Campaña a la desesperada

El PP, tan poco habituado a la comunicación efectiva de sus ideas y propuestas, debería estar preparado para contrarrestar durante cuatro meses un torrente de propaganda cuyo único propósito será desgastarle y desacreditarle como alternativa.

El PSOE, de la mano de Rubalcaba, aspira a prolongar lo que no cabe más que considerar un septenio negro en la historia de España. Pocas veces lo habrán tenido más complicado los socialistas, pues las cifras no pueden ser más desastrosas: en siete años, la tasa de paro se ha duplicado, el PIB ha pasado de crecer a un ritmo galopante a estancarse en una recesiva mediocridad, el superávit ha dejado paso al mayor déficit de nuestra historia, la deuda pública se ha incrementado en 300.000 millones de euros, los concursos de empresas se han multiplicado por 20 y la prima de riesgo ha estallado desde 0 puntos básicos a casi 400.

Una catástrofe en toda regla que sólo hace que agrandarse si dejamos de lado la economía y nos fijamos en otras rúbricas de la realidad nacional: la rendición incondicional ante la ETA, la voladura definitiva de la separación de poderes, la desmembración de la idea de España y de las instituciones nacionales, la cultura de la muerte omnipresente en leyes como la del aborto, el guerracivilismo revanchista con el que ha vuelto a polarizar y crispar a parte de la sociedad española, la continua ideologización de la educación pública en detrimento de su calidad...

La estampa no es precisamente para estar orgulloso. Y el PSOE es el primer consciente de ello. Por eso, ha escogido a un candidato a la presidencia del Gobierno caracterizado por ser un compulsivo y desvergonzado mentiroso. El PP debe ser consciente de que los próximos meses serán un continuado despliegue de manipulación y tergiversación permanente desde todos los medios de comunicación afines o bajo el control socialista. La escenificación, las consignas y el engaño serán las notas predominantes de la campaña electoral, al igual que lo fueron en otro momento de desesperación del PSOE: 1996, el año del famoso dóberman.

El PP, tan poco habituado a la comunicación efectiva de sus ideas y propuestas, debería estar preparado para contrarrestar durante cuatro meses un torrente de propaganda cuyo único propósito será desgastarle y desacreditarle como alternativa. Al PSOE ya sólo le queda mentir para mantenerse en el poder. Y con Rubalcaba como candidato, parece bastante claro que no dudará ni un instante en hacerlo.

Libertad Digital - Editorial

La Sección de Opinión de ABC "ahora es de pago".

A partir del 23 de Julio de los corrientes, para acceder a los artículos de opinión del ABC hay que suscribirse en una opción de pago. Y hay una limitación legal que impide la reproducción libre de los textos. A veces hay algún artículo de acceso libre. Posiblemente por error.

ABC - Opinión

Elecciones. Por qué el 20-N. Por Emilio J. González

El problema es que, al retrasar a noviembre lo que podría celebrarse en septiembre, se demora también en más de tres meses la aprobación de los presupuestos para 2012..

Con Zapatero es imposible. Con él, ni siquiera las buenas noticias lo son al cien por cien. ZP acaba de anunciar elecciones generales para el 20 de noviembre próximo. Esa es la parte positiva porque supone evitar a la economía española los meses de parálisis y agonía que se habrían vivido si los comicios se hubiera celebrado en marzo de 2012, como era su intención. ¿Cuál es la parte negativa? Pues que ha elegido una fecha por razones electoralistas que deja empantanados y demorados innecesariamente todos los temas relacionados con la crisis fiscal española.

Puestos a adelantar las elecciones, puestos a anunciarlo este viernes, hubiera dado lo mismo que los comicios se celebraran a mediados de septiembre que a finales de noviembre. Es más, dada la evolución de la crisis española, cuanto antes se hubieran convocado, mucho mejor, porque también el nuevo Gobierno que salga de las urnas podría haber empezado antes a tomar las medidas que pide a gritos la gravedad de la situación. Sin embargo, Zapatero no lo ha hecho así y ha calculado muy bien la fecha. No nos llamemos a engaño; caso Faisán aparte, no es por casualidad que las próximas generales vayan a tener lugar el domingo siguiente a la publicación de la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre del año, que recogerá el incremento estacional del empleo derivado de la época veraniega, el cual ZP y los socialistas van a tratar de venderlo como un cambio de tendencia. En definitiva, todo es estrategia de marketing para tratar de evitar como sea que el PSOE se lleve en las urnas el nuevo varapalo que vaticinan las encuestas.

El problema es que, al retrasar a noviembre lo que podría celebrarse en septiembre, se demora también en más de tres meses la aprobación de los presupuestos para 2012, en los que, evidentemente, hay que meter a saco la tijera para reducir el déficit. Y con un Gobierno ya en funciones, va a ser prácticamente imposible que se pueda alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas respecto a la parte que le corresponde a estas administraciones en el proceso de ajuste fiscal. Todo esto, además, tiene como telón de fondo el incremento constante de la prima de riesgo española ante las dudas crecientes acerca de la solvencia de nuestro país, sobre todo por culpa de las autonomías. Por ello, puestos a adelantar las elecciones y a anunciarlo este viernes, la convocatoria tendría que haber sido para septiembre, con el fin de empezar a tomar medidas de ajuste lo antes posible; pues no sabemos si los mercados se van a tranquilizar con la posibilidad de un cambio de Gobierno o si, por el contrario, van a ponerse más nerviosos ante la perspectiva de una nueva y larga demora en todo el proceso de ajuste fiscal. Porque si se ponen nerviosos, aquí van a llover los palos.

Libertad Digital - Editorial

A gloria de Rubalcaba. Por José Antonio Vera

No sé si lo peor de la convocatoria electoral es la bromita del 20-N o el hecho impresentable de que nos van a tener cuatro meses seguidos de tediosa campaña electoral. Ambas decisiones las comunicó ayer con mucho bombo y protocolo Rodríguez Zapatero, aunque el cerebro de las mismas no es otro que su sucesor, Pérez Rubalcaba. Sólo a él se le podía ocurrir lo del 20-N, probablemente para trasladar después la idea de que Rajoy gana en una fecha tan marcadamente franquista, y este larguísimo período de campaña electoral, concebido a mayor gloria de Pepunto. El candidato tiene que darse a conocer y necesita cuatro meses de CIS, comunicados de ETA, actos gloriosos de afirmación rubalcabiana y alguna que otra sorpresa trampa de las que tanto le gustan. Sí, había que adelantar las elecciones porque la situación económica del país es insostenible y porque en marzo todo estará peor que ahora, segun la mayoría de las previsiones. Un Zapatero presionado por Alfredo y su entorno no ha tenido más remedio que olvidarse de su idea de agotar la legislatura, entre otras cosas porque la legislatura lleva meses muerta, por mucho que en el Gobierno se empeñaran en hacer reformas inútiles que no han servido para nada.

La cuestión es que el candidato ha sido quien ha decidido y quien ha elegido. Todo en bandeja, para que triunfe. Nada puede reprocharle a Zapatero, que se ha portado como sin duda el ex vicepresidente no se merecía. Fundamentalmente porque, tras la reciente felonía de las primarias, hubiera sido lógico que Zeta marcara alguna distancia con quien le sucede de manera tan subterránea. No lo ha hecho Zapatero y ha sacrificado su idea de agotar para satisfacer los deseos de quien le llegó a exigir que convocara elecciones incluso como ultimátum a través de la prensa adicta. Lo demás es ya historia con un guión cansino y repetido. Hay que vender otra vez la subida estacional del empleo para sugerir de nuevo que ya se ve la luz al final del túnel, los brotes verdes mil veces anunciados, y la gaita de la recuperación que, por desgracia, nunca llega. La dura realidad es que el Gobierno de Rubalcaba (no en vano ha sido tres veces ministro y vicepresidente) deja el país en la peor situación que se recuerda: cinco millones de parados, la deuda por las nubes, empresas cerrando todo los días, una prima de riesgo peligrosamente alta y unas autonomías y ayuntamientos arruinados, sin dinero para pagar a nadie. Las elecciones se tenían que haber convocado inmediatamente tras el batacazo de las municipales. Nos hubiéramos ahorrado estos meses de gestión anodina y los cuatro de campana agotadora que nos quedan. Todo a mayor gloria de la nueva estrella del CIS y de la televisión del régimen. O sea, Rubalcaba.

La Razón - Editorial

Elecciones. El presidente del talante con la ETA. Por Francisco José Alcaraz

Se presentó como el presidente del talante y ciertamente así ha sido con ETA y su brazo político, pero para las víctimas que nos oponemos al proceso de negociación ese talante ha brillado por su ausencia..

