PSOE. El ocaso de Rodiezmo. Por Cristina Losada

Lamenta González Pons que Zapatero haya "tirado a la basura" su programa y sus principios. Si tanto insisten los de Rajoy en reivindicar la antigua "política social" del presidente, vayan a Rodiezmo, que habrá hueco.

El presidente no irá a Rodiezmo y es de lo más natural. A ese ritual socialista acudía a hablar de ficción, así que no le pidan que cambie de registro. Ni él quiere, y quién sabe si puede, ni el público lo aceptaría. Allí se va a lo que se va. La cúpula gobernante iba a "hacer de izquierda". Era el escenario elegido para desplegar una retórica obrerista virada al populismo y desempolvar señas de identidad arcaicas. El lugar en el que una izquierda reteñida pregonaba las bendiciones que su gobierno traía para los más débiles. Era la liturgia de la autocomplacencia, el acto en el cual los dirigentes socialistas se congratulaban de lo buenísimos que son.

No pisará Zapatero este septiembre la campa, pues a lo que iba lo explicó allí en 2007 y no puede repetir: "Seguiré aquí en Rodiezmo hablando de subir las pensiones, de llegadas del tren de alta velocidad, de leyes sociales, de mejora del bienestar, de más apoyo de vivienda para los jóvenes". Y así todo. La leche y la miel se derramaban sobre este país gracias a la buena gestión del Gobierno, que aún ahorraba "por si mañana tenemos dificultades". Tan insólitos eran los avances que había que asegurarle a la gente que no ocurrían en Francia, Alemania o Suecia. Incluso cuando llegó la "desaceleración", prometió el presidente que no recortaría nada. Sic transit.

Se critica a Zapatero por esa deserción, como si fuera un gallina que no se atreve a presentarse ante su gente y explicarles cómo ha sido. Cómo ha podido suceder que la Jauja que pintaba en Rodiezmo se haya desvanecido. Y cómo su empeño en decorar su fachada Potemkin con la brocha del "gasto social" ha labrado la devastación presente. En buena ley, un presidente está para esas cosas. Si fue a recibir ovaciones, ha de ir a soportar abucheos. Pero más que reprocharle que no vaya este año a Rodiezmo, hay que reprocharle que fuera todos los anteriores.

Justo al contrario lo ve el PP. Lamenta González Pons que Zapatero haya "tirado a la basura" su programa y sus principios. Si tanto insisten los de Rajoy en reivindicar la antigua "política social" del presidente, vayan a Rodiezmo, que habrá hueco. Dadas las circunstancias, es posible que el canto de la Internacional sea sustituido por el baile de la conga. Una fila, todos juntos.

Libertad Digital - Opinión

Rodiezmo, espejo roto. Por Ignacio Camacho

Ante los mineros no puede disimular. No puede sostenerles la mirada ni decirles que el poder no lo iba a cambiar.

SE ha arrugado. No tiene coraje ni argumentos para ir a Rodiezmo a dar la cara. La retórica populista, los pañuelos rojos, el izquierdismo de hollín y puño en alto, el obrerismo de consigna: toda la parafernalia impostada de socialismo caballerista se ha derrumbado en una gloriosa espantá de abrumadora mala conciencia. El presidente se ha encogido por segunda vez en dos semanas —la primera ha sido con la sentencia del Estatuto— ante las consecuencias de su propia política. Le falta pulso para defender en Cataluña la supremacía jurídica del Estado y carece de arrojo para aguantar la mirada torva de los mineros ante el incumplimiento de sus apasionadas promesas, hijas del tiempo feliz del esplendor en la hierba. Tiene el síndrome de la madrastra de Blancanieves ante el espejo: no soporta que los suyos no le quieran.

La ausencia en Rodiezmo, donde para mayor ignominia lo ha vetado Cándido Méndez, es la confesión de un fracaso, el epítome de una contradicción insostenible. Zapatero ha esquivado hasta ahora la explicación de su forzoso cambio de rumbo hurtando a la opinión pública cualquier atisbo de autocrítica. Ha ninguneado las críticas parlamentarias utilizando la tribuna como un burladero, y no ha tenido brío para enfrentarse al país con una declaración televisada. Sabe que está preso de la alegre vehemencia con que defendió su política de gasto hasta un minuto antes de verse obligado a abolirla, y no halla el modo de darse una salida airosa a sí mismo. Las hemerotecas son demoledoras, sonrojantes; la semana pasada, Rajoy lo ridiculizó en la Cámara leyendo en alto sus propias palabras. No de hace cinco años, ni cinco meses: de anteayer, de la propia víspera de su humillante revolcón en el Directorio europeo. En este momento el peor enemigo de Zapatero es Zapatero; el Zapatero de antes del 8 de mayo, fecha de la triste epifanía en que dio al traste su fatuo apostolado socialdemócrata.

Pero ante los mineros de su tierra no puede disimular. No puede sostenerles la mirada. No puede decirles que el poder no lo iba a cambiar. No puede pedirles que se olviden de lo que les prometió en septiembre pasado. Él mismo los convirtió en el símbolo de su profesión de fe ahora abjurada. Él mismo los utilizó como vestales de un oráculo de legitimidad sindical ante el que renovar cada año sus votos de compromiso socialista. Y ahora no está en condiciones de plantarse ante ellos para decirles que de lo dicho nada y que por cosas de la alta política el amigo Cándido le va a organizar una huelga general. O acaso le sobra soberbia para ir allí a admitir que, simplemente, estaba equivocado. Muy equivocado.

Para eludir la cita de Rodiezmo se ha inventado un viaje a Shangai. Demasiado cerca: no va a encontrar en el mapa un lugar en el que no le persiga la sombra de sus contradicciones.

ABC - Opinión

Canción de amor en una habitación sin vistas. Por Federico Quevedo

Hace ya unos cuantos años el poeta cubano Armando Valladares me dijo que lo peor de su estancia en la cárcel, la peor de las torturas, peor aún que las palizas y las descargas eléctricas con las que minaban su moral un día tras otro, era no ver la luz del sol, no saber siquiera si era de día o de noche, no respirar el aire fresco de la mañana ni sentir que más allá de las cuatro paredes de su celda de castigo había algo más. Era tal su anhelo de lo exterior, se llenaba tanto de vida cuando alguna vez le permitían salir al patio de la prisión después de meses de encierro, que en castigo la siguiente salida se alargaba cada vez más, hasta que llegó un punto en el que pensó que nunca más volvería a sentir caer una gota de lluvia sobre su rostro. El jueves por la noche tuve la ocasión de conocer a Julio César Gálvez y compartir con él un rato de tertulia en La Linterna de Juan Pablo Colmenarejo. Gálvez acababa de aterrizar, como quien dice, en Madrid, después de haber sido desterrado de su tierra natal gracias a los oficios de la Iglesia cubana y del cardenal Jaime Ortega. Lo primero que me dijo, después de presentarnos, fue que todavía tenía una intensa sensación de ahogo, no por el calor -que también podría ser-, sino por algo más profundo como es ver y sentir el exterior, eso que en las cárceles de Cuba les está prohibido a los presos de conciencia.

A Julio César Gálvez lo condenaron en 2003 a 15 años de prisión en lo que se llamó la Primavera Negra de Cuba, que dio con los huesos en la cárcel de 75 periodistas, esos a los que el actor Willy Toledo llama “terroristas”, pero cuyo único delito fue, en el caso de Gálvez, denunciar una corrupción que casi acaba con la vida de un buen número de vecinos de un edificio al borde del hundimiento en el centro de La Habana. Pero ser un periodista independiente en Cuba tiene esas consecuencias: te encierran y te torturan. Gálvez fue llevado a una prisión en la que la comida le hacía vomitar y en la que tenía por compañeros de celda ratas y cucarachas que le subían por encima durante la noche y le mordían hambrientas. Pero seguramente a personajes como Willy Toledo y a esa izquierda radical y extrema que condesciende con la dictadura cubana cuando no la apoya y la defiende, eso le parecería un castigo menor teniendo en cuenta el alcance de sus delitos. Pero para ustedes, lectores de este diario libre, y para mí, Julio César Gálvez es un héroe al que sin embargo nuestro Gobierno trata como una molesta mosca cojonera, manteniéndolo en un limbo jurídico inexplicable, y ofreciéndole por toda deferencia una modestísima habitación sin vistas en un hostal, donde sin embargo él, su mujer y su hijo escriben desde que pisaron el suelo de la madre patria España una bellísima canción de amor a su país y a quienes les han acogido entre sus brazos en su fatal destierro.

