín Ferrand

El presidente prefiere el gozo sindical que la prosperidad de ciento y pico mil contribuyentes.

JOSÉ Luis Rodríguez Zapatero, el presidente que se contradice a sí mismo, ha alcanzado tal maestría en las mañas de la fuga y el escapismo que ya supera al Gran Houdini y convierte en espectáculo cada una de sus apariciones públicas. Ahora se dispone a abrir una vestecha —que es como le llaman en León a los tragaluces— para que puedan salir por el tejado del Presupuesto los malos humores que acumulan los sindicatos y, solo por halagarles y en alarde de progresismo de salón, les subirá la tarifa del IRPF a los contribuyentes con rentas superiores a los 120.000 euros. El truco, diseñado por la primorosa Elena Salgado, supondrá un incremento en la recaudación por este capítulo, uno más del amplio muestrario fiscal, de poco más de 120 millones de euros. Mucho precio para provocar la alegría de un sindicalismo caducado y poca chicha para equilibrar un Presupuesto recortado por los acontecimientos y afectado por un déficit insensato que compromete nuestra situación en el seno de la Unión Europea.

Zapatero es víctima de lo que muchos conocen como síndrome de Barrabás en recuerdo de la peripecia que, según el Evangelio de San Marcos, llevó al pueblo judío, ante la propuesta de Poncio Pilatos, a elegir la libertad de un delincuente, Barrabás, a la de Jesús. El presidente prefiere el gozo sindical, el de los mismos que le castigarán el próximo 29-S, que la prosperidad de ciento y pico mil contribuyentes de los que, por su capacidad económica, se ejercitan en el consumo y animan la industria y el comercio. Tendría que hacérselo mirar, en lo que afecta a su proyección política, por un economista solvente y, en lo que se refiere a sus deberes de militancia, por un psicoterapeuta argentino.

Cada cual es muy dueño de elegir lo que se le antoje. En eso reside la libertad. Pero, eso de elegir es algo que, por falta de perspectiva histórica en las costumbres, los españoles hacemos de manera pintoresca. Según un estudio de Sigma Dos para Telecinco (3.200 entrevistas) si Belén Esteban se presentara a las elecciones sacaría un 7,9 por ciento de los votos, más que IU, y se convertiría en la tercera fuerza política del Estado. En el supuesto que ante la insólita pregunta, no se haya desbordado la capacidad de pitorreo de los encuestados, también luce ahí la sombra de Barrabás. Suele decirse, en exceso de fervor democrático, que el pueblo nunca se equivoca, pero no es de ese modo. En democracia los errores del pueblo, si son mayoritarios, hacen la Ley. De ahí el triunfo de Zapatero y Esteban. Por eso la democracia no es buena en sí misma, sino mejor que cualquiera de sus opciones alternativas.

ABC - Opinión

Mangalofo. Por Alfonso Ussía

El genio de Luis Sánchez Polack se inventó un idioma, el mangalofo, que hablaba con fluidez con sus amigos camareros de su bar valenciano, sito en el callejón de Mosén Femades. Cuando conversaban en mangalofo ante clientes no habituales, las expresiones de éstos merecían no un poema, sino todo un poemario. Porque entre Tip y sus amigos se entendían a la perfección y los no iniciados en los secretos del mangalofo no cogían una. Al cabo del tiempo, y siempre desde la melancolía que procura la ausencia de Tip, he llegado a la conclusión de que Zapatero es la única persona capaz de inventar otro idioma. No un idioma cimentado en el ingenio y la transgresión, sino en una solemne necedad. Zapatero habla el español, y no se sabe lo que dice. Mueve los brazos, arquea las cejas, solicita con la mirada el asentimiento de sus pelotas, y no hay cristiano que le entienda. Quizá por ello se ha sacado de la manga la gamberrada esa de la Alianza de Civilizaciones. Si no hay cristiano que lo entienda, siempre habrá algún islamista dispuesto a hacer un esfuerzo entre una lapidación y la siguiente.

