jueves, 23 de diciembre de 2010

Comunicado trampa. Por Edurne Uriarte

La expectativa de un comunicado del final de ETA se ha instalado en contra de toda evidencia de la banda terrorista.

Se ha llegado en las últimas semanas a la proeza de fabricar un comunicado trampa antes siquiera de tener otra tregua trampa. Y me refiero a la expectativa de un comunicado de final de ETA que se ha instalado en los círculos supuestamente informados en contra de toda la evidencia proveniente de la banda terrorista. Evidencia que es la de siempre, la de la presión para la negociación, últimamente llamada «proceso» en el lenguaje etarra y que es la que dominará el comunicado que salga en las próximas horas o en los próximos días.

Negociación desde la creciente debilidad, pero negociación. Exigencia que ETA no va a abandonar, no solo por el eterno colchón del que le provee el nacionalismo para arrepentirse y ser perdonado cuando le parezca oportuno, sino por los signos de debilidad que le llegan desde el Gobierno y desde diversos círculos sociales. Con la invitación del pase usted de asesino a demócrata que seremos generosos con los detalles de la transición y que ETA convierte en una transición a su medida. Que incluye reivindicación de sus crímenes, vista gorda para los criminales, continuación de los mismos objetivos desde las instituciones y el mantenimiento de la estructura básica del terror para la vigilancia del proceso.

Que de todo eso, diáfano en todos los mensajes de la banda, salga la expectativa de un comunicado de final de ETA, se explica por las esperanzas alimentadas por el Gobierno en los últimos meses. Explícitamente, a través de Egiguren o de las noticias desde las cárceles, Otegi, especialmente, y sinuosamente, a través de mensajes en círculos más restringidos. Sumido en la debilidad y el descrédito como está, el Gobierno necesita imperiosamente el comunicado del final de ETA que le permita salvar al menos una página de esta legislatura. Y aunque no exista, lo imagina, lo sueña, y, cuando se descuida, hasta lo verbaliza.


ABC - Opinión

El agravio de las pensiones. Por Martín Ferrand

Por primera vez los ciudadanos se irritan por una cuestión de principios. ¿Estaremos reaccionando?

SUPONGO que no hay un solo español sensato, sean cuales fueren su posición política y su situación laboral, que no asuma, al menos en la intimidad —como José María Aznar hablaba en catalán—, la urgente necesidad de abordar una reforma profunda del actual sistema de pensiones. Aún así el asunto se presenta como especialmente conflictivo y cabe pensar que inauguraremos el 2011 con algaradas defensoras del insostenible sistema en vigor. Es así porque la Historia acredita que el español utiliza un sistema lógico para el análisis y el raciocinio y otro muy diferente, antagónico, para establecer los cauces de su conducta. Es algo que puede parecer diabólico a un espectador sobrevenido, pero forma parte de la sorda demanda de justicia distributiva y repulsa de los agravios comparativos que anidan en el corazoncito de los ciudadanos comunes.

Consciente de ese estado anímico, el Gobierno del que sigue siendo titular José Luis Rodríguez Zapatero, más lánguido cada día, trata de aplazar el tiempo de las reformas, lo que es temerario, y de producirlas de poco en poco, como los fascículos con los que nos vendieron las enciclopedias o, mejor, tal que los folletines que ilustraban a la mesocracia española antes de que la basura televisiva con patente italiana tratase de secarnos el cerebro con sus abyectos programas en los que la insidia alterna con el mal gusto y el despropósito con la impostura.

Posiblemente el escenario para el debate sobre las pensiones —de paro, jubilación o cualquier otra naturaleza— deberá ser el Pacto de Toledo; pero la degradación que establece la talla mínima de los representantes de los partidos en esa comisión parlamentaria —¡Isabel López i Chamosa es la portavoz del PSOE!— invita a otros marcos y consideraciones. Tampoco importa mucho. La clave de la solución del problema reside en una previa rebaja de la privilegiada situación de los senadores, diputados y altos cargos de la Administración en todo lo que afecta a sus derechos pasivos. Sin ella como pórtico de una reforma sustancial, con sus correspondientes drásticas rebajas, no hay nada que hacer. Ya se advierte la temible ira del español sentado en todo cuanto afecta al caso. El ejercicio de desfachatez de nuestros representantes, que se han apresurado a mejorar su situación en perjuicio y agravio de la nuestra, no es de recibo y puede llegar, con o sin protagonismo sindical, a una movilización colectiva de imprevisibles consecuencias. Por primera vez en mucho tiempo los ciudadanos se irritan por una cuestión de principios previa a la inevitable reducción de derechos adquiridos. ¿Estaremos reaccionando?


ABC - Opinión

Vuelven los almorávides

Nuestra legislación, normas administrativas y hábitos sociales ni pueden ni deben amilanarse ante abusos y majaderías. O dicho de otro modo: ¿por qué se admitió a trámite una denuncia tan surrealista?

La señora mamá del niño contestón y moro de La Línea de la Concepción se llama Jadiya Mrabet y no es que pretendamos encontrar una premonición en el nombre de esta mujer, pero Jadiya fue la primera esposa de Mahoma (y tía) y Mrabet es la forma vulgar marroquí de murabit (almorávide, en español), es decir, los que pelean por el islam en las fronteras, bien fortificados en un ribat. Mas dejemos las filologías y las casualidades por simbólicas que sean y recordemos que las invasiones africanas de los siglos XI y XII (almorávides, almohades) amén de derribar a los corruptos y divididos régulos de las taifas andalusíes, trajeron oleadas de barbarie e integrismo –digamos, para entendernos– y estuvieron cerca de dar al traste con la Reconquista, lo cual hoy en día no podríamos ni lamentar, porque ni nos percataríamos de lo que habíamos perdido al no tenerlo jamás.

En nuestros días, las invasiones se llevan a cabo con métodos más sofisticados y menos espectaculares, aunque tampoco falten ni se excluyan a medio plazo los procedimientos tradicionales de ocupación y degollina, según las latitudes y las circunstancias. En nuestro caso, la inserción, aparentemente pacífica, de poblaciones extrañas (no sólo musulmanes) viene promovida y avalada por intereses económicos locales que no ven más allá de la ganancia inmediata, sin importarles una higa el conflicto que a largo plazo dejan a los países receptores. Fue el caso de la inicua trata de esclavos hacia América en otros tiempos y es también el de Europa –con formas suavizadas, desde luego– que llega a rizar el rizo de la pudibundez eufemística en el término alemán Gasterarbeiter (trabajador invitado). Pero, ojo, que aquí tenemos a Rodríguez y Caldera para bendecir y promover una inmigración de cualquier manera, que hace malvivir a los inmigrantes, de momento (aunque estén a años luz en bienestar respecto a sus países) y crea gravísimos choques para un futuro que ya tenemos aquí.

Hace tiempo que venimos anunciando, advirtiendo y –por desgracia– enumerando ya los incidentes en la relación cotidiana que, de modo inevitable, se iban a producir en cuanto creciera la población inmigrante islámica; como ya decíamos, no por alarde de profetas y estrelleros –esto lo ve cualquiera con alguna información y dotes normales de discernimiento– sino por evitar a nuestro país las tensiones que ya sufren otras naciones europeas. Seguramente, fueron muy suculentos los negocios (acá y allá) que trincaron políticos y empresarios catalanes importando cuatrocientos mil marroquíes, auspiciados por la Generalidad que, de paso, eludía admitir hispanoamericanos, su pánico. Pero eso, sin escapatoria, tiene un precio que se paga en deterioro de la convivencia y la estabilidad, como perfectamente saben los antropólogos sin regalías en lo políticamente correcto, por ejemplo Marvin Harris: toda comunidad –no sólo los musulmanes– endogámica y cerrada sobre sí misma tiende a constituir ghettos, aislándose de la población mayoritaria. Así, a la automarginación sigue la marginación, en un viciosísimo círculo salpimentado con incidentes de mayor o menor gravedad, incluidos lances tan ridículos como "La increíble y triste historia del jamón de La Línea de la Concepción".

