Críticos de UPyD denuncian la dirección "personalista" y sin "ninguna democracia" de Rosa Díez

Afiliados y ex afiliados en Vizcaya dicen que el Balance de Gestión contiene un epígrafe principal de gastos corrientes "sin detalle"

Los críticos de Unión, Progreso y Democracia, UPyD, denunciaron hoy que el Balance de Gestión que presentará Díez en el I Congreso de la formación contiene un epígrafe con la parte principal del gasto englobada en 'Gastos Corrientes', "sin detalle" sobre su composición.

En un comunicado firmado por ocho afiliados y tres ex afiliados del partido en Vizcaya, señalaron que mantendrán su enmienda a la totalidad sobre el Reglamento, la Ponencia Política y los Estatutos que se debatirán en la cita congresual, puesto que refuerzan la dirección "personalista" y sin "ninguna democracia" interna que mantiene su portavoz, Rosa Díez.

"Aún sabiendo que jugamos en total desventaja, defendemos una enmienda a la totalidad sobre el Reglamento, la Ponencia Política y los Estatutos, al tiempo que proponemos aplazar el I Congreso, su suspensión por excluyente e ineficaz para el objetivo perseguido y queremos abrir un gran debate, con proyección política a la sociedad", añadieron.

En el texto, titulado 'UPyD, de la ilusión al fraude', recordaron que en el verano de 2007 Rosa Díez, desde la página web de 'Basta Ya!', hizo público su proyecto de construir un nuevo partido político, ante el que "un nutrido grupo de personas", principalmente "ciudadanos ajenos a la política profesional", se sumaron a la iniciativa "con entusiasmo".

"El magnífico Manifiesto-Programa que redactara Fernando Savater nos unió. Nos lanzamos a la arena política con más ganas que experiencia, dispuestos a vencer todas las dificultades. Entregamos con ilusión esfuerzo, tiempo y dinero a la tarea", agregaron.

Sin embargo, lamentaron que, "dos años después de su creación, UPyD ya no es el partido" que les unía, porque su Dirección "lo ha transformado en el partido de Rosa Díez".

En este sentido, lamentaron que en UPyD "nadie puede tener criterio propio y mucho menos contradecir las decisiones de una dirección personalista". "No es que falte democracia interna, es que no existe ninguna democracia", insistieron.

"NINGUNEADOS"

Asimismo, explicaron que, tras las primeras protestas, los que las realizaron se han visto "ninguneados, apartados silenciosamente y sustituidos en sus funciones, cuando no han sido directamente expedientados y suspendidos de militancia".

De esta forma, añadieron, "muchos ya han abandonado el partido, otros intentan una lucha enormemente desigual desde dentro para cambiarlo en el I Congreso". "Baste un dato: más de la mitad de los miembros del primer Consejo Político (CP) han desaparecido, se han marchado a sus casas o han sido expedientados", precisaron.

Además de acusar a Díez y la Dirección de censurar la página web de la formación, también indicaron que el Informe de Gestión que presentará la portavoz a los delegados del Congreso "termina con un balance económico para pre-escolar: casi dos millones de euros de gastos, la mayor parte del balance de dos años, aparecen bajo el epígrafe 'gastos corrientes' (sin ningún otro detalle)", por lo que "muy probablemente aquí esté uno de los más silenciados aspectos del partido".

Por otro lado, insistieron en que el Reglamento para este I Congreso "cambia el núcleo mismo del partido" y lo establecido en los Estatutos, apostando por "un sistema presidencialista en el que el CD y su portavoz son elegidos por todos afiliados durante las sesiones del Congreso".

"Se crea así un sistema caudillista plebiscitario sin mecanismos reales de balance y control, con apariencia de impecabilidad democrática", remarcaron.

El comunicado está firmado por los afiliados Magdalena San Vicente, Lydia Brancas, Rodolfo Laiz, Juan Ramón Martín, Iván Ziegler, Pilar Eresta, Mª Isabel Olmos, Josu Goikoetxea, así como los ex afiliados Rafael Brancas, Loyola González y Francisco Ruiz.

Europa Press

Acalorada bronca entre detractores y afines a Rosa Díez antes del cónclave . Por Erika Montañés

La cosa no ha mejorado mucho (a la vista de los acontecimientos) a nivel interno en Unión, Progreso y Democracia (UPyD) desde que supiéramos, el pasado mes de julio, que sus rostros ideólogos más importantes como el profesor Mikel Buesa abandonaban la formación con fuertes críticas hacia la dirigente y cabeza visible en el Congreso de los Diputados Rosa Díez. La dirección expedientó entonces a 14 «disidentes». Hoy, en las horas previas a la celebración del primer cónclave del partido que debe renovar los órganos de dirección, se han sucedido los encontronazos verbales entre los partidarios y detractores de los dos candidatos presentados ante el Consejo de Dirección, Rosa Díez y Valia Merino.

Fuentes afines al segundo candidato, Valia Merino Vallina -un rostro menos conocido por su cargo de coordinador de la agrupación del distrito madrileño de Chamartín-, han relatado a ABC.es el grotesco episodio que se ha vivido en el Palacio de Congresos de Madrid esta misma mañana, donde han acudido los representantes de esta candidatura «temprano» y han sido invitados «con muy malas formas» a abandonar el recinto. Los despropósitos se han ido sucediendo a partir de ese momento: los delegados venidos de todas partes de España para apoyar la lista de Merino -que está respaldada por unas 200 personas- han exigido saber si era la seguridad del Palacio de Congresos de Madrid la que pedía que se fueran o, en cambio, era la organización del partido. El segundo extremo se ha confirmado y les han exigido que hasta las 16.00 horas de hoy, que se da por iniciado el congreso renovador de UPyD, no podían pasar.

El enfado de unos ha estallado cuando miembros del Consejo de Dirección, del lado de Díez como Juan Luis Fabo y el coordinador territorial en Madrid, han increpado directamente a los partidarios de la otra candidatura. De ese enfrentamiento ha quedado una grabación oportuna que ha realizado un miembro de apoyo a Merino. «Hemos pedido que se nos argumentase por escrito por qué nos teníamos que ir del Palacio de Congresos, donde no hacíamos nada malo, y ya que dicen que es el partido más democrático del mundo, deberían dar ejemplo, no boicoteando la libertad de reunión» en un espacio público, dicen las mismas fuentes.

Deniegan a los apoderados de Merino estar en la mesa de votaciones

Mientras se produce la comunicación con este periódico, partidarios de Valia Merino reciben la confirmación -vía correo electrónico- de que ninguno de ellos estará sentado en la mesa de votaciones del Consejo de Dirección, porque -se dice en ese «email»- no se ha contemplado que la candidatura de Merino tenga apoderados en la mesa. «Una vergüenza. Es bochornoso», añaden los perjudicados por esta decisión.

«Es una auténtica guerra sucia, y todo provocado porque nuestra lista les ha pillado por sorpresa», dicen fuentes afines a Valia Merino.

Los que no quieren como portavoz a la anteriormente socialista Rosa Díez apelan al espíritu de equipo destruido por la actual dirección, que carece de liderazgo, según dicen, y ha provocado la salida de la formación de quienes idearon la constitución del partido. «Queremos recuperar ese proyecto inicial plasmado en el manifiesto fundamental de UPyD. Más del 75 por ciento de quienes comenzon este proyecto ya no están por discrepancias con la dirección», añaden las mismas fuentes, que ponen como ejemplo de la deriva que ha tomado el rumbo del partido el hecho de que nació con la voluntad de devolver competencias autonómicas, como la Sanidad y la Educación al Gobierno central, y en lugar de eso ahora priman un «Estado Federal de intensidad media cooperativo». Además, también se propuso originalmente que se formarían listas abiertas, pero son cerradas.

¿Cuál es la razón de que los partidarios de Rosa Díez reaccionen así? «Nos consideran casi guerrilleros y han llegado a decir que buscamos reventar este congreso -que se prolonga hasta el domingo, con la votación por parte de los afiliados que se decante por Díez o Merino- . Al núcleo duro le ha pillado por sorpresa que hubiese otra lista, cuando ellos pensaban ser los únicos y nos han llegado a calificar gatos lunáticos. Es una auténtica guerra sucia». Son menos elocuentes cuando se trata de cifrar el apoyo que aspiran a conseguir en este cónclave que comienza esta tarde, y en el que discutirán las 3.712 enmiendas parciales registradas por los afiliados: ambicionan lograr entre un 30 y un 40 por ciento de los votos, pero tienen claro que «Rosa va a ganar».

ABC

Un pirata somalí llamado Moratinos. Por Haddamin Moulud Said

Coger a una persona, por la fuerza, llevarla atravesando los mares hasta tierra firme y mantenerla retenida ahí sin posibilidad de salir. A esto, en el Océano Índico, se le llama piratería; y en el Atlántico, se le llama hacer algo normal, lo que cualquier país haría (Moratinos dixit).