El último pensamiento de Zapatero, emitido por su propia voz, no tiene desperdicio: «Da lo mismo subir o bajar impuestos, y lo mismo es progresista una cosa que la contraria». Todavía, tres horas después de haberlo leído, no he conseguido reponerme. Estoy de acuerdo con el segundo tramo de la oración: «Es lo mismo de progresista una cosa que la contraria». Nadie sabe en qué consiste el progresismo de los socialistas, y por ello el pensamiento encaja perfectamente en la oquedad del mensaje. Ser progresista es lo mismo, intelectual e ideológicamente, que ser un ornitorrinco. Pero la idea sustancial de la frase no puede dejarse pasar por alto. «Da lo mismo subir o bajar impuestos». Eso no. El cinismo no puede ser tan cutre, porque deja de serlo para convertirse en una chulería de barra de bar en León.

Todo para justificar el aumento del IRPF a las rentas superiores a 120.000 euros. En España se castiga al que trabaja y triunfa. Moderadamente, porque los triunfadores que cobran 120.000 euros al año, en otras sociedades son apenas triunfadorcitos. Subir los impuestos equivale a reconocer una mala administración del dinero público. Subir los impuestos equivale a reconocer una grave incompetencia gubernativa y administrativa. Subir los impuestos para mantener el derroche del dinero de todos es consecuencia del desbarajuste y la improvisación. Bajar los impuestos equivale a demostrar una buena administración, o lo que es igual, la honestidad en el uso de las arcas del Estado. Anima a los contribuyentes y se crean puestos de trabajo. No da lo mismo ser honrado que largo de mano. Subir y bajar son acciones adversas y contrarias. No da lo mismo subir al quinto piso que bajar al sótano, que es donde nos hallamos. No es igual ser el atracado que el atracador. Zapatero, que está perdido, habla un mangalofo sin gracia, sin talento y sin nada. Un mangalofo como él mismo, que eso sí que da lo mismo.

La Razón - Opinión

Especuladores. El viaje imposible de ZP. Por Cristina Losada

Los suyos han empezado a desertar y más pronto que tarde se pondrán a buscar al nuevo mesías de la izquierda auténtica. Y de los adversarios que él convirtió en enemigos, de aquellos contra los que ha gobernado, nada quiere y nada puede esperar.

Cuando Josep Pla visitó Nueva York se quedó maravillado ante los rascacielos, las luces y el bullicio de las calles y enseguida se interesó por la cuestión esencial. Preguntó: ¿Y quién paga todo esto? Hace unos días, en aquella ciudad, Zapatero se reunió con los que "pagan todo esto". Y con "esto" no me refiero a los fastos neoyorquinos, sino a los fastos zapaterinos. Quienes han financiado los dispendios del Gobierno, fuesen cheques-bebé, rentas de emancipación o subvenciones a socios y amigos son, junto al sufrido contribuyente, los señores que la prensa denomina "tiburones de Wall Street". Sin la aportación de esos caballeros que el socialismo tachaba de especuladores codiciosos y ahora trata como a honrados inversores, la gran fiesta non stop de ZP se hubiera quedado en un modesto guateque.

El buen juicio de Pla tiene, sin embargo, poco arraigo en nuestra izquierda, instalada en la noción de que todo sale gratis. La economía de mercado le resulta un arcano indescifrable y, en cualquier caso, es anatema, aunque no por eso renuncie a sus beneficios. Nadie quiere mudarse a Corea del Norte, pongamos. El intento de Zapatero por convencer a Soros y demás chupasangres de que su mini ajuste va en serio, se percibe ahí como una intolerable humillación de la democracia ante los mercados, que en su cosmovisión figuran como conceptos antitéticos. Medios afectos al presidente le reprochan su transformación, certifican el fin del ZP de sus amores y auguran su próxima derrota. A un paso están de denunciar que se ha hecho ¡de derechas!