Zapatero pasará a historia como el presidente del Gobierno que más daño ha hecho en menos tiempo a la lucha antiterrorista, devolviéndole a ETA las esperanzas de conseguir sus objetivos: en poco más de siete años, los terroristas están más presentes que cuando el PSOE llegó a la Moncloa. Junto a estas esperanzas, Zapatero ha permitido que ETA vuelva a las instituciones y con ello deja a los pies de los caballos a tantas personas que se juegan la vida a diario por defender la libertad en el País Vasco.

Así de rotundas son las conclusiones a las que llegamos la mayoría de las víctimas del terrorismo, que nos oponemos a un final sin vencedores ni vencidos. La llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno está marcada por los atentados del 11-M, que supusieron un cambio de régimen en nuestro país y que anunciaron el principio de lo que viviríamos las víctimas del terrorismo; con el 11-M, se decidió correr un tupido velo ante la mayor masacre cometida en España, pero como dice Gabriel Moris "no podremos olvidar lo inolvidable".

Poco después y coincidiendo con el nombramiento de un comisario político como alto comisionado para las víctimas del terrorismo, Peces Barba, se puso en marcha la escenificación del mal llamado proceso de paz; un proceso de mentiras y de cesiones a ETA, que permitió a la banda criminal recuperarse del estado crítico en el que se encontraba gracias a las políticas antiterroristas del PP.

Ha dicho el presidente Zapatero que quiere terminar la legislatura aprobando la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo. Al margen de considerar las modificaciones de esta norma como un fraude, hay que señalar que su finalidad es la de servir de mordaza a las víctimas del terrorismo ante los pasos que benefician a ETA y su proyecto político: la presencia de ETA en las instituciones con diferentes marcas –como PCTV, ANV, Bildu–; los indultos encubiertos a terroristas que no han cumplido íntegramente sus penas; las cesiones ante los chantajes como el de De Juana Chaos; la impunidad que disfruta Josu Ternera y su hijo estando en búsqueda y captura; el paraíso terrorista bajo el régimen de la dictadura Venezolana de Chávez; el delito más grave cometido, como es la colaboración con banda terrorista desde el Ministerio de Interior en el caso del Bar Faisán; la descomposición del sistema judicial con las decisiones de una Fiscalía al servicio del proyecto político; la sentencia política del Constitucional respecto a Bildu; y la apertura de las puertas del Parlamento Europeo al proceso de ETA son tan solo unas de las muchas cesiones y traiciones que siempre acompañarán a Zapatero.

Se presentó como el presidente del talante y ciertamente así ha sido con ETA y su brazo político, pero para las víctimas que nos oponemos al proceso de negociación ese talante ha brillado por su ausencia. Todavía quedan poco más de tres meses, tiempo suficiente para que, de nuevo, se efectúan más concesiones a ETA sabiendo que ésta hará todo lo posible para que no haya una alternancia con mayoría absoluta del PP.

Aún sigue el proceso y el anuncio de elecciones anticipadas no puede hacer que bajemos la guardia: ahora más que nunca debemos seguir con la rebelión cívica para evitar más cesiones y no olvidar que P. Rubalcaba es la continuidad del proceso de negociación con ETA que inició el presidente traidor. España no merece que continúe un Gobierno que mienta.

Libertad Digital - Editorial

Elecciones para el cambio

Era una decisión que se esperaba desde hacía tiempo. Rodríguez Zapatero anunció el adelanto electoral para el 20 de noviembre porque las grandes reformas estaban ya encauzadas. Lo menos importante de la noticia es que se haya rectificado la idea, reiterada públicamente, de agotar el segundo mandato como un «síntoma de normalidad democrática». Lo principal es que los españoles tendrán la palabra para cerrar una etapa negra y dar paso a la alternancia. La cita con las urnas en otoño tiene múltiples ventajas y sólo algún inconveniente. En el debe hay que reseñar la indeseable prórroga de unos Presupuestos desfasados e increíbles y las dificultades que ello supondrá, así como el peso decisivo de los intereses del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno en este calendario. El cambio de discurso ha estado, sin duda, motivado por la estrategia del PSOE. Como bien recordó Mariano Rajoy, él ya pidió un adelanto electoral en el debate sobre el Estado de la Nación del pasado año y el Gobierno de Rubalcaba se negó en rotundo. Se ha perdido un año y España ha empeorado, lo que demuestra que el presidente del PP tenía razón. Se abre un nuevo ciclo político con un candidato nuevo pero que en absoluto es un político recién llegado. Rubalcaba vendió ayer que sabe cómo crear empleo y crecer. Pero el líder socialista no puede pretender hacer borrón y cuenta nueva y que se pase por alto su corresponsabilidad en la gestión del Gobierno socialista que ha conducido a España al crítico estado en el que se encuentra. Rubalcaba ha sido una pieza fundamental en estas dos últimas legislaturas, primero como jefe del grupo parlamentario del PSOE y luego como figura muy relevante del Gobierno. Y ha sido también impulsor de una política económica devastadora desarrollada por la ministra Elena Salgado, estrecha colaboradora suya. Por tanto, tiene sobre sí la pesada losa de uno de los peores gobiernos de la democracia, sino el peor. Enfrente, Mariano Rajoy representa la alternativa reformista que ya fue refrendada mayoritariamente en las últimas elecciones del 22-M. El presidente del PP miró ayer al futuro y apostó por el necesario «cambio político en España» desde el centro, la moderación, el diálogo, la responsabilidad y la transparencia. Como principales y casi únicos objetivos, el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo, porque «desde ahí vendrá todo lo demás». A diferencia de Rubalcaba, Rajoy puede presumir de un bagaje gubernamental en un Ejecutivo de éxito como el de Aznar. España precisa un Gobierno fuerte con una mayoría suficiente para afrontar un ingente tiempo de reformas que los socialistas no han sabido llevar a cabo con la intensidad necesaria. El escenario electoral despeja dudas, pero no elimina todos los riesgos. Nuestra economía continúa siendo vulnerable a las tensiones de los mercados y a sus propias carencias estructurales. Pero la certidumbre del cambio y los compromisos de Rajoy con una nueva política económica que incentive y regenere la actividad deben promover confianza y dar esperanza.

La Razón - Editorial

A las urnas, al fin

El adelanto electoral es la mejor medida para revitalizar la política y abordar la recuperación.

Al fin ha cedido. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha podido resistir la presión, externa e interna, de los agentes económicos, sociales y políticos y de su propio partido y entorno, y ha atendido a las numerosas voces que le pedían el final de la agonía en que se ha convertido su segunda legislatura. Tampoco ha podido obviar en la decisión los intereses objetivos de su partido y del candidato socialista. Una vez resuelta la cabeza de cartel del PSOE, nada de lo que pudiera suceder de no adelantar los comicios iba a favorecer a Alfredo Pérez Rubalcaba. Las reformas y recortes dolorosos iban a continuar hasta marzo. Los datos levemente esperanzadores sobre crecimiento y empleo de una economía muy estacionalizada como la española iban a ser mejores ahora en verano que a la salida del invierno. Las encuestas podrían haber mejorado hasta marzo, pero aún tenían también un amplio y peligroso recorrido a la baja. Así las cosas, ¿a qué esperar más?.

El anuncio del adelanto es una fiel imagen de quien lo ha decidido. Zapatero ha desmentido hasta el último minuto la disolución anticipada y ha defendido la terminación ahora de la legislatura por la necesidad de "proyectar certidumbre política y económica", el mismo argumento que le venía sirviendo hasta el momento para lo contrario, es decir, llegar hasta marzo. Ha elegido el último día laborable antes de agosto para marcar el último tramo de su agenda de Gobierno, adelantando así incluso el anuncio del adelanto para sacarse toda la presión de encima: el 26 de septiembre será el día en el que firmará la convocatoria. Con casi dos meses de margen por delante, estos argumentos perentorios para despejar incertidumbres hubieran servido para firmar la disolución ahora y celebrar las elecciones todavía antes, en octubre. El empecinamiento presidencial llega hasta insinuar el exacto cumplimiento de unos planes fraguados hace ya tiempo, mantenidos en prudente secreto e incluso desmentidos públicamente, aun a costa de dar pábulo a quienes le atribuyen una conflictiva relación entre sus palabras y la verdad.

Capítulo aparte merece la posición de José Antonio Griñán, que ha resistido las presiones de Madrid y ha decidido agotar la legislatura, desvinculando a Andalucía de la cita electoral de las generales. Aunque las encuestas arrojan una previsible derrota, Griñán sabe que si hay alguna opción de salvarse de la quema, el PSOE andaluz no debe hipotecar su futuro yendo de la mano de Ferraz. Si los socialistas sufren, como se espera, un severo castigo en las generales, el electorado andaluz podría perdonarle la vida a un partido que lleva 33 años gobernando Andalucía.

