Observatorio de la corrupción (IV)

Ofrecemos a nuestros lectores un resumen con los enlaces que les darán una somera idea del clima de corrupción que nos hace la atmósfera política irrespirable.

«Operación Pretoria»
e-notícies: 'Pelotazo' en Badalona

La Voz Libre: Los corruptos del PSOE y CiU robaban hasta los fondos de la UE

e-notícies: Amistades peligrosas

e-notícies: La empresa municipal Gramepark tiene un 'agujero' de 85 millones

e-notícies: El 'capo' de Santa Coloma

La Vanguardia: Las defensas de la operación Pretoria creen que el caso no compete a la Audiencia

ABC: CiU, tripartito y TSJC claman contra las «penas de Telediario» a los detenidos

ABC: Cataluña, bajo el síndrome Gürtel

ABC: La larga trayectoria de los detenidos en el PSC y CDC

El Periódico: Jordi Pujol asiste a los hechos «triste, consternado y preocupado»

El Periódico: CDC suspenderá a Prenafeta y Alavedra para desligarse del caso

El País: CDC defiende a Prenafeta y Alavedra, que se dan de baja

El País: La ciudad que quería ser normal

El País: La trama corrupta salpica a la empresa de urbanismo de la Generalitat

e-notícies: El Incasòl dice que "no se desprende ninguna acusación"

ABC: PSC y CDC suspenderán mañana de militancia a implicados en caso "Pretoria"

El Mundo: 'Da pena que esto pase en un pueblo humilde'

e-notícies: El PP denuncia la falta de transparencia de Gramepark

ABC: Defensa Bartomeu Muñoz presentará mañana un recurso pidiendo su libertad

El Mundo: Despertares en la Cataluña de verdad

La Vanguardia: La Audiencia Nacional ordena que se investigue la "exposición ante los medios" de los nueve detenidos en la operación Pretoria

El Mundo: La Audiencia investigará por qué se exhibió esposados a los acusados

La Voz Libre: Operación Pretoria: ¿escandalizan las imágenes y no el botín?

El Confidencial: Empresas vinculadas al ex director de Seguridad de la Generalitat recibieron millones de euros "injustificados”


"El bigotes catalan - Luis García Sáez - 'Luigi'"
El Mundo: Luis García Sáez, el presunto cerebro de la red de corrupción catalana

El Mundo: Garzón estudia una operación urbanística con la que García Sáez ganó dos millones

El Periódico: El PSC trata de desvincularse de las actividades de Luis García

El Periódico: LUIS GARCÍA: El enlace entre las dos ideologías implicadas

La Gaceta: Garzón pinchó hace meses los teléfonos 'Luigi' de García Sáez


"Corrupción en Baleares"
Estos se ponen la venda antes de la herida. Y cambian a peor..
Diario de Ibiza: El cambio de Eivissa pel Canvi

La corrupción ahoga España

«Primero utilizan el urbanismo y luego las empresas de servicios municipales (agua, limpieza, mantenimiento...), y éstas son un pozo sin fondo, como se ha visto en El Ejido o en Barcelona». Son palabras de un constructor de la Costa del Sol al que políticos de todos los colores llevan años pidiendo dinero: de cien mil a diez millones de euros, si es una recalificación de calado. «Malaya», «Astapa», «Gürtel», «Pretoria»... Son los nombres de las operaciones policiales que han marcado hitos en la lucha contra la corrupción urbanística, que se extiende a todos los partidos: socialistas y populares, nacionalistas e independientes. De ahí que en la opinón pública vaya cuajando la necesidad de poner coto, o al menos atajar en la medida de lo posible, esta lacra en fase expansiva. Voces cualificadas sugieren un pacto de Estado, con profundas reformas legales (administrativas y penales) al que se comprometan todos los partidos.

«Los corruptos no tienen ideología, por eso es absurdo que los partidos quieran ganar votos con el «ladrillazo»; están afectados por igual y sólo si hay financiación ilegal del partido -hasta ahora demostrada sólo en el «caso Filesa»- se puede decir que es la formación política la implicada», explican fuentes fiscales.

Todos corruptos

La «operación Pretoria» lo ejemplifica: dos ex altos cargos del Gobierno de Pujol, un ex diputado del PSC y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet. El dinero manda, como quedó claro tras la «Malaya» en Marbella, donde estaban implicados los concejales del GIL, del Partido Andalucista y del PSOE.

Descartado, por tanto, que unos partidos sean más corruptos que otros -en el futuro quizá se den cambios por las deficiencias de los sistemas de financiación-, sí que hay aspectos comunes en estos escándalos: los municipios afectados tienen entre manos importantes desarrollos urbanísticos, lo que conlleva recalificaciones de suelo y un aumento importante de población.

«El ladrillo ha hecho millonarios a muchos y también llevará a muchos a la cárcel», aseguran las fuentes consultadas por ABC. El sistema de financiación de las corporaciones locales es el caldo de cultivo. «Los ayuntamientos se financian a través de los convenios urbanísticos, y esa es una vía de penetración perfecta para la corrupción. Si no se soluciona la primera, con eso que algunos han llamado la segunda descentralización, no se acabará con la segunda», señalan los expertos.

Al calor del desarrollo urbanístico surgen los protagonistas del cohecho: de un lado, miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento o la comunidad de turno, que llevan mucho tiempo en sus cargos y han tejido una tupida red de intereses alrededor; se sienten cómodos, impunes -el «caso Gürtel», con los ayuntamientos y cargos implicados sería un buen ejemplo-; de otro, empresarios que aspiran a repartirse el pastel, con abogados que asesoran, sacan tajada y disponen además de relaciones privilegiadas en despachos influyentes. El Ejido o Estepona son claros exponentes.

Si a estos elementos se une que el municipio esté en una zona costera, en especial la mediterránea de norte a sur -Costa del Sol, de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña-, el cóctel explosivo de la corrupción estaría servido. Y es que sólo con la intención de recalificar un terreno rústico y convertirlo en urbano comienza a moverse mucho dinero -de nuevo la «operación Pretoria», esta semana en Cataluña, es ejemplo de ello-. Guardia Civil y Policía mantienen abiertas una docena de operaciones y hay varias más que comienzan a dar sus primeros pasos porque la crisis de la construcción aún no afecta a los corruptos.

Empresarios sin escrúpulos

El funcionamiento de las tramas sigue un mismo patrón. Se necesita a un alcalde, un concejal de urbanismo o bien técnicos municipales de ese sector dispuestos a llenarse los bolsillos; alguien ajeno a ellos -aunque puede ser la misma persona, como Juan Antonio Roca en Marbella- que conozca las interioridades de la localidad, en especial posibles recalificaciones; y, empresarios con pocos escrúpulos en unas ocasiones o, en otras, financieros hastiados de no conseguir ni una sola obra de forma legal.

Los promotores compran los terrenos cuando aún no se puede edificar a un precio muy bajo. Buena parte de ese «ahorro» lo dedican a pagar los favores del conseguidor y de los corruptos del ayuntamiento implicado. El resto de su ganancia la consiguen con una nueva venta del solar, ya a un precio mucho más elevado, o bien con la venta de los inmuebles que construye. Dinero fácil para todos y posibilidad de repetir la operación casi hasta el infinito.

No existe patrón sobre quién toma la iniciativa del cohecho: el político -como parece que sucedió en Estepona- o el empresario, consciente de que tiene que depositar una «mordida» si quiere trabajar en un pueblo determinado. El elemento común es el ladrillo y el dineral que lleva aparejado.

La corrupción urbanística produce más dinero que la droga, según fuentes policiales, y tiene la ventaja de que las penas son menores. Un ejemplo es Julián Muñoz, condenado en un buen número de causas y en libertad a la espera de que se celebre el juicio por la «operación Malaya», la primera que se saldó con la disolución de un Ayuntamiento por corrupción.