Bien empleado le está. Zapatero izó el estandarte ideológico como primordial reclamo, radicalizó las diferencias y polarizó a la sociedad. Ganó por dos ocasiones con tal estrategia y la esperanza en una huida permanente de la realidad. Y ésta se ha tomado su revancha. Cuando forzado por la magnitud de la debacle ha debido adaptar parte de su política a lo real, se encuentra sin compañeros de viaje. Los suyos han empezado a desertar y más pronto que tarde se pondrán a buscar al nuevo mesías de la izquierda auténtica. Y de los adversarios que él convirtió en enemigos, de aquellos contra los que ha gobernado, nada quiere y nada puede esperar. Así, el Zapatero de antes hace imposible la travesía que pretende el actual. Le toca pagar.

Libertad Digital - Opinión

El diablo y las encuestas. Por Ignacio Camacho

El mago de las encuestas, que son la droga de los políticos, ha permitido que en Madrid le cargue una el diablo.

LAS encuestas son la droga de los políticos, que viven colgados de la demoscopia. Gastan cantidades insondables en estudios de opinión pública sin aceptar que a veces la gente simplemente miente en ellos o se perfila del modo que considera más socialmente correcto; algunos dirigentes incluso se confunden a sí mismos al mandar incluir en los sondeos preguntas con respuesta inducida, lo que equivale a hacer trampas en un solitario. La política contemporánea ha renunciado al liderazgo de las ideas para dejarse guiar por las técnicas de mercado; en vez de persuadir a los votantes, la dirigencia les pregunta qué quieren y con las respuestas conforma programas según demanda que luego trata de presentar como ideológicos. A veces rompen el espejo como la madrastra de Blancanieves, que es lo que acaba de hacer la vicepresidenta De la Vega con la directora del CIS. Nada nuevo: la Historia está llena de mensajeros liquidados por portar malas noticias y los romanos decapitaban a los augures pesimistas. Pero tampoco siempre ocurre así; de hecho en España hay sociólogos que se han hecho millonarios a base de equivocarse en los pronósticos.

Al pueblo le divierte que las encuestas patinen: es como si engañara a través de ellas a los que se pasan la vida engañándolo con la gobernanza. Hay fallos pintorescos. Javier Arenas convenció a Aznar de que Adolfo Suárez Illana era el candidato ideal para derrotar a Bono en La Mancha con varios sondeos que certificaban su victoria. Se llevó un revolcón histórico porque los consultados creían que les estaban preguntando por su padre, el audaz arquitecto de la Transición ahora perdido en la trágica bruma del Alzheimer. Chirac adelantó unas legislativas confiado en el vaticinio del éxito y acabó con el socialista Jospin encaramado en sus presidenciales faltriqueras. La demoscopia es una ciencia, pero no exacta; si lo fuese no sería necesario celebrar elecciones. Lo que sí resulta es una ciencia muy cara.

A Zapatero le va a salir carísimo el sondeo que Blanco encargó para promover a Trinidad Jiménez como rival madrileña de Esperanza Aguirre. Preguntaron a muchos ciudadanos pero se les olvidó pedir opinión a la militancia del partido; creían que el tal Tomás Gómez era pan comido y que se derretiría con una llamada de Moncloa, y le prepararon un pucherazo demoscópico. Pero Gómez se ha rebelado subiéndose a las barbas de la hegemonía interna y va a ser el primer político que derrote al presidente; si gana, como parece –a Trini le ayudan poco algunos padrinos aficionados a los tejemanejes--, saldrá proyectado de las primarias y se convertirá en un adversario temible para Aguirre… y acaso para el propio Zapatero, que ya piensa en disimular el error vendiéndolo como una alambicada maniobra estratégica. El mago de las encuestas ha dejado que le cargue una el diablo.

