Huelga parcial. Por Ignacio Camacho

El Gobierno regaló un piadoso empate a los sindicatos. El Zapatero de marzo le habría hecho huelga al de septiembre.

CON una huelga como la de ayer los sindicatos no están legitimados para exigir ningún cambio de política. Fue la menos intensa de la democracia y hubiese fracasado de plano sin la acción coactiva de los piquetes: muchos ciudadanos no fueron a trabajar porque no pudieron. La actividad laboral sufrió una baja sensible pero el país no dio en ningún momento sensación de parálisis. Como muestra de convicción resultó un fiasco y como demostración de fuerza pura quedó muy limitada a ciertos sectores. Tuvo éxito en la industria y en los mercados centrales, altibajos en el transporte —el estratégico Metro de Madrid funcionó por encima de los servicios mínimos— y un eco limitado o nulo en el comercio, la administración, los servicios y la enseñanza. El balance esperado: hasta ahí da de sí hoy por hoy el atrofiado músculo sindical, desgastado por el abuso de privilegios y anquilosado por la connivencia con el poder. El patético canto de victoria de sus dirigentes tenía más de autocompasión que de autocomplacencia; les faltó el mínimo de énfasis imprescindible para convencer incluso a sus partidarios.

Como era previsible, el Gobierno les regaló un piadoso empate de conveniencia y se negó a hurgar en la herida. Ya desde las vísperas era perceptible el pacto tácito de no agresión, fruto de una voluntad mutua de no hacerse daño. Zapatero quiere evitar la ruptura con la izquierda social y ésta siente reparos para apuntillarlo. La mala conciencia del presidente ante sus propias medidas de ajuste es una evidencia; cada vez que ha sentido un cierto alivio de la presión internacional sobre el precio de la deuda ha hecho algún gesto complaciente con el gasto social o la inversión, a riesgo de volver a incrementar la desconfianza de los mercados. Está llevando a cabo una política en la que no cree y se le nota. Por eso ayer, fiel a su estilo de apaciguamiento, se apresuró a tender la mano a las centrales sindicales. Todo el mundo sabe que su conciencia y su pensamiento están más cerca de los sindicatos que de su propia política actual de brazo forzado.

En condiciones normales, el Gobierno seguiría su camino de reformas libre de hipotecas sociales y los sindicatos tendrían que sentarse a negociar en baja. Sin embargo, existe la posibilidad real de que el presidente les conceda de nuevo unas prerrogativas que no se han ganado, porque le asusta la idea de un alejamiento de su base de apoyo. Probablemente al Zapatero pragmático y contorsionista le importen más las primarias del domingo que la huelga de ayer, pero a su avatar ideológico le escuece el comezón de compartir en el fondo las razones del conflicto. Su famoso carné de la UGT, el que dijo tener en la mesilla de noche, es como el espejo moral en que se mira sin acabar de reconocerse; el Zapatero de marzo le habría hecho huelga al Zapatero de septiembre.

ABC - Opinión

Huelga general. Éxito absoluto. Por José García Domínguez

Lo último que desearían las jerarquías sindicales, muy cartesiano sanedrín donde no abundan los pilotos suicidas, sería enviar a la lona de un zurdazo a ese púgil definitivamente grogui que responde por Zapatero.

Que suponga extraña paradoja no hace que sea menos cierto. La huelga ha constituido un éxito absoluto precisamente por encarnar un fracaso más que relativo. Los señores Fernández Toxo y Méndez, sus promotores, han logrado un triunfo rotundo, sin paliativos, y procede felicitarlos por ello. A fin de cuentas, el precario seguimiento de la convocatoria les ha permitido salvar los muebles de la izquierda gobernante, su supremo objetivo inconfeso. Y es que lo último que desearían las jerarquías sindicales, muy cartesiano sanedrín donde no abundan los pilotos suicidas, sería enviar a la lona de un zurdazo a ese púgil definitivamente grogui que responde por Zapatero. Han sabido conjurar el riesgo de otro 14-D con un país de verdad paralizado, algo que se habría llevado por delante a la veleta errática que mora en La Moncloa. De sobra lo saben en Comisiones y UGT.

Al tiempo, como auguró una de las plumas más lúcidas de El País, José María Ridao, aunque renqueante, misérrimo y precario, el alcance nacional del paro también ha reportado una victoria estratégica al Gobierno. Difuminada aquella aura épica que aún los adornaba al salir de la dictadura; deslegitimados ante el genuino proletariado contemporáneo, los jóvenes parias condenados al circuito de los contratos-basura; corrompidos sus principios hasta el tuétano por el dinero del Poder, los sindicatos podrían haber sufrido el miércoles un quebranto irreversible, de haber constituido un fiasco categórico la jornada. Para alivio de sus angustiados padrinos políticos, no ha sido el caso.

Así que también al Ejecutivo le sobren motivos de felicidad a estas horas. Al final, pues, unos y otros han logrado cuadrar los círculos de sus respectivas incoherencias. Y tal vez algo, bastante más. Repárese en que a Elena Salgado le ha faltado tiempo con tal de remitir su particular piquete informativo a los oídos gremiales. Un guiño, ese suyo, que recuerda mucho aquello tan célebre de Romanones: "Haga usted las leyes que ya haré yo los reglamentos". ¿Cómo interpretar, si no, que "lo fundamental" de la reforma laboral seguirá adelante, la estupefaciente capitulación retórica que pronunció en el pleno del Congreso? A saber qué significará la voz "fundamental" en la gramática parda del Adolescente. ¿Acaso que se impondrán los sindicatos y, por tanto, perderá la clase obrera? Veremos.

Libertad Digital - Opinión

Triste empate a nada. Por Benigno Pendás

«En términos objetivos, la huelga de ayer ha sido un rotundo fracaso, pero los promotores salvan el tipo porque el Gobierno los necesita y todavía aportan una apariencia de estabilidad al modelo de relaciones laborales».

JUEGO de suma negativa: nadie gana, pero los ciudadanos pierden. Día triste para una sociedad incómoda consigo misma. Síntomas de tristeza cívica: mirar para otro lado; eludir los conflictos; salir del paso con el menor coste posible. Consejos que suenan a épocas remotas: «perfil bajo»; evitar riesgos; confundirse con el paisaje. La gente se explaya con los amigos, y allí dice lo que piensa sobre la huelga y los sindicatos. Palabras gruesas y gestos a medio camino entre la indignación y la impotencia. Luego, en la fábrica y en la oficina, cada uno juega su papel y procura guardar las formas. Desbordado por la crisis económica, el socialismo posmoderno conduce a la impostura general. El Gobierno no gobierna, acaso porque no puede, pero casi seguro porque no sabe. Los sindicatos afines, tras largos años de complicidad y mansedumbre, despliegan banderas fuera del tiempo y del lugar. Trampas que no engañan a nadie para maquillar los datos: amenazas latentes y violencia efectiva; discurso de fondo contra el PP y los empresarios; retórica trasnochada y actuaciones irresponsables. Sí, ayer fue un día triste para el Estado social y democrático de Derecho que proclama —con orgullo legítimo— la Constitución de todos los españoles.

A corto plazo, empate a nada entre Gobierno y sindicatos. Los servicios funcionan, la industria se paraliza y la vida sigue. Perspectiva a medio plazo, al margen de banderías partidistas. El «Welfare State» ha sido protagonista indiscutible de la teoría política a partir de la segunda posguerra. También del pensamiento económico (keynesianos más o menos ortodoxos), jurídico (derechos sociales) y sociológico (interacción entre Estado y sociedad). Fue el punto de encuentro entre la derecha y la izquierda heridas por la catástrofe de 1939 y sus secuelas. El consenso socialdemócrata alcanzó a sectores muy amplios, incluidos los gaullistas franceses o los democristianos alemanes e italianos. Los «treinta años gloriosos» eran su aval ante liberales dogmáticos o escépticos. Después, el panorama se complica. Servidumbres del socialismo de todos los partidos: descontrol del gasto público, crisis fiscal, hipertrofia sindical y, sobre todo, desempleo, el peor de los males. El idilio deja paso al catastrofismo, sobre todo cuando la izquierda convencional muestra su incapacidad para gestionar la crisis. Marx hablaría del «nuevo lumpen»: los sin casa, sin empleo, sin derechos, sin papeles, sin afiliación política o sindical… En especial, los jóvenes sin expectativas, un drama generacional que exige soluciones urgentes. Se agota la ideología socialista: ya no sirven el «neocorporatismo», el republicanismo cívico o las «terceras vías» que se hunden una tras otra. Los partidos que se identifican con el Estado social no gobiernan ni siquiera en Suecia, viejo paradigma para nostálgicos. Así las cosas, las maniobras con el único afán de sobrevivir no sirven para nada. El sentido de la responsabilidad impone la convocatoria urgente de elecciones anticipadas. Pero ustedes y yo sabemos que no habrá tal cosa: las Cámaras se disolverán el último día y en el último minuto.