Y no abundaré en los comentarios, casi todos acertados y que suscribo, de lectores de Libertad Digital o de otros analistas, en torno al nene, la mamá y los denostados perniles, pero algo hemos de ver con claridad: nuestra legislación, normas administrativas y hábitos sociales ni pueden ni deben amilanarse ante abusos y majaderías. O dicho de otro modo: ¿por qué se admitió a trámite una denuncia tan surrealista?


Libertad Digital - Opinión

Vuelven los almorávides. Por Serafín Fanjul

El barco de los piratas. Por Alex de la Iglesia

«Se necesita cambiar de modelo de mercado. La Red ha cambiado el mundo. Estoy hablando de una auténtica reconversión industrial»

ME llamo Alex de la Iglesia y hago películas. Eso me define. Es mi trabajo. Mis películas no son buenas ni malas, son películas. Además, presido una asociación, sin ánimo de lucro, que busca la promoción y el desarrollo de la cinematografía. No pertenezco a ningún partido ni a ninguna religión. Soy Nihilista Optimista, y me temo que esa tendencia no tiene adscripción política. Intento ser sensato, aunque no lo parezca, sobre todo si han visto mis películas. ¿Qué busco? Intento establecer acuerdos para mejorar las cosas. No cobro por ello. «Este tío es idiota»: es lo primero que tendrán ustedes en la cabeza, y lo comprendo, incluso lo comparto. Desde luego, hablo demasiado.

Otra cosa que me define es que trabajo con el ordenador. Como todos, vivo en internet, soy internauta. Tuiteo, tengo facebook, correo electrónico, y una conexión ADSL que se desconecta a menudo, y que pago religiosamente.

Todo esto lo comento para situarnos. Estos días me he encontrado envuelto en una discusión acerca de la piratería en internet. Parecía que había dos posturas, la de los creadores y la de los internautas. El asunto resultaba peliagudo, porque yo soy creador e internauta. Reflexioné (en la medida escasa de mis posibilidades), sobre el tema, y me encontré con una «falacia», como decía mi profesor de lógica medieval en la Universidad: el problema no está en el enfrentamiento de los intereses de unos y otros, está en los personajes que encauzan los intereses de ambos.


Al parecer hay una gente que cuelga en internet nuestro trabajo, y no lo hace de manera legal. Se llaman piratas. Bien. La gente se encuentra ese material y lo consume. ¿Es eso delito? No. Es lógico. Si es gratis, ¿qué quieren? Si la tienda está abierta, y huelo los pasteles, soy el primero en entrar. ¿Debemos perseguir al que lo hace? No, nadie lo ha pretendido, como, por el contrario, ocurre en otros países. El usuario no tiene la culpa: su ordenador funciona, sin más.
¿La cultura debe ser un bien de acceso universal no retribuido? ¿Somos partidarios del «todo gratis»? Creo que no, y ahora más que nunca. En el caso del cine, opino que nuestro deber es trabajar por su rentabilidad e independencia, y afianzar su aspecto industrial. La piratería no es precisamente una ayuda.

Desde mi punto de vista, esta situación de vulnerabilidad pone en peligro todo el sector audiovisual, que mueve el 4,2 por ciento del producto interior bruto y da empleo a 700.000 personas, con un mercado potencial de 500 millones de consumidores. Me parece razonable, necesario y urgente buscar una solución, y no pasa por culpabilizar al consumidor buscando un enfrentamiento ficticio entre creadores e internautas, sino al que se beneficia de un sistema jurídico ineficaz.

Precisamente, ¿no hay ya una ley que contempla estos casos? Todos sabemos que robar es delito. El problema es que la ley que existe para regular el asunto es predigital, por no decir prehistórica. No es preciso ser un ingeniero de telecomunicaciones para comprobarlo, solo hay que entretenerse cinco minutos en Google y una parte considerable del mercado cultural se encuentra a tu disposición. Libros, discos, películas. ¿Qué hacer?

En nuestro caso, la vida comercial de una película se desarrolla en las primeras semanas de exhibición en salas. La única manera de salvar su vida en los cines es actuar rápido, y siempre con autorización judicial. Para eso se precisa que el perjudicado demande esa actuación, y una vez comprobado que la demanda es legítima, y que existe intención de lucro, enviarla al juez, que decidiría, en menos de cuatro días, según el artículo 20 de la Constitución, si esa medida debe ser ejecutada o no.

Sin la decisión del juez no se prohibiría nada. ¿La propuesta es descabellada? Parece que sí. ¿O no? Posiblemente no se haya explicado con claridad, o no se haya defendido con la suficiente vehemencia. O quizá haya personas que consideren que este procedimiento coarta las libertades, están en su derecho. La conclusión es que no se ha hecho nada. Vivo en un país en el que la excelencia coincide, la mayor parte de las veces, con la no-acción. El virtuoso es el que no actúa, y por tanto, nunca se equivoca.
Lo alarmante es que esta situación puede resultar letal para todos, porque, de alguna manera, el permitir que ocurra algo ilegal termina legitimándolo. Sin ánimo de ofender a los responsables políticos, pienso que permitir acciones ilegales no es una actitud propia de un Estado de Derecho. Busquemos un acuerdo, una manera de satisfacer a todas las partes implicadas. Encontremos nexos de unión.

En este conflicto tenemos a los creadores, a los internautas y, en medio, el mar de ADSL. En ese mar gobiernan los piratas. Las descargas ilegales suponen una parte significativa del flujo de información en la Red, que manejan y cobran las grandes compañias telefónicas, orgullosas de no ver ponerse el sol en su imperio. Si yo vendo algo en mi tienda que no me pertenece, ¿no debería, al menos, intentar evitarlo? Estoy absolutamente convencido de que así lo han hecho, os lo aseguro, pero desgraciadamente, con la misma eficacia que cuando llamo desesperado para que me arreglen mi banda ancha, o cuando intento que me cambien el móvil. Sé que es difícil, y la tarea se me antoja inabarcable, titánica. Sin embargo, hay algo que me resulta tremendamente sencillo de entender: cuando yo no hago nada por mejorar algo es porque me encuentro cómodo. Me encantaría comprobar que esta situación es incómoda para alguien más que para los perjudicados, y que los implicados hacen lo posible por remediarlo.

Somos el segundo país con más piratería del mundo. Quizá sería bueno cambiar esta situación, o al menos intentarlo. Todos queremos que internet sea libre, pero esa libertad no puede construirse sobre algo deshonesto.
Para esto se necesita llegar a acuerdos. He estrenado una película en la que la ira y la intransigencia imposibilitan el amor. Podría resumirse así. En este país nos definimos no por lo que somos, sino por lo que no somos. Es más real estar en contra que a favor.

Busquemos la solución cediendo cada parte, y construyendo entre todos una nueva manera de ver y disfrutar el cine. Se necesita cambiar de modelo de mercado. La Red ha transformado radicalmente la manera de entender el mundo. Estoy hablando de una auténtica reconversión industrial. Necesitamos reaccionar rápido, y no hay tiempo para dar marcha atrás. Intentemos ver lo positivo en las propuestas y corregir los errores. Me da lástima la gente que se planta delante de una obra, apoyada en la valla amarilla, y critica la manera en que se ponen los ladrillos. No somos así. No quiero creer que seamos así.