ABC - Opinión

Sintonía Gobierno-sindicatos

Con gran entusiasmo y abuso de superlativos, el ministro de Fomento anunció ayer el acuerdo con los sindicatos sobre los servicios mínimos que deben regir el día de la huelga general, el próximo miércoles día 29. «Es un acuerdo histórico», proclamó José Blanco para subrayar que nunca antes se había logrado; igual satisfación mostraron los dirigentes sindicales, hasta el punto de que lo han puesto como ejemplo a seguir en futuras huelgas. Sin embargo, detrás de tanto parabién se percibe una estrategia política, diseñada por negociadores ideológicamente afines, para utilizar el acuerdo como arma arrojadiza contra los gobiernos autonómicos del PP. Así se ha comprobado claramente en Madrid, donde los sindicatos no han demostrado interés en consensuar nada. Muy al contrario, su actitud ha sido de confrontación y beligerancia, nada que ver con el tono conciliador empleado con el ministro de Fomento. Tensiones parecidas se han registrado en otras comunidades gobernadas por el PP, como Galicia y Castilla y León; en Valencia, el consenso ha sido precedido por descalificaciones de grueso calibre. Por el contrario, en Andalucía y Cataluña los sindicatos han sido una balsa de aceite. No parece que estos alineamientos y desencuentros carezcan de intención política. La prueba es que los servicios mínimos pactados por los sindicatos con Blanco son prácticamente los mismos que fijó Álvarez Cascos, ministro de Fomento de Aznar, para la huelga de 2002. ¿Por qué en aquel entonces los dirigentes sindicales recurrieron ante el Tribunal Supremo los servicios mínimos fijados por Cascos y ahora los presentan como un hito histórico? Sería de ingenuos esperar que el actual sindicalismo español, lastrado por los prejuicios ideológicos, tratara de igual modo a un Gobierno de izquierdas que a otro de derechas. Por encima de su actual distanciamiento, la sintonía política de CC OO y UGT con el PSOE está a salvo y es la que ha permitido al ministro de Fomento presentarse ante la opinión pública como el campeón de los pactos, cuando en realidad el verdadero pacto es muy otro: no hacerse daño entre ellos y desviar toda la agresividad política hacia el PP y sus gobiernos regionales, empezando por el más significativo: el de Esperanza Aguirre. Por lo demás, la cuestión central de los servicios mínimos no es tanto el porcentaje que se ha fijado para cada uno de ellos, pues siempre serán discutibles, cuanto su estricto cumplimiento. De nada sirve, por ejemplo, que se establezcan en un 20% los transportes de cercanías, si luego los piquetes los boicotean en las horas punta y siembran el caos para impedir que los viajeros lleguen a su puesto de trabajo. En este punto, el Gobierno debe actuar con el mismo celo y entusiasmo exhibido con los sindicatos para garantizar el derecho al trabajo de cuantos, en uso de su libertad, decidan no secundar la huelga y llevar a cabo su jornada laboral con normalidad. Tanto derecho tienen los sindicatos a parar como los trabajadores a trabajar. Si el Gobierno no pusiera los medios necesarios para hacer cumplir los servicios mínimos y para proteger a los obreros de piquetes y coacciones significaría que el «acuerdo histórico» del que se ufana Blanco incluye cláusulas secretas nada democráticas.

La Razón - Editorial

Blanco, el piquetero número uno

Si ayer fue un duro patrón, hoy es el primero y más eficaz de los piqueteros, pues este acuerdo obligará a muchos trabajadores a convertirse en huelguistas involuntarios. Y en ambos casos porque le convenía al PSOE.

Los ciudadanos se enfrentan el próximo miércoles 29 de septiembre a un duro dilema. Casi todos tenemos en mente un buen número de nombres como responsables de la dura crisis en la que estamos inmersos; una lista que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero y en la que destacan en un lugar prominente los sindicatos de clase, CCOO y UGT, que llevan literalmente comiendo de su mano durante toda la legislatura. Ante la convocatoria de huelga, parece que haya que elegir entre Satanás y Belcebú: si se hace, se está con los sindicatos; si no, con Zapatero.

Pese a las apariencias, éste es un falso dilema que está dejando claro el comportamiento tanto de unos como de otros. Los sindicatos se juegan mucho y tienen que hacer un difícil equilibrio. No quieren dañar al Gobierno que tanto ha hecho por ellos, pero deben hacer algo si no quieren caer aún más en el descrédito. Pusieron la excusa de que el Gobierno tomaba medidas sociales para no hacer nada frente a la sangría del empleo, así que cuando Bruselas obligó a Zapatero a aparentar que tomaba medidas no les quedó otra que hacer el paripé. De modo que van a la huelga –eso sí, meses después de que Zapatero anunciara sus reformas de chichinabo–, se movilizan, pero criticando lo mínimo posible al Gobierno. Lo demuestran, más allá de toda duda razonable, los ya famosos vídeos de UGT y Chiquilicuatre.