¿El futuro? Guardián del interés particular de ciertos trabajadores privilegiados, el «statu quo» sindical pervive por inercia a pesar de las vulgaridades y groserías en sus campañas de promoción. El déficit de representación es patente: nadie hace oír la voz de los parados, de los autónomos o de millones de jóvenes y mayores con empleos precarios. En términos objetivos, la huelga de ayer ha sido un rotundo fracaso, pero los promotores salvan el tipo porque el Gobierno los necesita y todavía aportan una apariencia de estabilidad al modelo de relaciones laborales. Recuerden, sin embargo, que vivimos en el siglo XXI. La sociedad del conocimiento desplaza sin remedio a las viejas centrales, controladas por una burocracia que actúa en beneficio de sectores poco productivos. El modelo sindical en toda Europa (también en España, por supuesto) funciona en forma de oligopolio que excluye a eventuales competidores y depende del dinero público. El poder político les garantiza esa posición prevalente a cambio de una estrategia pactista que contribuye más o menos a la mal llamada «paz social». Rodríguez Zapatero y sus socios de UGT y CC. OO. saben mucho de ese acuerdo poco confesable. Pero lo que funciona a trancas y barrancas en épocas de bonanza no resiste el embate de una situación de emergencia económica. A ello se añade, por razones de coyuntura, un agujero en la caja única de la Seguridad Social y la ceguera consciente acerca del derroche en las administraciones públicas. Hay soluciones realistas. Por ejemplo, plantear el fin de los grandes «consensos» con esa foto inútil para la galería, sustituyendo la retórica del pacto social por una negociación eficaz empresa por empresa. Vivimos en un contexto peligroso para la sociedad de clases medias y las instituciones representativas. Un teórico complaciente con el Estado de bienestar, N. Luhmann, decía en un arranque de lucidez que el «Welfare State» está desbordado por la política, incapaz ahora de resolver los problemas que él mismo ha contribuido a crear. Todos saldremos perdiendo si quiebra el modelo que ha producido la sociedad menos injusta de la historia. Esa quiebra —financiera, política y moral— puede ser consecuencia del egoísmo de unos y la ignorancia de otros. Por eso, frente a la crisis terminal del Estado social no bastan los lamentos ni las ocurrencias. Hacen falta rigor en los principios, eficacia en la gestión y espíritu de sacrificio personal y colectivo.

El mal trago ya pasó. La séptima huelga general de la democracia, acaso la última huelga con parámetros del siglo XIX, ha costado mucho dinero y nos deja un pésimo sabor de boca. Una vez más, el derecho al trabajo sale malparado, en perjuicio de los más vulnerables. Los piquetes, a lo suyo, y los líderes, a disfrazar la evidencia hablando de un «éxito» imaginario. La gran mayoría de los españoles que tienen la fortuna de disfrutar de un puesto de trabajo acudió por voluntad propia a cumplir con su obligación laboral. Alivio general, porque acabó una huelga plagada de imposturas. Para el Gobierno, un buen pretexto que tal vez le permita suavizar medidas que no le convienen a efectos electorales y hacerse fuerte ante Bruselas o ante ese enemigo invisible al que llaman «los mercados». Los sindicatos, terminada la función, vuelven a distribuir subvenciones desde su oficina blindada. No obstante, el deterioro de su imagen es irreparable: lo saben, aunque no lo confiesan. La gente de la calle esconde la rabia y la decepción, junto con una satisfacción mal disimulada porque la coacción ha sido un fracaso. A lo lejos, los parados miran con envidia a unos y a otros: la exclusión social es el gran reto para una sociedad abierta que no puede jugar impunemente con armas que ya solo existen en los libros de historia.

Benigno Pendás, Catedrático de Ciencia Política

ABC - Opinión

Rotundo fracaso de la huelga-trampa: el país da la espalda a ZP. Por Federico Quevedo

Miércoles, nueve de la mañana. Hace frío, bastante. La calle está completamente vacía. Ni un alma. A lo lejos se escucha alguna que otra sirena de la policía. Los bares de la zona están completamente cerrados, a cal y canto. Sólo un poco más abajo se observa como en uno de ellos un empleado levanta un poco la verja para que entre un cliente conocido, y enseguida vuelve a bajarla atemorizado. El quiosco de la esquina también está cerrado. No hay periódicos, y la señal de televisión transmite en un negro profundo. Es mejor volverse a casa y preparase para una larga jornada sin actividad: es miércoles, 14 de diciembre de 1988, y la huelga general ha sido un éxito rotundo. Han pasado 22 años, estamos en otro miércoles, esta vez de septiembre. La gente lleva, con total normalidad, a los niños al colegio. Las calles están llenas, los bares abiertos y alguna tienda empieza a levantar las verjas bajadas la tarde anterior, aunque será a las diez cuando todas ellas abran como si tal cosa. La gente va a trabajar, la mayoría en coche, pero una buena parte en metro y cercanías. Se ven menos autobuses, pero alguno funciona. El quiosco está abierto, es cierto que no hay periódicos a las nueve de la mañana, pero los habrá a lo largo del día. Nadie diría que estamos en otra jornada de huelga general, nadie salvo sus convocantes.

Con la excepción de Barcelona, donde los sindicatos han contado con la inestimable colaboración de los Grupos Antisistema, que es como ahora se llama al terrorismo fascista callejero, y donde se ha creado un ambiente de violencia que prevalece sobre la normalidad general y la masiva asistencia ciudadana al trabajo. Y con la excepción de Asturias, donde por otras razones que tiene que ver con el futuro de la minería, lo cierto es que la jornada de huelga general convocada para ayer por las centrales sindicales fue un rotundo e inapelable fracaso.

Bien, dejemos de lado la corrección política: a la izquierda sectaria le ha salido el tiro por la culata. Los ciudadanos de este país no están para bromas, ni para engaños, ni para estafas, y eran bastante conscientes de que esta huelga era un apaño entre Rodríguez y su amigo Méndez, y les han dado la espalda a ambos. Que los ciudadanos hayan acudido masivamente a sus puestos de trabajo no puede considerarse un éxito del Gobierno, sobre todo después de ver como arrimaba el hombro con las centrales sindicales para intentar evitar lo que al final ha sido inevitable. El rechazo a la huelga es también un rechazo a Rodríguez y a su política errática y mentirosa que nos ha conducido a la peor de nuestras crisis y a esa cifra terrible de los casi cinco millones de parados.

Hoy, por supuesto, será inevitable la guerra de cifras -ya lo fue ayer-, pero hay datos que son demoledores para los sindicatos. De entrada, no consiguieron su principal objetivo: parar Madrid. El metro funcionó casi al cien por cien y sólo los autobuses de la EMT circularon con una intensidad muy inferior a la normal, aunque finalmente se consiguieron cumplir los servicios mínimos. Las calles estaban llenas de gente que acudía a sus puestos de trabajo, las tiendas abiertas y los locales de restauración funcionando a pleno rendimiento daban fe de lo obvio: la huelga era un fracaso.

Como fuente de confirmación sirva el dato de consumo de energía eléctrica: la menor caída de consumo de todas las huelgas generales habidas hasta ahora, muy lejos además de las dos precedentes, y no digamos de la ya histórica del 14-D de 1989 cuando, de verdad, se paró todo el país. La industria ha sido el único sector de actividad que ayer registró un seguimiento mayor de la huelga, pero a estas alturas la industria tiene un peso muy poco representativo en nuestro sistema productivo. Y tampoco ahí el paro fue masivo, aunque sí algo por encima de la media del resto de la actividad laboral del país. Se intente coger por donde se intente coger, solo cabe una lectura de la jornada de ayer, la del fracaso y la de que ni siquiera con violencia han sido capaces las centrales sindicales de imponer el paro general.

Violencia contra derechos fundamentales

Porque violencia hubo. Y esta debe ser la primera reflexión a la que nos lleve lo ocurrido el 29-S: si para que un país secunde la iniciativa sindical, es necesario recurrir a la coacción para impedir el derecho fundamental de cada ciudadano a trabajar y coartar su libertad, es que algo falla y ese algo no es otra cosa que las propias centrales sindicales y su papel como representantes de los trabajadores.

Que ese papel estaba y está en entredicho es una obviedad que además se ha puesto de manifiesto en esta crisis, cuando las cifras del paro iban en aumento y, sin embargo, los sindicatos se hacían cómplices de una política económica nefasta y trasnochada fundamentada en ese obsoleto principio keynesiano según el cual un mayor gasto público conduce a aumentar el PIB y generar más empleo. Los hechos son tozudos a la hora de desmentir ese axioma. Pero es que tampoco después los sindicatos han sido coherentes con sus propios principios, y han convocado una huelga supuestamente contra una reforma laboral que ya está aprobada y que ellos mismos saben que no van a conseguir parar bajo ningún concepto. Será, por tanto, la primera vez que una huelga general no sirva para que los sindicatos dobleguen la voluntad de un Gobierno… A lo mejor porque no querían que eso pasara. ¿Cuál era entonces el motivo real de esta huelga?

Llegados a esta conclusión, la de que Gobierno y sindicatos han estado buscando hacerse el menor daño posible, solo cabe entender la huelga si la misma tenía otro objetivo: la derecha política ( o sea, el PP) y la derecha social (los empresarios). Era obvio. Ya desde la aparición de los primeros videos obscenos y casposos de UGT protagonizados por Chikilicuatre, se le vio el plumero al sindicato hermano de Ferraz. No iban a por Rodríguez, iban a por la derecha. Había que volver a darles a los Bardenes y compañía un motivo para salir a la calle, para revivir antiguas tentaciones pancarteras contra el PP, y qué mejor oportunidad que la de hacerles responsables de la crisis con la excusa de una reforma laboral con la que, realmente, los sindicatos han tragado a regañadientes a cambio de que Rodríguez les permitiera un gesto -la huelga- que les reconciliara con su base social. De haber querido parar la reforma, las cosas se hubieran hecho de otra manera, y eso lo saben muy bien el señor Méndez y el señor Toxo, sobre todo éste último, que al principio se creyó las intenciones del líder ugetista y puso una primera fecha para la huelga… en junio.