Coger por la fuerza a una persona, después de haberle requisado el móvil, los objetos personales y el pasaporte, meterla contra su voluntad en un avión, llevarla desde un lejano desierto a una isla en medio del mar. A esto, en el Caribe, se le llama Guantánamo; en el Atlántico, Lanzarote.

Desde luego que hay que tener muchísima habilidad política para, en tan sólo tres días, juntar en el imaginario popular, la imagen de lo peor de la piratería somalí con lo peor de Guantánamo. Y es evidente que para alcanzar semejante proeza es preciso cometer tantos desatinos como kilómetros separan Cuba de Somalia. Aminetu Haidar, la Gandhi saharaui, se pasea por EE.UU. y algunas partes de Europa para cosechar premios por su incansable lucha en favor de los derechos humanos. Pero para Moratinos, no es más que un buque lleno de mercancías cuyo secuestro bien vale una travesía. Y así lo ha hecho. En mitad de la noche, sin luces ni taquígrafos, prescindiendo de las más elementales normas tanto legales como morales, ha pactado con unos corsarios, el secuestro de Aminetu Haidar y su posterior traslado a un minúsculo lugar del nordeste de Somalia, quería decir, de Canarias.

Lo sucedido con Aminetu Haidar es, sencillamente, ignominioso. Un Estado que se dice de Derecho, viola sus propias normas para hacerle el trabajo sucio a una monarquía feudal. El Ministro de Asuntos Exteriores de España ha inducido a un piloto de avión, a una compañía aérea y a las autoridades policiales y aduaneras de Lanzarote a una conducta que raya en la prevaricación, la detención ilegal y el secuestro. Y todo esto, sin que el mayor partido político de la oposición se entere.

Aminetu Haidar aterrizó el 13-11-2009 en El Aaiún (Sahara Occidental), un territorio que, con la ley en la mano, su administración corresponde a España. Pensar lo contrario es dar validez a los Acuerdos de Madrid de 1975, cuya nulidad, tanto desde el prisma del derecho español como desde el prisma del derecho internacional, está sobradamente acreditada. Cuando Aminetu Haidar desciende del avión en El Aaiún, unos ‘okupas’ (colonos marroquíes), le impiden quedarse en su ciudad y le obligan a subir en otro avión y abandonar el Sahara Occidental. Para consumar este brutal atropello, los ‘okupas’ cuentan con la inestimable colaboración de Miguel Ángel Moratinos, que les garantiza que, quiera ella o no quiera, pueden mandarla a España. Es decir, colaboración necesaria para la detención ilegal y secuestro de una persona. En El Aaiún y contando con la inestimable colaboración de España, los ‘okupas’ llevan, a Aminetu Haidar, a un avión de una compañía española, la obligan a subir en esa aeronave sin sus objetos personales y sin pasaporte alguno. Las normas internacionales de la aviación civil estipulan que en caso de pasajeros indocumentados, la responsabilidad recae en la compañía aérea. Toda la legislación española en materia de extranjería exige la tenencia de un pasaporte para atravesar los puestos fronterizos. La figura penal de la prevaricación castiga a la autoridad o funcionario que realice una acción a sabiendas de su ilegalidad. Puede ser que haya algún piloto que, después de tanto viajar, ya no sepa que el pasaporte es un documento necesario para salir o entrar en un país, pero que lo ignore un ministro…

Ese mismo sábado y ya en Lanzarote, Aminetu Haidar, es obligada a descender del avión y a abandonar la zona internacional del aeropuerto de Lanzarote, donde quería permanecer para intentar regresar al Sahara Occidental. Cuando los muy profesionales cuerpos de seguridad del aeropuerto, curtidos en mil batallas, se enteran de que una mujer ha venido a España, engañada y obligada por otros, lo primero que piensan es que están sobre las pista de alguna mafia que trafica con personas. Cuando, además, esa mujer les dice que no quiere quedarse en Lanzarote, que lo que quiere es volver a su tierra, ello les reconfirma en la idea de que esa persona ha sido engañada y obligada a realizar el viaje. Pero cuando las fuerzas policiales, obedeciendo órdenes de la Superioridad, en lugar de evitar el delito, emplean la fuerza para abundar en ello, francamente, deberían saltar todas las alarmas en cualquier sociedad que se precie.

La tarde del sábado 14-11-2009, Aminetu Haidar, intenta embarcar en un vuelo con destino a El Aaiún, pero entonces llega un agente de la autoridad y le dice que tiene órdenes para impedir que Aminetu Haidar pueda salir de España. Llegados a este punto de la historia, si el lector de este artículo aún no había nacido cuando Bush montó lo de Guantánamo, aún le queda la opción de escuchar la justificación dada por Moratinos el mismo sábado 14 de noviembre: Aminetu Haidar tiene Tarjeta de Residencia legal en España, por lo que puede entrar en España sin necesidad de pasaporte. Y el domingo, día 15, Moratinos añade: Se le ha prohibido salir de España a, Aminetu Haidar, porque no tiene pasaporte. Si Usted, estimado lector, insiste en que no sabe nada de lo de Bush y Guantánamo, convendrá conmigo en que esto, como mínimo, es un secuestro. Y convendrá conmigo, también, en que eso de que el pasaporte no hace falta para entrar en España, pero sí para salir de España, constituye el último desatino que desde Somalia le lleva a Guantánamo. ¿Verdad que ahora comprende, usted, lo de Guantánamo? Entonces, grite conmigo: ¡MORATINOS, DIMISIÓN!

República Constitucional

Cuando Freddy se desquicia. Por Emilio Campmany

Si es que es eso lo que más les irrita, conviene sacarles una y otra vez el GAL. El Gobierno del PSOE fue el que levantó, financió y dirigió una organización terrorista.

No sé qué ha pasado, que el PP se ha puesto a hacer oposición. Especialmente brillante ha estado el diputado extremeño Carlos Floriano, nuevo en esta plaza, que, al decirle Rubalcaba que los únicos que coinciden en criticar Sitel son Batasuna y el PP, al cacereño se le ocurrió recordarle al ministro del Interior que eso mismo es lo que decían, los socialistas en general y él en particular, cuando el GAL. Cosa no dijera porque el habitualmente pacífico de formas Rubalcaba se puso como un basilisco y ya fuera del hemiciclo citó en un aparte a Floriano y a González Pons y los puso como no quieran dueñas.

En las democracias modernas, especialmente en la española, la televisión es el medio más influyente en los resultados electorales. Y, en la televisión, desquiciarse, indignarse, mesarse los cabellos, alterarse y cantarle las cuarenta al adversario queda fatal. Da igual que se tenga o no razón, el que pierde los estribos pierde el debate, tanto si el argumento está bien fundado como si no. Y el que pierde el debate pierde las elecciones. Los socialistas lo saben muy bien. Por eso, no pierden ocasión de sacar aquellos temas que irritan al PP y tienen la virtud de sacarle de sus casillas. Poseen una amplia panoplia de asuntos a los que recurren sistemáticamente cuando no saben por dónde salir o incluso cuando lo saben. En las cartucheras llevan desde los crímenes de la Guerra Civil, los de la derecha, por supuesto, hasta la condena del franquismo, pasando por el Prestige, el Yak-42, la Guerra de Irak, el 11-M, la negociación de Aznar con la ETA y alguna otra munición que se me olvida.

Como al PP le gusta presentarse como partido de Estado, repleto de hombres de Estado, sensatos y equilibrados, se dejan irritar, pero nunca descienden a combatir con esas mismas armas. No digo que recuerden los muchos episodios vergonzosos que jalonan la historia del PSOE, aunque no estaría mal que alguna vez les refrescaran la memoria para que reconocieran haber sido el único partido con representación parlamentaria que colaboró un día con una dictadura. Y que el 23-F estuvo a poco de caer en la misma tentación. Tampoco es indispensable poner de relieve que muchos de sus altos dirigentes fueron marxistas e incluso comunistas, y que ninguno de ellos ha afirmado renegar de sus viejas ideas.

Pero no sobraría ponerlos colorados de vez en cuando señalándoles como el partido que trajo la corrupción a la democracia española. Tampoco estaría de más exigirle a Zapatero que diga quién le reveló que en los trenes del 11-M había terroristas suicidas para, en el caso de no contestar, acusarle de intoxicar a los medios con noticias falsas que le favorecían a 48 horas de unas elecciones generales. Y, sobre todo, si es que es eso lo que más les irrita, sacarles una y otra vez el GAL. El Gobierno del PSOE fue el que levantó, financió y dirigió una organización terrorista. Con ser esto terrible, lo peor fue que no lo hizo para acabar con la ETA, que aún sigue viva y coleando, sino para esquilmar con tal pretexto las arcas del Estado. Y encima, algunos de los secuestrados y asesinados no tenían nada que ver con la banda. A ver qué tal les sienta.

