viernes, 3 de junio de 2011

Rajoy hace un gesto

El plan de austeridad del PP es una iniciativa laudable, pero cuya eficacia suscita dudas.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, dejó entrever el miércoles algunos de los que pueden ser sus criterios de política económica si llega a gobernar. El documento que presentó a los medios de comunicación no puede ser interpretado estrictamente como un programa económico, pero al menos permite a la opinión pública hacerse una idea de cómo se orientaría la acción política en un eventual Gobierno del PP. Después de meses de silencio, durante los cuales se le ha reclamado insistentemente al presidente del PP que dé a conocer sus planes económicos, las propuestas de Rajoy constituyen un notable avance, incluso si se acepta la interpretación de que quiere utilizar su base de poder autonómico para estrechar el margen de acción del Gobierno, objetivo legítimo siempre y cuando no derive en tácticas obstruccionistas en las instituciones.

El gesto de Rajoy tiene además otras lecturas. Hacia afuera, constituye un mensaje a los ciudadanos de que el PP ha comenzado a trabajar en el diseño de su política económica para el caso de llegar a La Moncloa. Hacia adentro, lo que expuso el presidente del PP el miércoles supone también un toque de atención a los barones que, de forma palmaria, han gobernado ignorando ampliamente esos principios y que, aunque finjan no sentirse interpelados, saben que a partir de ahora ese es el rasero por el que deberán ser juzgados.


Ahora bien, el conjunto de medidas expuestas en el documento, un plan de austeridad autonómica, apenas rebasan la condición de las buenas intenciones, sobre todo tras conocer la dramática situación en la que se encuentran las arcas autonómicas y municipales, algo que Rajoy tuvo oportunidad de escuchar de boca de sus barones. Por ello, imponer normas de austeridad en el gasto autonómico es una iniciativa laudable; pero el problema de la deuda y el déficit en las autonomías no se resuelve reduciendo el número de consejerías, a no ser que, además se proceda al despido de quienes trabajan en ellas, algo que no puede hacerse porque son funcionarios. La opinión pública recibirá con simpatía la limitación del gasto en los teléfonos móviles y en los coches oficiales (no están de más, en cualquier caso), pero su impacto económico es irrelevante.

La costa mediterránea, controlada por Gobiernos del PP, da una pista de lo que podrían ser medidas eficaces de austeridad. Bastaría con haber evitado inversiones faraónicas en aeropuertos sin aviones, en jardines exóticos, en ciudades temáticas o en bibliotecas sin libros para conseguir ahorros importantes. La pregunta obligada es cuánto rigor aplicará el presidente del PP en imponer estos criterios de austeridad a los barones manirrotos.

Las explicaciones de Rajoy del miércoles son efectivamente un avance frente al mutismo anterior. Pero tiene mucha tarea pendiente si quiere convencer a los españoles y a los agentes económicos internacionales de que dispone de un plan sólido contra la crisis. Lo que no tiene es mucho tiempo para hacerlo.


El País - Editorial

Sin Gobierno, sin reforma

Firmar una reducción tal de sus privilegios legales era un sacrificio demasiado alto para UGT y CCOO, que no iban a aceptar por muy mal que nos vaya a los españoles.

Cuatro meses tirados a la basura, cuatro meses perdidos en la lucha contra el paro. Cuando tanto los expertos como el resto de gobiernos de la UE exigían a Zapatero una reforma urgente de los convenios colectivos, el irresponsable decidió que la nueva legislación se la escribirían los agentes sociales. Como en otras ocasiones, los dejó negociar sin poner antes una propuesta sobre la mesa. Y como en otras ocasiones, las negociaciones han fracasado.

Los socialistas de todos los partidos llevan años llamando "derechos sociales" a lo que no es sino la más regresiva legislación laboral de Europa y una de las peores del mundo: el Banco Mundial nos situó en 2010 en el puesto 157 de las 183 economías estudiadas en ese apartado. El resultado es un paro extraordinariamente alto, dificultades para los emprendedores, grandes bolsas de economía sumergida y unos trabajadores que incluso en el periodo de bonanza eran los que más miedo tenían a perder sus empleos de toda la OCDE.


El resultado es que aún conservamos la arquitectura laboral heredada del franquismo, y necesitamos crecer mucho más que otros países para poder crear empleo. Y aunque se publicite más el coste del despido, quizá porque es una cifra y resulta más sencillo de entender por parte de la opinión pública, el mayor problema de nuestra legislación son los convenios colectivos. Unos corsés que obligan a empresas muy diferentes y de muy distintos tamaños a gestionar su personal del mismo modo, sin la flexibilidad necesaria para sobrevivir en el mercado, especialmente en época de crisis.

Los puntos a discutir en las negociaciones que ahora han roto patronal y sindicatos eran principalmente dos: la posibilidad de que las compañías se descuelguen del convenio de acuerdo con su comité de empresa y la extinción de los convenios cuando expire su plazo de vigencia. El primero permitiría a las empresas, especialmente a las más pequeñas, funcionar a su modo sin que intervenga ese sindicato vertical subvencionado que forman CEOE, CCOO y UGT. El segundo, rebajar la posición de poder que han tenido hasta la fecha los sindicatos en los convenios; actualmente no tienen incentivo para sentarse a negociar si no hay mejoras sobre la mesa.

Firmar una reducción tal de sus privilegios legales era un sacrificio demasiado alto para UGT y CCOO, que no iban a aceptar por muy mal que nos vaya a los españoles. Algo que debería haber sabido un Gobierno que tiene a un sindicalista de ministro de Trabajo. Pero parece que Zapatero no quiere tomar unas medidas necesarias pero contrarias al discurso demagógico con el que lleva dirigiendo el país siete años. Con él al frente, poco cabe esperar de la reforma que anuncie el 10 de junio. Será otra decepción y otro clavo más en la tumba de la economía española, a no ser que se la escriba la propia Merkel en persona.


Libertad Digital - Editorial

Un Gobierno de espejismos

De nuevo son factores externos a la gestión socialista de la crisis, en este caso la temporada de verano, los que explican la caída del paro.

EL descenso del paro durante el mes de mayo no deja de representar —pese a tratarse de un movimiento previsible, marcado por la estacionalidad de las vísperas veraniegas— una señal de esperanza para la sociedad, necesitada de estímulos con los que recuperar la confianza y reanimar el mercado. No tardó ayer el presidente del Gobierno, decidido a agarrarse a un clavo ardiendo, en tratar de explotar los datos del desempleo para volver a echar las campanas al vuelo y anunciar una fase expansiva y de nuevos brotes verdes para los próximos meses. Olvida José Luis Rodríguez Zapatero que también en mayo de 2010 se produjo una reducción de las cifras de paro y que este año la demanda del sector turístico nacional, fortalecido por la crisis que afecta a los países del sur del Mediterráneo, puede generar la ilusión de una remontada que, no por deseada por todos, puede ser utilizada para legitimar su gestión económica, cuya primera consecuencia es el empobrecimiento paulatino de una sociedad asfixiada por el paro. Sin este efecto estacional, el paro hubiera aumentado en mayo en más de 38.000 personas.

El escaso porcentaje de contratos indefinidos firmados en mayo —solo el 8 por ciento del total— revela la debilidad del presunto cambio de ciclo al que apunta el Gobierno socialista. De nuevo son los factores externos a su gestión de la crisis, en este caso la planificación de la temporada de verano, como sucedió el pasado diciembre, entonces en vísperas de Navidad, los que explican esta evolución positiva de las cifras de desempleo. El consumo interno sigue paralizado, sin capacidad para dinamizar un mercado de trabajo que, tras la ruptura de las negociaciones entre sindicatos y patronal para lograr un acuerdo sobre la negociación colectiva, vuelve a poner a prueba al Ejecutivo. La urgencia de acometer una reforma a fondo del mercado laboral coge al Gobierno saliente y evasivo de Rodríguez Zapatero con el paso cambiado, prisionero de las estrategias trazadas para completar con éxito el relevo en el cartel electoral socialista y más pendiente de sus votantes que de las necesidades reales de la sociedad española. El intento de pasar página sobre el drama del paro y la desesperación de más de cuatro millones de personas resulta, a partir de los datos de mayo, la peor señal que en el actual escenario podía dar el equipo de Zapatero.

ABC - Editorial

jueves, 2 de junio de 2011

Rubalcaba y el agua corre. Por Ignacio Ruiz Quintano

Dueño del ejército, de la policía y de la televisión: con ustedes, el social-nacionalismo.

PRIMERO fue el árbitro Stark con la tarjeta roja de Pepe. Luego, la alarma de Frau Merkel con un bicho en el pepino español… Yo creo que todo forma parte del rodaje alemán de «Toy Spain», la historia en que Rubalcaba, probablemente el ministro del Interior más inútil de la democracia, aspira al papel de Lotso, el oso fresón, dejando para Rajoy el de astronauta reseteado, o sea, Buzz Lightyear.

—A Rajoy la cámara no lo quiere —dicen que va diciendo este Lotso a sus amigotes.

Señalado por el dedo del Destino (aquel «dedo moreno» de Franco que tanto impresionara a Pemán) y dueño del ejército (controladores aéreos), de la policía (Marta Domínguez) y de la TV («lo que diga don Alfredo»), el plan de Rubalcaba consistiría en privarle de la mayoría absoluta a Rajoy para colocarse él con los nacionalistas.