Huelga a plazos

Pero no se trataba de eso, sino de acabar volviendo la protesta contra los empresarios y el PP. Por eso los sindicatos convocaron una huelga a plazos, entregada en fascículos de Planeta D’Agostini, y por eso el Gobierno acaba pactando -primera vez que ocurre en toda la historia de la democracia- los servicios mínimos -irrisorios, claro- con los sindicatos, conscientes de que en Madrid, si el Gobierno regional se empeñaba en hacer respetar el derecho fundamental al trabajo, tenía que imponer unos porcentajes de servicios mínimos mucho mayores, y que eso acabaría en conflicto. Pero les ha salido mal. A unos y a otros, porque la gente está hasta las narices de Rodríguez, de los sindicatos, y de esta izquierda sectaria y prepotente que intenta imponer sus tesis por la vía de la coacción y el amedrentamiento.

¿Qué va a pasar? Nada, supongo. Rodríguez se volverá a sentar con los sindicatos cuando estos crean que ha pasado un tiempo prudencial para evitar quedar demasiado en evidencia, y pactarán la reforma de las pensiones fuera del Pacto de Toledo. Y ya está. Porque lo que verdaderamente debería de pasar, que es una reflexión a fondo sobre el papel de los sindicatos, el modo en el que siguen atrofiados en un modelo sindical de principios del Siglo XX, y su futuro a principios del Siglo XXI, habrá que dejarla para más adelante, cuando ya no está Rodríguez. Pero no les quepa duda: ayer Méndez y Toxo firmaron su sentencia de muerte… sindical. Son muchas las cosas que están cambiando y que van a cambiar, y desde ayer esa va a ser una de ellas.

El Confidencial - Opinión

No es el momento, señor ministro

Ayer era el día en que Pérez Rubalcaba estaba obligado a sobreponer su condición de ministro de Estado a cualquier otra consideración de índole personal o partidista. Eso comportaba la adopción de medidas que podían desagradar a los sindicatos en tanto que limitaban la capacidad saboteadora de los piquetes y garantizaban el derecho a trabajar de quienes no deseaban secundar la huelga. Se esperaba del ministro del Interior que actuara con la competencia y eficiencia de otras veces, a las que no hemos ahorrado elogios. Sin embargo, parece que Rubalcaba ha actuado atendiendo al cálculo más beneficioso para sus aspiraciones políticas en vez de cumplir sus deberes como ministro, lo que implicaba mantener el orden y defender los derechos de los trabajadores a trabajar. No es comprensible, por ejemplo, la ausencia de la Policía en centros neurálgicos de transportes o la facilidad con la que han actuado los piquetes, hasta el punto de que la huelga de ayer pasará a la historia laboral como la más violenta de todas. Nunca como ayer se había puesto de manifiesto la deriva de ciertos dirigentes sindicales hacia eso que se ha dado en llamar «sindicalismo-borroka», síntoma de un deterioro orgánico que afecta al corazón mismo de las organizaciones obreras. Lo que en pasadas huelgas generales fueron actos vandálicos aislados de descontrolados, en la de ayer adquirieron un protagonismo y una extensión desmesurados. Ningún sindicato respetuoso con el trabajador puede avalar tales desmanes, pero sorprendentemente así ha sido en Madrid, ciudad que los sindicalistas se propusieron infructuosamente paralizar. En todo caso, el guante blanco con el que el Gobierno en general trató ayer a los huelguistas no sirvió para que los trabajadores y los ciudadanos secundaran ampliamente la protesta. Una simple comparativa con la huelga de 2002 revela que la de ayer quedó a años luz. La mayoría de los indicadores, desde el consumo energético hasta las cifras de asistencia al puesto de trabajo en todos los sectores (Administración, comercio, Sanidad, etc), salvo en el industrial, son mucho más elevados que los registrados hace ocho años. Y si entonces fueron más de dos millones los manifestantes en toda España, ayer apenas si llegaron al millón según los cálculos más banévolos. La conclusión de la jornada vivida ayer es muy negativa para una burocracia sindical que ha sido cómplice de una política económica destructora de empleo. Y marca un antes y un después en la decadencia de un sindicalismo obsoleto, lastrado por el sectarismo ideológico y corrompido por un sistema de subvenciones públicas. Han dilapidado el caudal de prestigio acumulado desde la Transición y se han convertido en gestoras de sus propios intereses y privilegios. La ampulosa retórica desplegada por los dirigentes de UGT y CC OO, proclamando un éxito que sólo han visto ellos, carece de convicción y credibilidad, pero sobre todo de la fuerza necesaria para obligar al Gobierno a dar marcha atrás en la reforma laboral. El paisaje tras la refriega no puede ser más ruinoso en términos económicos y morales, con un coste inasumible para un país que pugna por salir de la crisis.

La Razón - Opinión

Llamada a la reflexión

El desigual seguimiento de la huelga favorece las propuestas de negociación social del Gobierno

La huelga general del 29 de septiembre se ha cerrado con un discreto éxito para los sindicatos, decidido prácticamente en el momento en que el Ministerio de Fomento selló unos servicios mínimos para el transporte generosos con los intereses sindicales, y muy poco coste político para el Gobierno, que no recibió ayer de la ciudadanía un mensaje abierta y masivamente contrario a su política económica. Tal como muestran los indicadores económicos más fiables, como el consumo de energía eléctrica, el seguimiento del conflicto se aproxima más a los moderados porcentajes que ofrece el Gobierno que a ese 70% que reclaman los sindicatos. Si la medida del triunfo es la pretensión de UGT y CC OO de "parar el país", lo cierto es que ayer no lo consiguieron. Ni siquiera pueden reclamar el capital popular para exigir la eliminación de la reforma laboral y la rectificación de las decisiones económicas de los últimos meses.

Abstracción hecha de los lamentables sucesos de Barcelona, protagonizados por okupas, sin relación directa con la convocatoria, fue reducido el número de brotes violentos, una demostración convincente de que huelga general y caos destructivo no son sinónimos. Pero lo que importa después de la jornada del 29 de septiembre es extraer las consecuencias políticas de la huelga, para el Gobierno, para los sindicatos y también para la oposición parlamentaria. El hecho es que el malestar creado por la política de recortes del gasto, limitación de algunos derechos sociales y congelación de las pensiones no se concretó ayer en una huelga masiva. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que aprueben la gestión de la crisis que ha realizado hasta ahora el Ejecutivo; más bien la rechazan. Pero son muy conscientes de las gravísimas dificultades de la actividad económica y del mercado laboral, muchas de las cuales no proceden de decisiones políticas. También perciben, y así lo demostraron, que una huelga general no resuelve esos problemas.

Los sindicatos, por tanto, también están llamados a la reflexión. Si, como se presume y es deseable, el Gobierno mantiene la línea de austeridad en el gasto público, prosigue una reforma laboral que necesita muchas mejoras e insiste en negociar una modificación en el sistema de cálculo de las pensiones, UGT y CC OO tendrán que aceptar la negociación y la colaboración en la tarea. No tendría credibilidad alguna la convocatoria de otra huelga general. Y el enfrentamiento directo con el Ejecutivo no disuelve el problema real de la recesión española: no hay actividad económica suficiente para generar empleo y la red de protección social solo puede financiarse con deuda cuyos prestatarios exigen un plan de ajuste convincente.

En ese sentido, las ofertas del presidente del Gobierno a los sindicatos para negociar los cambios en el sistema de pensiones son una aproximación muy sensata a la realidad. Con el paso de los días, UGT y CC OO empezarán a entender que es más útil formar parte de una negociación que oponerse a ella con el pretexto de defender a ultranza unos derechos sociales que no se pueden pagar a largo plazo salvo si se toman las decisiones adecuadas en el corto. Es mucho más útil para las organizaciones sindicales estar dentro de este debate que fuera.

Resulta notable la inhibición de la oposición parlamentaria. En el caso del PP, la táctica ha sido la de no respaldar la huelga, por razones ideológicas obvias, pero sin rechazarla con la rotundidad propia de una descalificación, en tanto que será un factor de desgaste del presidente. Pero en política, las causas y los efectos no siempre se siguen necesariamente en la misma proporción. Si el Gobierno consigue sumar a los sindicatos en una negociación seria en torno a las pensiones, no saldrá muy dañado de la huelga de ayer.

El País - Editorial

Los ciudadanos se liberan de los sindicatos

Claro que esta huelga "debe tener consecuencias"; sólo que, visto su clamoroso fracaso, deberían de dirigirse contra los sindicatos y contra el Gobierno.

Está claro que UGT y CCOO no han podido evitar este miércoles, ni siquiera con la fraudulenta y violenta ayuda de sus "matones informativos", el que con creces ya podemos considerar el mayor fracaso de una huelga general en toda la historia de nuestra democracia. Con una patética media de seguimiento que como mucha ronda el 12%, la jornada de paro de este jueves ofrece datos tan ridículos como el de un 7,5% entre los funcionarios públicos, entre el 2% y el 4% en los supermercados, un 10% en el resto de comercios, un 3% en hostelería... Eso, por no hablar del nulo seguimiento entre los autónomos.

En los sectores en los que el ridículo sindical ha sido menos clamoroso es precisamente donde la presión de la violencia de los piquetes se ha hecho más presente. Con todo, los trabajadores del sector del transporte que, ya sea por convicción o por temor, han secundado el paro apenas alcanzan el 21%. Otro tanto podríamos decir del 23,8% de los trabajadores de las empresas públicas.

Ante estos datos, facilitados por el propio Gobierno, no sabríamos decir qué nos ha resultado más patético: si ver a un desolado Corbacho calificar el seguimiento como "desigual y moderado", o ver a los desvergonzados líderes sindicales hablar de un 70% de participación en una jornada de huelga en la que el consumo de electricidad apenas ha caído un 16%.