Libertad Digital - Opinión

Una medalla para Chacón. Por M. Martín Ferrand)

UNO de los muchos daños colaterales que conlleva la peripecia del «Alakrana» es la inducción al menosprecio de nuestras Fuerzas Armadas en general y de la Marina en particular. Las muchas mentiras y las medias verdades con las que nos han informado los miembros del Gobierno implicados en el caso, especialmente la ministra de Defensa, invitan a pensar que los oficiales y tripulantes de las dos fragatas españolas desplazadas al Índico son gente de menor cualificación y escasa destreza en el oficio. Nada más lejos de la verdad. España disfruta hoy, a pesar de los complejos que inspiran la política gubernamental, de un Ejército con jefes, oficiales y suboficiales como nunca, desde los Tercios de Flandes, los habíamos tenido. Son comparables con los mejores del mundo y superiores en formación y entrega a sus equivalentes civiles en la estructura organizativa del Estado.

Es más que discutible que, frente a un conflicto armado, el Gobierno desplace unidades militares con la única autorización de efectuar «disparos disuasorios»; pero esa es la doctrina, tan buenista como ridícula, del zapaterismo. De ahí que pueda parecer que las tripulaciones de los helicópteros integrantes de la dotación de la «Méndez Núñez» y de la «Canarias» fueran torpes o indecisas a la hora de perseguir a los piratas en fuga. Dada la condición irreverente que establecen nuestras costumbres nacionales, al hilo del suceso abundaron ayer las burlas audiovisuales contra la Armada. Los complejos antimilitares que se arrastran desde el franquismo -¿nunca terminaremos de amortizar la dictadura?- unidos al pacifismo de salón que marca la moda vigente, muy en la línea de las «Historias de la puta mili» que Ivá dibujaba en El Jueves, se desbordaron las críticas infundadas y malsonantes contra la nobilísima profesión militar.

El mérito principal de ese reverdecimiento antimilitar en nuestra sociedad corresponde a Carme Chacón. En la medida en que, como parece, uno de los objetivos del zapaterismo sea la destrucción de los valores tradicionales de la vida española, Carmen Chacón se merece una medalla. Si de mí dependiera le concedería por su actitud en el caso «Alakrana» la del Mérito Nabal. ¿Qué naval se escribe con uve? Solo en los casos relativos a la navegación y a los barcos. La titular de Defensa, tan estrambótica e imprecisa, tan singular y marisabidilla, es un caso especial y hortofrutícola.

ABC - Opinión

España como no país. Por Cristina Losada

Cuánto más discreto y prudente habría sido el presidente si hubiera contenido su ansia por presentarse como el salvador de los marineros. No atendió antes y como era debido a los familiares, pero se arrogó protagonismo al término del secuestro.

Aunque no lo parezca, el ministro de Justicia ha aclarado mucho al decir, desde alguna de las colinas romanas, que España "como país" no ha pagado a los piratas que secuestraron el atunero Alakrana. "Yo sólo puedo sostener que España como país no lo ha hecho", dijo con una frase que delata a la otra: miren, no querrán que deje de sostenerme en el cargo. Pero si España como país no ha pagado, quiere decirse que pagó como "no país", que es el status que le gusta a Caamaño para España. No en vano prestó sus oficios a la tarea de maquillar el Estatuto de Cataluña y es partidario de extender el modelo. Pues naciones somos todas, hasta el ayuntamiento de Bermeo con sus pancartas pro-etarras. Pero cuando toca pagar, lo hacen todos los españoles.

A lo largo del alacránico episodio, el Gobierno exigió del público la suspensión de incredulidad, la aceptación de lo inverosímil y la ceguera voluntaria, siempre con el chantaje emocional de que, en caso contrario, peligraba la vida de los rehenes. Pero ahora que, por fin, ha desaparecido ese riesgo, aún reclama con mayor histerismo prudencia, discreción y, ¡ja!, responsabilidad. De la Vega ha advertido que no hay más que dos bandos en esta guerra: los piratas y el Gobierno, y que pedirle a este último cuentas por su gestión, equivale a izar la bandera de la calavera. El maniqueísmo para todo es la enseña del partido de Zapatero.

¿Discreción? Bien. Que se hubieran aplicado el cuento. Cuánto más discreto y prudente habría sido el presidente si hubiera contenido su ansia por presentarse como el salvador de los marineros. No atendió antes y como era debido a los familiares, pero se arrogó protagonismo al término del secuestro. ¿No quedamos en que no pagó, como país, España? Y, en responsabilidad, ninguna lección ha dado un Gobierno que, tras el apresamiento del Playa de Bakio, en abril de 2008, demoró las decisiones sobre la seguridad a bordo de los pesqueros. Y, punto capital, optó por no perseguir a los delincuentes. Ahora tienen a Willy, pero dejaron escapar a unos cuantos que salieron del Alakrana. Imposible creer que un helicóptero de la Armada fuera incapaz de hundir su esquife.

Cuatro millones de dólares han salido de alguna parte. Si proceden total o parcialmente de las arcas, los contribuyentes tienen que saberlo. Hay que echar cuentas sobre los costes de la pesca del atún en el Índico. Y, en fin, imaginamos, Caamaño, que no irían hasta las costas de Somalia, a entregar el dinero, unos funcionarios españoles. Fíjese lo que les pasó a los que envió la Segunda República con el oro destinado a pagar el material de guerra soviético. Allí los retuvieron de mala manera y algunos no regresaron hasta después de la guerra.

Libertad Digital - Opinión

La humillación que no cesa. Por José María Carrascal

¿RECUERDAN el chiste de Gila? «Capitán, he hecho un prisionero». «Tráelo». «Es que no me deja». Bueno, pues eso mismo, con un helicóptero de ataque Sea Hawk incapaz de detener a dos esquifes ¿Les disparó o no les disparó, con su ametralladora GAU16A, que puede alcanzar blancos a kilómetros? Casi mejor que no les haya disparado. O que utilizase balas de fogueo. O que tuvieran órdenes de no tirar a dar. O que las fragatas no hubieran estado allí. A fin de cuentas, los piratas ya se habían largado con el dinero, y el «Alakrana», con toda su tripulación sana y salva, podía dirigirse hacia las Seychelles. Claro que entonces no podrían hacerse esas fotos tan bonitas con las fragatas, como van a hacerse con sus esposas, llevadas en avión militar. Las esposas gallegas, porque las vascas han declinado la invitación, tal vez por no querer saber nada del Ejército español, como no quieren saber nada de su bandera. ¿Es un Ejército o es una ONG? Porque si es una ONG sobran los cañones, las ametralladoras, los tanques y demás.

Aunque la ministra de Defensa no pueda pasarle revista con esa cara tan seria que pone. Pero nos ahorraríamos una pasta, que bien nos vendrá para pagar los próximos rescates, ahora que los piratas han descubierto lo fácil y productivo que resulta asaltar barcos españoles. Hablando de la ministra: ¿por qué nos dijo que tenían perfectamente localizados a los tres tripulantes desembarcados, y que estaban bien, si resulta que no llegaron nunca a tierra? ¿Mentía o era producto del despiste que ha mostrado desde que llegó al Ministerio? ¿O las dos cosas al mismo tiempo, como ya es habitual en un gobierno en el que resulta difícil decir qué es mayor, la incompetencia, la descoordinación o la deshonestidad?

Aunque nunca han quedado tan de manifiesto como ahora, y miren que las ha hecho gordas: la negociación con ETA, con la bajada de pantalones ante De Juana y el «accidente» de Barajas; el nuevo Estatuto catalán, tres años atascado en el Constitucional, después del «Os daré lo que me pidáis»; la crisis económica, que no iba a afectar a España, y resulta que seremos los últimos en salir de ella. Pero esta vez han batido récords al desacreditar también al Ejército español, que ha interpretado el papel más triste de todos. Si de nuestros políticos se espera que mientan y de nuestros jueces, que obedezcan a los políticos, de los militares podía esperarse que no se prestaran a encubrir una farsa escrita de principio a fin por los piratas somalíes e interpretada por los españoles, tanto en mar como en tierra. Con el Gobierno, como siempre, a remolque de los acontecimientos, tomando medidas erróneas y mintiendo para ocultarlas. La vicepresidenta acusa al PP de «ponerse al lado de los piratas». Su gobierno viene haciendo algo más indigno: humillarse ante los terroristas de dentro y de fuera.

ABC - Opinión

El fin y los medios. Por M. Martín Ferrand

MUCHAS veces, cuando la necesidad parece que obliga, la democracia deja de ser confrontación ponderada e inteligente y se convierte en pasteleo. Abundan las personas que valoran la componenda como una forma de perfección y equilibrio y, si se apura en la comparanza, eso es el centro: un híbrido entre la socialdemocracia y el liberalismo que, sin satisfacer a nadie, tiende a consolarnos a todos.