Con ustedes, el social-nacionalismo.

¿Cuándo el fracaso refutó al socialismo? Cinco millones de parados sólo indican que acaso se hayan producido errores, corregibles con un par de cabezas de turco a manos de Rubalcaba, ese cirujano de hierro al que la cámara ama con la misma pasión que amó al tuerto Solbes en el debate con Pizarro.


—Los socialistas tienen una idea tan alta de su propia moralidad que casi se creería, al oírlos, que vuelven honrada a la corrupción cuando se entregan a ella —se lee en «El conocimiento inútil».

El socialismo hispánico, que en su versión más risueña evoca la filmografía de Roger Corman, ha designado titular de la «idea» de Estado a Rubalcaba, sin la oposición siquiera del Movimiento de Sol, cuya revolución aporta el cambio completo de nuestro «Dasein» (el «estar ahí» de Heidegger) español.

El «Dasein» heideggeriano designa la «realidad humana», y la «democracia real» es el ideal del Movimiento de Sol, donde no ha lugar a las alusiones a Zapatero.

—No busquéis las reglas de vuestro ser en dogmas y en ideas —dice Heidegger en su «Llamada a los estudiantes»—; es el mismo Fürher, y sólo él, quien es la realidad (¡la democracia real!) de hoy y de mañana.

Ni que decir tiene que detrás del Movimiento de Sol no está Heidegger, sino Punset y su «No pares, no pares no/ No pares nunca de soñar/ No pares, no pares no/ No pares nunca de soñar/ No tengas miedo a volar/ Vive tu vida…»

—La ruta de la seda era como vosotros —arenga Punset a los revolucionarios—. No paréis.

Pero Castells, otro del pensamiento tiqui-taca (versión filosófica del fútbol para Desdémonas de Verdi que propaga Guardiola), corrige: «No, no sois como la ruta de la seda. Sois… sois… sois como el agua que corre…»

Agua que corre y la cámara que no quiere a Rajoy.

O sea, que Lotso se va a poner las botas.

No quiero ni pensar sobre quién van a caer los pepinos que Frau Merkel nos ha averiado.


ABC - Opinión

¿Quién decía que Rajoy no tenía programa frente a la crisis?. Por Federico Quevedo

El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, dio ayer una rueda de prensa. El hecho en sí ya es bastante novedoso, porque hay que reconocer que quien con toda probabilidad será presidente del Gobierno, se hace bastante de rogar a la hora de comparecer ante los medios de comunicación, pero el caso es que ayer dio bastante juego y en un día en el que ya había mermado bastante la expectación en torno a Rubalcaba y solo alterada la tranquilidad por la llamada ‘crisis del pepino’, la aparición casi por sorpresa de Mariano Rajoy fue toda una novedad bendecida por las portadas de la prensa, de otro modo famélicas esta mañana. ¿Y qué hizo Mariano Rajoy? Pues todo lo contrario de lo que hasta este momento ha venido haciendo su adversario político, es decir, el Partido Socialista. Dicho de otro modo, mientras el PSOE se ha pasado diez días de disputas internas y continuo navajeo, lamiéndose las heridas del 22-M y buscando una alternativa que le permita salvar los muebles en las generales -alternativa que se llama Rubalcaba- el PP parece haberse dedicado a trabajar en un completo programa de medidas para, desde su condición de partido más votado y llamado a gobernar en un importante número de ayuntamientos y comunidades autónomas, contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a superar la crisis económica en la que nos encontramos sumidos gracias, entre otras muchas cosas, a la incompetencia del Gobierno de Rodríguez-Rubalcaba.

El programa de medidas lo pueden ver ustedes aquí y sería muy extenso copiarlo entero, pero básicamente tienen tres frentes: austeridad, transparencia y empleo. Lo importante, más allá de lo inmediato que supondrá la puesta en práctica de medidas de ajuste económico, racionalización del gasto, actualización y control de las cuentas públicas –lo que algunos han llamado auditorías de infarto allá donde hasta ahora ha gobernado el PSOE-, compromiso de no subir impuestos y facilitar la creación de empresas, y una apuesta decidida por la formación entre otras muchas medidas, lo importante, digo, no es que esto se vaya a poner en práctica de modo inmediato –que también-, sino que supone todo un compromiso de intenciones para cuando el Partido Popular llegue al poder y Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno.
«Lo importante no es que esto se vaya a poner en práctica de modo inmediato –que también-, sino que supone todo un compromiso de intenciones para cuando el Partido Popular llegue al poder y Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno.»
Es un programa, un programa realista que habla de volver a introducir el sentido común en la gestión de las cuentas públicas a todos los niveles, y que supone una alternativa creíble al modelo de improvisación permanente del Gobierno de Rodríguez-Rubalcaba. De hecho, la pelota está ahora en el tejado del candidedazo, que estos días va diciendo en público que él tiene las claves para salir de la crisis: pues que las diga y, sobre todo, que nos diga por qué no las han puesto en práctica hasta ahora y habernos evitado esta penosa travesía por el desierto del desempleo.

Esta va a ser la clave de lo que ocurra en los próximos meses hasta las elecciones generales, sean en otoño o sean cuando toca: la economía. Las urnas del 22 de mayo hablaron con una contundencia pocas veces tan evidente, y dijeron que frente a quienes exigían al líder de la oposición un discurso duro contra el PSOE, Mariano Rajoy acertó huyendo de las trampas que le pusieron los socialistas y centrando toda su atención en lo que hoy por hoy es el principal problema que afecta a los ciudadanos: la situación económica. Y como eso no va a cambiar ni a corto ni a medio plazo, haría mal Rajoy variando su estrategia, y no parece que lo vaya a hacer.

Es más, si algo ha quedado claro en la rueda de prensa de ayer, es que Rajoy no está dispuesto al cuerpo a cuerpo con un Rubalcaba que va a buscar la bronca frente al discurso de los problemas del líder del PP. En lo único que se equivoca Rajoy es en no dar un paso más y hacer suyas algunas de la reivindicaciones que estos días pueblan las plazas de media España: un compromiso por la regeneración democrática le convertiría, además de en un candidato, en un líder. Él sabrá si quiere o no serlo, pero dejar esa bandera para que sean otros los que la empuñen puede acabar pasándole una no muy agradable factura al PP. Y si no, al tiempo.


El Confidencial - Opinión

Sinde. Un nido de fachas en la Academia. Por Cristina Losada

No sé si la coacción que se ha ejercido sobre ellos se diferencia de la que aplicaría un régimen autoritario. Dos ministros, los de Educación y Cultura, qué ironía, exigen rectificación, ergo censura.

El tiempo pasa y la ignorancia permanece. Crece, en realidad, exponencialmente. En su día, cualquier persona de cierta cultura, máxime en la izquierda, conocía la caracterización que el politólogo Juan Linz había hecho del régimen de Franco. Por abreviar, el profesor sostuvo que el franquismo se encuadraba en los sistemas políticos autoritarios y no en los totalitarios, y el rigor de su análisis, expuesto en varias obras, había garantizado su supervivencia. Hasta ahora. Hasta que salieron de las guarderías los ninis y llegaron arriba, alegremente liberados de cualquier lastre intelectual y libresco. Hoy, por la misma definición que formulara Linz, quieren fusilar a la Real Academia de la Historia. La conjura de los necios, incansable látigo de los enemigos del pueblo, ha encontrado allí un nido de fachas peligrosos.

Vengan los carcamales con sutilezas, que no cuelan. Al pan, pan, al vino, vino, a la dictadura, dictadura y al asesino, asesino. Un buen panfleto es lo que se pide a los académicos y no rebuscadas fórmulas de la ciencia política. Ante todo, porque no las entienden los nenes. De otro modo, ¿cómo explicar que estos sagaces denunciantes crean que un régimen autoritario no es una dictadura? Habrá que volver a la pizarra para explicar conceptos elementales, y con ejemplos. Digamos, pues, que esta desviación respecto de la línea del Partido, no ocurriría en un sistema totalitario consolidado, aunque tampoco puede estar nadie seguro de que no es un agente del fascio. Bien lo avisó Beria: "Entréguenme a quien les plazca y en veinticuatro horas le obligaré a confesar que es un espía británico". Quiere decirse, en nuestro caso, que Carlos Seco no compensa su calumnia a Negrín ni con el hecho de que su padre fuera fusilado por oponerse a Franco.

Descartado, por el qué dirán, el destino que el totalitarismo reservaría a los académicos criptofranquistas, amén de machistas, centralistas y viejos, me queda una duda. No sé si la coacción que se ha ejercido sobre ellos se diferencia de la que aplicaría un régimen autoritario. Dos ministros, los de Educación y Cultura, qué ironía, exigen rectificación, ergo censura. Y Sinde no excluye la retirada de la obra, cuestión que ha aplazado hasta analizar su contenido. Pero esta nueva sublevación contra el diccionario –ya hubo una similar contra el de la Lengua– muestra un rasgo propio de la mentalidad totalitaria, que no reconoce la existencia de ningún ámbito ajeno a la política. No se salvan ni los diccionarios.