Recuperar la credibilidad
Con independencia del contexto y de los argumentos, el adelanto es la mejor respuesta que podía darse a una situación difícilmente sostenible hasta marzo de 2012. Convocar las elecciones para el 20 de noviembre resuelve las dificultades parlamentarias del Gobierno, cuyos socios potenciales (CiU y PNV) habían mostrado reticencias al agotamiento de la legislatura; neutraliza la duplicidad entre un Ejecutivo agotado y un candidato socialista que reducía el margen de actuación de ambos; y permite que un nuevo Gobierno afronte con ideas renovadas la grave situación del país. Aunque las líneas fundamentales de política económica ya están hilvanadas, parece necesario articular una política que las coordine con una aceleración del crecimiento y creación intensiva de empleo.

En su explicación del adelanto electoral, Rodríguez Zapatero acertó al argumentar que la decisión aporta certidumbre política y que con un calendario definido el debate político ya no se centrará en la fecha de los comicios. Se había llegado a una situación circular: la pérdida de credibilidad del actual Gobierno destruye la confianza imprescindible para que brote la recuperación económica, y la mala situación de la actividad económica, pero sobre todo del empleo, arruina las opciones electorales del PSOE. Los últimos datos de la EPA venían a confirmar ayer que la recuperación no se producirá antes de 2012, como de forma persistente e ingenua ha sostenido el Gobierno, y que la elevadísima tasa de paro (20,86%) seguirá deprimiendo a la sociedad española al menos durante el año próximo. El anuncio de Moody's de que rebajará la calificación de la deuda soberana y el nivel de la prima de riesgo (muy por encima de los 300 puntos básicos) son una amenaza dramática para un Ejecutivo que quizá ya no tenía fuerzas para encarar un Presupuesto con un margen de inversión y políticas sociales reducidos al mínimo por los costes financieros.

Recuperar la confianza
La economía está estancada y la sociedad española no entiende las terribles dificultades para remontar la crisis económica. La decepción social no podía ni debía prolongarse más. Y no es que el muy probable Gobierno del PP disponga del remedio para aumentar el crecimiento y el empleo, pero la virtud principal de las elecciones será la de reforzar las expectativas de que la mejora es posible y quizá esté próxima. El adelanto no solo debe contribuir a recuperar la confianza social. También diseña el mejor calendario para los dos contendientes con opciones de ganar. La bicefalia abierta en el PSOE tras la proclamación del candidato es una circunstancia no exenta de riesgos, que se habrían acrecentado de prolongar la situación durante más de ocho meses como estaba previsto. El último barómetro del CIS, que refleja el aprecio que la sociedad española -no solo los votantes socialistas- tiene de Rubalcaba es también una buena señal acerca de sus posibilidades de remontar de aquí a final de noviembre. Mariano Rajoy, por su parte, obtiene el adelanto que tanto reclamaba cuando todos los sondeos le son favorables, por lo que, a pesar de todo, reducir el plazo no puede más que beneficiarle.

Más allá de cálculos electorales, las elecciones pondrán fin a un panorama bloqueado, con un Gobierno desgastado e incapaz de tomar las ambiciosas iniciativas que el país necesita y una oposición atrapada en el único discurso del relevo como panacea para acabar con la crisis. Al deterioro económico se ha sumado un empobrecimiento de argumentos políticos incompatibles con una democracia de calidad. Ahora llega el momento de que Rajoy explique cuál es el proyecto con el que pretende sacar a España de su difícil situación, más allá de las huecas proclamas sobre que "hay que crear empleo" o "actuar con determinación". Quizá ahora se decida a detallar cómo se crean puestos de trabajo y cómo se actúa con determinación. El examen de sus ideas económicas, al menos las expresadas en público, arroja conclusiones más bien pobres. Si hay incertidumbres que quedan despejadas con el adelanto no es el caso con las propuestas e ideas del PP, de ahí que en esta campaña electoral sean obligados la confrontación de programas y posiciones y el debate público entre los dos candidatos.

El País - Editorial

Lo peor de Zapatero será su legado

Las elecciones se anticipan porque el clamor contra Zapatero, el peor presidente de nuestra historia democrática, se había vuelto demasiado estruendoso como para ignorarlo durante más tiempo..

Ha sido la propia incompetencia fanática de Zapatero, esa mezcla de sectarismo cainita y de ignorancia suprema, la que ha terminado por desalojarle antes de tiempo de La Moncloa. Habiendo abocado al país a una situación cercana a la suspensión de pagos, ni propios ni extraños, ni nacionales ni extranjeros, querían padecerlo ni un segundo más. Las elecciones se anticipan porque el clamor contra Zapatero, el peor presidente de nuestra historia democrática, se había vuelto demasiado estruendoso como para ignorarlo durante más tiempo.

El problema que se nos plantea ahora es que todavía nos quedan cuatro meses hasta los siguientes comicios; cuatro meses que serán del todo estériles en cuanto a reformas en medio de una coyuntura internacional extremadamente compleja. Con la excusa de que el empleo está remontando y de que el déficit se está reduciendo, Zapatero desatenderá el mensaje que los inversores extranjeros le están enviando: España todavía no ha hecho las reformas necesarias y, si no las aprueba pronto, el país puede terminar de perder la escasa credibilidad exterior que aún le resta.

De ahí que, más allá de la alegría momentánea que pueda provocarnos la convocatoria de elecciones anticipadas, es menester que todos tengamos bien claro cuáles serán las recetas que necesitaremos adoptar el 21 de noviembre para volver a colocar a nuestro país en esa senda de crecimiento de la que nunca debió salir: a saber, reducción del peso del sector público para eliminar el déficit, liberalización del mercado de trabajo que incluya la supresión de la negociación colectiva, eliminación de todas las trabas burocráticas al libre ejercicio de la empresarialidad y saneamiento de aquellas partes más débiles del sector financiero.

El descrédito de un Gobierno agonizante debe contrarrestarse con la ilusión de las buenas ideas. Rajoy ha de ser capaz de recoger ese mensaje, no para convertirse en el blanco fácil de Rubalcaba –que a buen seguro tratará de jugar esa baza, acaso la última que le queda– sino para transmitir la confianza de que, al menos, su futuro Ejecutivo se alejará de las excentricidades de Zapatero y hará todo lo necesario para sacarnos del hoyo. Con cinco millones de parados y con el mayor tijeretazo de nuestra historia al mal llamado gasto social, el ministro del Faisán no debería tener mucho que criticar.

Sin duda, la convocatoria anticipada de elecciones no va a hacernos ver la luz al final del túnel –pues el túnel, por desgracia, es extraordinariamente largo–, pero al menos sí vamos a tener esa oportunidad que hasta la fecha el zapaterismo nos ha negado: la oportunidad de encontrarla.

Libertad Digital - Editorial

La Sección de Opinión de ABC "ahora es de pago".

A partir del 23 de Julio de los corrientes, para acceder a los artículos de opinión del ABC hay que suscribirse en una opción de pago. Y hay una limitación legal que impide la reproducción libre de los textos. A veces hay algún artículo de acceso libre. Posiblemente por error.

ABC - Opinión

Autonomías. A los manirrotos de todos los partidos. Por Guillermo Dupuy

No se trata de que los Ejecutivos regionales "se aprieten todavía más el cinturón". No, qué va. Lo que pretendemos algunos es que se lo pongan y no sigan gastando a calzón quitado como si la crisis económica no fuera con ellos.

Está visto que el Tribunal Constitucional está decidido a que en la Generalidad de Cataluña no falte el papel higiénico. Cuando los gobernantes nacionalistas todavía no han acabado de gastar para esos menesteres la sentencia del Constitucional que tan escasamente recorta el estatuto soberanista catalán, o la sentencia del Supremo que pretendía que el castellano también pudiese ser lengua vehicular de la enseñanza, va nuestro Alto Tribunal y dicta una nueva sentencia que, rechazando un recurso del Parlamento de Cataluña contra la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2011, avala la facultad del Gobierno central de poner topes al gasto y al endeudamiento autonómico.

Que esta sentencia también está destinada a limpiar el trasero de los gobernantes autonómicos –no sólo los nacionalistas– es aun más evidente por cuanto ahora ni siquiera existe una Ley, sino un mero Plan de Estabilidad que simplemente informa de cuáles deberían ser los déficits autonómicos para que el conjunto de las Administraciones Públicas cumplieran con Bruselas. De nada sirve que el Constitucional reconozca al Estado su facultad para establecer topes de gasto de obligado cumplimiento a las autonomías, si luego el Gobierno no se atreve a ejercer esa facultad o a castigar a quien incumpla esos topes legales.

En este sentido, se supone que del Consejo de Política Fiscal y Financiera deberían haber salido unos topes que con carácter legal impidiesen a los gobiernos regionales proseguir su descontrolado déficit y endeudamiento. Pero lo que ha salido de esa bochornosa reunión –en realidad dedicada únicamente a ver cómo las autonomías devuelven lo que recibieron de más del Estado en 2009– es la oferta de Salgado de que acudan a un crédito con el ICO para pagar dicha deuda. Es decir, que se endeuden para pagar lo que deben. En cuanto a topes de gasto, nada de nada; sólo unas inconcretas "reglas de gasto" que los gobernantes autonómicos se seguirán dando a sí mismos y que les ha llevado a la mayoría de ellos a incumplir sistemáticamente los objetivos de déficit autonómico contemplados en el Plan de Estabilidad.