Especialmente a quienes mantienen que la moderación es más provechosa que el ímpetu y la pasión. En España, especialmente en el último quinquenio, el pacto -«no nos vayamos a hacer daño»- ha sido elemento fundamental y desatascador de situaciones incómodas para los dos grandes partidos nacionales y no puede decirse que ello haya dado, si nos atenemos a los resultados, grandes motivos para la alegría. La partitocracia es de vuelo corto y se conforma con el presente en el poder o con un futuro inmediato con posibilidades de alcanzarlo. Carece de distancias largas, planteamientos nuevos, fuerza regeneradora y ambición por la excelencia.

Desde que Felipe González, en 1985 y todos sabemos por qué, rompió los supuestos de independencia del Consejo General del Poder Judicial se produjo una triste promiscuidad entre los poderes del Estado. El actual estéril presidente del Consejo, Carlos Dívar, ha sido fruto del pasteleo bipartidista y así, poco a poco, vamos degenerando. Ello le obliga, supongo, a constantes gestos de eclecticismo y volatines de difícil estabilidad que no quiebren el equilibrio -¿artificial?- que mantiene las apariencias en esta democracia decaída y esclerotizada. Envuelto en ese espíritu, Dívar ha manifestado su satisfacción por la libertad, «sea cual sea el medio», de los tripulantes del «Alakrana». ¿Sea cual fuere?

«Había personas que estaban sufriendo y han dejado de sufrir», ha dicho Dívar en alarde del relativismo que, posiblemente, entre en las exigencias para la buena marcha de su cargo y función. En la moral clásica y en las democracias verdaderas el fin no justifica los medios, pero quizás sea que algunos nos estemos pasando de fecha y no alcancemos la elasticidad suficiente para emprender un camino de síntesis entre el bien y el mal. Los tiempos de la política y los de la justicia, como dice Dívar, persona honorabilísima, son distintos; pero, sin recurrir al pasteleo, ¿son también distintos los principios y valores que las animan?

ABC - Opinión

.... y Rubalcaba sufre un ataque de ira por Sitel

TRAS responder a varias interpelaciones del PP en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba perdió ayer la compostura en una tensa discusión con los diputados Esteban González Pons y Carlos Floriano en el salón de los Pasos Perdidos.

Según la versión del PP, en un determinado momento de acalorado debate, el ministro de Interior le dijo a Floriano con un tono de ira: «Veo y oigo todo lo que haces y dices». Las palabras de Rubalcaba fueron interpretadas como una amenaza por los dos parlamentarios, que entendieron que estaba sugiriendo que Interior ha grabado conversaciones de Floriano mediante el sistema Sitel.

Tras hacerse eco los medios de comunicación del incidente, Rubalcaba reconoció que había proferido esa expresión o algo parecido, pero que se refería a que él tiene conocimiento por los servicios de prensa de Interior de todo lo que dice Floriano en las radios y en las televisiones. El ministro argumentó en privado que si realmente él espiara a la oposición por métodos ilegales, no iba a ser tan ingenuo de decírselo a la cara.

El razonamiento tiene sentido, por lo que su explicación es verosímil. Pero ello no exime de responsabilidad al ministro de Interior, que por lo menos es culpable de haber generado una situación susceptible de interpretaciones equívocas.

Igualmente desafortunado estuvo cuando respondió a otro diputado del PP en relación al caso Faisán: «De GAL ya sólo hablan ustedes y ETA», amen de proferir una catarata de descalificaciones. Rubalcaba eludió nuevamente dar las explicaciones que le pide la oposición sobre este asunto y se refugió al mencionar la guerra sucia en el mismo discurso que empleaba Felipe González hace más de 20 años.

Rubalcaba no se comportó ayer como debe hacerlo el ministro del Interior de una democracia, por lo que debería excusarse ante el PP. Su conducta empaña la buena labor que está haciendo en el Ministerio, particularmente sus notables éxitos en la lucha contra ETA. En el mejor de los supuestos, el ministro de Interior se levantó ayer con el pie cambiado, pero ello no le exime de responder a las preguntas que le viene formulando el PP sobre el caso Faisán y la utilización del Sitel.

Respecto a esto último, el PP tiene base para interpretar las palabras de Rubalcaba a Floriano como una amenaza, pues sigue sin estar nada claro el uso que Interior está haciendo de este avanzado sistema. Sitel permite no sólo grabar las conversaciones sin dejar rastro sino que además facilita datos que pueden vulnerar la intimidad, como las páginas por las que navega en internet la persona espiada o en qué lugar se encuentra en cada momento.

De hecho, el Sitel puede convertirse en un cheque en blanco en manos de la Policía con autos como el que redactó el juez Garzón en el que autorizaba a emplear este sistema para espiar a «otros investigados y al resto de identificados en la causa y terceros que puedan ser conocidos en un delito de blanqueo de capitales». Es decir, casi a quien le dé la gana a la Policía.

Sitel está regulado por un artículo de un reglamento de una ley sobre telecomunicaciones cuando afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que exige evidentemente una ley orgánica. Si Rubalcaba está seguro de que las Fuerzas de Seguridad jamás han abusado de Sitel, debería ser el primero en impulsar una regulación que garantice su uso legal.

El Mundo - Editorial

Un pacto de caballeros. PorIgnacio Camacho

UN trato es un trato. Si un Gobierno respetable llega a un acuerdo con unos señores piratas está obligado a cumplir su palabra por un imperativo moral de caballerosidad y buena crianza. ¿O se puede permitir que los piratas sean más leales a un pacto que un Estado democrático? Porque al fin y al cabo los asaltantes del «Alakrana» han actuado con una fiabilidad absoluta, dejando aparte el detalle inicial del secuestro con violencia, que tampoco lo iban a pedir por favor; pero en cuanto trincaron la pasta soltaron a los rehenes, dejaron el barco y se largaron sin un mal gesto. Habría sido una bellaquería dispararles a dar o detenerlos; a unos tipos que se comportan con esa nobleza no se les puede despedir encima a tiros. Ahora le toca a España acabar de cumplir su parte con los dos prendas que andan por Madrid haciéndose radiografías; si no se les encuentra una salida digna, un retorno honorable, vamos a quedar como auténticos rufianes.

La oposición se queja porque querría, en su antipatriotismo proverbial, que este Gobierno y su presidente anduviesen en bocas como unos incumplidores, unos informales, unos malquedas. Que se retratasen ante el Tercer Mundo como gente desleal y poco de fiar, como arrogantes explotadores capitalistas capaces de engañar a los pobres africanos. Ya es un síntoma de superioridad etnocéntrica llamarles piratas sin comprender que sólo se trata de seres humanos empujados a la violencia por el estado de necesidad y la desintegración social propiciada por el reparto injusto de la riqueza. En puridad, son gentes de armas que ante la ausencia de un ejército regular en su país protegen las riquezas naturales del mar frente a la sobreexplotación imperialista. A la derecha les gustaría tratarlos a tiros y encerrarlos en galeras, como hacían sus antepasados. Pero éste es un Gobierno de progreso que entiende el orden internacional de forma igualitaria, y por eso ha mandado a un señor embajador a negociar el rescate. Que tampoco debería de considerarse un rescate propiamente dicho, que suena al pago de una extorsión, sino una contribución solidaria a la lucha contra la pobreza y a la ayuda al desarrollo. Seguro que invierten el dinero en mejoras tecnológicas y organizativas para mejor defender su patrimonio pesquero del saqueo occidental. No como ahora, que tienen que ir los muy desgraciados en chalupas y esquifes zarrapastrosos con lanzagranadas y kalashnikovs de segunda mano.

Ya decía el clásico que pacta sunt servanda: los acuerdos están para cumplirlos. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno, negociar con lealtad, con el fair play y la generosidad propios de una potencia moderna. Con buen rollito y sin amenazas, como corresponde a un trato entre hombres de paz. Que se enteren en Somalia, en Kenia, en el mundo entero y pleno: los españoles somos unos caballeros. Y a mucha honra.

ABC - Opinión

El 'Alakrana' saca a De la Vega de sus casillas...

El Gobierno pierde los nervios en el Parlamento al ser interpelado por la gestión del secuestro del atunero.

EL GOBIERNO perdió ayer los nervios en el Parlamento al ser interpelado por la gestión del secuestro del Alakrana. La tensión llegó al punto de que la vicepresidenta De la Vega acusó al PP de no dudar «en ponerse del lado de los piratas» con tal de sacar «rédito» político. Esta acusación, que la vicepresidenta se negó a retirar incluso horas después del calentón, es manifiestamente injusta. Cuando Soraya Sáenz de Santamaría le exigía explicaciones y la asunción de responsabilidades por ser ella quien coordinaba el gabinete de crisis montado tras el secuestro del pesquero, no hacía más que cumplir con su deber de ejercer la labor de oposición. Y en el caso del Alakrana hay muchas explicaciones que dar.