Libertad Digital - Opinión

Pepinos expiatorios. Por Ignacio Camacho

La «fatwa» agraria alemana, de tintes xenófobos, ha pillado a contrapié a un Gobierno desorientado e inoperante.

EN la fatwa alemana contra los pepinos españoles hay algo, bastante más que la atolondrada ligereza de una novata ministra hamburguesa agobiada por una emergencia sanitaria. El asunto tiene la pinta clásica de una guerra comercial, con ribetes de xenofobia, declarada al amparo del prejuicio antropológico de los europeos del norte contra los vecinos del sur: esos PIGS haraganes y derrochones que dilapidan las ayudas, malversan el euro y encima envenenan a los laboriosos ciudadanos calvinistas con sus hortalizas regadas vaya usted a saber cómo. Ese discurso despectivo y populista, tan fácil de inflamar cuando se necesitan inmediatos culpables expiatorios, se ha llevado por delante el meritorio prestigio de nuestra agricultura de primor, uno de los pocos sectores de la economía nacional en que funciona de veras el deseado modelo de I+D.

La responsabilidad esencial del desastre corresponde, desde luego, a la alocada fuga hacia delante de las autoridades germanas, pero el incendio hamburgués ha prendido en las hojas secas de un Gobierno español negligente y desorientado al que le han faltado reflejos y capacidad de lobby para apagar a tiempo la hoguera. Resulta tentadora la idea de un Rubalcaba enfrascado en su precampaña y desatento de la gobernanza, pero como explicación es simple o incompleta. Más bien lo que ha ocurrido es que el Ejecutivo no ha sabido valorar desde el principio el problema en sus justos términos y que, además, carece de capacidad de coordinación porque hace tiempo que se trata de un equipo en desguace, esclerótico e inoperante en los términos necesarios para actuar con resolución y solvencia. Durante los primeros días de la crisis agraria, el medio Ministerio de Agricultura, el de Sanidad, el de Exteriores y las consejerías autonómicas afectadas se han movido cada cual a su aire en medio de un notable desconcierto en el que ha faltado un hilo conductor y una mano experta en situaciones de urgencia. En ese pasivo tiempo crucial sin respuestas organizadas se ha escapado la oportunidad de frenar el desparrame.

A ello hay que añadir la ausencia endémica de mecanismos de presión y de voces autorizadas capaces de hacer ruido en el ámbito europeo. Si un consejero autonómico catalán o andaluz hubiese prohibido por su cuenta la venta de coches alemanes alegando un falso defecto de serie en los frenos, Alemania había caído sobre nosotros con todo su poderío político y económico, exigiendo rectificaciones inmediatas e indemnizaciones compensatorias. España ni siquiera ha podido reaccionar con un contraanálisis de los dichosos pepinos en un plazo razonable. Nos han pillado a contrapié, y la avería es grave en el único sector, el de las exportaciones, que está tirando de la economía española. La dolosa sobreactuación alemana viene bien para aliviar responsabilidades pero no resuelve las dudas sobre la competencia de un Gobierno que no está donde ni cuando se le necesita.


ABC - Opinión

Cataluña. El sabotaje permanente. Por José García Domínguez

Tanto la letra como la música del presupuesto-bomba que acaba de desvelar constituyen un homenaje a la más célebre máxima de Eugeni d´Ors: "Todo lo que no es tradición, es plagio".

Ya de antiguo es sabido. Igual el cumplimiento de las leyes que el acatamiento a las sentencias, constituyen asunto facultativo en la ínsula Barataria de Artur Mas; una opción, como dicen los pijiprogres. Así, con cansina indiferencia se desechan los autos del Tribunal Supremo que ordenan el uso docente del español. Y con idéntico mohín de hastío son ignorados cuantos mandatos de las Cortes Generales no se avengan al capricho, por lo común gramático, del establishment local. ¿A qué extrañarse entonces ante el último alarde de deslealtad institucional con matasellos y remite de la Plaza de San Jaime?

Ocurre al respecto que la Generalidad entiende empeño ajeno el compromiso de contención presupuestaria del Reino de España frente a Bruselas y los mercados mundiales de deuda. La cosa –dicen– no va con ellos. Tampoco. En soberana consecuencia, el consejero Mas-Colell viene de anunciar que Cataluña incurrirá en el déficit que se le antoje. Por más señas, justo el doble de lo establecido para las demás comunidades autónomas. O sea, el 2,6% frente al 1,3% de las restantes dieciséis. Nada nuevo, por cierto. Al contrario, tanto la letra como la música del presupuesto-bomba que acaba de desvelar constituyen un homenaje a la más célebre máxima de Eugeni d´Ors: "Todo lo que no es tradición, es plagio".

Al cabo, CiU no ha hecho cosa distinta que emular los usos y costumbres asentados por el Tripartito en materia de cuentas y cuartos. Esto es, al modo de los virreyes de Indias, si bien corregido y aumentado, ni acatar ni cumplir lo dispuesto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Una rutina, ésa de los catalanistas con mando en plaza y su devoción por las finanzas asilvestradas, frente a la que la Ley prevé un correctivo en verdad demoledor. Repárese, a ser posible conteniendo la respiración, en la sanción prevista para tales supuestos. "Se le formulará [a la Administración autonómica que rehúya lo establecido] una advertencia", reza con lacónica comicidad su artículo noveno. Que se vayan preparando, pues. ¡Se están arriesgando a que les riñan! "Una advertencia", ahí empieza y acaba la munición legal de que dispone el Estado español ahora mismo para hacer obedecer un mandato imperativo del Parlamento al ínclito Mas-Colell. Dura lex.


Libertad Digital - Opinión

El loro opone resistencia. Por M. Martín Ferrand

Lejos de depurar los excesos del pasado, los vamos acumulando y adaptando a las nuevas situaciones.

En la vida política española, demasiado pancista y escasamente atenta a la demanda social, son frecuentes los arranques briosos y decididos, como de jaca jerezana, seguidos de parones bruscos y tercos, tal que de mula zamorana. Es el caso, al menos en Madrid, de Rosa Díez y su flamante partido socialdemócrata. Ayer, en esta misma columna, subrayaba la decisión de los concejales de UPyD que, en ejercicio de sensatez y respeto a los ciudadanos, habían anunciado su renuncia al coche oficial que les corresponde como ediles del gastoso Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón, el más endeudado de España y, posiblemente, de toda Europa. Han bastado unas horas para que David Ortega, el portavoz del grupúsculo, matice la renuncia y aclare que su partido necesitará «uno o dos» coches para su actividad diaria que, se supone, no es compatible con el metro, el autobús, los trenes de cercanías o el cochecito de cada uno de ellos.

No es éste un asunto de naturaleza cuantitativa. Un par de automóviles no son, en el orden de los principios éticos y estéticos, menos que cinco. Lo cualitativo, que es lo que debiera orientar el gasto público en general y el de nuestros supuestos representantes en particular, reside en el respeto a cada céntimo de euro de los aportados al común por los muchos y variados impuestos, tasas y gravámenes con que nos sangran, no sin saña, las Administraciones públicas.

Decíamos ayer que es necesario y urgente acabar con ese loro devorador de chocolate que, tacita a tacita, se come una parte importante y prescindible del Presupuesto. Por lo que se ve, el loro opone resistencia. El significativo recular del partido de Rosa Díez en el Ayuntamiento madrileño toma razón de la advertencia del futuro jefe de la oposición en la Asamblea, el socialista Tomás Gómez, que justifica el derroche motorizado por razones de «seguridad», ya que «hace años» ETA amenazó a la Corporación. Pamplinas, si el riesgo de los ediles, muchos ignotos, es real habría que declarar el estado de sitio. No es que no se justifiquen más de media docena de coches representativos, meramente protocolarios, para la totalidad de los servicios municipales, es que tan siquiera cabe, en un estricto planteamiento democrático que priorice el servicio a los ciudadanos, la existencia de plazas reservadas para el aparcamiento de los munícipes y otros servidores y cargos públicos. Aquí, lejos de depurar los excesos del pasado, los vamos acumulando y adaptando a las nuevas situaciones y olvidamos algo fundamental: el privilegio, cualquiera que fuere, de un representante popular niega la dignidad de su representación.