ABC - Opinión

No sólo espíritu navideño


El último cara a cara parlamentario del año entre Zapatero y Rajoy sorprendió por su tono y sus mensajes. Imbuidos de un «espíritu navideño», se aparcaron diferencias y se mostró la voluntad de alcanzar posiciones comunes en materia económica para defender juntos «los intereses de España» ante la Unión Europea, y conseguir así un mejor «marco financiero plurianual». El líder de la oposición tendió la mano al presidente del Gobierno en una intervención constructiva y razonable que eludió en todo momento la crítica severa, a pesar de contar con sobrados motivos para ello. La voluntad de acuerdo de Mariano Rajoy ha sido una constante en su trayectoria como jefe de filas del PP, aunque el líder socialista haya entendido habitualmente el compromiso y la transacción con el adversario como la imposición de sus tesis y el veto a las populares. El talante exhibido ayer en el debate monográfico sobre el Consejo Europeo celebrado la pasada semana debe ser bienvenido, porque hemos defendido con insistencia la necesidad del entendimiento entre los dos principales partidos en políticas de Estado, algo que, desgraciadamente, ha sido una excepción hasta la fecha por la resistencia y las maniobras del Gobierno. Resulta, sin embargo, poco probable que el «espíritu navideño» de este Pleno perdure; parece más bien transitorio y limitado en principio a las estrategias comunitarias, con ser éstas de gran trascendencia. El horizonte a corto y medio plazo para el país demanda otro tipo de respuestas y actitudes a las mantenidas hasta ahora, especialmente por el Gobierno y el PSOE. El propio Zapatero anunció ayer en el Congreso que España necesitará cinco años para corregir los desequilibrios estructurales de su economía y que ese lustro será decisivo para la prosperidad de los españoles. Se nos anuncia una larga etapa de sangre, sudor y lágrimas, algo que, por otra parte, había sido reconocido y anunciado ya por las principales instituciones nacionales e internacionales. Este intenso baño de realidad, en el que el presidente está inmerso desde que Europa tomó cartas en la política económica española, resulta en sí mismo un avance, pero será necesario articular compromisos mucho más ambiciosos que, de momento, no se atisban. Con el horizonte electoral todavía lejano, y un Gobierno sobrepasado y errabundo, al principal partido de la oposición le corresponde dar los pasos al frente que sean necesarios para sumar esfuerzos y favorecer grandes acuerdos que parecen imprescindibles para recuperar cierta confianza internacional en España y sostener los sacrificios que parecen ineludibles. El PP, desde la oposición por el momento, debe asumir su responsabilidad en un nuevo liderazgo político, que no puede pasar por un Gobierno desprestigiado y sin capacidad ni solvencia para asumir en solitario la colosal tarea que se nos viene encima. Gobierne quien gobierne, toca arrimar el hombro conscientes de que se afronta un desafío nacional y que la alternativa a no emprender esa especie de catarsis política, económica y social será un colapso de impredecibles consecuencias. Que cada cual, por tanto, asuma su deber.

La Razón - Editorial

Zapatero, sí o no

El presidente del Gobierno no puede jugar a las adivinanzas en el decisivo reto de su relevo.

Convertir en adivinanza un eventual relevo a la cabeza de una de las principales fuerzas políticas del país, o del Gobierno, constituye una incomprensible ligereza. Mucho más cuando quien lo hace es el inquilino de La Moncloa y secretario general del partido que encarna la opción mayoritaria en la izquierda española. Tras la última remodelación del Gabinete, Zapatero se ha empleado en propagar unos rumores que, por otra parte, aseguraba querer desmentir. Porque los rumores inevitablemente se propagan cuando un jefe del Ejecutivo acosado por la crisis económica y castigado por las encuestas responde con ambigüedad, más frívola que calculada, a las preguntas sobre su continuidad, según ha venido haciendo hasta ahora Zapatero.

Como presidente y como secretario general de los socialistas, Zapatero está en su derecho de dejar paso a otros líderes de su partido si lo cree conveniente. Pero no de llevar a cabo su decisión como si fuera parte de un juego privado, no de una decisión trascendental que afecta a las instituciones, a la credibilidad del país ante las incertidumbres de la crisis y, también, a los millones de ciudadanos que le dieron su voto. Su particular forma de Gobierno durante los años de bonanza no puede dejar paso a un desprecio de formas elementales en un sistema parlamentario cuando el clima se le ha vuelto adverso. Ni su entorno familiar ni su secreto confidente en el partido socialista están ni más ni menos preparados que la opinión pública para conocer su decisión de continuar o retirarse. Los ciudadanos no son niños a los que hay que entretener con señuelos y trampantojos, sino titulares de una soberanía política cuya representación han depositado en él.

Si Zapatero ha decidido retirarse, hace tiempo que debería haber trazado la estrategia de un relevo que no sería sencillo. La impresión que transmite pretendiendo rodear de gratuito misterio sus palabras es que no dispone aún de esa estrategia. A efectos de la lucha contra la crisis económica, y de las propias expectativas electorales del partido socialista, la apertura de un proceso de primarias en las que Zapatero conservara la secretaría general, pero renunciara a ser cabeza de cartel en las próximas elecciones, resultaría una operación suicida. Tampoco minimizaría los previsibles costes políticos el hecho de que cediera la jefatura del Ejecutivo a otro líder que debería someterse a una incierta investidura parlamentaria. Y la celebración de un congreso extraordinario detraería una atención imprescindible a la tarea de Gobierno.

El callejón sin salida en el que podría estar adentrándose Zapatero se haría manifiesto si, como vaticinan las encuestas, el partido socialista sufriera un importante revés en las próximas elecciones municipales y autonómicas. En ese supuesto, lo que estaría en juego no sería la continuidad de Zapatero o de su Gobierno, o de ambos a la vez, sino el futuro de la opción política que encarna el partido socialista en España. La gravedad de la encrucijada no permite jugar a las adivinanzas.


El País - Editorial

El final que merece ETA

El fin de ETA ha de ser victorioso para la democracia. Sería un sarcasmo sangriento que los genocidas de ETA tuvieran un final tranquilo.

UNA vez más, ETA ha conseguido crear expectación en torno a un comunicado que se daría a conocer de forma inmediata y con el que anunciaría un alto el fuego permanente y verificable. A renglón seguido habrá que preguntarse de qué servirá que ETA anuncie su enésima tregua, cuando es conocido su criterio de que las treguas están al servicio de su estrategia terrorista y de que, por esto mismo, las utiliza para confundir a los demócratas, recuperar fuerzas en etapas de recesión terrorista y hacer hueco a sus sicarios de Batasuna para participar en las siguientes elecciones. De hecho, los terroristas han vuelto a robar en Francia materiales para falsificar documentos y se sospecha que han podido hacerse también con un vehículo. Es una repetición de la farsa de 2005-2007, durante la cual ETA lanzó el señuelo de la tregua y aprovechó para recomponer sus maltrechas filas.

Y aunque fuera cierto que ETA se encuentra en estado terminal, ahora más que nunca hay que tener aprendida la lección de que bajo ningún concepto ETA puede administrar su extinción para procurarse los beneficios que no ha obtenido mientras ha estado asesinando, de que su desaparición ha de ser el resultado de una derrota en toda regla, policial y judicial, y de que su paso a la historia debe estar escrito como el de una pura y simple organización criminal. Por eso, también el final de ETA debe conllevar el de su deslegitimación histórica y social, no con el recuerdo de «activistas» de buena fe que confundieron el romanticismo con la violencia. Simples asesinos, y nada más. Y esta es la responsabilidad del Gobierno vasco presidido por Patxi López, quien sólo va a tener una oportunidad para echar el candado a un tiempo de oprobio nacionalista. Es la oportunidad que debe aprovechar con el apoyo del PP.

El fin de ETA ha de ser victorioso para las víctimas y para la democracia, sin cambiar de estrategia para lograr un magro anticipo de unas semanas o unos meses. Y si la lógica de la ética, del Estado de Derecho, de la justicia, obliga a esperar más, siempre será mejor que dar a los terroristas la última baza, o permitirles el consuelo de decir que acabaron cuando quisieron. Embarcada nuestra Justicia en perseguir los genocidios cometidos en los cuatro puntos cardinales del planeta, sería un sarcasmo sangriento que los genocidas de ETA tuvieran un final tranquilo.