Aunque los sindicatos digan que esta jornada de huelga "debe tener consecuencias", la primera debería de ser, visto su sonoro fracaso, que Cándido Méndez y Ignacio Fernández Toxo presentaran inmediatamente su dimisión al frente de UGT y CCOO. Con todo, no es sólo una cuestión de personas o de liderazgos, sino de los propios sindicatos, que han demostrado su nula capacidad a la hora de representar a los trabajadores tanto como han demostrado ser cómplices de una política que nos ha llevado al borde del abismo. A estos privilegiados vividores del trabajo ajeno ya se les debería haber recortado hace tiempo las subvenciones como consecuencia de una crisis que primero se negaron a admitir y a la que luego contribuyeron a agravar con su inmovilismo y su apuesta por el gasto público y la conservación de una obsoleta regulación laboral. Ahora todavía hay más razón para cortarles el grifo, vista su escasísima capacidad de representar a los trabajadores.

Claro que el sonoro fracaso sindical también debe tener consecuencias para el Gobierno socialista. Y es que Zapatero, con la excusa de la supuesta representatividad de estos grupos de presión, a los que maquilla como agentes sociales, ha dejado aparcadas reformas que desde hace años pide a gritos nuestro encorsetado mercado laboral. La rémora sindical, con la que Zapatero tantos desvaríos ideológicos comparte, ha sido también decisiva para explicar el tardío y escaso giro emprendido por el Gobierno para evitar la bancarrota.

Si los ciudadanos que han decidido liberarse de los sindicatos acudiendo masivamente a sus puestos de trabajo, quieren también mantenerlos al margen de sus bolsillos y liberarse de su tutela a la hora de negociar sus relaciones laborales, será necesario un cambio político en las urnas que lo haga posible. Sólo falta un partido que quiera liderar sin complejos esta rebelión cívica que, también en defensa de los desempleados, millones de trabajadores hemos emprendido con el solo hecho de ir a trabajar.

Libertad Digital - Editorial

Derrota sindical y del Gobierno

El descrédito del Gobierno y los sindicatos ha sido la causa de que la convocatoria de huelga quedara reducida a paros sectoriales y, ante la impotencia sindical, a altercados de orden público.

LOS sindicatos convocantes de la huelga general estaban dispuestos a calificarla como «éxito» cualquiera que fuera su seguimiento; y el Gobierno estaba decidido a on ir más allá en sus valoraciones de resaltar anodinamente la «normalidad» del paro.

Este guión se cumplió estrictamente porque UGT, Comisiones Obreras y el Ejecutivo socialista no deseaban romper la cuerda que los sigue uniendo por intereses recíprocos. Por eso tampoco hubo guerra de cifras, aunque lo lógico es que un Gobierno las dé en una jornada de paro nacional. Tampoco resultaron imprescindibles para hacerse una idea de cómo se desarrollaron los acontecimientos. Es evidente que la huelga no fue general, en absoluto, sino que se descompuso en paros sectoriales, más intensos en industria, siderurgia, puertos y, con matices, transportes; y mucho menos relevante en comercio, sanidad, servicios o educación. Si los piquetes sindicales violentos no hubieran sellado cerraduras, intimidado a comerciantes, bloqueado carreteras, acosado a trabajadores o atacado camiones y autobuses, la libre actividad de los ciudadanos habría reducido aún más los efectos de la huelga.

La violencia de los piquetes sindicales estuvo presente en las grandes ciudades y núcleos industriales, pero el ministro de Trabajo prefirió elogiar la «responsabilidad» con la que los sindicatos estaban ejecutando la huelga. Estas palabras, junto a la nueva oferta de diálogo hecha a las organizaciones sindicales ayer mismo por el presidente del Gobierno, no son sino expresiones del juego de imposturas con el que los sindicatos y el Ejecutivo resolvieron no hacerse daño. No en vano, el Gobierno pactó con los sindicatos unos irrisorios servicios mínimos que, en algunos casos, tampoco se cumplieron. En el plano político, a unos y a otro les falló una pieza de su estrategia, la Comunidad de Madrid, donde los sectores en los que el Ejecutivo autonómico fijó servicios mínimos por decreto —transportes, sistema sanitario, colegios— funcionaron por encima de las previsiones más optimistas. España no paró, y Madrid menos aún, dejando a los sindicatos y el Gobierno socialista sin chivo expiatorio; y a los ciudadanos, con argumentos para preguntarse por qué el Ministerio de Fomento no fue tan exigente en defender la libertad de movimiento como lo fue el Gobierno autonómico madrileño.

Pero el principal motivo por el que la huelga de ayer no fue general es la opinión que la sociedad española ya tiene formada sobre esta crisis y el papel que el Gobierno y los sindicatos han jugado y siguen jugando en ella. Los ciudadanos no reconocen a los sindicatos legitimidad para liderar una protesta general, después de haber sido acompañantes de cámara del enrocamiento de Zapatero contra la crisis y, ahora, por organizar una huelga que esconde al Gobierno de sus verdaderas responsabilidades, diluyéndolas en acusaciones contra la derecha, el mercado y los empresarios. Este descrédito del Gobierno y los sindicatos fue la causa de que la convocatoria de huelga quedara reducida a paros sectoriales y, ante la impotencia sindical, a altercados de orden público. Especialmente en las grandes ciudades, la reacción ciudadana fue un indicador del hastío e indiferencia que siente la sociedad española hacia quienes consideran principales responsables de la actual falta de perspectivas laborales y económicas.

Ahora, los sindicatos y el Gobierno comenzarán una táctica de acuerdos y desacuerdos, con el desarrollo reglamentario de la reforma laboral y las modificaciones en el sistema de pensiones como telón de fondo, sabiendo que es más lo que los une que aquello que los separa. Rodríguez Zapatero inicia en Cataluña dentro de dos meses una temporada electoral para la que necesita la movilización de todo su electorado y precisa que las bases sindicales —que no sus dirigentes— dejen de pedir su dimisión a gritos. Los sindicatos, por su parte, saben que la debilidad de Zapatero es su mejor baza y que deben explotarla sin llegar a un punto de no retorno. Pero el Gobierno tiene un margen muy estrecho para revertir sus decisiones de recorte de gasto público y de reforma laboral con una previsión del 20 por ciento de paro para 2011 y todos los mercados y organismos financieros internacionales pendientes de que no haya una mínima marcha atrás. En mayo pasado, Bruselas prohibió a Zapatero que siguiera jugando con dos barajas frente a la crisis. Su Gobierno sigue tutelado y no podrá contentar a los sindicatos sin granjearse nuevas desconfianzas en el exterior.

Además, Zapatero tiene pendiente una crisis de Gobierno inmediata, porque la huelga del 29-S era el término final para el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, cuyo destino político es la candidatura de los socialistas de Cataluña en las próximas autonómicas de esta comunidad. Según utilice esta oportunidad, Zapatero podrá lanzar un mensaje de cierta renovación interna y de impulso político o, por el contrario, demostrará la falta de proyectos y el estado de resignación y supervivencia en el que, a todas luces, se encuentra. Finalizada la huelga que no fue general del 29-S, la situación no ha cambiado, salvo en el desgaste aún mayor que han sufrido el Gobierno y los sindicatos, por haber adulterado sus papeles institucionales en una situación de crisis. La sociedad se ha dado cuenta y ayer lo demostró.

ABC - Editorial

Huelga General 29-S

Huelga general. Madrid de Esperanza a checa. Por Agapito Maestre

A este sindicalismo sólo le queda una opción: presentarse como una avanzadilla del "izquierdismo fascista", a saber, sustituir todos los mecanismos del dialogo, del consenso, en definitiva, de la política por la "acción directa".

Una vez que el Borbón se ha entregado a los sindicatos, es decir, a Zapatero, ya no podrá decirse que la "izquierda fascista", uso el término en sentido habermasiano, pretenda convertir la corte en una checa. No. Su única aspiración es quitarnos a Esperanza de la capital de la corte. La izquierda fascista, que renuncia a la política y se deja llevar por la violencia, tiene un objetivo fundamental: eliminar a Esperanza Aguirre. El asunto de Juan Carlos I es un problema menor. Allá el Borbón con su conciencia. Los representantes de los sindicatos no han necesitado retorcer la voluntad del Rey. Hace tiempo, mucho tiempo, que el Borbón come en sus manos. Es un Rey, dicen los socialistas, republicano; por eso, precisamente, el Rey de España hace huelga. En tiempos revueltos e ingobernables, en tiempos de Zapatero, no hay nada mejor que crear un poquito más de confusión para que la cosa sea absolutamente caótica. Es nuestro futuro: la ingobernabilidad. Atento, Rajoy.

El Borbón quería sorprendernos anunciando que no trabajaría el día 29 de los corrientes, pero, en mi opinión, no lo ha conseguido. Aunque menos dramático, su proceso de deslegitimación es tan viejo como el de los propios sindicatos. Él no es necesario, mientras que el sindicalismo, un buen funcionamiento de los sindicatos, es imprescindible para el desarrollo de cualquier sociedad democrática. Los sindicatos y las patronales son piezas relevantes de un Estado social vertebrado de modo capitalista. Es más preocupante, pues, la deslegitimación de los sindicatos que la de la Corona. A los sindicatos CCOO y UGT la Constitución les concedió una legitimidad para actuar en el proceso político que hace tiempo perdieron para quedarse reducidos a ser algo peor que correas de transmisión del PSOE, a ser avanzadillas violentas de la "izquierda fascista".