ABC - Opinión

Guerra a la marca España

Defendíamos ayer que Alemania se había equivocado gratuitamente en la crisis del pepino y que debía un desagravio a España y una compensación económica a los productores por un perjuicio sin precedentes, que mantenía paralizado, por ejemplo, más del 70% del transporte frigorífico español. Pero Berlín sorprendió ayer con una actitud desafiante y casi provocadora. Lejos de reconocer el error cometido, el Gobierno alemán, por medio de la ministra de Agricultura, defendió la gestión de la epidemia causada por la agresiva bacteria E.coli y elogió las decisiones de las autoridades sanitarias de Hamburgo y, en concreto, de su responsable, Cornelia Prüfer-Storcks, la misma que acusó sin una sola prueba a las hortalizas españolas y desató una alerta a la que se sumaron varios países del continente. No sólo avaló el despropósito de un atropello injustificado –que está causando pérdidas millonarias a un sector clave de nuestras exportaciones–, sino que la ministra Ilse Aigner se permitió dar lecciones a las autoridades españolas e instó a que se investiguen los protocolos de seguridad de la cadena hortofrutícola en nuestro país. Alemania pretende cargar muertos sobre hombros ajenos e inocentes para distraer la atención de su incuestionable responsabilidad en una crisis sanitaria que ha provocado ya 15 muertos, con un número de afectados que ayer aumentó en 365 y a la que no sabe o no puede dar respuesta. El Gobierno alemán no se ha comportado como un socio leal, se ha ganado nuestra desconfianza. Pero el papel de las autoridades comunitarias ha sido también censurable. El comisario europeo de salud, John Dalli, evitó criticar a la Administración germana en un deplorable ejercicio de equidistancia entre el agresor y el agredido. Europa ha mirado para otro lado y ha renunciado a imponer su autoridad en una crisis con responsables claros. Una prueba más de que la Unión Europea es un fenomenal mercado en el que el poder político y económico está por encima de la normativa comunitaria y de la Justicia. Es evidente que la campaña contra los intereses españoles habría sido imposible si el afectado hubiera sido Francia o Reino Unido. España ha perdido con los gobiernos socialistas la posición privilegiada y el respeto que se ganó con José María Aznar. La respuesta del Gobierno socialista a la guerra del pepino fue deplorable por inexistente en esos primeros días clave y, con la crisis en su punto álgido, parece aturdido e indeciso, a la espera de que el desenlace llegue por sí solo o de que otros hagan el trabajo. Ahora las prioridades pasan por una presión diplomática al máximo nivel para acelerar la reapertura de mercados y restablecer la confianza en la producción española y por las acciones legales correspondientes para solicitar indemnizaciones por los perjuicios generados en el sector hortofrutícola. El levantamiento de la alerta sobre los pepinos a última hora de ayer era una decisión obligada que no cierra el asunto. El Ejecutivo debe tomar la iniciativa. La marca España es hoy vulnerable, y estamos obligados a revertir esta situación y responder a quienes, como los agricultores franceses, persiguen desgastarla en beneficio propio. De lo que estamos seguros es de que Europa no saldrá de la vergonzante neutralidad.

La Razón - Editorial

Rajoy y el compromiso de la austeridad

Rajoy debe concretar en hechos estas medidas, no sólo en las administraciones que van a ser gobernadas por el PP, sino también en las que ya lo están.

Aunque haya tardado meses en comparecer ante la prensa, y todavía se resista absurdamente a comentar la "digital" designación de Rubalcaba, Rajoy ha estado acertado al anunciar la puesta en marcha de un amplio paquete de medidas articulado en torno a los principios de austeridad, transparencia y empleo que han formado parte del "compromiso electoral con España" con el que el PP se presentó a las elecciones de 22 de mayo.

Medidas tales como fijar un techo de gasto en línea con el de los Presupuestos Generales del Estado; impulsar una reforma del sector público reduciendo entes y organismos públicos; limitar el número de consejerías; disminuir el número de altos cargos o minorar el parque de coches oficiales, van todas ellas en la buena dirección. La limitación del gasto público es esencial para salir cuanto antes de la actual crisis y con ella se deben comprometer todas las administraciones, incluidas las locales y, muy especialmente, las autonómicas. De hecho, el anuncio de Rajoy ha venido prácticamente a coincidir con la noticia de que el déficit de las autonomías ya duplica el generado por la administración central.


Asimismo, acierta el líder de la oposición al anunciar una auditoría general que deje muy claro cuál es el estado real de las cuentas de los ayuntamientos y comunidades autónomas que van a pasar a ser gobernados por el PP, ante las fundadas sospechas de que los agujeros puedan ser mayores que los oficialmente contabilizados.

Rajoy puede usar como aval y garantía de ese compromiso con la austeridad el hecho de que muchas de las medidas anunciadas ya han sido llevadas a cabo en las autonomías en las que ha gobernado el PP, tal como ilustra claramente el Gobierno de Esperanza Aguirre. Sin embargo, Rajoy también debe ser consciente de que muchos ayuntamientos y ejecutivos regionales gobernados por su partido no han sido, precisamente, ejemplos de austeridad, tal como ilustra el hecho de que dos de las tres comunidades y ayuntamientos más endeudados de nuestro país están gobernados por el PP.

Ahora, Rajoy debe concretar en hechos estas medidas, no sólo en las administraciones que van a ser gobernadas por el PP, sino también en las que ya lo están. La austeridad debe ser una seña de identidad de los populares allá donde gobierne, sin que haya margen para que nadie se permita ser un "verso suelto".


Libertad Digital - Editorial

Rajoy propone austeridad

Las auditorías anunciadas por Rajoy se enmarcan en una estrategia de austeridad que busca evitar los recortes en políticas sociales.

EL control del déficit público sigue encontrando en las comunidades autónomas —algunas, como Cataluña, rozando la insumisión— un obstáculo que amenaza con arruinar el ajuste fiscal que requiere la salida de la crisis. En los tres primeros meses de 2011, las administraciones autonómicas habían alcanzado casi la mitad del déficit previsto para todo el año. Nueve de las diecisiete autonomías tienen la culpa de este incremento de los números rojos del Estado. Bien es cierto que las Comunidades tienen transferidas la mayoría de las competencias relacionadas con las políticas sociales —educación, sanidad—, que son las que más recursos consumen y las menos predispuestas a un plan de recortes. Aun así, la contención de las cuentas autonómicas también puede abordarse con la restricción de gastos corrientes, cargos de confianza y compromisos no esenciales. Es un tiempo de crisis en el que las administraciones públicas deben reducir sus prestaciones a lo más esencial. Sin embargo, aunque la responsabilidad de determinados gobiernos autonómicos en los déficit de sus cuentas es indiscutible, también hay que tener presente la política de barra libre que propició el Gobierno de Zapatero al eliminar los techos de gasto de las comunidades autónomas. La época de bonanza llevó a estas temeridades, que ahora se pagan, y si no son suficientes los llamamientos del Ejecutivo socialista a la autorrestricción y al pacto con los gobiernos autonómicos, será necesario imponer límites por ley, incluso plantearse seriamente una legislación armonizadora, por interés general y ante la situación de extrema gravedad de la economía. La organización autonómica no es una coartada para no enfrentarse con decisión a los problemas.

Y esto último es lo que deberá hacer el PP en cuanto acceda a los gobiernos autonómicos que ganó el 22-M. Ayer, Mariano Rajoy retomó claramente la iniciativa política al anunciar la realización de auditorías en las comunidades que controlan, en el marco de una estrategia de austeridad tendente a evitar los recortes en políticas sociales. Es una propuesta coherente con la oposición de Rajoy, por ejemplo, a la congelación de las pensiones, decidida por el Gobierno hace un año, y con motivo de la cual propuso a Zapatero como alternativa otros recursos en los Presupuestos. El planteamiento de Rajoy es una oportunidad para el PP. Puede demostrar con hechos que sus críticas al mal gobierno de Zapatero tienen reflejo en la gestión de sus gobiernos autonómicos y municipales.


ABC - Editorial

miércoles, 1 de junio de 2011

El retorno de los zombis. Por Gabriel Albiac

El don nadie fue propulsado a presidente. Y ejerció su disparate de siete años.

PASADO ese momento vocinglero del navajazo en la tripa al colega inoportuno —a la colega—, ¿qué paisaje de intereses se abre ante el ejecutor Rubalcaba? Porque no puede decirse que sean claros sus motivos. Ni los de todos aquellos que en él ven salvación aún verosímil: la salvación de un partido que, en tierras más exigentes con sus electos, hubiera sido borrado hace bastante. Porque el saldo de este PSOE, el inventado a golpe de talonario tras la muerte del dictador, es una continuidad de atrocidades. Que culminaron en la locura de un presidente, éste de ahora, para dar cuenta de cuya andanza no hay más léxico funcional que el de los psiquiatras.

Con Zapatero fuera de sus cabales —o actuando como si lo estuviera, que es lo mismo—, Rubalcaba procedió a un asalto bien planificado. Ocupó el hueco. Sin que nadie se lo disputase. Y, más asombrosamente, sin que nadie —digo nadie— pareciera querer preguntarse por qué el presidente del Gobierno había desaparecido desde la primavera del año pasado. Hasta hoy, y a todos los efectos. No hubo una dimisión en el Gobierno. No hubo una resistencia. Parecían aceptar aquello como un accidente meteorológico más o menos desagradable. Hasta el día en que las elecciones del 22 de mayo pusieron en el escaparate lo que no debería haber sorprendido a ninguno: que el partido socialista estaba en saldo. Y que se enfrentaban todos ellos al riesgo más odioso: tener que trabajar para vivir, como el resto de los mortales. Entonces estalló la guerra. Duró sólo un par de días. El dispositivo de control trazado por el ministro del Interior en torno a sus colegas era ya infranqueable. Malos, pero no del todo tontos, optaron por rendirse. Y ofrecer al ganador sus buenos oficios. Blanco ha sido el paradigma, simplemente porque Blanco es la esencia intelectual y moral del socialismo español del siglo veintiuno.