Julio César Gálvez no es libre. No lo es porque la cruel dictadura de los hermanos Castro no le ha amnistiado ni le ha liberado de su condena, simplemente lo ha expulsado, junto a otros presos de conciencia, para lavar la imagen del régimen y para evitar que una nueva muerte, la de Fariñas, le pusiera al mundo entero en contra. Esa ha sido la única razón por la que los hermanos Castro han ‘cedido’ a la exigencia humanitaria de la Iglesia, pero han utilizado al ministro Moratinos y al Gobierno de España de comparsa de una auténtica farsa en la que se presenta como liberación lo que realmente es un exilio forzoso como refugiados políticos, precisamente la figura que el Gobierno de España se niega a reconocer a estos exiliados para no molestar al régimen de La Habana. Pero sólo cabe hacerse una pregunta, cuya respuesta es bien fácil, para conocer de verdad cual es la condición de Julio César Gálvez y sus compañeros: ¿podrían volver mañana, si quisieran, a Cuba y vivir allí libres? Gálvez me contaba el jueves por la noche que minutos antes de subirse al avión que les traería a España, un funcionario del Ministerio del Interior cubano se dirigió a él con estas palabras: “Sabes que nunca más podrás volver a Cuba. Tu mujer y tu hijo sí, pero tú no”.

Hoy, Julio César Gálvez y sus compañeros viven en una dolorosa anomalía. No son inmigrantes, pero tampoco se les reconoce el estatus de refugiados políticos. No están aquí por voluntad propia, pero tampoco pueden volver a su país natal porque, de conseguirlo, volverían a ser hechos prisioneros y condenados de nuevo a sabe Dios que torturas e, incluso, la muerte. Su única esperanza es que su testimonio, su presencia, contribuya a incrementar la presión internacional sobre el régimen cruel y tirano de los hermanos Castro para acabar con la dictadura y llevar la paz y la libertad a la isla, y con ellas poder volver a pisar las calles de La Habana. Y ese testimonio, esa presencia, se hacen imprescindibles en un país como el nuestro, donde el Gobierno y su ministro de Exteriores han tenido una actitud vergonzosa y vergonzante hacia la dictadura cubana. Rodríguez, el hombre del talante y de los derechos civiles, se ha ciscado encima de esos derechos y de ese talante cuando de la dictadura cubana se ha tratado, y ha contribuido a fortalecer el régimen de los hermanos Castro dándole cobertura y, por qué no decirlo, dólares. Toda nuestra política exterior es un cúmulo de despropósitos, pero el papel de España respecto a Cuba es algo más, es complicidad con un régimen cruel y con los delitos que en nombre de ese régimen se están cometiendo en aquella isla.

El Confidencial - Opinión

Concierto. La nueva bandera de los catalanistas. Por José García Domínguez

El movimiento catalanista es como una bicicleta: o quien la conduce pedalea sin pausa o fatal, irremisiblemente la máquina se cae al suelo.

Quién nos iba a decir que la más celebrada consigna libertaria del mayo francés, aquel "sed realistas, pedid lo imposible", también se la acabarían apropiando algún día los catalanistas. Pero, en fin, desde que se formuló la segunda ley de la termodinámica es sabido que todo en este mundo tiende a degenerar al inevitable modo. Nadie se extrañe, entonces, de que los convergentes ya anden vindicando un concierto económico similar a los del País Vasco y Navarra. Así, tras acusar recibo del fiasco estatutario, no han tardado ni una semana en ingeniar otra cantinela victimista con tal de seguir lloriqueando ad calendas grecas. Nada nuevo, por lo demás. Y es que, para existir, requieren del agravio permanente frente al Estado. A fin de cuentas, el movimiento catalanista es como una bicicleta: o quien la conduce pedalea sin pausa o fatal, irremisiblemente la máquina se cae al suelo.

Por cierto, el dichoso concierto era el muy tangible fin que perseguían al colar esos telúricos derechos históricos de Cataluña en el Estatut. Al cabo, el "histórico" cupo, fuente última del eterno zafarrancho que emponzoña la financiación de las comunidades autónomas, procede de un periodo tan lejano en la noche de los tiempos como la Restauración. En concreto, el caramelo fiscal vasco data del mes de julio de 1876. Tal día, un decreto firmado por Cánovas del Castillo resucitó ese anacrónico privilegio medieval "para que las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava contribuyan, con arreglo a la Constitución del Estado, a los gastos de la Nación y al servicio de armas", según reza su prólogo.

Fue el precio que entonces hubo de pagar la lógica jurídica para poder saldar la Tercera Guerra Carlista. El mismo que los constituyentes de 1978 creyeron que igual debíamos soportar con tal de que acabase la Cuarta. Un Estado, el español, que renuncia de grado a recaudar los tributos dentro de determinados territorios sometidos a su entera soberanía: una extravagancia administrativa sin parangón en el mundo entero. ¿Cómo comprender semejante sinsentido al margen de la larga sombra de ETA? Un sinsentido que sólo la insignificancia relativa de la economía vasca evita que empuje a la quiebra cierta del Estado. Y ahora llegan los otros exigiendo su parte del botín. Dispongámonos, pues, para el tedio.

Libertad Digital - Opinión

Cada vez más morosos

El Ejecutivo es incapaz de adoptar medidas que generen la confianza imprescindible en los agentes sociales y económicos.

LOS datos no pueden ser peores. La morosidad de los créditos concedidos por instituciones financieras a empresas y particulares alcanza en nuestro país el 5.7 por ciento, su nivel más alto desde 1995. El Banco de España resalta en su informe que las cajas de ahorro son las entidades con peor calidad crediticia, por encima de los bancos y las cooperativas de crédito, excluidos los establecimientos que no pueden tomar fondos sino solo prestarlos, y que se sitúan casi en el doble en esta tasa de morosidad. Las cajas llevan catorce meses seguidos con una cuota superior al 5 por ciento, una prueba evidente de que algunas entidades atienden a criterios diferentes a la buena gestión financiera cuando se trata de conceder créditos. Estamos ante un elemento determinante del círculo vicioso que se ha instalado en la economía española: si los clientes no pagan lo que deben, los bancos y cajas cerrarán el grifo del dinero, y así se bloquean tanto la iniciativa empresarial como el consumo privado.

El volumen total de créditos dudosos (es decir, que acumulan tres meses consecutivos de impago) asciende ya a casi 95.300 millones de euros para las entidades computadas en este índice, una cantidad que no se puede permitir una economía sana. Dadas las circunstancias, conseguir dinero para financiar nuevos proyectos se convierte en una misión imposible, y ello repercute, lógicamente, en el ambiente pesimista que se respira entre los responsables empresariales y los ciudadanos en general. El Ejecutivo es incapaz de adoptar medidas que generen la confianza imprescindible en los agentes sociales y económicos porque los discursos voluntaristas sobre los «brotes verdes» y sobre la «luz al final del túnel» no sirven para nada a la hora de hacer cuentas.

ABC - Editorial

Garzón y sus rehenes. Por Jesús Cacho

Conocí en los años setenta a un modesto albañil que, a base de talento natural y esfuerzo, logró hacer una considerable fortuna construyendo pisos en el sur de Madrid. El buen hombre regresaba cada verano a su pueblo conduciendo orgulloso su Mercedes Benz y presumiendo de su nueva condición de hombre rico. Se había construido su propio chalé y era tal el entusiasmo que ante sus paisanos desplegaba relatando la majestuosidad de la obra, que al dar detalles de la bodega -porque, naturalmente, su nueva casa contaba con una que dejaba en pañales a las viejas cuevas del pueblo-, llegó a manifestar jacarandoso que “las pinturas de mi bodega son más bonitas que las de la Capilla Cristina”. En otra ocasión un antiguo vecino le preguntó cuánto le había costado hacerse rico. He aquí lo que el menda respondió: “lo más difícil es hacer el primer millón; luego la cosa coge excremento…”

También el episodio protagonizado por Baltasar Garzón con la financiación de unos cursos en la Universidad de Nueva York, años 2005 y 2006, ha ido cogiendo excremento conforme se han ido conociendo los detalles de un “trinque” que ya va por el millón de euros. Toda nueva aportación noticiosa hace crecer el nivel de detritus que envuelve el entero episodio y que amenaza con pringar a mucha gente. Esta semana han declarado ante el juez del Supremo Manuel Marchena, que instruye la causa por presunto cohecho y prevaricación en este caso, los representantes de Endesa (con su ex presidente Manuel Pizarro a la cabeza); de BBVA (Francisco González en carne mortal), y de Telefónica (un par de mandaos). Prodigio praeter naturam: ninguno sabe nada; todos escurren el bulto, pero todos soltaron religiosamente la pasta que pidió el malandrín.

