Embrollo autonómico

Los mercados y los organismos internacionales observan con lupa las decisiones económicas del Gobierno y de las comunidades. El Pacto de Estabilidad delimita un escenario fiscal que compromete a las administraciones y del que cualquier descuelgue se traduce en desconfianza y en tensiones para nuestra deuda. Resultó decepcionante el resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera que, lejos de encauzar la solución a las dificultades económicas de las regiones y de sellar un acuerdo global en torno a una regla de gasto, deparó un embrollo mayor del que existía y, sobre todo, envió un mensaje negativo al exterior. El Gobierno y las comunidades salieron del encuentro sin un acuerdo en aspectos clave como garantizar la liquidez a corto plazo y preservar la estabilidad de las cuentas públicas. Mariano Rajoy había planteado una fórmula razonable como era aplazar la devolución al Estado del dinero que anticipó a las regiones, pero el Gobierno se negó y propuso facilitar un crédito especial ICO a las comunidades para ese propósito. Esa iniciativa es pan para hoy y hambre para mañana, porque crea un problema sobre otro al generar un nuevo endeudamiento a unas administraciones exhaustas. No existían razones de peso para descartar la propuesta del líder del PP porque ni afectaba al déficit ni a la deuda y ofrecía un margen de liquidez apreciable. El Ejecutivo sólo pudo oponerse por motivos políticos. La intransigencia de Salgado y su aparente falta de voluntad para alcanzar un acuerdo de mínimos sólo puede interpretarse en el marco de una estrategia de desgaste político para poner a los gobernantes del PP entre la espada y la pared sin capacidad de maniobra.

Aunque las comunidades autónomas ratificaron su compromiso con el objetivo de déficit, el Ejecutivo frustró un consenso en torno a una regla de gasto común. Sin una disciplina férrea y conjunta, es más probable que los números no cuadren y que se agudice el problema, algo que no preocupó al vicepresidente Chaves, que sí anduvo rápido para responsabilizar al PP de los futuros ajustes como si la desastrosa herencia recibida fuera inocua.
Algunos de los detalles del encuentro indican que el Gobierno tampoco cuidó las formas. La improvisación deparó escenas impropias de una cita de esa seriedad, como el reparto de sobres cerrados por parte del Gobierno a los consejeros con la cifra de financiación de la que podían disponer o que al nuevo responsable madrileño le dieran el sobre de Canarias.

Lo peor es que no se atisba una salida próxima y factible, y la situación tiende a empeorar con una mayor conflictividad. Lo ideal sería que el Gobierno liderara con las autonomías un acuerdo de mínimos para despejar el horizonte de incertidumbres y trasladar tranquilidad y certeza a los mercados, aunque Salgado tendrá que cambiar de actitud y no actuar como oposición del poder autonómico del PP. A medio y largo plazo es evidente que existe un fallo sistémico del Estado autonómico, que requiere una reforma profunda para reordenar los equilibrios, racionalizar sus funciones y garantizar su sostenibilidad. Será misión principal del próximo Gobierno.

La Razón - Editorial