La «Malaya» es por «reiteración, alevosía» y monto del trinque el mayor caso de corrupción urbanística destapado. No es casualidad que se diera en Marbella. Málaga es una de las provincias con más denuncias. Desde 2006 han sido detenidos siete alcaldes y más de 300 personas serán juzgadas en 2010 por corruptelas de todo tipo. En Andalucía los casos son legión. No se libra ni una sola provincia, aunque como es lógico existen grados de voracidad económica. En los últimos años han sido investigados medio centenar de alcaldes andaluces, buena parte del PSOE, casi siempre por construir en terrenos no urbanizables. El Ejido es el último episodio y ha acabado con su regidor, ex PP, en prisión.

En Canarias, otro de los feudos apetitosos, se ha dado en los tres últimos años un desfile de alcaldes, ex alcaldes y responsables de urbanismo por los juzgados. El caso de más relumbrón ha sido el del regidor de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), a raíz de una operación millonaria para urbanizar parte del frente de la playa de Las Teresitas. Las corruptelas salpican tanto a la formación nacionalista como a la grancanaria Nueva Canarias, así como a los dos grandes partidos, PP y PSOE. El último gran caso ha sido la «operación Unión», con una treintena de detenidos en Lanzarote y que afecta especialmente al PIL de Dimas Martín y a su socio habitual, el PSOE.

Ex presidentes a la cabeza

Baleares es la comunidad que apunta más alto desde el punto de vista político, dado que están imputados por presunta corrupción el ex presidente del Gobierno autonómico, Jaume Matas (PP) -caso «Palma Arena»- y la presidenta del Parlamento balear, María Antonia Munar (UM) por una venta irregular de terrenos. Otro ex presidente, Gabriel Cañellas (PP), es investigado por la Fiscalía en relación con el ayuntamiento de Andratx, y el ex alcalde de ese municipio mallorquín fue condenado a prisión.

En Murcia se instruyen nueve casos: seis afectan a municipios gobernados por el PP y el resto al PSOE o vinculados a anteriores ediles socialistas. Hay ocho alcaldes y ex alcaldes de ambas formaciones imputados por tramas de corrupción, y dos diputados regionales, uno de cada partido. Cierran la lista el senador socialista Manuel Hurtado, cuyo aforamiento está pendiente de la decisión del TS, y el ex consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués, detenido en marzo en relación con la recalificación de una finca protegida para una urbanización de lujo.

La Comunidad Valenciana, donde la Gürtel ha extendido sus tentáculos pero no en el urbanismo, tiene también una decena de alcaldes y ex alcaldes imputados, así como una ex diputada socialista en el Congreso, a quien la Fiscalía acusa de vivir en un chalé «regalado» por una constructora.

El caso Ciempozuelos de Madrid, los alcaldes populares de esta comunidad imputados en la Gürtel... no son municipios costeros, pero las apetencias urbanísticas en zonas como Boadilla, Majadahonda o Pozuelo resultan aún mayores y la posibilidad de hacer caja, también. En la memoria colectiva está el caso del macroproyecto de Seseña, promovido por el constructor Francisco Hernando, «El Pocero», con la recalificación de dos millones de metros cuadrados para construir 13.500 viviendas -sólo hay construidas 5.600 y las obras se han paralizado-. Anticorrupción sigue investigando la que se considera la mayor operación especulativa de vivienda.

«Si no hay un enriquecimiento o algún componente penal, son conductas asumibles por la sociedad. Es frecuente encontrarte a gente que te dice sin rubor que prefiere que se lo lleven los suyos (a quienes votan), a que se beneficien los contrarios; o que te suelten que antes lo han hecho todos los que han pasado por allí», señalan los investigadores.

En cuanto a los denunciantes, las Fuerzas de Seguridad reciben informaciones anónimas y otras con nombres y apellidos: una parte nada desdeñable procede de empresarios que se sienten agraviados por el reparto del pastel. Otros, denuncian cuando fracasan en los procedimientos legales que plantean y creen que tienen razón.

«La corrupción es un problema de todos que tenemos que erradicar» (Soraya Sáenz de Santamaría esta semana), pero la proclamada «tolerancia cero» es aún más que una utopía para todos los partidos políticos.

ABC

Los casos de corrupción en España afectan a medio centenar de ayuntamientos

Los casos de corrupción destapados las últimas semanas en diversas localidades españolas se suman a los que ya están siendo investigados en alrededor de medio centenar de ayuntamientos. Las investigaciones judiciales, relacionadas en su mayoría con operaciones urbanísticas, arrojan una cifra de más de 800 imputados entre políticos, funcionarios o empresarios.

La última trama de corrupción desarticulada ha sido la del municipio catalán de Santa Coloma de Gramanet, que se ha saldado con la detención de nueve personas entre los que se encuentra el alcalde, Bartomeu Muñoz. En esta operación están implicados miembros del PSC y dos ex altos cargos de CiU con Jordi Pujol: Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta.

Aunque el caso que más atención ha acaparado durante los últimos meses es 'Gürtel', la comunidad con más imputados es Andalucía, dado que la investigación que destapó la trama de corrupción del ayuntamiento de Marbella, y que supuso por primera vez en la democracia española la disolución de un ayuntamiento, se saldó con un total de 103 procesados.

Pero además, en Andalucía hay otras operaciones abiertas que elevan a más de 200 el número de imputados en la comunidad y que afectan, al menos, a siete ayuntamientos por delitos como malversación de fondos o blanqueo de capitales. Entre ellos se encuentran los consistorios malagueños de Alhaurín el Grande, Estepona, Alcaucín y Almogía y los ayuntamientos de Zurgena y El Ejido en Almería.

Otro de los principales focos de corrupción durante los últimos meses se ha situado en Canarias, donde los imputados llegan a los dos centenares por operaciones que afectan a diversos municipios. Los principales casos destapados en el Archipiélago implican a políticos, funcionarios, empresarios y ejecutivos.

Uno de los casos más polémicos de las islas es el conocido como 'trama eólica', pero también han salido a la luz otros procesos como el llamado 'caso Faycán', que afecta al municipio de Telde, o los relacionados con las localidades de Santa Brígida, Yaiza, Arona, Mogán, Arrecife, La Oliva o Santa Cruz de Tenerife por la compraventa de la playa de Las Teresitas.

Sin embargo, el caso que ha cobrado más relevancia política es 'Gürtel', presuntamente liderado por Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez, 'El Bigotes', y que suma un total de 64 imputados. La trama ha costado el puesto a Ricardo Costa en Valencia pese que los tribunales desestimaron la causa abierta contra los cuatro imputados de la rama valenciana del caso, entre los que también se encontraba el presidente valenciano, Francisco Camps.

El senador del PP Luis Bárcenas también renunció al puesto de tesorero del partido tras ser imputado por el Tribunal Supremo junto al diputado nacional Rafael Merino. Otras víctimas políticas de la trama fueron tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y tres alcaldes de municipios afectados. En Madrid, 'Gürtel' ha salpicado a los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo, Arganda del Rey y Las Rozas.

Sin embargo, en la Comunidad de Madrid hay también otras operaciones abiertas como el caso 'Guateque', que destapó una red ilegal de cobro de comisiones en el Ayuntamiento de la capital a funcionarios a cambio de acelerar los trámites de las licencias municipales. En esta operación están imputadas cerca de un centenar de personas que se suman a las implicadas en diversos casos de corrupción en localidades como Ciempozuelos o Leganés.

CORRUPCIÓN EN BALEARES

Las islas Baleares han sido también protagonistas durante los últimos meses de numerosos casos de corrupción que presuntamente afectan a una veintena de políticos, como el ex presidente Jaume Matas o la presidenta del Parlamento autonómico, María Antonia Munar. En total, el número de imputados por los casos abiertos en las islas ronda los 70.