ABC - Editorial

miércoles, 22 de diciembre de 2010

La absolución de «la Historia». Por Gabriel Albiac

La Historia con la que sueñan Rubalcaba y Zapatero se llama ETA. Y ETA marca los tiempos.

UNO se lo imagina con la gracia indolente de un chiquillo. Sinónimo de la perfecta estupidez. Nada con lo que pueda ya sorprender a un espectador adulto. ¿Lo somos? Uno se lo imagina con esa, más que sonrisa, cicatriz de la pétrea inepcia dibujada en la cara. «¿Sabéis? Ya hay dos personas que saben lo de si sigo o no en la Presidencia: mi mujer y otro del partido que no voy a contaros». Uno se lo imagina. Hasta seguro que hubo algún devoto para reírle la gracia. Uno se lo imagina. Sólo aquí. En cualquier país europeo con tradición sencillamente ciudadana, algo así hubiera sido constatado como un insulto. A quienes pagan su sueldo. Que no son ni su santa ni su colegui de cofradía. Que son todos y cada uno de los contribuyentes. Ante los cuales —no ante santa ni colegui— responde. Por deber moral tanto como legal. Ante el Parlamento o ante los medios públicos. Es lo mínimo que a un político se le exige saber en una democracia constitucional: que su vida privada a nadie le compete, y que su responsabilidad pública en nada compete a su familia.

No diré que, en ese rigor de separar lo público y lo privado, espere de nuestros políticos el admirable espíritu espartano con el que el general De Gaulle impuso en el Elíseo la instalación de contadores separados para sus gastos familiares de teléfono y electricidad. Aquí, esas cosas darían a risa. Pero en esas minucias está la democracia. Como la está en el tabicamiento de las cuestiones de Estado al cual la esposa del general se remitía cuando alguien le preguntaba por la actividad presidencial de su marido: «él está casado con Francia. Eso a mí no me concierne». Si alguien no está dispuesto a asumir tal coste, que se dedique a otra cosa. Pero un presidente no puede evacuar consultas de Estado con su señora. Ni con un amiguete. Está haciendo algo peor que una violación de ley. Está burlándose de quienes le pagan sueldo, imagen, grandeza. Con esfuerzos, para muchos, terribles.

Zapatero ha conducido a su partido a una catástrofe ya irremediable. No seré yo el que lamente eso. Bastante tengo con lamentar que nos haya sumido en la ruina a todos y que todos estemos calculando cómo sobreviviremos el día en que Europa se harte de pagar la incompetencia de los socialistas españoles. No ha habido una cosa tan insensata, ni de lejos, en los ya demasiados años que tengo de vida. ¿Qué preocupa al inquilino de La Moncloa ante semejante tragedia colectiva, porque es de una tragedia de lo que estamos hablando, no le tengamos miedo a las palabras? ¿Arreglar mínimamente lo arreglable, aunque sea poco, antes de ser despedido a patadas del poder como un fatídico accidente extremo? Ni por asomo. Convencido él —y convencido su vicario Rubalcaba— de que la destrucción política de ambos es ya inevitable, ambos recurren a un truco viejo como el mundo. El del tirano caribeño que, ante el vagar sombrío de sus cadáveres, invoca el infinito: «¡La Historia me absolverá!». Lo cual, seguro, fue el último pensamiento de Adolf Hitler. O de Stalin. La Historia (con inmensa H mayúscula) nos absuelve siempre. Porque, para cuando llega ya estamos muertos.


ABC - Opinión

Ley Sinde. La "Ceja" se suicida. Por José Antonio Martínez-Abarca

La Ceja, en su leninismo residual, cree que los internautas son una especie de colectivo intoxicado y alienado por la Reacción, que por motivos políticos quiere acabar con la sociedad de progreso y sus correspondientes intelectuales multimillonarios.

Los del "lobby de la ceja", como lo llama este periódico, son tan estúpidos, tan sectarios, tan clausurados y por supuesto tan suicidamente peseteros que por pretender "poner en valor" su obra se van a quedar sin obra. Tengo para mí que las webs de descargas lo que hacen no es robar al creador, sino darlo a conocer. Crearle un mercado que de otra manera no lo tendría. Las webs de descargas le hacen un favor al creador, precisamente al considerarlo y exponerlo al gran público como creador. Si tu obra la conocen cien millones de personas de gratis, puede que diez mil compren lo tuyo luego. Si le cierras lo tuyo a esos cien millones de personas y quieres dirigirte exclusivamente a esos diez mil que pasan por caja, comprobarás que ya no serán diez mil sino, si acaso, diez. Porque los de la Ceja no estaban viviendo del prestigio de sus eximios nombres que sólo ser pronunciados dejan a la masa turulata y dispuesta a cualquier sacrificio por ellos,
sino precisamente de que, aunque todavía no lo sepan, han tenido que renunciar a sus derechos de autor para poder mantenerse en el mercado global como autores.


Si no fuese por las redes de gratis total luego nadie le pagaría a los ramoncines o los bosés por hacer bolos o por salir detrás de una pancarta, porque a ver cuántos pasarían previamente por caja, a veintitantos euros el cedé o el deuvedé, para conocer el legado que dejan a la civilización Occidental. Si creen que el mercado va a volver a ser lo que era cuando no existía internet y, de paso, cuando la gente tenía dinero para gastar en lo suyo, van arreglados. Si alguien ha decretado, con acierto a mi ver, el fin del periodismo tal como se venía entendiendo y la escasez terminal que abruma al sector, no dejemos muy lejos lo que ocurrirá con el "lobby de la ceja" en cuanto no haya otra forma de acceder a lo suyo que rescatar comportamientos pretecnológicos, como pagar un perral por lo que en la mayoría de ocasiones no lo vale en absoluto. La curiosidad de la gente, que es limitada, se mata a golpe de billetera.

La Ceja, en su leninismo residual, cree que los internautas son una especie de colectivo intoxicado y alienado por la Reacción, que por motivos políticos quiere acabar con la sociedad de progreso y sus correspondientes intelectuales multimillonarios, alentando a las masas de "frikis" y "otakus" internáuticos (el nuevo campesinado ignorante según estos revolucionarios), para bajarse sus obras maestras sin pagar. Piensan que, una vez eliminada la intoxicación obligando a las masas ignorantes a que, si quieren seguir la imprescindible evolución artística de nuestros creadores, les sufraguen su quinta o sexta residencia de diseño, todo volverá a su cauce y en la sede de la SGAE se podrá bucear en el dólar como en la piscina del Tío Gilito. Pobres, no se quieren enterar de que su tiempo como exclusivos vendedores de cultura fina pasó, que no se puede detener lo imparable, que sólo se han podido mantener gracias a que se los podía conseguir gratis y que la achuchada contemporaneidad sabrá sobrevivir sin sus imprescindibles ideas. Cuando se den cuenta de su inmenso error y quieran volver a dar lo suyo gratis, a lo mejor ni siquiera así lo colocan.


Libertad Digital - Opinión

La tribu irredenta. Por M. Martín Ferrand

Hemos institucionalizado de tal manera la dualidad nacional que no sabemos vivir sin ella.