Si todo se hubiera hecho tan bien como ha defendido De la Vega e incluso el presidente Zapatero, ¿por qué la ministra de Defensa manifestaba ayer mismo que el Gobierno «va a aprender lecciones» de cara al futuro?

El Ejecutivo ni puede pretender convertir la humillante victoria de los piratas en un triunfo de España -y ahí están la juerga y las ocho bodas que ayer mismo celebraron los secuestradores en Haradhere para desmentirle-, ni puede responder con palabras gruesas y aspavientos a sus graves errores. El Gobierno se equivocó al traer a los dos piratas capturados a España y también al explorar piruetas judiciales para devolverlos; falló en la comunicación con las familias, que así lo denunciaron; y mostró su absoluta descoordinación cuando los ministros empezaron a señalarse entre sí como responsables de lo ocurrido, hasta que la propia De la Vega tuvo la enterza de asumirlo ella. El resultado final es que se ha acabado pagando el rescate más alto por un pesquero en Somalia y que no se ha podido capturar a ninguno de los más de 60 piratas que retenían a la tripulación.

La propia persecución de los secuestradores genera muchas dudas que el Gobierno está en la obligación de disipar. Es difícil entender que transcurridos 47 días, la Armada no fuera capaz de diseñar una operación para capturar siquiera a alguno de los piratas para el momento en el que concluyera el secuestro, sobre todo teniendo en cuenta la ventaja de contar con unos medios infinitamente mejores que los suyos.

Esas dudas no se disipan tras escuchar los testimonios del capitán del atunero, que ha sostenido que durante la liberación del barco «no hubo disparos por parte del Ejército español», o la manifestación de uno de los piratas a EL MUNDO, asegurando que nadie abrió fuego sobre ellos, contrariamente a lo dicho por el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Por supuesto que merece mucha más credibilidad la relación de hechos que ofrece el general José Julio Rodríguez, pero el Gobierno tiene muy fácil disipar cualquier sospecha. De la misma manera que la Armada grabó en vídeo cómo ofrecía escolta al Alakrana, debe de tener imágenes de la persecución de los piratas.

También suscita estupor la explicación oficial de que fue imposible detener a los piratas al desembarcar, pues nada más llegar a la playa se mezclaron con la población. Lo cierto es que la ciudad queda varios kilómetros tierra adentro y esa zona de costa no está poblada.

En definitiva, se han cometido tantos fallos y quedan aún tantos interrogantes por resolver, que lo último que debería hacer el Gobierno es colgarse medallas, y menos aún arremeter contra la oposición y llamarse andana cuando le piden cuentas. Una vez celebrada la liberación de los marineros ha llegado el momento de dar explicaciones y de asumir responsabilidades.

El Mundo - Editorial

Rubalcaba miente en lo gordo

Mientras el Gobierno no lleve al Congreso un proyecto de Ley Orgánica que regule Sitel, la oposición tiene perfecto derecho a sospechar que el ministro sabe lo que de hecho Sitel le permite saber al margen, no ya de la prensa, sino también de la ley.

Dos asuntos tan espinosos para el Gobierno como son el chivatazo policial a ETA y esa barra libre para el espionaje político que constituye la falta de regulación del Sistema Integral de Intercepción de Comunicaciones Electrónicas (Sitel) han llevado este martes al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a perder los papeles hasta el extremo de insultar y amenazar en dependencias del Congreso al diputado del PP Carlos Floriano.

Así lo ha relatado el propio Floriano, quien ha relatado cómo Rubalcaba, tras la bronca que ambos habían tenido en el hemiciclo, lo ha abordado visiblemente airado en los pasillos y lo ha trasladado junto a Esteban González Pons al Salón de Pasos Perdidos, donde en tono amenazante lo habría insultado y amenazado diciéndole que "oigo lo que dices y veo lo que haces".

Por mucho que Rubalcaba, todavía visiblemente nervioso, haya corrido a desmentirlo en rueda de prensa, y por mucho que fuese cierto que el ministro no se refiriese a Sitel –cosa que, por cierto, el propio Floriano ni Pons tampoco han afirmado–, ¿es de recibo que un ministro del Interior advierta en tono colérico y amenazante a un diputado de la Oposición que "oigo lo que dices y veo lo que haces" por mucho que lo perciba a través de la prensa y de la televisión? ¿Es de recibo que no considere un insulto calificar a Floriano de "paranoico" o llamar "loca" a una dirigente del PP que no estaba presente en esa intempestiva reunión? ¿Alguien se cree que, con el tono con el que Rubalcaba se ha dirigido a este diputado, tan elevado que los periodistas lo han podido percibir, la mediación de Bono se debía únicamente a que había quedado a "tomar un café" con el ministro del Interior"?

Además de recordar el refrán aquel que dice que "ofende el tono y no las palabras", todos deberíamos tener presente la trayectoria de Rubalcaba, propia de un mentiroso compulsivo, en la que brilla, entre muchísimas otras, su falsedad al afirmar que el GAL no existía en tiempos en que era portavoz del Gobierno de González. Tal vez sea precisamente ese asunto de los GAL, al que de pasada Floriano se había referido en el pleno, o el hecho de que con Sitel el ministro del Interior puede saber mucho de lo que dice y hace en privado los miembros de la oposición o cualquier otro ciudadano, lo que ha llevado a Rubalcaba a perder los nervios. Eso, por no hablar de un caso como el del chivatazo policial a ETA, en el que a Rubalcaba se le podrían exigir responsabilidades políticas, si no penales, en el caso de haber sido él quien hubiera dado la orden de perpetrar lo que bien puede ser considerado como un delito de colaboración con banda armada.

En cualquier caso, lo que no es una "locura", ni una "paranoia", ni siquiera una probable suposición, son las acreditadas escuchas ilegales que han padecido, como mínimo, la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal –¿era ella la "loca"?– o el coordinador de Libertades Publicas y de Justicia Federico Trillo.

Y es que centrándonos en el "grueso" del asunto, mientras el Gobierno de Zapatero no lleve al Congreso un proyecto de Ley Orgánica que regule Sitel, la oposición tiene perfecto derecho a sospechar que el ministro sabe lo que de hecho Sitel le permite saber al margen, no ya de la prensa, sino también de la ley.

Libertad Digital - Editorial

Piratas, traidores y mentiras. Por Hermann Tertsch

NOS cuenta el señor portavoz socialista en el Congreso, Alonso, que el Gobierno lo ha hecho todo muy bien durante la crisis del «Alakrana» porque el objetivo, la liberación de los pescadores, se ha conseguido. Y la vicepresidenta socialista De la Vega nos advierte de que quienes no estemos totalmente de acuerdo con el señor Alonso, debiéramos hacérnoslo mirar, porque somos en realidad la quinta columna de los piratas en España. Luego cuidado, queridos amigos lectores, porque si pertenecen Ustedes a esa especie que piensa que quizás se podrían haber hecho las cosas mejor, en aras de la dignidad nacional, la integridad de nuestro Estado de Derecho y la respetabilidad de nuestras instituciones, pueden entrar en la lista de sospechosos de piratería. Como tales entrarán Ustedes todos en la lista del SITEL en la que el ministro Fouché controla nuestros movimientos, palabras y pensamientos para evitar desmanes del enemigo. Y automáticamente toda su familia y su entorno entrarán en la banda de corsarios, por decisión gubernamental, sin saberlo, sin haber blandido jamás una daga, empuñado un Kalashnikov ni haber pisado un barco en su vida.

Así están las cosas. Desde luego, parece mentira que nuestros gobernantes se pongan nerviosos sólo porque se les cace una mentira. Cuando se dedican casi exclusivamente a producirlas y difundirlas. Tan nerviosos se han puesto todos que se le ha ido la cabeza hasta al ministro que tiene fama de tener, además de estudios de ciencias, sangre de rodaballo. Todos al parecer nos volvemos mayores. Y Fouché Rubalcaba no iba a ser menos. Hace unos años cuando todavía ocultaba a los asesinos del GAL no le habría pasado. Pero ayer, después de las preguntas que le dirigió el diputado del PP, Carlos Floriano, fue hacia él como un energúmeno por los pasillos del Congreso y le espetó, ante testigos que «veo todo lo que haces y dices». La amenaza es tan evidente que parece una frase de Al Pacino. Pero no le falta razón al ministro de la vigilancia y la trampa. Ve todo lo que hacemos y decimos. Y lo utiliza como le conviene. Y el principal objetivo de querer y poder saber todo lo que hacemos y decimos los demás ciudadanos es precisamente lo que ayer hizo el ministro nada menos que en el Parlamento, amenazar e intimidar. Si esto se lo hacen a un parlamentario, imagínense la capacidad de presión que puede ejercer sobre policías y jueces, sobre políticos y periodistas, sobre empresarios o funcionarios. Cuidado, que se lo que haces y lo que dices. Es toda una declaración de la vocación intimidatoria y totalitaria. Después nos dijo Rubalcaba, nervioso como nunca, perdida esa relajada presencia de ánimo y frialdad que le dio fama, que se refería a que sabía lo que hacía Floriano porque lo veía y oía en televisión y por radio. Querido Alfredo, ni Floriano aparece por radio y televisión como para que sepas todo lo que hace, ni nadie se cree que seas tan televisivo y radioyente. En ese nerviosismo del que pierde el control, te vino sencillamente a ver Sigmund Freud. Y dijiste, por equivocación, una verdad. Por fin una verdad, podríamos decir alborozados. Pero nos preocupa. No porque don Alfredo vaya a seguir mintiendo después del lapsus -lo que damos por hecho-, sino porque tanto el caso SITEL como ahora el escándalo mentiroso de la crisis del «Alakrana» van a obligar a mentir a todo el Gobierno en masa y, lo que es peor, van a llevar al Gobierno a forzar a mentir a gentes que no suelen hacerlo. Porque ahora el Gobierno va a intentar que todos los implicados, desde los fiscales a nuestros militares, mientan con ellos o se conviertan en colaboradores de los piratas, es decir de los españoles que no les creemos y sabemos de su indignidad. Cuando paradójicamente, los únicos colaboradores de los piratas, sus financiadores en todo caso, están en el Gobierno.