«¿No se le ocurrió al orondo juez de Jaén pedir pasta a dos gigantes del petróleo como Exxon y Chevron?»

Sabemos ya que a los 302.000 dólares que el Banco Santander regaló al interfecto para financiar unos cursos del Centro Rey Juan Carlos de la citada Universidad, hay que sumar los 625.000 aportados por Cepsa, Endesa, Telefónica y BBVA. En concreto, Telefónica y BBVA colaboraron con 200.000 dólares cada una en el patrocinio de una serie de conferencias sobre terrorismo organizadas en el Centro de Derecho y Seguridad de la citada Universidad, mientras CEPSA aportó 100.000 y Endesa otros 125.000 dólares. Y en los alrededores de la Audiencia Nacional (AN) hay quien asegura que la cifra real ronda los 3 millones de euros, 500 millones de las antiguas pesetas. Pues bien, ¿es el terrorismo un problema exclusivamente español que hay que estudiar precisamente en Nueva York? No parece. Entonces, ¿por qué solo aportaron financiación las grandes empresas españolas? ¿Cuánto puso, por ejemplo, la Fundación Rockefeller? ¿No se le ocurrió al orondo juez de Jaén pedir pasta a dos gigantes del petróleo como Exxon y Chevron, que todos los años invierten ingentes sumas en proteger sus instalaciones y pozos de eventuales ataques terroristas? ¿Cuánto donó la gran banca americana? ¿Golpeó Garzón con el mazo la puerta de Citibank, implorando el conocido dame argo, payo?

Ybarra y el caso de las cuentas secretas en Jersey

Pues no. La razón es sencilla: esas grandes corporaciones yanquis quedan fuera del área de influencia de Garzón, no son potenciales justiciables en manos de la criatura. Es decir, no tienen por qué tenerle miedo. Porque esas entregas de dinero, y alguna más que irá saliendo, están generalmente ligadas a algún procedimiento judicial en marcha que, oh casualidad, siempre suele caer en su juzgado. En el caso del Santander, fue una denuncia contra la cúpula del banco, un coletazo del famoso caso de las “cesiones de crédito”, que el magistrado archivó al regresar de su año sabático neoyorquino en lugar de haberse inhibido motu proprio, como era su obligación tras el obsequio recibido. Garzón no dijo la verdad al ocultar la relación que mantenía con el banco. Esta es la clave del arco de este escándalo. En el caso más reciente del BBVA, mientras el aludido sentaba en el banquillo a la cúpula saliente del BBV, encabezada por Emilio Ybarra, con una mano, con la otra pedía dinero a la entrante -ya BBVA-, con un González al frente que directamente se benefició del estallido del escándalo de las cuentas secretas en Jersey y Liechtenstein. Difícil imaginar al de Chantada negando los 200.000 dólares que pedía el andoba. La evocación del caso del juez Estevill resulta inevitable.

La línea de defensa de Garzón ha consistido en argumentar en el caso del Santander que nunca cobró de los fondos aportados por el banco a la Universidad. Es cierto, lo hizo de ese “pool” del millón de euros ya conocido, abrevadero que sufragó también los gastos de su hija -un curso de inglés- y de la propia secretaria judicial o aide de chambre que le acompañó en su año sabático. Por eso resulta tan llamativo que el ex director de Comunicación del BBVA argumentara esta semana que se aseguró de que ni un céntimo del dinero de su banco fuera a parar a los bolsillos de Don Baltasar. Excusatio non petita. Es la mejor prueba de la materia que aquí se trata. ¿Qué impediría reconocer que parte de esos fondos se destinó a pagar a Garzón? Que ello implicaría asumir la relación directa entre los pagos y la causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de la AN contra Ybarra y otros. El BBVA ha querido evitar que la justicia establezca una relación causa-efecto entre ese dinero y el pago de un servicio. No reconocer, en suma, que se trataba de una transacción comercial entre el banco y la sociedad Garzón S.L.

«Es la siciliana ley de la omertá, genuina representación de ese miedo a hablar, que caracteriza a las democracias de medio pelo»

“Aunque parezca mentira, nosotros nos hemos salvado”, aseguran en otra gran empresa, “seguramente porque estamos lejos de su ámbito de influencia y no tenemos líos en la AN”. Naturalmente que no toda la culpa de este escándalo recae sobre el juez o jueces que utilizan para sus fines dinero ajeno. “¿Necesitas pasta para montar algo…? Pues date un paseo por las cinco o seis empresas de costumbre y pide lo que necesites”, asegura un alto cargo madrileño. “Claro que no se la soltamos a cualquiera. El que pide tiene que presentar avales, poder, influencia y relaciones bastantes”. La responsabilidad de los banqueros y empresarios que, abducidos o atemorizados por garzas y garzones, aceptan este tipo de prácticas, es innegable. Cediendo a las presiones, primero, y amparándolo con su silencio, después. Llamados por el juez Marchena del TS, ninguno -ni Pizarro, ni Paco González- se acuerda de lo ocurrido. Es la siciliana ley de la omertá, genuina representación de ese miedo a hablar, a decir la verdad, a denunciar la corrupción, que caracteriza a las democracias de medio pelo. Mejor callar a cumplir con nuestra obligación. Con tan pedestre filosofía, nuestras grandes empresas vienen sosteniendo con respiración asistida ideas sin sentido y proyectos ruinosos, muchos de ellos en prensa, que tendrían que cerrar sin el oxigeno de la banca. Así, los supuestos apóstoles del libre mercado son los que menos creen en el mercado, rehenes de la servidumbre del “hoy por ti mañana por mí” y “mejor estar a bien con fulano o mengano, no vaya a ser que…” La cuenta corre a cargo de los accionistas, sobre todo de los pequeños, y de los consumidores, que al final pagan las comisiones bancarias más abusivas, los teléfonos más caros y el recibo de la luz más elevado.

Una fortuna cercana a los 10 millones de euros

Curioso, por ello, resulta constatar la supervivencia en nuestro país de tanto tunante como sigue viviendo gracias a la venta de literatura relativa al “buen gobierno corporativo”, la “responsabilidad social” y demás hojarasca teorizante. Curioso, también, el silencio que los titiriteros que apoyan la causa garzonita han mantenido esta semana. Las evidencias admiten escasa réplica: “El patrocinio empezó con una llamada que me hizo Garzón” (caso BBVA); “Hablé con el juez Garzón y juntos hicimos el borrador del convenio” (Telefónica). Es decir, que quien pedía la pasta, querido Emilio, era el propio juez, ello acorde con los escasos escrúpulos que se le conocen a un personaje cuya fortuna estiman en los aledaños de la AN cercana a los 10 millones de euros, unos 1.600 millones de las antiguas pesetas, que ya decía el albañil antes aludido que lo difícil es hacer el primer millón, porque luego la cosa coge excremento. Poco importa, con todo, la cuantía de esa fortuna, seguramente lograda en buena lid, sino las eventuales responsabilidades penales de las tres causas que contra él se siguen: la obligación de inhibirse en la querella interpuesta contra el Santander; la apertura de procedimiento judicial contra una serie de notorios fallecidos (entre ellos un tal Franco), estando vigente una Ley de Amnistía, y la decisión de grabar en la cárcel las conversaciones entre unos encausados y sus abogados.

Mientras tanto y según sus escoltas -que seguimos pagando-, el señorito apenas ha pisado un par de veces La Haya, sede del Tribunal Penal Internacional, donde su amigo, el fiscal argentino Ocampo, le ha buscado acomodo temporal. Dicen en la Audiencia que dos gallos no caben en un mismo corral, sobre todo cuando Ocampo sabe de sobra que la verdadera ambición de Garzón es llegar a ocupar su puesto en La Haya. Su actual empeño, como es lógico, se centra en preparar concienzudamente su defensa en Madrid. Su fiel guardia de corps, con ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo al frente, trabaja al tiempo activamente tratando de cerrar el arribo a Madrid de una serie de celebrities que, bien como testigos de la defensa o, en su caso, como “observadores internacionales”, asistirían a los juicios abiertos contra el Campeador. Se habla de varios premios Nobel de la Paz. Incluso se ha establecido contacto con Nelson Mandela, a pesar de su delicado estado de salud. Sin duda, el mayor espectáculo que vieron los siglos. Para mantener su caché, el sujeto acaba de viajar a la Argentina de los Kirchner, fieles devotos del Estado de Derecho como todo el mundo sabe, para recibir un homenaje. Y dijo Garzón: “desde que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo entraron a mi despacho, la vida cambió en mí y en España”. Otrosí dijo el cursi: “No puede un país construirse sobre el olvido”. Ni sobre la soberbia de sentirse por encima de la Ley.