Aunque haya ilustres analistas económicos que sostengan que, para poder reclamar más frugalidad a las autonomías, el Estado tiene que empezar por dar ejemplo, lo cierto es que ya en 2010 el objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas se pudo cumplir gracias al Estado central y a pesar del descontrol de los Ayuntamientos y, sobre todo, de las Autonomías. Hoy mismo hemos sabido que el déficit de la Administración Central se ha reducido en un 18,9% hasta junio. Sin embargo, todo parece indicar que las autonomías, que gestionan las dos terceras partes del gasto público, van nuevamente a poner en riesgo los compromisos adquiridos con nuestros socios comunitarios.

Y es que no se trata de que los Ejecutivos regionales "se aprieten todavía más el cinturón". No, qué va. Lo que pretendemos algunos es que se lo pongan y no sigan gastando a calzón quitado como si la crisis económica no fuera con ellos. Han sido las autonomías, y no el Estado central, las que han seguido contratando funcionarios a mansalva. Así, su nivel de endeudamiento ha pasado de los ya preocupantes 63.000 millones de euros a comienzos de 2008 a los 121.000 millones en abril de este año.

No pretendo quitar responsabilidad de este clima de desbarajuste al Gobierno de Zapatero, ni poner sordina a los pufos ocultos con los que se han encontrado los nuevos gobernantes autonómicos del PP. Pero hay gobiernos que ya estaban en manos de los populares, como la Comunidad de Valencia o Murcia, o Ayuntamientos como el de Madrid, corresponsables de que la prima de deuda española se haya disparado. Mucho ojo, pues, que en esto del descontrol presupuestario hay socialistas en todos los partidos.

Libertad Digital - Opinión

Autonomías. Por el federalismo fiscal. Por Emilio J. González

Lo triste de todo este asunto es que el enfrentamiento político está ocultando los verdaderos males del modelo de descentralización territorial..

La última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha demostrado, una vez más, que al Gobierno le importa un rábano el solucionar la grave crisis fiscal que vive la economía española. La reunión con los representantes de las autonomías era una ocasión de oro no sólo para acordar entre todos la forma de reducir el déficit público, sino también para establecer de forma racional qué competencias le corresponden a cada uno y cómo financiarlas. Sin embargo, el Ejecutivo se ha embarcado en lo peor que podía hacer, esto es, en una batalla de naturaleza electoralista contra las autonomías gobernadas por el PP, a las que pretende ahogar financieramente, e incluso llevar a la suspensión de pagos a alguna que hasta el pasado junio estuvo gobernada por los socialistas para culpar a los ‘populares’ de ello y tratar de desgastarlos más y más. Mientras tanto, en Moncloa y en Ferraz los del PSOE trazan planes sobre cómo invertir con fines electoralistas esos recursos que quieren que las comunidades autónomas devuelvan ya al Estado, con independencia de su situación de solvencia. Visto lo visto, no es de extrañar que, en unos momentos en los que el euro debería estar fortaleciéndose frente al dólar, a tenor de lo cerca que se encuentra Estados Unidos de la suspensión de pagos, esté sucediendo lo contrario. Y es que los mercados confían más en que Obama acabe por dar su brazo a torcer que en que Zapatero actúe por una vez con el mínimo de racionalidad que exigen las circunstancias de España y de la Unión Monetaria Europea.

Lo triste de todo este asunto es que el enfrentamiento político está ocultando los verdaderos males del modelo de descentralización territorial. Los políticos, por ejemplo, siguen sin entender que tienen recortar el gasto público en todos los niveles de la Administración, que es lo que debería estar debatiéndose en estos momentos. De la misma forma, debería estar sobre la mesa de negociaciones un nuevo modelo de distribución territorial de competencias, y de recursos para financiarlas, según los principios del federalismo fiscal, como qué gasto es necesario y cuál no –para cortar este último de raíz–, y qué nivel de la Administración es el más eficiente en la prestación de cada uno los servicios públicos. E igualmente sería necesario debatir la creación de un sistema de intervención del gasto en todas las administraciones, pero controlado por el Estado, que para eso es el que paga, con el fin de evitar el derroche y la corrupción a que nos tienen acostumbrados las autonomías y los ayuntamientos.

Y eso por no hablar de racionalizar el contenido de toda una serie de competencias –¿qué sentido tiene que cada autonomía tenga, como mínimo, una universidad pública cuando la demografía provoca que haya cada vez menos universitarios?– cuyo ejercicio sólo sirve para derrochar más y más recursos. A partir de ahí, quien quiera gastar más en embajadas, en universidades y demás cosas innecesarias, que suba los impuestos. Ese es el debate que tendría que estar produciéndose en estos momentos, no esa discusión electoralista sobre los pagos de las autonomías que no conducen más que a agravar nuestra situación fiscal y, con ella, la económica. Ahí está nuestra prima de riesgo en máximos y al alza para certificarlo.

Libertad Digital - Opinión

Devolver competencias. Por José Antonio Vera

Colea aún el pulso entre las autonomías y el Gobierno a propósito de la abultada deuda, el descontrol del déficit y el caos actual de las haciendas regionales. La situación es tan extrema, que hay quien plantea una reconducción de la estructura territorial del Estado para convertirlo en algo menos costoso y más racional. Dicen ya abiertamente algunos presidentes periféricos que son partidarios de devolver competencias al Estado, para que se gestionen de manera conjunta desde la Administración central. No me parece mala idea. Algo habrá que hacer en ese sentido, pues el actual modelo es costosísimo, disgregador, de tendencia confederal, fomenta un planteamiento de «taifas» que hace muy complicado tomar decisiones conjuntas, y pone claramente en peligro la unidad de mercado.

La devolución de competencias que plantea, por ejemplo, Ramón Luis Valcárcel desde Murcia, puede ser sin más una manera de mantenerle el pulso al Gobierno de Zapatero. Pero no tiene por qué ser una idea descabellada, sino todo lo contrario, siempre y cuando se haga de forma voluntaria. Hacer 17 servicios regionales de Salud, con 17 políticas de compra de medicamentos, gestión de centros, tarjetas sanitarias, sistemas informáticos y todo lo demás, no sólo es más caro desde el punto de vista de la gestión de compras, sino que además es caótico porque se fomenta la desigualdad en las prestaciones entre comunidades. Y lo mismo que en Sanidad sucede en Educación o en Justicia, materias donde la gestión con criterios mínimamente uniformes se echa en falta a diario.

Es verdad que una crisis económica como la actual es dura y sus consecuencias dolorosas para todos. Pero a veces las crisis son también oportunidades. Para poner orden. Para eliminar lo superfluo. Para reducir costes. Y esta mega-crisis que nos golpea podría ser adecuada para racionalizar un modelo territorial que hicimos deprisa en los convulsos años de la Transición y cuyos resultados son mejorables. Particularmente porque en España sólo había una reivindicación autonómica real en Cataluña y el País Vasco, y por razones incomprensibles decidimos darle el mismo nivel de autogobierno político a territorios que nunca plantearon esa necesidad. Ni Murcia ni Cantabria ni La Rioja tenían interés en una Sanidad o Educación propias. Hubiera servido perfectamente la descentralización administrativa con una estructura de decisiones jerarquizada, es decir, que garantizara al Estado la potestad última de decidir, algo que ahora es imposible.

El planteamiento de devolución de competencias que hacen hoy algunos gobiernos regionales del PP me parece acertado. ¿Para qué 17 defensores del Pueblo, tribunales de Cuentas o consejos del Poder Judicial? Sería más que razonable que las autonomías que quisieran se pudiesen poner de acuerdo para que determinados servicios se resolvieran conjuntamente desde un órgano común. Nos ahorraríamos dinero y no se rompería la unidad de mercado, ahora en peligro de verdad. Las autonomías que no quieran, que se queden con su actual estructura. Igual es una manera de diferenciar al País Vasco y Cataluña de las demás, algo nada descabellado, y que podría poner fin también al afán de vascos y catalanes por ser diferentes.

La Razón - Opinión

Crisis fiscal. El desastre autonómico. Por Agapito Maestre

Me atrevo a decir ahora que Zapatero tiene razón cuando le reprocha a Rajoy que si no está de acuerdo con la "ley" de las Autonomías, que nos diga cuál es la suya.

Zapatero quiere convertir la victoria del PP en las elecciones del 22-M en una derrota para las próximas generales. Zapatero quiere ahogar económicamente a las comunidades del PP para que la gente vote a Rubalcaba. Quizá no lo consiga, pero, desde luego, pondrán en evidencia algunas contradicciones del PP que son relevantes para hacernos cargo de la inviabilidad del actual sistema autonómico. Y, sobre todo, ponen a Rajoy en la alternativa siguiente: o recentralización o independencia para Cataluña y País Vasco. El rollo del federalismo o de las autonomías ya no se la traga nadie con un poco de inteligencia política.