ABC - Opinión

Deslealtad institucional. Por Pedro M. González

República de leyes.

El vacuo concepto de Estado de Derecho contrasta con la precisión de la República de Leyes. La definición del primero, articulada por Von Mohl ordena el autocumplimiento estatal de la norma dada por los cauces establecidos en la Ley Suprema o Constitución, que funciona como límite o tope de su injerencia en la individualidad, quedando así definido por eliminación el espacio para el libre albedrío.

La República de Leyes según la articulación que de la misma realiza Adams no se para en la autolimitación estatal, sino que lleva ínsito el requisito inexcusable de que la producción normativa provenga de legisladores independientes del ejecutivo elegidos por la ciudadanía y que sea interpretada por Jueces también independientes de ambos poderes. La conceptuación del Estado de Derecho es negativa, definiéndose por eliminación de lo que éste no puede hacer según las normas de que se dota. La de la República de Leyes es claramente positiva por cuanto diseña no sólo el sometimiento estatal a la Ley, que también, sino adicionalmente la exigencia de cauces eficaces de actuación del individuo en la producción normativa a través de legisladores representativos y separados del gobierno que elaboren el cuerpo legal. Por eso la Razón de Estado es guía y norte de la actuación de los poderes públicos en el Estado de Derecho partitocrático, funcionando al unísono como rodillo de una sola voluntad y haciendo acomodaticio lo jurídico a lo particular, mientras que en la República de Leyes el supuesto de hecho concreto se tamiza a través del filtro de la legalidad y de una justicia independiente y separada en origen, sin excepcionalidad.

Entendido esto, no debe sorprender que el Ministro Caamaño, ante la comprometida situación política creada por el recientemente finalizado secuestro del Alakrana, se descolgara reclamando a los Tribunales, a cuya disposición se encuentran aún los piratas capturados, una solución “ad hoc”. Así, declaró sin rubor que el supuesto de hecho exige “apartarse de la generalidad de la ley y buscar soluciones concretas”, recordando para ello que los detenidos “son delincuentes que han atacado a ciudadanos de nuestro país y hay que conseguir que los secuestrados sean liberados explorando todas las vías legales que existen”. Cabe pensar ahora qué relación tiene la aplicación de la Ley española con la liberación de los secuestrados, a no ser que se condicionara ésta a retorcer la interpretación de la norma procesal en ejemplar interpretación del Estado de Derecho. La vergüenza de su indignidad exige el pacto de silencio manifestado en la siguiente “perla” de Caamaño: Lo lógico no es tratar ni ventilar con altavoces cómo organismos independientes del Estado, como es el Poder judicial, van a aplicar las leyes. España es un Estado de Derecho y sus Tribunales forman parte de él por lo que hay que dejar que las instituciones funcionen con la normalidad necesaria.

República Constitucional

Caso 'Alakrana', la jugada tonta del zapaterismo. Por Antonio Casado

Zapatero se reservó la primicia del final feliz: “Los marineros están libres y vuelven a casa”. Después, la consabida retahíla de agradecimientos y la presunta autosatisfacción del político profesional que espera capitalizar una buena noticia. Sin embargo, el caso del Alakrana merece almacenarse en la memoria de los españoles como la jugada tonta de la temporada. Y al Gobierno le van a caer chuzos de punta por la imagen de descoordinación que, una vez más, ha vuelto a revelarse como una seña de identidad del equipo de Zapatero. Se lo ha ganado a pulso.

No sólo eso. Hay bastante más tela que cortar. La desairada posición de un Estado que se pone al nivel de una banda de delincuentes, el desbarajuste de algunos momentos, las contradicciones oficiales, la estigmatización del cumplimiento de le ley, el apagón de principios como la separación de poderes y unas cuantas anomalías más, no dan como para recrearse en lo ocurrido durante estos últimos 47 días. Valió la pena porque los marineros están a salvo, pero los facinerosos han hecho un negocio redondo a costa del Estado Español. Y de una opinión pública enzarzada en un debate surrealista sobre el modo de casar los principios de legalidad y oportunidad.

Ahora que se cierra el trato con los piratas y se abre la veda contra la gestión oficial del secuestro, empezaremos a conocer con cuentagotas los detalles ocultados ayer por el presidente Zapatero y por la vicepresidenta Fernández de la Vega. Desde la procedencia de los dineros habilitados para el pago del rescate hasta la influencia que ciertas noticias publicadas en los medios de comunicación españoles tuvieron en la evolución de los acontecimientos.

Cara de idiotas

Dinero y sólo dinero. El futuro de los dos compinches detenidos en España, como se ha visto, les traía al fresco. Ahora resulta que no era tan importante la ingeniería judicial para devolverlos como una de las exigencias para la liberación de los nuestros. Tantos esfuerzos, tantos desvelos, tantas ocurrencias destinadas a casar el hecho con el Derecho resultaron perfectamente inútiles. Daba lo mismo Extranjería que Código Penal, indulto que extradición, hacer que deshacer… Lo único que conseguimos fue subir los precios en el floreciente mercado del secuestro.

Algunas cosas más se ven por el retrovisor después de salir del charco. Por ejemplo, la cara de idiotas que se nos quedó a quienes defendimos la discreción y la confianza en el cirujano frente a quienes irrumpían en el quirófano como caballo en cacharrería. Nos la tuvimos que envainar cinco minutos después, por el lamentable y nada discreto espectáculo ofrecido por el Gobierno, la Fiscalía, la Audiencia Nacional y el CNI.

También pasará a la historia de las jugadas tontas del zapaterismo la disputa en sacudirse el honor de haber detenido, trasladado y puesto a disposición judicial a dos de los piratas que intervinieron en el secuestro del Alakrana. Extraña, insólita, surrealista pelea del cirujano y sus ayudantes culpándose de haber cumplido el protocolo cuando de pronto al enfermo le fallaron las constantes vitales. Ahora que el ser querido se ha recuperado y viene camino de casa, todo son parabienes y autobombo de la vicepresidenta, que ayer apareció flanqueada por los tres ministros concernidos (Moratinos, Chacón y Espinosa), sobre lo bien que se hicieron las cosas. Lo que importa es que salieron bien, de acuerdo, pero se hicieron mal.

El confidencial - Opinión

Zapatero, o cómo sacar pecho después de hacer el ridículo. Por Jesús Cacho

Confieso que después del triste episodio vivido por los españoles con el secuestro del Alakrana, un servidor estaba convencido de que, el día en que se produjera la liberación, el Gobierno se iba a limitar a hacer mutis por el foro, tras emitir una nota de trámite dando cuenta del final feliz del episodio. Porque ha sido tanta la vergüenza, tanto el oprobio al que un grupo de saqueadores salidos del túnel del tiempo de la Edad Media ha sometido a este país, que pensaba yo que nadie, ningún dirigente político en su sano juicio, iba a pretender sacar pecho y obtener alguna rentabilidad del desaguisado.

Me equivoqué, porque uno siempre se equivoca con Zapatero. El desparpajo del personaje supera toda barrera que imponga el sentido del ridículo o aliente la más leve reserva de dignidad moral. El presidente ha vuelto a demostrar que es un auténtico good for nothing, que dicen los británicos, es decir, un insolvente, sin que ello sea óbice o cortapisa para que pretenda sacar petróleo electoral hasta debajo de las piedras.

Tras echarse a dormir durante semanas, el Ejecutivo tocó a rebato cuando, después de que los bucaneros llevaran a tierra a tres de los pescadores bajo amenaza de muerte, alguien advirtió en Moncloa, tal vez él mismo se dio cuenta, que el caso podía convertirse en una bomba de relojería para el Gobierno desde el punto de vista electoral, que es el único criterio que respeta ZP. Se creó entonces a toda prisa un gabinete de crisis, cuya presidenta se fue al día siguiente de viaje a Argentina, porque el asunto no corría prisa, ya saben, y porque –y ésta es la clave de lo ocurrido- lo prioritario era que el marrón se lo comiera otro, de modo que a mí no me salpique la mierda.