El Confidencial - Opinión

Frenar el caos aéreo

No parece casual que, justo cuando se está procediendo a la negociación colectiva entre la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y AENA, ayer se registrase la ausencia de 39 controladores en el aeropuerto barcelonés de El Prat –lo que supone el 36,7 por ciento de la plantilla prevista–, a los que hay que sumar la baja de dos controladores en Valencia. Así, otro día más se sucedieron los retrasos en los aeropuertos españoles del mediterráneo –Valencia, Alicante, Palma, Ibiza...– que son los que registran mayor tráfico aéreo a causa de las vacaciones. Este episodio ya se vivió el domingo, cuando 28 de los 61 controladores del aeropuerto barcelonés no acudieron a su puesto de trabajo a causa de una baja médica. Ese día, el ministro de Fomento, José Blanco, emplazó a la Fiscalía a que investigase las bajas médicas de este colectivo, ya que se intuía que los controladores aéreos estaban recibiendo «consignas» para ejercer el absentismo laboral. Mientras, USCA anticipaba un «verano complicado» si AENA no plantea bien los turnos, al tiempo que su portavoz, Daniel Zamit, pedía a Blanco a que se «investigase hasta el final». Esto sucede cinco meses después de que Blanco, a través de un real decreto ley, modificase las condiciones laborales del colectivo, desde el aumento del número de horas trabajadas hasta la reducción del salario. En ese sentido, Zamit afirmó que puede que este número de bajas sea un efecto colateral del real decreto, que calificó como una «modificación unilateral de las condiciones de trabajo».

Desde algunos sectores se ha afirmado que la ausencia de este número significativo de controladores aéreos tiene una definición muy precisa: huelga encubierta. Afirmarlo categóricamente parece una audacia, pero lo cierto es que algo está sucediendo, puesto que USCA ha aprovechado la situación para decir que la nueva ley «no es buena», culpabilizándola de las bajas médicas de los controladores.

Evidentemente en cualquier negociación laboral existen los tiras y aflojas entre los trabajadores y las empresas, pero parece que, en esta ocasión, este colectivo ha vuelto a traspasar una línea roja que resulta contraproducente para todos, especialmente para los pasajeros, que son las primeras víctimas. Tanto el Ministerio de Fomento como los controladores quieren que se investiguen las bajas. Por ello, hay que ver si son concecuencia de una huelga encubierta o tienen fundamento. Los controladores aéreos saben que si se está produciendo absentismo laboral, éste es singularmente gravoso para nuestra economía y nuestro sector turístico, además de perjudicar la imagen de España en el exterior.

Hace bien el ministerio de Fomento, como es su responsabilidad, en investigar hasta las últimas consecuencias, bien para destapar las irregularidades, si las hubiese, o para conocer la realidad de este colectivo y descubrir la naturaleza de estas bajas. Pero, con todo, lo principal es que el conflicto entre los controladores y Fomento no lo paguen los de siempre: los ciudadanos.

La Razón - Editorial

Aguirre negocia, Pons patina

Si el PP quiere contribuir mejor haría en denunciar el chantaje, y no en aprovechar cualquier excusa para apuntarse un tanto demagógico que, para colmo, en este caso ni siquiera sería popular.

A pesar de que se acusaba al Gobierno de Esperanza Aguirre de cerrarse en banda y negarse a negociar con los sindicatos del Metro, la realidad ha venido, una vez más, a desmentir las acusaciones de la oposición socialista. Tal y como prometió Aguirre, tan pronto los sindicatos abandonaron la huelga salvaje y volvieron a los servicios mínimos, la dirección de la empresa se sentó a negociar con los representantes sindicales. Tras varias jornadas de duras negociaciones entre ambas partes ya tenemos un acuerdo que, por lo que parece, es satisfactorio para ambas partes.

El recorte de salarios se ha quedado en un 1%, aunque con carácter retroactivo desde el mes pasado. A esta pequeña rebaja salarial hay que sumarle recortes en otras partidas como los gastos de viaje, de formación profesional, la reestructuración del transporte nocturno de personal, las horas extraordinarias y complementarias y otras primas salariales. Los números salen, por lo tanto, para la Comunidad de Madrid, para Metro de Madrid y para los sindicatos que, lejos de ver cómo la huelga salvaje es una herramienta válida, han comprobado cómo suspendiendo ésta y asumiendo ciertas cesiones todos saldrían ganando. Un ejemplo, en suma, de cuál debe ser el espíritu en las relaciones laborales, un espíritu que nada tiene que ver con los paros masivos, las huelgas sin servicios mínimos y la nula disposición a escuchar a la otra parte.

Esperanza Aguirre ha sido plenamente coherente hasta el momento. Prometió sentarse a negociar y escuchar, y lo ha hecho, prometió tomarse muy en serio las demandas sindicales, y lo ha hecho. Pero prometió también expedientar y/o despedir a los que violentaron los servicios mínimos en las dos jornadas de huelga salvaje que colapsaron Madrid a finales del mes de junio. Si quiere mantener la coherencia tiene la obligación moral y política de cumplir, de nuevo, con lo prometido. Las pérdidas y trastornos ocasionados por aquellos dos días de furia sindical exigen responsabilidades y Aguirre es quien debe depurarlas.

En el otro extremo, el del conflicto sin fin de los controladores aéreos, el Partido Popular parece no tener las cosas tan claras. Frente a la huelga encubierta que desde principios de verano están realizando los controladores de AENA, a Esteban González Pons no se le ha ocurrido mejor idea que cargar contra el ministro de Fomento, y no contra los verdaderos responsables de esta situación, que no son otros que los propios controladores.

Este grupo de presión, perfectamente organizado y objeto de mil atenciones y privilegios, viene advirtiendo desde hace semanas de que el verano va a ser complicado. Amenaza velada y vergonzosa a la que le ha sucedido una ola de bajas médicas totalmente anormales y la ralentización sistemática en las operaciones de vuelo. José Blanco está al tanto del asunto y hasta ha anunciado medidas legales para frenar la enésima treta de los controladores para salirse con la suya. Él no es el culpable de esta situación, un nuevo pulso al que la casta de la torres de control reta a la sociedad a modo de venganza por los recortes de sueldo y privilegios que el Gobierno ha aprobado. Si el PP quiere contribuir mejor haría en denunciar el chantaje, y no en aprovechar cualquier excusa para apuntarse un tanto demagógico que, para colmo, en este caso ni siquiera sería popular.

Libertad Digital - Editorial

CiU mueve la silla de Zapatero

La situación del presidente del Gobierno es una encrucijada diabólica: tiene que pactar con los grupos nacionalistas que son oposición a su propio partido en Cataluña y País Vasco.

EL líder de Unión Democrática de Cataluña, Josep Antoni Duran i Lleida, dio ayer una vuelta de tuerca a la posición crítica de CiU frente a José Luis Rodríguez Zapatero al reiterar que la coalición nacionalista no apoyará —lo que no quiere decir que los rechace— los presupuestos generales para 2011, «digan lo que digan», porque da por finalizado el tiempo político del presidente del Gobierno. Es el mismo mensaje que Duran lanzó durante el debate de convalidación del «decretazo» del Gobierno para el recorte social. Al ratificarlo de manera tan concluyente, Duran i Lleida oscurece el horizonte político del Ejecutivo, que hoy tendrá que superar la votación del techo de gasto público para 2011, primer paso para la elaboración de las cuentas públicas del próximo año.

Aunque las declaraciones de Duran i Lleida pudieran considerarse un aumento de presión preelectoral para aislar aún más a los socialistas catalanes, en claro retroceso en las encuestas publicadas en los últimos meses, el momento político en que se produce las convierte en un golpe a la estabilidad de Rodríguez Zapatero ante la opinión pública. Es posible que una vez que CiU acceda a la Generalitat tras las próximas elecciones autonómicas cambien las tornas, pero, por ahora, la situación del presidente del Gobierno es una encrucijada diabólica: tiene que pactar con los grupos nacionalistas que son oposición a su propio partido en Cataluña y País Vasco, a los que desalojó de un poder que ocupaban de forma hegemónica desde hacía décadas. La factura de este posible acuerdo, si llega a producirse, no será pequeña, porque, por un lado, el Gobierno central está muy debilitado para una negociación de tanta envergadura como la de unos presupuestos cruciales para combatir la crisis; y, por otro, tanto CiU como PNV son partidos organizados sin otra vocación que ocupar el poder local y autonómico. Este es el precio probable de apoyar a Zapatero para mantenerse en La Moncloa hasta 2012. Falta saber si el presidente del Gobierno está dispuesto a sacrificar a Patxi López —o, al menos, el consenso con el PP en el País Vasco— y a José Montilla a cambio de los apoyos nacionalistas o, por el contrario, preferirá condenar la actual legislatura antes que incurrir en cesiones desproporcionadas, porque también parece indiscutible que un rechazo a los presupuestos generales de 2011 debería suponer la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas.