En efecto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido un desastre, especialmente para las once comunidades gobernadas por el PP, porque el Gobierno quiere que esas administraciones devuelvan lo que deben a la Administración Central en el plazo señalado. Es terrible, incluso perversa, la actitud de Zapatero, porque no quiere negociar ni resolver un problema creado por él, cuando presupuestó en 2008 por encima de lo debido. Más aún, el maquiavelismo de Zapatero no es de recibo, porque cuenta con el poder de asfixiar a unas comunidades y salvar a otras. Todo eso es verdad, pero, en mi opinión, tampoco tienen un pase las reacciones de las comunidades del PP que amenazan con devolver algunas competencias al Gobierno.

Esa amenaza, después de treinta años de soportar un sistema infumable y podrido, es absolutamente inviable si no se plantea como una reforma completa del desastroso sistema autonómico. Tendría que hablar Rajoy con voz clara y contundente: o sigue apoyando este esperpento de Estado de las Autonomías o propone un nuevo modelo de Estado-nacional democrático que se enfrente, definitivamente, al asalto que han perpetrado los nacionalistas de la nación española en las tres últimas décadas. En otras palabras, es demagógica la reacción del PP, porque no se puede estar defendiendo, por un lado, el actual modelo de Estado de las Autonomías y, por otro lado, amenazar con salirse de él.

Porque soy de los pocos que, en España, vengo criticando este Estado de las Autonomías, especialmente su principal fracaso, a saber, la incapacidad de integrar a los nacionalistas catalanes y vascos en un sistema democrático, me atrevo a decir ahora que Zapatero tiene razón cuando le reprocha a Rajoy que si no está de acuerdo con la "ley" de las Autonomías, que nos diga cuál es la suya. Sospecho que Rajoy, por desgracia, callará, es decir, se apuntará a la salida socialista, o peor, al silencio hasta que se independice, definitivamente, Cataluña y País Vasco. Eso es todo.

Libertad Digital - Opinión

Embrollo autonómico

Los mercados y los organismos internacionales observan con lupa las decisiones económicas del Gobierno y de las comunidades. El Pacto de Estabilidad delimita un escenario fiscal que compromete a las administraciones y del que cualquier descuelgue se traduce en desconfianza y en tensiones para nuestra deuda. Resultó decepcionante el resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera que, lejos de encauzar la solución a las dificultades económicas de las regiones y de sellar un acuerdo global en torno a una regla de gasto, deparó un embrollo mayor del que existía y, sobre todo, envió un mensaje negativo al exterior. El Gobierno y las comunidades salieron del encuentro sin un acuerdo en aspectos clave como garantizar la liquidez a corto plazo y preservar la estabilidad de las cuentas públicas. Mariano Rajoy había planteado una fórmula razonable como era aplazar la devolución al Estado del dinero que anticipó a las regiones, pero el Gobierno se negó y propuso facilitar un crédito especial ICO a las comunidades para ese propósito. Esa iniciativa es pan para hoy y hambre para mañana, porque crea un problema sobre otro al generar un nuevo endeudamiento a unas administraciones exhaustas. No existían razones de peso para descartar la propuesta del líder del PP porque ni afectaba al déficit ni a la deuda y ofrecía un margen de liquidez apreciable. El Ejecutivo sólo pudo oponerse por motivos políticos. La intransigencia de Salgado y su aparente falta de voluntad para alcanzar un acuerdo de mínimos sólo puede interpretarse en el marco de una estrategia de desgaste político para poner a los gobernantes del PP entre la espada y la pared sin capacidad de maniobra.

Aunque las comunidades autónomas ratificaron su compromiso con el objetivo de déficit, el Ejecutivo frustró un consenso en torno a una regla de gasto común. Sin una disciplina férrea y conjunta, es más probable que los números no cuadren y que se agudice el problema, algo que no preocupó al vicepresidente Chaves, que sí anduvo rápido para responsabilizar al PP de los futuros ajustes como si la desastrosa herencia recibida fuera inocua.
Algunos de los detalles del encuentro indican que el Gobierno tampoco cuidó las formas. La improvisación deparó escenas impropias de una cita de esa seriedad, como el reparto de sobres cerrados por parte del Gobierno a los consejeros con la cifra de financiación de la que podían disponer o que al nuevo responsable madrileño le dieran el sobre de Canarias.

Lo peor es que no se atisba una salida próxima y factible, y la situación tiende a empeorar con una mayor conflictividad. Lo ideal sería que el Gobierno liderara con las autonomías un acuerdo de mínimos para despejar el horizonte de incertidumbres y trasladar tranquilidad y certeza a los mercados, aunque Salgado tendrá que cambiar de actitud y no actuar como oposición del poder autonómico del PP. A medio y largo plazo es evidente que existe un fallo sistémico del Estado autonómico, que requiere una reforma profunda para reordenar los equilibrios, racionalizar sus funciones y garantizar su sostenibilidad. Será misión principal del próximo Gobierno.

La Razón - Editorial

Salida de emergencia

Las autonomías del PP aceptan el recurso al ICO, pero avivan el conflicto político de cara al público.

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles ratificó las extrañas formas de hacer política que tiene el Partido Popular (PP). Durante la sesión parlamentaria matinal, el presidente del partido, Mariano Rajoy, había exigido que se aplazara a 10 años la devolución del exceso de dinero (nada menos que 18.736 millones en total) que han recibido las autonomías por error en el cálculo de los ingresos fiscales, que el Gobierno adelantara los fondos de competitividad y convergencia, y que las comunidades pudieran emitir deuda con el aval del Estado. Pero en el Consejo, donde es necesario presentar pruebas y argumentos, los presidentes autonómicos del PP bajaron el diapasón del conflicto. Es más, ratificaron dos principios importantes: el compromiso de moderar el déficit autonómico en el 1,3% del PIB y una regla que limite el gasto público de las comunidades en función del ciclo económico.

Y, con las reticencias de rigor, aprobaron el plan de Economía de acceder a créditos del ICO destinados a cubrir la deuda con sus proveedores. La solución no es perfecta, pero sirve para salir del paso. Apenas repercute en las obligaciones de las autonomías, pero contribuirá a aliviar la situación de las empresas suministradoras.

Pero, una vez terminado el Consejo, el PP volvió a llevar el debate político sobre las finanzas autonómicas adonde más le gusta, que es al estruendo mediático. El presidente gallego, Núñez Feijóo, adelantado de las reivindicaciones del PP, insistió en que la estabilidad es imposible si no se cumplen las exigencias de los Gobiernos populares. Está latente la amenaza de un colapso dirigido del sistema autonómico. Esto es política (tal como la entiende el PP), no un debate sobre cómo se mejora la gestión pública. El PP amontona inconvenientes (devolución de transferencias, a la que ya se ha negado el Gobierno, o peticiones financieras imposibles) para acorralar un poco más al Ejecutivo y encharcar el terreno de juego al candidato Rubalcaba.

El problema es que al equipo económico del Gobierno le asisten esta vez buenas razones. Lo que pretenden Rajoy y su corte autonómica es hacer responsable al Ejecutivo del desequilibrio de las cuentas de las comunidades y trasladar el peso del ajuste autonómico a la Hacienda pública. Pero, como explicó la vicepresidenta Salgado, las autonomías dispondrán de un margen adicional de gasto en 2012, mientras que el Gobierno tendrá que seguir ajustando sus cuentas. No hay razón objetiva para temer un colapso ni para demorar las devoluciones desde los cinco años actuales a 10. Si Hacienda aceptara la prórroga a un decenio, el PP y su abrumador peso autonómico reclamarían 15 o 20 años.

El estribillo del presidente del PP es que, puesto que el Gobierno se equivocó al calcular los ingresos, debe ahora resolver el problema. Rajoy no aprecia responsabilidades políticas en el desaguisado autonómico. Pero resulta que los dirigentes autonómicos se han aplicado durante decenios a una política de gasto próxima al despilfarro (baste citar las obras faraónicas en Galicia o en Valencia) fiados a una provisión de ingresos inagotables originados por la prosperidad económica basada en la burbuja inmobiliaria.

Es hora de aceptar los hechos. A las autonomías les espera un duro ajuste por delante y el TC ha dictaminado que el Gobierno tiene competencias en el control del gasto autonómico. Sobre ambos principios, el PP tendrá que decidir si quiere colaborar en la tarea de garantizar la solvencia de la deuda o si pretende seguir con la maniobra indigna de gritar que el Estado de las autonomías se hunde. Si se decide por lo primero, basta con que guarde silencio durante algunos meses y los Gobiernos autónomos que controla presenten a discusión en septiembre la regla de gasto para sus Administraciones.