ES de temer que esta España nuestra, tan áspera y ceñuda, no tenga remedio. Vamos arrastrándonos por la Historia sin aprender un ápice de nuestra propia y dolorosa experiencia y, siempre con la casa sin barrer, nos ofuscamos con lo accesorio en grave desprecio por lo fundamental. El resultado es una Nación, en la que muchos no quieren que siga siendo solo una, y en la que el sectarismo constituye el eje de simetría del comportamiento colectivo. En ese sentido resulta aconsejable la lectura del último libro de Joaquín Leguina —El duelo y la revancha— que, con el subtítulo de «los itinerarios del franquismo sobrevenido», constituye un lúcido y jugoso ensayo en el que sustento el pesimismo que sirve de penacho a esta columna. Hemos institucionalizado de tal manera la dualidad nacional que no sabemos vivir sin ella y, unos rojos y otros azules —o viceversa—, vamos zurrandonos la badana. Hasta para divertirnos, en la mitad oriental de la Península la fiesta más frecuente es la de Moros y Cristianos y cursa con la liturgia del combate a trabucazo limpio, en el ejercicio de una memoria histórica no decretada por nadie pero aceptada por todos. Cualquier cosa menos convivir en paz.

Ahora, en los difíciles días que vivimos y mientras se materializa el inquietante y creciente antagonismo entre parados y ciudadanos con empleo, algo que puede llegar al paroxismo de los funcionarios-propietarios de su puesto de trabajo, vamos tirando con el enfrentamiento estéril entre un PSOE acéfalo o, peor, con una cabeza artificial y hueca, un cabezón de cartón piedra como las de los festejos populares, y un PP que se nos muere de prudente a la espera de que la fruta del poder madure y les venga, sin riesgo, a las manos. Asistimos a una nueva tensión dual, la de la cultura cristiana, inseparable de la naturaleza y la tradición —no hablo de fe ni religión— españolas, y las exigencias igualitarias de las prácticas musulmanas. Es decir, un modo de ser contra una creencia intolerante.

El caso del niño musulmán de la Línea de la Concepción, tan sutil como para desmoronarse ante la explicación geográfica del jamón de Trevélez, marca un nuevo tiempo. No por el niño y su familia, que siempre hubo tiquismiquis entre nosotros, sino por la fina sensibilidad de la policía y el fiscal que aceptaron, aunque momentaneamente, la hipótesis del jamón serrano como vehículo para la violencia. Aunque Leguina esté todavía en edad de merecer, podría encabezar un «consejo de ancianos» que trate de meter en cintura, a golpes de lectura y empellones de pensamiento, a esta vieja tribu irredenta. Quizás, también, irredimible.


ABC - Opinión

El hijo predilecto. Por Alfonso Ussía

En 1977, con la Ley de Amnistía, los ilusos creímos que los rencores y las heridas de la Guerra Civil iniciaban un proceso de cicatrización. Aquel apretón de manos de Fraga y Sánchez-Montero en el Congreso; aquella inolvidable intervención parlamentaria del dirigente socialista José Prat; todas eran buenas noticias de reencuentro y tolerancia. Carrillo, que fue el mayor defensor de esa Ley de Amnistía –y era lógica su defensa y su prisa–, se convirtió en un personaje clave de la transición política. Como Fraga, como tantos otros con el Rey a la cabeza. En los últimos años, Carrillo ha vuelto a las andadas y se ha convertido, de nuevo, en el portavoz siniestro de la herida putrefacta. La cabra tira al monte, y cada uno es como ha sido, sin vuelta de hoja.


Pero una cosa es el perdón y la amnistía y otra muy diferente el homenaje. No me extraña en absoluto que el socialismo asturiano, y en concreto, el municipal de Gijón, distinga a Carrillo con el nombramiento de Hijo Predilecto de aquella ciudad. El socialismo y Carrillo llevaron en un tiempo vidas paralelas y complementarias. Para una parte de la Izquierda española, asesinar a la gente de derechas masivamente carece de importancia. Lo que me produce estupor es que piensen lo mismo los concejales del Partido Popular. Sólo dos ediles abandonaron el salón de plenos avergonzados por el espectáculo. Pablo González y Dorinda García, curiosamente partidarios de Francisco Álvarez Cascos. La portavoz y presidenta del PP de Gijón, Pilar Fernández Pardo, felicitó efusivamente a Santiago Carrillo, porque es muy buena, muy moderna y muy suya. O así lo presupongo, porque no la conozco, y a decir verdad, tampoco lo deseo. Doña Pilar pertenece al grupo que va a perder las elecciones en Asturias con la aprobación del Partido Popular.

Escribí, y lo repito, que bienvenido el perdón y la amnistía, pero el homenaje a Carrillo se me antoja soez. La Historia, cuando es mala, se olvida, pero no se premia con el paso del tiempo. Con toda modestia, yo le recomendaría a Pilar Fernández Pardo que, aprovechando una de sus visitas a Madrid, alquile un taxi y visite Paracuellos del Jarama. Se encontrará con un cementerio, un camposanto bien cuidado, y siempre florido. A unos metros bajo tierra están las fosas comunes que guardan los restos de cinco mil españoles asesinados por el Frente Popular. Esa realidad puede perdonarse, pero no se premia. Se han escrito decenas de miles de páginas de los fusilamientos masivos, del genocidio de Paracuellos. Y es curioso que tanto los historiadores de la derecha como de la izquierda coinciden en responsabilizar de aquella matanza –niños incluidos por ser hijos de militares– a quien la señora Fernández Pardo homenajea y felicita. Ningún familiar de los cinco mil asesinados ha intentado vengarse de Carrillo, pero de ahí a sentirse satisfechos con su homenaje, media un largo trecho marcado por el dolor y la tristeza. Lo ha dicho, con desparpajo, la alcaldesa socialista de Gijón, Paz Fernández Felgueroso. «A Carrillo se le reconoce su calidad personal y el ejemplo de una larga vida en la que ha mantenido con coherencia sus ideas y la búsqueda de un país mejor, más libre y más justo para todos». Me figuro que la alcaldesa de Gijón habrá querido decir que más justo para todos menos para cinco mil personas, todas ellas asesinadas en las frías madrugadas del otoño de 1936, con el beneplácito del Hijo Predilecto de Gijón. Enhorabuena a las Fernández. A la Pardo y a la Felgueroso.


La Razón - Opinión

Una retirada anunciada. Por José María Carrascal

Tenemos ante nosotros quince meses malos para España y peores para el PSOE.

NO sé qué opinarán ustedes del anuncio del presidente de que ya ha decidido si se presenta o no a la reelección, con sólo su mujer y un compañero de partido conocedores del secreto. Para mí, la cosa está clara, bueno, todo lo claras que pueden estar con José Luis Rodríguez Zapatero: no se presentará. Y no por lo que dicen las encuestas, a las que sólo hace caso cuando le favorecen, ni por las presiones de los barones socialistas, a los que hace aún menos caso. La razón de que no se presente se le escapó a él mismo: porque «el próximo año será malo», dijo. Era su última esperanza. Que la recuperación llegase en 2011. La había anunciado un montón de veces. Pero no va a llegar. Puede incluso que 2011 sea peor que 2010. Así que ha decidido no presentarse, y hasta imagino como lo anunciará: «para dedicar todo mi tiempo y esfuerzos a superar la crisis». O sea, que se sacrifica por nosotros y tenemos que agradecérselo. Con ello espera matar dos pájaros de un tiro: desviar hacia su posible o posibles sucesores todos los palos que iban a caer sobre él y buscarse la salida lo más digna posible dadas las circunstancias. Ahora bien, si ocurriese un milagro —una luz al fondo del túnel económico, la rendición de ETA—, no descarten verle de nuevo en la palestra, exhibiendo esos méritos. Pero esas posibilidades son tan remotas que incluso un optimista antropológico como él parece haberlas descartado.

Lyndon Johnson hizo algo parecido en 1968, cuando anunció que no se presentaría a la reelección para dedicarse a acabar la guerra en Vietnam, dejando como sucesor al vicepresidente Humphrey. No consiguió ni lo uno ni lo otro. Humphrey fue derrotado y Nixon acabó la guerra. Aunque hay enormes diferencias entre Estados Unidos y España, en este caso no crea que las haya. Quien sea el sucesor de Zapatero tendrá que cargar con su herencia, a la que se añade una crisis que en España toma aspectos dramáticos. Si elige a alguien de su equipo, se le acusará de haber contribuido al desastre. Si elige a alguien fuera de él, lo primero que tendrá que hacer es renegar de la herencia recibida. Aparte de la dificultad de encontrar a alguien dispuesto a ello, aunque hay políticos que se apuntan hasta a un bombardeo. Y si lo deja decidir al partido, la lucha dentro de él por la sucesión lo dejará herido de muerte, como ocurrió tras la era González.