¿Para qué tanto juego de masacre? Porque, en política, nadie despliega una estrategia tan costosa sin el proyecto verosímil de rentabilizarla. A estas alturas del juego, ser candidato electoral del PSOE es ponerse como víctima oblatoria para que la apisonadora de las urnas te pase por encima. La esperanza de ganar es cero. El riesgo de ser triturado, altísimo. ¿Qué puede aguardar un viejo profesional como Rubalcaba de su empeño por capitanear la deriva de su partido hacia el naufragio? ¿Qué pesadas inercias juegan sobre su maestría en sombras y alcantarillas para soñar que el reloj gire a la inversa, hasta aquellos dorados años de la impunidad perfecta, tras cuyo parapeto hizo fortuna el felipismo?

Muy pocos días antes de que un 11 de marzo cambiara irreversiblemente la historia de España, alguien cercano al clan felipista más estricto me explicaba el sacrificio de peón de 2008: Zapatero es un don nadie que durará poco; mejor que se pegue el bofetón electoral él y pague el coste; podremos pasar luego a las cuestiones serias y empezar de nuevo. Se equivocó en los tiempos. El don nadie fue propulsado a presidente. Y ejerció su disparate de siete años. Alguien logró infiltrarle a Rubalcaba. Alguien ha decidido que es la hora de volver a la casilla de salida. Puede que alguien haya olvidado que, en política, no hay tiempos reversibles.


ABC - Opinión

La crisis del pepino: un problema de Alemania que se paga en España. Por Antonio Casado

Como ayer dijimos en Cotizalia, aunque Alemania haya dado marcha atrás el mal ya está hecho. En pérdida de puestos de trabajo y cientos de millones de euros distraídos en la facturación de nuestros excelentes productos agrícolas. España paga la factura de la frivolidad germana. ¿O era algo más que una sobreactuación en nombre de la salud pública? Dicho sea por el estratégico beneficio de esos terceros que tantas ganas le tienen a los pujantes cultivos del sur de España.

La coartada de la “escherichia coli” era poderosa, con dieciséis muertos sobre la mesa y más de trescientos enfermos de gravedad. Pero endosársela a los pepinos españoles con tanta precipitación y con tan escandalosa ignorancia de los protocolos previstos por la normativa europea en este tipo de situaciones, fue una ignominia solo explicable por la enorme distancia que separa a Alemania de España en el cuadro de las relaciones de poder. No hubieran sucedido las cosas de igual modo si la sospecha hubiera recaído sobre productos agrícolas franceses, por ejemplo.

«Lo fácil, lo cómodo, era abrir una irresponsable causa general contra los pepinos españoles para disimular la desidia de las autoridades alemanas ante un serio problema de salud pública.»
Tratándose de España, no valía la pena tomarse la molestia de esperar los resultados de los análisis. No valía la pena concertarse con las autoridades españolas, ni siquiera con las europeas (ay, de nuevo, la inanidad de la Comisión y el descreimiento en el proyecto europeo). No valía la pena escuchar a los expertos, reconstruir los avatares de las partidas de pepinos en sus distintos pasos (producción, carga, transporte, distribución, venta y consumo) o analizar las partidas, una por una, con distintas fechas, con distintas procedencias.

No. Nada de eso. Lo fácil, lo cómodo, era abrir una irresponsable causa general contra los pepinos españoles para disimular la desidia de las autoridades alemanas ante un serio problema de salud pública.

Nuestra debilidad política respecto a Alemania no sólo es achacable a la proverbial arrogancia de los alemanes respecto a los países instalados en la periferia de la recuperación económica. Por supuesto que España y su Gobierno han hecho méritos para merecerlo. Lo cual no ha quedado desmentido durante la crisis del pepino, con una reacción oficial tardía y tibia.

Nadie entiende que a la sobreactuación alemana se respondiera con versallescas alegaciones y un bajo perfil de réplica, tanto por lo que se refiere a los argumentos como por lo que se refiere al rango de las personas encargadas de parar el tremendo golpe a los intereses nacionales. A estas alturas de la historia la visita al sur andaluz del vicepresidente Rubalcaba, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y la teórica ministra de Agricultura, Rosa Aguilar, puede paliar de algún modo el hachazo a las cuentas de las grandes cooperativas agrícolas mediante la correspondiente habilitación de ayudas económicas de la Administración, pero el daño, insisto ya está hecho, sobre todo en los intangibles (el golpe a la imagen de España ha sido muy duro), a pesar de que ahora venga la tal Cornelia Storck a decir digo donde dijo diego. Lamentable.


El Confidencial - Opinión

Encuentros en la III fase. Por José maría Carrascal

Si Zapatero nos anunciaba brotes verdes, Rubalcaba nos promete unos encuentros en la tercera fase que no se vislumbran.

«NO ha habido conspiración ni dedazos» declaró rotundo el candidato socialista en las próximas elecciones. ¡Menuda forma de empezar la carrera! Porque hubo, no una, sino dos conspiraciones y dos dedazos. Que se lo pregunten a Carme Chacón. Hubo conspiración de Zapatero para imponerla al candidato previsto y hubo conspiración de los barones socialistas para deshacer tal maniobra. Como hubo dedo del presidente apuntando a su niña favorita y hubo dedazo de la cúpula del partido apuntando a Rubalcaba. Esto, que ha visto todo el mundo y ha denunciado entre pucheros la damnificada, lo niega el interfecto sin inmutarse.

Si su arranque fue malo, la continuación fue peor. Nos habían dicho que iba a exponer su programa de gobierno y nos salió con galimatías de vendedor de feria: «La crisis fue (ese “fue” es impagable) una tormenta perfecta de tres fases. Resistimos la tormenta (nadie lo diría, viendo el panorama económico español) y cuando amaine (¿y si no amaina?) cambiaremos el rumbo (¿por qué no hacerlo ya, vista la situación?)». El resto de su «programa» fue una mezcla de chistera de ilusionista y mesa de trileros: «En esa tercera fase se irá a otro modelo productivo, pues la economía española está entre la primera y la segunda». Escapismo, manipulación, ganas de marear la perdiz. Si Zapatero nos anunciaba unos brotes verdes que nunca llegaron, Rubalcaba nos anuncia unos encuentros en la tercera fase que no se vislumbran por ninguna parte. Y no se vislumbran porque intenta vendernos una cosa y la contraria al mismo tiempo: el cambio y la continuidad. La cuadratura del círculo. «Cuando salgamos de la crisis —y dale con el cuando—, tendremos que cambiar muchas cosas.» ¡Pero, ¡hombre de Dios!, si de lo que se trata es de salir de la crisis, no de lo que hagamos después!, dan ganas de gritarle, a ver si se entera de que es muy posible que no lleguemos a esa famosa tercera fase, si seguimos por el camino que vamos, conducidos por quien «se siente corresponsable de todas las medidas tomadas por Zapatero», la única verdad que dijo.

Sólo le faltó decirnos que mantener la ley del aborto —una de las pocas cosas que especificó— va a crear puestos de trabajo, a no ser pensando en los españoles que dejen de nacer, y a casi tan largo plazo fue su otra apuesta, la educación e investigación, sin acordarse de que esos capítulos se han transferido a las autonomías y, encima, se han recortado sus presupuestos. Si esto es todo lo que Rubalcaba puede ofrecer, hacen bien jóvenes y parados en esperar sentados en sus acampadas. Expuesto, además, sin convicción, decisión ni brillantez. Y es que, metidos en la camelancia, Zapatero lo hace mucho mejor. Ya decían que el terreno de Rubalcaba está tras los bastidores. En la tercera fase, vamos.


ABC - Opinión

Movimiento 15-M. Meditación sobre Sol. Por Agapito Maestre

La ocupación material e ininterrumpida de ese ámbito público por unos cuantos individuos, que incluso reconocen no representarse a sí mismos, tiene que ser vista como una agresión. ¿Qué hacer ante el agresor? Defenderse.

Nunca ha sido fácil hacer un buen uso de las pasiones, especialmente si pertenecen al género de las llamadas pasiones políticas. He ahí el ejemplo de la movida española de los indignados del 15-M, que ha pasado de ser una fuente de inspiración de protesta democrática, sensata y verosímil contra un régimen político mortecino, a una mascarada ideológica para esconder vicios mentales de una vieja y vulgarísima extrema "izquierda" llena de estulticia intelectual. Por fortuna, los mejores que había en Sol ya se marcharon. Sólo queda la espuma. Permanece una pequeña muchedumbre que hace mal, mucho mal, como diría Descartes, por poseer un bien que no merecen.

La indignación, la ira y la rabia son pasiones valiosas en la medida que están fundamentadas sobre una opinión política, sensata y ajustada a la realidad, unos argumentos sólidos, capaces de enfrentarse a la injusticia de modo proporcionado con el mal causado, y un juicio político, basado en el contraste de muchos pareceres. La pasión de la indignación, esa especie de odio o aversión que la naturaleza ha puesto en cada uno de nosotros con mayor o menor abundancia, contra los que hacen algún mal, sea del tipo que sea, desaparece si perdemos de vista al causante concreto de mal. Eso es, exactamente, lo que ha sucedido en la movida de Sol.