El secuestro ha puesto en evidencia el escaso prestigio de nuestro país en la esfera internacional, la incompetencia de nuestra diplomacia al mando de ese señor “tan eficaz” (ZP dixit) llamado Moratinos, la ausencia de talento ejecutivo del Gobierno que dice gobernarnos, la división entre sus ministros/as, las contradicciones inherentes a un Ejército que ha sido convertido por ese mismo Gobierno en una gigantesca ONG, la ineficacia de nuestros servicios dizque de inteligencia, y la falta de pulso del país en general, oposición incluida, para afrontar situaciones límites de fuste con el vigor y determinación de que haría gala todo país desarrollado que se precie.

Al final no hemos hecho otra cosa que pagar el rescate, el que los piratas habían pedido, de 4 millones de dólares. Sabemos que quienes han negociado en nombre del Gobierno de España no han regateado. Lo contrario hubiera sido un milagro. Lo asombroso es que los piratas no hayan pedido 8, 12 ó 18 millones de dólares, porque estamos seguros que Zapatero hubiera dado orden de pagarlos de inmediato, de donde se infiere que es mentira que los somalíes lean medios españoles y sepan de qué va la vaina en España, porque si supieran de qué pasta está hecho el sujeto, qué clase de carácter pétreo adorna al gobernante al que han tenido que enfrentarse, entonces, ya digo, hubieran exigido el oro y el moro y hasta la hijuela nos hubieran sacado.

Ahora será necesario escenificar un paripé de juicio con los dos piratas detenidos en España, para devolverlos sanos, salvos y cuanto antes a sus lares de polvo y arena, tal y como se ha comprometido el Gobierno a hacer. Parodiando la famosa frase pronunciada por Madame Roland camino de la guillotina, ¡Justicia, Justicia, cuántas tropelías se comenten en tu nombre! Lo cierto y verdad es que una banda de salteadores se ha llevado por delante la dignidad del Estado y la independencia, si alguna le quedaba, de nuestra Justicia, siempre sometida a los caprichos de jueces ansiosos de notoriedad y focos.

“Los únicos responsables son los piratas”

Mención especial merece la rueda de prensa que ayer tarde protagonizó la vice. De la Vega leyó un texto con muchos errores de dicción, para responder después a las preguntas de la canallesca en plan estricta gobernanta. Dura. Cabreada. Crispada. Justificando siempre la impericia del Gobierno, su clamorosa impericia. Escapan los piratas con la pasta y a la pregunta de por qué no han intentado trincarlos, con las fragatas de la Armada al lado, responde la Doña que “si supiéramos donde están, tenga usted por seguro que ya les hubiéramos cogido…” Lo que ha salvado a los pescadores ha sido “la acción concertada y combinada del Gobierno”. ¿Hace el Gobierno alguna autocrítica? Respuesta: “Los únicos responsables son los piratas”. Para reír o no parar de llorar.

Gran victoria, pues, la que acaba de obtener Zapatero y su Gobierno. Un éxito que consiste en tender puente de plata a los malhechores, ceder y retroceder en todo, pasar por el aro y agachar la testuz. Los piratas ya saben, a pesar de contar ahora con guardas armados a bordo, qué barcos tienen que tratar de abordar: aquellos que enarbolen pabellón español, perdón, vale decir de Euzkadi, que ésa es otra, porque allí irá raudo nuestro Zapatero a sacarles de apuros con el zurrón de la pasta listo para repartir entre los desheredados del desierto somalí. ¿Será esa la Alianza de Civilizaciones?

De modo que el personaje tiene motivos para sacar pecho. España ha alcanzado las más altas cotas de indignidad y ninguneo internacional. Ocurre que hay veces en que es preciso comerse colectivamente este tipo de marrones. Lo que no se puede consentir es que encima alguien pretenda venderte el desastre con un éxito, como ayer intentó hacer un personaje que a su incuria añade una falta de escrúpulos monumental. A más a más, el susodicho insistió ayer en pedir prudencia a los medios, es decir, ordenar silencio, ese tipo de silencio cómplice que en este episodio ha mantenido también la oposición.

Que sepa que si en este diario lográramos enterarnos de algún detalle relevante de lo sucedido, lo publicaríamos de inmediato. Porque es nuestra obligación y porque constituye la única forma honorable que conocemos de hacer frente a la realidad como hombres libres que somos: contando la verdad. Y si algún miembro de los servicios secretos españoles se anima a contar algo, ya sabe dónde encontrarnos. Lo que no podemos permitir es que a la humillación el señor presidente añada la burla. A eso no vamos a jugar. Y, por supuesto, calurosa enhorabuena para los marineros liberados, españoles y extranjeros, y para sus familias.

El confidencial - Opinión

Justicia bajo sospecha. Por M. Martín Ferrand

ESPAÑA es un Estado de Derecho... procesal. La existencia de una Justicia de velocidad e intensidad variables, como la que se aplica a los dos piratas somalíes que una desafortunada sucesión de acontecimientos y torpezas ha sentado en el banquillo de una sala de la Audiencia Nacional, es una buena prueba de ello. En la medida en que las apariencias sean parte fundamental de la dignidad del Estado, y lo son en una sociedad imagocrática, este caso la está dejando hecha unos zorros. Se quiere vestir a un santo con unos ropajes que no le corresponden para acelerar lo que, en buena ley, debiera tener tiempos distintos y de mayor sosiego.

Tradicionalmente, la Justicia española mide sus actuaciones por décadas y el lustro ya induce al vértigo. Un año es un tiempo tan mínimo que ni los más viejos ropones del lugar recuerdan una decena de sentencias producidas antes de que transcurran doce meses desde los hechos que las suscitaron; pero el «Alakrana» tiene poderes taumatúrgicos y, además de haber puesto en evidencia la fragilidad de una vicepresidenta, la inconsistencia de una ministra y la escasez del servicio exterior nos presenta ahora el velocísimo espectáculo de un procedimiento que, en el mejor de los casos, incita a la sospecha de su instrumentación al servicio de causas tan nobles como la liberación de tres docenas de pescadores secuestrados, pero jurídicamente impreciso y oscuro.

Los piratas del cuento, y nunca mejor empleado el eufemismo, son acusados de detención ilegal y de robo con violencia, pero no se considera la hipótesis de su asociación ilícita con el ánimo de delinquir. ¿Viajaban en el autobús?, ¿una rara circunstancia los colocó juntitos en un punto dado del Índico?, ¿nuestros infantes de Marina dispararon, e hirieron a uno de ellos, a dos chicos que pasaban por allí? El Gobierno ha cometido un inmenso error con el precipitado traslado de estos piratas «no asociados» y, lejos de reconocerlo y buscar soluciones razonables, compromete el prestigio de un Tribunal especial que, venga o no al caso, no parece el indicado -ya que no hay visos de terrorismo en los hechos que se juzgan- ni se ajusta a los ritmos que tenemos admitidos. Esto no resiste la prueba del algodón. Habría que empezar por revisar la vigencia y constitucionalidad de la Audiencia Nacional y ya es excesivo el cúmulo de catástrofes institucionales que tenemos a la vista.

ABC - Opinión

Cuando la libertad es el éxito de la extorsión

Al Gobierno de Zapatero sólo le queda la vía del indulto para terminar de cumplir con las exigencias de los piratas o, una vez ya liberado el buque, hacer todo lo que esté en su mano para incumplir el acuerdo alcanzado bajo coacción.

Por mucho que todos nos congratulemos de que los piratas somalíes hayan liberado el buque Alakrana, con todos sus tripulantes sanos y salvos, no podemos olvidar que la impunidad y una alta retribución económica eran precisamente los fines perseguidos por los corsarios a la hora de emprender el secuestro, y esto es lo que, al menos por ahora, han obtenido del Gobierno español por darle término. Puestos a aceptar la "solución" que estos piratas –como cualesquiera otros– planteaban para "resolver" el secuestro, lo primero que cabe señalar es que el Ejecutivo de Zapatero podría haberlo hecho desde un primer momento ahorrando a los pescadores y a sus familias más de cuarenta días de dolorosa angustia. En lugar de ello, o de recurrir al legitimo uso de la fuerza para liberar al buque, el Gobierno judicializó el caso y se empeñó en traer a España a dos de los piratas que habían sido detenidos por nuestros militares para que la Audiencia Nacional los juzgara. Una vez, sin embargo, que Zapatero se percató de que el enjuiciamiento en España podría obstaculizar la negociación que planteaban los corsarios que permanecían junto a los rehenes en el buque, presionó a la Fiscalía para que aceptara una sentencia de conformidad planteada por la defensa, según la cual los dos detenidos serían acusados de delitos mucho menos graves que los que habían perpetrado, permitiéndose así una condena inferior a los seis años, lo cual permitiría, a su vez y a la luz de la Ley de Extranjería, una rápida expulsión del país que disfrazara su impunidad.