Por su parte, al PSOE no le interesa perder a un aliado que tan fiel se ha mostrado a su billetera y su ideología trasnochada, al que necesita tanto en el Gobierno como en la oposición para desplegar su demagogia izquierdista. Mientras pueda venderse la huelga como una protesta contra la crisis, como están haciendo los sindicatos, bien está. Al fin y al cabo, como demostró Aznar en 2002, las huelgas no se ganan o se pierden sólo en las cifras de participación, sino sobre todo en lo que hacen sus actores principales después de la misma. De ahí las alabanzas de Pajín a los liberados, el "respeto profundo" de Zapatero a la movilización y, en último término, los ridículamente bajos servicios mínimos pactados por Blanco.

La razón por la que nunca habían podido pactarse servicios mínimos en anteriores huelgas generales es porque los sindicatos siempre consideran su derecho a la huelga mucho más importante que el derecho del resto de los ciudadanos a contar con unos servicios públicos esenciales. Especialmente en el transporte porque, como se demostró en Madrid este verano, para paralizar una gran ciudad basta con impedir que circulen trenes y autobuses. Y si no se puede llegar al trabajo, no se trabaja. De ahí que los gobiernos, que es contra quienes se habían organizado las huelgas generales hasta ahora, hayan querido siempre que se mantuvieran unos mínimos suficientes para que la huelga tuviera una oportunidad para fracasar.

En este caso, los mínimos pactados por Blanco son ridículamente bajos. En una huelga que la mayor parte de la ciudadanía no parece dispuesta a seguir no es razonable que circule menos de un tercio de los trenes. El mismo ministro que se mostró firme frente a los controladores, y al que alabamos por ello en su momento, ha optado por mostrarse pusilánime esta vez. Lo cierto es que en ninguna de las dos ocasiones sus decisiones se han basado en la responsabilidad, sino en un mero cálculo político. Si ayer fue un duro patrón, hoy es el primero y más eficaz de los piqueteros, pues este acuerdo obligará a muchos trabajadores a convertirse en huelguistas involuntarios. Y en ambos casos porque le convenía al PSOE. Pese a las apariencias, sigue siendo tan mal ministro como buen apparatchik.

Libertad Digital - Opinión

El precio del poder

Otra vez la obsesión por mantenerse en el Gobierno ha llevado a Rodríguez Zapatero a cuartear principios hasta ahora «sagrados».

A falta de conocer la letra pequeña del pacto entre el PNV y el Gobierno, parece evidente que Rodríguez Zapatero ha traspasado peligrosamente una de las líneas rojas celosamente preservadas por todos y cada uno de los gobiernos anteriores: la del sistema de la Seguridad Social, entendido como instrumento de solidaridad entre españoles. No solo ha asestado un duro golpe a la unidad de mercado, sino agrietado el principio de igualdad. Cierto es, como decía ayer ufanamente el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, que de la Seguridad Social no saldrá un solo euro. Pero el problema está en que lo que antes se recaudaba desde el País Vasco por la vía de las cotizaciones destinadas al fomento de planes activos de empleo, y que iba a la Tesorería de la Seguridad Social, ya no entrará en la caja única del sistema. Otorgar al País Vasco las políticas de empleo —formación, orientación y colocación de desempleados— no es el problema, sino la transferencia de las bonificaciones a la contratación laboral en detrimento de otras Comunidades. El Gobierno no tendrá razón política ni técnica para no ceder la misma potestad a las autonomías que la reclaman, ni autoridad moral para reprochar al PP las impugnaciones que ha anunciado. Otra vez, la obsesión por el poder ha llevado a Zapatero a cuartear principios hasta ahora «sagrados». Aunque Patxi López haya felicitado al presidente del PNV «por comprometerse con España», el lendakari sabe que el acuerdo alcanzado por los nacionalistas y Rodríguez Zapatero es un agujero en los cimientos de su Gobierno. Zapatero ha dado al PNV dos argumentos poderosos contra sus compañeros del PSE. Uno es puramente electoral, porque los nacionalistas podrán exhibir ante los electores vascos en los comicios municipales una transferencia nueva de gran repercusión social. El segundo es político y de mayor calado, porque a Urkullu nadie le podrá negar que ha conseguido de Zapatero lo que este negó a Patxi López; y traducido al lenguaje populista del nacionalismo, significa que el PNV, aun en la oposición, negocia mejor con Madrid que los socialistas, aunque estén en el poder autonómico. Sin embargo, el precio del pacto con el PNV no se conoce en su integridad. La primera fase es un paquete de políticas activas de empleo y, además, la competencia para modificar las bonificaciones a la contratación. La segunda se verá a partir de las municipales y forales de 2011.