La imputación de Matas está relacionada con el caso 'Palma Arena' que investiga la construcción de un velódromo, mientras que Munar está relacionada con el caso 'Can Domenge'. Esta semana se conoció también que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella contra el ex presidente del Govern balear Gabriel Cañellas relacionada con presuntas irregularidades en el municipio de Andratx. El alcalde de este municipio, Eugenio Hidalgo, ya fue condenado a prisión por delitos urbanísticos.

Pero además, las islas tienen abiertos otros procesos como el de 'Son Oms', relacionado con la recalificación y urbanización de un polígono industrial de Palma, o el 'caso Scala', que investiga la presunta trama para beneficiar a empresas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.

Otro de los casos más llamativos es, en la Comunidad Valenciana, el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la administración pública y fraude fiscal por los que la Fiscalía Anticorrupción sigue diversos procesos contra él. En Valencia están también condenados a prisión los alcaldes de Benitatxell (Alicante), Zarra (Valencia) y Bigastro (Alicante).

Murcia tiene también varias investigaciones abiertas por casos de corrupción urbanística en las que están implicadas alrededor de 40 personas. El mayor proceso abierto en la comunidad es el relativo al municipio de Totana, que destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para la construcción y que afecta a una veintena de personas.

Otras localidades murcianas también están siendo investigadas, como Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Javier, Los Alcázares, Librilla o Águilas, donde el caso 'Zerrichera' llegó hasta el ex consejero de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno regional Francisco Marqués en la investigación sobre la recalificación de una finca agrícola.

PALAU DE LA MÚSICA

En Cataluña, la operación 'Pretoria' en Santa Coloma de Gramanet se suma a la investigación abierta en torno a la gestión del Palau de la Música, en el que el ex presidente del patronato de la Fundació Orfeó-Catalá Palau de la Música, Félix Millet, confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 20 millones de euros.

Por su parte, el principal caso de corrupción en Aragón es el del municipio zaragozano de La Muela, cuya alcaldesa fue acusada de dirigir durante años una trama de corrupción urbanística. El caso afectó también a varios concejales y funcionarios que, junto a la alcaldesa, llegaron a pasar varios meses en prisión.

CASTRO REI

Esta semana fue también destapada una presunta trama en el municipio lucense gallego de Castro Rei, donde fueron detenidos el alcalde del municipio, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

En la comunidad también fueron detenidos diversos cargos públicos del Ayuntamiento de Gondomar por su supuesta implicación en casos de corrupción urbanística. Además, el fiscal solicita dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez, por un supuesto trato a favor a sus empresas desde el ayuntamiento.

Por otro lado, los casos más importantes en Cantabria afectan a las localidades de Castro Urdiales y Alfoz de Lloredo. En Castro Urdiales existen varias causas abiertas en las que están implicados representantes de la actual y la pasada corporación municipal. Mientras, en Alfoz de Lloredo están imputados el alcalde y cinco de sus concejales.

En Extremadura este mes salió a la luz un caso de posible corrupción en el municipio cacereño de Plasenzuela y por el que están imputados el ex alcalde, un concejal y el secretario del Ayuntamiento. Además, en Navarra está el caso que afecta al municipio de Cintruénigo y del que finalmente sólo fue acusado el secretario del Ayuntamiento.

Europa Press

La corrupción en "Jalogüin". Por Nacho&Duarte

TRUCO o TRATO

Nacho&Duarte - Truco o trato

La corrupción política ha sustraído al menos 4.158 millones en 10 años

La corrupción política en España ha sustraído en los últimos 10 años, y en tan sólo 28 casos, 4.158 millones de euros. Así se deduce de las memorias de la Fiscalía Anticorrupción y de otros procedimientos abiertos en diferentes Tribunales Superiores de Justicia.

También hay que resaltar que en el año 2005 España se encontraba en el puesto 23 del ranking de corrupción mundial, según un informe de la ONG Trasparencia Internacional. Uno de los casos más importantes de los últimos 10 años es el saqueo I de Marbella, que reveló EL MUNDO en 1999, y donde se defraudaron 25 millones de euros.

Y en el reciente 'caso Pretoria', donde han sido detenidos el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet y dos ex altos cargos de Convergència, entre otros, se calcula que el fraude asciende a 45 millones de euros. Es decir, unos 70 millones en tan sólo dos casos.

En los próximos meses, la Audiencia Nacional señalará la fecha del inicio de la vista oral del saqueo II de Marbella -descubierto también por este periódico en 2003- y donde el actor principal volverá a ser Juan Antonio Roca.

El dinero defraudado en Marbella entre 1999 y 2006, y detectado tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por el Tribunal de Cuentas, ascendería a la friolera de unos 314,6 millones de euros.

En años posteriores, la corrupción fue tomando cuerpo y en 2001 se destapó el caso Gescartera. Al frente de la sociedad de inversiones Gescartera estaba Antonio Camacho, que estafó unos 88 millones de euros a sus clientes.

El año 2006, según se desprende de la memoria de la Fiscalía Anticorrupción, fue el punto de inflexión de la corrupción urbanística y en ese periodo se dieron casos tan importantes como: Ciempozuelos (40 millones de euros), Malaya (2.400) y Andratx (cinco).

La Fiscalía Anticorrupción analiza y explica en su memoria de 2006 por qué se han descubierto muchos más casos de corrupción en ese periodo y llega a la conclusión de que todo ello es producto de "un trabajo realizado con mayor profundidad de lo desarrollado habitualmente".

El Mundo

Corrupción y política. Por José María Carrascal

FINALMENTE, todos iguales, los del PP, los del PSOE, los nacionalistas. Todos esposados, todos en la cárcel, todos acusados de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y delitos por el estilo. ¿Contentos? Hombre, lo que se dice contentos, no. Sólo satisfechos de que algunos de los que se dedicaban a tan deshonestas actividades tengan que dar cuenta de ellas. Pero hay demasiados agujeros en esa satisfacción para sentirse contento. El primero, el tiempo en que tardó en actuarse. El caso Pretoria venía investigándose desde 2001 y sólo ahora sale a la luz. Luego, que hubiera sido denunciado sin tenerse en cuenta, y haya tenido que ser la Audiencia Nacional quien se hiciera cargo del mismo. Por último, la proliferación de casos por el estilo en todas las comunidades y todos los grandes partidos, sin que haya que ser malpensado para imaginar que los pequeños se libran por no tener oportunidades, pues en cuanto se unen a los grandes, participan en las fechorías. Estamos descubriendo sólo lo que hay debajo de una esquina de la manta de que hablaba Pujol. ¿Sabremos algún día lo que se «afanó» en la Barcelona olímpica y en la Feria Mundial de Sevilla?

No hay, por tanto, motivos de alegría. Todos somos iguales, sí, pero a la baja, como está ocurriendo en todo en esta democracia nuestra, mientras nos deslizamos hacia los últimos puestos en educación, productividad, prestigio y, ahora, en moral pública. Sin que valga la disculpa de que corrupción la hay en todos los países. Lo malo es que aquí empieza a formar parte del sistema, a juzgar por el número de casos y la renuencia de la sociedad civil a ponerles coto. Lo que demuestra que no es una auténtica sociedad civil, sino un coro de figurantes que espera poder sacar provecho si «los suyos» se encaraman a lo alto de la cucaña. No es éste todavía el grado al que hemos llegado. Pero llegaremos si seguimos por el mismo camino.