El País - Editorial

El fiasco financiero del Estado autonómico

No es momento para parches, y tanto el crédito extraordinario del ICO que ofrece el PSOE como la prórroga de la devolución de los anticipos que solicita el PP son eso: parches. Es hora de redefinir el Estado de las Autonomías..

Desde que el PP arrasó en las elecciones autonómicas del pasado 22 de mayo, parecía bastante claro que la táctica del PSOE de cara a las próximas generales iba a ser la de asfixiar financieramente a las autonomías. Si se les dificultaban los ingresos y se les forzaba a practicar un fuerte ajuste del gasto, el malestar ciudadano dejaría de concentrarse en Zapatero y, sobre todo, le permitiría a Rubalcaba sacar a pasear el dóberman de la derecha antisocial.

La intransigente postura del Ejecutivo socialista en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado miércoles debe leerse desde esta óptica: después de que la Administración central se haya apretado el cinturón, les ha llegado el turno a las autonomías. No es que el razonamiento sea del todo incorrecto –pues, en efecto, el gasto autonómico sigue absolutamente desbocado–, pero el PSOE carece de legitimidad y de tiempo para abrir semejante debate.

A la postre, fue el Ejecutivo de Zapatero quien infló las previsiones de ingresos de 2008 y 2009 y quien abonó a las autonomías unos anticipos a cuenta que eran a todas luces excesivos, y fueron gobiernos socialistas quienes dejaron las despensas autonómicas llenas de deudas. Ahora, con déficits estructurales que se cifran en miles de millones de euros, no resulta muy factible que esas autonomías asuman a cinco años vista pagos extraordinarios de 23.000 millones de euros.

O, al menos, no resulta factible sin cambios de calado en nuestro Estado de las Autonomías. Es imprescindible definir –y cerrar– qué entes prestan qué servicios públicos para, posteriormente, proporcionarles los mecanismos de financiación necesarios. En ese momento, los gobiernos autonómicos que no deseen recortar el gasto, tendrán que subir sus impuestos; y quienes opten por mejorar su eficiencia sin esquilmar todavía más a los ciudadanos, podrán incluso rebajar los suyos. Pero la situación actual, en la que un nivel administrativo gasta y el otro recauda y reparte, es del todo insostenible.

No es momento para parches, y tanto el crédito extraordinario del ICO que ofrece el PSOE como la prórroga de la devolución de los anticipos que solicita el PP son eso: parches. Es hora de redefinir el Estado de las Autonomías, pero el PSOE, por motivos obvios, no quiere ni puede hacerlo. Veremos si el PP, en caso de que acceda al Gobierno central, está dispuesto a coger el toro por los cuernos.

Libertad Digital - Editorial

La Sección de Opinión de ABC "ahora es de pago".

A partir del 23 de Julio de los corrientes, para acceder a los artículos de opinión del ABC hay que suscribirse en una opción de pago. Y hay una limitación legal que impide la reproducción libre de los textos. A veces hay algún artículo de acceso libre. Posiblemente por error.

ABC - Opinión

Que no te engañe Rubalcaba, su efecto tiene fecha de caducidad. Por Federico Quevedo

Si hacemos caso a la última entrega del barómetro del CIS, Alfredo P punto Rubalcaba habría conseguido recortar 3,3 puntos la distancia que separa a su partido del Partido Popular, es decir, que el llamado ‘efecto Rubalcaba’ habría tenido, valga la redundancia, efecto favorable a los intereses del Partido Socialista. Si esto es verdad lo vamos a saber muy pronto: si hay adelanto electoral es que ni el conserje de Ferraz se ha creído la encuesta, y si las elecciones cumplen su calendario y son en marzo es que realmente el PSOE le ve posibilidades a su candidato.

Mi apuesta, francamente, va por lo primero. El CIS, por desgracia, es un organismo público al que sus últimos sondeos electorales han desautorizado como fuente sociológica. De hecho, se le llama Centro de Intoxicaciones Socialistas por razones evidentes, básicamente que todas sus encuestas se empeñan en tratar bien al PSOE y al Gobierno y ocultar lo que verdaderamente ocurre en este país, que no es otra cosa que una necesidad imperiosa de cambio político.

Pasó con los sondeos previos al 22 de mayo, y antes de eso ocurrió con los sondeos previos a las elecciones gallegas y europeas, incluso con las catalanas. El CIS ya no sirve como referencia, pero dicho eso, era además lógico que ayer publicara una encuesta favorable a Rubalcaba, en primer lugar porque esas encuestas las cocina el propio Rubalcaba y, en segundo lugar, porque el Partido Socialista necesitaba un sondeo que le imprimiera algo de ánimo, por poco que fuera, que sirviera de paraguas a la que le está cayendo que no es poco.

«Si hay adelanto electoral es que ni el conserje de Ferraz se ha creído la encuesta, y si las elecciones cumplen su calendario y son en marzo es que realmente el PSOE le ve posibilidades a su candidato.»

Pero la realidad es muy distinta. La realidad es que el 80% de los encuestados creen que las próximas elecciones las va a ganar el PP, y ese dato es revelador. La realidad es que en la respuesta instantánea el PP gana al PSOE, y eso casi nunca ha ocurrido. La realidad es que, hagan lo que hagan Rubalcaba y su equipo, es prácticamente imposible invertir una tendencia que cada día que pasa afianza más la victoria del PP y la necesidad de cambio que tienen los españoles.

Rubalcaba puede manipular las encuestas, y puede salir todos los día a hacer una oferta de saldo para ver si se la compran los del #15M, pero ni se ha enterado de qué va el #15M ni tiene capacidad intelectual para mantener esa tónica de oferta por día durante mucho tiempo. Digo que no se ha enterado de qué va el #15M porque si de verdad lo supiera el pasado lunes en lugar de poner a su equipo a contestar a 15 preguntas previa y convenientemente seleccionadas de entre las 1.500 que le presentaron en Twitter, hubiese sido él mismo el que se pusiera a los mandos del teclado para contestar a cuantas más preguntas mejor sin selección previa de las mismas.

¡Ah! Pero es que esto de las redes sociales es muy complicado porque puede ser que aparezca alguno con ganas de armarte bronca, y Rubalcaba no soporta que nadie le monte una gresca, y mucho menos en Internet que es un medio que él no maneja… Es verdad que tampoco lo hace Rajoy, pero al menos no presume de ello ni se trae al equipo de Obama como si ahora resultara que Rubalcaba va a revolucionar la red con un Yes, we can típico de las campañas yanquis…

De eso nada, y de hacer propuestas verdaderamente implicadas en la resolución de la crisis que atraviesa este país, menos todavía. Hasta ahora, el PSOE le echaba en cara al PP que no tuviera programa y no lo presentara, pero a partir de ahora tendrá que soportar la guasa que supone ver cómo tampoco el candidato Rubalcaba tiene más de dos propuestas serias y sensatas, porque si realmente las tuviera habría que preguntarse por qué no las ha puesto en práctica antes. Pero, sobre todo, es que a este ritmo de promesa diaria no va a dar para llegar hasta marzo, razón de más para creer que las elecciones van a ser cuando le convenga a Rubalcaba, y eso es ahora, en otoño, porque diga lo que diga el CIS las encuestas que de verdad maneja el PSOE dicen que sigue abriéndose la brecha con el PP y que Rubalcaba no ha servido de tapón para frenar la hemorragia de votos que esta sufriendo el PSOE.

El Confidencial - Opinión

ETA marca el «timing» Por Martín Prieto

Como de los tabloides ingleses puede esperarse cualquier disparate, el mundo quedaría estupefacto si especularan con la posibilidad que la reina Isabel II estuviera financiando de su peculio el nacimiento de una enésima facción del IRA. Lo que no «pué» ser, no «pué» ser, y además es imposible, como sentenciaba Rafael «el Gallo». Los españoles llevamos casi ocho años tan macerados que sólo nos quedamos absortos, ensimismados, ante cualquier salvajada política excretada de un caletre. Manuel Azaña también lo sentenciaba en sus diarios: «Hay que tener mucho cuidado en poner en circulación una tontería en Madrid porque arraiga mejor que las acacias». La tesis de que ETA marcará el «timing» electoral si emite un comunicado de paz infinita, tendría que movernos al llanto y a la desesperación, pero estamos anestesiados y el desmoronamiento institucional no nos espanta. A ETA le da igual la fecha electoral en la que ingresará al Congreso como Bildu, Sortu o una nueva franquicia que avale el Tribunal que constitucionaliza las pesadillas de Zapatero. Contra lo que repite el candidato, ETA nunca ha estado mejor, más sólida, más cerca de sus objetivos, y, en función de sus intereses separatistas y anexionistas en España y Francia, puede que asegure su mutación en mansos corderos, aunque las armas, los explosivos, el dinero y los zulos los entregue «ad calendas graecas» o cuando se enfríe el infierno. Para llegar a marzo, a Zapatero le basta con aceptar las condiciones etarras a cambio de una displicente palmada en el hombro que le permita mentir en televisión que ETA se ha disuelto. Los bárbaros del norte sí que saben hacer política.