ABC - Editorial

Estatuto. Insumisión constitucional. Por Ignacio Cosidó

Lo que no es asumible ni tolerable es que desde las instituciones catalanas se abogue por no cumplir esa sentencia reconociendo que no cabe en la Constitución.

La crisis política en la que va a dejar España la presidencia de Rodriguez Zapatero va a ser más difícil de superar que la propia crisis económica en la que nos ha hundido. La insumisión constitucional planteada ayer abiertamente por el Parlamento Catalán, con la complicidad del propio Presidente del Gobierno de España, pone en cuestión todo el entramado del Estado de las Autonomías desarrollado durante las tres últimas décadas. Zapatero, que quiso reinventar España sobre la base de un modelo confederal que no cabe en la Constitución vigente, ha cosechado el más estrepitoso de los fracasos. Hoy Cataluña se encuentra más alejada, más desafecta y más desvinculada de España que nunca. La responsabilidad de esa ruptura corresponde de forma casi exclusiva al socialismo gobernante, a un acomplejado presidente socialista de la Generalitat que ha convertido a su partido en rehén del nacionalismo independentista y a un presidente del Gobierno español, también socialista, que ha jugado a aprendiz de brujo con la Nación y puede terminar pereciendo políticamente en el incendio que él mismo ha provocado.

Zapatero creyó que podía engañar a todos durante todo el tiempo, pero sólo ha sido capaz de engañar a algunos durante algún tiempo. Primero mintió a los catalanes asegurándoles que aceptaría cualquier Estatuto que se le remitiera desde Cataluña. Después engaño a los nacionalistas haciéndoles creer que les dejaría el poder a cambio de un pacto estatutario. Más tarde engañó a los españoles diciéndoles que el Estatuto quedaría como una patena constitucional tras su paso por el Congreso de los Diputados. Ahora pretende engañarnos a todos diciendo que acata la sentencia pero que encontrará formulas para no cumplirla. En política pocas cosas hay más peligrosas que crear expectativas para luego frustrarlas. Pero cuando se trivializa con cuestiones tan serias como la estabilidad institucional de un país o los sentimientos de identidad de unos y otros entonces el juego se vuelve temerario.

La cuestión, en todo caso, es si esta crisis política e institucional tiene salida y sobre todo, qué tenemos que hacer para encontrarla. En mi opinión, siendo consciente de la dificultad de la solución, es posible devolver la estabilidad constitucional a nuestro país y recomponer la relación política entre Cataluña y España que Zapatero ha roto. Para ello, considero necesario tres ejes de actuación: La firmeza en la defensa del Estado de Derecho y el orden constitucional, un doble cambio político en Cataluña y en España y un fortalecimiento de la relación con la sociedad civil.

Actitudes de insumisión como la del Presidente de la Generalitat a la sentencia del Tribunal Constitucional son incompresibles en un país democrático e inaceptables en un Estado de Derecho. Es necesario desde el Gobierno de la Nación un mensaje de firmeza en el cumplimiento de esa sentencia y en la defensa de la Constitución como garantía del funcionamiento del Estado de Derecho. Es legítimo, como también ha hecho José Montilla, plantear una reforma de la Constitución para que el Estatuto de Cataluña tenga cabida en nuestro ordenamiento. Pero lo que no es asumible ni tolerable es que desde las instituciones catalanas se abogue por no cumplir esa sentencia reconociendo que no cabe en la Constitución. El Estado español deberá garantizar la vigencia de nuestro orden constitucional sino quiere convertir a España en un reino de taifas, utilizando para ello todos los instrumentos que la propia Carta Magna deja en manos del Ejecutivo español para defenderla.

En segundo lugar, resulta imprescindible y urgente un doble cambio político en España y en Cataluña. Es imposible que los causantes de este gran guirigai institucional pretendan ser ahora quienes nos saquen del lío. Zapatero y Montilla han perdido toda credibilidad como interlocutores para superar el problema. El primero porque no resulta en absoluto fiable y el segundo porque ha demostrado su incapacidad. Tendrán que ser otro Gobierno en Cataluña y un Gobierno del Partido Popular en España los que tengan que recomponer el pacto constitucional. No será fácil, pero frente a quiénes creen que la deriva soberanistas de los nacionalistas hace ese acuerdo inviable, yo creo que aún existe posibilidad y que en todo caso estamos obligados a explorarla.

Por último, es necesario apelar a una sociedad civil catalana, mucho más moderada, pragmática y sensata que su clase política. Es más, una gran mayoría de catalanes, el 67% según la última encuesta del CIS, se sienten orgullosos de ser españoles. Este no es un enfrentamiento entre catalanes y españoles, sino una confrontación artificial creada por una clase política profundamente desconectada de la sociedad a la que representa y que antepone sus ansias de poder a la convivencia y al interés de los ciudadanos. No sería sin embargo la primera vez que una minoría termina imponiéndose a una mayoría, pervirtiendo la esencia de la democracia, por la pasividad e incluso la cobardía de quiénes son más. Nuestro deber es evitar a toda costa que eso ocurra. Por el bien de Cataluña y de España.

Libertad Digital - Opinión

Zapatero. La prensa y la política. Por Agapito Maestre

Toda la vida pública española es un disparate, incluso se nos quiere hacer creer, en medio de tanta estulticia y maldad, que este hombre podría abandonar el gobierno por un problema familiar. No, hombre no.

Leo la prensa. Leo casi toda la prensa al servicio de Zapatero, pues que leerla toda sería imposible. Leo los periódicos de la derecha dirigidos por muchachotes de izquierda. Leo también los periódicos digitales. Leo y leo todo lo que puedo. Es imposible hallar una sola idea para iluminar las sombras de un régimen político en almoneda. La confusión lo domina todo. Zapatero está en todas partes. Si la realidad siempre es percibida como fragmento, entonces España no puede verse sin Zapatero. La confusión política es total. Zapatero ha conseguido algo inédito en la historia de España: el malestar espiritual de los españoles está generalizado. La esperanza política ha desaparecido. Todos están confusos. Aturdidos.

Ni los propios votantes socialistas, me refiero a los normales no a los fanáticos, ven viabilidad alguna a la España de Zapatero. No es capaz de poner de acuerdo ni a los de su clan; por ejemplo, Zapatero se enfrenta a Montilla, en Cataluña, y a Griñán, en Andalucía, le quita CajaSur para entregársela a los nacionalistas vascos. La vida pública va de dislate en dislate, de confusión en confusión, hacia la nada. Esto no es un sueño. Ojalá. Aquí no hay exigencia de realidad. Vivimos una pesadilla.

Imposible salir de la confusión a través de las confundidas instituciones públicas. Los gobiernos de Zapatero han caminado hacia el abismo. Nos conducen a la negación general de cualquier norma moral, es decir, de toda prescripción ética valida universalmente. Apenas si se reconoce ya una diferencia genuina entre el bien y el mal.

Toda la vida pública española es un disparate, incluso se nos quiere hacer creer, en medio de tanta estulticia y maldad, que este hombre podría abandonar el gobierno por un problema familiar. No, hombre no, si Zapatero se larga, será sólo y exclusivamente porque las instituciones son inviables. A ello vamos, porque la lucha es total: todos contra todos, e incluso del poder contra el poder. Un observador imparcial de España no dejará de reconocer la imposibilidad de hallar una solución que no perjudique a algún interés legítimo, ni frustre un deseo más o menos razonable. Aquí ya han desaparecido los intereses legítimos y los deseos razonables. Para Zapatero es lo mismo un independentista que un ciudadano español. No hay estado de derecho, pues que para el Gobierno de Zapatero un "derecho" se opone a otro "derecho".