La corrupción viene del dinero fácil e incontrolado, y la mejor forma de atajarla es cortar el grifo de ese dinero a quienes principalmente lo manejan: los partidos y los ayuntamientos. Unos partidos políticos que se financian con dinero del Estado sin dar cuenta a nadie, convertidos en grupos herméticos para alcanzar el poder, que atraen a todo tipo de sinvergüenzas como la miel a las moscas. Y unos ayuntamientos sin apenas recursos, que gastan diez veces lo que ingresan, gracias a la recalificación de terrenos, cuyas plusvalías quedan al alcance de quienes las manejan. Reformar la financiación de los partidos y la de los ayuntamientos es condición indispensable para salvar la democracia española. Así de simple.

Lo malo es que esa reforma sólo pueden hacerla los partidos políticos. ¿Y cómo van a cambiar el sistema quienes son los primeros beneficiados del mismo?

ABC- Opinión

Frente a la corrupción.

Confundir la moral pública con la moralina sectaria sería la peor respuesta a los escándalos

La acumulación de graves escándalos de corrupción que afectan en mayor o menor medida a los principales partidos españoles no sólo amenaza con arruinar la reputación de la política y sus profesionales, sino también la imprescindible confianza de los ciudadanos en las instituciones. Espectáculos como los de Valencia o Cataluña, el interminable goteo de irregularidades municipales o la descarnada lucha por el poder en torno a Caja Madrid, contribuyen a extender la percepción de que la democracia es un instrumento para saciar ambiciones personales, desde el narcisismo de la notoriedad o el placer un punto sádico de someter las voluntades ajenas, hasta la avaricia del enriquecimiento rápido y fácil.

El riesgo que se corre es que la denuncia de la corrupción acabe traduciéndose en desapego hacia el sistema democrático, un terreno abonado para el populismo. Debe quedar claro, por ello, que la irrenunciable denuncia de la corrupción responde a un compromiso firme con las instituciones, no a su desprecio o su puesta en entredicho. El remedio más eficaz contra el uso espurio que la corrupción hace de ellas no es otro que más democracia, más transparencia, más responsabilidad, cada cual desde el lugar que constitucional, política y socialmente le corresponde. Esto es, precisamente aquello que partidos, dirigentes y simples ciudadanos incursos en investigaciones y procesos judiciales tratan de evitar, buscando complicidades donde puedan encontrarlas, ya sea en los poderes del Estado o en medios de comunicación dispuestos a sacrificar su función en aras de la propaganda o de sus propios intereses.

Cada vez que se antepone la solidaridad gremial a la condena de hechos reprobables, o que prima el cálculo electoral, la corrupción abandona la periferia del sistema y comienza a instalarse peligrosamente en su interior. La democracia no sirve para mejorar la naturaleza humana, y la corrupción es, tal vez, una de las pruebas más concluyentes a este respecto; para lo que sí sirve, en cambio, es para garantizar que quienes ostentan cualquier poder no están al margen de las leyes, y es por esta vía por la que hace mejores a las sociedades. Ahora más que nunca, los tribunales están obligados a extremar el rigor en su actuación.

Es cierto que la corrupción es una lacra que no afecta sólo a España, pero esta desoladora constatación no puede hacer que se renuncie a analizar y combatir las debilidades específicas que han permitido que prospere en nuestro país. Una de las principales economías del mundo, como es la española, no puede seguir conviviendo con el hecho de que entre el 20% y el 25% de su PIB escape al control del fisco. Ni tampoco con un farisaico sistema de financiación de los partidos que hace que se sientan legitimados, una vez en el poder, para suplir sus carencias financieras mediante procedimientos a la vez groseros y sofisticados dirigidos a desviar fondos públicos en su propio beneficio. Ni, en fin, con administraciones que, como la municipal, han debido buscar sus recursos durante años en fuentes alternativas como la burbuja inmobiliaria.

La consecuencia es lo que algún intelectual ha definido como el desgobierno de lo público: una suerte de partitocracia que, superando los cortafuegos institucionales y convirtiendo lo público en patrimonio privado, sustituye al Estado. Con los partidos en manos de una oligarquía profesional sin escrúpulos, el Estado se convierte en un objeto de rapiña y la política, en un negocio. Ante esto, confundir la moral pública con una moralina sectaria sería la peor de las respuestas. Y es de esperar que el coste político que ha empezado a pagar el PP, según la encuesta que publica hoy este diario, sea el despertar de una exigencia cada vez más firme de cada ciudadano con cualquier opción política, no sólo con la contraria.

El País - Editorial

Cleptocracia. Por Ignacio Camacho

EN los años noventa la corrupción ascendió a los áticos y plantas nobles del Estado y provocó un colapso político nacional, pero lo que hizo crisis fue el felipismo y no el sistema porque salvo algunas excepciones la venalidad había sobrevenido como una excrecencia derivada del acaparamiento hegemónico del poder por un partido que lo disfrutaba en régimen extensivo. Ahora el Gobierno y sus aledaños son reos de una mediocridad letal pero en materia de mangancia parecen relativamente limpios; sin embargo en los escalones intermedios de la Administración se ha incrustado un ejército de saqueadores que amasan fortunas a base de ordeñar y desviar los recursos públicos sin distinción de ideologías ni adscripciones. Esa universalización de la deshonestidad es mucho más peligrosa porque impide a los ciudadanos asqueados la opción de derivar su voto hacia alternativas no contaminadas; la partitocracia corrompida nos lleva directamente a Trincolandia.

La pasividad complaciente de los aparatos de dirigencia nos ha devuelto a los tiempos en que Julio Camba podía escribir con sorna que en España se dice que los concejales roban como se dice que los caballos relinchan o los toros mugen: como una suerte de expresión natural de su condición zoológica. Sólo que ahora además de los concejales roban alcaldes, presidentes de diputaciones y caciquillos de las autonomías, más una pléyade de satélites especuladores que gira en su entorno desde la esfera privada. En vez de organizar una cruzada común contra esta delincuencia de cuello blanco que subvierte la representación del pueblo, los partidos se blindan en su autodefensa, apelan a detalles victimistas o protestas persecutorias y abordan el problema con una óptica de sectarismo cuyos cristales filtran la corrupción propia para medir tan sólo la del adversario, o encuentran vagos argumentos paliativos y excusas de un casuismo hipócrita con las que cohesionarse a sí mismos.

Para tomar medidas de fondo, penales o civiles, urge primero la aceptación del mal desde una conciencia de ética pública que parece haberse perdido en el debate banderizo. Sólo a partir de ahí cabría pensar en fórmulas sinceras de achicar el campo a los corruptos desde una voluntad de atajar el problema más allá de sus repercusiones en las urnas, acaso parcas por desistimiento o conformismo de un electorado envuelto en el desaliento moral. Si los partidos fuesen responsables subsidiarios del dinero defraudado por sus militantes quizá asumiesen más en serio su deber de vigilancia. Como núcleo funcional del sistema les corresponde una responsabilidad ineludible en la centinela de su integridad. Ante el riesgo de llegar a una cleptocracia no valen lágrimas de cocodrilo que suenan a la cínica sentencia de Henry Kissinger: el noventa por ciento de los políticos le crea mala reputación al diez por ciento restante.

ABC - Opinión

El precio de la moral. Por M. Martín Ferrand

«PESSEBRE» es una palabra polisémica que, en el idioma catalán, lo mismo sirve para referirse a la representación del naiximent del nen Jesús que para, en sentido figurado, aludir a las ilegales, inconfesables y nada éticas vías de enriquecimiento para los políticos corruptos y sus beneficiarios ocasionales. Tengo ahora a la vista, mientras escribo, una delicada edición del Poema del pessebre al que puso música el irrepetible Pau Casals sobre letra de Joan Alavedra. Se refiere, claro está, al nen Jesús. El hijo del poeta, Maciá Alavedra, junto con Lluis Prenafeta, ingresó en prisión como sospechoso de acudir y nutrirse en los pessebres de Santa Coloma de Gramanet. Es una forma poco fina, pero rentable, de mantener la tradición familiar, algo que como vemos estos días resulta fundamental en los usos y prácticas catalanes.