Tenemos ante nosotros quince meses malos para España y peores para el PSOE. Si Zapatero cree que podrá aliviarlo anunciando su retirada a plazo, se equivoca. En realidad, está reconociendo su impotencia y su poder se irá desvaneciendo. La única forma de hacer un favor al país y al partido hubiese sido haber anunciado su retirada al darse cuenta de sus errores, pero la desperdició, posiblemente al no considerarlos errores. Incluso hoy.


ABC - Opinión

Vacas flacas. Las ventajas de ser un tertuliano progre. Por Pablo Molina

Cuando hay dinero se forran con las administraciones socialistas y cuando escasea se enriquecen aún más gracias a las controladas por el PP..

Corren tiempos duros para todas las profesiones, pero muy especialmente para aquellas que tienen su fuente principal de ingresos en los presupuestos de los organismos públicos, como los mayoristas de medicamentos, los restaurantes de lujo o el tertuliano medio especializado en televisiones públicas.

Hay una especie de justicia poética en el hecho de que sean el partido y el político que llevan seis años jaleando de forma profesional quienes estén a punto de llevar a la ruina a esta fiel infantería mediática a consecuencia de la catástrofe financiera en que han sumido a todo el país. A partir del año próximo, los tertulianos progresistas deberían verse obligados a diversificar sus actividades y encontrar alguna empresa privada rentable que quiera hacerse con sus servicios, que es exactamente lo que hacen de forma habitual todos los opinadores que no abrevan en los caudalosos arroyos financiero-mediáticos gestionados por el PSOE.


Sin embargo no ocurrirá nada parecido, porque para eso están las empresas mediáticas controladas por el Partido Popular en las comunidades autónomas en que gobiernan, siempre dispuestas a acoger al tertuliano de izquierdas con tanto cariño como desprecio dedican al liberal que han tolerado en sus programas cuando había vacas gordas y se podía fingir cierta pluralidad opinadora.

Los bolos regionales que los equipos habituales de tertulianos han venido protagonizando semanalmente van a cambiar de frecuencia y de composición, al menos en lo que corresponde a las televisiones controladas por el PP. No es que antes tuvieran el detalle habitual de contar con intelectuales que defendieran los valores y principios de sus votantes, más allá de una cuota residual, preferentemente indígena, a modo de concesión a cierto exotismo ideológico, pero una vez que el dinero se acaba, es evidente que los últimos miles de euros van a ser entregados a sus adversarios mediáticos más radicales, a ver si aplacan su ira progresista durante los meses que quedan hasta las elecciones.

Los tertulianos progres tienen la elevada misión de hacer entender al populacho que las brutales agresiones al bolsillo de los más débiles que va a perpetrar el PSOE son única y exclusivamente por su bien, y en esa distinguida tara siempre van a encontrar el rendido apoyo de las radios y televisiones controladas por los populares, cuya sagacidad para la batalla mediática ha sido, es y será siempre proverbial.

Cuando hay dinero se forran con las administraciones socialistas y cuando escasea se enriquecen aún más gracias a las controladas por el PP. Estén atentos los próximos meses a la parrilla de su televisión autonómica si viven en una comunidad gobernada por el PP. Ya verán qué cosas, ya.


Libertad Digital - Opinión

Zapatero Privé. Por Edurne Uriarte

En grave crisis, es una irresponsabilidad la conversión del asunto del liderazgo de Zapatero en algo privado.

Así titulaba Juan José Millás un lujoso despliegue de exaltación de la personalidad de Rubalcaba publicado en un dominical. Convertido Rubalcaba en personaje glamouroso de las páginas de entretenimiento del fin de semana. Y así se ve Zapatero a sí mismo, seguramente desde el inicio de su primer mandato, cuando saboreó los placeres del protagonismo de los medios de comunicación y de la sumisión de su entorno. Como una estrella mediática y no como un político dependiente de las exigencias de los ciudadanos y de las necesidades de su partido.

Por eso trata su posible sucesión, «ya lo he decidido, lo saben mi mujer y una persona del partido», como si fuera un asunto privado, quizá un proyecto profesional, un cambio de residencia o, simplemente, un viaje de navidad. Completamente ajeno, el mal del poder, al hecho de que su continuación o sucesión es un asunto nacional que concierne a todos los ciudadanos. Y que no debería depender de su voluntad sino, sobre todo, de la voluntad de esos ciudadanos.


En una situación de grave crisis nacional en la que el cuestionado y maltrecho liderazgo de Zapatero es uno de los ingredientes de esa crisis, es una irresponsabilidad, no ya una frivolidad, la conversión de su liderazgo en un asunto privado. En intimidades que comparte con su mujer, con su amigo más cercano, mientras la crisis sigue ahogando a un país atrapado en sus decisiones y en su poder.

Al igual que su propio partido, por otra parte. Pero ese es otro asunto que sí está en manos de ese partido, si así lo desea y decide. Pues la disciplina y el inmenso poder otorgado al líder son mecanismos para el funcionamiento eficaz que se pueden dejar en suspenso, cuando el líder en cuestión va camino de hundir al partido. Destruidas las expectativas electorales, erosionada la marca, mientras el responsable alimenta su particular Zapatero Privé.


ABC - Opinión

Propiedad intelectual. Sinde. Por José García Domínguez

Aquí, nunca se ha querido pagar por la música, por la creación literaria, por el pensamiento genuino, por los productos todos del espíritu, porque, en el fondo, se presume que esas fruslerías nada valen.

No pueden evitarlo. Llegada la hora de la verdad, a los nanonacionalistas, igual vascos que catalanes, les sale el español castizo que llevan dentro. De ahí su aval en las Cortes al hurto impune de los frutos del talento ajeno, el hábito celtíbero quizá más ancestral; esa variante del secular bandolerismo hispano que de un tiempo a esta parte causa furor en las serranías de internet. Y es que, aquí, nunca se ha querido pagar por la música, por la creación literaria, por el pensamiento genuino, por los productos todos del espíritu, porque, en el fondo, se presume que esas fruslerías nada valen. De siempre ha habido en el español una indocilidad profunda ante el genio individual, un desprecio por lo intelectual y los intelectuales que se remonta a muy atrás en nuestro eterno andar desacompasado con la Europa ilustrada.

A fin de cuentas, "¡Que paguen ellos!", el grito de guerra de la chavalada cibernética, no deja de suponer un sucedáneo de la más triste necedad de Unamuno, el célebre "¡Que inventen ellos!". Por algo, en pocos sitios se copia, plagia y fusila con la alegre desvergüenza que rige en este pobre erial para tales menesteres. Como en pocos le espetan "Qué bien vives" al escritor que sufre a diario con tan de componer su obra sin refocilarse en el lugar común. Pues el español está íntimamente persuadido de que el ingenio, la agudeza o la perspicacia no tiene relación alguna con el esfuerzo, el trabajo y la disciplina.

Son las musas, de suyo tan caprichosas, quienes pergeñan la gran novela, el ensayo deslumbrante o la balada conmovedora. El autor apenas es uno que tuvo la dicha de pasar por allí y tropezarse con la criatura recién nacida. "Si yo tuviera tiempo, haría una novela", propalan al alimón el cantamañanas y el perito en la barra del bar. No realizarían una operación de córnea ni tampoco dibujarían el plano de un rascacielos, pero, de consuno, cometerían una novela. Es sabido, disponiendo de algunos ratos libres, tamaña minucia resta al alcance de cualquiera. Desengáñense, en fin, los ilusos: no hay dos Españas, nunca las ha habido. Solo hay una, la que, cuando no anda ocupada devorándose a sí misma, se consuela estafándose.