Los sindicatos quieren paralizar Madrid a través de la violencia. Punto. Su lenguaje guerracivilista los delata. No hay reivindicaciones concretas y exactas. Ni servicios mínimos ni nada. Hasta hoy todo han sido amenazas y violencia verbal. Violencia y, por supuesto, ideología. Terrible mezcla. Esperemos lo peor; por lo tanto, callen los listillos que mantienen que las consecuencias de esta huelga podrían escribirse antes de realizarse. Muchas son las novedades que trae este conflicto, este teatrillo montado por Zapatero, Toxo y Méndez, para el futuro de los propios sindicatos como para su relación con el sistema político. Su convocatoria a todas luces desfasada respecto al desarrollo de la crisis económica, largamente preparada en el tiempo y, además, valorada con escepticismo por los propios sindicalistas son factores que conforman un panorama sindical y político oscuro y terrible.

No será lo peor los 20.000 millones de euros que, según los expertos en datos aritméticos, le costará a la economía nacional esta huelga. Hay algo aún más grave, a saber, el proceso de deslegitimación de los sindicatos llegará al punto de convertirse en un mero poder vicario del socialismo de Zapatero, o peor, una avanzadilla del "Linkfaschismus" que trata de implantar la "socialdemocracia negra" de Zapatero para que esta Nación sea absolutamente ingobernable en el futuro. Esta huelga integra de lleno a los sindicatos en el proceso de vaciamiento de las instituciones que inició Zapatero hace años. Los sindicatos CCOO y UGT, auténticos grupos de presión, legitimados por la Constitución pasarán a partir de ahora a tener como único garante al Gobierno. La huelga sólo retóricamente se hace contra el Gobierno. Basta ver la reacción agresiva y violenta de los sindicatos con los agentes políticos de la comunidad más próspera y democrática de España, Madrid, para saber que el objetivo no es otro que amedrentar al adversario político. Insisto en el argumento: la simple movilización agresiva y violenta de los sindicatos ya le da la razón al Gobierno; pero si por casualidad la huelga fuera también un éxito de seguimiento, el garante y canal de ese triunfo nunca sería un gobierno popular sino el Gobierno de Zapatero.

Quizá sea cierto que el principal motivo de esta huelga, a todas luces irracional, no sea otro que la necesidad de los funcionarios sindicales de reivindicar su función en una sociedad que pasa de ellos. Son sindicatos de empleados que luchan contra ellos mismos, pues que no deja de ser una paradoja dramática que se refieran a los trabajadores del siglo XXI como si fueran esclavos del siglo XIX. Pero, en mi opinión, es aún más triste que a través de esta huelga, que ya ha sido puesta en cuestión por la sociedad española, los sindicatos busquen un poco de legitimidad para su futuro. Llegan tarde. Por desgracia para toda la sociedad española, CCOO y UGT han agotado toda su credibilidad. La legitimidad que les concedió la Constitución de 1978 ha sido derrochada. Su ejercicio ha sido tan desastroso que millones de trabajadores españoles los desprecian.

CCOO comenzó su declive definitivo al sustituir a su antiguo secretario general, Fidalgo, un hombre riguroso, trabajador, abierto y siempre dispuesto a sacar al sindicato de esa contradicción cruel en que lo dejó sumido la Transición; o sea, Fidalgo tenía la voluntad de eliminar de CCOO esa obsesión revolucionaria de algunos sindicalistas por presentarse como un sindicato de clase, cuando de puertas adentro pactaban con el resto de agentes sociales por el buen funcionamiento del sistema capitalista. Por desgracia, Fidalgo perdió. Se marchó asqueado. Sabía lo que venía. Desapareció un dirigente sindical moderno, y en su lugar vino un equipo de monstruitos estalinistas. De Méndez, el rostro visible de UGT, lo mejor que se ha dicho es que actuó durante años como "vicepresidente tercero" del Gobierno Zapatero, que ha traído cinco millones de parados.

Así las cosas, a este sindicalismo sólo le queda una opción: presentarse como una avanzadilla de eso que mi maestro, Jürgen Habermas, llamó el "izquierdismo fascista", a saber, sustituir todos los mecanismos del dialogo, del consenso, en definitiva, de la política por la "acción directa". Por la violencia fundamentada en el resentimiento: culpar a otros de nuestros defectos. El fascismo de izquierdas, sí, es un revival de los años sesenta para la segunda década del siglo XXI. El zapaterismo es una de sus formas mediterráneas. Preparémonos para combatirlo. Lean, pues, el último libro de Peter Sloterdijk, La rabia y el tiempo (Siruela) y sabrán que el zapaterismo también es la fruta más venenosa del árbol del resentimiento.

Libertad Digital - Opinión

Huelga general. El 29-S y la causa de la libertad. Por Emilio J. González

La cuestión no es si UGT y CCOO consiguen o no paralizar el país o, al menos, Madrid; ni tampoco si, al final de la jornada, ha ganado el Gobierno, los sindicatos o el PP. La cuestión es si dejan que los ciudadanos puedan optar libremente por trabajar.

Si alguna virtud tiene el 29-S es la de poner en evidencia la verdadera naturaleza del sindicalismo oficialista español. UGT y CCOO han convocado una huelga general y nadie sabe realmente cuál es el motivo, porque los dos sindicatos han permanecido callados mientras la crisis destruía empleos a mansalva por no molestar a un Gobierno 'amigo', que se porta de forma tan generosa con ellos a base de subvenciones públicas. Esto lo entiende todo el mundo y, por ello, han perdido casi 300.000 afiliados en los últimos doce meses.

En cambio, en Madrid, la huelga tiene otro carácter. No es un paro contra la crisis, ni contra los gobernantes que nos han metido de hoz y coz en ella y no hacen nada para sacarnos del profundo pozo en el que hemos caído. No es una protesta por los millones de parados que está dejando tras de sí el zapaterismo, muchos de los cuales ya están perdiendo el derecho a la prestación por desempleo y, por tanto, el único medio de vida que les quedaba sin que en el horizonte se atisben posibilidades de que vayan a poder encontrar pronto otro trabajo, sobre todo los mayores de 45 años. No, en Madrid es una huelga política contra el Gobierno legítimamente elegido de Esperanza Aguirre, que ha hundido las expectativas y las posibilidades de que la izquierda pueda triunfar en esta autonomía. Y los sindicatos, que se saltan a la torera la voluntad de los ciudadanos expresada libremente en las urnas, están dispuestos a que las cosas cambien por las malas si no se consigue por las buenas desplazar al PP del poder en Madrid. Por ello, la convocatoria de Madrid tiene todas las características de una huelga política, cuando este tipo de movilizaciones están prohibidas. Esos son nuestros sindicatos, que se pasan la ley por el arco del triunfo a conveniencia.

Lo mismo ocurre con la asistencia al trabajo. Dicen UGT y CCOO que el derecho a la huelga prevalece sobre el derecho al trabajo. Que yo recuerde, sin embargo, la Constitución no dice nada de eso y protege los dos derechos por igual, por considerarlos fundamentales en un sistema democrático y de libertades. Nuestros sindicatos, sin embargo, sólo entienden de libertad lo que les conviene y para lo que les conviene y se creen que, por decir que todo es en nombre de los trabajadores, están legitimados para poder hacer lo que quieran y como quieran, mientras una parte de la sociedad los mira con complacencia porque sigue pensando que si las cosas vienen de la izquierda nunca pueden ser malas 'per se'. Pues ese es un gran error porque nadie puede ni debe saltarse los preceptos constitucionales a la torera, ni en nombre de Dios, ni de la patria, ni del pueblo, porque supone la quiebra del Estado de Derecho, de las libertades y de la democracia y, de alguna forma, legitima al adversario para hacer lo mismo.

La libertad no entiende de partidos ni ideologías, ni tiene más causa que su defensa en nombre de ella misma, que es el bien superior, no una religión, una patria o la clase trabajadora. Todo lo demás es un atentado contra la misma, venga de donde venga y lo promueva quien lo promueva. Y en esto no hay distinción ideológica que valga porque cualquier pensamiento que restringa la libertad en un sistema político, incluso la de aquellos que quieran acudir a su puesto de trabajo, es un comportamiento dictatorial tan condenable si procede de la derecha como si lo promueve la izquierda. Por desgracia, esta lección de convivencia que trataron de impartir quienes promovieron a mediados de los 70 una transición pacífica hacia la libertad y la democracia no ha calado entre nuestros sindicatos ni entre quienes los respaldan desde la política y la sociedad.

La cuestión, por tanto, no es si UGT y CCOO consiguen o no paralizar el país o, al menos, Madrid; ni tampoco si, al final de la jornada, ha ganado el Gobierno, los sindicatos o el PP. La cuestión es si dejan que los ciudadanos puedan optar libremente por trabajar o si, por el contrario, les imponen por la fuerza el quedarse en casa a base de incumplir los servicios mínimos en el transporte, impedir la apertura de comercios y oficinas con sus tácticas habituales o utilizar los piquetes para amedrentar, por decirlo de alguna manera, a todo aquel que, en el ejercicio de su libertad, se niegue a sumarse a los deseos de los sindicatos.

Habrá personas que digan que en la lógica de la huelga está el empleo de estos medios para que los sindicatos consigan los fines que persiguen, que esa es la propia naturaleza de la huelga. Una naturaleza revolucionaria, dicho sea de paso. Pero lo cierto es que cualquier acción que impida a las personas ejercer el derecho a elegir en libertad entre trabajar o secundar el paro es una acción contra los derechos fundamentales y los pilares básicos de la libertad, es un atentado flagrante contra esta última y eso no lo cambia el que la huelga esté convocada por los sindicatos, porque si estos toman a la sociedad como rehén por la fuerza, habrán quebrantado los fundamentos de la libertad. ¿Para cuándo una ley de huelga que lo impida?