Alavedra y Prenafeta, tal para cual, son nombres inseparables del tiempo en que Jordi Pujol era president de la Generalitat. Eran sus manos más largas y sus intérpretes y mensajeros más fieles. Interlocutores indispensables para quienes, desde dentro, aspiraban al progreso económico o, desde fuera, intentaban asentarse en Cataluña. Grandes personajes de CiU. Ahora, Oriol Pujol, hijo del Pujol al que llamábamos molt honorable -otra expresión polisémica -, en su calidad de portavoz de CiU en el Parlament, acaba de anunciar la suspensión de militancia de los dos notables de su partido que, junto con otros del PSC, están imputados en la trama de corrupción urbanística de turno, algo inseparable del folclore nacional e hiperdesarrollado a orillas del Besós. En un gesto de singular ternura y evidente compañerismo, el hereu del ex president, veterinario de carrera, ha manifestado el «apoyo y afecto» de su partido hacia los suspendidos de militancia.

Hace noventa años, Julio Camba, magistral y preciso, escribía en estas páginas que los catalanes «ayudados del mar, de la tierra... y de los aranceles han pasado del periodo heroico al periodo industrial. (...) Su cocina es sabrosa y barata. Su moral es menos austera que la moral de Castilla, y también es barata». ¿Qué podría añadir yo, que sólo soy de La Coruña, al certero y magistral diagnóstico de Camba que, además de ser de Pontevedra -de Villagarcía de Arosa-, es paradigma incuestionable en este pobre oficio de contar lo que pasa y tratar de valorarlo sin demasiadas ofuscaciones?

ABC - Opinión

Corrupción y melancolía. Por Josep Ramoneda

Con la Operación Pretoria, Baltasar Garzón ha incorporado al cada vez más denso mapa de la corrupción una presunta trama catalana de carácter transversal, que conecta ayuntamientos gobernados por los socialistas con personalidades del mundo de Convergència a través de un ex diputado del PSC, susceptible de toda sospecha. Tanto hablar de la sociovergencia política y ahora resulta que la económica iba por delante. Unos se apresuran a celebrar el fin del oasis catalán y otros vuelven al eterno discurso del ataque contra Cataluña. En medio, la desafección ciudadana crece: todos son iguales.

Cada vez que estalla un nuevo caso, se perciben sentimientos encontrados: satisfacción porque la justicia saca un caso de la sombra, pero indignación por la extensión de una enfermedad a la que no se le ve límite. La ciudadanía ha crecido en escepticismo y a los políticos se les está agotando el recurso de ocultar las miserias envolviéndolas con los grandes discursos ideológicos, ya sean laicos o patrióticos. Hay motivos para pensar que estos hechos no harán sino aumentar una abstención, que ya se preveía muy alta, en las próximas elecciones catalanas y que quizá servirán para dar entrada a grupos políticos ahora extraparlamentarios que pueden complicar la gobernabilidad del país.

¿Qué pretenden los principales partidos políticos: minimizar los efectos y mantener las apariencias a partir de pactos secretos de no agresión o de agresión limitada o realmente trabajar por la transparencia y por la clarificación de los hechos? Los dos partidos catalanes afectados por la Operación Pretoria, han reaccionado de forma dispar, aunque cuando se han visto cara a cara -en el Parlamento- no han hecho ningún favor a su reputación, porque han optado por evitar la cuestión que, por respeto a la ciudadanía, era ineludible.

CiU ha deslizado estos días reiteradamente el mensaje de que si se tira de la manta saldrán todos perdiendo, algo que ya venía repitiendo desde el caso Millet. Lo dijo Jordi Pujol casualmente el día anterior a los hechos. Insistió Artur Mas después al decir que podríamos encontrarnos en medio del Far West. Felip Puig ha llegado a afirmar que esto ocurre porque hay un gobierno débil, dando a entender que un gobierno fuerte es garantía de impunidad. La conclusión es alarmante: sabemos que hay mucha mierda, pero mejor esconderla entre todos: política kitsch. ¿Hay que optar por la omertà ante el riesgo de la catarsis?

El PSC, por su parte, se ha puesto el listón tan alto desde el primer día, al anunciar Zaragoza, el secretario de organización, que si sus militantes eran imputados serían inmediatamente expulsados del partido y sustituidos en sus cargos, que tiene ahora difícil marcha atrás. Al mismo tiempo, la falta de confianza con los suyos, al señalarles el castigo antes de que sean imputados, no deja de ser sospechosa. ¿Qué saben?

CiU tiene implicadas a dos personas -Prenafeta y Alavedra- muy significativas en la historia del partido, pujolistas del núcleo duro y permanentes activistas del nacionalismo en las clases altas catalanas. La dirección actual parece decidida a distanciarse de ellos como hombres del pasado, en un ejercicio que deberán medir muy bien si no quieren que sea visto como una deslealtad por una parte de su electorado. El PSC, en cambio, tiene implicado a un alcalde, Barto Muñoz, y parte de su equipo, con un peso importante en el poder municipal y con presencia incluso en las instancias directivas del PSOE. Aunque es cierto también que el supuesto hombre clave de la trama, Luigi García, fue expulsado hace ya algunos años.

Con independencia de los distintos grados de responsabilidad, PSC y CiU deben escoger: seguir buscando coartadas para guardar las apariencias y limitar los efectos o plantearse de una vez para siempre la cuestión de la corrupción, aun a riesgo de un estallido.

La corrupción no es sólo una cuestión política. No hay corrupto sin corruptor. Nadie cobra si alguien no paga. Y es injusto ser más estrictos con los políticos que con los corruptores. Muchas veces, la corrupción va ligada a la financiación de los partidos, otras, busca el simple beneficio de las partes (como parece ser el caso Santa Coloma); a menudo, las dos cosas van juntas. En una cultura que ha entronizado el dinero como valor absoluto, probablemente es ingenuo pedir transparencia. Pero la catarsis es ya indispensable, aunque cueste el puesto a muchos. De lo contrario, se impondrá la melancolía y las urnas se quedarán vacías. Hasta que, un día, la ciudadanía se harte.

El País - Opinión

Observatorio de la corrupción (III)

Ofrecemos a nuestros lectores un resumen con los enlaces que les darán una somera idea del clima de corrupción que nos hace la atmósfera política irrespirable.

«Operación Pretoria»
Europa Press: Garzón envía a prisión a cinco políticos de CiU y PSC detenidos en la operación de Santa Coloma

La Vanguardia: Garzón envía a prisión a cinco de los nueve imputados en el caso Pretoria

ABC: Prisión para cinco de los políticos del PSC y CiU detenidos por corrupción en Santa Coloma

El País: Garzón encarcela a cinco políticos de PSC y CiU de la trama catalana

Libertad Digital: Garzón envía a prisión a Alavedra, Prenafeta y los cargos del PSC

e-notícies: La red 'Pretoria' usaba los "cargos institucionales"

e-notícies: Un fraude de 45 millones

La Razón: El PSC expulsará a los imputados

e-notícies: Sociovergencia a la cárcel

El País: Sobres llenos de dinero

El Periódico: La exhibición de los detenidos esposados causa desconcierto

ABC: Los contratos sospechosos cubren todo el «cinturón rojo»

El País: Beneficios de 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticos

Europa Press: Santa Coloma, San Andrés y Badalona dejaron de ingresar 44,7 millones

ABC: Los ayuntamientos de Santa Coloma, San Andrés y Badalona dejaron de ingresar 44, 7 millones de euros

ABC: Consistorio Santa Coloma reivindica su honorabilidad pero no aclara cambios

La Vanguardia: El Ayuntamiento de Lleida cifra en 552.000 euros los pagos a 'Luigi' en los 90