Libertad Digital - Opinión

Camaleones. Por Ignacio Camacho

La patronal ha solucionado su problema de liderazgo pero mantiene el de su representatividad.

LA patronal española venía arrastrando dos graves problemas funcionales, uno de liderazgo y otro de representatividad. Con el relevo del cuestionado e insostenible Díaz Marsans ha solucionado el primero pero sigue pendiente el segundo; el jefe de los empresarios se elige por cooptación y gobierna una compleja organización —¡con 21 vicepresidencias!— de escasa eficacia en la que el verdadero poder lo tienen las entidades territoriales, de donde procedían los dos candidatos enfrentados ayer. (Algo pasa en nuestro sistema público cuando la mayoría de sus agentes colectivos, incluidos los partidos políticos, no resultan permeables a la democracia interna). El pequeño tejido industrial vive al margen de ese dudoso mecanismo de representación y el alto empresariado está acostumbrado a puentear a su estructura corporativa para relacionarse directamente con un poder sabe a quién dirigirse cuando lo necesita; González y Aznar tenían reuniones periódicas con una docena de patronos de grandes compañías, y Zapatero dejó a la CEOE fuera de su reciente cumbre con la cúpula del Ibex. Para los intereses de las empresas importantes resultan más operativos los almuerzos en Moncloa.

Alejada de la realidad de sus representados por arriba y por abajo, la patronal se ha convertido, como los sindicatos, en una enorme maquinaria orgánica a merced de las derramas clientelares que emanan de las instituciones. No puede ser una casualidad que los dos contendientes de la CEOE vengan de organizaciones acostumbradas a entenderse con los poderes autonómicos. A Herrero, el derrotado, lo ha tumbado su sintonía con el virreinato socialista andaluz, que engrasa con subvenciones y fondos públicos la anuencia de la CEA a una política incapaz de levantar el tejido productivo en la región con más paro de España. A Rosell, el triunfador, se le vio no hace mucho en una manifestación de rebeldía organizada por el establishment nacionalista contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Ambos son fieles practicantes de la doctrina que el difunto Álvarez Colunga, antecesor de Herrero, definió de forma tan tosca como sincera: «Los empresarios han de ser como camaleones que se vuelven del color del que gobierna».

Ese talante de dependencia será útil para los intereses corporativos pero dudosamente beneficiará a los cientos de miles de empresarios que viven la angustiosa realidad socioeconómica sin reconocerse en las estrategias de su cúpula directiva. Al fin y al cabo Colunga, aficionado al flamenco, conocía bien el cante que Antonio Burgos colocó en el frontispicio de su esencial ensayo «Andalucía, ¿Tercer Mundo?» y que resume la triste consecuencia de su método adaptadizo y de su observancia complaciente: «Desgraciaíto el que come / el pan de manita ajena; / siempre mirando a la cara / si la ponen mala o güena».


ABC - Opinión

La «piratería» gana

El debate parlamentario de ayer sobre la mal llamada «Ley Sinde» se convirtió en un cúmulo de despropósitos, urgencias y negociaciones desesperadas que retratan la improvisación del Gobierno y, en especial, de la ministra de Cultura, que ha sido incapaz de sacar adelante en el plazo previsto una reforma tan fundamental para los creadores y autores españoles. El PSOE no ha sabido articular un consenso alrededor de un asunto tan trascendente para la cultura española. Tampoco los demás partidos han actuado con mayor responsabilidad y la altura de miras que exige una reforma en la que están en juego derechos básicos. Quien gana, al final, es la piratería, y salvo que unos y otros, Gobierno y oposición, reconduzcan este desaguisado y pacten sin demora un acuerdo, se habrá desperdiciado una gran ocasión para poner coto a lo que es un abuso intolerable en cualquier país democrático. Encajada como disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible, esta iniciativa establecía la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual para tramitar las denuncias contra las webs que enlacen con videojuegos, música, películas y programas protegidos por los derechos de autor. Para garantizar los derechos de los afectados, la tutela judicial corría a cargo de la Audiencia Nacional, la cual debería tramitar las denuncias en un plazo de cuatro días. El planteamiento era perfectamente asumible, pero la ministra llegó ayer al Congreso sin hacer los deberes y el varapalo que sufrió la desautoriza para seguir en el cargo. No es, sin embargo, la única responsable del fiasco. La mayor responsabilidad corresponde al PSOE que, como grupo mayoritario, debería de haber sido capaz de mostrar una más decidida voluntad política y, sobre todo, sentido de Estado para resolver un grave problema que está por encima de las ideologías o los colores partidistas. Argumentan sus acérrimos enemigos que la «Ley Sinde» supone un ataque a la libertad de expresión. La acusación no se sostiene mínimamente en pie, pues no es el intercambio de opinión o de información lo que se regula, sino el tráfico de productos comerciales e intelectuales que tienen dueño y pagan sus impuestos, como los de cualquier gran almacén. Nada deberían temer los que actúan de forma respetuosa con los derechos de los demás, entre ellos el de autor. El vacío legal que ha existido hasta ahora no puede ser el clavo ardiendo al que se agarran quienes se han enriquecido a costa del talento ajeno y el esfuerzo de terceros. Quien se lucra de este modo tiene un nombre muy expresivo: pirata. Y España figura a la cabeza mundial de la piratería en internet, lo que acarrea grandes pérdidas a nuestra economía y nos convierte para los inversores y comerciantes en un país indeseable donde impera la barra libre. Baste recordar que durante el primer semestre del año el fraude superó los 5.200 millones de euros, cuatro veces más que las ventas legales. No sin razón, países como EE UU, Gran Bretaña o Francia no desaprovechan ninguna oportunidad para denunciar la pasividad española ante la piratería en internet. Urge una normativa razonable que nos homologue a Europa y asee la pésima imagen que tiene España en los mercados internacionales.

La Razón - Editorial

Golpe mortal

El Gobierno fracasa con la 'ley Sinde', que busca defender la propiedad intelectual en la Red

La llamada ley Sinde no consiguió ayer en el Congreso, tras un acalorado debate y múltiples negociaciones, el apoyo suficiente para cerrar su tortuoso recorrido, durante el cual se han ido dañando los argumentos de quienes la apoyan tal y como está concebida. Colocarla encapsulada en una disposición adicional dentro de la Ley de Economía Sostenible pareció, de entrada, una operación de enmascaramiento. Y es difícil explicar tanta prisa y atropellamiento cuando el debate y el problema llevan abiertos mucho tiempo.

Cabe pensar que las reiteradas broncas de las autoridades norteamericanas sobre la desprotección española ante la llamada piratería, y las gestiones diplomáticas desveladas con los papeles de Wikileaks, apremiaron al Gobierno, que tiene entretenida desde hace excesivo tiempo una reforma a fondo de la Ley de Propiedad Intelectual en el contexto de la sociedad digital.


El planteamiento del Ejecutivo era claro. No perseguir al internauta que realiza la descarga o disfruta en línea del contenido protegido, como sucede en Francia, sino al sitio que lo facilita. Indudablemente, la propiedad intelectual merece protección dentro y fuera de Internet. Pero la industria quiere evitar que Internet sea una herramienta de vulneración de tales derechos y quiere que se haga exclusivamente con leyes, algo que si falta capacidad de convicción no conseguirá el objetivo que buscan. Se puede cerrar webs, pero los circuitos alternativos son muchos y difíciles de cortocircuitar solo con una ley. La industria no puede pretender poner cerrojos en Internet y mantener a la vez su modelo de negocio sin tener en cuenta los cambios que se han producido.