Quienes se han plantado en Sol, sin otro "fundamento" que reclamar una justicia universal contra todos los males de la humanidad, son unos impostores, o peor, gente que se autoengaña cobardemente y, sobre todo, son criminales de una de las principales pasiones del ser humano: la indignación, rabia, ira u odio que sentimos por naturaleza contra los que hacen algún mal. Eso es, repito, lo que yo siento ante los concentrados de la Puerta del Sol: indignación. Me siento indignado con ellos porque poseen un bien que no han merecido, a saber, participar en el proceso político de creación de bienes en común sin ninguna limitación, o sea, sin atender que su ocupación de un espacio público era simbólica o se convertía, directamente, en una agresión al resto de ciudadanos que viven en ese lugar.

Mis amigos de Sol, sí, los kiosqueros, los pasteleros, los camareros, los joyeros, los loteros y otros tantos profesionales del sector servicio se sienten maltratados. Los perroflautas han machacado sus negocios. En fin, mientras que la indignación de los comerciantes y ciudadanos de Sol está justificada, entre otras razones, porque el causante del mal está bien delimitado, la indignación de los acampados allí es pura filfa. En efecto, la indignación fundamentada sobre una abstracción, por ejemplo, sobre un sentimiento de injusticia universal, es, en verdad, un engaño. Una manera de asesinar una de las grandes pasiones políticas de todos los tiempos.

Cuando los del 15-M salieron a la calle indignados por la corrupción, o por la falta de representatividad democrática de nuestro sistema político, fueron vistos con simpatías por millones de ciudadanos que compartían esa pasión. La ocupación de un espacio público para convertirlo en un foro político de carácter simbólico fue bien visto por la inmensa mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, la ocupación material e ininterrumpida de ese ámbito público por unos cuantos individuos, que incluso reconocen no representarse a sí mismos, tiene que ser vista como una agresión. ¿Qué hacer ante el agresor? Defenderse. O sea, o Rubalcaba los desaloja o diremos que está colaborando con los delincuentes.


Libertad Digital - Opinión

Matar al loro. Por M. Martín Ferrand

Es urgente matar al loro para que no sea necesario, en aras de su chocolate, bajar las pensiones de los ancianitos.

SEGÚN anuncia UPyD, el partido que lidera Rosa Díez, los cinco concejales de la formación que, encabezados por David Ortega, se disponen a tomar posesión de sus cargos representativos en el Ayuntamiento de Madrid renunciaron a los cinco coches oficiales que, uno por barba, les corresponde como ediles de la ciudad más endeudada de España. Además de celebrar un gesto de valor ético y rareza estética en nuestra despilfarradora vida política, la noticia me ha escandalizado notablemente. ¡Todos los concejales capitalinos tienen coche! Es decir, tienen conductor, o conductores, a su disposición y, sin introducir la amortización del vehículo que les corresponde, ello supone un gasto anual mínimo de 50.000 euros por persona, además de cuantas bicocas y gabelas hayan ido amontonando, con la mandanga bipartidista, a lo largo de los años.

Suele decirse, en un país en el que vale todo y en el que el poder y la oposición alcanzan fácil unanimidad en lo que respecta a sus retribuciones y privilegios, que eso del coche oficial es «el chocolate del loro». Y no lo es. En el orden de los principios, que es lo fundamental en una democracia no paródica, es algo importante. En lo económico, no se trata de nada baladí. En España tenemos hoy en los distintos planos de la Administración pública —nacional, regional, provincial y local— unos 35.000 coches públicos con sus correspondientes conductores, seguros, consumos y mantenimiento. La cifra es imprecisa, y pudiera ser mayor, porque nuestras Administraciones son opacas y no brilla el trabajo de la oposición de turno en cada una de ellas por pretender la transparencia detallada de los gastos; pero podríamos estar hablando de una cifra próxima a los 2.000 millones de euros anuales. En consecuencia, es urgente matar al loro para que no sea necesario, en aras de su chocolate, bajar las pensiones de los ancianitos.

En la medida en que los representantes de los nuevos partidos, como UPyD o FAC, implanten su presencia crítica en los órganos representativos para los que han sido elegidos puede producirse un efecto revulsivo que contribuya, aunque solo sea por el sonrojo de los ya instalados, a sanear viejos esquemas y presupuestos no exigentes con el gasto y, por ello, irrespetuosos con los ciudadanos que los proveen con su esfuerzo fiscal. Cuando los colchones eran de lana, resultaba imprescindible la figura del colchonero que, con una vara doblada en «L», por razones de higiene y de confort, apaleara la lana apelmazada por el uso. Por esa vía los pequeños se harán grandes después de conseguir matar a ese loro devorador de chocolate que tanto nos cuesta.


ABC - Opinión

Pulgas y serpientes. Por Alfonso Ussía

Las pulgas han invadido el campamento de los que no hacen nada. Las serpientes se han adueñado de las tierras vascas. Urkullu, el tiro –nunca mejor escrito–, por la culata. Los acampados en Sol han dejado de interesar. Son los tostones de Sol. Las serpientes se mueven. Ha vuelto el terror y la amenaza a muchas localidades de las provincias vascongadas. Como si en los límites territoriales del País Vasco hubieran abierto centenares de cajones repletos de ofidios. Los responsables de la apertura tienen nombre y apellidos. Pascual Sala, Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera, Luis Ignacio Ortega, Pablo Pérez Tremps y Adela Asúa Batarrita. Ocupan un lugar preferente en las páginas negras de nuestra libertad. Quizá les interese conocer a Carlos García, que ocupa un lugar de honor en las páginas heroicas de nuestra convivencia. Carlos García era concejal del Partido Popular en Bilbao. Se presentó en Elorrio, una localidad vizcaina gobernada por ANV hasta el pasado 22 de marzo. Pagó de su bolsillo la campaña electoral, sobreactuada de insultos y amenazas. Quizá les interese a esos seis lamentables personajes saber que los apoderados de «Bildu» mostraban en los colegios electorales fotografías de terroristas etarras estampadas en sus camisetas. Carlos García, con tesón y valentía ha conseguido un acta de concejal de Elorrio. Tiene la llave de la gobernación del áspero municipio. Seis concejales del PNV, seis de «Bildu» y él. Carlos sabe que se juega la vida. Lo ha asumido. Entre serpientes. Las pulgas sólo pican, y gustan de la mugre y la suciedad. Las serpientes han matado a mil inocentes y volverán a hacerlo cuando les llegue el dinero de los municipios y las diputaciones. De ser justos, que no lo son, los seis magistrados del Tribunal Constitucional que han abierto las cajas de las víboras enroscadas en el hacha, harían bien en prescindir cada uno de un escolta y encomendarles la seguridad de Carlos García. Aquí en Madrid, y después del favor concedido, ellos no necesitan que los cuiden. De ello se encargan sus favorecidos. Pero Carlos García, que va a apoyar, aunque no lo merezca, al PNV, y va a alejar de los proetarras la alcaldía de Elorrio, necesitará esos seis escoltas como mínimo para poder desarrollar la labor que sus votantes le han encomendado. Quizá les interese a los magistrados anteriormente relacionados, saber que los votantes del PP y del PSE en muchas localidades vascas no podían elegir libremente su papeleta en el colegio electoral, y tenían que llevarla desde su casa. No creo que les interese conocer a Carlos García, pero podría ofrecerle toda suerte de datos y hechos acontecidos que podrían avergonzarlos. Gracias a esos seis encantadores magistrados, «Bildu» va a controlar los impuestos, las cuentas corrientes y los domicilios de los contribuyentes vascos. Pulgas en Madrid que no pican a Rubalcaba ni a la Delegada del Gobierno y serpientes enroscadas en mil hachas ensangrentadas en el País Vasco. No dejen pasar la ocasión, señores magistrados y llamen a Carlos García. Él les contará con ejemplar sencillez las nefastas y terribles consecuencias de su decisión. Verán a un hombre como la copa de un pino que lucha en soledad por defender la libertad y la democracia en la tierra de los vascos. Resulta emocionante su palabra. Ejemplar. Grandiosa. Ya que no las serpientes, les deseo que al menos, les pique alguna pulga.

La Razón - Opinión

Sinde.Contra Franco vivimos mejor. Por José García Domínguez

Rebajada primero a epíteto y luego a escupitajo, la voz "fascista" ya no remite a significado alguno más allá de su uso balístico en tertulias y circos televisivos. Razón última del afán ministerial por colgarle el mote al difunto.

Parece ser que en la entrada del Diccionario Biográfico Español referida a Franco Bahamonde, Francisco, se ha obviado el pleonasmo de decirle dictador. Asepsia adjetiva que habría provocado el muy airado enfado de la ministra Sinde, acaso presta a recibir las actas de un proceso sumarísimo con la quema en efigie del reo, tal como era costumbre antigua del Santo Oficio. Al respecto, y más allá de la ideología que en puridad nunca tuvo, si algo definió al franquismo fue una mentalidad. Unas actitudes, formas y modos llamados a sobrevivirle largos años, por cierto. De ahí, inconfundible, el eco del célebre "Usted no sabe con quién está hablando" en las palabras de la señora ministra.

Así, a la guionista de Mentiras y gordas le ha faltado tiempo para amonestar a la Real Academia de la Historia. Ocurre que a su conminatorio entender deben ser "revisados" ciertos enunciados "que no se ajustan a la realidad". Al Mando le incomoda el juicio de los historiadores y aconseja sea depurado al dictado de sus precisas indicaciones: franquismo en estado puro. Y duro. Entre esos desajustes presuntos con la realidad figura el aserto de que el de Ferrol "montó un régimen autoritario, pero no totalitario". Una proposición que ha empujado al senador Saura, paleocomunista, a exigir la retirada de los veinticinco primeros tomos de la obra por constituir "una recopilación de ideas que forman parte del pensamiento fascista español".