La Razón: Cubelles denuncia un agujero de 2,3 millones por corrupción

e-notícies: El PSC suspende de militancia a los encarcelados

el confidencial: 'Caso Petroria', un grupo organizado con ramificaciones en el extranjero

Libertad Digital: Cifran en 45 millones de euros el fraude de la trama de corrupción en Cataluña

e-notícies: ICV exige a CDC que expulse a Prenafeta y Alavedra

Europa Press: CiU anuncia la suspensión temporal de la militancia de Alavedra y Prenafeta

e-notícies: CDC suspende a Alavedra y Prenafeta

La Vanguardia: CiU anuncia la suspensión temporal de la militancia de Alavedra y Prenafeta

e-notícies: El PSC prepara la expulsión de los encarcelados

Expansión.com: El espejismo del oasis catalán topa con la realidad de la 'trama Pretoria'

e´notícies: La operación Pretoria salpica al Govern

ABC: CiU suspende de militancia a los detenidos Alavedra y Prenafeta

El País: CDC suspende temporalmente de militancia a Macià Alavedra y Lluís Prenafeta

El País: Pujol, "consternado" por el encarcelamiento de Alavedra y Prenafeta

La Razón: Suspendidos de militancia los dos altos cargos de Pujol encarcelados por Garzón

Libertad Digital: CiU suspende a los ex altos cargos de Pujol encarcelados por Garzón

e-notícies: 'Luigi' mandaba en Santa Coloma

e-notícies: El exdiputado del PSC tenía un museu en su despacho

el confidencial: CDC suspende temporalmente de militancia a Macià Alavedra y Lluís Prenafeta

e-notícies: CDC sospecha que la responsabilidad del PSC va "más allá"

e-notícies: Alavedra y Prenafeta cobraron 630.000 euros de comisión

La Vanguardia: Los partidos catalanes alaban la actuación judicial frente a la corrupción

ABC: Incasòl investiga gestiones relacionadas con Santa Coloma a raíz auto Garzón

El Mundo: Badalona pide al consejero Marina SA que deje el cargo por aparecer en la trama

e-notícies: Siurana también trabajó con 'Luigi'

EcoDiario: El PP de Badalona pide explicaciones a la sociedad mercantil del municipio

e-notícies: "Una actividad agotadora", según el juez

ABC: ERC pide llegar al fondo del caso para evitar "populismo" contra democracia

e-notícies: La operación Pretoria se acerca al Govern

e-notícies: "Montilla se esconde bajo la presidència de la Generalitat"


"Corrupción en Ceuta"
El País: Dimite el vicepresidente de Ceuta por un vídeo de contenido sexual

El Mundo: Dimite el vicepresidente de Ceuta alegando 'motivos personales'

ideal.es: Dimite el vicepresidente del Gobierno de Ceuta tras ser grabado en un vídeo de contenido sexual


«Operación Palau», o como roba la burguesía catalana
Expansion.com: Félix Millet confiesa haberse apropiado de 1,8 millones de euros del Palau de la Música

el confidencial: Un informe oficial desvelaba hace ya siete años irregularidades en el Palau de la Música

La Vanguardia: El arquitecto de la reforma del Palau dice que la obra costó la mitad de lo que dice Millet

El País: La Cataluña feudal

El Periódico: El expresidente del Orfeó acaparó puestos muy bien remunerados en el tejido cultural y empresarial

El Periódico: Justícia pide a la Trias Fargas que aclare un gasto de cinco millones

La Vanguardia: La fundación de CDC recibió 500.000 euros del Palau durante diez años

El Periódico: El director de la Fundació Trias Fargas amenaza con ''tirar de la manta''

Europa Press: Jordi Pujol: "Todos nos despistamos"

El Periódico: CDC desautoriza a Colom por denunciar un complot del PSC

El País: El Palau exigirá el dinero a Convergència

El Periódico: Rahola dice que Colom debe devolver el dinero si se prueba que procedía del Palau

El País: Pujol favoreció a 28 empresas que financiaron su partido


Caso «Castro de Rei»
La Voz de Galicia: La adjudicación de 9 obras del Plan E centra la investigación en Castro


"Corrupción en Valencia"
La Vanguardia: Miles de personas piden la dimisión de Camps en Valencia

El amable estafador. Por Joaquín Leguina

Félix Millet, el “ciudadano que nos honra”, recibió en 2008 este título en presencia de las autoridades catalanas y del Ministro de Cultura y, apenas un año después, se ve ante la Justicia por haber “levantado” del Palau de la Música entre 20 y 30 millones de euros. Pero, claro está, un señor a quien también se le otorgó la “Creu de Sant Jordi” (Pujol) y la llave de Barcelona (Maragall) no puede ser tratado como un vulgar ladrón de gallinas. Quizá por eso el juez instructor, Juli Solaz, no ha visto indicios de malversación y ha decidido dejarlo libre con cargos, pero sin fianza. Y yo me pregunto: ¿dónde tendrá los ojos este lince?

Aparte de sueldos y dietas millonarias, de bodorrios de hijas y de putas (incluyendo los preservativos), el señor Millet se lo llevaba crudo y aún le sobraba para financiar a los partidos, con especial dedicación al CDC de Artur Mas. Pero este mangante es algo más. Se ha convertido en el paradigma de la Cataluña oficial, gente capaz de rechazar cualquier crítica con el simple exorcismo de la “catalanofobia”. Porque los políticos catalanes no responden ante los ciudadanos ni ante Dios ni ante la Historia. ¿Por qué? Porque ellos son Cataluña, la Cataluña eterna.

Millet es, también – y lo ha hecho con gran solvencia-, el representante de toda esa legión de las familias catalanas (miembros de las “cuatrocientas familias” que, según Millet, son las que mandan en Cataluña: las del Liceo, de la Caixa, del Barça, del Círculo Ecuestre, del Club de Polo… ) que fueron franquistas prácticos y pasaron sin cambiarse la ropa a servir al nacionalismo sin hacerle ascos al PSC (“esos chicos que eran progres en su juventud y que hoy nos sirven para que los votantes charnegos no se nos salgan del redil”).

Millet se verá ante los jueces y saldrá de la vida social, pero aún le quedará pasta para echar unos quiquis en el piso de la calle Verdaguer i Callí, donde puso, por cuenta del Palau, su nidito de amor mercenario… Y el resto, como en Hamlet, será silencio.

El blog de Joaquín Leguina

El dinero de los sindicatos. Por Francisco Muro de Iscar

Mientras se sigue hablando del pacto educativo -para Zapatero es "fundamental", para Gabilondo "va bien", para el portavoz educativo del PP en el Congreso, "no hay voluntad de hacerlo" y para la portavoz del PSOE, aunque el desacuerdo con el PP es profundo, "en absoluto aleja la posibilidad del pacto"- el ministro se saca de la manga la posibilidad hacer obligatoria la enseñanza hasta los 18 años "como sucede en otros países europeos". Y cita a Portugal". Usando sólo el sentido común, eso de ampliar la escolaridad obligatoria tendría que ser uno de los puntos básicos de ese (im)posible pacto escolar que debería ser una prioridad política de todos los partidos, pero que a veces parece más una operación de marketing. Y sobre todo, pensar en prolongar la escolaridad supone la necesidad de más dinero para la educación, lo que, con la que está cayendo, parece imposible. ¿De dónde saldrá si con lo que gastamos no llega? Imaginar que las autonomías, que tienen las competencias educativas, van a aceptar más gastos sin ningún ingreso nuevo parece un disparate político.