La ley tiene dos puntos conflictivos. Uno es la desconocida composición de la Comisión, dependiente del Ministerio de Cultura, que debe examinar las denuncias presentadas por los titulares de los derechos de autor y, en su caso, tramitar el procedimiento ante la Audiencia Nacional. El segundo es el papel reservado a la Audiencia Nacional, cuyos jueces deberán resolver en cuatro días si procede el cierre de la web acusada. El juez no debe entrar en el fondo de la cuestión, sólo contemplar si la medida afecta a derechos fundamentales. Es decir, el análisis judicial del caso se pospone a la decisión posterior de otros tribunales por la vía del recurso, cuando el sitio denunciado ya ha sido cerrado. Cualquier decisión por parte de los tribunales ordinarios que se opusiera al cierre avalado por la Audiencia Nacional conllevaría una rectificación tardía y difícil de evaluar.

No tiene defensa posible un Internet libre en el que quepan conductas delictivas. El ciberespacio no debe ser ajeno al Estado de derecho, y quienes lo vulneran no pueden tener patente de corso. Pero a la vez hay que asegurar una definición clara de los supuestos perseguibles, una graduación de las sanciones acorde con la gravedad de la infracción, y un proceso con garantías cuando lo que está en juego es el cierre definitivo de un sitio.


El País - Editorial

Un Gobierno insostenible y sinde... coro

Lo que ya ha quedado en evidencia es la insostenible soledad de este Gobierno y su empecinamiento por satisfacer sus pulsiones liberticidas tanto como a minoritarios grupos que le han apoyado electoralmente en el pasado.

A pesar de sus denodados esfuerzos por encontrar apoyos de última hora y a pesar de los cinco aplazamientos que para ello ha sufrido su votación, el Gobierno finalmente no ha podido evitar el rechazo de todos los partidos de la oposición a la llamada "ley Sinde" en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso. El más elemental sentido del decoro democrático debería llevar a la ministra de Cultura a presentar su inmediata dimisión y al Gobierno a renunciar a esa parte de la Ley de Economía Sostenible que ahora irá al Senado, en donde se debatirá en el primer pleno del año de la Cámara Alta, el próximo 18 de enero.

Si el Gobierno creía que bastaba con invocar la innovación, el respeto al medio ambiente, el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades o la cohesión social para que la Ley de Economía Sostenible se convirtiera en un instrumento concreto y eficaz para combatir la crisis económica, con la llamada "ley Sinde" ha tratado de colar en este inútil, confuso y disperso batiburrillo de presuntas buenas intenciones un peligrosísimo mecanismo de censura en internet, con la excusa de preservar los derechos de autor y la propiedad intelectual.


Ninguna valoración menos crítica merece, ciertamente, esta mal llamada "ley antidescargas", que pretendía crear una comisión dependiente del Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, encargada de establecer qué páginas web violaban la ley de propiedad intelectual. La disposición apenas decía nada sobre la composición y los detalles de tal comisión, que se dejaban a un "reglamento" que se iba a aprobar con posterioridad. La falta de seguridad jurídica y la amenaza que ello implicaba para la libertad de expresión en internet apenas se reducía con la intervención de la Audiencia Nacional, a la que se daban tan sólo cuatro días para que se pronunciara ante el cierre de unas paginas web que podía solicitar de forma cautelar dicha comisión, de cuya composición y funcionamiento –insistimos– nadie sabía nada.

Téngase en cuenta, además, que hasta ahora nada ha impedido a ningún ciudadano apelar a los tribunales si cree que determinada página web viola la ley de propiedad intelectual o cualquier otra ley de nuestro ordenamiento jurídico. La cuestión, sin embargo, es que los tribunales, para pronunciarse con conocimiento de causa y ante cuestiones que tanto pueden afectar a derechos fundamentales como la libertad de expresión, han requerido mucho tiempo más que el ridículo plazo que ahora le concedía la ley, afortunadamente, rechazada. La cuestión también es, tal y como oportunamente ha recordado el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, ante los micrófonos de esRadio, que dichos tribunales se han pronunciado, en todos los casos, a favor de la legalidad de la webs denunciadas. Si el Gobierno, a la luz de estos sobreseimientos o sentencias absolutorias, considera que los derechos de autor no están bien protegidos –cuestión, por otra parte, muy discutible–, lo que debería haber hecho es modificar la ley de propiedad intelectual, y no crear –tal y como pretendía– un comisariado político que coarte la tutela judicial efectiva que corresponde a los tribunales de justicia.

Finalmente, y con total independencia de lo que pase ahora en el Senado, lo que ya ha quedado en evidencia es la insostenible soledad de este Gobierno y su empecinamiento por satisfacer sus pulsiones liberticidas tanto como a minoritarios grupos que le han apoyado electoralmente en el pasado (por ejemplo el llamado "sindicato de la ceja"). No negamos que, tirando de chequera, el PSOE pueda obtener más adelante el apoyo de algún grupo nacionalista que ahora le ha dado la espalda. Pero ello sólo contribuirá a prolongar un poco más la agonía de un Gobierno y, sobre todo, de una ministra de Cultura vaciada ahora de toda competencia. Cada día que pasa, cada humillación adicional a las que se someten y a las que someten a todo el país, queda claro que el Ejecutivo socialista es lo realmente insostenible para nuestro país.


Libertad Digital - Opinión

La frivolidad de Zapatero

Su manera de sembrar incógnitas sobre sí mismo y la estabilidad política de su Gobierno es grotesca y demostrativa de que se siente fuera de la realidad.

EN plena crisis económica y con un futuro inmediato rodeado de incertidumbres en todos los frentes, el presidente del Gobierno ha contribuido de forma frívola a avivar el debate sobre su posible sucesión como candidato socialista a La Moncloa en 2012. Dirigiéndose a un grupo de periodistas durante la copa de Navidad, dijo Zapatero que solo su mujer y un miembro del PSOE sabían cuál era su decisión al respecto. Esta manera de sembrar incógnitas y enigmas sobre sí mismo y la estabilidad política de su Gobierno es grotesca, pero demostrativa de que Zapatero empieza a sentirse fuera de la realidad. Ningún gobernante comprometido seriamente con su función desliza estos mensajes en tiempos críticos, salvo que le satisfaga el gallinero que empieza a montarse en su partido por la lucha sucesoria. Con quince meses por delante hasta las elecciones de 2012 y con un pacto con nacionalistas que le permitirá, teóricamente, acabar la legislatura, Zapatero aparenta asumir su fin de ciclo y contempla desde la barrera los primeros movimientos de barones y dirigentes socialistas, que oscilan entre el oportunismo para ajustar cuentas pasadas y la ansiedad por el revés electoral al que los conduce el presidente del Gobierno. Si Zapatero ha interiorizado que no será candidato en 2012, debería actuar con sensatez, protegiendo la estabilidad política de su Gobierno y ejerciendo su autoridad como secretario general del PSOE para evitar carreras anticipadas por la candidatura socialista.

El problema es que este proceder de Zapatero, dando rienda suelta a especulaciones, revela su desafección, casi una falta de respeto, por la situación del país. Además, empuja a su partido a un debate en estos momentos estéril, porque es evidente que Zapatero no está en condiciones de designar a dedo a su sucesor. Sus dos derrotas más recientes, la interna en la Federación Socialista Madrileña y la externa en Cataluña, lo han despojado de peso suficiente para hacer una transición personalizada. La sucesión se prevé así conflictiva y en el marco de un Congreso extraordinario, opción verosímil, especialmente si se confirma la debacle socialista en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011, una derrota que, por otro lado, se apuntará en el debe de quienes ya aparezcan ante la opinión pública como sucesores de Zapatero, lo sean o no de verdad. Y la derrota desgasta, como se ve en las encuestas más recientes, que reflejan la desaparición del «efecto Rubalcaba», deglutido por la crisis económica, el varapalo catalán y la falta de proyecto político en la acción del Gobierno.

ABC - Editorial