La Razón - Opinión

Están nerviosos. Por Serafín Fanjul

Un tal J.M. Izquierdo, de cuya existencia no tenía la menor noticia con anterioridad, ni para bien ni para mal, largaba un panfleto dedicado a "ultraliberales y ultracasposos", que amenazan, al parecer, la vida y hacienda de los pobres y los rojos.

No suelo leer el periódico El País, por razones fáciles de colegir . Sin embargo, cuando voy de viaje prácticamente es el único diario español que se puede encontrar en Europa, o en México, por poner un ejemplo, y aunque yo no lo compro, nunca falta una mano que cree ser amistosa y lo coloca en las mías, en aeroplanos, casas de amigos y demás. El incorregible vicio de leer cuanta letra impresa me cae cerca hace el resto. El pasado 23 de julio, retornando de Alemania, me pasaron en el avión un ejemplar en el cual destacaba un artículo de opinión a toda página.

Un tal J.M. Izquierdo, de cuya existencia no tenía la menor noticia con anterioridad, ni para bien ni para mal, largaba un panfleto dedicado a "ultraliberales y ultracasposos", que amenazan, al parecer, la vida y hacienda de los pobres y los rojos, entre los cuales establecía una sabia coincidencia implícita. Del mismo modo que ultraliberales y ultracasposos alcanzaban una conjunción planetaria –de las que gustan a la Pajín– para "escaldar" [sic, imagino que quería decir "esquilmar"] los bolsillos de los pobres mediante crisis financieras provocadas, para divertirse amolando al prójimo.

Los ultracasposos se identificaban en el símbolo irrefutable de la peineta de la Sra. Cospedal, que se puso por el Corpus último, y ya como presidenta –¡ horror¡– de la autonomía manchego-alcarreña. El problema para J. M. era la peineta, no el pufo de 1.700 millones de euros que sus compadres le han dejado a la ganadora de las elecciones; tampoco le preocupaba que la mosquita muerta, pero desvergonzada, que cobra en concepto de ministra de Economía haya declarado que la Cospedal arregle el desperfecto (se sobreentiende que con ayuda del Cielo) y no pretenda pedirle dinero a ella, que está para otras cosas. Así pues, J.M. resume el carácter "casposo" de la derecha española en la peineta, instrumento peligroso donde los haya, anticipo de la España "de charanga y pandereta" (que de manera muy original también aparecía) y traicionera señal para que los "corneteros" de la reacción se lancen en los medios de comunicación –se supone que en los poquitos que controla, más o menos, la derecha– a preparar el terreno para, a continuación, pasar a cuchillo a la virginal izquierda; recortando derechos sociales y urdiendo nuevas artimañas para empobrecer a los pobres. Al día siguiente de que entre en vigor, por obra del Gobierno socialista, el aumento del cómputo de años para el cobro de la pensión y del alargamiento de la vida laboral a los 67 años (tras haber congelado las pensiones y rebajado el sueldo a los funcionarios), a J. M. le inquietan en grado sumo los siniestros planes que ultiman en secreto ultraliberales y ultracasposos.

Pero donde la paranoia –o la cara dura– rascan los cataplines a San Pedro (por lo alto) es al final. Tras mencionar una truculenta historieta de la Guerra de la Independencia, de huesos de franceses pulverizados y arrojados a la vía pública para que los pisotee el populacho en sus andares sainetescos, o las señoronas con peineta (se infiere que arrellanadas en ricos landós). El mismo plumilla no da mucho crédito al cuento, pero sí augura –y asegura– que eso es lo que preparan los casposos para cuanto progresista topen; y para pasar por encima de tabas y menudillos laicos y progres con sus "Audis y Mercedes", como las de la peineta con el landó. Aunque la verdad, la verdad, los aficionados a los coches caros son los socialistas, sobre todo si los paga el Erario: vean los que transportaban los sublimes traseros de los alcaldes madrileños que han dejado sus ayuntamientos en bancarrota (Getafe, Parla, Alcorcón, Aranjuez), o Pérez Touriño, anterior presidente de Galicia. Y francamente: ¿ustedes se imaginan a Rajoy organizando y dirigiendo los escuadrones de la muerte? Habiendo existido el GAL, el 11-M y el Faisán, ¿a quién le cuadra mejor el papel?

Alfredo Pérez, Cebrián, Pradera y compañía, sosieguen señores, ténganse tranquilos y no hagan el ridículo pagando a tipos como el J.M. Del cual espero seguir sin saber en mucho tiempo. Y lo dicho: están nerviosos, muy nerviosos.

Libertad Digital - Opinión

La trampa de Alfredo. Por José Antonio Vera

Anda Rubalcaba exultante por los resultados de la encuesta autobombo que le han hecho por encargo sus colegas del CIS para vender a la ciudadanía que, lejos de lo que se piensa en general, no es Alfredo una persona de la que no deba uno fiarse, sino al contrario: es guapo, leal, transparente y nada marrullero. La pena es que ni por esas consigue zafarse de la sombra de Chacón, que le persigue. Después de tanta aclamación y ostentación mediática, resulta que la catalana tiene aún la misma valoración que el nuevo líder del socialismo patrio. Cosas de la vida.

Aunque en lo que de verdad anda Pepunto ahora es en lo de ETA. Le va la vida en que la banda le bendiga diciendo que el bueno aquí no es Rajoy sino Rubalcaba. El otrora triministro espera subir de nuevo en el CIS con la inestimable ayuda de ETA, y por eso mantiene abierto el «buzón» con la banda que le facilita la Fundación Henry Dunant.

Favor por favor, a los etarras les facilitó nuestro hombre la legalización de Bildu, y ahora espera de ellos que le devuelvan la ayuda en forma de comunicado diciendo que mientras gobierne el PSOE no van a matar, pero que ya veremos si el que gana es Rajoy. Todo muy bonito, limpio y cristalino. Tal es la nueva trampa que le prepara estos días al PP el inefable Alfredo.

La Razón - Opinión

Crisis fiscal. El gran tabú. Por José García Domínguez

Ha llegado el momento procesal en que ya resulta ineludible aplicar la cirugía presupuestaria al núcleo duro del Estado del bienestar.

Más allá de la disputa feroz por las últimas migajas del mantel entre Gobierno y comunidades autónomas, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha estado marcada por un silencio estruendoso. Ése que comparten PP y PSOE a propósito de la evidencia que yace tras las muchas miserias contables que han salpicado la cita. A saber, que ha llegado el momento procesal en que ya resulta ineludible aplicar la cirugía presupuestaria al núcleo duro del Estado del bienestar. O, si se quiere hablar con algún rigor, del sucedáneo de Estado del bienestar que aquí pasa por tal. Un tabú transversal que responde por educación y sanidad públicas.

A propósito de la primera, el consejero catalán Mas-Colell acaba de plantear una cuestión nada baladí. Por qué los contribuyentes están obligados a pagar los estudios universitarios de su hija, ha preguntado al viento. ¿Y por qué –podría haber añadido– tras obtener la licenciatura, él deberá costearle un posgrado en algún centro privado, a ver si la chica aprende algo? Con respecto a la segunda, Marina Geli protagonizó el gesto más insólito de la política española en los últimos treinta años. Así, siendo consejera de Sanidad del Tipartito, Geli pidió perdón por su personal proceder. Y es que a la buena mujer se le había ocurrido proponer el copago de los servicios médicos con el argumento de que el sistema iba camino de la quiebra. Corría el año 2004.

Pretendía un objetivo modesto, cobrar un euro por consulta. Tuvo suerte: el presidente de la Generalidad, tras obligarla a un acto de pública constricción, no la cesó. E pur si mouve. Pues, como ningún estudiante de primero de económicas ignora, si el precio de un bien es cero, la demanda tenderá a ser infinita. E infinita, aquí y ahora, significa planetaria. Cuando se pueden atravesar continentes por menos de doscientos euros, "todo el mundo" es, literalmente, "todo el Mundo". De ahí que únicamente el Servicio Catalán de Salud deba ofrecer sus prestaciones al cuarto de millón de extranjeros que ha reclamado su tarjeta sanitaria. Cotizantes o no, es lo de menos. ¿La razón? Para acceder a sus servicios, apenas se requiere figurar empadronado en alguno de los 8.116 municipios que hay en España. Clamoroso, decía, el silencio.

Libertad Digital - Opinión

Un rumbo preocupante

La posibilidad de un cercano comunicado de ETA ha provocado en la clase política reacciones de distinta índole sobre el siguiente paso de la banda. El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, aclaró ayer que no se espera la disolución de la banda. En términos muy parecidos se expresó el fiscal coordinador de Terrorismo de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, que confirmó que «ETA mantiene su entramado militar, logístico y político». Nuestro periódico publica hoy en exclusiva que la banda y personas con acceso al Gobierno intercambian mensajes a través de la fundación suiza Henry Dunant, que ya actuó como intermediaria en la negociación de 2006-2007.