Sucede lo mismo que con la reforma laboral. Ni está ni se la espera. La intervención de hace unos días de los secretarios generales de UGT y de CC.OO. y del presidente de la patronal en TVE tuvo un pobre seguimiento. No se si fueron pocos espectadores todo el tiempo o simplemente huían tras escuchar las primeras respuestas. No me extraña. Cándido Méndez se quejó de que son pobres porque viven fundamentalmente "de las cuotas de sus militantes" y no de las subvenciones públicas. Los hechos son tercos. Méndez habló de una afiliación de más de un millón de trabajadores a UGT, que nos la creemos. Dijo que pagan sus cuotas, unos 10 euros al mes- la verdad es que van de 3 a 10 euros-, que nos lo creemos menos, pero que damos por bueno. Y que viven fundamentalmente de eso. Es decir, de unos 100 millones de euros de ingresos al año.

Si los partidos o los sindicatos tuvieran que vivir de las cuotas de sus militantes habrían desaparecido hace décadas. Aunque aceptemos elefante como animal de compañía, las cifras dicen otra cosa. Los dos grandes sindicatos -otros, también pero menos- perciben dinero de diversas fuentes que multiplican sus ingresos. Sólo en formación UGT recibirá este año 95 millones y CC.OO., 94. A eso habría que sumar el importe de los alquileres de las sedes cedidas, el patrimonio cedido o recuperado y los casi 16 millones que los sindicatos reciben de Trabajo por representatividad en las elecciones, las subvenciones de otros entidades y de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y todo ello sin contar los sueldos de decenas de miles de liberados sindicales -algunos cálculos hablan de entre 150.000 y 200.000- que cobrarían sueldos de entre 2.000 y 3.000 millones de euros pagados religiosamente por las empresas y las Administraciones públicas. Cualquiera puede conocer las cuentas del Santander o de Endesa y lo que cobran sus directivos. ¿Conocen ustedes las cuentas de los sindicatos?

Periodista Digital - Opinión

Perros y deditos. Por Alfonso Ussía

El acto organizado por LA RAZÓN en el Círculo Ecuestre de Barcelona con José María Aznar de protagonista ha dado y dará mucho que hablar. (Un inciso. ¿Por qué le molesta tanto a la competencia periodística que LA RAZÓN acierte en sus organizaciones? En este periódico no se prohíbe nombrar a otros diarios). Aznar llenó el foro hasta la bandera y lanzó un mensaje a su partido político: «Un solo partido, y no varios; un solo proyecto, y no varios; y si es posible, un solo líder, y no varios». Directo y certero. Mientras Aznar hablaba en Barcelona, en Madrid lo hacía Manuel Pizarro, ese talento del Partido Popular arrinconado por los celos. Y usando de imágenes figuradas arremetió contra la triste actualidad de su partido. «El pastor es muy importante. Pero tiene que haber un perro que muerda, porque si no, el ganado se desparrama».

Y una advertencia: «En cualquier grupo humano, es un líder el que va delante, y si la procesión no le sigue, usted se va porque no es el líder. El líder tiene que ir delante, llevar un secretario general que ponga orden en lo que pase, y un motor muy claro que son los principios, los valores y las ideas». El Puente Aéreo Madrid-Barcelona y el AVE que va ocupando su sitio intercambiaron estos mensajes.

Manuel Pizarro habla con su verdad porque no siente miedo de ella. De ciento diez alcaldes del PP en la Comunidad de Madrid, ciento siete se han sumado a Esperanza Aguirre. Tres a Gallardón y Cobo. ¿Quién es el líder? Rajoy vuela y pica, pero ya no hace daño. De pico de alcotán a pala de pato. No sabe cómo manejar este problema. Si Esperanza arrojara la toalla, Gallardón intentaría comérselo en la primera semana. No es un líder Mariano Rajoy. «Un líder, si es posible, y no varios», dijo Aznar en Barcelona. José María Aznar apuntaba a la calle Génova. Él fue un líder, le siguió la procesión y tuvo un secretario general, Francisco Álvarez-Cascos, que no permitía chorradas personalistas en el PP. Y aquello funcionó, y muy bien, y con alto beneficio para España y los españoles, al menos durante seis años. Por ahí anduvo Rodrigo Rato, que llenó la caja del Estado que Aznar se encontró vacía y nos metió en el euro. Rato era el líder en las finanzas, Álvarez-Cascos en el régimen interior del partido y Aznar en el Gobierno. Compenetración. Sólo los mediocres se rodean de otros mediocres. La inteligencia busca mayores inteligencias que la suya propia para lograr el buen fin. En Valencia, Costa, el hermano del otro Costa, reta a Rajoy con el permiso de Camps. Y ahí Rajoy es implacable y actúa con firmeza. ¿Por qué sólo contra Costa salta el muelle del «basta ya» del gallego? El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha anunciado que no se presentará a las elecciones si esto sigue tan turbio y desajustado. Otro valor del PP, como Valcárcel en Murcia, honradamente enfadado. El ganado se desparrama y no sigue al líder. No hay perro que muerda. Y Aznar, con sobrados motivos, coincide con Pizarro en lo del liderazgo y pide uno y no varios. Sólo un matiz. El líder que no puede liderar el PP en la actualidad no surgió de un congreso, una elección o un acuerdo mayoritario del partido. Nació del poderoso dedito del propio Aznar. Dicho esto, hagan lo que sea y pónganse de acuerdo. De lo contrario, el PP se irá al carajo.

La Razón - Opinión

ESPIRITU REPUBLICANO. Por A. G. Trevijano

La fidelidad a la monarquía es un permanente amor sin correspondencia. Y se puede ser monárquico aunque los reyes no lo sean. Si Juan Carlos lo hubiera sido, no habría aceptado ser nombrado por un dictador, ni traicionado a su padre. Las monarquías rompieron el feudo medieval, que ligaba recíprocamente a señor y vasallo con un pacto de protección y sumisión, disolviendo el sentimiento de patriotismo feudal. La patria pasó a ser el territorio marcado por los límites del patrimonio de las Casas Reales. Hasta que las revoluciones, las de aquél y este lado del atlántico, despertaron el patriotismo nacional con sus respectivas Repúblicas.

En su extenso patrimonio Real, la Casa de Austria subordinó los intereses españoles a los imperiales, y la de Borbón, a los franceses. A ninguna de nuestras dos repúblicas las trajo ni animó un patriotismo nacional. La guerra civil aniquiló el sentimiento natural de la patria. Y la dictadura creó una patria nacionalista para los vencedores. La monarquía de Juan Carlos se descompone en nacionalismos feudales, en nacionalidades totalitarias de País y Comunidad, con aspiraciones de Estado, en feudos nacionalistas de corrupción de partidos y discriminación de habitantes, retornando al patriotismo feudal. La conciencia nacional, la libertad política, la verdad y la decencia pública no encuentran sitio ni ocasión para patriarse en España.

No se puede esperar de una Monarquía transaccional que sea patriótica, ni de ningún nacionalismo que sea democrático o, al menos, liberal. Con el paso del tiempo, las situaciones políticas cambian, como las personas, exagerando sus inclinaciones. En la ficción del como sí nada pasara, la sociedad real no puede frenar la tendencia desintegradora de la conciencia española, ni el desprecio a la verdad en la opinión. Lo español y lo verdadero se encuentran juntos en el destierro. Y en este oscuro ostracismo, una nueva idea de la República aparece en el horizonte de la esperanza, con banderas de lealtad, en busca del espíritu republicano que la fecunde de patriotismo natural, de modernidad inteligente y de dignidad pública. Hecho insólito. ¡España, verdad y democracia bajo un mismo estandarte!

En búsqueda del espíritu público que la realice, la idea republicana tropieza con la barrera que le opone el materialismo de la monarquía transaccional. Sin principios éticos, el consenso de monarca, partidos estatalizados, medios de comunicación, instituciones financieras, empresas privatizadas, autonomías faraónicas y municipios inmobiliarios, ha creado una cultura mercantilizada, donde el espíritu equivale a hipócrita vacuidad. Nada de orden espiritual puede ser operativo en un mundo de intereses económicos sostenido formalmente por un solo espíritu. El de partido estatal.