Las condiciones de vida en común empiezan a ser insoportables, porque hoy por hoy ni el poderoso Zapatero ni la oposición, ni tampoco los medios de comunicación, son capaces de atisbar una posibilidad de vida pública basada en la justicia y el desinterés. Estas virtudes han desaparecido arrolladas por la casta política y sus brazos ideológicos. Y, lo que es aún peor, muchos son todavía los que cierran los ojos para no ver tragedia de España, es decir, aún estamos lejos de la catarsis.

Libertad Digital - Opinión

¿Quién manda aquí?. Por César Alonso de los Ríos

Resulta brutal decirlo pero ZP se está salvando gracias a la destrucción de la casa común que es España.

ZP supo lo que hacía cuando definió el «bloque de progreso» de socialistas y nacionalistas en los comienzos de su liderazgo. Si ya venía funcionando con González iba a tener más sentido al proponer la conquista de los «autogobiernos» en las nacionalidades. De hecho, gracias a este pacto el Gobierno está sorteando la terrible crisis económica. Resulta brutal decirlo pero ZP se está salvando gracias a la destrucción de la casa común que es España.

Ante este hecho a los ideólogos del PSOE les gustaría alejarse de los compromisos siniestros a los que les llevan los nacionalismos y en ese intento acusan a la derecha de haber planteado la polémica sobre el esencialismo español. Así, hace unos días José María Ridao aludía en «El país» al noventayochismo sin darse cuenta de que el retorno al debate sobre España en los términos del primer tercio del siglo XX ha surgido como reacción frente a las defensas de los «hechos diferenciales». No al revés. Ha sido el despertar de los nacionalismos en el último franquismo lo que iba a provocar la necesidad de defender la unidad y los valores españoles. Han sido las recuperaciones en Cataluña de las tesis de Rovira i Virgili y Prat de la Riba o en Galicia de Brañas y en el País Vasco de Arana… las que han llevado a un rescate de los planeamientos nacionales basados en Unamuno, Maeztu, Baroja, Menéndez Pidal, Ortega, Marañón, Azaña... ¡Qué diferencia de tamaño intelectual entre aquellos y estos! Ojalá la articulación del pensamiento de la derecha hubiera terminado siendo el producto depurado de las generaciones del 98 y el 14.

El «bloque de progreso» ha denunciado la traición que el fallo del TC ha supuesto para el pacto político que inspiró la redacción de la Constitución. Para recuperarlo cuenta con el Gobierno mismo dispuesto a crear leyes ad hoc o incluso a cambiar la propia Constitución. Porque, en definitiva, ¿quién manda aquí?

ABC - Opinión

Tontería económica. Estado residual. Por Carlos Rodríguez Braun

Igual cree que un Gobierno que acaba de subirles los impuestos a todos los trabajadores y que va a prohibirles hasta fumar en sus bares es un Gobierno liberal, pequeñito, abstencionista y residual.

El siguiente sumario en un artículo de Sami Naïr en El País atrajo mi atención: "La estrategia liberal llama ‘reforma’ a acabar con los restos del estado del bienestar".

Esa llamada estrategia liberal es pura ficción, porque sugiere que los liberales gobiernan el mundo o sus criterios informan las políticas de los que mandan, cuando los que mandan suben los impuestos, que es justo lo contrario de lo que el liberalismo propicia.

Pero aún más disparatado es que don Sami hable de "restos del estado del bienestar". Considerando que los Estados tienen un peso que oscila en torno al 50% del PIB, es decir, son Estados que todos los años arrebatan a sus súbditos la mitad de la riqueza que generan, hablar de eso como si constituyera algo residual no tiene mucho sentido, salvo que, inquietante hipótesis, el señor Naïr crea que un Estado no residual como Dios manda es uno que usurpa la totalidad de los bienes de los ciudadanos.

La lectura del artículo no invita al sosiego. Dice por ejemplo: "La crisis actual provoca una radicalización generalizada de todos los mecanismos de dominación social (competencia, precariedad, exclusión, etc.)". Y no dice ni una palabra del peso del Estado, ni una palabra de la presión fiscal, las regulaciones, las multas. Nada. Igual cree que un Gobierno que acaba de subirles los impuestos a todos los trabajadores y que va a prohibirles hasta fumar en sus bares es un Gobierno liberal, pequeñito, abstencionista y residual.

Libertad Digital - Opinión

Sabiduría gallega. Por José María Carrascal

Conversando sobre el debate parlamentario, si de Zapatero no se esperaba ya nada, de Rajoy que al menos no nos soltase el sermón de siempre.

Estábamos en la desembocadura del Miño, una sinfonía de colores, olores, sonidos, Portugal a un lado, el monte de Santa Trega al otro, allá al frente, América. El grupo de todos los veranos, conversando sobre el debate parlamentario. Todos insatisfechos. Si de Zapatero no se esperaba ya nada, de Rajoy se esperaba al menos que no nos soltase el sermón de siempre. Me dirijo al más gallego del grupo, por aquello de la afinidad: «Usted, don Félix, ¿que hubiera dicho de ser su paisano Rajoy?» Antes de responder, don Félix, me examina a fondo, para saber si hablo en serio. Parece que queda satisfecho porque inicia su propio discurso sobre el estado de la Nación. «Pues yo, don José María, hubiese dicho al señor presidente del Gobierno que estaba tan contento con lo que había oído que sólo el protocolo parlamentario me impedía ir a abrazarle. Finalmente había reconocido lo que yo venía diciéndole, sin que me hiciera caso: que estamos en una situación muy difícil. No iba a recordarle las veces que me había llamado alarmista por ello, ni sus repetidos anuncios de una próxima recuperación. No era el momento. Lo era de ofrecerle mi apoyo para salir del aprieto. Sin pedir gobiernos de coalición, ni ministerios, ni nada. Gratis. Me bastaba que dejásemos zanjado el tema del estatuto catalán, según lo que él mismo había dicho, que la sentencia del Constitucional “ponía fin al proceso de ampliación de la descentralización política en España”, y pasásemos a los recortes que se nos exigen para sanear nuestra economía. Empezando, no por los más débiles, sino por nosotros, los políticos, los partidos, los ministerios, los sindicatos, las administraciones, las campañas electorales y los extras de todo tipo. Sólo tras hacerlo, podríamos pedir sacrificios a la ciudadanía. De ahí pasaríamos a las grandes reformas. La laboral —para favorecer a todos los trabajadores, no sólo a los que tienen empleo fijo—, la de las pensiones —a fin de cuentas, nuestros padres trabajaron hasta los 70 años (los que llegaron), cuando la expectativa de vida era mucho menor—, la educativa —el estudio es un derecho, pero también un deber de todos los españoles, según su capacidad—, la financiera —partiendo de que bancos y cajas no pertenecen a sus directivos y, menos aún, a los políticos, sino a quienes han depositado su dinero en ellos, ante quienes deben rendir cuentas—. Para estas y otras reformas urgentes y necesarias, señor presidente del Gobierno, me tiene usted por completo a su disposición. Esto es lo que hubiese dicho, pero no lo dije, claro, por no ser el sr. Rajoy, sino un simple contable jubilado».

ABC - Opinión

Por segunda vez, Zapatero pisa engrudo en Cataluña. Por Antonio Casado

Hizo lo mismo con la reforma del Estatut y la aventura terminó de mala manera en el Tribunal Constitucional. Por mucho que Moncloa repita lo contrario, el saldo no ha sido positivo. No lo ha sido, al menos, en el sentir de los presuntos beneficiarios y sus legítimos representantes. A pesar de todo, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, de nuevo se propone apadrinar una operación de alto riesgo. El riesgo de romper las costuras del Estado de las Autonomías.

Si el intento de mejorar el autogobierno de Cataluña siempre ha de terminar así, con la frustración de los catalanes y la desconfianza del resto de los españoles, a lo mejor es que el traje no sirve para vestir al mismo tiempo las aspiraciones de aquellos y los temores de éstos. Respecto a determinados usos, ya nos ha dicho el Tribunal Constitucional que, efectivamente, no sirve. Sin embargo, Zapatero se dispone a encabezar una operación de segunda lectura de la sentencia que en realidad es una segunda ofensiva para alcanzar las metas no alcanzadas en la primera, la que comenzó en 2003 y ha terminado siete años después con los consabidos recortes.

Son ganas de volver a pisar engrudo. Sus declaraciones de amor a Cataluña en el reciente debate sobre el Estado de la Nación y el sábado pasado ante el Comité Federal del PSOE, incluido el firme compromiso de rehacer la sentencia del Constitucional hasta donde sea posible sin incurrir en desacato, trasladan a la opinión pública la perturbadora sensación de que para el presidente del Gobierno nada es tan urgente como calmar a la clase política catalana, solidarizarse con ella y comprometerse de nuevo en devolverle lo que a lo mejor no está en su mano, como ya ocurrió con la promesa de aprobar en el Parlamento de la Nación lo que viniera aprobado del Parlamento autonómico.