A través de este «buzón», ambas partes logran información para confeccionar su estrategia a corto y medio plazo, tomar las decisiones correspondientes y reaccionar ante distintas coyunturas. Inevitablemente el funcionamiento de este «buzón» debe ser enmarcado en una secuencia de acontecimientos que configura una escenografía alarmante: la legalización de Bildu y la más que probable de Sortu, las decisiones de Interior con determinados presos terroristas, las interpretaciones laxas de la Ley que están permitiendo homenajes a los reclusos etarras, los fallos favorables a Arnaldo Otegi, que está a un paso de recuperar la libertad, y las maniobras del Ejecutivo para desactivar el escándalo del chivatazo a ETA, entre otros. Hablar de situaciones circunstanciales en la lucha contra el terrorismo es posible, pero poco probable.

Como publica hoy LA RAZÓN, en el Partido Popular sopesan además la posibilidad de que el Gobierno blinde un falso escenario de alto el fuego con actuaciones políticas y jurídicas de rectificación compleja. Los populares están obligados a actuar con prudencia, como siempre lo han hecho en esta materia, pero no pueden ni deben asumir una política de hechos consumados nociva para el Estado de Derecho como la que pueden heredar. El PP tiene que estar especialmente atento a lo que se mueve entre bastidores y mantener a toda costa su decisión de expulsar a Bildu de las instituciones y de reactivar el cerco contra el entramado de ETA.

Los episodios de estas últimas semanas nos evocan la etapa del mal llamado proceso de paz, en el que se sobrepasaron varias líneas rojas de la democracia. Se buscaron atajos a costa de acabar con la unidad de los demócratas y se cayó de bruces en la tregua-trampa de ETA. Aquello tuvo un desenlace trágico. Esperemos que no se cometan los mismos errores y que no se busque como sea un escenario artificial para amortizarlo electoralmente. Sería un error histórico que pagaríamos todos. La dignidad del Estado de Derecho, la superioridad moral de las víctimas y la memoria de los muertos sólo hacen aceptable un final con vencedores y vencidos, con resarcimiento del daño causado a los inocentes, el arrepentimiento público de los asesinos y el cumplimiento de las penas. Si el final no se atiene a estas condiciones, ETA podrá entender con razón que los más de 800 asesinatos fueron necesarios y la democracia asumir que podría haberse ahorrado tanto dolor para acabar así.

La Razón - Editorial

Lecciones de la CAM

La pésima gestión de la caja intervenida se explica sobre todo por la espuria presión política.

La intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) está descubriendo prácticas financieras irregulares en la entidad que, por sí mismas, justificarían la sustitución de los gestores y la entrada del Banco de España en la gestión. Del examen minucioso de sus balances se desprenden tropelías graves, como la concesión de créditos al 0% de interés a consejeros de la entidad, la financiación arriesgada de los proyectos faraónicos de la Generalitat valenciana (durante los mandatos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps) y un riesgo inmobiliario exagerado, probable consecuencia de obligaciones de financiación impuestas con criterios políticos.

En las cuentas de la entidad se detecta además el seguimiento de criterios insensatos de crecimiento, impuestos probablemente con la finalidad de superar los resultados de Bancaja. El crecimiento a cualquier precio explicaría el aumento desorbitado del número de oficinas, contrario a la gestión prudente que muchas entidades habían adoptado ya a partir de 2007, cuando empezaban a atisbarse los primeros síntomas del crash financiero.

El caso de la CAM es pues un ejemplo perfecto de las perniciosas consecuencias que se producen cuando la gestión de una entidad bancaria se entrega en manos políticas. Cuando se repite desde las instituciones de control financiero que las cajas de ahorros han de ser dirigidas con criterios profesionales y se reclama una disminución de los vocales políticos en sus consejos, se pretende exactamente evitar este tipo de saqueo de las instituciones cuando se imponen una financiación obligada de proyectos políticos sin rentabilidad alguna o promociones inmobiliarias dirigidas por amigos de los poderes autonómicos. Las cajas no pueden ser las ventanillas abiertas siempre para financiar a cualquier coste las ocurrencias de los Gobiernos autónomos; por esa razón, las fusiones de cajas en la misma región, sin cortapisa alguna del mercado o de gestores independientes, debe ser revisada inmediatamente por el Banco de España.

En el caso de la CAM, la investigación de sus balances debería extenderse a las relaciones entre la Generalitat valenciana y la dirección de la caja. El primer paso para evitar la impunidad de los gestores ya se ha dado al destituirlos inmediatamente. Pero, a la vista de las extrañas operaciones que están aflorando tras la intervención, parece razonable suponer que no son los únicos responsables de la quiebra de una caja que, solo para cubrir las necesidades de capital, va a exigir un saneamiento de 4.000 millones de euros. Los corresponsables políticos, si los hay, también deberían hacer frente a sus responsabilidades. Una vez conocidas las cuentas de la entidad, se entiende mejor el tortuoso caso Camps.

La CAM ofrece un muestrario de errores que deberían evitarse en el futuro mediante las modificaciones legales oportunas. Además, es una baza política para instar a las comunidades empecinadas en mantener sus cajas locales a que acepten un modelo más abierto y profesional.

El País - Editorial

Salvar al candidato Rubalcaba

Este juez condecorado por Rubalcaba trata de evitar las responsabilidades políticas, y en el futuro tal vez penales, del candidato socialista por un delito de colaboración con banda armada que perpetraron presuntamente sus más directos subordinados.

No, no nos referimos al fantástico y propagandístico barómetro del CIS que asegura que el PSOE ha recortado en 3,3 puntos la distancia que le separa del PP desde que Rubalcaba ha sido designado candidato socialista a la presidencia del Gobierno. Estamos hablando de algo infinitamente más grave como es el posible intento de un juez condecorado por Rubalcaba de evitarle las responsabilidades políticas, y en el futuro tal vez penales, del candidato socialista por un delito de colaboración con banda armada que perpetraron presuntamente sus más directos subordinados en el bar Faisán. Nos referimos a Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, y a su injustificada decisión de convocar el pleno de la Audiencia para debatir a estas alturas si los tres acusados que estaban a las órdenes de Rubalcaba tienen que ser juzgados por colaboración con banda armada o por encubrimiento.

Minutos antes de que Bermúdez, sin necesidad legal alguna, tomara esta decisión, el juez instructor Pablo Ruz había desestimado un recurso de los tres procesados, ratificando que debían ser juzgados por colaboración con banda armada puesto que para la comisión de este delito no era ni es necesaria "la adhesión ideológica ni la prosecución de determinados objetivos políticos".

Por mucho que Bermúdez haya basado su personal decisión de elevar esta cuestión al pleno en su supuesta "complejidad e importancia jurídica", basta leer lo que el propio Bermúdez afirmó en su sentencia del 11-M para que el asunto quede meridianamente claro: "El delito de colaboración con banda armada ni siquiera exige que el colaborador comparta los fines políticos e ideológicos de los terroristas, sino que basta con saber que se pone a disposición de esos criminales un bien o servicio, que se les está ayudando o facilitando su ilícita actividad".

Si Bermúdez, que tendría que ser, pues, el primero en reconocer que dar un soplo a ETA para evitar la detención de los cabecillas de su red de extorsión es claramente un delito de colaboración con banda armada, eleva, sin embargo, la cuestión al pleno, es porque sabe, como sabemos todos, que allí son mayoría los magistrados de "tendencia progresista", muchos de los cuales pueden considerar, como consideró Garzón en su día, que "por la paz hay que hablar hasta con el diablo". Téngase en cuenta, además, que si García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros son acusados de un mero delito de encubrimiento se sentarían en el banquillo de un juzgado de Irún y la pena máxima no podría superar los tres años de prisión. Si, por el contrario, se les acusa de un delito de colaboración con banda armada, los entonces subordinados del actual candidato socialista y del actual ministro del Interior serían juzgados por la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, cuyos magistrados han venido confirmando hasta la fecha todas las decisiones del juez Ruz, y se enfrentarían a una condena que podría ascender a los 10 años de cárcel. Mucho tiempo como para pensar que no fueran a tirar de la manta y decir que lo que hicieron no fue por motu proprio, sino, como apunta la lógica más elemental, siguiendo órdenes de sus entonces superiores.

Libertad Digital - Editorial

La Sección de Opinión de ABC "ahora es de pago".

A partir del 23 de Julio de los corrientes, para acceder a los artículos de opinión del ABC hay que suscribirse en una opción de pago. Y hay una limitación legal que impide la reproducción libre de los textos. A veces hay algún artículo de acceso libre. Posiblemente por error.

ABC - Opinión