Obligada a rastrear las huellas del espíritu republicano en otros tiempos y lugares, la investigación histórica descubre que éste aparece, dando alegría y esperanza a la causa de la República en sus momentos fundadores, y desaparece, como espectro atormentado, tan pronto como se inventa para ahuyentarlo la macabra institución del orden público.

Este tipo de orden estatal no existía en las Monarquías de los tres órdenes, ni en la mentalidad terrorífica de aquella Salud Pública de la soberanía popular. Nació en las encuestas de la policía durante el Directorio, y Napoleón lo tomó como fundamento no solo de la tranquilidad en las calles, sino como principio ordenador del Derecho Público y Privado. Hasta la familia y la propiedad se hicieron cuestiones de orden público.

Los Estados totalitarios y las dictaduras no tuvieron más que sistematizar la represión política, creando tribunales de orden público napoleónico, entendido sin tapujos como orden estatal. Era de esperar que esta Monarquía de Partidos se sentara en el trono del orden público establecido por Franco, para ahuyentar al espíritu republicano que la asustaba. Y el consenso mediático ha creado la opinión general de que la República, ordenación de los asuntos comunes, es incompatible con el orden público.

Esta propaganda monárquica no sabe bien hasta que punto acierta. Es verdad. El espíritu republicano es antitético del que inspira el orden público. Pero no por los desórdenes civiles que imaginariamente se le endosan para asustar a la ignorancia, sino porque el espíritu de la República, nacido de la lealtad, conduce a la fundación de un orden civil en la Sociedad, que hace adjetiva -no sustantiva como en la Monarquía de nacionalidades, terror y discriminación- la necesidad de reprimir sus alteraciones con la medida excepcional del orden público.

El orden público solo puede ser la parcela patológica que el orden civil de la Sociedad deja a la prevención y cuidado de la terapia estatal. Ninguna acción concerniente a la sociedad política, o a las instituciones civiles, podrá caer en las garras del orden público. Y el espíritu cívico de la República Constitucional, que es el nuevo espíritu republicano, se bastará para discernir lo que es acción civilizada de libertad política y derechos civiles, de lo que es brutalidad, vandalismo, crimen y terror.

El orden público heredado por este Régimen monárquico, ha impedido toda posibilidad de espíritu republicano. Sin él, no puede haber unidad ni dirección convergente en las dispersas manifestaciones republicanas. Es cuestión de orden público. Por eso el MCRC, antes de pasar a la acción, está definiendo el espíritu cívico de la República Constitucional.



A. G. Trevijano

La España que merecemos. Por César Alonso de los Ríos

Corrupción económica y desintegración territorial: Gürtel, Pretoria, transfuguismo. Estatutos soberanistas de nacionalistas y PSOE, taifas del PP. Rota pero en pie, desvergonzada en pie. El disimulo de lo anormal es aún más patético.

Corría 1980 cuando Simón Sánchez Montero asistió a una reunión de la dirección del PSUC donde fue conminado a hablar en catalán. Días de la «nova canço». Si el terrorismo etarra encontró el rechazo, el nuevo modelo de Estado y el plurinacionalismo contaron con la comprensión. Pujol era la respuesta pacífica y tranquila. Al PSUC le sucedió el PSC. Era lo políticamente correcto.

Pero las direcciones de los partidos nunca quisieron ver que en una sociedad ellos no podían ser la excepción. Que la desestructuración de una sociedad conlleva la de los partidos. No vio Mariano Rajoy que, además de inconstitucional, el nuevo Estatuto catalán suponía la expulsión del Partido Popular del seno de la sociedad catalana, que el de Andalucía era una caricatura de aquel y que el de la Comunidad Valenciana era el consuelo de los tontos. La ruptura del territorio se paga. La izquierda tenía, al menos, una tradición: Stalin, Araquistáin, Comorera... LA CEDA fue la respuesta desesperada de la derecha.

Con la aventura del autonomismo el reino de España se ha convertido en reino de taifas. Además, campo de inmoralidad. Era lógico: Cuando se prescinde de la idea de Nación ¿porqué habrían de mantenerse los principios de solidaridad?

Así, era inevitable que la corrupción moral y la desintegración nacional vinieran de la mano, como fue inevitable que la aceptación del autoritarismo por parte de la sociedad española llevara al oportunismo desde el momento mismo en que se redactó la Constitución.

En realidad, tenemos la España que merecemos.

ABC - Opinión

Observatorio de la corrupción (II)

Ofrecemos a nuestros lectores un resumen con los enlaces que les darán una somera idea del clima de corrupción que nos hace la atmósfera política irrespirable.

«Operación Pretoria»
La Vanguardia: Los detenidos ya están en la Audiencia Nacional a la espera de declarar ante el juez Garzón

Europa Press: Garzón interroga a los nueve detenidos en Santa Coloma por corrupción

El País: Garzón interroga a los nueve detenidos en la 'Operación Pretoria'

La Razón: Garzón interroga a los nueve detenidos en la operación «Pretoria»

Libertad Digital: Garzón interroga a los detenidos en la operación de corrupción en Cataluña

el confidencial: El 'caso Pretoria' se remonta al año 2000, cuando era alcaldesa Manuela de Madre

ABC: El marido de De Madre sustituirá al alcalde detenido en Santa Coloma

ABC: El fiscal pide una fianza de 100.000 € para uno de los empresarios detenidos

La Vanguardia: Garzón deja en libertad al empresario detenido en Madrid, para quien la Fiscalía pide una fianza de 100.000 euros

e-notícies: Benach responsabiliza al Tribunal de Cuentas

Europa Press: Duran critica el "injusto" trato de Garzón a los detenidos en Santa Coloma de Gramenet

El Economista: Operación Pretoria: ¿el fin de la Cataluña del 3% en comisiones?

El País: La Fiscalía pide prisión incondicional para Prenafeta, Muñoz, García y Alavedra

Finanzas.com: Pretoria.- La Sindicatura investiga desde 2008 las irregularidades de Santa Coloma por encargo del Tribunal de Cuentas

ABC: El fiscal pide prisión incondicional para el alcalde socialista de Santa Coloma

Libertad Digital: El fiscal pide prisión incondicional para el alcalde de Santa Coloma

La Razón: El fiscal pide prisión incondicional para el alcalde de Santa Coloma

Europa Press: El fiscal pide prisión para seis de los nueve detenidos en la operación contra la corrupción en Santa Coloma

El Periódico: Mas confía en que el caso Pretoria sea menos de lo que se dice

La Plana Mayor de Convergencia

Caso «Palau»
Europa Press: Cuelgan en Internet el video de la declaración de Millet ante el juez

El juego de "Félix Bitllet"


"Corrupción en Baleares"
Libertad Digital: Ex presidente balear Cañellas, imputado por un supuesto desvío de fondos

La Razón: Ex presidente balear Cañellas, imputado por supuesto desvío de fondos

ABC: Anticorrupción presenta una querella contra el ex presidente balear Gabriel Cañellas por presunta corrupción

Europa Press: Ex presidente balear Cañellas, imputado por supuesto desvío de fondos

La Vanguardia: Anticorrupción se querella contra el ex presidente balear Gabriel Cañellas por el 'caso Andratx'


"Corrupción en Sevilla"
Libertad Digital: Capítulo ridículo en el caso de las facturas falsas, ahora "se duplicaban pero no se falsificaban"

Libertad Digital: Sevilla tiene la misma cantidad de funcionarios que de empresas

Libertad Digital: Cosido exige "explicaciones inmediatas" a Rubalcaba por la droga de Sevilla