No podemos olvidar el no menos bochornoso espectáculo que dieron distintos miembros del Gobierno acusándose unos a otros de la decisión de traer a España a los dos piratas apresados, cruce de acusaciones que también se dio entre el Gobierno y la Audiencia Nacional. El caso es que este lunes la Fiscalía se negaba al apaño judicial y anunciaba su decisión de solicitar para los dos piratas detenidos penas superiores a los 200 años de cárcel como autores de 36 delitos de detención ilegal, y de robo con violencia y uso de armas.

Así las cosas, al Gobierno de Zapatero sólo le queda la vía del indulto para terminar de cumplir con las exigencias de los piratas o, una vez ya liberado el buque, hacer todo lo que esté en su mano para incumplir el acuerdo alcanzado bajo coacción. En este sentido, sólo un gobernante mentiroso o absolutamente incompetente puede afirmar, tal y como ha hecho la vicepresidenta De la Vega, que "si supiéramos donde están los secuestradores en estos momentos estarían detenidos". El Ejecutivo ha sabido en todo momento donde estaban los secuestradores con quienes ha negociado y a quienes ha pagado, y si ahora no lo sabe es sencillamente porque ha hecho todo lo posible para no quererlo saber. Por otra parte, los dos detenidos en España sí se sabe donde están y ya no hay excusa para que no caiga sobre ellos todo el peso de la Ley.

Por otra parte, no podemos olvidar el no menos bochornoso precedente de este Ejecutivo ante el secuestro y la liberación el año pasado del Playa de Bakio. En lugar de perseguir, apresar a los piratas y recuperar parte del botín entregado –tal y como había hecho poco antes el Gobierno francés con el secuestro del velero Le Ponant con 30 viajeros abordo–, el Gobierno de Zapatero dio orden expresa de no perseguir a los piratas una vez que estos habían liberado a los pescadores, y eso a pesar de que los radares de la fragata Méndez Nuñez detectaron con precisión el rumbo de fuga de los secuestradores.

Ya entonces algunos denunciaron el "efecto llamada" que iba a tener esta "solución", que el Gobierno de Zapatero tuvo la desfachatez de calificar de "diplomática". La diferencia está en que por la liberación del Alakrana se habrá pagado finalmente casi el doble de lo que se pagó entonces por la del Playa de Bakio.

Es cierto que, en este asunto del pago, el Gobierno ha llamado a la "prudencia" y a la "responsabilidad", llamamiento que el Ejecutivo ha dirigido especialmente a los medios de comunicación. Sin embargo, la responsabilidad y la prudencia son exigibles ante un Gobierno que se enfrenta a los secuestradores, no ante uno que los satisface. Y desde luego en este periódico no vamos a dejar de poner pegas a una "libertad" que es el resultado del éxito de una extorsión.

Libertad Digital - Editorial

Liar la madeja. Por Andrés Aberasturi

Si la mayoría de los periódicos no están absolutamente confundidos, el culebrón aun por resolver de los dos piratas capturados, deja más o menos claro como funciona el Gobierno de Zapatero. Así las cosas, parece que hay un cierto enfrentamiento entre la todopoderosa vice De la Vega y la ministra de Defensa o, al menos, un desacuerdo claro entre los asesores de una y otra. Por su parte el titular de Exteriores se desmarca del asunto como si la cosa no le afectara que es lo que viene haciendo Moratinos permanentemente: visitar a quien no debe y luego quitar importancia a todo. Y por ultimo está el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado que, una vez más, se pone a las órdenes del Gobierno en el que puede ser el juicio más rápido y lamentable de la historia de la Audiencia Nacional.

No se trata ya de entrar en el fondo del asunto que fue un error desde el principio y que culminó por una parte con las idas y venidas de uno de los piratas para ver si era mayor de edad y, por otra, con la cuestión de la bandera del Alakrana. Veremos lo que ocurre, pero todo parece indicar que al final será el Gobierno quien tenga que decidir de qué manera se devuelve a los piratas. Lo único importante son las vidas de los marineros secuestrados y en eso parece que todos estamos de acuerdo.

Pero resulta preocupante el papel que han jugado -y siguen jugando en esta chapuza- los distintos implicados. ¿Resulta creíble el enfrentamiento entre Defensa y la Vicepresidenta? Seguramente sí, aunque no tanto en lo personal como en lo "profesional". El desgaste de Chacón al frente de un ministerio del que no se esperaban grandes complicaciones, es evidente: desde la retirada sorprendente de Kosovo hasta la guerra negada oficialmente en Afganistán pasando por el extraño papel de las fragatas que patrullan -no se sabe muy bien para qué- los conflictivos mares de los piratas. Hay como un extraño afán de presentar a nuestras tropas como benefactoras de la humanidad; claro, eso estaría muy bien si de verdad fuera ese su papel. Pero aquí cada uno es lo que es y el fracaso viene cuando se les ordenan cosas más propias de los monólogos de Gila: disparar pero poco, sólo cuando sea necesario y si son atacadas. Faltaría más. ¿Por qué no aceptamos la realidad como es? ¿A qué esa especie de temor para llamar a las cosas por su nombre? Hay dos opciones: o nos implicamos como país en lo que sea y hasta el final o lo dejamos y nos dedicamos a la alianza de las civilizaciones. Lo que no puede ser es pretender una cosa y su contraria. El ministro de Industria se ha dado de baja en Greenpeace; lógico. La ministra de Defensa puede ser pacifista, pero no es fácil.

El problema, de cualquier forma, no lo tiene la señora Chacón; sólo es una pieza más -muy ejemplar- de la contradictoria ideología política del presidente del Gobierno. El problema de Zapatero sigue siendo el de siempre: quiere que la realidad se parezca a lo que él entiende como sus principios, pero la realidad se impone tercamente. Y entonces no sabe muy qué hacer y lo que hace es liar aun más la madeja. No sé cuánto tiempo hará falta para desenredar lo que está haciendo en tantos frentes: desde la extraña vertebración autonómica hasta la política exterior pasando por su peculiar forma de afrontar la crisis económica. Si yo fuera Rajoy y viera posibilidades de ganar las próximas elecciones, me iba a mi casa inmediatamente. La herencia de ZP no va a ser precisamente una golosina.

Periodista Digital - Opinión

El melonar constitucional. Por M. Martín Ferrand

EN los mentideros próximos al Tribunal Constitucional se habla más de los posibles sustitutos de su presidenta, María Emilia Casas, que sobre las deliberaciones en torno al Estatuto de Cataluña que, desde hace tres años, es fuente principal de los desvelos de tan innecesaria como polémica institución. La ponente del caso, Elisa Pérez Vera, lleva ya redactados cinco borradores de resolución, pero ninguno de ellos consigue un número de adhesiones y rechazos lo suficientemente equilibrados para evitar el escándalo de la goleada y alcanzar una prudente mayoría con la mínima distancia, sin humillaciones ni tremendismos. ¿Un imposible metafísico?

La semana pasada los diez magistrados que participan en el asunto, ya que uno de los doce titulares está recusado y el otro no ha sido sustituido tras su fallecimiento, hicieron una valoración prospectiva del proyecto de la ponente y el resultado no les satisfizo. Una mayoría entiende que Cataluña no es una Nación y que, según la Constitución, no puede ser obligatorio el uso del catalán. Esa práctica, según leo y escucho en diversos medios informativos, ha escandalizado a gran número de personas y, por igual, a partidarios y contrarios al Estatut que, en su día, elaboró el Parlamento de Cataluña y sancionó el Congreso de los Diputados. No hay razón para el escándalo. La técnica fue de uso común en la escuela de Villaconejos.

Villaconejos es una pequeña localidad madrileña que, desde principios del XIX, alcanzó fama por la calidad de los melones que allí se producían. Tan grande fue su éxito que multitud de cuadrillas de conejeros se contrataron en tierras de las dos Castillas para el cultivo de los melones. Llegaban en la época de la siembra, se instalaban en una cabaña de fortuna y allí permanecían atentos a su función hasta la recogida de los melones. Incluso los volteaban en la mata para alcanzar una mejor exposición solar. De ahí los trasladaban a los mercados y, especialmente en Madrid, los dispensaban en tinglados provisionales instalados en la vía pública. Alcanzaron prestigio y precio porque introdujeron para el consumidor el derecho a cala y cata, de modo que se garantizase la satisfacción de los melonadictos. Las deliberaciones prospectivas del TC, la cala y cata previos a la aportación de una resolución, entronca con la tradición. No necesariamente con la constitucional, pero las costumbres también hacen leyes.

ABC - Opinión