Libertad Digital - Opinión

¿Son demócratas los sindicatos?. Por Edurne Uriarte

La infinita tolerancia hacia el método violento es tal que los sindicatos ni siquiera se molestan en disimular los llamamientos a la coacción.

Si la pregunta que titula esta columna se refiriera a los partidos políticos y éstos fueran practicantes asiduos de los métodos utilizados por los sindicatos en sus movilizaciones, es decir, los piquetes coactivos, la respuesta sería negativa. Lógicamente negativa. Lo que no tiene lógica dentro de las democracias avanzadas es que unos principios elementales exigidos a todas las demás organizaciones sociales y a los propios ciudadanos, el respeto a la libertad de los demás y el uso de métodos pacíficos, no cuenten para los sindicatos. Para enjuiciar, en este caso, su madurez democrática. La coacción ha sido admitida en todas y cada una de las huelgas sindicales sin que las credenciales democráticas de los sindicatos les hayan sido retiradas. Sin un debate político que haya trascendido más allá de los días de huelga.

Y no creo que la convocatoria de hoy vaya a constituir una excepción en la historia de los piquetes coactivos. La infinita tolerancia hacia ese método violento es tal que los sindicatos ni siquiera se molestan en disimular los llamamientos a la coacción. Como en esa circular de CC.OO. a sus afiliados que leemos desde ayer en abc.esadvirtiendo de la imposibilidad de acceder al trabajo en el aeropuerto de Barajas y con el aviso añadido de que «no pongáis en peligro vuestra integridad física».

Con toda esa tolerancia acompañada en muchos casos de la pasividad policial, veremos qué ocurre hoy, pues los dirigentes de algunas instituciones están muy preocupados por garantizar el derecho a la huelga, pero muy poco por el derecho al trabajo o por la libertad de movimientos de los ciudadanos.
La única novedad en esta huelga es que se ha abierto por fin el debate sobre lo obvio, sobre la legitimidad de la coacción y la violencia en un estado democrático. O sobre la revisión de la lamentable excepcionalidad democrática de los sindicatos.

ABC - Opinión

Réplica a Almudena Grandes. Yo no voy. Por Albert Esplugas Boter

Porque digan lo que digan Zapatero, Almudena Grandes o los liberados sindicales, el sector privado es el motor de la economía. Porque ni el Estado, ni los funcionarios, ni los sindicatos y artistas regados con dinero público pueden subsistir sin nosotros.

Porque quiero vivir mejor de lo que vivieron mis padres. Porque no es justo que las clases productivas paguen la cuenta de una crisis causada por la intervención del Estado en el sistema monetario y un gasto público insostenible. Porque Zapatero se ha empeñado en negar la realidad que todos veían y a mentir a los ciudadanos, haciendo dejadez de su responsabilidad. Porque Rajoy ha preferido la demagogia a la crítica constructiva y las soluciones impopulares.

Porque este Gobierno no ha recortado los impuestos a las familias y a las empresas para que ahorren e inviertan más, creando empleo y riqueza. Porque ha animado a los hogares en números rojos a consumir todavía más para que no se resienta la "demanda agregada" keynesiana. Porque no ha reducido sustancialmente el despilfarro público para que el sector privado disponga de más recursos para reestructurarse. Porque, además, no ha reformado el rigidísimo mercado laboral español a tiempo para evitar que la tasa de paro se disparara al 20%.

No se puede admitir que habiendo tanta gente que no puede trabajar queriendo hacerlo, los afortunados que sí pueden no lo hagan en protesta por una tardía reforma que al menos abaratará un poco el despido y la contratación, promoviendo la movilidad laboral. Porque ninguna ley debería forzar a una parte de la población a permanecer desempleada habiendo empresarios dispuestos a contratarlos bajo condiciones que los parados aceptarían. Porque las partes deberían poder negociar y pactar libremente sus contratos, sin limitaciones impuestas desde fuera. Porque el "derecho a la huelga" es en realidad el privilegio de saltarte unilateralmente un contrato de trabajo sin que el empresario pueda despedirte.

Porque es lamentable que en España esté tan arraigada la mentalidad de funcionario y no haya más cultura emprendedora, más ganas de lanzarse a competir y lograr metas por uno mismo. Porque hay gente que piensa que deben privatizarse las ganancias pero las pérdidas hay que sufragarlas entre todos. Porque algunos creen que tienen derecho a todo sin hacer nada. Porque ser solidario no es pedir que los demás paguen más impuestos sino que tú eches una mano a alguien que lo necesita.

Porque esta crisis del modelo socialdemócrata vigente está sirviendo para que los socialistas más recalcitrantes proclamen el fin del capitalismo y defiendan una huida hacia delante. Porque en todo el mundo occidental ha habido una oleada de nacionalizaciones, rescates públicos y "estímulos" que se han demostrado inútiles para la recuperación. Porque Occidente debería recordar que la economía planificada lleva a la miseria y la esclavitud. Porque detrás de la economía planificada viene la "democracia popular" y los recortes de derechos civiles. Porque siempre habrá algún grupo de interés, o un premio Nobel, que afirme que es necesario más intervencionismo.

Y, sobre todo, porque digan lo que digan Zapatero, Almudena Grandes o los liberados sindicales, el sector privado es el motor de la economía. Porque ni el Estado, ni los funcionarios, ni los sindicatos y artistas regados con dinero público pueden subsistir sin nosotros. Porque si nosotros paramos, se para todo. Porque hemos heredado, junto con nuestros apellidos, la experiencia de que no existe otra manera de generar riqueza y convivir en libertad. Por todo eso, yo no voy a la huelga general del 29 de septiembre.

Libertad Digital - Opinión

La huelga bastarda. Por José María Carrascal

¿Quién va a ganar, quién va a perder?, se pregunta todo el mundo. La respuesta es: nadie va a ganar, todos vamos a perder.

GENERALMENTE, las huelgas se hacen contra las empresas. Pero esta huelga se hace contra el Gobierno, lo que la hace especial, por no decir espuria, para no usar el adjetivo de Fernández Toxo, «una putada». Aunque hay en ella un fondo de verdad: en España, el Gobierno, los gobiernos, mejor dicho, pues tenemos de todas clases, son los mayores empresarios en nuestro país. De ellos dependen millones de empleos, aparte de las innumerables subvenciones, subsidios, sinecuras que impiden a nuestra economía tener la flexibilidad y dinamismo que exigen los tiempos modernos y retrasan la recuperación.

La segunda anomalía de esta huelga es que sus protagonistas venían siendo los mejores socios, hasta el punto de compartir objetivos y estrategia. El Gobierno daba a los sindicatos lo que le pedían, y los sindicatos hacían lo que convenía al Gobierno, incluido acosar a la oposición. ¿Recuerdan las manifestaciones abiertamente anti-PP que organizaron? Nada de extraño que el Gobierno «comprenda las razones de los sindicatos» y trate de restablecer el anterior compadreo en cuanto pase el aquelarre de hoy, como ocurre en esas riñas matrimoniales en que ambos cónyuges saben que vendrá la calma tras la tormenta.

¿Por qué, entonces, han armado esta enorme zapatiesta (la palabra me ha salido sin querer)? Pues porque no tenían más remedio que armarla. El Gobierno se ha visto obligado a tomar las medidas de ajuste, no por gusto, sino porque se lo exigían Bruselas y los mercados, poniéndole la pistola en el pecho. Y los sindicatos no han tenido otro remedio que protestar ante los mayores recortes de los derechos de los trabajadores en lo que llevamos de democracia. Es decir, para demostrar que son unos auténticos sindicatos, y no una panda de pancistas que viven al socaire de los presupuestos generales del Estado, o sea, a costa de los demás.

Esa es la tercera anomalía de esta huelga: que sus dos protagonistas, en el fondo, no la quieren, que preferirían no hacerla, que han ido a ella forzados por las circunstancias, porque no les quedaba otra salida. Por lo que están deseando que llegue mañana para ver si reconstruyen su anterior compadreo. Pero las cosas, incluso cuando son falsas, causan efecto, y esta huelga bastarda puede salirles mal a ambos, como ocurre en los duelos a primera sangre o en los partidos amistosos. ¿Quién va a ganar, quién va a perder?, se pregunta todo el mundo. La respuesta es: nadie va a ganar, todos vamos a perder. ¿Cómo puede hacerse una huelga general en la situación en que se encuentra España? Pues precisamente para encontrarse en ella.

ABC - Opinión

Los malayos. Por Alfonso Ussía

El desfile de ingreso en la Audiencia Provincial de Málaga de los procesados en el llamado «caso Malaya» es merecedor de una reflexión. Se oyeron hasta aplausos. La cantante Isabel Pantoja también recibió calor y apoyo, pero no pudo agradecer los detalles porque no estaba convocada al tinglado. Sonrisas y saludos de los acusados. En la sala, eran tantos los encausados que parecían dispuestos a oír una interesante conferencia. Una conferencia aburrida, porque todos aparecen en la fotografía –la portada de LA RAZÓN–, muy serios y concentrados. Reporteros del corazón y del chisme televisivo. Sonrisas coquetas y guiños de complicidad. Y la señora pesada que insistía una y otra vez en preguntar por su estrella favorita: –¿Ha entrado ya Isabel Pantoja?–.

Esa popularidad, ese acceso sonriente de la mayoría de ellos, me recordó una escena de un programa de televisión de esos que va gente horrible a contar extravagancias íntimas con un público dominado por el ayudante del realizador. Ella, la presentadora, se envaró con mucha trascendencia, y anunció lo siguiente. «Hoy tenemos aquí a José Luis Flonflán. (El apellido no corresponde a la realidad). José Luis Flonflán acaba de salir de prisión después de permanecer entre rejas quince años por haber matado a su novia. Está arrepentido de lo que hizo y nos quiere contar su experiencia. Un aplauso para José Luis Flonflán». Y ante mi estupor, entró el asesino Flonflán y fue recibido con una cerrada ovación por parte del público presente.