Esta forma de proceder sirve para alimentar innecesariamente sospechas de mayor calado. Por ejemplo, que quiere enmendarle la plana al Tribunal Constitucional, que “juega con el Estado como si fuera un mecano” (Rajoy dixit), que se distrae de lo verdaderamente prioritario (la lucha contra el paro y las reformas económicas en marcha) y que, en fin, le preocupa más mantener su cotización electoral en Cataluña que mejorar el autogobierno de esta Comunidad Autónoma.

División en las filas socialistas

La plasmación de esta incierta aventura, que ha vuelto a dividir a la familia socialista, según vean las cosas desde Cataluña o desde el resto de España, quedará recogida en una resolución que será votada mañana en el Congreso de los Diputados con el aval personal de Zapatero y de Montilla. Entre otras cosas, los 169 diputados del grupo parlamentario (incluidos los 25 catalanes) constatan el malestar creado en Cataluña por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional y la voluntad de “potenciar el Estatut mediante cambios legislativos”.

Sinceramente, creo que en este asunto el presidente del Gobierno ha ido demasiado lejos en su nivel de compromiso para salvar una situación política concreta. Le está dando alas a la demagogia de quienes utilizan las cuestiones identitarias para resucitar viejos fantasmas. Por un lado, los aliados de Montilla que proponen sin complejos la proclamación del Estat catalá. Y por otro, los adictos a la idea de la España con fobia a la diversidad.

El Confidencial - Opinión

Estatut. Zapatero obedeció al Tinell. Por José García Domínguez

Porque es él, el nacionalismo, quien engendra a las naciones y no viceversa. Y para inventarlas requiere de un instrumento imprescindible: el Estado.

Sin duda, el rasgo intrínseco más llamativo de las naciones es que no existen. Así, en el orden natural, digamos espontáneo, abundan las piedras, los ríos, los valles, las montañas, la gente, los idiomas, los usos, las costumbres, las tradiciones... Como en botica hay de todo; de todo, excepto naciones. Por algo, antes de que irrumpiera en el mundo el primer nacionalista, allá a principios del siglo XIX, no había una sola sobre la faz de la Tierra. De ahí, por cierto, que el nacionalismo no se defina por el objetivo político expreso que persigue, sino por la muy peculiar forma de su discurso, por ese extraviado modo de argumentar tan suyo. Y es que la genuina diferencia entre los nacionalistas y los seres racionales reside en que los primeros juran real la existencia de un sujeto colectivo –la nación– que sólo habita dentro de sus propias cabezas.

Porque es él, el nacionalismo, quien engendra a las naciones y no viceversa. Y para inventarlas requiere de un instrumento imprescindible: el Estado. Nada más peregrino, entonces, que sostener, como predican los catalanistas entre otros creyentes, la existencia de naciones sin Estado. No cabe imaginar ninguna nación sin Estado por la muy prosaica razón de que todas las que en el mundo han sido fueron creación suya, de los Estados. Todas. Sin excepción. Pues, para escarnio de los píos devotos de la fe identitaria, aquí y en Lima, resultan ser esos "artificios" jurídicos, los Estados, quienes fabrican con metódico celo administrativo las comunidades en apariencia tan "naturales" y espontáneas que hemos dado en llamar naciones.

A ese propósito, y al margen de que el célebre preludio lírico sueñe a Cataluña nación, imperio, confederación intergaláctica, pista de circo o pabellón psiquiátrico, cabe conceder que el riesgo cierto del Estatut, su inequívoca vocación de Estado, ha sido conjurado por el Constitucional. De momento. Repárese al respecto, igual que un consternado Santos Juliá acaba de recordar en El País, en el que el pacto del Tinell establecía como primero de sus fines programáticos. A saber, que se llegara a alcanzar "la consideración constitucional de la Generalitat como un Estado". Ellos lo saben mejor que nadie: el país que ansían destruir sólo pervivirá si consigue mantenerse como Estado. Veremos.

Libertad Digital - Opinión

¿De qué se ríen?. Por Félix Madero

Zapatero reconoce que gobierna sin la confianza de los españoles, y eso produce risa a los diputados socialistas.

FUE más o menos así. En el último debate el presidente hace la réplica a Rajoy y le dice: mire, yo reconozco que he perdido confianza, pero convendrá conmigo que usted no está tampoco para tirar cohetes. Fue decir eso y una parte de la bancada socialista rompió en carcajadas. Entonces me pregunté: ¿Y éstos, de que se ríen? Ante la falta de una respuesta que explicara la razón por la que algo que a mí me entristece a otros les produce risa, caí en la cuenta de que éste es el estado de mi país: unos ríen y otros lloran ante un mismo acontecimiento. ¿Cómo hemos llegado a esto? Probablemente como Chaves Nogales cuenta que llegó un banderillero a gobernador civil: degenerando. Degenerando unos políticos que viven para agradar al jefe, que a su vez les agrada a ellos manteniéndolos en las listas. Degenerando los electores, que votamos con una pinza en la nariz sin apreciar que ese gesto es el mismo que mueve al diputado a reír majaderías presidenciales.

Los partidos son máquinas engrasadas para el poder, no para la democracia. Aparatos en los que no cabe el diputado inteligente, reflexivo, discrepante y provocador. Y nosotros somos reflejo de eso. Zapatero reconoce que gobierna sin la confianza de los españoles —el 80 por ciento dice el CIS—, y eso produce risa a los diputados socialistas. Da un no se qué preguntar a esta gente qué creen que es la democracia. Viendo el último debate sentí la misma sensación que me embarga cuando voy al cine y veo una película en versión original. Corto de inglés, me molesta comprobar que mi vecino de butaca se ríe y no sé por qué. ¿Estaremos viendo la misma película, me pregunto? Y respondo: no, él está viendo la buena. Así fue el debate del estado del país, que el de la Nación sospecho que ha de ser otro. Los ciudadanos vemos una Nación, los diputados otra, y en el caso del PSOE, varias.

El CIS afirma que los dos presidentes socialistas más valorados son Barreda y Fernández Vara. Ambos han articulado un discurso propio que permite creer que están antes los ciudadanos que el partido. De los dos se espera que digan si la película que vemos les produce risa y o tristeza. Son valorados porque ríen cuando hay que hacerlo. Ahora, y ante la deriva nacionalista catalana que debilita a la Nación, tienen la oportunidad de decírnoslo: O una risa pastueña o un gesto que diga: Vale compañeros, dejemos ya de jugar con las cosas que no tienen repuesto. Que le digan a Zapatero que vive en un imposible, ese que te permite gobernar entre desconfiados. ¿Cómo es capaz de hacerlo? ¿Cómo se lo consienten? Las dos respuestas producen pena en algunos y carcajadas en la bancada socialista. Espero que no sean muchos.

ABC - Opinión

Respeto constitucional

José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla se reunirán este miércoles para escenificar un consenso sobre cómo afrontar la crisis del Estatut. Ambos comparten la estrategia a seguir tras la sentencia del Tribunal Constitucional. El presidente del Gobierno lo avanzó en el Debate sobre el Estado de la Nación y José Montilla lo refrendó después. Entonces, Zapatero se comprometió a abordar por vías legislativas los aspectos inconstitucionales de la norma estatutaria, porque, según dijo, «el Gobierno no recela del autogobierno, sino que lo reconoce, y no teme la fuerte identidad política de Cataluña, sino que la respeta». Era un guiño especialmente dirigido a los socialistas catalanes, pero también a los grupos nacionalistas que han sostenido al Ejecutivo en el Parlamento y cuyos votos podrían ser decisivos en trámites cruciales como los Presupuestos Generales del Estado. Otro gesto de complicidad fue la resolución que el grupo socialista registró en el Congreso «reafirmando» la «realidad nacional catalana tal y como se expresa en el preámbulo del Estatut», y que tiene «perfecta» cabida en el marco político y jurídico definido por la Carta Magna. No hay duda de que el presidente, consciente de lo que se juegan los socialistas en esa comunidad, de su peso en la vida nacional y en las elecciones y de la trascendencia de no abrir más frentes a un Ejecutivo vulnerable, parece decidido a colar por la puerta de atrás el Estatut original sin los recortes del TC.