ABC - Editorial

Leninismo«bienpagao». Por Hermann Tertsch

Ahora es cuando los españoles van a ver lo que se ha criado en la ciénaga sindical.

VAYAN haciéndose a la idea de que sean los que fueren los servicios mínimos pactados, los sindicatos verticales desmandados van a portarse como la hija de papá rico a la que se le niega por primera vez el capricho. Es decir, arañará a la doncella, insultará al chófer, romperá los muebles y aterrorizará a todo el que se le acerque. Y que papá, que es el Gobierno, va a tener serias dificultades para impedir que la niñata aterrorice a los hermanos y niños del barrio. Los sindicatos llevan días amenazando a toda la ciudadanía con una tranquilidad y un desparpajo dignos de mejor causa. Esa especie de gracejo mafioso —«por supuesto que queremos parar Madrid»— que les sale ahora a Cándido Méndez y a Ignacio Fernández Toxo no es sino un intento malogrado de darle un toque castizo a lo que es un masivo intento de intimidación a la sociedad española en general y a los trabajadores en particular. Esta operación de todo un aparato de funcionarios más o menos paniaguados y privilegiados para atemorizar a los ciudadanos de cara al 29 de septiembre está ya rozando mucho la línea de lo tolerable por un Gobierno cuyo deber es defender la libertad de todos. Cuando anuncian que su objetivo es parar Madrid y todas las ciudades españolas con sus piquetes, dejan claro que no esperan que la capital y todas las demás ciudades queden paralizadas por voluntad propia. Sino obligadas por la santísima voluntad de sus peculiares burós políticos, sus cuadros de liberados sovietizados y sus bandas de matones que llaman piquetes informativos.

Durante tanto tiempo han estado los líderes sindicales jugando a ser ministros que ahora no soportan que los hayan echado de esa enorme casita de muñecas (perdón) y muñecos que es el Consejo de Ministros de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Le habían cogido gusto a la moqueta. Y nos habían acostumbrado ya al atónito paisanaje español a ver a un personaje como Cándido Méndez explicándonos en una conferencia de prensa los detalles de la política económica del Gobierno. O haciendo disquisiciones sesudas sobre las reformas de las finanzas internacionales. Como aquí estamos curados de espanto, nos consolábamos con la certeza de que no sabrían menos que el presidente estos dos personajes que un día se hacen los abuelotes sabelotodo y otros, comisarios políticos de la checa de Riscal. Ahora es cuando los españoles van a ver lo que se ha criado en la ciénaga sindical. Poco tienen que ver con aquel sindicalismo de Nicolás Redondo Urbina y Marcelino Camacho, de líderes que conocieron la cárcel pero apenas hablaban de ellas. Que estaban empeñados en el diálogo social y en paliar la conflictividad en épocas de duras reestructuraciones industriales. Estos no. Ya han desplegado todo su matonismo leninista para amenazar a los españoles con más problemas de los que tenemos, si no nos plegamos a su voluntad. Amenazan con secuestrarnos y presumen de tener bandas dispuestas a ello. ¿No va a hacer nada el Ministerio del Interior? ¿Y la Fiscalía?

ABC - Opinión