Eventualidad que casi le invita a uno a hacerse fascista. Aunque solo fuera por el contraste. Y es que todo el pensamiento del mentado Saura cabe holgadamente en veinticinco líneas. Por lo demás, rebajada primero a epíteto y luego a escupitajo, la voz "fascista" no remite a significado alguno más allá de su uso balístico en tertulias y circos televisivos. Razón última del afán ministerial por colgarle el mote al difunto. Pese a que Franco, un franquista convencido, nunca quiso ser cosa distinta. Por algo a Jiménez Caballero, el primer –y tal vez único– fascista que hubo en España, lo largó raudo al Paraguay (para que dejase de marear). En fin, ya en su día advirtió Ennio Flaiano que existen dos clases de fascistas: los fascistas y los antifascistas. Los de don Ernesto y los de Sinde y Saura, que tanto montan.


Libertad Digital - Opinión

Política a pie. Por Ignacio Camacho

El problema de muchos políticos no consiste en que vayan en coche oficial, sino en que no miran por la ventanilla.

A un joven ex ministro le oí una vez la confesión angustiada de que al dejar el poder sufrió un ataque de estrés porque no sabía dónde aparcar en el centro de Madrid. Padeció un bloqueo emocional; no estaba preparado para volver a ser una persona corriente. Y es que el problema de muchos políticos no consiste en que vayan siempre en coche oficial, sino en que no miran por la ventanilla. Ocultos tras los cristales tintados se pierden el latido de la calle, el pulso de la gente, la belleza del paisaje y el flujo mismo de la vida. Han dejado de escuchar y han renunciado a vivir la experiencia cotidiana de aquellos a quienes representan. Esos a los que obligan a ir andando por el centro de las ciudades que ellos transitan por carriles reservados. Esos que abarrotan los autobuses en los que jamás suben los altos cargos. El coche oficial no es sólo un privilegio: es una barrera. Una valla móvil de separación entre la política y la realidad.

Por eso el gesto de renuncia de los concejales madrileños de UPD tiene un interesante valor simbólico que trasciende la pequeña demagogia del ahorro. La austeridad no es tanto una cuestión de cifras como de principios. Para representar a los ciudadanos no se necesita un parque móvil. En España circulan demasiados vehículos de protocolo, bastantes más de los precisos y por supuesto muchos más de los que podemos mantener y pagar. Algunos ayuntamientos, como el de Málaga, tomaron hace tiempo la medida de prescindir de la mayoría de ellos y que se sepa ningún edil ha sufrido una merma funcional ni un menoscabo de su dignidad. En otros, Sevilla por ejemplo, se ha multiplicado la flota mientras se restringía el tráfico rodado al común de los ciudadanos. No se trata de que los ministros y los alcaldes vayan en metro, sino de evitar el abuso manifiesto de una nomenclatura de nivel medio que hace mucho tiempo que literalmente no pone los pies en el suelo. De director general para abajo es más que suficiente con la reserva de una plaza de aparcamiento.

Un antiguo alcalde de Montevideo solía decir que la ciudad es un libro que hay que leer con los pies. Nuestra dirigencia pública lee poco pero anda menos, y el resultado es que se aleja tanto del conocimiento intelectual como del práctico. Ha abandonado el roce, el diálogo, el aprendizaje. Sus integrantes se han construido para sí mismos una burbuja de confort y han perdido el anclaje con el conflicto diario de la existencia. Olvidan que hay hacer cola en los aeropuertos, que las tarifas de teléfono son caras, que muchos colegios no tienen plazas para los hijos y que a veces no quedan entradas para el teatro. O ignoran, como Zapatero, el precio de un café.

Es hora de volver a una política de a pie. La clase dirigente necesita un aterrizaje peatonal. No en la calle, sino en la vida.


ABC - Opinión

Pepino amargo

La crisis del pepino ha puesto de manifiesto la falta de pulso del Gobierno y su insuficiente peso en la UE. Tras la denuncia de las autoridades alemanas contra los pepinos españoles como el origen de la epidemia de la bacteria «E.coli», que ha causado ya 15 muertes, el Gobierno reaccionó cuando el perjuicio al sector estaba hecho. Su prioridad debió de ser abortar la crisis en su origen o al menos minimizar los daños. No hizo ni lo uno ni lo otro. Ni la ministra Rosa Aguilar ni la ministra Leire Pajín, en una desafortunadísima gestión, ni la ministra Trinidad Jiménez interpretaron de forma adecuada la trascendencia del contencioso, tal vez porque los socialistas tenían la mente distraída en los asuntos sucesorios del PSOE el pasado fin de semana. Se calcularon mal los riegos y no se rebatieron con celeridad las acusaciones temerarias e injustificadas de la responsable sanitaria alemana, lo que favoreció que la alarma se extendiera por el continente. La consecuencia fue que la confianza en las hortalizas y las frutas españolas quedó tocada y que seis países restringieron las importaciones de nuestro país. Los primeros cálculos de los productores han estimado las pérdidas en 200 millones de euros a la semana en un sector clave, en el que España es el primer exportador mundial, con una producción de unas 16 millones de toneladas y un valor en origen cercano a los 17.000 millones de euros, y que da trabajo a más de 300.000 personas. Hablamos del tercer sector en importancia en la exportación nacional, sólo por detrás del automóvil y la maquinaria industrial y, por consiguiente, de una gran relevancia para la economía. Por fortuna, ayer el negro panorama empezó a disiparse. La ministra de Salud de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storcks, la misma que provocó la convulsión, confirmó que los pepinos españoles no son el origen del brote. Era un desenlace esperado, no sólo porque los productos españoles cumplen con exigentes protocolos de calidad y seguridad, como reafirmó Europa, sino también por el mero hecho de que no había habido problemas con los pepinos consumidos en España ni en otros países. La rectificación de Alemania es un paso imprescindible, pero no puede suponer un borrón y cuenta nueva. Primero, porque el pánico es un estado de ánimo muy complicado de revertir, y segundo porque el perjuicio a los productores y a la imagen del país ha sido demasiado importante y es obligado resarcirlo con justicia. Alemania se ha equivocado gratuitamente y debe un desagravio a los afectados. Una campaña nacional de las autoridades germanas a favor de las hortalizas y frutas de nuestro país y la compensación económica correspondiente son actuaciones obligadas. Además, las autoridades comunitarias harían bien en recordar a todos los socios, especialmente a Berlín, la existencia de unos protocolos de actuación y de unos canales oficiales para abordar estas situaciones. El Gobierno llegó tarde. El desánimo socialista merma su capacidad de respuesta, porque sus preocupaciones no están en la gestión pública. El país no atraviesa precisamente por un buen momento y necesita unos gestores atentos y eficientes.

La Razón - Editorial

Rumbo vacilante

El Gobierno cumple con el objetivo de déficit, pero las autonomías no se implican en la austeridad.

La corrección del déficit público es una de las exigencias ineludibles para mantener la solvencia de la deuda española en niveles aceptables. Los inversores vigilan atentamente la ejecución presupuestaria para comprobar si el Gobierno español cumple con los planes de ajuste comprometidos en Bruselas. La vicepresidenta Salgado presentó ayer unas cuentas de la Administraciones públicas correspondientes a los primeros meses del año que cumplen las expectativas de austeridad, pero no alejan del todo la sensación de que las comunidades están solo parcialmente implicadas en el control del gasto. Mientras el Estado presentaba un déficit del 0,22% del PIB en el primer cuatrimestre de 2011, el conjunto de las autonomías tenía un déficit trimestral del 0,46% del PIB, tasa que, elevada a anual, superaría el límite del 1,3% establecido.

La Generalitat catalana presentó, además, un Presupuesto para 2011 que duplica el límite del 1,3% de déficit permitido, a pesar de que las cuentas autonómicas presentan una reducción del gasto del 10%. Los recortes del gasto que se aplicarán en sanidad y educación han sido muy protestados (y con razón) por la opinión pública catalana, pero es evidente que la austeridad fiscal tiene que aplicarse en todos los presupuestos autonómicos sin excepción.


Quienes exigen desde las consejerías autonómicas o desde el Gobierno que no se recorten los gastos sociales, tendrían más credibilidad si, en periodos de elevado crecimiento económico y alta recaudación fiscal, hubieran defendido con el mismo énfasis la necesidad de superávits primarios en el presupuesto. Y deberían exigir el recorte drástico o la desaparición de las partidas que no contribuyan a los gastos sociales y a la inversión. Tienen muchas donde elegir. Las Administraciones autonómicas han crecido desmesuradamente en los últimos años, hasta convertirse en algunos casos en cortes suntuarias cuyo coste para los ciudadanos es prohibitivo.