LA RAZÓN adelanta hoy que Montilla reclamará el miércoles intervenciones legislativas en una docena de campos, con un peso principal para el Poder Judicial en Cataluña y lo referido al Preámbulo y a la nación catalana, que fueron los apartados más afectados por la sentencia.

La pirueta socialista no casa con el respeto debido a las resoluciones de los tribunales en un Estado de Derecho. Nos parece aún más grave cuando el órgano implicado es el máximo intérprete de la Carta Magna. El todo vale para cumplir los objetivos de partido es un mensaje muy negativo para la sociedad. Los responsables políticos no pueden instalarse en la desobediencia hacia los tribunales ni pueden declararse en rebeldía cuando un fallo no conviene a sus intereses. El deber de las administraciones no pasa por actitudes irredentas o por manipular las reglas de juego con una política de hechos consumados, como aquí se propone, sino en dar ejemplo a una sociedad que demanda líderes en los que se pueda confiar en tiempos de adversidad. Entendemos y defendemos el derecho del presidente de la Generalitat y de los políticos nacionalistas a pedir un cambio en la Constitución, porque ésta no encaje en sus proyectos; no lo compartimos, aunque defendemos que puedan hacerlo, pero sortear y ningunear el dictamen del Tribunal Constitucional es confundir la democracia con otra cosa.

Existe un fallo que todos debemos acatar, guste más o guste menos, y que las administraciones están obligadas a cumplir con el consiguiente efecto sobre leyes ya aprobadas emanadas del Estatut y que tendrán que ser revisadas. Eso es lo que dicta el rigor y el sentido de Estado. Lo otro es que las instituciones se echen al monte, y ese tránsito nunca sale gratis.

La Razón - Editorial

El show de la política exterior española

El multiculturalismo en el que se funde festivamente Moratinos no tendría que hacernos olvidar que Occidente se asienta en unos valores que las dictaduras atacan de lleno y cuya defensa debiera ser la razón por el que nuestras tropas están en Afganistán.

Hubo un tiempo en el que los diplomáticos eran señores de una exquisita educación y formación que se sabían representantes en el exterior de su nación y que trataban ante todo de defender sus intereses. Para algunas naciones, aquellas con una mayor raigambre liberal y democrática, esos intereses coincidían en gran parte con la promoción de las libertades más allá de sus fronteras o, al menos, con el distanciamiento de los regímenes que violaran derechos básicos; esto es, las obsesiones ideológicas o los intereses económicos de sus políticos no llevaban a socavar unos valores compartidos por la práctica totalidad de la sociedad. Forma y fondo eran importantes para transmitir una imagen de seriedad, fortaleza y dignidad en el concierto internacional.

La diplomacia española de las últimas décadas nunca terminó de controlar la estética de las relaciones internacionales. En general, nuestros ministros de Asuntos Exteriores tenían un perfil más político que diplomático y eso lo acabábamos pagando en serios fallos de protocolo que no servían precisamente para reforzar nuestra credibilidad. Pero aún así, en alguna ocasión, como sucediera con los gobiernos de Aznar y más en particular durante sus últimos años, las posiciones de fondo eran claras, lo que ayudaba a compensar los defectos formales: defensa de la democracia y de las libertades frente a todas las dictaduras, incluyendo las de izquierdas y las islamistas.

Zapatero llegó a La Moncloa con la idea de poner patas arriba el país que le había legado el Ejecutivo de Aznar y uno de los frentes donde generó un mayor estropicio fue el de las relaciones exteriores. No sólo dinamitó los valores que había promovido Aznar, abandonando a sus aliados en Irak, sino que se apresuró a alinearse con todas las dictaduras comunistas e islamistas que estuvieran dispuestas a recibirlo.

Esta última semana, Moratinos se ha reunido con los representantes de cuatro dictaduras: Bassar al Assad, del partido nazi Baaz en Siria; Raúl Castro, tirano y hermano de tirano cubano; con el ministro de Exteriores iraní Manucher Mottaki; y con el ruandés Paul Kagame. Pero pocos se han escandalizado de que la agenda de Moratinos esté en apariencia dedicada a legitimar internacionalmente a estos regímenes, cuando no (como en el caso de Cuba) a actuar como su correveidile.

De visita por Afganistán, Moratinos ha sido agasajado en una 'jirga', una fiesta afgana, en su honor. Ha lucido para la ocasión turbante y manto, lo que le ha permitido hacerse unas fotos que sirven, como ya sucediera con las de De la Vega en África, de apología multicultural de la Alianza de Civilizaciones. No estaría de más que Moratinos, aparte de sonreír a quienes agradecen una errática política española en la región que básicamente ha consistido en enviar a nuestras tropas con un insuficiente armamento para lograr una palmadita en la espalda de Obama, dejara clara cuál es la postura española en materias tan importantes como la democracia, las libertades y la discriminación de la mujer o de las minorías raciales, étnicas, religiosas o sexuales en ciertas regiones del planeta que con tanta alegría visita.

Porque el multiculturalismo en el que se funde festivamente Moratinos no debería hacernos olvidar que Occidente se asienta sobre unos valores y principios que las dictaduras y las ideologías totalitarias atacan de lleno y cuya defensa, precisamente, debiera ser el motivo por el que nuestras tropas se encuentran en Afganistán. Desde luego, nuestros soldados no deberían permanecer en el país si el objetivo último es que la agenda exterior de España se convierta en una pasarela de Moratinos por las principales dictaduras internacionales sin osar defender, ni en una ocasión, los intereses del país y los valores democráticos y liberales de Occidente.

Porque, por mucho que se divierta el ministro, este tipo de fastos deberían ser, como mucho, un instrumento para alcanzar unos objetivos más ambiciosos y no, como parece, el objetivo en sí mismo de toda nuestra acción exterior. Con los espectáculos que nos brinda la política nacional, ya tenemos más que suficiente.

Libertad Digital - Editorial

El maestro pensador. Por Ignacio Camacho

La «nación política» supone una síntesis del Derecho Constitucional que supera el magisterio weberiano.

CON apenas una breve experiencia como profesor asociado en la Universidad de León, Zapatero ha emprendido una revolución del Derecho Constitucional que puede superar el magisterio weberiano y convertir a Duverger, Sartori o Dahl en rancias reliquias de talento agostado. Su innovadora definición de la «nación política», evolución natural de la teoría de lo discutido y lo discutible, supera y arrincona la doctrina de los maestros pensadores con una síntesis decisiva fruto de la depuración del republicanismo cívico. En su impulso adanista ha alcanzado un estado de creatividad experimental en el que se siente lo bastante iluminado para reinventar con arrojo un orden jurídico. Si Alfonso Décimo escribió de su puño y letra una sustantiva porción de Las Siete Partidas y Napoleón fue capaz de dictar por sí solo un código civil y hasta otro de comercio, por qué no ha de poder nuestro audaz presidente alumbrar una solución posmoderna para el viejo problema de las identidades nacionales. Ingeniería conceptual, deconstrucción y reconstrucción: grandes hombres para grandes ideas.

El método politológico presidencial se basa en un mecanismo tan simple que sorprende que a nadie se le haya ocurrido antes. Todo consiste en sustituir el significado de los conceptos por el significante de las palabras, otorgando a éstas un poder demiúrgico. El principio fundamental, la piedra filosofal del pensamiento zapaterista, está escrito en los albores de su fecundo mandato: «las palabras han de estar al servicio de la política y no la política al servicio de las palabras». Y al fin y al cabo, qué es el Derecho sino un conjunto de palabras herméticas interpretadas por una casta de chamanes. La cuestión primordial es arrebatarles a esos oscuros taumaturgos el poder de la interpretación y ponerlo al servicio de una causa progresista.

Así, si la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña establece que no hay otra nación jurídica posible que la española, basta con crear un término nuevo que dé cabida a las aspiraciones soberanistas. ¿Estado, nación, nacionalidad? «Palabras, palabras, palabras», que decía Hamlet. Tanto experto devanándose los sesos y se trataba del huevo de Colón; creatividad es lo requería este enredo de juristas doctrinarios. Voilà: la nación política, que se le ha escapado a las minervas del TC. El arriscado preámbulo estatutario podrá no tener efectos jurídicos, pero los puede tener políticos si hay un gobernante dispuesto a otorgárselos. Y como el veredicto sí admite de hecho la existencia de una «nación económica», con privilegios de desigualdad competencial, el resto consiste, como decía Pujol, en el uniforme de los guardias y el idioma de los letreros. Maldita la falta que hace la juridicidad cuando existe una imaginación tan esclarecida.

ABC - Opinión