Que se sepa, estos procesados por el «caso Malaya» no han matado a nadie, pero entre unos y otros se llevaron más de dos mil millones de euros del Ayuntamiento de Marbella. Desde la prudencia que concede la edad, me atrevo a opinar que sobraban las sonrisas y los saludos de más de uno, y los aplausos que la masa curiosa dedicó a algún otro. Alguna encausada, como Marisol Yagüe, ex alcaldesa de Marbella, arribó a la Audiencia Provincial con un generoso escote que dejaba ver un prolongado canalillo interpectoral, de muy difícil admisión en una sala de justicia.

Parecióme que su intención no era otra que poner a cien por hora a los señores jueces y fiscales, los cuales, según tengo entendido, se comportaron con una mesura y distancia dignas de sus cometidos.

Lo único que rompía la estética de los banquillos de acusados –quince filas a razón de ocho asistentes por cada una–, era la presencia de tres policías uniformados que se sentaban en las inmediaciones de Juan Antonio Roca, el presumible cerebro del trinconazo, que miraba al suelo con resignación. Otros se cubrían el rostro con sus manos, mientras las televisivas estiraban el cuello para salir más monas y cobrar posteriormente la exclusiva del juicio.

En la calle, el batiburrillo del pueblo llano. Un batiburrillo sosegadamente enfrentado. Alguien comentó que los que había allí dentro eran una pandilla de ladrones, y voló un bolsazo contra su cabeza. Era la seguidora de Isabel Pantoja, que todavía no se había enterado de nada. Deprimente espectáculo.

La Razón - Opinión

Huelga general. REC. Por Pablo Molina

No estamos dispuestos a que nos amedrenten después de habernos vaciado el bolsillo. Esta huelga ya no tiene solución, pero el documento que hagamos entre todos servirá para acabar con los restos de legitimidad de los sindicatos.

Las condiciones en la España de Zapatero para organizarle una huelga general no podrían ser más favorables si no fuera por la escasa credibilidad de los convocantes. En otras situaciones menos duras para los trabajadores, las huelgas generales convocadas por UGT y CCOO fueron un éxito de crítica y de público, como en 1988 y, más aún, en 1992, con una situación económica, social y política mucho más decente de la actual. Sin embargo, las perspectivas de éxito de la convocatoria lanzada por Méndez y Toxo no permiten aventurar que ésta vaya a ser el éxito rutilante que los sindicatos prometen a quien quiera escucharle.

Esta certeza anticipada de que la huelga puede ser un fracaso es lo que va a hacer que los piquetes sindicales aumenten sus coacciones tanto en número como en intensidad. En Canarias, Comisiones Obreras ya ha advertido a los padres que no lleven a los niños al colegio por lo que les pudiera pasar, algo que no había ocurrido hasta ahora o al menos no con tanta desfachatez. Esta preocupación por la integridad física de nuestros hijos se extiende a otras regiones como corresponde a una consigna general que los sindicatos imponen a sus liberados. En el colegio de mi hija pequeña, que está en la península, los profesores han dicho que llevemos a los niños a clase, salvo que algún piquete nos "informe" a las puertas del colegio de que es desaconsejable para la salud infantil convertir a los pequeños en esquiroles involuntarios. Si tuviéramos la certeza de habrá allí un pelotón de policías dispuesto a reducir y meter en un calabozo a los que profieran tales amenazas, el problema sería menor, pero como los sindicatos ya han declarado que las garantías constitucionales quedan suspendidas este miércoles, igual muchos padres opinan que es mejor no correr el riesgo de que su hijo vuelva a casa traumatizado por esta lección práctica de Educación para la Ciudadanía.

Cuando una organización paraestatal se apropia de las calles y el Gobierno se inhibe en la defensa de los derechos constitucionales por identidad ideológica con los organizadores de la algarada, los ciudadanos que queremos ser libres sólo podemos denunciar las agresiones de que seamos objeto. No a Zapatero, claro, sino a la sociedad entera y a la opinión pública del resto del mundo.

Por eso es necesario grabar, fotografiar y recoger por cualquier medio posible las conductas de los agitadores y la ausencia de respuesta del gobierno y hacerlas públicas a través de medios de comunicación como esta casa. No estamos dispuestos a que nos amedrenten después de habernos vaciado el bolsillo. Esta huelga general ya no tiene solución, pero el documento que hagamos entre todos servirá para acabar con los restos de legitimidad de unas organizaciones que han hecho del expolio y la coacción los únicos medios para seguir viviendo a nuestra costa. Dejemos esta noche todas las cámaras digitales y los móviles de casa cargando baterías. Mañana van a tener trabajo.

Libertad digital - Opinión

Reivindicación de Solana. Por M. Martín Ferrand

Las improvisaciones no funcionan y cuando lo hacen terminan volviéndose en contra del improvisador.

DE cuando en cuando, siempre con gran oportunidad, Felipe González se sacude el polvo del olvido y vuelve a la actualidad con el brillo que le es propio y le sirve de pedestal. Ya no suele hacerlo en primera persona. Sus presencias son las de un patriarca que, consciente de su no disminuida influencia, pastorea y recoloca a sus discípulos. Este pasado lunes, González se les apareció a los alumnos de un curso de una escuela de negocios, Esade, y, tras recordarles que Europa, España incluida, lleva quince años sin enfrentarse a problemas estructurales —casualmente, los años de su ausencia de La Moncloa—, anunció una nueva crisis financiera que ya infla una nueva burbuja. Junto a él estaban Jordi Pujol, que ya es una parodia de sí mismo, y Javier Solana, quien, después de haber sido varias veces ministro con el propio González, secretario general de la OTAN durante un quinquenio y responsable de la diplomacia de la UE toda una década, no parece cansado y se le ve pletórico y con ganas de futuro.

Puesto en campaña, González acudió anoche a la Biblioteca Nacional para, en vísperas de una Huelga General, presentar el libro que Javier Solana le ha dictado a Lluis Bassets, director adjunto de El País, un diario nada neutral en lo que al felipismo y su compaña respecta. Estamos, como dice el ex presidente del Gobierno, en una «fantástica crisis de liderazgo» que, cabe suponer, no excluye a España y a sus líderes en presencia. De ahí el valor que adquiere que, con el pretexto de un libro —casualmente, «Reivindicación de la política»—, se organice una procesión laica para recordarnos que el PSOE, esa incoherencia en la que está instalado José Luis Rodríguez Zapatero y en la que Leire Pajín confunde pequeñez con juventud, tiene «santos» de mayor envergadura y potencialidad de futuro.

Dado que los espejismos son cosa del desierto, no cabe entender como tal la súbita y oportuna reaparición de González como avalista y presentador de Javier Solana. En la política, cuando una presencia resulta brillante es porque está preparada, calculada en fondo y forma. Las improvisaciones, la gran especialidad de Zapatero, no funcionan y cuando excepcionalmente lo hacen terminan volviéndose en contra del improvisador a quien cualquier circunstancia, tal que una huelga como la de hoy, le deja con las vergüenzas al descubierto. Tanto, que si la huelga es un éxito será su fracaso como presidente del Ejecutivo y si resulta un fracaso tendrá que apuntárselo como secretario general del PSOE y director espiritual de UGT, o de lo que queda de ella. Porque, eso sí, donde Zapatero pisa no vuelve a crecer la hierba.

ABC - Opinión

Macrojuicio. Malaya. Por José García Domínguez

Los mismos que le picaban las palmas al Julián devendrán implacables calvinos y savonarolas ansiosos de ejemplares, feroces penas. Sonará más fuerte que el trueno el compungido rasgar de vestiduras entre las autoridades.

Por fin, se estrena el reality más esperado por la audiencia, ese Nuremberg de la telebasura que promete ser el juicio al maromo de la Pantoja; la gorda de la liposucción, una Yagüe, creo recordar; su pareja artística, Isabel García Marcos, La Rubia del PSOE; y el Gengis Kan del cemento armado, ese Juan Antonio Roca de la turbia estampa. Amén de otros noventa y un secundarios, propios, figurantes, choris, julays, barraganas y ganapanes de la gran cueva de Alí-Babá donde reinaba, soberano absoluto, Gil y Gil. Aquel atrabiliario don Jesús al que la España institucional, empezando por su máxima magistratura, le riera las gracias hasta el instante mismo en que desapareció tras una muy oportuna lápida de mármol de Carrara.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, la joya de la corona de la cleptocracia del ladrillo durante los años dorados de vino y rosas. La hoguera de las vanidades celtíbera, cuando se forjó algo aún mucho más ruin que la tangentópolis que anidaría en las concejalías de urbanismo de media España al tiempo que se hinchaba la burbuja. Me refiero, huelga decirlo, a la corrupción moral de una sociedad que, sabiendo de ella, la toleró de grado hasta que el hedor termino por hacerse irrespirable. Y ahora toca la segunda parte del espectáculo, la de los autos de fe siempre tan caros a la afición. Así, los mismos que le picaban las palmas al Julián devendrán implacables calvinos y savonarolas ansiosos de ejemplares, feroces penas. Sonará más fuerte que el trueno el compungido rasgar de vestiduras entre las autoridades.