Por lo tanto, el control estricto del déficit que el Gobierno debe exigirse a sí mismo y reclamar al resto de las estructuras regionales tiene que servir en teoría para cercenar el coste de las Administraciones autonómicas. La tarea es difícil, porque no puede hacerse sin enfrentamientos con los poderes autonómicos; y más ahora, con una mayoría de autonomías en manos de la oposición y la percepción de que el Gobierno central ha perdido margen de presión. Los acreedores de los activos financieros españoles temen que la deuda autonómica se desborde y comprometa un poco más la estabilidad de los balances bancarios del país.

La vicepresidenta es optimista y entiende que en el curso de 2011 se rectificarán los excesos de gasto que los déficits actuales parecen proyectar para el conjunto del año. Hay que confiar en que las autonomías cumplirán sus compromisos, pero no es buena idea fiarlo todo solo a la confianza. Los controles periódicos y las advertencias públicas también son un instrumento imprescindible de gestión pública.


El País - Editorial

La crisis del pepino deja en evidencia al Gobierno

El Ejecutivo de Zapatero, con su falta de reacción ante esta crisis, ha dejado nuevamente en evidencia que no es más que un Gobierno en funciones, cuyos miembros, más que en gobernar, parecen exclusivamente interesados en asuntos de partido.

Desde que el pasado jueves la consejera de Sanidad de Hamburgo vinculara, sin base alguna, la mortífera variedad de la bacteria E. Coli con los pepinos españoles, nuestros agricultores han sufrido cuantiosas pérdidas que podrían alcanzar los 200 millones de euros semanales.

Mucho se podrá decir de la incompetencia de la novata consejera de Sanidad de Hamburgo, que ha terminado por reconocer este martes la "inocencia" de nuestros pepinos, así como de las responsabilidades e indemnizaciones que cabe exigir de manera inmediata a Bruselas y a Berlín por no haber cortado a tiempo este bulo. Pero no menos criticable es el Gobierno de Zapatero que, con su falta de reacción ante esta crisis, ha dejado nuevamente en evidencia que no es más que un Ejecutivo en funciones, cuyos miembros, más que en gobernar, parecen exclusivamente interesados en asuntos de partido.

Durante todos estos días, en los que nuestros camiones repletos de hortalizas se veían obligados a regresar a España, y países como Rusia se sumaban al veto a nuestras exportaciones, no se ha visto más que a un Zapatero en retirada y a un Rubalcaba muy ocupado en dar un falso de aire de primarias a su digital designación como próximo candidato del PSOE. Eso, por no hablar de las desaparecidas ministras de Sanidad, de Exteriores y de Agricultura que, con su incompetencia y falta de reacción, han ejercido más que nunca como decorativas "ministras de cuota".

No contenta con el tiempo que nuestro Gobierno ha dejado pasar sin abortar este infundio que tanto ha hecho perder a nuestros agricultores, lo único que ha sabido hacer la ministra de Agricultura ha sido decir este martes que "ya tendremos tiempo de demandar".

Y es que al desprestigio y a la falta de firmeza, ya conocidas, de nuestra política exterior, se ha sumado la debilidad de un partido que se resiste a dejar el Gobierno tanto como a gobernar.


Libertad Digital - Editorial

Los pepinos y el desgobierno

Más allá de la temeraria denuncia sin pruebas de Alemania, lo que queda claro es que la parálisis del Gobierno ha planeado sobre una crisis de incalculables daños para España.

LA crisis de los pepinos supone muchos millones de pérdidas para el sector hortofrutícola y contribuye a que se agrave —todavía más— la crisis económica. La restricción impuesta por varios países comunitarios a las verduras españolas sin contar con el aval de la Comisión Europea ha puesto en evidencia la debilidad del Ejecutivo ante una injusticia manifiesta. A pesar de su rectificación de ayer, las autoridades alemanas han culpado sin pruebas durante varios días a los productos de origen español, en un temerario ejercicio que merece mucho más que una disculpa, porque los daños son irreversibles. Ahora tendrán que examinar —como deberían haber hecho desde el principio— las posibilidades de contaminación durante el transporte o en destino y asumir, si corresponde, la culpabilidad que quisieron endosar sobre los hombros de España. Mientras Alemania daba el primer golpe, el Gobierno permanecía perplejo y pasivo, porque el presidente y sus ministros están demasiado ocupados en las maniobras internas del PSOE y no tienen tiempo para atender al interés general. Es lógico que el sector exprese su indignación, ya que las pérdidas son muy cuantiosas y las cosas no se arreglan con unas declaraciones de las ministras Rosa Aguilar o Leire Pajín, que no parecen impresionar a nuestros socios comunitarios. Hace días que el Ejecutivo tendría que haber ejercido presiones políticas y acciones jurídicas ante la UE, exigiendo responsabilidades y aportando informes técnicos objetivos que se han retrasado más de lo tolerable.

España es el primer exportador mundial de pepinos y de otras frutas y hortalizas, de manera que no es lícito poner en duda —con notable ligereza— la calidad de unos productos acreditados desde hace mucho tiempo. Por eso, el propio Rodríguez Zapatero tendría que haber intervenido al más alto nivel para frenar una campaña que, según reconocen ya desde Hamburgo, carece de bases científicas. Aunque sea particularmente grave, esta crisis es solamente un ejemplo de las consecuencias lamentables para el interés público del desgobierno por la falta de impulso de un Ejecutivo políticamente agotado. Mientras tanto, los agricultores españoles quedan en total desamparo y Alemania encuentra un «culpable» que apenas se defiende. En la UE todos saben ya que el Gobierno español está paralizado por sus problemas internos, y algunos intentan sacar provecho de esa pasividad irresponsable. Lo malo es que esta vez lo han conseguido a medias, y es de temer que lo vuelvan a intentar en el futuro si Rodríguez Zapatero no pone fin a una situación ya insostenible.

ABC - Editorial

martes, 31 de mayo de 2011

Rubalcaba. La continuidad del peor Zapatero. Por Guillermo Dupuy

Nadie simboliza mejor la continuidad y la terrible esencia de lo que ha constituido el zapaterismo, mejor aun que el propio Zapatero, que Alfredo Pérez Rubalcaba.

El "dedazo" de Zapatero a favor de Rubalcaba (que tanto Zapatero como Rubalcaba disfrazan de "primarias", y que otros han presentado erróneamente de "golpe", incluso de "traición", de Rubalcaba contra Zapatero) queda muy bien reflejado, esta vez sí, en la noticia que Marisa Cruz y Manuel Sánchez firman este lunes en El Mundo y que lleva por título Zapatero decidió en octubre que su heredero fuera Rubalcaba. En ella se afirma que el presidente del Gobierno entregó "a sabiendas" a Rubalcaba el año pasado un poder inmenso para ponerle claramente "en pista de salida". Los periodistas aseguran que, ya por entonces, Zapatero confesó claramente, tanto a la ex vicepresidenta Fernández de la Vega, como a la propia Carmen Chacón, sus intenciones a favor de Rubalcaba.

Por todo ello debemos ser conscientes de que Zapatero ha conseguido, al menos por ahora, un triunfo indiscutible, que no es otro que evitar que su descontada marcha y el no menos previsto desplome electoral del PSOE en estas elecciones municipales y autonómicas provoquen en el partido una catarsis, fruto de la cual se diera una ruptura con lo que ha significado su nihilista paso por el Gobierno.

Nadie simboliza mejor la continuidad y la terrible esencia de lo que ha constituido el zapaterismo, mejor aun que el propio Zapatero, que Alfredo Pérez Rubalcaba.


Presentar a Rubalcaba como algo distinto o distante a lo que Zapatero ha significado para España, para la democracia y para el propio PSOE no sólo es un error; es un disparate que puede entorpecer y desviar su crítica, como –lo que es peor– ser inconscientes del escalofriante escenario que nos espera. Y no lo digo ya por las fechorías que sean capaces de hacer hasta las próximas elecciones generales; lo digo, sobre todo, por las que cabe esperar que hagan la próxima legislatura si al frente de la oposición se encuentra Rubalcaba.

Si Rubalcaba sobrevive al frente del PSOE a su descontada derrota en las generales, ¿se cree alguien que no va utilizar –entonces sí– contra el futuro Gobierno del PP movimientos como el del 15-M, más aun si Rajoy hace los ajustes y reformas que requiere nuestra mortecina economía?

¿Y qué me dicen de lo que haría Rubalcaba como líder de la oposición si el Gobierno de Rajoy se atreve a enfrentarse con esa "paz" de ETA/ZP que exige la permanencia de Bildu en las instituciones, la continuidad del proceso de excarcelación o cuando menos beneficios penitenciarios para los etarras presos, así como un nuevo "estatuto" para el País Vasco, como mínimo tan soberanista e inconstitucional como el que ya tiene Cataluña? ¿Se cree alguien que Rubalcaba no utilizaría contra el Gobierno del PP el riesgo de que los terroristas vuelvan a derramar sangre, tal y como ya hizo el 11-M?

Sólo desde la torpeza de minusvalorar el genio diabólico de Rubalcaba se puede ignorar la bomba de relojería que para España seguirá constituyendo la herencia y el heredero de Zapatero. Y eso, incluso en el caso de que el PP, siempre acomplejado e inconsciente de sus propias fuerzas, gobernase por mayoría absoluta. No digamos ya nada si Rajoy necesita para gobernar caer simpático a los nacionalistas.


Libertad Digital - Opinión