Y, a modo de clímax final, habrán de ser incinerados en la pira de la opinión pública los cuatro membrillos de turno. Como suele, al teatral modo, la pobre fibra ética de esta vieja nación a la deriva se retratará desnuda ante sí misma. Un año dicen los avisados que puede durar la vista. Dispongámonos, entonces, a contemplar un interminable desfile de atildados horteras por la pasarela del Código Penal. Una penitencia, la de la zafiedad, que suele acompañarse de un inopinado sesgo escatológico. De ahí, por cierto la predilección del tal Roca por convertir en testigos mudos de sus deposiciones en el váter a muy originales lienzos de Picasso. Atentos, pues. La función va a comenzar

Libertad Digital - Opinión

Huelga autista. Por Ignacio Camacho

Los únicos que se juegan algo en esta huelga son sus convocantes, sometidos a un desgaste social que se han ganado solo.

SI usted está leyendo este artículo en papel podrá decirse sin mucha osadía que la huelga general ha fracasado. Habrán abierto los quioscos, funcionado mal que bien los transportes y usted habrá podido comprar el periódico camino de su trabajo en un día de relativa normalidad. Si por el contrario no tiene otro modo de leerlo que en internet puede que los sindicatos hayan tenido un éxito razonable, que el país esté medio paralizado y que la convocatoria haya gozado de un eco significativo. Sucede que tanto en un caso como en otro nada va a cambiar, nada debe cambiar. Y que mañana todo seguirá más o menos como estaba… salvo que Zapatero vuelva a dar una improbable voltereta de su estilo.

Los únicos que se juegan algo serio en esta huelga son sus convocantes, sometidos a un desgaste social que se han ganado a pulso. Primero con su apalancamiento en los privilegios de la concertación social, con su dislate de liberados y sus prebendas de cursos de formación, con sus subvenciones millonarias, con su transformación en una casta blindada al margen de los avatares laborales de sus representados. Después, con su pacto con el Gobierno zapaterista, origen de una política de gasto que situó las finanzas del Estado al borde de la quiebra; cubrieron y respaldaron los errores del poder público en medio de una crisis que devastaba el tejido social sin que ellos levantasen la voz y actuaron como fuerza de protección de un Ejecutivo a la deriva. Por último, cuando Zapatero se vio obligado a rectificar bajo la presión de los socios internacionales que financian nuestra deuda, escenificaron un drama de amantes traicionados que ha desembocado en esta huelga más dirigida a salvar su propia reputación que a rectificar unas medidas imprescindibles para sostener la solvencia española.

La jornada de hoy es un órdago autista en el que los sindicatos sólo se desafían en realidad a sí mismos. La soledad política del zapaterismo encoge el ímpetu sindical porque las centrales temen desanudar los lazos con su único aliado cercano, que a su vez no desea el fracaso de sus más próximos parientes ideológicos. Ésta es una huelga llena de mala conciencia mutua, y esa sensación es tan transparente que ha motivado en las vísperas una patente indolencia ciudadana. No existe riesgo de ruptura; si acaso, de que el Gobierno encuentre un pretexto para aflojar un poco su reciente ímpetu reformista. De todos los grandes paros de la democracia el de hoy es el menos enérgico en sus motivaciones, al margen de cuál sea el resultado; al final, una huelga se decide en los transportes colectivos, y si éstos alcanzan un nivel de colapso importante la gente desiste de ir a trabajar aunque pretenda hacerlo.

Pero mañana, si el presidente cumple su palabra, todo seguirá igual. Y si no la cumple, los sindicatos podrán sacar pecho pero el país deberá contener el aliento porque volveremos al riesgo de bancarrota.

ABC - Opinión

Lecciones de «Malaya»

El «caso Malaya» es el paradigma de un mal engendrado en el sustrato del poder local y autonómico durante los últimos años. El urbanismo ha sido el origen de prácticamente todos los episodios de corrupción política descubiertos. Las respuestas de las administraciones y de la Justicia, con el objetivo de trabar la discrecionalidad de los ayuntamientos en los procesos de recalificación y de agudizar los mecanismos de intervención y de supervisión, han permitido aflorar escándalos que han salpicado a gobiernos municipales de todos los colores políticos. Aunque está por dilucidarse si los casos conocidos son los que son o cubren una realidad más preocupante, se han logrado resultados en la lucha contra una lacra que mina la respetabilidad del sistema. Como la mayor causa por corrupción municipal de la historia de España, con 95 procesados, «Malaya» es una prueba y una oportunidad para el Estado de Derecho. Una prueba para demostrar su capacidad ante una instrucción y un proceso de importantes magnitudes y una oportunidad para enviar un mensaje de tolerancia cero con la corrupción, para probar que quien la hace la paga en democracia. «Malaya» tiene claros y oscuros de los que conviene tomar nota. Hay que felicitarse de que los sistemas de control sacaran a la luz la trama que se enriquecía a la sombra del Ayuntamiento de Marbella y a costa de sus vecinos. Que no queden impunes presuntos delitos de blanqueo, malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación es algo positivo. Pero también es obligado reseñar, como un elemento nocivo, la incapacidad del sistema para detectar las irregularidades en su génesis, lo que permitió que la corrupción parasitara las estructuras políticas. Resulta inexplicable que en este proceso las responsabilidades de la Junta de Andalucía no hayan sido depuradas. Por acción u omisión, por connivencia o negligencia, el Gobierno socialista andaluz permitió el atropello económico de Marbella sin mover un dedo. Que se articulen blindajes o impunidades sobre administraciones competentes perjudica la credibilidad del proceso. Otra de las lecciones que nos deja el caso es la consecuencia de ese mal endémico que padece nuestra Justicia. Casi cinco años para sentar en el banquillo a los supuestos responsables de la trama es una rémora y una razón para reflexionar sobre la capacidad de nuestra democracia de actuar con contundencia, pero también con diligencia, a la hora de sustanciar comportamientos que provocan alarma social. Cabe recordar, por ejemplo, que Estados Unidos juzgó y condenó al financiero Bernard Madoff, autor de una de las mayores estafas en la historia, en sólo unos meses. Queda mucho terreno por recorrer y mucho por mejorar en esa carrera por la transparencia en la gestión pública y en el deber de los administradores por desterrar a quienes han llegado para servirse del poder y no para servir al bien común. Hay que aprender de los errores y, desde la confianza absoluta en el trabajo de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad, renovar y profundizar sin descanso los filtros de supervisión con el propósito de que unos pocos no manchen la imagen de esa mayoría de los servidores públicos honrados.

La Razón - Editorial

No ceder a la amenaza sindical

Si las amenazas de los sindicatos no deberían de amedrentar a ningún trabajador, menos aun lo deberían de conseguir sus engaños de última hora para capitalizar en favor de la huelga el extendido malestar que justificadamente provoca este Gobierno.

En vísperas de la huelga general, y ante el escaso respaldo ciudadano que le pronostican las encuestas, los sindicatos no han dudado en hacer cada vez más explícitas sus amenazas contra los trabajadores que no la secunden. Así, circulares como la de CCOO, en la que se "aconseja" a los trabajadores del aeropuerto de Barajas "no poner en peligro vuestra integridad física", o advertencias como la que el secretario de la Federación de Servicios de ese mismo sindicato, Pedro Moreno, ha hecho desde Canarias a los padres de alumnos para no ponerlos en "grave riesgo" al enviarlos al colegio, son sólo algunas pocas muestras del estilo mafioso al que recurren estos supuestos representantes de los trabajadores.

Incluso el secretario general de UGT, Cándido Méndez, aunque haya querido velar sus amenazas con un retórico "acatamiento" de la ley y los servicios mínimos, las ha dejado de manifiesto al advertir de que "cualquier cosa que pueda ocurrir" será responsabilidad de quien ha impuesto unos "servicios mínimos abusivos" para "cercenar el derecho a la huelga". Vamos, que no se responsabiliza de aquello que ya empieza por justificar.

Por mucho que los sindicatos traten de hacer de la amenaza directa, de la violencia de sus piquetes informativos, del pegamento y la masilla y del no menos violento corte de los transportes, sus principales instrumentos para conseguir que los trabajadores secunden la huelga, no queremos dejar tampoco sin comentario sus críticas de última hora contra el Gobierno al que, en realidad, no quieren desgastar y al que tanta complicidad han ofrecido mientras era el desempleo, y no la huelga, el que dejaba sin trabajar indefinidamente a millones de ciudadanos.

Si las amenazas de los sindicatos no deberían amedrentar a ningún trabajador, menos aun lo deberían conseguir sus engaños de última hora para capitalizar en favor de la huelga el extendido malestar que justificadamente provoca este Gobierno. Recordemos que UGT y CCOO no han hecho más que ir de la mano de Zapatero, negando primero la realidad de la crisis y proponiendo después "soluciones" destinadas a conservar el statu quo mediante el irresponsable incremento del gasto público, del déficit y del endeudamiento. Incluso ahora, cuando el Gobierno se ha dispuesto a llevar a cabo tímidas e insuficientes reformas, más por necesidad que por convicción, los sindicatos no han querido centrar en el Ejecutivo de Zapatero su malestar sino que han arremetido contra los empresarios o contra la oposición, tal y como tan elocuentemente han dejado de manifiesto en sus casposos y burdos videos de protesta.

Finalmente, a todos aquellos trabajadores que consideren que la huelga general es, en el mejor de los casos, una forma equivocada de expresar el rechazo al Gobierno, cuando no una forma de encubrir la complicidad y la responsabilidad sindical, les pedimos que no se dejen amedrentar ni por la violencia ni por las amenazas, sino que las denuncien, grabando y fotografiando allí donde se manifiesten. Hay muchas cosas que se pueden hacer para que los españoles salgamos adelante. Ninguna de ellas consiste en dejar de trabajar.

Libertad Digital - Opinión